https://elderecho.com/feedes487127De esta forma, estima el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol que lo declaró procedente. En el fallo, los magistrados explican que el afectado tuvo una discusión con un compañero y abandonó su puesto sin avisar a nadie, lo que motivó que el encargado asumiera sus funciones y el resto de la plantilla permaneciera más horas. Como consecuencia, la empresa abrió trámite de audiencia y le comunicó el despido disciplinario por dos faltas muy graves del artículo 82 del convenio colectivo de aplicación -sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de A Coruña-. El TSXG explica que, si bien el abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada constituye una infracción grave, “no justifica el despido si el perjuicio para la empresa o para la plantilla no está especialmente cualificado”. En este caso, entiende que “no se ha acreditado que haya supuesto un riesgo para la salud de la plantilla, ni que causara un accidente de trabajo, ni que el perjuicio ocasionado a la empresa sea equivalente”. Por lo tanto, concluye que, “atendiendo a un criterio racional de proporcionalidad”, no se justifica la máxima sanción de despido disciplinario. Tampoco la Sala aprecia que la conducta del trabajador encaje en la infracción muy grave recogida en el convenio colectivo sobre “fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas”, pues subraya que su actuación “se podrá tildar de errática o caprichosa, pero no es constitutiva de infracción disciplinaria”. En consecuencia, el TSXG estima el recurso, por lo que condena a la empresa a que readmita al demandante, con abono de los salarios dejados de percibir hasta su readmisión o hasta que hubiera encontrado otro empleo, o a que, a su elección, la compañía opte, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia y sin esperar a su firmeza, por el abono de una indemnización de 11.462,27 euros. La resolución no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sala de lo Social. Sentencia nº 3074/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declara la improcedencia de un despido disciplinario de un trabajador que prestaba servicio en un astillero y, por tanto, lo revoca.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2742968573-1-p487127-m1519558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2742968573-1-p487127-m1519558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisar2026-08-25 11:24:402026-08-25 11:24:40sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487148"La ratificación del protocolo, que fue firmado en 2019, permitiría agilizar la adopción de dichas medidas y evitar demoras en su aplicación, especialmente en aquellos supuestos que revisten carácter urgente como el que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta", ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota, tras la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de este martes para evaluar la situación de los órganos judiciales ceutíes tras la crisis migratoria. Además, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento las medidas de refuerzo adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla para el Tribunal de Instancia de Ceuta, que incluye un calendario de doble guardia de jueces y una oferta de comisión de servicio para reforzar plazas judiciales de instrucción, guardia y violencia sobre la mujer, entre otras. El refuerzo, anunciado a última hora de la tarde de ayer, lunes, por el CGPJ, se produjo después del envío de una carta por parte del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, al secretario general del órgano de gobierno de los jueces, Miguel Hernández, en la que el Gobierno urgía al Poder Judicial a tramitar la solicitud para el refuerzo de los tribunales de la ciudad autónoma. De hecho, la Comisión Permanente también ha tomado conocimiento formal de la comunicación remitida por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del CGPJ. Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces ha trasladado que la comisión de servicio para el refuerzo de las plazas 1 a 6 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta cuenta, hasta ahora, con cuatro peticiones.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la convocatoria de la Comisión Mixta entre ambos órganos para "ultimar" el texto del protocolo de medidas de apoyo y refuerzo de los tribunales, con el objetivo de "evitar demoras" en situaciones de carácter "urgente" como las de Ceuta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-JudicialCGPJ_EDEIMA20150109_0014_1-p487148-m1519608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-JudicialCGPJ_EDEIMA20150109_0014_1-p487148-m1519608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceuta2026-08-25 11:15:552026-08-25 11:15:55sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487082Según la resolución, la trabajadora estuvo en baja por enfermedad común desde septiembre de 2022 hasta agotar los 545 días máximos. Aunque la Seguridad Social determinó inicialmente en abril de 2024 que no sufría ninguna incapacidad permanente, ella impugnó la decisión tras ser rechazada su reclamación por silencio administrativo. Su cuadro clínico incluye ‘enfermedad de Meniere’ bilateral grave (con vértigos, crisis de inestabilidad, caídas e hipoacusia), temblor en el brazo derecho y un trastorno ansioso-depresivo. Finalmente, la sentencia de la sección estimó su demanda de forma subsidiaria, declarándola en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, lo que le da derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora de 1.327,67 euros mensuales con efectos a partir del 27 de junio de 2024. La parte recurrente argumenta que el riesgo de sufrir crisis de vértigo y caídas súbitas es inherente a la profesión de logopeda, basándose en su interpretación de la sentencia de instancia. Sin embargo, una lectura detallada de la resolución demuestra que el magistrado no fundamenta el compromiso laboral en el riesgo de caídas, sino en el déficit auditivo. Es esta dolencia la que, al impedir la comunicación, afecta de manera directa y grave el desempeño de las funciones esenciales de una logopeda. El Tribunal Superior de Justicia determina que la trabajadora tiene derecho a la incapacidad permanente total (IPT) para su profesión de logopeda, pero no a la absoluta. La Sala argumenta que la hipoacusia (pérdida auditiva) que padece afecta directamente a su capacidad de comunicación, la cual es un requisito indispensable y de máxima exigencia en su trabajo. Por lo tanto, la declaración de IPT está totalmente justificada por la Seguridad Social. Concluye la demandante conserva su capacidad laboral para otros empleos que no requieran estas exigencias comunicativas ni impliquen riesgos físicos, como la exposición a entornos peligrosos o el uso de maquinaria pesada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Asturias. Sala de lo Social. Sentencia nº 862/2026 de 19 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la incapacidad permanente total para ejercer su profesión dictaminada por un juzgado Social de Gijón a una logopeda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2310519311-1-p487082-m1519243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2310519311-1-p487082-m1519243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditiva2026-08-25 11:00:092026-08-25 11:00:09socialSocial13Social487029En la sentencia, que puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, el TSJN revoca un fallo de la plaza nº 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona. La demandante, ingeniera de software en una empresa desde 2006, solicitó en mayo de 2025 trabajar en modalidad de teletrabajo el 100% de su jornada para poder cuidar a su madre . La firma le denegó la solicitud porque no convivía con ella . Desde la pandemia de COVID-19, la recurrente y sus compañeros habían teletrabajado al 100%, pero desde mayo de 2025 la empresa exigió presencialidad al menos dos días a la semana, por requerimiento del cliente principal (Gobierno de Navarra). La empleada demandó a la empresa solicitando el derecho a teletrabajar el 100% de la jornada y una indemnización por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. El tribunal de instancia desestimó la demanda al considerar que la entidad había justificado necesidades organizativas y que la trabajadora ya disfrutaba de tres días de teletrabajo y flexibilidad horaria. El demandante recurrió ante el TSJN. Alegó que la empresa no había cumplido con el proceso de negociación exigido por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que la negativa se basó en un requisito (convivencia) no exigido legalmente. En su sentencia, la Sala de lo Social reconoce que la empresa no abrió un proceso de negociación real , como exige la ley, antes de denegar la solicitud de teletrabajo. “Así pues, no constando en el caso que nos ocupa que la empresa cumpliera con el preceptivo trámite del artículo 34.8 ET, que exige abrir una negociación (de una duración máxima de 15 días) en la que se hicieran propuestas y contrapropuestas, antes de dar una respuesta negativa, considera la Sala que la sentencia sí ha vulnerado el artículo 34.8 ET en cuanto a considerar cumplido el trámite formal, lo que va a dar lugar a la estimación del recurso en cuanto a la petición de la adaptación de jornada solicitada (en forma de teletrabajo todos los días)”, razonan los jueces. Así, los magistrados reconocen el derecho a teletrabajar el 100% de la jornada, pero desestiman la petición de indemnización tanto por daños morales como por vulneración de derechos fundamentales.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una empleada que reclamaba su derecho a teletrabajar el 100% de la jornada para poder cuidar a su madre, diagnosticada con Alzheimer y con un 65% de discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2129756339-1-p487029-m1519073-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2129756339-1-p487029-m1519073-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enferma2026-08-24 10:57:302026-08-24 10:57:30sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487070Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estas nuevas medidas se plantean tras la carta remitida este lunes por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del CGPJ en la que el Gobierno urgía al Poder Judicial a reforzar los tribunales ceutís tras la entrada masiva de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio. A dicho documento se le ha dado "inmediato traslado" a la Comisión Permanente del CGPJ. Por un lado, el TSJA acordará este martes establecer un calendario para que, "hasta que la situación se normalice", siempre haya dos jueces de guardia en el partido judicial de la Ciudad Autónoma. Esta medida se ampara en el artículo 47 del Reglamento de Aspectos Accesiorios de Actuaciones Judiciales. El segundo acuerdo ofertará una comisión de servicio para reforzar la plaza número 4 de esa sección, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Esta convocatoria de plaza supone la apertura de un plazo para que los jueces interesados soliciten ser nombrados en comisión de servicio como refuerzo. La propuesta de estos refuerzos se ha coordinado "después de los contactos mantenidos" este lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la presidenta en funciones del TSJ, Beatriz Pérez Heredia; y el presidente electo del Tribunal de Instancia de Ceuta, Rubén Salinas. Acuerdos ya adoptados para hacer frente a la entrada masiva Desde el CGPJ han recordado que, respecto al servicio de guardia, el TSJA "ya adoptó en su momento --inmediatamente después de los hechos sucedidos los pasados 30 y 31 de julio-- medidas para asegurar la prestación del servicio". Aquellas primeras actuaciones de urgencia consistieron en la incorporación de magistrados de la misma clase y partido judicial para "sostener el servicio". Asimismo, en relación con la plaza número 4, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado día 18 diferir el cese del juez en expectativa de destino que venía actuando como refuerzo. En este sentido, el miércoles 19 de agosto "como consecuencia de los acuerdos dictados" por laComisión Permanente, el TSJA convocó un refuerzo "carácter transversal" de la plaza número 4 para "apoyar a las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta". Finalmente, desde el CGPJ han expresado que la Comisión Permanente se reunirá nuevamente este martes para "seguir evaluando la situación en los órganos judiciales de la ciudad autónoma".El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) adoptará este martes dos nuevos acuerdos para reforzar la justicia en Ceuta con un calendario de doble guardia de jueces y con la oferta de una comisión de servicio con la que reforzar la plaza judicial, que, entre otros, lleva los casos de violencia sobre la mujer.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/11/Justicia-p487070-m1519208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujerhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/11/Justicia-p487070-m1519208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujerhttps://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujerhttps://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujer2026-08-24 10:50:232026-08-24 10:50:23sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487043Según ha recogido el informe sobre la cibercriminalidad en España en 2025, consultado por Europa Press, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Andalucía aumentó esta cuota a nivel nacional un 0,31% con respecto a 2024, cuando constantó 81.526 ciberdelitos, la tasa más alta a nivel nacional y a la que llegó en 2023, con 81.315 denuncias. En los últimos diez años, la comunidad ha aumentado un 300% el registro de ciberdelitos, ya que las FCSE han constatado 77.946 más infracciones desde 2015. Así, los últimos datos indican que tras la región andaluza, Cataluña (73.400 delitos), Madrid (72.217) y la Comunidad Valenciana (55.109) fueron el año pasado las comunidades con más hechos comunicados a las FCSE. En detalle, el ránking de provincias a nivel andaluz lo lidera Sevilla, con 22.304 denuncias, un 15,5% más que en el periodo anterior; seguida de Málaga, con 19.260 hechos comunicados (+6,2%); Cádiz, con 13.539 ciberdelitos (+7,12%); Granada, con 9.864 denuncias (+4,05%) y Córdoba, que investigó 8.040 hechos cibernéticos, un 8% más que en 2024. De igual modo, Jaén y Almería cuentan con más de cinco mil denuncias al respecto, sin que existan datos concretos, mientras que Huelva es la única provincia andaluza que vuelve a situarse por debajo de los 5.000 ciberdelitos comunicados. A nivel nacional, las FCSE registraron un total de 488.426 ciberdelitos en 2025, un 5,1% más que en 2024, que suponen el 19,8% de la criminalidad total, la mayoría de ellas por estafas informáticas, 19.876 de las cuales han tenido investigación o detención de personas, un 2,9% más que en el periodo anterior. El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 11,4% y representa ya el 14,6% del total de hechos conocidos. Casi nueve de cada diez delitos (429.677) fueron fraudes informáticos (estafas), que aumentaron un 4% respecto a 2024. A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de internet (21.690 casos), que representan un 4,4% del total, lo que supone un incremento de un 11,3% frente al ejercicio anterior del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local. Igualmente, aumentaron los delitos sexuales (21%), los de acceso e interceptación ilícita (40,7%) y los de amenazas y coacciones (2,6%). Por el contrario, descienden un 36% los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y las interferencias de datos y en sistema (-8%). El informe señala también que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (70% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años (23,7%) y de nacionalidad española (75.7%). Además, el número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 383.285, un 9,3% superior a 2024. El 52% son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 51 y 65 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje, que han perjudicado a 146.737 personas.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han registrado un total de 89.124 delitos durante 2025 en Andalucía, lo que supone un aumento del 9,3% con respecto al periodo anterior y sitúa a la comunidad por tercer año consecutivo en el primer lugar en cuanto a hechos denunciados, al gestionar el 18,24% del total de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2669019039-1-p487043-m1519121-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2669019039-1-p487043-m1519121-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-20252026-08-24 10:15:332026-08-24 10:15:33ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC487044El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la red social china en agosto de 2024 por permitir la creación de cuentas de menores de 13 años sin el permiso de sus padres, así como por recopilar información personal sobre dichos menores, infringiendo los términos de la COPPA. Ahora, TikTok, ByteDance y entidades afiliadas, han aceptado pagar un total de 400 millones de dólares para cerrar esta demanda por incumplimiento de la COPPA, tal y como lo ha anunciado el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado. Como resultado, la plataforma deberá pagar inmediatamente 300 millones de dólares. Los otros 100 millones se deberán pagar "en caso de dictación de una orden que anule un decreto de consentimiento previo contra el predecesor de TikTok, Musical.ly", como ha explicado el organismo. Así, se trata de "una de las mayores recuperaciones jamás obtenidas en un caso de COPPA" y, por tanto, representa una "gran victoria" para los niños y padres estadounidenses, como ha matizado al respecto el fiscal general asociado del Departamento de Justicia estadounidense, Stanley E. Woodward Jr. También ha incidido en que este acuerdo es fruto de la prioridad del Departamento de Justicia de "garantizar que los niños estén protegidos 'online'", así como de asegurar que las empresas a las que se les confía información personal "cumplan sus obligaciones legales". Cabe destacar que el organismo también ha subrayado que, desde la demanda presentada en 2024, TikTok ha experimentado "cambios significativos" tanto en su propiedad, como en la gestión y prácticas de privacidad. Concretamente, ha implementado más medidas de seguridad para los usuarios más jóvenes, ha mejorado los controles relacionados con la edad y ha reforzado la supervisión parental, entre otras cuestiones para mejorar la experiencia en la plataforma. Con todo, el Departamento de Justicia estadounidense ha asegurado que con este acuerdo de compensación económica se garantiza que las familias sigan beneficiándose de mejores protecciones en la red social "sin el retraso ni la incertidumbre de litigios prolongados".TikTok ha acordado pagar 400 millones de dólares (alrededor de 342,6 millones de euros al cambio) para resolver un litigio relacionado con el incumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Online de los Niños (COPPA) en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las mayores compensaciones económicas en un caso relacionado con esta ley.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664349-1-p487044-m1519142-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664349-1-p487044-m1519142-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidoshttps://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidoshttps://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidos2026-08-24 10:05:472026-08-24 10:05:47derecho-ticDerecho TICDerecho TIC487002Cadena ingresó en la Carrera Fiscal en 1979 y desarrolló buena parte de su trayectoria en distintas fiscalías territoriales antes de incorporarse, en 2007, a la Fiscalía del Tribunal Supremo. En 2015 fue promovido a la categoría de fiscal de Sala del Alto Tribunal y, en 2021, fue nombrado fiscal de Sala jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Durante su etapa en el Tribunal Supremo, Cadena participó en algunos de los procedimientos penales de mayor relevancia jurídica y mediática de las últimas décadas. Entre ellos destaca su intervención en la causa del denominado procés catalán, en la que ejerció la acusación pública ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su llegada a Cremades Calvo-Sotelo refuerza la práctica de Derecho Penal Económico de la firma, un área que abarca tanto la defensa y acusación ante los tribunales como el asesoramiento preventivo a empresas y particulares y las cuestiones relacionadas con corporate compliance. El despacho desarrolla su práctica penal ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con la incorporación de Cadena, Cremades Calvo-Sotelo refuerza un equipo penal integrado por abogados y juristas de amplia trayectoria, especializados en litigación penal y Derecho Penal Económico. Entre sus profesionales destacan Juan Ortiz Úrculo, ex fiscal general del Estado; Antonio Valverde Estepa, director y coordinador del área; y Juan Saavedra Ruiz, magistrado emérito del Tribunal Supremo y expresidente de la Sala de lo Penal. Con su incorporación, Cremades Calvo-Sotelo suma a su estructura la experiencia de un jurista con una extensa trayectoria en el Ministerio Fiscal y un profundo conocimiento de la jurisdicción penal y del funcionamiento del Tribunal Supremo. La llegada de Cadena se enmarca en la estrategia de crecimiento y especialización de Cremades Calvo-Sotelo, que en los últimos años ha reforzado sus equipos con profesionales de amplia experiencia en distintas ramas del Derecho y ha apostado por consolidar sus capacidades en áreas de especialización jurídica.Cremades Calvo-Sotelo refuerza su equipo con la incorporación como socio de Fidel Cadena Serrano, uno de los fiscales de mayor trayectoria y reconocimiento de la Fiscalía española, que se suma a la firma tras más de cuatro décadas de experiencia vinculada al Ministerio Fiscal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Foto-de-Fidel-Cadena-p487002-m1518989-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Foto-de-Fidel-Cadena-p487002-m1518989-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelo2026-08-21 12:38:322026-08-21 12:38:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486953La procesada conoció al perjudicado en agosto de 2023 en Zaragoza, momento en el que inician una estrecha amistad llegando incluso a mantener relaciones sexuales. Aprovechando esa relación y bajo la falsa afirmación de trabajar en el consulado de Rumanía y en un despacho de abogados, le pidió determinadas cantidades de dinero para atender diversos problemas personales y familiares ficticios, con el compromiso de devolver el dinero. En este sentido, solicitó de la víctima transferencias por importes de: 6.000 euros, 2.000 euros, 2.000 euros y 1.000 para atender gastos médicos y hospitalarios generados por su madre enferma en Rumanía; y posteriormente, otros 10.000 euros para viajar urgentemente a Rumanía a causa del fallecimiento de su madre y gastos del entierro, circunstancias que no eran ciertas. Por último, valiéndose de excusas y problemas inventados, la víctima le entregó en repetidas ocasiones dinero en efectivo retirado de un cajero. La Sala de lo Civil y Penal señala que la sentencia apelada estima justificado, por una parte, el desplazamiento patrimonial de las cantidades entregadas a la acusada, como el engaño constituido sobre la falsedad de las causas por las que demandaba ayuda económica urgente estimando que, desde un principio, la encausada no tuvo intención alguna de devolver ese dinero, lo que conlleva consigo la “prueba de cargo suficiente sobre el ánimo de lucro”. Por ello, la resolución hace un análisis racional y coherente, que le permite afirmar, con el suficiente juicio de certeza, la realidad del delito y la autoría de la acusada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Aragón. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 43/2026 de 9 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado la condena de dos años de cárcel impuesta a una mujer por estafar a un amigo 34.400 euros bajo el pretexto de atender falsas necesidades personales y familiares.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2658210187-1-p486953-m1518839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2658210187-1-p486953-m1518839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personales2026-08-21 11:53:292026-08-21 11:53:29penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486952Así lo ha demandado la asociación en una nota de prensa "ante una situación que desborda la capacidad ordinaria" de la Fiscalía de Ceuta, que cuenta con "solo ocho fiscales efectivos" y que "está sometiendo a una enorme presión a sus profesionales". Tras la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, que provocó 83 muertos, UPF ha aseverado que sobre los fiscales de la ciudad autónoma "recae una carga excepcional que incluye guardias reforzadas y actuaciones relacionadas con menores, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad". "Algunos días llegan a realizarse alrededor de 200 entrevistas a personas que manifiestan ser menores de edad en el marco de los procedimientos de determinación de edad", ha apuntado la asociación. La asociación ha explicado que es por ello que el servicio de guardia ha tenido que duplicarse, aunque cree que es necesario "avanzar hacia su triplicación". Servicio permanente de interpretación en Ceuta La UPF ha reclamado al Ministerio de Justicia un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta, "sin depender de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales", ya que consideran que se trata de una de las necesidades "más urgentes". La asociación ha subrayado que este servicio de interpretación "es imprescindible" para atender "cientos de entrevistas en determinadas jornadas". "No estamos hablando de una comodidad organizativa, sino de una herramienta elemental para poder garantizar derechos", han puntualizado. Por otro lado, UPF ha denunciado "una dificultad añadida", ya que la bolsa de fiscales sustitutos "ha quedado desierta", por lo que piden que se articulen "los mecanismos jurídicos, organizativos y económicos necesarios para que fiscales de otros territorios que voluntariamente quieran colaborar puedan desplazarse temporalmente a Ceuta". "Una crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales que se encuentran destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos", ha reivindicado la asociación. La emergencia no permite rebajar las garantías de menores Además, UPF ha puesto de manifiesto "el trabajo de los fiscales y de los funcionarios y funcionarias de Ceuta, así como el esfuerzo extraordinario que se está realizando en el ámbito de Violencia sobre la Mujer". "Su compromiso nos enorgullece, pero nuestro orgullo por su entrega nunca puede convertirse en la coartada para normalizar su sobresfuerzo", han advertido, al tiempo que han pedido que, una vez superada la crisis, su actuación debería recibir un reconocimiento institucional expreso por parte de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, los fiscales han insistido en que "la dimensión de la emergencia no permite rebajar las garantías de menores, potenciales víctimas de trata o violencia sexual ni de las personas que puedan necesitar protección internacional". Y ha añadido que la emergencia puede obligar "a adaptar el funcionamiento de las instituciones", pero "nunca puede modificar el estatuto jurídico de las personas". Por ello, la asociación ha pedido a la Fiscalía General del Estado que "continúe monitorizando permanentemente las necesidades de Ceuta y mantenga la interlocución directa", y ha reclamado al Ministerio de Justicia que "atienda con la máxima celeridad las peticiones que le sean trasladadas" desde el Ministerio Fiscal. "Ante situaciones extraordinarias debemos ensanchar las costuras del Estado, no reducir los derechos. No necesitamos héroes para sostener el Estado de Derecho, necesitamos que el Estado de Derecho sostenga a quienes están en primera línea defendiéndolo", ha concluido la asociación en su comunicado.La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado refuerzos para la Fiscalía de Ceuta ante la "situación extraordinaria" derivada de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, con medidas como un intérprete permanente, triplicar el servicio de guardia o facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales del resto de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2824339805-1-p486952-m1518821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2824339805-1-p486952-m1518821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceuta2026-08-21 11:27:432026-08-21 11:27:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico