https://elderecho.com/feedes489205De este modo, la Sala ratifica su derecho a percibir 5.605,82 euros por el trabajo llevado a cabo entre el 10 de julio y el 27 de septiembre de 2023. Según refleja la sentencia, el demandante desempeña el cargo de jefe de Sistemas en la Diputación de Zaragoza, entidad que el 7 de julio de 2023 sufrió un ciberataque. Para resolver esta incidencia, intervino el departamento de Nuevas Tecnologías, contando con la participación del demandante. Durante el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 27 de septiembre de 2023, realizó un total de 166 horas extra, cuya compensación económica o administrativa formalizó mediante una reclamación presentada el 26 de noviembre de 2024. El Servicio de Personal informó que la solicitud para el abono de horas extraordinarias ha prescrito. Dado que el trabajo se realizó entre julio y diciembre de 2023, la autorización se tramitó en noviembre de 2024 y la documentación se recibió en el Servicio en 2025, ha transcurrido con creces el plazo legal de un año desde su realización. Por consiguiente, el derecho al cobro de dichas horas ha prescrito. Los magistrados exponen en sus fundamentos que no cabe albergar duda de que el tiempo extraordinario realizado por el técnico se destinaron a solventar las incidencias derivadas del ciberataque sufrido el 7 de julio de 2023 ni de que se contó con la autorización de sus superiores, que no han cuestionado el número de horas realizadas. Si bien la jurisprudencia exige que quien reclame horas extraordinarias debe precisar sus circunstancias, cuantía y acreditar su realización día a día y hora a hora, la Sala recuerda que este rigor probatorio cede ante el desarrollo de una jornada uniforme. En supuestos como este, basta con acreditar dicha uniformidad para colegir la habitualidad de la jornada extraordinaria. En el presente caso, el tribunal señala que ha quedado probada la efectiva realización de dichas horas extra, así como su autorización el 26 de noviembre de 2024. Este hecho interrumpe el plazo de prescripción anual establecido para su reclamación (artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores). Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso de suplicación. TSJ de Aragón. Sala de lo Social. Sentencia nº 581/2026 de 27 de julio de 2026.El TSJ de Aragón ha confirmado la sentencia favorable a un jefe informático que reclamaba una compensación económica por las 166 horas extraordinarias que tuvo que realizar para solucionar un problema de seguridad. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2566960755-1-p489205-m1525926-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataquehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2566960755-1-p489205-m1525926-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataquehttps://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataquehttps://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataque2026-09-28 13:00:592026-09-28 13:00:59derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Derecho TIC,Sector jurídico,Social489206Así lo ha decidido por unanimidad el Pleno de Abogacía Española, en sesión de 18 de septiembre, en reconocimiento al letrado granadino por los “servicios realmente extraordinarios prestados a la abogacía y sus instituciones” tras más de cuatro décadas de ejercicio profesional y casi veinte años de representación institucional, los últimos ocho como decano de la Abogacía granadina, entre otros cargos. “Es un orgullo recibir esta distinción, sobre todo cuando estoy llegando al final de mi trayectoria como decano, y me hace especial ilusión porque son los propios compañeros los que reconocen la labor y el trabajo desarrollado”, manifiesta Cabrera tras conocer la concesión de la Gran Cruz, que le será impuesta por el presidente de Abogacía Española, Salvador González, en un acto público que tendrá lugar en Granada en fecha próxima. Leandro Cabrera Mercado Nacido en Granada en 1959, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada desde 1982. Hizo la pasantía en el despacho de Rafael Álvarez de Morales Ruiz-Matas, ejerciendo desde 1985 como abogado con despacho propio en los ámbitos Civil y Mercantil, con especial dedicación al Derecho médico-sanitario y al Derecho de seguros. Casado, con dos hijas y tres nietos (más un cuarto en camino), el letrado número 2.304 del Colegio de Abogados de Granada ha compatibilizado su vida profesional y familiar con los cargos de secretario (2004-2008) y diputado segundo (2008-2018) de la Junta de Gobierno de la Corporación, de la que es decano desde el 28 de diciembre de 2018, siendo reelegido sin oposición en octubre de 2022. Además, Cabrera es consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de Abogacía Española desde 2019, siendo elegido vicepresidente del CADECA en 2024 y del CGAE en 2026. También es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, al que se incorporó en 2020 por elección unánime de los decanos de Andalucía; académico de número -desde 2023- y vocal de Junta de Gobierno -desde 2025- de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada; y pertenece al Consejo Asesor del Granada C.F. desde octubre de 2025. También ha sido profesor colaborador de Derecho Civil en la Universidad de Granada y ostenta los cargos de presidente y profesor de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas y vicepresidente de la Fundación Concursal y Mercantil, ambas de Granada. Entre otras distinciones, le ha sido impuesta la Cruz del Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil en 2016 y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Policía Nacional en 2024.El Consejo General de la Abogacía Española ha acordado conceder al decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, la máxima distinción que entrega el organismo supracolegial. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Leandro-Cabrera-Gran-Cruz-Abogacia_img-p489206-m1525944-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Leandro-Cabrera-Gran-Cruz-Abogacia_img-p489206-m1525944-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogacia2026-09-28 12:30:062026-09-28 12:30:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489204La revisión, amplía además de tres a seis meses el periodo durante el cual una persona desempleada puede seguir cobrando la prestación de su país al trasladarse a otro para buscar trabajo. El texto aclara también qué administración debe hacerse cargo de las prestaciones familiares y de aquellas destinadas a personas que necesitan asistencia de forma prolongada cuando interviene más de un país, además de concretar el acceso a determinadas ayudas sociales de los ciudadanos de la UE que no trabajan. Otro de los cambios afecta a los trabajadores que una empresa envía temporalmente a otro Estado miembro y a aquellos que desarrollan su actividad en varios países, con nuevas disposiciones para determinar qué legislación de Seguridad Social se les aplica. En el caso de los desplazamientos laborales, las empresas deberán seguir informando con carácter general a las autoridades cuando envíen a un empleado a trabajar a otro país, aunque esta obligación no se aplicará a viajes de hasta tres días dentro de un periodo de 30. En sectores como la construcción se mantendrán controles más estrictos. La reforma contempla asimismo medidas ante posibles incumplimientos de las empresas y cambios en los criterios para determinar cuándo una persona trabaja en varios Estados miembro, además de reforzar el intercambio de información entre las administraciones nacionales. Según explica el Consejo en un comunicado, las nuevas disposiciones no modifican los sistemas nacionales de Seguridad Social ni las prestaciones que ofrece cada Estado, ya que estas cuestiones siguen siendo competencia de los gobiernos, sino la forma en que se coordinan cuando un ciudadano se desplaza dentro de la UE. Así, las autoridades nacionales seguirán decidiendo quién está cubierto por su legislación, qué prestaciones concede y qué requisitos exige para acceder a ellas, mientras que las reglas europeas determinan qué país debe hacerse cargo de estos derechos cuando interviene más de un Estado miembro. Con la aprobación de este lunes, los Veintisiete completan la adopción de una reforma pactada con la Eurocámara el pasado abril tras años de negociaciones. El reglamento entrará en vigor una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.Los Veintisiete han dado su visto bueno definitivo a la reforma de las normas que coordinan los sistemas de Seguridad Social de la UE cuando una persona vive o trabaja en más de un Estado miembro, que establece, entre otros cambios, que el país donde se haya trabajado durante al menos 22 semanas asumirá el pago del paro en determinados casos transfronterizos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Union-EuropeaEuropa_EDEIMA20150818_0028_1-p489204-m1525887-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Union-EuropeaEuropa_EDEIMA20150818_0028_1-p489204-m1525887-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizos2026-09-28 12:00:572026-09-28 12:00:57socialSocial13Social489203Esta incorporación refuerza la presencia de BDO en el norte de España y amplía su capacidad de asesoramiento en el ámbito de la Auditoría y Assurance en el mercado vasco. BSK Bask Consulting cerró el último ejercicio con una facturación de 1,2 millones de euros, cifra que refleja su posición como referente de auditoría en la región. La integración suma a BDO un equipo de 13 profesionales, entre ellos dos socios, Nuria Unceta-Barrenechea e Iñaki Roteta, con una amplia trayectoria en el mercado norte. “La apertura en San Sebastián es un paso más en nuestra apuesta por el norte de España, una región estratégica para BDO donde seguimos encontrando oportunidades de crecimiento junto a equipos de gran nivel. El País Vasco tiene un ecosistema empresarial muy exigente y eso nos impulsa a ser seguir creciendo aquí”, ha declarado Carlos Sotillos, presidente de BDO Auditores en España. Por su parte, Nuria Unceta-Barrenechea, ha señalado que “BDO nos permite seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, pero con una estructura y unos recursos que abren puertas que antes teníamos cerradas. Llevamos años construyendo una firma de referencia en San Sebastián y ahora podemos ofrecerles el respaldo de una red global sin perder la cercanía que nos ha caracterizado siempre”. Esta operación refuerza la estrategia de crecimiento que BDO impulsa en la zona norte, donde BDO abrió en diciembre de 2024 su oficina en Santander tras la integración de Enrique Campos y Auditores y a finales del 2025 consolidó su presencia en Bilbao con la incorporación de Macua Auditores.BDO ha anunciado la integración de BSK Bask Consulting, firma de auditoría con una sólida trayectoria desde 1991, y la apertura de su primera oficina en San Sebastián. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-integra-BSK-Bask-Consulting-p489203-m1525855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastianhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-integra-BSK-Bask-Consulting-p489203-m1525855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastianhttps://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastianhttps://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastian2026-09-28 10:39:472026-09-28 10:39:47sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489220La vivienda se ha consolidado como uno de los ámbitos de mayor impacto social y jurídico, y el derecho inmobiliario afronta una creciente complejidad como consecuencia de los cambios normativos de los últimos años y de la aparición de nuevos escenarios en torno al alquiler, la recuperación de la posesión y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Para dar a los profesionales de la abogacía herramientas prácticas ante estos nuevos retos, Abogacía Española ha organizado un curso especializado en Derecho inmobiliario, entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, con una duración de 30 horas, en formato presencial y online. La formación, de carácter gratuito y dividida en 10 sesiones, tratará de forma práctica la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda, con el objetivo de que todos los profesionales de la abogacía puedan determinar el régimen jurídico aplicable a cada situación, identificar las obligaciones y derechos de las partes y diseñar una estrategia preventiva y procesal adecuada ante las distintos situaciones y conflictos que pueden surgir en torno a una vivienda. Visión integral de los conflictos de vivienda: arrendamientos, ocupación y vulnerabilidad El programa consta de tres bloques con los que identificar: tipos de arrendamiento, condición de gran tenedor, documentación de rentas, vía procesal y preparación de demandas y defensas en situaciones de vulnerabilidad. Los contenidos se trabajarán mediante casos prácticos y talleres orientados a la actuación profesional. El primer bloque, dedicado a los arrendamientos y a la contratación inmobiliaria, abordará el derecho a la vivienda y el marco normativo, los tipos de contratos, su duración y resolución, los incumplimientos y el subarriendo. El curso incluirá, además, dos sesiones sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El segundo módulo se centra en la propiedad horizontal, la ocupación y la litigación inmobiliaria poniendo el foco en los acuerdos de las comunidades de propietarios, la ocupación, usurpación y allanamiento de morada, así como en la recuperación de la posesión, los requisitos de admisibilidad, la intervención de los servicios sociales y el papel de los mecanismos adecuados de solución de controversias MASC. En el tercer bloque se estudiará la vulnerabilidad y la estrategia jurídica en materia de vivienda, y el urbanismo aplicado a inmuebles residenciales. Se analizarán cuestiones como las viviendas de uso turístico, la legalización y las incidencias de las situaciones urbanísticas. Expertos en vivienda y Derecho inmobiliario El curso cuenta con la participación de magistrados del Tribunal Constitucional, Laura Díez; y del Tribunal Supremo, José Luis Seoane; del magistrado José María Ortiz; las decanas de los Colegios de Barcelona, Cristina Vallejo; y Lorca, Elisa Campoy; con Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona; y Marta Gómez Llorens, registradora y directora de Vivienda y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Colegio de Registradores de España. Al finalizar el curso, se emitirá un certificado acreditativo a quienes hayan asistido a todas las sesiones y superado el examen final. El certificado será expedido por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.Abogacía Española impulsa una formación práctica en Derecho inmobiliario residencial para afrontar los cambios normativos, procesales y jurisprudenciales de los últimos años.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CursoVivienda-Abogacia-Espanola-p489220-m1525969-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CursoVivienda-Abogacia-Espanola-p489220-m1525969-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicoshttps://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicoshttps://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicos2026-09-28 10:05:542026-09-28 10:05:54civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico489219En ese periodo, el equipo de 'Cyber Threat Intelligence' de la compañía identificó 879 ataques en la muestra analizada, lo que supone un 45% más que los 605 registrados en la segunda mitad de 2025. Estos datos confirman el crecimiento sostenido de la actividad maliciosa dirigida al tejido empresarial español y superan la evolución observada en otras economías europeas de referencia como la alemana, que registró un incremento del 31%. El aumento registrado en España fue impulsado por el repunte de campañas de 'ransomware' (secuestro de datos), 'phishing' (suplantación de identidad), extorsión digital y filtraciones de datos. Al mismo tiempo, los investigadores advierten de que la creciente profesionalización de los grupos criminales y el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, están aumentando la frecuencia y efectividad de este tipo de ataques. Esta subida de los incidentes se produce en un contexto en el que la ciberdelincuencia ya representa el 20,6% de toda la criminalidad registrada en España y donde las estafas informáticas concentran más del 90% de los delitos cibernéticos detectados. Asimismo, el informe identifica como una tendencia especialmente relevante para el mercado español que el fraude digital se ha consolidado como la principal amenaza para empresas y usuarios, impulsado por la reutilización de datos comprometidos en campañas de suplantación de identidad, 'phishing' y otros engaños. El incremento observado en España se enmarca en una evolución más amplia del panorama global de amenazas. En este contexto, Europa Occidental figura entre las regiones más expuestas del mundo, donde economías como Francia, Alemania, Italia y España han visto reforzada su exposición debido a su elevada digitalización, su integración en cadenas de suministro internacionales, su dependencia de servicios públicos digitales y el actual contexto geopolítico. En este marco de creciente interconexión entre organizaciones, proveedores y plataformas digitales que está ampliando la exposición a las ciberamenazas en numerosos sectores, el turismo representa en España un ejemplo especialmente ilustrativo como reflejo del nuevo escenario de riesgo. Esta vulnerabilidad responde a su alta dependencia de servicios digitales y al intercambio constante de información entre múltiples actores. Por su parte, la inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los principales multiplicadores de las capacidades ofensivas de los ciberdelincuentes. Su impacto no reside únicamente en la aparición de nuevas técnicas de ataque, sino en su capacidad para hacer más creíbles, escalables y eficaces amenazas ya conocidas. De este modo, los ataques basados en el robo de identidades, credenciales o accesos legítimos se benefician de contenidos generados automáticamente, campañas de 'phishing' hiperpersonalizadas y técnicas de suplantación cada vez más convincentes. Fragmentación del ecosistema criminal Además, estas nuevas herramientas contribuyen a reducir las barreras de entrada y facilitar el acceso a capacidades avanzadas a actores con menor especialización. Finalmente, los investigadores destacan una creciente fragmentación del ecosistema criminal. La presión policial sobre los grandes grupos, unida a la disponibilidad de herramientas apoyadas en inteligencia artificial y servicios ilícitos especializados, está favoreciendo la aparición de estructuras mucho más pequeñas y flexibles. Por ello, frente a las grandes organizaciones que dominaban el panorama hace unos años, cada vez es más frecuente encontrar parejas o pequeños equipos capaces de ejecutar campañas sofisticadas sin necesidad de pertenecer a redes criminales de gran tamaño, en una tendencia que previsiblemente continuará durante la segunda mitad del año.El impacto económico del cibercrimen continúa creciendo a escala global, hasta superar ya los 10,5 billones de euros anuales, mientras que el coste medio de una brecha de seguridad se aproxima a los 4 millones de euros, en un contexto en el que España destaca entre los países con mayor volumen de ciberataques observados por NTT Data durante el primer semestre de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2550133223-1-p489219-m1525908-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-coste-global-del-cibercrimen-supera-los-105-billones-al-ano-y-los-ciberataques-en-espana-crecen-un-45https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2550133223-1-p489219-m1525908-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-coste-global-del-cibercrimen-supera-los-105-billones-al-ano-y-los-ciberataques-en-espana-crecen-un-45https://elderecho.com/el-coste-global-del-cibercrimen-supera-los-105-billones-al-ano-y-los-ciberataques-en-espana-crecen-un-45https://elderecho.com/el-coste-global-del-cibercrimen-supera-los-105-billones-al-ano-y-los-ciberataques-en-espana-crecen-un-452026-09-28 10:05:052026-09-28 10:05:05ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC489151Tras tramitar el correspondiente expediente administrativo, la Dirección provincial del INSS dictó resolución el 19 de junio de 2024 -basada en el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)- por la que se le denegó el reconocimiento de cualquier grado de incapacidad permanente; decisión ante la cual se interpuso reclamación previa el 26 de julio de 2024, que fue desestimada de forma expresa. Consta, además, que la trabajadora presenta un cuadro clínico caracterizado por una afección grave en el ojo derecho consistente en una inflamación aguda y un desprendimiento total de retina en forma de embudo, de modo que, en el supuesto de estimarse la presente demanda, la base reguladora aplicable para la incapacidad permanente parcial asciende a la cantidad de 1.347,24 euros. La recurrente manifestó que su estado clínico le impide desempeñar con normalidad las tareas principales de su profesión, o al menos reduce su rendimiento en un 33%. Por su parte, la Sala coincide con el criterio del juez de primera instancia, dado que la totalidad de sus dolencias se limita exclusivamente a la pérdida de visión en el ojo derecho, mientras que conserva intacta la agudeza visual del ojo izquierdo. Asimismo, a nivel psíquico no se registra ninguna patología que afecte su capacidad intelectual o de concentración, ni se advierte riesgo alguno para su propia integridad o la de terceros como consecuencia de su labor. En consecuencia, el tribunal concluye que la actividad de directora de un centro de estética no exige una especial agudeza visual, ya que sus funciones se centran en tareas administrativas y de gestión, y no en la aplicación directa de técnicas o procedimientos estéticos específicos. TSJ de Madrid. Sala de lo Social. Sentencia nº 413/2026 de 19 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado denegar la incapacidad permanente a la responsable de una clínica estética con una lesión oftalmológica grave. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2460336175-1-p489151-m1525689-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-la-directora-de-una-clinica-estetica-con-perdida-de-visionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2460336175-1-p489151-m1525689-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-la-directora-de-una-clinica-estetica-con-perdida-de-visionhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-la-directora-de-una-clinica-estetica-con-perdida-de-visionhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-la-directora-de-una-clinica-estetica-con-perdida-de-vision2026-09-25 15:00:352026-09-25 15:00:35sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social489150Durante su intervención, Bolaños ha puesto en valor el trabajo que desempeñan los letrados y letradas de la Administración de Justicia y su papel estratégico en el nuevo modelo organizativo. Estos profesionales, ha destacado, son una pieza esencial para garantizar su buen funcionamiento y su labor adquiere una relevancia aún mayor con la implantación de los tribunales de instancia, que permiten avanzar hacia una organización más flexible, ágil y coordinada. En este nuevo escenario, su gestión como garantes de la fe pública judicial, impulsando los procedimientos, asegurando su correcta tramitación y dirigiendo la Oficina Judicial, adquieren una especial relevancia. El Real Decreto de sustituciones se aprobará en las próximas semanas Bolaños ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará el Real Decreto regulador de las sustituciones de los letrados y letradas de la Administración de Justicia. La norma dará cumplimiento al compromiso de avanzar en la equiparación del régimen retributivo de las sustituciones con el de las Carreras Judicial y Fiscal, al tiempo que adaptará la regulación vigente a las necesidades organizativas actuales, mejorará la cobertura de las ausencias, permitirá un uso más eficiente de los recursos e incorporará el incremento de las indemnizaciones por residencia a los letrados destinados en el ámbito territorial de las Islas Baleares. El ministro ha enmarcado este anuncio en el proceso de modernización que está impulsando la transformación de la Justicia, con medidas como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para agilizar trámites y facilitar el acceso y la comprensión de las resoluciones judiciales.El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha clausurado este viernes en Bilbao el XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2846984855-1-p489150-m1525671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bolanos-anuncia-un-nuevo-real-decreto-para-mejorar-las-condiciones-laborales-de-los-letrados-de-la-administracion-de-justiciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2846984855-1-p489150-m1525671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bolanos-anuncia-un-nuevo-real-decreto-para-mejorar-las-condiciones-laborales-de-los-letrados-de-la-administracion-de-justiciahttps://elderecho.com/bolanos-anuncia-un-nuevo-real-decreto-para-mejorar-las-condiciones-laborales-de-los-letrados-de-la-administracion-de-justiciahttps://elderecho.com/bolanos-anuncia-un-nuevo-real-decreto-para-mejorar-las-condiciones-laborales-de-los-letrados-de-la-administracion-de-justicia2026-09-25 13:44:332026-09-25 13:44:33sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489152Nacido en Barbastro (Huesca) el 21 de octubre de 1932, Javier Delgado se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En 1959 obtuvo el número uno en las oposiciones al Cuerpo de secretarios de la Administración de Justicia y posteriormente ingresó en la Carrera Judicial, teniendo como primer destino el Juzgado de Viella (Lleida), para servir más tarde en Juzgados de Estepona (Málaga) y de las localidades navarras de Aoiz, Tudela y Tafalla. En 1974 aprobó las oposiciones a magistrado especialista en el orden contencioso-administrativo, consiguiendo de nuevo el número uno de su promoción, y fue destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos, donde permaneció hasta 1984, cuando fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial para cubrir los dos últimos años del I mandato de esta institución (1984-1985) en sustitución de José Leyva Montoto. Nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 1986, fue vicepresidente de la Junta Electoral Central entre 1991 y 1994 y en abril de 1995 se convirtió en magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Delgado permanecería poco más de un año en el Constitucional, ya que en julio de 1996 fue elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cargos que desempeñó hasta noviembre de 2001. Pocos días después de su cese fue nombrado nuevamente, esta vez a propuesta del Congreso de los Diputados, magistrado del Tribunal Constitucional, donde ejerció sus funciones hasta julio de 2012. Considerado uno de los máximos expertos jurídicos en urbanismo, publicó numerosas publicaciones doctrinales. Fue además profesor ayudante de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y de Derecho Administrativo en el Colegio Universitario de Burgos y en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Burgos, y presidió el Consejo Asesor Editorial de Lefebvre. Estaba en posesión de la gran cruz de las Órdenes de San Raimundo de Peñafort y del Mérito Militar.El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Javier Delgado Barrio ha fallecido este viernes en Madrid.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/07/Renovación-del-Supremo-p489152-m1525707-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fallece-el-expresidente-del-tribunal-supremo-y-del-cgpj-javier-delgado-barriohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/07/Renovación-del-Supremo-p489152-m1525707-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fallece-el-expresidente-del-tribunal-supremo-y-del-cgpj-javier-delgado-barriohttps://elderecho.com/fallece-el-expresidente-del-tribunal-supremo-y-del-cgpj-javier-delgado-barriohttps://elderecho.com/fallece-el-expresidente-del-tribunal-supremo-y-del-cgpj-javier-delgado-barrio2026-09-25 12:00:432026-09-25 12:00:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489127Women in a Legal World (WLW) celebró el pasado martes 22 de septiembre en Madrid la IV Edición del nombramiento de Embajadores de la Igualdad, una distinción para hombres que, desde sus organizaciones, han contribuido de manera efectiva a que más mujeres lleguen a puestos de responsabilidad, liderazgo y toma de decisiones. En esta edición fueron reconocidos 20 profesionales de prestigio del ámbito institucional, judicial, jurídico, empresarial, académico y social. Entre ellos figuran el secretario de Estado de Justicia, el abogado general del Estado, el presidente de la Audiencia Nacional, dos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y representantes destacados de la Administración, la abogacía, la universidad, la empresa y la sociedad civil. Con esta iniciativa, WLW quiere poner en valor a los hombres que actúan como aliados activos de la igualdad dentro de sus organizaciones. Su implicación es esencial para impulsar cambios reales, promover entornos profesionales más inclusivos y avanzar hacia una representación equilibrada del talento. «La igualdad no puede ser una tarea exclusiva de las mujeres. Requiere el compromiso conjunto de mujeres y hombres y la creación de alianzas capaces de transformar nuestras instituciones y organizaciones. Con estos nombramientos queremos reconocer comportamientos concretos que contribuyen a abrir oportunidades y a construir referentes», señala Ana Belén Martínez Enguídanos, secretaria general de Women in a Legal World. Una alianza necesaria para avanzar en igualdad Los Embajadores de la Igualdad son una de las principales iniciativas de WLW dentro de su compromiso con la visibilidad del talento femenino y la promoción de un liderazgo más diverso e inclusivo. Con esta distinción, la asociación reconoce trayectorias y actuaciones que han generado oportunidades profesionales para las mujeres, han impulsado su acceso a puestos de responsabilidad y han fomentado la igualdad dentro de instituciones, empresas y organizaciones. Las anteriores ediciones han consolidado una red de aliados comprometidos con la transformación de la cultura profesional y con la incorporación de la igualdad como principio transversal en la toma de decisiones. Embajadores de la Igualdad WLW 2026 Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia. David Vilas Álvarez, Abogado General del Estado. Juan Manuel Fernández Martínez, Presidente de la Audiencia Nacional. Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Alejandro Hallfter, secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid. Ángel García Rodríguez, Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz. César Giner Parreño, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Julio Lujambio, socio Ejecutivo de Pérez-Llorca. Ricardo de Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados. Jorge Arenales, socio de BLP Legal. Juan Díaz-Andreu, Managing Partner de EO Executives Spain. Xavier Pujol, secretario general y del Consejo de Cellnex Telecom. Pablo García Montañés, secretario general del Grupo Andbank y presidente de Actyus Private Equity. Eduardo Pérez, director de Makro España. Albert Ferré, vicepresidente fundador y CEO de Global LegalTech Hub (GLTH). Andrés Ruiz Pérez, fundador de Todojuristas. Agustín Born, director de Comunicación y Marca de Lefebvre.  El director de Comunicación y Marca de Lefebvre, Agustín Born, entre los Embajadores de la Igualdad nombrados por Women in a Legal World (WLW).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/FOTO_EMBAJADORES-p489127-m1525589-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/20-lideres-de-la-justicia-la-abogacia-y-la-empresa-nombrados-embajadores-de-la-igualdad-de-wlwhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/FOTO_EMBAJADORES-p489127-m1525589-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/20-lideres-de-la-justicia-la-abogacia-y-la-empresa-nombrados-embajadores-de-la-igualdad-de-wlwhttps://elderecho.com/20-lideres-de-la-justicia-la-abogacia-y-la-empresa-nombrados-embajadores-de-la-igualdad-de-wlwhttps://elderecho.com/20-lideres-de-la-justicia-la-abogacia-y-la-empresa-nombrados-embajadores-de-la-igualdad-de-wlw2026-09-25 10:40:312026-09-25 10:40:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico