https://elderecho.com/feedes488534La ceremonia de entrega de premios, que contará con Harvey como partner principal, tendrá lugar en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, y reunirá a líderes del sector legal, directores de asesoría jurídica y socios de firmas internacionales para celebrar los logros y el impacto transformador de los profesionales y organizaciones más destacados de España y Latinoamérica. Categorías de los reconocimientos Los Legal Leadership Awards 2026 contemplan un total de 26 categorías divididas en cinco bloques: Bloque I - Liderazgo institucional directores de asesoría jurídica Director/a Jurídico/a del Año Transformación del Departamento Jurídico del Año Mejor Asesoría Jurídica Interna Mejor Gerencia Legal Interna Bloque II - Excelencia de firma Firma del Año Mejor Boutique Legal Firma Más Atractiva para el Talento Mejor Estrategia de Marketing, Comunicación o Desarrollo de Negocio Bloque III - Profesionales Abogado Rainmaker del Año Mejor Director/a de Marketing, Comunicación o BD Líder de Práctica del Año Bloque IV - Innovación y ecosistema Transformación de Modelo de Negocio e IA aplicada Mejor Startup Jurídica con IA Mejor Periodista Jurídico Bloque V - Grandes premios de la noche Managing Partner del Año Premio de Honor a la Trayectoria Profesional Jurado independiente de primer nivel Gericó Associates presenta el jurado completo que evaluará las candidaturas: 60 profesionales de referencia, entre directores de asesoría jurídica de compañías como Mercedes-Benz, Microsoft, Heineken, Siemens, PepsiCo, L'Oréal, CaixaBank, Porsche o Telefónica, y periodistas jurídicos de medios como El Confidencial, Expansión, Aranzadi LA LEY o Law.com International: Agustín Born, director de Comunicación de Lefebvre; Álvaro Zarzalejos, responsable de la sección El Confidencial Jurídico; Ana Bayó Busta, South Europe Cluster Lead for Law, Patents Compliance en Bayer; Ana de Quintana, General Counsel de Mercedes-Benz; Ana Gómez, Director, Group Corporate Vice Secretary of the Board of Directors de Amadeus IT; Ana Isabel Montero, Iberia Legal Director de Japan Tobacco International (JTI); Ana Suárez Garnelo, directora de la Asesoría Jurídica de Intrum España; Andrea Viale, Global Head of Legal de Idealista; Angélica Santiago, Head of Spanish South America Legal Team de IBM; Asier Crespo, Corporate, External and Legal Affairs (CELA) de Microsoft; Carlos Andrés Bonilla, vicepresidente Legal Colombia Perú de Cemex; Carlos Berbell, director de Confilegal; Carlos Menor Gómez, presidente de la Fundación Renault Group España y Legal Director and Compliance Officer de Renault Group España; Carlos Valenciano, Head of Legal CU Latam North Caribbean de Ericsson; Carmen Ruiz Lorente, Head of Legal Spain de Huawei Spain; Clara Cerdán, General Counsel and Corporate Secretary de Famar; Cristina Álvarez, Head of Legal Europe de Cintra; Cristina del Val, Senior Director Privacy EMEA DPO de Kenvue; Cristina López Barranco, directora del Área de Coordinación y Control de la Asesoría Jurídica de FCC; Edmundo Chevalier, Deputy Director Legal en Walmart de México y Centroamérica; Eduardo Pérez, secretario general, director Legal Compliance, Relaciones Institucionales y Comunicación de Makro; Eduardo Rodríguez, General Counsel en Grupo Cobra México; Emilio Puig, Head of Legal Iberia de Uber; Erika Díaz, General Counsel Compliance Officer LATAM de L'Oréal; Fernando Díaz Barco, responsable de oficina procesal en asesoría jurídica de Sacyr; Fernando Ortega, consejero general y director general de Asuntos Jurídicos de Siemens España; Gemma Casademunt, Head of International Branches Legal Department de CaixaBank; Heidi Maldonado, directora de Líder Legal; Ignacio Mendoza, director legal de Heineken; Ignacio Pereña Pinedo, General Counsel de Grupo ACS; Isabel Álvarez, Vice President Legal, General Counsel Iberia de Capgemini; Javier Ramírez, Head of Regions (Non-US) Litigation Governmental Investigation de HP; Jesús de las Casas, periodista de Expansión; John Rigau, Vice President and General Counsel West Europe de PepsiCo; José Miguel Barjola, periodista de Aranzadi LA LEY, Cinco Días/El País; Juan Charro, Chief Legal Officer de PagoNxt; Katia Rossi, Correspondent for Law.com International; Leonor Abad, directora legal Industrial de Repsol; Maite Aja, Managing Counsel, Business Legal Affairs de Western Union; María Aguado, Vice President - Regional Compliance Lead Europe de Mastercard; María Cermeño, directora de los Servicios Jurídicos de Telefónica; María Cobián, directora de Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo de Administración de Grupo Lactalis; María José López, directora legal de LALIGA; María Ocaña, directora adjunta de Asesoría Jurídica Corporativa de Santalucía Seguros; Mariana García, General Counsel Compliance Officer Iberia de Accor; Mariano Pérez de Cáceres, Legal and Compliance Chief Officer de Meliá Hotels International; Matías Hercovich, Managing Director Legal para Latinoamérica y el Caribe de FedEx; Miguel Soler, General Counsel, Compliance Director Deputy Company Secretary de Prosegur; Moisés Ramírez, Legal Director Spain, Portugal Israel de GSK; Patricia Esteban, periodista jurídica; Patricia Rivas, Latin America Regional Director, Ethics and Compliance Officer de Bausch Health Companies Inc.; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM de Xiaomi Technology; Rodrigo Flores, General Counsel Board Secretary de Covestro; Sonia Salmerón, colaboradora jurídica de Expansión y Forbes en Lefebvre; Susana Bravo, Senior Counsel International Legal Department de Ferrovial; Teresa Mínguez, Director Legal Compliance and Integrity Officer - Data Protection Officer de Porsche Ibérica; Virginia Beltramini, EVP de Legal Assurance y secretaria del Consejo de Moeve; y Xavier Gil, director de Buen Gobierno y RSC de El Economista. Este panel de expertos evaluará cada candidatura con total independencia, garantizando transparencia y objetividad en la selección de los ganadores. Sobre la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 Los Legal Leadership Awards surgen como continuación de los premios Legal Marcom creados en 2016, consolidando una plataforma de referencia en España y Latinoamérica para reconocer innovación, liderazgo, transformación y reputación en el sector legal. En ediciones anteriores han sido premiadas firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons, Ceca Magán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uría, A O Shearman, Miranda Amado, Banco Santander, Freshfields, Clifford Chance, Microsoft, Porsche Ibérica y Amadeus IT, así como profesionales que se han convertido en referentes del sector. Con esta nueva convocatoria, la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 continuará identificando y celebrando a los líderes y equipos que están transformando el sector legal y consolidando las áreas jurídicas como un pilar estratégico de las empresas. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS  El plazo para presentar candidaturas a la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 entra en su recta final. Quienes quieran optar a alguno de los 26 galardones repartidos en cinco bloques - liderazgo institucional, excelencia de firma, profesionales, innovación y ecosistema, y grandes premios de la noche - tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse a través de la plataforma oficial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Legal-Marcom-2024-12-scaled-p488534-m1523768-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Legal-Marcom-2024-12-scaled-p488534-m1523768-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-2026https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-2026https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-20262026-09-17 13:08:312026-09-17 13:08:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488521ABG Intellectual Property continúa desarrollando su estrategia de crecimiento descentralizado con la apertura de una nueva oficina en Andalucía. La sede está ubicada en Granada y es la quinta de la firma en España, tras Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Este movimiento es un paso decisivo en la expansión hacia el sur peninsular de la firma de propiedad industrial y en su apuesta por ofrecer un servicio cercano en las regiones más dinámicas en materia de innovación. Según los datos que manejan, en 2025 las organizaciones andaluzas solicitaron el registro de 105 solicitudes patentes europeas (un 2,9% más que en 2024), 171 patentes nacionales y 7.992 solicitudes de marca (+ 9,8%). “Ya contamos con una importante cartera de clientes en la zona, que incluye grandes empresas, pymes innovadoras y organismos de investigación de referencia. Pero hay un potencial enorme y en ABG contamos con un profesional de la más alta excelencia técnica y muy vinculado con el tejido industrial andaluz para liderar nuestro proyecto en esta comunidad con todas las garantías", ha afirmado Juan Arias, socio director de la firma. Excelencia técnica y vínculo local El responsable de esa oficina será Juan Manuel Soto, miembro del equipo de ABG IP desde 2021. Doctor en Física, Agente de la Propiedad Industrial y Agente de Patentes Europeas, forma parte del reducido grupo de profesionales que ejercen con esta última cualificación en Andalucía y es el único radicado en la provincia de Granada, según el registro de representantes de la Oficina Europea de Patentes. “Creo que muchos avances desarrollados en Andalucía no consiguen salir al mercado. La propiedad industrial puede desempeñar un papel decisivo para cambiar esa realidad y ayudar a transformar conocimiento en inversión, actividad empresarial, empleo e industria para esta región”, ha declarado Soto. La apertura de Andalucía se suma a la estrategia de crecimiento descentralizado que ABG IP viene desarrollando en los últimos años y que ha permitido incorporar talento especializado en distintas ubicaciones. Esta apuesta ha tenido un reflejo especialmente notable en Barcelona, cuya oficina, abierta en 2007, cuenta desde este mes de septiembre con nueve profesionales en propiedad industrial, seis de ellos incorporados en el último lustro. En esta misma línea, ABG IP abrió su oficina de Valencia en 2024 y, previamente, la oficina de Bilbao en 2015, reforzando así una estrategia de expansión deslocalizada orientada a ofrecer una atención más cercana y adaptada a las particularidades de cada territorio.La firma que Financial Times sitúa desde hace varios años entre los mejores despachos de patentes de Europa, anuncia la apertura de una oficina en Granada liderada por Juan Manuel Soto, doctor en Física y uno de los pocos agentes de patentes europeas que ejercen en Andalucía.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/ABG-IP-Granada-JuanManuelSoto-JuanArias-scaled-p488521-m1523728-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abg-intellectual-property-abre-oficina-en-andalucia-y-refuerza-su-apuesta-por-un-crecimiento-descentralizadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/ABG-IP-Granada-JuanManuelSoto-JuanArias-scaled-p488521-m1523728-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abg-intellectual-property-abre-oficina-en-andalucia-y-refuerza-su-apuesta-por-un-crecimiento-descentralizadohttps://elderecho.com/abg-intellectual-property-abre-oficina-en-andalucia-y-refuerza-su-apuesta-por-un-crecimiento-descentralizadohttps://elderecho.com/abg-intellectual-property-abre-oficina-en-andalucia-y-refuerza-su-apuesta-por-un-crecimiento-descentralizado2026-09-17 09:09:552026-09-17 09:09:55sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488507Para conocer el funcionamiento de las principales amenazas asociadas al uso de la IA y las medidas que pueden adoptar despachos y pymes, Lefebvre Formación organiza el "Curso Ciberseguridad con IA para despachos y PYMES", estructurado en tres sesiones webinar, que se celebrará los días 7, 9 y 14 de octubre, y será impartido por Hugo Ramallo García, formador y divulgador en Inteligencia Artificial. Esta formación tiene como objetivo facilitar la comprensión del funcionamiento básico de la inteligencia artificial y de su impacto en materia de ciberseguridad. El programa aborda tanto la identificación de amenazas asociadas al uso de modelos de lenguaje y otras herramientas de IA como la aplicación de mecanismos de detección y respuesta ante posibles incidentes. Técnicas de ataque y mecanismos de defensa El primer bloque de las sesiones se dedica a analizar cómo ataca la IA: amenazas reales y técnicas ofensivas. Tras una introducción a la arquitectura básica de los grandes modelos de lenguaje (LLM), se mostrarán técnicas de ataque como el Prompt injection, el Jailbreaking y el Data poisoning, junto a casos prácticos relacionados con estas técnicas. Una segunda parte examinará la vertiente defensiva de estas tecnologías. El programa incluye la detección de anomalías mediante IA, el denominado AI blue teaming, cuestiones relacionadas con privacidad y distintos casos prácticos. En el último bloque se tratarán los retos y las medidas de mitigación vinculados al empleo de inteligencia artificial y la gestión de incidentes. Los asistentes podrán identificar amenazas, utilizar herramientas de IA de forma segura y establecer criterios de control y políticas de uso orientados a reducir los riesgos en el ámbito profesional, gracias a esta formación, que incluye también entre sus objetivos la incorporación de criterios de privacidad y protección de datos en el empleo de estas tecnologías. RIA, NIST y OWASP como referencias La dimensión normativa y de gobernanza ocupa igualmente una parte del programa. La formación contempla el marco legal del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) y los marcos de referencia NIST y OWASP, además de la definición de políticas internas para el uso de inteligencia artificial en los despachos. De este modo, el contenido combina aspectos técnicos de ciberseguridad con cuestiones de privacidad, protección de datos, gestión de incidentes y establecimiento de reglas organizativas para el empleo de sistemas de IA. Infórmate e inscríbete en el Curso Ciberseguridad con IA para despachos y PYMES  La incorporación de herramientas de IA al entorno profesional implica conocer y abordar las amenazas relacionadas con su utilización, y así poder establecer los mecanismos necesarios para proteger la información y los sistemas de las organizaciones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2633904983-1-p488507-m1523678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2633904983-1-p488507-m1523678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymeshttps://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymeshttps://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymes2026-09-16 17:22:092026-09-16 17:22:09ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoCiberseguridad,Derecho TIC,Sector jurídico488460Deloitte Legal consolida su posicionamiento en Andalucía con la incorporación de Juan Urbano como nuevo socio del área Laboral. También se incorpora un equipo de cinco profesionales especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social que aporta una sólida experiencia en el asesoramiento a compañías en los sectores más relevantes de la región, así como un profundo conocimiento del tejido empresarial andaluz. Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión de Deloitte en Andalucía. Con este paso, la Firma amplía sus capacidades para acompañar a las organizaciones ante los desafíos derivados de la transformación del mercado laboral, los cambios normativos, los procesos de digitalización y la creciente complejidad en la gestión de personas. Juan Urbano se incorpora a un equipo con amplia experiencia en el asesoramiento laboral a compañías nacionales e internacionales, que combina un enfoque multidisciplinar con un profundo conocimiento sectorial para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Con más de 15 años de trayectoria, Juan Urbano ha desarrollado su carrera profesional asesorando a empresas de diversos sectores en materia de Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento a las empresas en la gestión de sus relaciones laborales, así como en el asesoramiento en procesos colectivos y reestructuraciones, relaciones sindicales, previsión social complementaria y relaciones laborales especiales de alta dirección o de deportistas profesionales. Hasta su incorporación a Deloitte Legal, dirigía la oficina de Málaga de uno de los principales despachos especializados en esta disciplina en España, donde lideró el asesoramiento a entidades de los sectores financiero, de consumo y de servicios. Además de su actividad profesional, Juan ha mantenido una estrecha vinculación con el ámbito académico como docente en distintos programas de formación y ha participado en la elaboración de publicaciones especializadas sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social, lo que ha contribuido a consolidar su reconocimiento en este ámbito. Para Juan Urbano, «incorporarme a Deloitte supone una oportunidad extraordinaria para continuar desarrollando un proyecto de crecimiento en Andalucía. La combinación de la experiencia acumulada y el conocimiento del mercado local con las capacidades multidisciplinares de Deloitte nos permitirá seguir acompañando a las empresas en sus principales retos laborales y de negocio». Por su parte, Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, socio responsable de Deloitte en Andalucía, y Luis Collado, responsable del área afirman: «La incorporación de Juan permitirá reforzar el crecimiento de Deloitte Legal en Andalucía. Su llegada y la de su equipo supone un paso decisivo en esa hoja de ruta, ya que nos dota de una capacidad diferencial en el ámbito del asesoramiento laboral y de Seguridad Social, reforzando una propuesta de valor única que permite a Deloitte acompañar de manera integral a sus clientes en todas sus necesidades de asesoramiento».También se incorpora un equipo de cinco profesionales especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social que aporta una sólida experiencia en el asesoramiento a compañías en los sectores más relevantes de la región, así como un profundo conocimiento del tejido empresarial andaluz.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-Urbano-Deloitte-scaled-p488460-m1523568-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-Urbano-Deloitte-scaled-p488460-m1523568-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboral2026-09-16 14:40:352026-09-16 14:40:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488459La oposición, celebrada en esta ocasión en el Colegio Notarial de Madrid, comenzó en 2025 y finalizó el pasado 23 de julio con la publicación de las puntuaciones. Un total de 847 opositores de toda España iniciaron las pruebas para optar a las 140 plazas convocadas, de las que finalmente se han cubierto 126. La nueva promoción está integrada por 73 mujeres (57,9%) y 53 hombres (42,1%), procedentes de 16 comunidades autónomas. Madrid es la que cuenta con mayor representación, con 30 aprobados, seguida de Andalucía, con 28, y Cataluña, con 22. A continuación se sitúan Castilla y León y Murcia, con ocho nuevos notarios cada una; la Comunidad Valenciana, con siete; Aragón, con seis; Galicia y Canarias, con tres cada una; y Asturias, País Vasco, Baleares y Navarra, con dos cada una. Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja cuentan con un aprobado por comunidad. En esta promoción, como en las inmediatamente precedentes, el tiempo medio dedicado a preparar la oposición se sitúa en torno a siete años, con jornadas habituales de entre ocho y diez horas de estudio. Muchos de los aprobados se han preparado en las academias de opositores de los colegios notariales, que ofrecen formación gratuita. Además, algunos de ellos han contado con becas destinadas a apoyarles económicamente durante los años de preparación de la oposición. Requisitos para ser notario Para convertirse en notario hay que ser español u ostentar la nacionalidad de cualquier país miembro de la Unión Europea. Además, hay que ser Doctor en Derecho, Graduado en Derecho o título equivalente en Derecho. Según el Reglamento Notarial vigente los ejercicios de la oposición son cuatro: los dos primeros, orales, y los dos segundos, escritos. Tanto los dos primeros como la lectura del tercero y de la primera parte del cuarto son públicos.El BOE publicó ayer la lista de aprobados de la última oposición a notario. Un total de 126 opositores (73 mujeres y 53 hombres) superaron las pruebas y conforman la nueva promoción de notarios que próximamente empezará a ejercer en pueblos y ciudades de toda España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Notario-firma-documento_EDEIMA20120913_0001_1-p488459-m1523536-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Notario-firma-documento_EDEIMA20120913_0001_1-p488459-m1523536-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombreshttps://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombreshttps://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombres2026-09-16 11:55:062026-09-16 11:55:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488494El TSJN ratifica el fallo dictado el pasado febrero por la plaza nº 3 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona. La empresa demandada, que se dedica a la realización de trabajos de carpintería, fijó un calendario anual, en el que se dispusieron las vacaciones conjuntas de la totalidad de los trabajadores. El calendario, que se dio a conocer a la totalidad de los operarios, se colocó en el vestuario a la vista de toda la plantilla. En el año 2025, se fijaron las vacaciones de verano, en el mes de julio del 7 al 18 (viernes) y en agosto del 18 al 29. El demandante, empleado como peón, viajó a Ecuador del 8 de julio al 11 de agosto. El 22 de julio, la empresa inició el expediente sancionador. El periodo vacacional había finalizado el lunes 21 sin que el trabajador se hubiera reincorporado. La empresa, que intentó comunicarse con él sin éxito, sufrió perjuicios organizativos y económicos por su ausencia, ya que se vio obligada a suspender y rechazar trabajos y encargos, con las consiguientes pérdidas. En sus alegaciones, el trabajador arguyó haber pactado con el jefe las vacaciones desde el 7 de julio al 12 de agosto, pero, según subraya el Tribunal, no se ha acreditado dicha autorización. Para la Sala, la sanción de despido es proporcional, ya que el convenio colectivo considera falta muy grave la ausencia injustificada por más de tres días en un mes, y en este caso fueron 17 días. La antigüedad del trabajador y la ausencia de sanciones previas, agregan los magistrados, no justifican una sanción menor, dado el perjuicio causado y la gravedad de la falta.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado el despido de un trabajador que se ausentó de su puesto durante 17 días sin justificación ni autorización debido a que estaba de vacaciones fuera del periodo fijado por la empresa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2667899491-1-p488494-m1523639-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permisohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2667899491-1-p488494-m1523639-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permisohttps://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permisohttps://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permiso2026-09-16 11:45:452026-09-16 11:45:45sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social488434La sentencia detalla que, en junio de 2019, el acusado Fermín sacó a su madre de la residencia donde vivía debido a su deterioro cognitivo, bajo la excusa de unas vacaciones, y desde entonces impidió que sus cinco hermanos la visitaran o contactaran con ella. Meses después, acudió a una notaría de Oviedo junto a él para otorgarle un apoderamiento general, un documento sobre voluntades anticipadas donde lo nombraba tutor legal y, posteriormente, un testamento que lo beneficiaba como principal heredero. Paralelamente, se tramitó una demanda de incapacidad presentada por otro de los hermanos, tras la cual la justicia designó oficialmente a Fermín como tutor de su madre, una decisión que fue recurrida por la familia, pero ratificada por la Audiencia Provincial. En agosto de 2019 se abrió una cuenta en ING a nombre de la anciana con su hijo Fermín como autorizado, donde se ingresaron 10.000 euros procedentes de otra cuenta de la titular y se centralizó su pensión y gastos. Posteriormente, en enero de 2020, la madre realizó un traspaso de 25.000 euros entre cuentas propias de Liberbank (actual Unicaja). Meses más tarde, en junio y julio de 2020, la esposa del acusado, quien estaba autorizada, retiró 28.000 euros en total, cantidad que el acusado se apropió en su propio beneficio. Dicha cuenta fue cancelada en septiembre de 2020, antes de que el acusado asumiera formalmente su cargo de tutor en febrero de 2021, por lo que este saldo no se incluyó en el inventario judicial de bienes. La Sala expresa que la sentencia de instancia está correctamente motivada porque explica de forma razonada sus conclusiones, aunque el recurrente no las comparta. El tribunal considera probado que el acusado, en su calidad de tutor, ocultó en el inventario judicial una cuenta bancaria de la que él y su mujer eran los únicos autorizados, habiendo excluido previamente a otros familiares. Desde esa cuenta, la esposa realizó extracciones por importe de 28.000 euros que el tutor no declaró ni justificó adecuadamente. El tribunal descartó las explicaciones del condenado -como gastos en la adaptación de la vivienda o el supuesto uso libre por parte de la anciana- por carecer de veracidad según los testimonios de los testigos. Por tanto, la sentencia es sólida y cumple con la motivación exigida. TSJ de Asturias. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 32/2026 de 11 de junio de 2026.El TSJ de Asturias ha rechazado el recurso de un hombre contra la sentencia que le condenó a tres años y medio de cárcel por apropiarse de 28.000 euros de su madre enferma. Además de restituir el dinero, el tribunal mantiene la multa impuesta de 2.710 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2729112601-1-p488434-m1523496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2729112601-1-p488434-m1523496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enferma2026-09-16 10:59:202026-09-16 10:59:20penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico488433Pérez-Llorca continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con el traslado de dos de sus socios de Colombia. Juan David Quintero, socio de Corporativo y M A, se incorporará a la oficina de Nueva York desde Bogotá, mientras que Alejandro Sanabria, socio de Tributario, desarrollará su actividad desde Madrid. Ambos continuarán practicando Derecho colombiano desde sus nuevas ubicaciones. Los traslados responden al crecimiento de los flujos de inversión entre América y Europa y a la creciente interrelación de ambas regiones con Asia y Oriente Medio. En este contexto, compañías, fondos e inversores abordan cada vez con mayor frecuencia operaciones que combinan distintas jurisdicciones, fuentes de financiación y centros de decisión. La presencia de abogados colombianos en Nueva York y Madrid permitirá al Despacho conectar de forma más directa estas oportunidades con sus equipos en América Latina y prestar un asesoramiento coordinado desde algunos de los principales centros financieros y empresariales del mundo. Estos movimientos forman parte del Proyecto Scala, la iniciativa interna destinada a aprovechar las oportunidades derivadas del proceso de internacionalización del Despacho y que tiene como objetivos consolidar una plataforma jurídica iberoamericana plenamente integrada, coordinar el asesoramiento a clientes multijurisdiccionales y favorecer la movilidad y el desarrollo profesional de sus abogados. El traslado de Juan David Quintero a Nueva York permitirá fortalecer la relación de Pérez-Llorca con las firmas estadounidenses con las que colabora habitualmente y que asesoran en operaciones e inversiones dirigidas hacia América Latina. Quintero cuenta con más de 15 años de experiencia en fusiones y adquisiciones locales y transfronterizas, fondos de capital privado, joint ventures y reorganizaciones empresariales. Es abogado admitido para ejercer en Colombia y en el estado de Nueva York, y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo de New York University School of Law y formación en negocios de NYU Stern School of Business. Por su parte, el traslado de Alejandro Sanabria a Madrid responde al interés sostenido de inversores y compañías españolas y europeas por identificar oportunidades y desarrollar sus negocios en Colombia y en el conjunto de América Latina. Su experiencia en tributación internacional y asesoría fiscal en operaciones de fusiones y adquisiciones, financiación, fondos de inversión, infraestructura, energía e inversión inmobiliaria le permitirá aportar conocimiento de los mercados latinoamericanos a los equipos que acompañan a inversores europeos en sus procesos de entrada, expansión y estructuración en la región. “Nuestra estrategia internacional parte de una realidad: las inversiones ya no se articulan de manera aislada entre dos jurisdicciones, sino que involucran cada vez más a compañías, fondos, financiadores y asesores de diferentes mercados. La incorporación de Juan David y Alejandro a nuestras oficinas de Nueva York y Madrid nos permitirá acercar el conocimiento del Derecho colombiano a los lugares donde se originan y estructuran muchas de estas operaciones, estar más cerca de las firmas estadounidenses con las que trabajamos y acompañar de forma coordinada a nuestros clientes en sus proyectos en América Latina”, señala Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, basado en Nueva York. Esta iniciativa se apoya en una estructura de liderazgo cercana a los principales mercados de la región. Iván Delgado dirige la estrategia internacional de Pérez-Llorca desde Nueva York, mientras que Pedro Pérez-Llorca, socio director del Despacho, se trasladó temporalmente por un año a comienzos de 2026 a Ciudad de México para acompañar al equipo de las Américas y reforzar desde allí el desarrollo de la plataforma iberoamericana.Los traslados se enmarcan en el Proyecto Scala y responden a los crecientes flujos de inversión entre América y Europa, así como a la progresiva conexión de ambas regiones con Asia y Oriente Medio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-David-Quintero_Alejandro-Sanabria-p488433-m1523457-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-David-Quintero_Alejandro-Sanabria-p488433-m1523457-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabriahttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabriahttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabria2026-09-16 10:48:352026-09-16 10:48:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488367La sentencia aborda así la posibilidad de que una situación de incapacidad ya reconocida pueda revisarse posteriormente cuando se produzca un agravamiento. La normativa, explica el Tribunal, contempla expresamente que la gran invalidez pueda sobrevenir después de la jubilación por incapacidad permanente, siempre que la declaración se solicite dentro de los límites temporales establecidos legalmente. En este caso, la funcionaria había sido jubilada por incapacidad permanente con efectos desde diciembre de 2019. En mayo de 2023 solicitó a MUFACE el reconocimiento de la gran invalidez al considerar que el avance de su enfermedad había determinado que necesitara asistencia continuada para realizar actos esenciales de la vida. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) hizo constar que padecía “esclerosis múltiple en progresión, con necesidad de uso de silla de ruedas para desplazamiento, y necesidad de ayuda para algunas necesidades”, pero concluyó que no necesitaba de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria. Sobre esa valoración, MUFACE rechazó la solicitud. La Sala recuerda, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo, que los dictámenes de los órganos médicos administrativos gozan de una presunción de legalidad y acierto por las garantías derivadas de los conocimientos técnicos de sus integrantes y de su imparcialidad y objetividad. Pero precisa que esa presunción tiene carácter “eventual” y es, “en todo caso, destruible, por prueba en contrario”. En particular, la resolución señala que los informes facultativos aportados por las partes deben valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y pueden “servir como prueba suficiente, atendiendo a las circunstancias del caso, para acreditar error en que incurre el dictamen del tribunal médico”. Durante el procedimiento judicial se aportó una pericial que describía una afectación neurológica severa derivada de la enfermedad, con pérdida total de la marcha y una dependencia casi completa para las actividades de la vida diaria. Las especialistas aplicaron dos escalas de valoración que reflejaban dependencia severa y dependencia instrumental muy severa y concluyeron que necesitaba ayuda de una tercera persona para las actividades básicas e instrumentales. Tras valorar conjuntamente esa prueba y el carácter progresivo de la enfermedad, el tribunal concluye que “puede sostenerse que ha llegado a un estadio en que necesita la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria y, por tanto, pueda considerarse que se trata de un supuesto de gran invalidez, tal y como instó la recurrente”. La sentencia recuerda que la legislación define la gran invalidez como aquella situación en la que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, resulta necesaria la asistencia de otra persona para realizar los actos más elementales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer u otros análogos. Además, subraya que el Reglamento General del Mutualismo Administrativo contempla específicamente los casos en los que esa necesidad aparece después de haberse producido la jubilación por incapacidad permanente. De este modo, el agravamiento posterior puede dar lugar al reconocimiento de la nueva situación cuando concurran los requisitos establecidos. Como consecuencia, el TSJMU anula las resoluciones administrativas que habían rechazado la solicitud y reconoce a la funcionaria la gran invalidez y el correspondiente complemento, equivalente al 50 % de la pensión de jubilación que le corresponda conforme a la cantidad íntegra acreditada en nómina por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. TSJ de Murcia. Sala de lo Contencioso. Sentencia nº 325/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región de Murcia ha reconocido la gran invalidez a una funcionaria jubilada por incapacidad permanente después de constatar que la evolución de su enfermedad había provocado una pérdida de autonomía que hacía necesaria la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736159947-1-p488367-m1523258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736159947-1-p488367-m1523258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidad2026-09-15 15:55:032026-09-15 15:55:03administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Administrativo,Sector jurídico,Social488406Así mismo, se ha dado el visto bueno para la publicación de cuatro convocatorias del Ministerio para este tipo de actuaciones, dotadas con 126,7 millones de euros y dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios, el turismo y a las personas en situación de especial vulnerabilidad. Los 107,4 millones de euros de los fondos que se distribuyen a las comunidades autónomas están dirigidos a acciones formativas que se realicen en centros públicos, enfocadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social y asociadas a programas estatales. También se promueve que se destinen las acciones a aquellos sectores prioritarios que determine cada comunidad autónoma en el marco de sus propios planes estratégicos. Por otra parte, un 30% de esta inversión está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, y a las personas migrantes que han participado en el reciente proceso de regularización de 2026. Convocatorias enfocadas a sectores estratégicos El Ejecutivo ha validado también la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores y trabajadoras. Estas convocatorias, que suman 126,7 millones de euros, están enfocadas a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación. La primera convocatoria, dotada con 25 millones de euros, está destinada a financiar acciones en el sector de la construcción industrial y sostenible, como instrumento para modernizar el sector, mejorar la eficiencia de los procesos y construir a incrementar y agilizar la oferta de vivienda de calidad, asequible y sostenible. La segunda, con una asignación de 35 millones de euros, está dirigida a formaciones en oficios y desempeños estratégicos. Incluyen actuaciones en una decena de familias de FP consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y cobertura de puestos de trabajo, como Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Seguridad y Medio Ambiente, entre otras familias. La tercera, de 20 millones de euros, se centrará en el sector del turismo patrimonial, cultural y sostenible. Parte de la relevancia del turismo patrimonial y rural como instrumento de desarrollo económico y territorial, destacando su contribución al desarrollo local, la fijación de población en el medio rural, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico. La cuarta y última convocatoria está dotada con 46,7 millones de euros y tiene por objetivo financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular a las personas migrantes. Esta última convocatoria forma parte, junto al 30% de los 107,4 millones de euros destinados a personas en situación de vulnerabilidad y a la población migrante, del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030. Tanto los fondos repartidos a las comunidades autónomas como las convocatorias de ámbito estatal gestionadas por el Ministerio incluyen formación acreditable y acumulable correspondiente a Grado A (microacreditaciones), Grado B (módulos profesionales) y Grado C (certificados profesionales), a excepción de la convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad; esta última financiará enteramente certificados profesionales completos, que incorporarán hasta un 25% de complementos formativas destinados a competencias básicas lingüísticas y digitales o competencias empresariales.El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el reparto a las comunidades autónomas de 107,4 millones de euros para la formación de trabajadores y trabajadoras.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2610417143-1-p488406-m1523370-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadorashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2610417143-1-p488406-m1523370-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadorashttps://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadorashttps://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadoras2026-09-15 15:50:152026-09-15 15:50:15socialSocial13Social