https://elderecho.com/feedes486155 La DSA de la Unión Europea recoge un conjunto de normas de obligado cumplimiento para las grandes empresas que ofrezcan servicios digitales. Con ella se busca garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los países miembros, así como favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad de estas plataformas en el mercado único. En este marco, según ha trasladado una fuente cercana a las compañías en declaraciones a Bloomberg, tanto ChatGPT de OpenAI como la compañía de videojuegos Roblox Corp. entrarán a formar parte de las VLOP en agosto, al igual que sucedió anteriormente con otras plataformas como Google Maps, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, X y YouTube, entre otras. Si bien la DSA exige a todas las redes sociales y motores de búsqueda medidas drásticas contra el contenido ilegal y nocivo en sus plataformas, las denominadas como VLOP deben además presentar informes de transparencia, detallar sus planes de mitigación de riesgos y pagar una cuota anual a la Comisión Europea. Es decir, que en los cuatro meses posteriores a su designación han de ser parte activa no solo al identificar riesgos en sus servicios relacionados con contenido ilegal, los procesos electorales o la libertad de expresión, entre otros, sino también al establecer un punto de contacto con autoridades y usuarios, desplegar términos y condiciones fáciles de usar y ser transparentes en su publicidad, sistemas de recomendación y decisiones de moderación de contenido. Igualmente, han de someterse a auditorías anuales para garantizar que han adoptado las medidas recomendadas por los auditores, compartir sus datos con la Comisión Europea y permitir el acceso a estos a investigadores acreditados. Asimismo, aquellas que incumplan la DSA se arriesgan a recibir multas de hasta el 6 por ciento de sus ventas globales. De hecho, entre los más de una docena de casos que se han abierto, el más destacado de una VLOP sancionada fue el de X (antes Twitter) con una multa que alcanzó la cifra de 120 millones de euros y que la Comisión impuso el 5 de diciembre del año pasado. Cabe destacar igualmente que la DSA tiene como uno de sus objetivos principales que las tecnológicas protejan a los menores en sus plataformas. No obstante, la propia Roblox, que ha sido objeto de críticas por la falta de controles de seguridad para la protección de los niños, recientemente integró medidas que controlan los espacios donde los usuarios pueden contactar con otros y qué tipos de juegos pueden disfrutar. Por el momento, ni el portavoz de la Comisión Europea ni OpenAI o Roblox se han pronunciado al respecto. La Unión Europea prevé clasificar a ChatGPT y Roblox como "Plataformas en línea muy grandes" (VLOP) a partir de agosto, conforme a la ley de Servicios Digitales (DSA), tras superar los 45 millones de usuarios mensualeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/UE-Tribunal-Europeo-Europea-Europa_EDEIMA20110708_0008_1-p486155-m1516199-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/UE-Tribunal-Europeo-Europea-Europa_EDEIMA20110708_0008_1-p486155-m1516199-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsa2026-08-03 12:59:262026-08-03 12:59:26derecho-ticDerecho TICDerecho TIC486078Según el calendario publicado por la Comisión Europea, en esta fase se activan específicamente las normas de transparencia del artículo 50 y las medidas de apoyo a la innovación, que refuerzan el sistema de supervisión y cumplimiento en todos los Estados miembros, así como la aplicación de la Ley de IA en ámbitos como los modelos de propósito general, las prohibiciones y los requisitos de alfabetización en inteligencia artificial (IA). La Comisión Europea comenzará a aplicar las obligaciones que exigirán identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como 'deepfakes', y obligarán a los 'chatbots' y otros sistemas a advertir a los usuarios de que están interactuando con una IA, al tiempo que Bruselas asumirá por primera vez las competencias para velar por el cumplimiento de la norma. En la práctica, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer esas producciones, mientras que su uso con fines profesionales exigirá indicar de forma clara que han sido alteradas mediante inteligencia artificial y los asistentes conversacionales informar de que el usuario está hablando con una máquina y no con una persona. Primeras obligaciones de transparencia La entrada en vigor de estas medidas permitirá además a Bruselas empezar a supervisar los denominados modelos de IA de propósito general, es decir, aquellos capaces de realizar múltiples tareas y que sirven de base para una amplia gama de herramientas y servicios. La Oficina Europea de IA podrá requerir información a las empresas responsables de estos sistemas, acceder a ellos para evaluarlos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad cuando detecte incumplimientos. Ese control se ejercerá de forma compartida con las autoridades nacionales, de modo que este organismo se encargará de sus proveedores y de los sistemas cuya competencia corresponde a la Comisión, mientras que los Estados miembros vigilarán el resto de herramientas desplegadas en su territorio y el Supervisor Europeo de Protección de Datos hará lo propio con las utilizadas por las instituciones, organismos y agencias de la UE. Como apoyo a ese sistema, Bruselas ha constituido un panel científico integrado por 60 expertos independientes, ha designado un asesor científico jefe y ha puesto en marcha distintos canales para comunicar posibles incumplimientos, entre ellos un mecanismo de denuncias abierto a ciudadanos y empresas y otro dirigido a quienes desarrollan aplicaciones a partir de modelos de terceros. La aplicación de la ley continuará de forma escalonada. El siguiente cambio llegará el 2 de diciembre de este año, cuando entren en vigor las nuevas prohibiciones incorporadas por el paquete 'AI Omnibus' para impedir el uso de sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento o material de abuso sexual infantil, y finalizará el periodo transitorio concedido a determinados modelos de IA ya comercializados para adaptarse a la obligación de incorporar mecanismos que permitan identificar los contenidos generados mediante esta tecnología. El calendario seguirá el 2 de diciembre de 2027, con la entrada en vigor de las normas aplicables a la IA considerada de alto riesgo, como la utilizada en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo, y concluirá el 2 de agosto de 2028, cuando empezarán a aplicarse las disposiciones para los sistemas de inteligencia artificial integrados en productos sujetos a otra legislación europea, como determinados dispositivos médicos o vehículos. En relación con los sistemas de alto riesgo, el Reglamento establece que "los sistemas de IA que sean componentes de seguridad de productos, o productos en sí mismos, incluidos en determinadas leyes de armonización de la Unión" se clasificarán como "de alto riesgo" cuando el producto deba someterse a un procedimiento de evaluación de conformidad por un organismo tercero conforme a la legislación de armonización pertinente. En particular, esta categoría comprende maquinaria, juguetes, ascensores, equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas, equipos de radio, equipos a presión, equipos para embarcaciones de recreo, instalaciones de teleféricos, aparatos que queman combustibles gaseosos, dispositivos médicos, dispositivos médicos de diagnóstico in vitro y productos de automoción y aviación, que quedan sujetos a requisitos reforzados de evaluación de conformidad y control en el marco de la Ley de IA. La AI Act de la UE es la primera norma integral sobre esta tecnología a nivel mundial y tiene por objeto promover la innovación y la adopción de la IA, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, incluida la democracia y el Estado de derecho. ¿Qué cambia para las empresas con el artículo 50? Los proveedores de sistemas de IA -incluidos los de propósito general capaces de generar o manipular texto, imágenes, audio o vídeo- deberán garantizar que esos contenidos incorporen un marcado en formato legible por máquina que permita detectar que han sido generados o manipulados mediante IA. Asimismo, quienes desplieguen sistemas de IA que generen o manipulen texto destinado a informar al público sobre asuntos de interés público deberán revelar que dicho contenido ha sido generado o manipulado por IA. El Reglamento exime de esta obligación cuando exista un proceso de revisión humana o control editorial y una persona física o jurídica asuma la responsabilidad editorial de la publicación. No obstante, la Comisión Europea aclara que las revisiones meramente formales -como la corrección ortográfica o gramatical- no se consideran revisión humana ni control editorial a estos efectos. La Comisión concreta que la obligación afecta a contenidos sobre política, procesos democráticos, administración y servicios públicos, justicia, derechos fundamentales, seguridad pública, salud pública, protección ambiental, seguridad del consumidor y cualquier materia económica, financiera, científica o cultural susceptible de debate público. El cumplimiento de estas obligaciones será supervisado por las autoridades nacionales de vigilancia del mercado. Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el reglamento, que para determinadas infracciones pueden alcanzar hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual total del ejercicio anterior, aplicándose la cifra que sea más elevada. Al imponer las sanciones, las autoridades podrán tener en cuenta el principio de proporcionalidad en el caso de pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización.La Unión Europea (UE) afronta desde ayer, 2 de agosto, un nuevo hito en la implementación del Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act), con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia y el inicio de la aplicación de las disposiciones aplicables a nivel nacional y comunitario.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2741501025-1-p486078-m1516012-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2741501025-1-p486078-m1516012-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-ia2026-08-03 07:46:272026-08-03 07:46:27derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486077Concretamente, la ley obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias "en un plazo razonable" y, en caso de que estas no sean de carácter gratuito, también a un "precio razonable", con el objetivo de alentar la opción de la reparación. Este derecho a reparar forma parte de la reforma de las normas de protección del consumidor de la UE, que entró en vigor el martes 30 de julio de 2024 y que establece el "derecho a reparar" para asegurar que, cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el cliente pueda exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo. Ahora, una vez finalizado el plazo para que los Estados miembros incorporasen a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799, que hace referencia al derecho a reparar, la norma comienzan a aplicarse en España oficialmente, tal y como se indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es que reparar un dispositivo, por ejemplo un 'smartphone' u ordenador, resulte más fácil y atractivo que adquirir uno nuevo, en muchos casos, promoviendo que esta opción sea más económica que sustituirlo. La directiva cubre principalmente los dispositivos para los que la legislación europea ya obliga a los fabricantes a disponer de servicios de reparación y piezas de recambio, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas o determinados teléfonos y tabletas, entre otros. Así, entre sus novedades, obliga a que los fabricantes ofrezcan la reparación de sus productos siempre que sea técnicamente posible, incluso cuando la garantía legal ya haya expirado. Asimismo, deberá realizarse en un plazo y a un precio razonables. Igualmente, los fabricantes no podrán impedir la reparación mediante cláusulas contractuales, 'software' o 'hardware', salvo cuestiones de seguridad o protección de propiedad intelectual. También deberán facilitar el acceso a piezas de recambio y herramientas cuando así lo exija la normativa. Además, si se opta por la reparación, la garantía del producto se deberá ampliar por 12 meses sobre el bien reparado. La norma establece, asimismo, que los consumidores que opten por la reparación tendrán derecho a recibir un dispositivo de sustitución prestado mientras se arregla el de su propiedad o a elegir una unidad reacondicionada como alternativa. Con todo, los fabricantes podrán entregar un documento estandarizado con información clara sobre el coste, plazo, condiciones y validad de la oferta de reparación, de manera que los usuarios puedan comparar entre presupuestos de distintos servicios de reparación. En la práctica, para los consumidores, esto significa reducir la obsolescencia y los residuos electrónicos, ya que dispondrán de más opciones para reparar, una mayor transparencia de precios y plazos de reparación, mejor acceso a piezas y garantías más favorables. Cabe destacar que la normativa de derecho a reparar es distinta a otra regulación europea que entrará en vigor más adelante en febrero de 2027, como es el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos. En este caso, comenzarán a aplicarse los requisitos que obligarán a que las baterías de muchos dispositivos portátiles, como los teléfonos móviles, sean fácilmente sustituibles por el usuario. Compañías como Nintendo ya lo están poniendo en práctica.La llamada ley del derecho a reparar de la Unión Europea empieza a aplicarse desde el pasado viernes 31 de julio de 2026 en España, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espana2026-08-03 07:40:362026-08-03 07:40:36sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486076Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que el alto tribunal rechaza el recurso de la Abogacía del Estado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que avaló que una madre recibiera el subsidio pese a no vivir con la víctima. Según el relato de hechos, la víctima fue asesinada en 2017 tras recibir varias cuchilladas, algunas de ellas en el cuello. La Audiencia Provincial de Murcia condenó al acusado como autor de un delito de asesinato con alevosía. En 2019, la madre de la víctima solicitó la ayuda que pudiera corresponderle como víctima indirecta de un delito violento y doloso con resultado de muerte por el fallecimiento de su hija, una petición que fue rechazada por los órganos encargados de otorgarla alegando que "no había acreditado convivencia" con su hija. La madre interpuso un recurso contencioso-administrativo al TSJ de Murcia, que le dio la razón porque, pese a no convivir con su hija, "ello no significa que no pueda justificar que dependía económicamente de ella", recoge el Supremo de la sentencia. El abogado del Estado pedía al Supremo en su recurso de casación que confirmase la legalidad de la denegación de la ayuda alegando que era necesaria la convivencia para recibir el subsidio. La ayuda puede darse con y sin convivencia El Supremo, no obstante, da la razón a la mujer y señala que "la dependencia económica puede darse tanto si hay convivencia como si no". "Requerir la convivencia supone añadir un nuevo requisito que no está, ni necesaria ni directamente, relacionado con la situación en la que los gastos o las cargas de la persona progenitora se satisfacen en su parte más sustancial por el hijo o la hija", añade. A su juicio, la cohabitación "puede tener lugar sin que haya dependencia económica entre los convivientes y, al contrario, la dependencia económica puede darse sin que exista convivencia". La Sala admite que, como sostiene la Abogacía del Estado, la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual "enuncia los requisitos necesarios para acreditar la dependencia económica, no estableciendo una mera presunción de tal dependencia cuando aquellos requisitos concurran". Sin embargo, el Supremo insiste en que el propósito de la ley es el de "paliar los efectos que el delito ha producido", reconociendo que, "en el caso de los delitos violentos, las víctimas sufren, además, las consecuencias de una alteración grave e imprevista de su vida habitual, evaluable en términos económicos". Por ello, aduce, establece "un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos". "Este sistema quedaría desnaturalizado en lo que respecta a los padres de la persona fallecida si se admitiera que, además de la dependencia económica exigida legalmente, se requiera la convivencia impuesta reglamentariamente, por más que dicha convivencia se quiera conectar con aquella dependencia económica, que, repetimos, no se infiere de la finalidad ni, mucho menos, de las reglas legales", indica. Por tanto, el tribunal concluye que el requisito de la convivencia de los padres con la víctima directa para acreditar la dependencia económica "excede de las disposiciones" de la mencionada ley. Así, el Supremo avala la sentencia del TSJ de Murcia, que reconoció el derecho de la mujer a recibir el subsidio, y anula el inciso "vinieran conviviendo con éste" contenido en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, "debiéndose publicar esta anulación en el Boletín Oficial del Estado".El Tribunal Supremo ha avalado que los padres de vícitmas de asesinatos puedan recibir la ayuda por el fallecimiento de un familiar si dependían económicamente de él, al retirar el precepto que hacía obligatoria la convivencia para percibir el subsidio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20140822_0006_1-p486076-m1515973-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20140822_0006_1-p486076-m1515973-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieran2026-08-03 07:37:272026-08-03 07:37:27administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico486079El nombramiento refuerza la presencia de profesionales españoles en los mecanismos institucionales de resolución de conflictos comerciales internacionales en un momento de creciente actividad económica entre España, Latinoamérica y China, donde cada vez más empresas mantienen relaciones comerciales, proyectos de inversión o alianzas estratégicas con compañías del mercado asiático. Con sede en Shenzhen, uno de los principales centros financieros, tecnológicos y logísticos de China, el SQICMC es una institución oficial de mediación comercial vinculada a la Zona de Cooperación Shenzhen-Hong Kong. Registrada ante la Oficina de Asuntos Civiles de Shenzhen y supervisada por diferentes organismos públicos de la ciudad, la entidad promueve la resolución extrajudicial de controversias comerciales nacionales e internacionales en ámbitos como comercio exterior, inversión, financiación, propiedad intelectual, construcción, inmobiliario o asuntos marítimos. Su modelo reúne a profesionales de diferentes jurisdicciones para facilitar la resolución de conflictos entre empresas que operan en distintos mercados, consolidándose como uno de los principales mecanismos de mediación comercial impulsados por China para reforzar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales internacionales. Una vía cada vez más relevante para las empresas internacionales La mediación comercial internacional se ha consolidado como una alternativa cada vez más utilizada para resolver controversias derivadas de operaciones transfronterizas, al ofrecer procedimientos más ágiles, confidenciales y eficientes que el litigio judicial o, en determinados supuestos, el arbitraje. Para las empresas españolas y latinoamericanas con intereses en Asia, contar con profesionales conocedores tanto del entorno jurídico europeo como del ecosistema institucional chino puede facilitar la gestión de conflictos comerciales y contribuir a preservar las relaciones empresariales. "Las relaciones económicas entre España, Latinoamérica y China son hoy mucho más intensas y complejas que hace apenas unos años. En ese contexto, disponer de mecanismos eficaces para resolver disputas comerciales resulta esencial para generar confianza y ofrecer seguridad jurídica a las empresas que operan internacionalmente. Formar parte del panel internacional de mediadores del SQICMC supone una oportunidad para contribuir a ese objetivo y seguir acercando dos entornos jurídicos con modelos y culturas empresariales diferentes", afirma Álvaro de Luis Andrés, socio director del Asian Desk de NET CRAMAN Abogados. Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Álvaro de Luis Andrés cuenta con más de una década de experiencia asesorando a empresas en procesos de internacionalización y desarrollo de negocio en Asia. Desde NET CRAMAN dirige el Asian Desk de la firma, que cuenta con oficinas en Guangzhou, Hong Kong y Singapur y presta asesoramiento jurídico a compañías con intereses comerciales en la región.Álvaro de Luis Andrés, socio director del Asian Desk de NET CRAMAN Abogados, ha sido nombrado miembro del panel internacional de mediadores del Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center (SQICMC), uno de los principales centros oficiales de mediación comercial de China especializado en la resolución de disputas transfronterizas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Alvaro-de-Luis-Andres-socio-director-Asian-Desk-p486079-m1516084-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-chinahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Alvaro-de-Luis-Andres-socio-director-Asian-Desk-p486079-m1516084-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-chinahttps://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-chinahttps://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-china2026-08-03 05:29:352026-08-03 05:29:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486028La sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado señala que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza". Se trata de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal del pasado 8 de julio, recogida por Europa Press, que dictaminó que a estas personas se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistido en modificar la ley "por todos los medios" pues, a su juicio esta sentencia del Supremo provoca una "laguna" que "hay que remediar", después de la entrada de cientos de personas desde Marruecos a través de la frontera de la ciudad autónoma, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón. El alto tribunal remarcó el interés casacional en "determinar si es aplicable la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería respecto de las personas que son interceptadas en el mar, al pretender entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla y por ello es posible aplicarles el procedimiento de rechazo en frontera". Dicha disposición adicional reza: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Y es que el Supremo recoge que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entendió que quien entra a nado "no supera un elemento de contención fronterizo", por lo que no era aplicable la disposición adicional décima, un criterio compartido por la Sala. Así, remarca que el rechazo en frontera dentro de Ceuta y Melilla "no está contemplado con carácter general" en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería "para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas". Entonces, el alto tribunal precisa que la ley se refiere a elementos de contención fronterizos "y no exclusivamente a los terrestres ni, específicamente, a las vallas". Por ello, indica que "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han reconocido la necesidad de adoptar medidas ante estas situaciones de crisis, si bien han señalado que sería un "error" obviar el resto de problemas -sociales, políticos, humanitarios y económicos- que envuelven este tipo de crisis y poner el foco en resoluciones judiciales que, precisamente, "sirven para garantizar derechos humanos".El alto tribunal establece que las personas que accedan a Ceuta o Melilla a nado deben someterse al procedimiento ordinario de devolución, aunque admite que el rechazo en frontera podría aplicarse si existieran elementos de contención marítimos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2657931591-scaled-p486028-m1515842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2657931591-scaled-p486028-m1515842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencion2026-07-31 10:39:522026-07-31 10:39:52administrativoAdministrativo1Administrativo486015La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha destacado el buen comportamiento de la economía española y estima que podría crecer más de lo esperado en 2026, hasta el entorno del 2,5%. La patronal ha ensalzado la evolución económica de España, que mantiene su senda expansiva durante el segundo trimestre del año pese al retroceso de la de la inversión en bienes de equipo y la pérdida de fuerza del sector exterior, que impactan negativamente en la competitividad. De acuerdo con el avance de datos publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la actividad económica se ha acelerado una décima por encima con respecto al trimestre anterior (+0,7%), motivada por el mayor dinamismo de la demanda interna (+0,6 puntos). En tasa interanual, el PIB marca una tendencia de estabilidad, con un crecimiento del 2,7% por cuarto trimestre consecutivo. "Esto se debe a que el impacto del conflicto en Irán no ha sido relevante en el conjunto de la actividad económica", ha señalado la organización que dirige Antonio Garamendi. Todo ello pese a la desaceleración de la inversión bienes de equipo, que retrocede hasta el 0,1%, tres décimas menos que el trimestre anterior y siete que con respecto al cuatro trimestre de 2025. La inversión en vivienda y construcción también permanece estancada en el 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Del lado positivo, destaca el repunte de la inversión en productos de propiedad intelectual, hasta el 1,7%, ocho décimas más que en el primer trimestre. Así, la composición del crecimiento repite el mismo patrón del trimestre anterior, siendo el consumo privado y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) las variables que más han aportado al crecimiento, un 0,7% y un 0,4% trimestral. El sector exterior, por su parte, continúa en mínimos, con tan solo un 0,1% de avance en el trimestre.La patronal destaca la fortaleza de la demanda interna y la aceleración del PIB en el segundo trimestre, aunque advierte del debilitamiento de la inversión en bienes de equipo y de la escasa aportación del sector exterior.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/foto-ceoe-p486015-m1515808-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/foto-ceoe-p486015-m1515808-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-20262026-07-31 10:23:552026-07-31 10:23:55fiscalFiscal6Fiscal486001El decreto que amplía la jubilación anticipada por discapacidad a 11 nuevas patologías entra en vigor este viernes, 31 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida permitirá que en torno a 50.000 trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 45% puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años. Las nuevas discapacidades o patologías incluidas son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Párkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5. Para beneficiarse de esta medida sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión, las personas trabajadoras deben cumplir algunos requisitos como "estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante y acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento". En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación. Para el CERMI la entrada en vigor de esta ampliación constituye un avance "relevante en la protección social de las personas trabajadoras con discapacidad, al reconocer situaciones que hasta ahora no estaban consideradas pese a su severidad y a su incidencia sobre la esperanza de vida". El CERMI recuerda que esta reforma responde a una demanda sostenida del movimiento organizado de la discapacidad y ha valorado especialmente que el procedimiento creado en 2025 permita mantener abierto el catálogo de patologías, de modo que puedan seguir incorporándose nuevas discapacidades cuando exista evidencia científica suficiente que lo justifique. Por su parte, COCEMFE ha celebrado esta aprobación ya que se trata de "un avance histórico en la protección de derechos que permitirá que miles de personas puedan anticipar su jubilación en condiciones más justas y adaptadas a la realidad que supone convivir con enfermedades que reducen la esperanza de vida". No obstante, COCEMFE ha subrayado que "este proceso no concluye con la aprobación de este Real Decreto", puesto que la entidad ya ha presentado nuevos informes correspondientes a otras seis patologías --artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3-- para continuar ampliando el listado.La reforma permitirá anticipar hasta los 56 años la edad de jubilación de alrededor de 50.000 trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 45 %, siempre que cumplan los periodos de cotización y afectación exigidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2771701003-scaled-p486001-m1515774-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2771701003-scaled-p486001-m1515774-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mashttps://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mashttps://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mas2026-07-31 10:01:392026-07-31 10:01:39socialSocial13Social485988La tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable el pasado mes de junio en el 6,3%, donde se mantiene anclada desde marzo de 2026, mientras que en el conjunto de la Unión Europea repitió en el 6%, según los datos publicados por Eurostat. La oficina estadística europea calcula que en el sexto mes de 2026 un total de 13,31 millones de personas carecían de empleo en la UE, de los que 11,13 millones se encontraban en la zona euro. Esto supone un aumento mensual de 79.000 desempleados en la UE y de 71.000 en la zona euro, al tiempo que, en comparación con junio del año anterior, el desempleo subió en 112.000 personas en los Veintisiete y en 43.000 en la zona euro. Las mayores tasas de paro en la UE correspondieron a Finlandia, con un 10,5%; España, con un 10,3%; por delante de Suecia, con un 8,7%. Por el contrario, las menores cifras se observaron en Bulgaria y Chequia, con un 3% cada uno, mientras que Polonia registró un 3,1%. En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro de la UE repuntó al 15,5% desde el 15,4%, mientras que en la zona euro bajó una décima, al 14,8%. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,98 millones de personas, de los que 2,35 millones residían en la eurozona. En el caso de España, en junio de 2026 se contabilizaron 2,55 millones de personas sin empleo, de las cuales 456.000 eran menores de 25 años. Así, el paro juvenil en el país fue del 23,4%, el segundo más elevado del bloque comunitario por detrás de Suecia (24,9%) y por delante de Finlandia (23,2%).El desempleo se mantuvo en junio en el 6,3 % en la eurozona y en el 6 % en el conjunto de la Unión Europea, según Eurostat. España registró la segunda tasa de paro más elevada de los Veintisiete, con un 10,3 %, y un desempleo juvenil del 23,4 %.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2726386803-scaled-p485988-m1515740-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-juniohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2726386803-scaled-p485988-m1515740-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-juniohttps://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-juniohttps://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-junio2026-07-31 09:50:502026-07-31 09:50:50socialSocial13Social485915 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reunida el miércoles, 29 de julio, ha acordado mantener para los días 30 y 31 las medidas organizativas y de protección adoptadas el pasado domingo ante el incendio que afecta a varios municipios de la provincia de Castellón. La Sala acuerda esta nueva prórroga tras la información facilitada por las autoridades de emergencias por la que resulta "procedente mantener las medidas acordadas el domingo con el objetivo de priorizar la seguridad de las personas". En el acuerdo del domingo, la Sala recordaba que no existe obligación alguna de acudir a una sede judicial por una actuación jurisdiccional programada si existe cualquier dificultad. Bastará en estos casos una comunicación al órgano judicial para trasladar la imposibilidad de asistir. Esto incluso, cuando eso no sea posible, se entenderá que la incomparecencia está justificada. Por otra parte, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la solicitud de medidas 'cautelarísimas' planteada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que rechazó este lunes la suspensión de los señalamientos y plazos procesales, así como la adopción de medidas extraordinarias en los partidos judiciales afectados por los incendios: Madrid, Toledo, Ávila y Castellón. En el auto, recogido por Europa Press, el Supremo señala que la Sala "no es en absoluto insensible a la tragedia" que suponen los incendios "ni a las enormes dificultades que por causa de ella deben afrontar muchos abogados y otros profesionales y usuarios de la Justicia", por este motivo, aseguran que si fuera necesario adoptarían en un futuro la deccisión con eficacia retroactiva. "Por ello, creemos que es importante señalar algo: si el CGPJ considerase que, en algún momento y lugar, las consecuencias de los gravísimos incendios necesitan ser combatidas mediante la suspensión generalizada de señalamientos y plazos judiciales, nada le impediría dotar a su decisión de eficacia retroactiva", explican en el auto. Así, el tribunal recuerda que los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva "cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas". El TS reconoce en el escrito desestimatorio que aunque "ahora no se suspendan con alcance general todos los señalamientos y plazos procesales no comporta que los daños que pudieran producirse fuesen irremediables, pues siempre quedaría abierta la vía que se acaba de indicar". Este tribunal concreta que "quedan pocos días para el inicio del mes de agosto" que "no es hábil para la mayoría de las actuaciones procesales ni para el cómputo de los plazos". La presidenta de la Audiencia Provincial y de los diferentes Tribunales de Instancia trasladarán a la Sala de Gobierno, en caso de que lo consideren oportuno, la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria, las vistas y/o los plazos procesales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485915-m1515531-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485915-m1515531-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendio2026-07-30 10:00:572026-07-30 10:00:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico