https://elderecho.com/feedes485295  ¿Qué es la jubilación ordinaria contributiva? La jubilación ordinaria contributiva es una pensión mensual que recibe el trabajador al finalizar de forma total o parcial su vida laboral. Su finalidad es suplir la falta de las rentas derivadas de su trabajo y/o actividad profesional. ¿Hay cambios en la jubilación ordinaria contributiva en 2026? En 2026 no cambia la pensión de jubilación ordinaria en bloque, pero sí confluyen tres hitos prácticos: Se modifica la edad ordinaria por el calendario transitorio. Arranca una nueva forma de calcular la base reguladora (con regla de “mejor opción”). Se aplican las reglas de revalorización y cuantías del ejercicio 2026. ¿Qué requisitos hacen falta para acceder a la jubilación ordinaria? Para acceder a la pensión de jubilación ordinaria (modalidad contributiva) en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) han de cumplirse, esencialmente, requisitos de edad y de cotización. No es imprescindible estar en alta o situación asimilada en el momento de jubilarse, a diferencia de lo que ocurre en otras prestaciones (LGSS art. 165.1 y 205.2 y 3) ¿Qué edad mínima se necesita? La edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria en 2026 se determina en función de los años cotizados: 65 años si se acreditan 38 años y 3 meses o más. 66 años y 10 meses si no se alcanza esa cotización. A partir del 1-1-2027: 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses o más. 67 años si no se alcanza esa cotización. (LGSS art. 205 y disp.trans. 7ª) ¿Qué tiempo de cotización se exige? Es necesario acreditar los siguientes periodos de cotización: Carencia genérica: 15 años de cotización efectiva (5.475 días), sin computar la parte proporcional de pagas extraordinarias. Carencia específica: al menos 2 años (730 días) deben estar comprendidos dentro de los años anteriores al hecho causante. Existen reglas distintas si se accede desde una situación de no alta (los 2 años deben estar comprendidos dentro de los 15 anteriores al momento de la solicitud) o desde una situación de alta o alta asimilada, pero sin obligación de cotizar (se aplica la “teoría del paréntesis”). (LGSS art 205.1.b. y disp.trans.3ª.3; RD 1647/1997 art. 2). ¿Cómo se computa la edad y los periodos de cotización? Para acceder a la pensión de jubilación, hay que tener en cuenta lo siguiente: La edad se calcula en años y meses, “de fecha a fecha”, y si no hay día equivalente en el mes de vencimiento, se entiende cumplida el último día del mes. Las cotizaciones se computan en días, sin pagas extra, convirtiéndose a años/meses con valores fijos (año=365 días; mes=30,41666 días), tomando años y meses completos (no se equipara a un año o a un mes las fracciones de los mismos). Se computan igualmente períodos ficticios (por ejemplo, excedencias por cuidado, beneficios por cuidado de hijos/menores acogidos, y asimilación por parto). (RD 1716/2012 art. 1) ¿Cómo afectan a la pensión las situaciones de pluriempleo y pluriactividad? a) El pluriempleo supone trabajar al mismo tiempo en varias empresas y estar de alta y cotizando en cada una de ellas, siempre en el mismo Régimen (por ejemplo, en todas dentro del Régimen General). En este caso, se suman todas las bases de cotización sin que el total supere el tope máximo. b) La pluriactividad significa estar de alta en varios regímenes de la Seguridad Social simultáneamente, por ejemplo, cuando se trabaja por cuenta ajena para una empresa y, al mismo tiempo, por cuenta propia dado de alta en el RETA (régimen especial de trabajadores autónomos). En tal caso, pueden darse 4 situaciones en el momento de acceder a la jubilación: Estar en alta o asimilada en todos los regímenes: esto puede generar pueden pensiones distintas si se cumplen los requisitos en cada régimen. No estar de alta o asimilada en todos los regímenes: para generar pensiones independientes, se exige una superposición de cotizaciones durante 15 años. Que se tengan cotizaciones superpuestas y solo se tenga derecho a percibir la pensión de jubilación ordinaria en uno de los regímenes: se tiene en cuenta la totalización de bases para calcular base reguladora, sin que la suma de las bases pueda superar el límite de cotización máximo anual. En el caso de cotizaciones no superpuestas, cabe el cómputo recíproco de cotizaciones no superpuestas en el Régimen con más cotizaciones. (LGSS art. 49, 148.2, 161.2 y 3; D 2957/1973; RD 691/1991; RD 2064/1995 art. 7.4 y 9) ¿Cómo se calcula la cuantía de la pensión? La cuantía de la pensión se calcula en función de dos variables: La base reguladora:  que es el “promedio” de las bases de cotización a la Seguridad Social durante un determinado periodo de referencia. El porcentaje: que tiene en cuenta los meses/años cotizados. ¿Cómo se determina la base reguladora? Desde el 1-1-2026 comienza un régimen transitorio (hasta el 31-12-2043) que amplía progresivamente el período de cómputo y permite descartar meses peores. La entidad gestora (INSS) debe aplicar de oficio el método más favorable entre el “cálculo clásico” (25 años) y el nuevo cálculo progresivo (que empieza en 2026 con 25 años y 2 meses dentro de una ventana de 25 años y 4 meses, de forma que el periodo de referencia se eleva progresivamente 4 meses por año hasta llegar a los 29 años). Por tanto, en 2026 hay dos métodos posibles de cálculo (se aplica el más favorable): Método “clásico”: 25 años: Se toman las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. La base reguladora es: suma de esas 300 bases / 350. Nuevo método transitorio 2026: Se toma una “ventana” de 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Dentro de esa ventana, se seleccionan las 302 bases de cotización de mayor importe. La base reguladora es: suma de esas 302 bases / 352,33. En ambos métodos, las 24 últimas bases se computan con su valor nominal y el resto se actualiza por IPC desde el mes 25º. (LGSS art. 209.1, disp.trans. 4ª.7 y 40ª; D 2957/1973; RD 691/1991; RD 2064/1995) ¿Y si tengo periodos en los que no he cotizado? Cuando existan periodos sin cotización, se realiza lo que se denomina “integración de lagunas de cotización” a través de dos sistemas: Con carácter general: las primeras 48 lagunas se integran al 100% de base mínima y el resto al 50% de la misma base. El régimen aplicable desde el 1-1-2026: mientras que la brecha de género supere el 5%: Las primeras 60 lagunas se integran al 100% de la base mínima de cotización. De la 61ª a la 84ª al 80% de la base mínima de cotización. Y el resto al 50% de la base mínima de cotización. Las anteriores reglas se aplican a las mujeres y a los hombres en igualdad de condiciones. (LGSS art. 209.1.b EDL 2015/188234; RD 1647/1997 art. 4. EDL 1997/24889) ¿Cómo se fija el porcentaje? Una vez determinada la base reguladora, a la cuantía resultante se le aplica un porcentaje que se fija en función de los años cotizados. Regla general (periodo 2023-2026): Con los primeros 15 años se alcanza el 50%. Con los meses adicionales: 0,21% por cada uno de los siguientes 49 meses y 0,19% por los 209 meses siguientes. Para alcanzar el 100% es necesario tener cotizados 36 años y 6 meses. El cálculo se hace por meses, sin redondeos al alza por fracciones de mes/año, y con conversión de días a años/meses con los valores fijos indicados. A partir de 2027: Por cada mes adicional entre los meses 1 y 248, 0,19%. Esto supone que por los primeros 15 años, se alcance el 50%.  Por los 16 meses siguientes, el 0,18%. Por tanto, se alcanza el 100% con 37 años de cotización. (LGSS art. 210.1 y disp.trans.9ª; RD 1716/2012 art. 3.1; OM 18-1-1967 disp.trans.2ª) ¿Cuáles son las cuantías máximas y mínimas en 2026? La cuantía máxima bruta fijada para 2026 es de 47.034,40 €/año (equivalente a 3.359,60 €/mes en 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extra por el mismo importe). También opera como límite conjunto si se perciben dos o más pensiones públicas. La cuantía mínima bruta se establece con carácter anual y se determina en función de la edad del beneficiario, y de la existencia o no de cónyuge (a cargo/no a cargo/sin cónyuge).     Con cónyuge a cargo Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) Con cónyuge no a cargo Titular con 65 años 17.592,40 €/año (1.256,60 €/mes) 13.106,80 €/año (936,20 €/mes) 12.441,80 €/año (888,70 €/mes) Titular menor de 65 años 17.592,40 €/año (1.256,60 €/mes) 12.262,60 €/año (875,90 €/mes) 11.590,60 €/año (827,90 €/mes) Titular con 65 años procedente de gran incapacidad 26.385,80 €/año (1.884,70 €/mes) 19.660,20 €/año (1.404,30 €/mes) 18.662,00 €/año (1.333,00 €/mes)   RDL 3/2026 art. 1, disp.adic. 1ª y Anexo I; RD 241/2026 art. 3 y Anexo I. ¿Cuáles son los efectos del IRPF sobre la pensión de jubilación? La pensión de jubilación se considera un rendimiento del trabajo y está sujeta a IRPF y retención. No obstante, para determinar el tipo de retención en el caso de contribuyentes que perciben pensiones de la Seguridad Social, la cuantía total de los rendimientos del trabajo se minora, además, en 600 €. L 35/2006 art. 17.2.a; RD 439/2007 art. 81, 82, 83 y 84 a 87. ¿Cómo y en qué plazo se solicita la pensión de jubilación? La solicitud se realiza por escrito a través del impreso oficial existente en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o en internet, en la página de la Seguridad Social www.seg-social.es Para la presentación existen varias posibilidades Personalmente en el CAISS, aportando la siguiente documentación: DNI/pasaporte/NIE, libro de familia o certificado del Registro Civil, en caso de cómputo de los días cotizados por parto y los datos para la domiciliación bancaria. Online, a través de la página https://tramites.seg-social.es/tramites/pension-jubilación-nacional.html marcando la opción “tengo cl@ve permanente, certificado digital o DNI electrónico”, en caso de disponer del mismo. El plazo de presentación puede ser de hasta 3 meses antes a la fecha prevista de cese en el trabajo. La solicitud debe resolverse y notificarse al beneficiario en el plazo máximo de 90 días (RD 286/2003. EDL 2003/5425). ¿El plazo para solicitar la pensión de jubilación puede prescribir? El derecho a la pensión de jubilación es imprescriptible, si bien sus efectos económicos se vinculan al hecho causante. LGSS art. 212. EDL 2015/188234. ¿Se puede desistir de la pensión de jubilación una vez solicitada) Se admite que la persona trabajadora desista de la pensión una vez notificado su reconocimiento, sin que tal desistimiento se considere una renuncia. Por tanto, puede solicitarse más adelante, al ser el derecho imprescriptible (TS 26-4-23, EDJ 2023/559147). ¿Cuándo se empieza a cobrar la pensión? El cobro de la pensión de jubilación contributiva del RGSS se inicia, como regla general, desde el día siguiente al hecho causante (la fecha en que se entiende “causada” la pensión).  ¿Y cómo se fija el hecho causante y, por tanto, el inicio del cobro? De la siguiente forma: Regla general (elección de fecha en la solicitud): La pensión se entiende causada en la fecha indicada por la persona interesada en la solicitud, siempre que en esa fecha reúna los requisitos y que dicha fecha esté dentro de los 3 meses anteriores o posteriores a la presentación (o coincida con ella). Esa será la fecha que determina el inicio del cobro (al día siguiente). Si se accede desde alta (cese en el trabajo): el hecho causante se sitúa, con carácter general, en el día de la baja en el régimen por el cese en el trabajo; en consecuencia, el cobro comienza al día siguiente. Cuando el último día de trabajo coincide con el último día del mes, el hecho causante se produce al día siguiente, que es el primer día en que no se trabaja (TS 17-10-24, EDJ 715821). Si la solicitud se presenta tarde (límite de retroactividad): Si se solicita pasados 3 meses del hecho causante, la retroactividad máxima de efectos económicos es de 3 meses (con particularidades en supuestos de extinción de prestaciones de desempleo y en autónomos). (RD 453/2022 art. 1, 2, 3 y 4.2. EDL 2022/20558) ¿Cuándo se extingue la pensión de jubilación? La pensión de jubilación se extingue con la muerte del beneficiario. El devengo de la pensión se produce hasta el último día del mes del fallecimiento y se abona el primer día hábil del mes siguiente. En este caso, los herederos tienen derecho a solicitar la cuantía que corresponda. (OM 18-1-67 art. 17. EDL 1967/1905; OM 22-2-98 art. 24.1. EDL 1996/14278) ¿Qué ocurre si los herederos (o cualquier tercero) no comunican el fallecimiento y siguen cobrando la pensión? Puesto que la pensión del causante se devenga hasta el último día del mes en que se produce el fallecimiento, cualquier abono posterior carece de cobertura y, por tanto, es indebido. Por Quien haya percibido indebidamente la pensión debe reintegrarla. Además, pueden responder subsidiariamente quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida, salvo que acrediten buena fe. Además, si se oculta conscientemente el fallecimiento y con ello se prolonga indebidamente el cobro, puede configurarse un delito de fraude de prestaciones del art. 307 ter CP (pena de prisión o multa según gravedad, con consecuencias accesorias). Además, en estos fraudes, puede apreciarse responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria colaboradora si incumple su deber reglamentario de control de la pervivencia del titular, llegando a ser declarada responsable civil subsidiaria en sede penal. ¿Hay algún plazo para comunicar el fallecimiento al INSS? Legalmente no existe un plazo determinado para que los herederos, principalmente, comuniquen el fallecimiento del pensionista y que automáticamente no pueda considerarse que existe fraude. Lo adecuado es hacerlo lo antes posible. La valoración penal depende, sobre todo, de si hay ocultación consciente del fallecimiento y disposición/cobro de prestaciones que ya no correspondían. ¿La pensión de jubilación es compatible con otras pensiones de la Seguridad Social? La regla general es que la pensión de jubilación es incompatible con cualquier otra pensión del RGSS. Cuando se le reconoce una nueva pensión al beneficiario de jubilación que resulte incompatible con la que percibe, de oficio, la entidad gestora continúa pagando al beneficiario la pensión de mayor cuantía, dejando la otra en suspenso. No obstante, el beneficiario puede solicitar y optar por que se le pague la pensión suspendida, produciendo efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud de opción. No obstante, como toda regla general hay excepciones, y la pensión de jubilación es compatible con: Pensión de jubilación reconocida en otros regímenes de la Seguridad Social, siempre que no se haya utilizado el cómputo recíproco de cotizaciones para su reconocimiento. La pensión de viudedad. La pensión de incapacidad permanente total por accidente de trabajo reconocida antes de 1967. (LGSS art. 163. EDL 2015/188234) ¿Se puede trabajar mientras se percibe la pensión de jubilación contributiva ordinaria? La regla general es que la pensión de jubilación es incompatible con la realización cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, siempre que implique la inclusión dentro de algún régimen de la Seguridad Social. Asimismo, resulta incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público y con el desempeño de altos cargos. No obstante, existen excepciones en las que la pensión de jubilación es compatible con: Jubilación parcial y jubilación flexible. Jubilación activa. Ingresos generados por actividad por cuenta propia que no superen el SMI. Actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados en alta en una Mutualidad alternativa o exentos del alta en el RETA. Desempeño de las funciones inherentes a la titularidad del negocio. Actividades de los profesores universitarios eméritos y del personal sanitario universitario emérito. Trabajo de los facultativos de atención primaria, médicos de familia o pediatras, adscritos al sistema nacional de salud (SNS) con nombramiento estatutario o funcionario. Actividades de creación artística. (LGSS art. 213. EDL 2015/188234) ¿Qué ocurre si se inicia un trabajo por cuenta ajena o una actividad profesional y se está cobrando la jubilación ordinaria? Si se inicia un trabajo o actividad profesional mientras se cobra la jubilación ordinaria contributiva, la regla general es la incompatibilidad y, por tanto, la pensión puede quedar suspendida mientras dure la actividad. Si la actividad incompatible se desarrolla sin comunicación y se sigue cobrando la pensión, el INSS reclamará el reintegro de lo indebidamente percibido y, además, dicha situación se considera una infracción grave, que puede suponer de pérdida de la pensión durante 3 meses. Sí existen supuestos legales de compatibilidad, principalmente son: la jubilación activa, si se cumplen sus requisitos; el trabajo por cuenta propia con ingresos netos anuales no superiores al SMI; la jubilación flexible en caso de trabajo a tiempo parcial, con reducción proporcional de la pensión; y ciertos regímenes especiales, como la actividad artística o el personal sanitario contemplado expresamente por la ley. La valoración final depende siempre de qué tipo de trabajo se inicia, si es por cuenta propia o ajena, si obliga o no al alta en Seguridad Social, si se desarrolla en el sector privado o público y si concurren los requisitos específicos de alguna modalidad de compatibilidad. (LGSS art. 213. EDL 2015/188234; LISOS art. 25.1) PREGUNTAS FRECUENTES  ¿Cuáles son los requisitos generales para acceder a la jubilación ordinaria? Estar afiliado, tener cumplida cierta edad mínima y tener cubierto un período mínimo de cotización o carencia. No es necesario estar de alta o en situación asimilada al alta. ¿Qué edad ordinaria se exige en 2026? 65 años si se acreditan 38 años y 3 meses o más de cotización; si no, 66 años y 10 meses. ¿Qué exige la carencia genérica y la carencia específica? Carencia genérica: 15 años (5.475 días). Carencia específica: 2 años (730 días) dentro de los 15 años anteriores (con reglas según acceso desde no alta o alta/asimilada sin obligación de cotizar). ¿Cómo se fija el hecho causante y qué ventana temporal se exige respecto de la solicitud? Como regla general, la pensión se entiende causada en la fecha indicada por el interesado al solicitarla si esa fecha está dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al día de presentación (o coincide), y los efectos económicos se producen, con carácter general, desde el día siguiente. ¿El derecho a solicitar la pensión de jubilación tiene un plazo de prescripción? No, el derecho es imprescriptible, aunque los efectos económicos se vinculan al hecho causante. ¿Dónde se realiza la solicitud de jubilación y cómo puede presentarse? Por escrito con impreso oficial, en CAISS o por internet en la web de la Seguridad Social; puede presentarse personalmente en CAISS u online. ¿Cuál es el plazo máximo de resolución de la solicitud? 90 días. ¿Qué ocurre si se solicita la pensión pasados 3 meses del hecho causante? La retroactividad máxima de efectos económicos es de 3 meses. ¿Cuándo se extingue la pensión de jubilación? Se extingue con la muerte del beneficiario. ¿Hasta cuándo se devenga la pensión si fallece el beneficiario? Hasta el último día del mes del fallecimiento. ¿Cuándo se abona la mensualidad vinculada al fallecimiento? El primer día hábil del mes siguiente. ¿Qué plazo tienen los herederos para comunicar el fallecimiento al INSS? No hay un plazo legal para hacer esta comunicación. La comunicación debe hacerse a la mayor brevedad posible. Si se reconoce una nueva pensión incompatible a un jubilado, ¿qué hace la entidad gestora? El INSS continúa pagando de oficio la pensión de mayor cuantía y deja la otra en suspenso. ¿Qué efectos tiene iniciar un trabajo incompatible mientras se cobra la jubilación? Se suspende la pensión mientras dure el trabajo incompatible. Si no se comunica previamente al INSS, se reintegra lo cobrado indebidamente y puede haber sanción de pérdida de la pensión durante 3 meses. ¿Hay opciones de compatibilidad con alguna actividad profesional? Jubilación parcial y flexible; trabajo de facultativos de atención primaria del SNS; actividades de creación artística; jubilación activa; ingresos por cuenta propia que no superen el SMI; actividad por cuenta propia de profesionales colegiados en mutualidad alternativa o exentos del RETA; desempeño de funciones inherentes a la titularidad del negocio; actividades de profesores universitarios eméritos y personal sanitario universitario emérito.En este artículo analizamos los requisitos, los plazos y la casuística relacionada con el acceso a la jubilación ordinaria contributiva en el RGSS.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/07/Jubilacion-parcial-p485295-m1513789-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limiteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/07/Jubilacion-parcial-p485295-m1513789-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limiteshttps://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limiteshttps://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limites2026-07-16 14:37:082026-07-16 14:37:08sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485282La calidad del dato desde su origen es un elemento esencial para la seguridad jurídica preventiva y para la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción. Este ha sido el hilo conductor de la primera jornada del Curso de Verano de Fundación Notariado, en la que juristas, fiscales y notarios han coincidido en que solo la información previamente verificada puede ofrecer las garantías necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos, facilitar la actuación de las autoridades y generar confianza en un entorno cada vez más digital. El director general de Fundación Notariado y director del Curso de Verano 2026, Raimundo Fortuñy, ha inaugurado la jornada, acompañado del subdirector académico de los Cursos de Veranos de la UPV/EHU, Juan de Gracia Igelmo. Fortuñy ha expresado su deseo de que “estas jornadas sirvan de reflexión y permitan entender que una sociedad democrática avanzada no solo necesita que la información circule de forma rápida, sino, por encima de todo, certidumbre y veracidad. Tanto el documento privado como el público generan datos; el notario genera confianza y, por tanto, el instrumento público aporta información veraz, íntegra y auténtica”. Garantía de los datos Igone Aretxaga González, secretaria de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, ha sido la encargada de presentar las distintas ponencias y de introducir a los expertos participantes a lo largo de la jornada. La conferencia inaugural, "El notario como fuente auténtica", ha sido a cargo de José Carmelo Llopis Benlloch, decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Durante su intervención, Llopis ha defendido que el documento público no constituye únicamente el soporte de un negocio jurídico, sino la garantía de que los datos que incorpora han sido previamente sometidos al control de legalidad del notario. Ha sostenido que, en un entorno cada vez más digital, "el verdadero valor no está solo en intercambiar datos, sino en poder confiar en ellos". En este sentido, ha advertido que cuanto más circulan los datos y mayor es la interoperabilidad entre sistemas, más necesario resulta que la información tenga un origen fiable. "La digitalización no consiste en sustituir controles, sino en trasladarlos al nuevo entorno tecnológico para que ciudadanos, empresas y administraciones puedan seguir confiando en la información con la misma seguridad jurídica", ha afirmado. A su juicio, esa es la aportación esencial del documento público, que convierte los datos en información jurídicamente fiable y sitúa al notariado como una auténtica fuente de confianza. La segunda conferencia, "El dato en la prevención del blanqueo de capitales. La eficacia del OCP del Notariado", ha estado a cargo de Pedro Galindo Gil, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. 176 millones de documentos notariales Galindo ha explicado que el Índice Único Informatizado Notarial (IUIN), que reúne información procedente de más de 176 millones de documentos notariales, se ha convertido en "la ventana a través de la cual administraciones públicas, jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado miran al mundo notarial". Para el director del OCP, "el Índice no es una simple relación de datos: es dato auténtico, equiparable al valor del documento público del que procede. Ese es el verdadero valor añadido que permite el tratamiento masivo de información. Si el dato es auténtico, podemos empezar a construir sobre él servicios de enorme utilidad para las administraciones públicas". Como ejemplo del valor de esta información, ha señalado que en los últimos cuatro años por las notarías españolas han pasado 2.650.001 millones de sociedades de responsabilidad limitada, frente a los 1.309.831 millones de sociedades que presentaron cuentas en el Registro Mercantil el pasado año. Para profundizar en la relevancia del IUIN, la mesa redonda "Dato y prevención del blanqueo", moderada por Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de OCP del Notariado, ha reunido al notario de Taormina, Giovanni Liotta, y al fiscal anticorrupción, Tomás Herranz Saurí. Desde una perspectiva europea, Giovanni Liotta ha compartido la experiencia del notariado italiano en la prevención del blanqueo de capitales y ha destacado la solidez del modelo español. "En Italia disponemos de un sistema similar al Índice Único Informatizado Notarial y hemos estudiado el modelo de España de prevención del blanqueo. Estamos ultimando una norma que permitirá replicar el modelo del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo del Notariado español porque, tras analizar los distintos sistemas europeos, consideramos que es el más avanzado", ha afirmado. Por su parte, Tomás Herranz ha destacado la eficacia de la colaboración entre el Notariado, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras instituciones implicadas en la lucha contra la delincuencia económica. "Los datos del Notariado nos permiten obtener muchísima información sobre personas físicas o jurídicas que son objeto de investigación. Esa información la obtenemos en apenas tres minutos, que es lo que tarda el OCP en responder a nuestra petición", ha señalado. La jornada ha concluido con la conferencia "Legislar en consideración al dato. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública", impartida por Lorenzo Prats Albentosa, catedrático de Derecho Civil de CUNEF Universidad y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Prats ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y ha advertido que la sustitución de la escritura pública por el documento privado en determinadas transmisiones de participaciones sociales podría debilitar un sistema de prevención del fraude y del blanqueo reconocido internacionalmente. A su juicio, “la protección de la intimidad y la lucha contra la corrupción no son objetivos incompatibles cuando las autoridades e instituciones pueden apoyarse en información de alta calidad, previamente comprobada por el notario”. En este sentido, ha defendido que el Índice Único Informatizado y la Base de Datos de Titularidad Real constituyen herramientas esenciales para compatibilizar la protección de los derechos fundamentales con una persecución eficaz de la delincuencia económica, en un modelo reconocido como buena práctica por organismos internacionales como el GAFI y GRECO. La primera jornada del Curso de Verano ha puesto de relieve que la transformación digital no podrá construirse únicamente sobre nuevas tecnologías, sino sobre información jurídicamente fiable desde su origen. Esa premisa constituye también el punto de partida de la segunda jornada del curso, dedicada a analizar el papel que desempeñarán esos datos verificados en el despliegue de la cartera digital europea y de la futura cartera europea para empresas.La primera jornada del Curso de Verano de Fundación Notariado ha puesto de relieve que la fiabilidad y autenticidad del dato son una garantía esencial para prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Curso-de-Verano-Fundacion-Notariado-Fortuny-De-Gracia-y-Nanclares-p485282-m1513756-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Curso-de-Verano-Fundacion-Notariado-Fortuny-De-Gracia-y-Nanclares-p485282-m1513756-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcionhttps://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcionhttps://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcion2026-07-16 14:01:102026-07-16 14:01:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485270 La Comisión Europea ha anunciado este jueves 16 de abril que da un plazo de doce meses a Google para que abra las funciones clave de Android a servicios rivales de Inteligencia Artificial (IA) y que antes, a más tardar en enero, comparta también datos de Google Search con otros motores de búsqueda, tal y como exige la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Transformación digital "La sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Necesitamos que este proceso sea justo y garantizar que nuestros ciudadanos tengan opciones. Nuestra decisión ayudará a los competidores más pequeños a competir y ofrecer esas opciones, al tiempo que protegemos la privacidad del usuario", ha destacado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera. Bruselas ya trasladó en abril al gigante tecnológico unas conclusiones preliminares pidiendo los cambios en Android, pero ahora formaliza la medida que convierte en vinculante y establece plazos para que Google garantice que terceros tengan un acceso efectivo y la interoperabilidad con capacidades clave del sistema operativo Android. Actualmente, según relató Bruselas, Google reserva en gran medida estas capacidades para el uso de sus propias soluciones de IA en teléfonos y tabletas Android, por ejemplo mediante Gemini; y los servicios comunitarios quieren asegurar que los usuarios pueden activar fácilmente en sus dispositivos servicios alternativos de competidores mediante una "palabra de activación" personalizada, es decir, con una frase que el usuario pueda pronunciar para activar su servicio de IA. Protección de privacidad En todo caso, la Comisión advierte de que los cambios incorporarán "salvaguardas robustas" para garantizar la protección de la privacidad de los usuarios, la integridad de los dispositivos y la seguridad. En cuanto a Google Search y la imposición de que comparta los datos de búsqueda, Bruselas argumenta que ese intercambio es "crucial" para el desarrollo y la optimización de los motores de búsqueda rivales y que permitirá una competencia "más justa" con el servicio de Google y fomentar alternativas innovadoras, "centradas en la privacidad". Entre los ejemplos expuestos, Bruselas apunta que los 'chatbot' de IA que ofrecen funcionalidades de búsqueda puedan recibir datos compartidos y que, previa anonimización, Google deba compartir los mismos datos que recopila para optimizar sus propios servicios de búsqueda; al tiempo que subraya que la decisión impuesta garantiza la anonimización de los datos. En todo caso, Bruselas indica que sus directrices establecen una "fórmula justa para calcular el precio de los datos compartidos y un proceso transparente para acceder a ellos", con el objetivo de permitir a las empresas ofrecer a los usuarios europeos "una gama más amplia y completa de opciones, tanto en lo que respecta a sus servicios de IA en Android como en otras plataformas y servicios de búsqueda". El plan presentado por la Comisión a la compañía permitirá a Google "evaluar, antes de compartir cualquier dato, si compartirlo con un tercero específico supone graves riesgos para la ciberseguridad y la protección de datos".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2725886531-1-p485270-m1513720-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busquedahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2725886531-1-p485270-m1513720-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busquedahttps://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busquedahttps://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busqueda2026-07-16 13:52:392026-07-16 13:52:39ciberseguridadCiberseguridadsector-juridicoSector jurídicoCiberseguridad,Sector jurídico485256La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara Peláez de un delito de desobediencia grave a la autoridad por el que había sido condenado al no atender los requerimientos de un juzgado el 6 de mayo de 2020, durante el estado de alarma por la pandemia del COVID-19, para que se prestara asistencia jurídica a cuatro detenidos, que fueron puestos en libertad. El tribunal ha estimado el recurso del exdecano y ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que rebajó a 2.700 euros la multa de 5.400 euros que le había impuesto por el citado delito el juzgado de lo Penal nº 15 de dicha ciudad. De acuerdo a la información facilitada por Comunicación del Poder Judicial, el Tribunal Supremo ha considerado que no todo requerimiento judicial puede servir de base para la construcción de un delito de desobediencia y que será necesario que por las circunstancias la desatención de la orden pueda ser etiquetada de grave. Contumacia y persistencia La Sala indica que en este caso no se detecta en la secuencia de los hechos que transcurren en unas pocas horas una oposición firme, pertinaz y abierta a la orden de la Magistrada; mostrándose la disposición a cubrir el servicio por otro procedimiento que luego resultó inviable, momento en que se rectifica. Señala que “no hay contumacia y persistencia obstinada. Estamos más bien ante dilaciones o retrasos en el acatamiento provocados por la estimación -equivocada, pero en alguna medida disculpable- de que había otra alternativa que se ofrecía para cubrir el servicio. No es una oposición firme de fondo, decidida, sin paliativos, obstinada, inmotivada, lo que permite entender que no se alcanzan las cotas de gravedad que discriminan entre el ilícito penal y las acciones que solo podrán ser reconducidas al tipo residual del art. 556.2 (en el que no encaja la conducta aquí enjuiciada) o a otros ámbitos sancionadores”. Añade que “no consta en las actuaciones, ni durante la instrucción ni en el plenario elemento alguno que permita afirma que el Decano actuó impulsado por la enemistad personal que pudiera albergar hacia la jueza y su esposo, también magistrado. Por el contrario, los datos obrantes en la causa resultan compatibles con que su actuación obedeciera al propósito de velar por la protección sanitaria de los colegiados a quienes representaba”. Para el tribunal, la argumentación en que se basa la condena, ratificada por la Audiencia Provincial, parte de una base que desconoce el contexto en que se produce y atribuye un comportamiento delictivo desproporcionado contemplado desde el derecho penal, por cuanto "la existencia de desavenencias no implica necesariamente una dolosa intención de desobedecer". Requerimiento judicial Ante situaciones de excepcionalidad como fue la del COVID -según la sentencia- “debían adoptarse medidas de excepcionalidad que podían considerarse las adecuadas. El acusado al constatar que no era viable su propuesta cedió inmediatamente plegándose al requerimiento judicial”. El tribunal considera que la orden dada por la Juez de Guardia podría suscitar, en el contexto antes aludido, reticencias no justificadas, pero si disculpables en alguna medida, en quien se sentía -y era- responsable de evitar situaciones de riesgo sanitario para los colegiados. “Tenía el Decano obligación de proteger y tutelar ante esa eventualidad. No hubo un estado de necesidad ex art. 20-5 CP, en sentido estricto, pero sí una situación que podría llevar a percibirlo así”, subrayan los magistrados.La Sala de lo Penal anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que rebajó a 2.700 euros la multa de 5.400 euros que le había impuesto el juzgadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/10/Jose-Manuel-Conejo-Inmaculada-Atencia-Francisco-Javier-Lara-Maria-Dolores-Lopez-Marfil-y-Salvador-Gonzalez-p485256-m1513682-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/10/Jose-Manuel-Conejo-Inmaculada-Atencia-Francisco-Javier-Lara-Maria-Dolores-Lopez-Marfil-y-Salvador-Gonzalez-p485256-m1513682-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemia2026-07-16 13:38:172026-07-16 13:38:17comentarios-de-jurisprudenciaCom. Jurisprudenciasector-juridicoSector jurídicoCom. Jurisprudencia,Sector jurídico485243La complejidad creciente del sistema tributario plantea nuevos desafíos para los ciudadanos, las empresas y los profesionales del Derecho. En un contexto en el que el Derecho Tributario se ha consolidado como la especialidad jurídica con mayor crecimiento en España, duplicando su volumen de negocio desde 2019, aportar claridad allí donde esa complejidad puede generar incertidumbre es el propósito con el que Abogacía Española ha presentado este miércoles su nuevo Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT). Se trata de un órgano estratégico integrado por 11 destacados especialistas que contribuirán al análisis de los principales retos del sistema tributario y a la elaboración de propuestas para fortalecer la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contribuyentes. Durante la presentación el 15 de julio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador Gónzalez, explicaba que el nuevo órgano responde a la necesidad de incorporar conocimiento experto allí donde el ordenamiento jurídico exige cada vez una mayor especialización. González ha destacado que el nuevo Consejo Asesor aspira a convertirse en un referente en Derecho Tributario desde la perspectiva de la Abogacía, promoviendo la defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la mejora de la calidad normativa. La creación del CADT coincide con un momento de especial dinamismo para el Derecho Tributario. Según los últimos datos elaborados por Abogacía Española a partir de la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación de esta especialidad ha pasado de 654 millones de euros en 2019 a cerca de 1.388 millones en 2024, lo que supone un crecimiento acumulado del 112 %, muy por encima de la evolución del conjunto del sector jurídico. El CADT nace como un espacio permanente de análisis y reflexión para estudiar la evolución del sistema tributario y formular propuestas que contribuyen a una regulación más clara, estable y predecible. Entre sus objetivos figuran también impulsar el diálogo institucional, favorecer la colaboración con las administraciones públicas, promover la formación especializada y elaborar estudios e informes que ayuden a mejorar la calidad del sistema. 11 referentes del Derecho Tributario El nuevo Consejo Asesor reúne a 1 profesionales de reconocido prestigio procedentes de distintos ámbitos del Derecho, una composición que refleja la voluntad de integrar conocimiento académico, experiencia institucional y práctica profesional para abordar los desafíos del sistema tributario desde una visión plural y multidisciplinar. Los miembros del Consejo Asesor son: José Manuel Almudí, decano de la Facultado de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Bernardo Bande, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Gabriel Casado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Chico, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos. Maximino Linares, abogado del Estado y especializado en litigación tributaria. Sandra González de Lara, magistrada del Tribunal Supremo. Cristina Llop, consejera y tesorera de Abogacía Española. Antònia Martí, consejera de Abogacía Española. Manuel Mata, consejero de Abogacía Española. Saturnina Moreno, catedrática Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha. José Andrés Sánchez, abogado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Administraciones tributarias El principal reto de este Comité es el de estudiar y generar debate, proponiendo soluciones que contribuyan a un mejor equilibrio entre las funciones de las Administraciones tributarias y la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes en un ámbito en el que la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar debe ir acompañada de un escrupuloso respeto a dichos derechos. La calidad normativa, la seguridad jurídica, la predecibilidad de las decisiones administrativas, el derecho de defensa y el secreto profesional serán algunos de los ámbitos en los que el Comité centrará sus análisis. Además, se analizarán cuestiones más transversales como la revisión del régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto en el ámbito tributario. El objetivo será analizar posibles fórmulas que permitan compatibilizar el normal funcionamiento de las Administraciones tributarias con una mejor conciliación del ejercicio profesional de los profesionales de la abogacía especializados en Derecho Tributario, garantizando al mismo tiempo la tutela efectiva de los derechos e intereses de los contribuyentes. El nuevo órgano estudiará posibles mecanismos de flexibilidad o de inhabilidad parcial durante ese periodo que contribuyan a reforzar tanto la protección de los ciudadanos como la dignidad y las condiciones de ejercicio de los profesionales que los representan.El Consejo Asesor de Derecho Tributario es un órgano estratégico integrado por 11 profesionales procedentes de la abogacía, la judicatura, la enseñanza y la Administración. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/fotonoticia_20260715174507_1920-p485243-m1513648-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-da-un-paso-al-frente-para-reforzar-la-seguridad-juridica-de-los-ciudadanos-en-materia-tributariahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/fotonoticia_20260715174507_1920-p485243-m1513648-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-da-un-paso-al-frente-para-reforzar-la-seguridad-juridica-de-los-ciudadanos-en-materia-tributariahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-da-un-paso-al-frente-para-reforzar-la-seguridad-juridica-de-los-ciudadanos-en-materia-tributariahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-da-un-paso-al-frente-para-reforzar-la-seguridad-juridica-de-los-ciudadanos-en-materia-tributaria2026-07-16 13:28:432026-07-16 13:28:43mercantilMercantil8sector-juridicoSector jurídicoMercantil,Sector jurídico485219Ius+Aequitas Trial Lawyers ha incorporado como Of Counsel a Alicia Agüero, doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidenta de los Colegios Arbitrales de Consumo de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de reforzar su práctica de litigación, acciones colectivas, consumo y métodos alternativos de resolución de controversias (ADR). La incorporación de Agüero responde a la apuesta del despacho por consolidar un área estrechamente vinculada a su identidad y a su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores. Como despacho certificado B Corp, Ius+Aequitas mantiene una trayectoria especialmente orientada a la defensa del interés colectivo y al desarrollo de litigios de alto impacto social, ámbito en el que la nueva Of Counsel aportará su reconocida experiencia académica e institucional. “Las acciones colectivas constituyen una de las herramientas más eficaces para garantizar el acceso a la justicia y equilibrar la posición de los consumidores. Son un instrumento de democracia que da efectividad al mandato del artículo 51 de la Constitución Española de proteger de forma efectiva los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. La incorporación de Alicia Agüero, que ha dedicado su trayectoria académica e institucional al estudio del Derecho de Consumo y conoce en profundidad la complejidad de este ámbito, supone un enorme valor añadido para el despacho. Su perfil encaja plenamente con nuestra forma de entender la abogacía y con los valores que inspiran a Ius+Aequitas como firma certificada B Corp”, asegura, Eliseo M. Martínez, socio director de Ius+Aequitas Trial Lawyers. Especialista en Derecho Civil y Derecho de Consumo, Alicia Agüero es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha. Compatibiliza su actividad académica con una intensa labor institucional como presidenta de los Colegios Arbitrales de Consumo de la Comunidad de Madrid, lo que le ha permitido desarrollar una amplia experiencia en resolución extrajudicial de conflictos y en el diseño e interpretación de la normativa de protección de consumidores. Excelencia académica Siguiendo su línea de vinculación con el ámbito académico, el despacho amplía su equipo de Of Counsel, del que ya forma parte José Ángel Torres Lana, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y Of Counsel de las áreas de Litigación Civil y ADR y Ana Isabel Serrano, Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Of Counsel del área en Litigación Penal. "Me incorporo a Ius+Aequitas Trial Lawyers con mucha ilusión y con el propósito de aportar en un momento en el que la litigación en materia de consumo, contratación y mercados financieros afronta importantes desafíos. Espero contribuir, desde mi experiencia académica e investigadora, al desarrollo de soluciones jurídicas sólidas e innovadoras que aporten valor a los clientes de la firma", afirma Alicia Agüero Ortiz, of counsel en Ius+Aequitas Trial Lawyers. La llegada de Alicia Agüero permitirá seguir impulsando el desarrollo de las áreas de acciones colectivas y consumo, en un momento de creciente complejidad regulatoria y de incremento de la litigación en defensa de los derechos de los consumidores, consolidando el posicionamiento de Ius+Aequitas como firma especializada en litigación estratégica y resolución de controversias. Ius+Aequitas ha participado en algunos de los procedimientos más relevantes del mercado español y cuenta con una sólida práctica en la gestión de conflictos complejos de carácter nacional e internacional.Con este nombramiento, Ius+Aequitas refuerza además su tradicional vinculación con la universidad y la excelencia académica como elemento diferenciador de su práctica jurídica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Eliseo-M.-Martinez-socio-director-Alicia-Aguero-of-counsel-y-Juan-Pablo-Tejero-responsable-del-area-procesal-civil-mercantil-y-de-acciones-colectivas-p485219-m1513591-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/iusaequitas-trial-lawyers-incorpora-a-alicia-aguero-como-of-counsel-reforzando-su-practica-de-acciones-colectivas-y-consumohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Eliseo-M.-Martinez-socio-director-Alicia-Aguero-of-counsel-y-Juan-Pablo-Tejero-responsable-del-area-procesal-civil-mercantil-y-de-acciones-colectivas-p485219-m1513591-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/iusaequitas-trial-lawyers-incorpora-a-alicia-aguero-como-of-counsel-reforzando-su-practica-de-acciones-colectivas-y-consumohttps://elderecho.com/iusaequitas-trial-lawyers-incorpora-a-alicia-aguero-como-of-counsel-reforzando-su-practica-de-acciones-colectivas-y-consumohttps://elderecho.com/iusaequitas-trial-lawyers-incorpora-a-alicia-aguero-como-of-counsel-reforzando-su-practica-de-acciones-colectivas-y-consumo2026-07-15 09:40:412026-07-15 09:40:41sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485207El 70% de los condenados en España en 2015 fueron españoles, aunque la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes fue mayor en el caso de los extranjeros. Además, en términos generales, las condenas disminuyeron en un 0,2%, siendo los delitos contra la seguridad vial (22,5% del total), lesiones (17,3%) y hurtos (16,4%) los más frecuentes. Así se desprende de la Estadística de la Población Condenada del Instituto Nacional de Estadística, y sobre la que ha informado Europa Press, que refleja que el año pasado fueron inscritas en el Registro Central de Penados un total de 306.327 adultos, de los cuales el 80% fueron hombres y el 20% mujeres. Según el INE, el número de varones inscritos se mantuvo prácticamente estable respecto a 2024, con una disminución menor del 0,1%, mientras que el de las mujeres bajó en un 0,8%. Valor más elevado La tasa de personas adultas condenadas por cada 1.000 habitantes fue de 7,4. En el caso de los hombres fue de 12,2, mientras que en el de las mujeres fue del 2,9. Asimismo, en cuanto a la edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de edad de 21 a 30 años, con una tasa de 14,4 por cada 1.000 habitantes. Por su parte, la mayoría de la población condenada en 2025 tenía nacionalidad española, con un 70,2%, mientras que en el caso de la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera (15,3) fue superior en 2,5 veces a la de nacionalidad española (6,1). En cuanto a la edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de edad de entre 21 y 30 años, con una tasa de 14,4 por cada 1.000 habitantes. Asimismo, del total de población condenada, el 73,9% lo fue por un solo delito, mientras que el 26,1% restante por más de uno. Durante 2025 se registraron un total de 461.224 delitos cometidos, un 1,2% más que en el año anterior, y el número medio de delitos por persona condenada fue de 1,5. En alusión a los delitos por lugar de condena, las mayores tasas de delitos cometidos por cada 1.000 habitantes tuvieron lugar en Ceuta (21,3), Melilla (15,1) y en las Islas Baleares (14,3), mientras que los valores más bajos se establecieron en Castilla-La Mancha (8,9), Comunidad de Madrid (9,1) y Galicia (9,7).Los datos corresponden a la Estadística de la Población Condenada facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Audiencia-Nacional_EDEIMA20151130_0016_1-p485207-m1513556-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-70-de-los-condenados-en-espana-en-2025-fueron-espanoles-y-los-delitos-de-seguridad-vial-fueron-los-mas-numerososhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Audiencia-Nacional_EDEIMA20151130_0016_1-p485207-m1513556-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-70-de-los-condenados-en-espana-en-2025-fueron-espanoles-y-los-delitos-de-seguridad-vial-fueron-los-mas-numerososhttps://elderecho.com/el-70-de-los-condenados-en-espana-en-2025-fueron-espanoles-y-los-delitos-de-seguridad-vial-fueron-los-mas-numerososhttps://elderecho.com/el-70-de-los-condenados-en-espana-en-2025-fueron-espanoles-y-los-delitos-de-seguridad-vial-fueron-los-mas-numerosos2026-07-15 09:16:322026-07-15 09:16:32multimateriaMultimateriaMultimateria485186Gericó Associates ha anunciado  la nueva edición de la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026, los galardones que reconocen la excelencia de los profesionales, áreas legales y firmas en España y Latinoamérica. La convocatoria para presentar candidaturas estará abierta desde el 14 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026 y se realizará a través de la plataforma oficial: Legal Leadership Awards. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, y reunirá a líderes del sector legal, directores de asesoría jurídica y socios de firmas internacionales para celebrar los logros y el impacto transformador de los profesionales y organizaciones más destacados. Categorías de los reconocimientos  Los Legal Leadership Awards 2026 contemplan un total de 26 categorías divididas en cinco bloques: Bloque I - Liderazgo institucional directores de asesoría jurídica Director/a Jurídico/a del Año Transformación del Departamento Jurídico del Año Mejor Asesoría Jurídica Interna Mejor Gerencia Legal Interna Bloque II - Excelencia de firma Firma del Año Mejor Boutique Legal Firma Más Atractiva para el Talento Mejor Estrategia de Marketing, Comunicación o Desarrollo de Negocio Bloque III - Profesionales Abogado Rainmaker del Año Mejor Director/a de Marketing, Comunicación o BD Líder de Práctica del Año Bloque IV - Innovación y ecosistema Transformación de Modelo de Negocio e IA aplicada Mejor Startup Jurídica con IA Mejor Periodista Jurídico Bloque V - Grandes premios de la noche Managing Partner del Año Premio de Honor a la Trayectoria Profesional Jurado de primer nivel El proceso de valoración de las candidaturas estará a cargo de un jurado independiente formado por directores de asesoría jurídica y periodistas jurídicos de primer nivel, tales como Ana Bayó Busta, South Europe Cluster Lead for Law, Patents Compliance at Bayer; Andrea Viale, Global Head of Legal de Idealista; Ana Gómez, Director, Group Corporate Vice Secretary of the Board of Directors de Amadeus IT; Ana Isabel Montero, General Counsel de Japan Tobacco International (JTI); Ana Suárez Garnelo, General Counsel de Intrum; Asier Crespo, Legal Director Spain and Portugal de Microsoft; Carlos Menor Gómez, Legal Director Compliance Officer en Groupe Renault España; Carlos Valenciano, director de asesoría jurídica de Ericsson para América Latina; Clara Cerdán, General Counsel de Famar Group; Fernando Díaz Barco, responsable oficina procesal en asesoría jurídica de SACYR; Fernando Ortega, General Counsel de Siemens; Ignacio Mendoza, director legal de Heineken; Javier Ramírez, VP Legal Associate General Counsel de HP; John Rigau, Vice President, General Counsel West Europe and Sustainability Europe de PepsiCo; Leonor Abad, directora legal Industrial de Repsol; María Cermeño, directora de los servicios jurídicos de Telefónica; María José López, directora legal de LaLiga; Miguel Soler, General Counsel, Compliance Director Deputy Company Secretary de Prosegur; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance, Latam Xiaomi Technology; y Teresa Mínguez, General Counsel de Porsche, entre otros. Este panel de expertos evaluará cada candidatura con total independencia, garantizando transparencia y objetividad en la selección de los ganadores. Legal Leadership Awards 2026 Los Legal Leadership Awards surgen como continuación de los premios Legal Marcom (2016, 2018, 2022 y 2024), consolidando una plataforma de referencia en España y Latinoamérica para reconocer innovación, liderazgo, transformación y reputación en el sector legal. En ediciones anteriores han sido premiadas firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons, Ceca Magán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uría, A O Shearman, Miranda Amado, Banco Santander, Freshfields, Clifford Chance, Microsoft, Porsche Ibérica y Amadeus IT, así como profesionales que se han convertido en referentes del sector. Con esta nueva convocatoria, la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 continuará identificando y celebrando a los líderes y equipos que están transformando el sector legal y consolidando las áreas jurídicas como un pilar estratégico de las empresas.La entrega de premios se llevará a cabo en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, con un total de 26 galardones que abarcan liderazgo, innovación y reputación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Legal-Marcom-2024-galardonados-1-scaled-p485186-m1513495-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Legal-Marcom-2024-galardonados-1-scaled-p485186-m1513495-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-2026https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-2026https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-20262026-07-14 15:14:352026-07-14 15:14:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485173Coincidiendo con el 25 aniversario de la Zona Especial Canaria (ZEC) y tras la presentación de sus mejores cifras de empleo y actividad, CE Consulting recuerda que, conforme a la normativa actualmente vigente, la autorización previa para la inscripción de nuevas entidades en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ROEZEC) tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. Ante este calendario, la firma recomienda a las empresas que estén valorando implantarse en Canarias iniciar cuanto antes la tramitación para acceder al régimen. El procedimiento exige presentar una solicitud de autorización previa acompañada de una memoria descriptiva del proyecto empresarial y, una vez obtenida la autorización, constituir la entidad y solicitar su inscripción en el ROEZEC. Un proceso que requiere planificación  La Zona Especial Canaria forma parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y constituye un régimen de ayudas de Estado sujeto a la normativa de la Unión Europea. Su principal atractivo es la aplicación de un tipo especial del 4% en el Impuesto sobre Sociedades a la parte de la base imponible correspondiente a operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito geográfico de la ZEC, siempre que la entidad cumpla los requisitos establecidos por la normativa. El procedimiento de acceso comienza con la solicitud de autorización previa al Consejo Rector de la ZEC, acompañada de una memoria descriptiva del proyecto empresarial. La resolución expresa debe dictarse, con carácter general, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de las posibles suspensiones legalmente previstas. Obtenida la autorización, los promotores disponen de dieciocho meses para constituir la entidad y solicitar su inscripción en el ROEZEC. En este sentido, Francisco Martell, socio director de la división territorial Canarias de CE Consulting, señala que “la autorización previa del Consejo Rector exige preparar una memoria empresarial suficientemente detallada y superar la correspondiente tramitación. Dejar la solicitud para el último trimestre de 2026 entraña un riesgo real de que la autorización no se conceda antes del 31 de diciembre, fecha que, con la normativa actualmente vigente, opera como límite para autorizar nuevas inscripciones”. Para acceder a la ZEC es necesario, entre otros requisitos, que la entidad sea de nueva creación o, cuando se trate de una sucursal, que esta sea de nueva creación; que tenga su domicilio social y su sede de dirección efectiva en Canarias; que desarrolle una actividad autorizada; que cree el empleo exigido; y que realice la inversión mínima aplicable. Las sucesivas modificaciones normativas han ampliado las actividades autorizadas y ajustado determinados requisitos, aumentando el abanico de proyectos que pueden acogerse al régimen. CE Consulting recuerdan que conviene diferenciar el plazo para obtener la autorización previa del periodo de aplicación de los incentivos. Conforme al artículo 29 de la Ley 19/1994, la autorización de la inscripción tiene como límite la fecha de finalización de la vigencia del Reglamento (UE) n.º 651/2014, actualmente fijada en el 31 de diciembre de 2026. Las entidades autorizadas dentro de plazo podrán solicitar posteriormente su inscripción en los términos reglamentarios y disfrutar de los incentivos durante los seis años inmediatos posteriores a la finalización de la vigencia de dicho Reglamento, siempre que mantengan el cumplimiento de los requisitos y sin perjuicio de las revisiones de la Comisión Europea y de eventuales prórrogas. Un régimen que gana peso en Canarias  Según los últimos datos difundidos sobre la evolución de la ZEC, el régimen alcanzó en 2025 las 933 entidades inscritas y superó los 12.560 empleos, tras crear cerca de 1.500 puestos de trabajo durante el año. Por su parte, los últimos datos de facturación publicados sitúan el volumen conjunto de las entidades ZEC por encima de los 3.300 millones de euros. Estas cifras muestran el creciente peso del régimen como instrumento para atraer inversión y desarrollar actividad económica real en Canarias.  "La ZEC sigue siendo uno de los instrumentos fiscales más competitivos de Europa para proyectos con actividad económica real. Precisamente por ello, quienes estén valorando este régimen deberían analizar ya su viabilidad y planificar el proceso con tiempo suficiente", concluye Francisco Martell.  La autorización previa para la inscripción de nuevas entidades en la ZEC tiene como límite, con la normativa actualmente vigente, el 31 de diciembre de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/06/shutterstock_272860538-p485173-m1513458-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/06/shutterstock_272860538-p485173-m1513458-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previahttps://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previahttps://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previa2026-07-14 12:18:472026-07-14 12:18:47sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485161 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha confirmado la nulidad del despido disciplinario de un comercial al considerar que la empresa no logró desvirtuar los indicios de que la verdadera causa del cese fue la situación de incapacidad temporal iniciada por el trabajador el día anterior por un proceso de ansiedad. La sentencia desestima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma la resolución dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Murcia, que declaró nulo el despido por discriminación y condenó a la readmisión del trabajador, al abono de los salarios de tramitación, a una indemnización de 6.000 euros por daños morales y al pago de cantidades salariales pendientes, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU). La resolución recuerda que el trabajador inició la incapacidad temporal por ansiedad y que fue despedido al día siguiente mediante una carta en la que la empresa le imputaba una disminución voluntaria y continuada del rendimiento, cifrada en un 30% respecto de otros comerciales del centro de trabajo. La Sala comparte la valoración realizada en la instancia, que apreció que la empresa no acreditó la existencia real de esa disminución del rendimiento ni aportó datos concretos que permitieran al trabajador conocer y rebatir la comparación efectuada. En este sentido, subraya que "no solo no se dice en la carta de despido cuál fue esa disminución más allá de decir que era de un 30% en relación con otros trabajadores al no hacer un estudio comparativo", sino que tampoco quedó acreditado que esa bajada de rendimiento existiera. Aplicación de la Ley 15/2022 Al resolver el recurso, la Sala reproduce la doctrina que ya había fijado en anteriores resoluciones sobre la aplicación de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de despidos vinculados al estado de salud. La sentencia recuerda que el artículo 2.2 de la citada ley incorpora la enfermedad o la condición de salud entre las circunstancias respecto de las que "nadie podrá ser discriminado" y que el artículo 30 establece que, cuando la parte actora aporta indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada acreditar "una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". En el caso analizado, la Sala considera que "nuestra doctrina es enteramente aplicable al caso que examinamos", ya que, aunque la empresa presentó el cese como un despido disciplinario por disminución del rendimiento, nada de ello fue "real". Razona que en la carta de despido no se concreta cuál fue esa disminución más allá de afirmar que alcanzaba el 30 % respecto de otros trabajadores, sin realizar un estudio comparativo que permitiera al trabajador conocer el rendimiento de quienes desempeñaban las mismas funciones y recuerda que la magistrada de instancia declaró que tampoco quedó acreditada la existencia de esa disminución del rendimiento. Con base en esas consideraciones, la Sala concluye que "el despido obedeció a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud del trabajador que condujo a la incapacidad temporal", por lo que confirma íntegramente la sentencia recurrida al no apreciar las infracciones jurídicas denunciadas por la empresa. La resolución desestima igualmente las alegaciones procesales formuladas por la empresa respecto a la admisión del recurso y confirma íntegramente la sentencia recurrida, imponiendo además las costas de la suplicación a la mercantil, con una cuantía de 800 euros por los honorarios de la representación letrada del trabajador. Contra la sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. De acuerdo al pronunciamiento "el despido obedeció a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud del trabajador".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1523322002-p485161-m1513424-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1523322002-p485161-m1513424-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedadhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedadhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedad2026-07-14 12:02:342026-07-14 12:02:34sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social