https://elderecho.com/feedes483178PONS IP, consultora global especializada en propiedad industrial, intelectual, nuevas tecnologías e innovación, ha sido reconocida por el diario económico Financial Times como compañía de referencia en España en su prestigioso ranking “Europe’s Leading Patent Law Firms” 2026, consolidando su posicionamiento como socio estratégico en la protección de la innovación en Europa. Este reconocimiento, elaborado en colaboración con la consultora Statista, identifica anualmente a las firmas de propiedad industrial más valoradas por clientes y profesionales del sector a partir de un proceso independiente basado en recomendaciones entre más de 3.000 agentes de patentes y directores de departamentos de IP de las principales empresas de Europa. La inclusión de PONS IP en la edición de 2026 refuerza su posicionamiento en el mercado europeo como un referente acompañando a empresas e instituciones en la estrategia integral de patentes: desde la redacción y presentación ante la OEPM y EPO hasta la defensa de carteras globales de propiedad industrial vinculados a activos tecnológicos. En esta edición, el Área de Patentes liderado por Ana Herrera en PONS IP ha sido además destacada de forma particular en tres áreas tecnológicas clave para la competitividad industrial. En Ingeniería Eléctrica y Física, área liderada por Javier Hidalgo; en el área de Química y Farmacia, con Catalina Lara al frente; y en Biotecnología, Sanidad y Alimentación, con Esther Martínez como responsable. Este reconocimiento pone en valor y evidencia la fortaleza del modelo técnico-jurídico de servicio de PONS IP así como su capacidad para operar en entornos de alta complejidad científica, donde la protección de la innovación resulta crítica para la generación de valor. Innovaciones en software, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas Este reconocimiento llega en un momento de especial impulso para el Área de Patentes de la consultora de propiedad industrial e intelectual, marcado por el refuerzo de sus capacidades técnicas y el desarrollo de nuevas líneas de especialización como la creación de una nueva Unidad pionera especializada en la protección de innovaciones en software, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas. Asimismo, el reconocimiento de PONS IP en el ranking del Financial Times se alinea con el ya obtenido en la edición 2026 de IAM Patent 1000, uno de los directorios internacionales más exigentes en el ámbito de las patentes. Este informe también destaca la solidez científico-técnica de sus equipos y su capacidad para gestionar carteras complejas en un amplio abanico de tecnologías, desde la ingeniería avanzada hasta la biotecnología y el software. Estos hitos refuerzan el papel estratégico del equipo de Patentes en PONS IP que hoy está formado por cerca de 40 profesionales entre ingenieros, químicos o biólogos, entre otros, y que hoy es referente internacional en la protección, gestión y valorización de la innovación, en un entorno en el que la propiedad industrial es ya palanca estratégica para la competitividad empresarial. Europe’s Leading Patent Law Firms, el ranking de referencia en el sector IP El ranking “Europe’s Leading Patent Law Firms” se ha consolidado como uno de los principales indicadores de referencia en el ámbito de la propiedad industrial en Europa. Su metodología se basa exclusivamente en la evaluación independiente del mercado, a través de encuestas a miles de expertos en patentes y clientes, sin admisión de candidaturas directas. Este enfoque refuerza la objetividad del análisis y sitúa a las firmas reconocidas como actores clave dentro del ecosistema europeo de innovación. La clasificación analiza el desempeño de las firmas en seis grandes sectores tecnológicos, desde la ingeniería hasta la biotecnología o el software, reflejando la creciente transversalidad de la propiedad industrial en los modelos de innovación actuales. La presencia de PONS IP en varias áreas estratégicas subraya su capacidad para ofrecer un asesoramiento integral en la protección de tecnologías emergentes y desarrollos complejos.PONS IP consolida su posición de vanguardia en la protección de intangibles de alto valor y complejidad tecnológica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/FT_EuropePatentLeader_PONSIP-scaled-p483178-m1507032-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/financial-times-reconoce-el-liderazgo-europeo-en-patentes-de-pons-iphttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/FT_EuropePatentLeader_PONSIP-scaled-p483178-m1507032-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/financial-times-reconoce-el-liderazgo-europeo-en-patentes-de-pons-iphttps://elderecho.com/financial-times-reconoce-el-liderazgo-europeo-en-patentes-de-pons-iphttps://elderecho.com/financial-times-reconoce-el-liderazgo-europeo-en-patentes-de-pons-ip2026-06-16 12:26:262026-06-16 12:26:26sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483118Para dar respuesta a esta cuestión, Lefebvre Formación organiza el curso “Uso de la IA en recursos humanos: lo que debes saber para evitar riesgos legales”, estructurado en tres sesiones webinar que tendrán lugar los días 23, 25 y 29 de junio, y que será impartido por Hugo Ramallo García, formador y divulgador en Inteligencia Artificial; y Dolores Abuin, abogada con experiencia en el sector tecnológico y la transformación del aprendizaje. Este curso tiene como objetivo proporcionar a los profesionales de RRHH criterios para utilizar herramientas de inteligencia artificial con seguridad jurídica, identificando los riesgos asociados a su implantación y las obligaciones derivadas de la normativa aplicable. Durante las sesiones se examinarán tanto los usos prácticos de la IA en la gestión de personas como las exigencias regulatorias vinculadas a estas tecnologías. La formación permitirá a los asistentes identificar qué aplicaciones de la IA pueden ser consideradas de alto riesgo, distinguir entre usos permitidos, de riesgo limitado o potencialmente problemáticos y evaluar herramientas antes de su adopción. También se abordará durante la formación la prevención de riesgos relacionados con la discriminación indirecta, los sesgos algorítmicos y las decisiones automatizadas opacas. Más información e inscripciones al curso “Uso de la IA en recursos humanos: lo que debes saber para evitar riesgos legales”  ¿Qué usos de la IA en RRHH pueden considerarse de alto riesgo y qué obligaciones se derivan de ello?https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2783721069-1-p483118-m1506642-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-rrhhhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2783721069-1-p483118-m1506642-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-rrhhhttps://elderecho.com/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-rrhhhttps://elderecho.com/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-rrhh2026-06-15 15:46:562026-06-15 15:46:56derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Derecho TIC,Sector jurídico,Social483055La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), foro en el que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ostenta la secretaría permanente, ha aprobado por unanimidad una nueva versión de los Estándares de Protección de Datos para los Estados Iberoamericanos, un instrumento para contribuir a la modernización de las legislaciones nacionales de protección de datos, impulsar reglas comunes en la región y favorecer la cooperación entre autoridades. Los nuevos Estándares, aprobados durante el Encuentro de la RIPD celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) con el impulso de la Agencia, la participación de las autoridades iberoamericanas de protección de datos y el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), actualizan el marco regional de protección de datos para responder a los desafíos derivados de la transformación digital. Esta actualización de los Estándares de 2017 se adapta a los retos actuales: la inteligencia artificial, las decisiones automatizadas, la biometría, los neurodatos, la protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales, la gobernanza algorítmica y la calidad de los datos utilizados por sistemas automatizados. Los nuevos Estándares reflejan un cambio de paradigma. La protección de datos deja de concebirse únicamente como una regulación del uso de información personal y pasa a integrarse en un modelo más amplio de gobernanza digital, orientado a garantizar que la innovación tecnológica se desarrolle con respeto a la dignidad, la autonomía personal, la igualdad y los derechos fundamentales. Tras esta aprobación, los nuevos Estándares serán remitidos a la SEGIB para su posible adopción en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid. Neurodatos y tratamientos de alto riesgo El texto incorpora por primera vez referencias específicas a los neurodatos dentro de las categorías especiales de datos sensibles. El texto define los neurodatos como aquellos relacionados con el funcionamiento, la actividad o la estructura del cerebro humano que permitan identificar o hacer identificable a una persona o inferir información relativa a su fisiología, salud o estados mentales. Los Estándares establecen que el tratamiento de neurodatos deberá ser objeto de medidas especiales de responsabilidad reforzada y que deberá prestarse especial atención al cumplimiento de principios como la minimización, la exactitud, la transparencia, la seguridad y la responsabilidad proactiva. Además, el documento identifica como tratamientos de alto riesgo aquellos destinados a inferir estados mentales o convicciones íntimas, modificar indebidamente la voluntad o el comportamiento de las personas, realizar vigilancia masiva en contextos laborales, educativos o gubernamentales o identificar personas mediante patrones neuronales. Los Estándares señalan expresamente que este tipo de tratamientos podrían ser objeto de prohibiciones en las legislaciones de los Estados iberoamericanos. Inteligencia artificial, decisiones automatizadas y derechos El texto incorpora referencias a los tratamientos automatizados y a los sistemas de IA. Entre otras cuestiones, el texto promueve mecanismos de gobernanza algorítmica, trazabilidad, supervisión humana efectiva, evaluación continua de riesgos y auditoría periódica de sistemas automatizados y de inteligencia artificial. Los Estándares refuerzan de forma significativa el principio de calidad y su proyección al ámbito de la IA. En sistemas automatizados o de inteligencia artificial, la calidad ya no se limita a que los datos sean exactos o estén actualizados. También exige valorar su representatividad, pertinencia, integridad y fiabilidad durante todo el ciclo de vida del sistema, incluidos los datos de entrenamiento, validación, prueba, ajuste y funcionamiento. Este avance es esencial para prevenir sesgos, inferencias erróneas, discriminación algorítmica o resultados desproporcionados o engañosos. Uno de los cambios más relevantes es la evolución desde la idea clásica de decisiones “exclusivamente automatizadas” hacia decisiones “exclusiva o esencialmente automatizadas”. Este matiz reconoce que muchos sistemas actuales incorporan intervención humana solo de forma aparente o residual. Por ello, los Estándares exigen una intervención humana calificada, significativa y efectiva, con capacidad real para comprender el sistema, evaluar críticamente sus resultados y apartarse de ellos. Asimismo, se refuerza el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones basadas exclusiva o esencialmente en tratamientos automatizados cuando produzcan efectos jurídicos o impactos significativos. En estos casos, las personas tendrán derecho a obtener intervención humana, así como información clara sobre la lógica aplicada y los criterios principales utilizados en la decisión automatizada. Además, el texto establece referencias específicas a evaluaciones de impacto vinculadas a tecnologías disruptivas, sistemas de IA, biometría, sistemas predictivos y neurotecnologías, especialmente cuando puedan implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. Protección reforzada para la infancia y adolescencia La nueva versión de los Estándares fortalece las garantías específicas para la protección de la infancia y adolescencia en el entorno digital. El texto establece que el tratamiento de datos personales de menores deberá regirse por el principio del interés superior del niño/a, así como por criterios de autonomía progresiva y protección integral. Los Estándares prevén además que el tratamiento de datos personales de menores sea objeto de medidas especiales de responsabilidad reforzada. Entre las medidas que se mencionan expresamente figuran las configuraciones de protección por defecto, las limitaciones de acceso, las restricciones a perfiles y publicidad comportamental, la verificación efectiva de edad y herramientas para bloquear, silenciar y controlar grupos. Un marco regional para fortalecer la protección de datos El texto también aborda el papel de las autoridades de control, subrayando la necesidad de que actúen con autonomía e independencia y cuenten con recursos suficientes para el ejercicio efectivo de sus funciones. Con esta actualización, la Red Iberoamericana de Protección de Datos consolida un marco regional orientado a fortalecer la protección de los derechos fundamentales en un contexto de acelerada transformación tecnológica y creciente circulación internacional de datos.La actualización incorpora avances sobre inteligencia artificial, decisiones automatizadas, prevención de sesgos, gobernanza algorítmica, calidad de datos, neurodatos y protección reforzada de menores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2556440031-1-p483055-m1506488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-red-iberoamericana-actualiza-el-marco-comun-de-privacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2556440031-1-p483055-m1506488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-red-iberoamericana-actualiza-el-marco-comun-de-privacidadhttps://elderecho.com/la-red-iberoamericana-actualiza-el-marco-comun-de-privacidadhttps://elderecho.com/la-red-iberoamericana-actualiza-el-marco-comun-de-privacidad2026-06-15 15:00:072026-06-15 15:00:07derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico483131La citada convocatoria de 700 plazas se divide en: 575 para jueces y fiscales por oposición más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio. Según Justicia, esta cifra de 700 jueces y fiscales "supone más del triple de las convocadas en 2025 y un auténtico hito histórico" si se compara con periodos como la etapa 2012-2016, cuando el Gobierno solo convocó 350 plazas en cinco años. Justicia ha convocado 2.515 plazas desde 2018 El Ministerio que dirige Félix Bolaños expone que el Ejecutivo ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales desde 2018. La convocatoria publicada hoy en el BOE es para cubrir por oposición 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional. En paralelo, el Gobierno ultima la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales. La medida quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos Reales Decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados. Según Justicia, la creación de medio millar de plazas de jueces en un año es "histórica", ya que supone una ampliación de la plantilla judicial del 8,5 por ciento y "es una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década". La citada medida se encuadra en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo considerado "más eficiente" por el Ministerio. Esta Ley elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Esto contrasta con el coste de crear un juzgado tradicional, que costaba alrededor de 500.000 euros. La plantilla fiscal crecerá un 7,1 por ciento Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1 por ciento, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos. También se trata de una cifra "inédita", tal y como señala Justicia, ya que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año. "La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia", ha precisado el Ministerio. Esta macroconvocatoria y la ampliación de la plantilla judicial y fiscal son, según señala el departamento dirigido por Bolaños, "hitos que se enmarcan en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público". Así, el Ministerio señala que con estos objetivos, el Gobierno ha aprobado diferentes leyes que modernizan integralmente la Justicia gracias a su digitalización y a una nueva organización más eficiente, pasando de procesos analógicos y estructuras del siglo XIX a otros digitales y que trabajan en red. Además, recuerda que sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, "que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5 por ciento".El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p483131-m1506686-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-convoca-700-plazas-de-jueces-y-fiscales-575-por-oposicion-y-125-de-magistrados-por-el-cuarto-turnohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p483131-m1506686-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-convoca-700-plazas-de-jueces-y-fiscales-575-por-oposicion-y-125-de-magistrados-por-el-cuarto-turnohttps://elderecho.com/justicia-convoca-700-plazas-de-jueces-y-fiscales-575-por-oposicion-y-125-de-magistrados-por-el-cuarto-turnohttps://elderecho.com/justicia-convoca-700-plazas-de-jueces-y-fiscales-575-por-oposicion-y-125-de-magistrados-por-el-cuarto-turno2026-06-15 14:45:192026-06-15 14:45:19sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483105Los paneles han abordado manejo de crisis, compliance, arbitraje internacional, sostenibilidad financiera, expansión internacional y gobernanza corporativa. Leonardo Berrío, secretario general y Asuntos Legales de ESENTTIA / Grupo Ecopetrol, ha destacado el momento que atraviesa el arbitraje internacional y el lugar que Miami puede ocupar en ese ecosistema: "El foro puso en valor tres elementos clave: la vigencia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, los retos de integrar legaltech e inteligencia artificial en esa práctica, y las ventajas de Miami como sede alternativa frente a Nueva York, Londres o Singapur. Ha sido un espacio valioso para compartir experiencias con otros general counsel y abogados de firma”. Andrea Mon, Global Director de Ethics Compliance e Investigations en Fresh Del Monte, ha subrayado la importancia de anticipar las crisis y aprender de ellas: "La clave está en tener un framework que gestione la crisis de forma proactiva. Las empresas que no aprenden de una crisis no alcanzan el nivel de madurez necesario para proteger su reputación - tanto hacia el exterior como hacia sus propios empleados. Las compañías reguladas suelen contar con esas estructuras, pero incluso en ellas hay vacíos. Ahí entra el trabajo del profesional de compliance: construir un ciclo completo de intake, triaging, investigación y root cause analysis. Las empresas más pequeñas son las más vulnerables, pero la buena práctica no depende de la obligación regulatoria - es una decisión de gestión”. Por su parte, Juan Carlos Castillo, Senior Partner de Aguilar Castillo Love, ha resumido la lección central de su panel: "El mundo actual no deja margen para reaccionar cuando la crisis ya ocurrió. La crisis no se gana ni se pierde en el momento en que sucede - se define antes. La preparación y la anticipación son la verdadera ventaja; lo demás es ejecución”. Arnold Castillo, Managing Director de Secretariat, ha reforzado esa visión desde la perspectiva de la reputación y el soporte a litigios: "América Latina y el Caribe atraviesan una diversificación creciente de riesgos - políticos, de seguridad, operacionales - que exige preparación en tres momentos: antes, durante y después de la crisis. El General Counsel es el puente entre los actores internos y externos, y su rol es comunicar con transparencia para mantener o recuperar la confianza de los stakeholders clave”. Por último, Marc Gericó, socio director Global de Gericó Associates, ha destacado el significado del Foro en el contexto actual de la región: "Miami se ha consolidado como el punto de encuentro natural para los líderes jurídicos de América Latina y Estados Unidos, y este foro es reflejo de eso. Lo que vemos año tras año es una función legal que ha dejado de ser un área de soporte para convertirse en un actor central en la toma de decisiones estratégicas. El General Counsel de hoy gestiona riesgo reputacional, anticipa escenarios regulatorios y lidera procesos de arbitraje internacional con una visión que va mucho más allá de lo jurídico. Nuestro objetivo con este espacio es precisamente ese, ofrecer un foro de alto nivel donde esa evolución se piensa, se comparte y se acelera”. El Foro Gerencias Legales Miami 2026 ha reafirmado el papel de Miami como hub estratégico para el arbitraje internacional y la función del área legal como socio estratégico de las compañías latinoamericanas y estadounidenses en la gestión de riesgos y crisis. El evento ha contado con el patrocinio de Akerman, Consortium Legal, Robalino, Aguilar Castillo Love, Cáceres Torres, DMK Abogados, Estudio Olaechea y CorralRosales, y con el apoyo institucional de la University of Miami – School of Law, la Miami International Arbitration Society y la Miami International Arbitration Center.El Foro Gerencias Legales Miami 2026 ha reunido a general counsel, directores jurídicos, expertos en compliance y socios de firmas internacionales para analizar los desafíos que enfrentan las áreas legales en un entorno de rápida transformación tecnológica, regulatoria y reputacional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foro-Gerencias-Legales-Miami-junio-2026-1-p483105-m1506603-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-foro-gerencias-legales-miami-2026-confirma-el-rol-estrategico-del-area-legal-ante-riesgos-crisis-y-arbitraje-internacionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foro-Gerencias-Legales-Miami-junio-2026-1-p483105-m1506603-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-foro-gerencias-legales-miami-2026-confirma-el-rol-estrategico-del-area-legal-ante-riesgos-crisis-y-arbitraje-internacionalhttps://elderecho.com/el-foro-gerencias-legales-miami-2026-confirma-el-rol-estrategico-del-area-legal-ante-riesgos-crisis-y-arbitraje-internacionalhttps://elderecho.com/el-foro-gerencias-legales-miami-2026-confirma-el-rol-estrategico-del-area-legal-ante-riesgos-crisis-y-arbitraje-internacional2026-06-15 14:37:382026-06-15 14:37:38sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483056La incorporación responde a la creciente demanda de servicios especializados en administración laboral, payroll y acompañamiento técnico por parte de empresas que necesitan afrontar un entorno marcado por la constante evolución normativa, el aumento de las obligaciones administrativas y la necesidad de adaptar sus procedimientos internos a nuevas formas de organización del trabajo. Lejos de limitarse a la confección de nóminas o a la tramitación de altas y bajas, la gestión laboral ha adquirido una dimensión más amplia dentro de las organizaciones. La correcta aplicación de convenios colectivos, la gestión de contrataciones, cotizaciones, procesos de incapacidad temporal, permisos, medidas de conciliación o cambios regulatorios exige una actualización permanente, una especialización rigurosa y una respuesta ágil por parte de las compañías. En este contexto, Bécquer Abogados refuerza su área de Servicios Laborales y Payroll como complemento a sus servicios de asesoramiento jurídico-laboral, con el propósito de ofrecer a las empresas una respuesta más completa en la gestión de sus obligaciones laborales y en la prevención de posibles contingencias. Un perfil con experiencia en servicios laborales y payroll José Luis Romero es graduado social y cuenta con más de diez años de experiencia liderando proyectos de externalización del proceso de nóminas. A lo largo de su trayectoria ha liderado equipos especializados, ha desarrollado labores de formación para profesionales y asesores del sector y ha participado en programas exigentes vinculados al ciclo completo de nóminas. Su incorporación permitirá al despacho consolidar una práctica cada vez más demandada por los clientes de la Firma, que buscan en Bécquer Abogados, como Boutique Legal de Derecho Laboral, un ecosistema de servicios laborales 360º. Un área cada vez más estratégica para las empresas La evolución del mercado laboral ha transformado el papel de los servicios laborales dentro de las empresas. Cada decisión relacionada con la administración de personal, payroll y cumplimiento laboral puede tener consecuencias jurídicas, económicas y organizativas, por lo que las compañías necesitan contar con profesionales capaces de anticipar riesgos, ordenar procesos y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable. Esta necesidad resulta especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, que en muchas ocasiones no cuentan con una estructura interna suficiente para asumir por sí solas una gestión laboral cada vez más técnica y cambiante. En estos casos, el apoyo de equipos especializados permite mejorar la eficiencia interna, reducir riesgos y facilitar la toma de decisiones. Con esta incorporación, Bécquer Abogados avanza en la consolidación de un modelo de asesoramiento que combina la especialización jurídico-laboral con unos servicios laborales y de payroll próximos, técnicos y adaptados a la realidad de cada cliente.Bécquer Abogados incorpora a José Luis Romero como responsable del Área de Servicios Laborales y Payroll, con el objetivo de reforzar un área que ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años y que el despacho considera cada vez más estratégica para sus clientes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Jose-Luis-Romero-y-Javier-Reyes-Becquer-Abogados-p483056-m1506510-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/becquer-abogados-incorpora-a-jose-luis-romero-como-responsable-del-area-de-servicios-laborales-y-payrollhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Jose-Luis-Romero-y-Javier-Reyes-Becquer-Abogados-p483056-m1506510-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/becquer-abogados-incorpora-a-jose-luis-romero-como-responsable-del-area-de-servicios-laborales-y-payrollhttps://elderecho.com/becquer-abogados-incorpora-a-jose-luis-romero-como-responsable-del-area-de-servicios-laborales-y-payrollhttps://elderecho.com/becquer-abogados-incorpora-a-jose-luis-romero-como-responsable-del-area-de-servicios-laborales-y-payroll2026-06-15 12:35:502026-06-15 12:35:50sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483053Las operaciones incluyen la incorporación de dos despachos: Gonvel en Málaga, y M P Ledesma Abogados en Barcelona. A estas se suman seis asesorías distribuidas por diferentes provincias: Easy-Advisors Tech en Málaga, Llarena Consultores en Canarias, Mibor Asesores en Navarra, Informasa Asesores en León, Gestoría Moriana en Jaén y Oliver Maura Consultores en Baleares. Las incorporaciones en este primer período han aportado una facturación conjunta de 16,5 millones de euros y más de 270 profesionales a la plantilla de Afianza. Desde 2010, la compañía ha culminado la integración de un total de 66 empresas de diferentes sectores. “Estas integraciones marcan un excelente inicio de año para Afianza. Hemos incorporado 8 empresas con capacidades complementarias a nuestro modelo de negocio. Las aperturas en Canarias, Islas Baleares, Navarra, León y Jaén, junto con el refuerzo en las regiones donde ya estábamos presentes, consolidan nuestra posición como firma de referencia dentro del sector de servicios profesionales y nos permiten ofrecer una cobertura en prácticamente todo el país”, destaca Víctor Torrico, director general de Afianza. Estas operaciones del primer trimestre de 2026 continúan la estrategia de la firma, que en 2025 integró 15 compañías que aportaron más de 24 millones de euros en facturación y más de 300 profesionales. Entre las principales incorporaciones de 2025 destacan ARS Privilegium, Gestolasa, Auditeco y Audiest Auditores en Murcia, Rubicón Asesores en Canarias, Idea Asesores en Málaga, Leiva Asesores Legales en Barcelona, Epimetheus, y Asevi Asesores en Vitoria, entre otras. Incorporaciones en Málaga Afianza ha continuado reforzando su posición en Málaga con la incorporación de Gonvel, un despacho de abogados y asesores tributarios especializados en asesoramiento jurídico, fiscal, financiero y de administración de empresas y Easy-Advisors Tech, firma especializada en asesoría legal, fiscal y laboral para empresas de diferentes sectores económicos. Expansión en Navarra, León y Jaén La firma continúa ampliando su presencia territorial con tres nuevas ubicaciones. En Navarra, integra Mibor Asesores, consultoría especializada en asesoramiento fiscal, laboral, financiero y transformación digital, con una cartera de 500 clientes y un equipo cerca de 20 profesionales. En León, Informasa Asesores, fundada en 1977, marca la llegada de Afianza en la provincia con servicios especializados en contabilidad, área laboral, fiscal y jurídico-mercantil. En Jaén, Gestoría Moriana representa la primera oficina de Afianza en la provincia. Esta asesoría con más de 70 años de trayectoria cuenta con experiencia en las áreas fiscal, laboral y jurídico-mercantil, además de asesoría contable. Nuevas incorporaciones en Canarias y Baleares Afianza suma a Llarena Consultores, firma ubicada en Tenerife, con más de 20 años de experiencia y un equipo de 19 profesionales, especializada en derecho laboral, fiscal y jurídico, así como en outsourcing de recursos humanos. Asimismo, la compañía ha incorporado Oliver Maura Consultores, con sede en Palma de Mallorca, especializada en asesoramiento integral para empresas. Sus servicios abarcan desde el apoyo a startups, la gestión contable y el certificado digital, hasta la asesoría fiscal y mercantil, además de la inversión inmobiliaria y empresarial.Afianza ha completado la integración de ocho compañías durante el primer trimestre de 2026, en una operación que refuerza sus capacidades, acelera su expansión nacional y da continuidad a su estrategia de crecimiento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Afianza_Oficinas-scaled-p483053-m1506450-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-integra-ocho-companias-en-el-primer-trimestre-de-2026-y-acelera-su-expansion-nacionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Afianza_Oficinas-scaled-p483053-m1506450-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-integra-ocho-companias-en-el-primer-trimestre-de-2026-y-acelera-su-expansion-nacionalhttps://elderecho.com/afianza-integra-ocho-companias-en-el-primer-trimestre-de-2026-y-acelera-su-expansion-nacionalhttps://elderecho.com/afianza-integra-ocho-companias-en-el-primer-trimestre-de-2026-y-acelera-su-expansion-nacional2026-06-15 12:33:162026-06-15 12:33:16sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483054El decano del ICAM, Eugenio Ribón, intervendrá en la segunda mesa de la jornada, titulada “Los problemas de los profesionales antes y después de la ley de eficiencia y el coste para los ciudadanos”. La intervención del decano permitirá trasladar a la sede parlamentaria la posición institucional del ICAM ante una reforma que, pese a perseguir objetivos compartidos —una Justicia más ágil, accesible y eficiente—, está generando importantes disfunciones prácticas para la abogacía y para la ciudadanía, según ha informado el ICAM. El Colegio ha advertido de que la configuración de los medios adecuados de solución de controversias como requisito general de procedibilidad puede convertirse, en determinados supuestos, en una barrera de acceso a la jurisdicción y comprometer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuestionando por tanto la constitucionalidad de la norma. Las críticas del ICAM se centran en la imposición generalizada de un trámite previo cuya eficacia práctica no se está correspondiendo con la carga procesal, económica y organizativa que genera. Durante su intervención, Ribón expondrá también la especial preocupación del ICAM por el impacto de la Ley en procedimientos particularmente sensibles, como los de familia con menores, justicia gratuita y litigios internacionales o transfronterizos. En los asuntos de familia, el Colegio advierte de que la demora puede cronificar el conflicto y afectar directamente al interés superior del menor. En el ámbito de la justicia gratuita, la exigencia de comunicaciones fehacientes u otros actos de acreditación puede traducirse en una carga añadida para personas vulnerables. Y en los procedimientos internacionales, la activación previa de un MASC puede revelar anticipadamente la intención de demandar en España y favorecer movimientos procesales estratégicos en otros foros. “La eficiencia de la Justicia no puede medirse por el número de filtros previos que se interponen antes de acudir al juez, sino por la capacidad real del sistema para ofrecer respuestas seguras, ágiles y accesibles. Cuando la procedibilidad introduce demoras, costes añadidos, incertidumbre o desigualdad práctica, deja de ser un instrumento de racionalización y puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos”, subraya Eugenio Ribón. La opinión de la abogacía madrileña Esta valoración crítica del ICAM se apoya, además, en la experiencia directa de la abogacía madrileña. Según la encuesta impulsada por la revista jurídica del ICAM, OTROSÍ, realizada sobre una muestra de 1.164 letrados y letradas, el 84% de los profesionales valora negativamente la obligatoriedad de los MASC como condición previa para acudir a los tribunales. Solo uno de cada diez intentos de resolución anticipada habría finalizado con acuerdo, mientras que el 90% de los encuestados considera que los nuevos trámites están ralentizando los procedimientos. El estudio refleja además que el 50,7% de los abogados y abogadas ha tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado. Para el ICAM, este dato evidencia uno de los principales riesgos de la reforma: que el debate procesal se desplace desde el fondo del asunto hacia la suficiencia formal del intento negociador, generando litigiosidad accesoria, retrasos e incertidumbre. A ello se suma la disparidad de criterios judiciales detectada por los profesionales. El 71% de los encuestados considera que los requisitos de procedibilidad se están interpretando de forma muy desigual, lo que incrementa la inseguridad jurídica y dificulta una aplicación homogénea de la norma. Para la abogacía madrileña, la admisión de una demanda no puede depender de interpretaciones dispares sobre la suficiencia del trámite previo. La participación del ICAM en esta jornada en el Congreso se enmarca en una línea de actuación sostenida desde la tramitación de la Ley Orgánica 1/2025. El Colegio ha formulado propuestas de mejora, ha reclamado criterios claros y homogéneos, ha puesto en marcha un portal monográfico sobre la Ley de Eficiencia, ha reforzado el papel de mediaICAM y ha impulsado servicios de apoyo operativo para facilitar la acreditación de los nuevos requisitos. Con su participación en la jornada “Un año de la Ley de Eficiencia. #RevisiónYa”, la abogacía madrileña vuelve a reclamar una revisión normativa y aplicativa de aquellos aspectos de la LO 1/2025 que están comprometiendo el derecho de defensa, la seguridad jurídica y el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales.El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid trasladará este lunes al Congreso de los Diputados su valoración crítica sobre el impacto real de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en la jornada “Un año de la Ley de Eficiencia. #RevisiónYa”, organizada por el Grupo Parlamentario Popular.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Eugenio-Ribon-decan-del-ICAM-scaled-p483054-m1506469-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-lleva-al-congreso-sus-advertencias-sobre-la-posible-inconstitucionalidad-de-la-ley-de-eficiencia-y-reclama-una-revision-urgente-de-los-masc-obligatorioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Eugenio-Ribon-decan-del-ICAM-scaled-p483054-m1506469-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-lleva-al-congreso-sus-advertencias-sobre-la-posible-inconstitucionalidad-de-la-ley-de-eficiencia-y-reclama-una-revision-urgente-de-los-masc-obligatorioshttps://elderecho.com/el-icam-lleva-al-congreso-sus-advertencias-sobre-la-posible-inconstitucionalidad-de-la-ley-de-eficiencia-y-reclama-una-revision-urgente-de-los-masc-obligatorioshttps://elderecho.com/el-icam-lleva-al-congreso-sus-advertencias-sobre-la-posible-inconstitucionalidad-de-la-ley-de-eficiencia-y-reclama-una-revision-urgente-de-los-masc-obligatorios2026-06-15 12:30:032026-06-15 12:30:03sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483007El texto ha salido adelante con 406 votos a favor, ocho en contra y 36 abstenciones, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo. El nuevo convenio supone "un paso significativo" en la protección de las personas trabajadoras de plataformas digitales al establecer garantías para el respeto de sus derechos laborales, entre ellos los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, el reconocimiento de su situación laboral y el acceso a información sobre el impacto que los sistemas digitales tienen en la relación de trabajo. Asimismo, el texto contempla obligaciones para las empresas en materia de prevención y protección frente al acoso laboral, incluido el que pueda producirse a través de medios digitales.La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra desde el pasado 1 de junio, ha aprobado este viernes el Convenio sobre la Economía Decente en el Trabajo de Plataformas, destinado a reforzar la protección de las personas que trabajan a través de plataformas digitales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2271154107-1-p483007-m1506346-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-oit-aprueba-un-convenio-para-garantizar-derechos-laborales-a-trabajadores-de-plataformas-digitaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2271154107-1-p483007-m1506346-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-oit-aprueba-un-convenio-para-garantizar-derechos-laborales-a-trabajadores-de-plataformas-digitaleshttps://elderecho.com/la-oit-aprueba-un-convenio-para-garantizar-derechos-laborales-a-trabajadores-de-plataformas-digitaleshttps://elderecho.com/la-oit-aprueba-un-convenio-para-garantizar-derechos-laborales-a-trabajadores-de-plataformas-digitales2026-06-12 15:02:492026-06-12 15:02:49socialSocial13Social482992El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha presentado en Toledo (Castilla-La Mancha) el convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de Mutuas de Trabajo (AMAT) para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal (IT) y su asistencia sanitaria en el ámbito de esta comunidad autónoma, mediante la aceleración de sus diagnósticos y tratamientos y evitando la prolongación innecesaria de estos procesos. Diálogo y trabajo entre administraciones Se trata del quinto convenio que se suscribe con una comunidad autónoma, tras el firmado con Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria, y que se suma al firmado con el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), para el ámbito de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Todos ellos tienen origen en lo pactado en la Mesa de Diálogo Social, en julio de 2024, para el desarrollo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las Mutuas, en colaboración con los Servicios Públicos de Salud autonómicos, en los procesos de IT, a través de la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico. Forma parte de los trabajos que se están realizando para la mejora de la gestión de la prestación de incapacidad temporal y de la recuperación de la salud de los trabajadores. IT por patologías traumatológicas Este convenio se aplicará a los procesos de IT derivados de contingencias comunes de origen traumatológico que afecten a trabajadores en esta situación cuando la cobertura de la prestación económica corresponda a una mutua colaboradora con la Seguridad Social en Castilla-La Mancha. Para su desarrollo, la Mutua pondrá a disposición del Servicio Público de Salud, siempre de manera voluntaria previo consentimiento informado del paciente y a través del INSS, las actuaciones sanitarias que estime necesarias para la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas las intervenciones quirúrgicas. El convenio subraya que será el médico de atención primaria el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, la determinación del diagnóstico inicial y, en su caso, de las modificaciones de diagnóstico que se pudieran producir y de la determinación íntegra de la asistencia sanitaria. Esta colaboración tiene como objetivo aliviar la carga asistencial y las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud, así como reducir la duración de los procesos de Incapacidad Temporal y mejorar la salud de las personas trabajadoras. El convenio contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento para la vigilancia y el control de su ejecución y de los compromisos adquiridos por las partes, así como la evaluación del funcionamiento y la propuesta de la adopción de medidas necesarias para mejorar su efectividad e impulsar su aplicación. Esta colaboración, que se pretende extender próximamente al resto de las comunidades autónomas, tendrá una vigencia de cuatro años y se prorrogará, previo acuerdo expreso unánime entre las partes, hasta cuatro años más.El convenio persigue perfeccionar la gestión de la incapacidad temporal (IT) y la asistencia sanitaria en procesos por contingencias comunes de origen traumatológico.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Firma-convenio-IT_img-p482992-m1506324-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/convenio-para-la-mejora-de-la-salud-de-las-personas-trabajadoras-en-situacion-de-incapacidad-temporalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Firma-convenio-IT_img-p482992-m1506324-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/convenio-para-la-mejora-de-la-salud-de-las-personas-trabajadoras-en-situacion-de-incapacidad-temporalhttps://elderecho.com/convenio-para-la-mejora-de-la-salud-de-las-personas-trabajadoras-en-situacion-de-incapacidad-temporalhttps://elderecho.com/convenio-para-la-mejora-de-la-salud-de-las-personas-trabajadoras-en-situacion-de-incapacidad-temporal2026-06-12 14:50:032026-06-12 14:50:03socialSocial13Social