https://elderecho.com/feedes481325La Asociación Española de Branding (AEBRAND), la Asociación de Marketing de España (AMKT), la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) se unen para celebrar el Día de las Marcas con un encuentro en Cupra City Garage y una campaña de comunicación en LinkedIn para reivindicar su papel fundamental como generadoras de riqueza económica, cultural y social. En el marco de esta celebración, Facttory, unidad de análisis de datos de BeConfluence, ha presentado un estudio basado en el análisis de más de 160 millones de datos generados en España entre enero de 2025 y febrero de 2026 que revela que dos de cada tres consumidores en España ya usan la inteligencia artificial para decidir qué marcas compran. El estudio analiza por un lado el comportamiento de más de 420.000 profesionales del marketing y, por otro, el de más de 13 millones de consumidores, con el objetivo de entender cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la relación entre marcas y usuarios. Como acredita el informe, la IA ha pasado de ser una herramienta experimental para convertirse en una infraestructura clave tanto en el ámbito profesional como en el comportamiento del consumidor, transformando tanto la gestión del marketing y la marca como el proceso de decisión de compra. Durante el evento, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa han compartido un manifiesto de 10 puntos en el que han reivindicado el papel fundamental de las marcas en la generación de empleo, de innovación, de nuevos negocios y como palanca de la expansión internacional. El decálogo se enmarca en un momento de profunda transformación en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que se crean, gestionan y experimentan las marcas, así como los procesos de decisión de consumidores y ciudadanos. En este nuevo contexto, el manifiesto subraya que las marcas no solo deben adaptarse: deben reafirmar su papel como referentes, como motores de decisión y como escudos de confianza frente a la incertidumbre. Asimismo, el decálogo destaca a las marcas como parte del patrimonio intangible de un país, acervo cultural y como agentes de cambio, a través de sus valores, su influencia, su identidad y reputación. Hallazgos y conclusiones del estudio Entre las principales conclusiones del estudio, destacan: La inteligencia artificial se ha integrado completamente en el trabajo del marketing y la gestión de la marca: el 85,7% de los profesionales la utiliza como herramienta diaria, y 9 de cada 10 la emplea con la misma frecuencia que herramientas como Excel o Google. La IA se consolida como un “superpoder de productividad”, siendo las tareas más delegadas la redacción y el copywriting (59,1%), seguida de la ideación y brainstorming (29,9%) y el análisis de datos y presupuestos (25,6%). La automatización total aún no genera plena confianza: solo 4 de cada 10 profesionales confían completamente en delegar sus campañas en IA, lo que refuerza la consolidación de un modelo híbrido. La IA ya forma parte del proceso de decisión del consumidor: el 66% de los españoles la utiliza para informarse sobre productos y marcas antes de comprar, consolidando su papel como nuevo intermediario entre usuario y marca. Los usuarios han desarrollado un “radar de la verdad”, con el que investigan reseñas falsas (48,5%), buscan detectar imágenes generadas con IA (27,2%) y dudan de la veracidad de identidades en entornos digitales (15,3%). La confianza en la inteligencia artificial sigue siendo limitada: el 38,6% de los usuarios combina su uso con verificación en fuentes humanas, mientras que un 15,2% muestra una actitud de rechazo o incredulidad. La transparencia se convierte en un factor crítico para las marcas: el 88% de los consumidores afirma que abandonaría una marca si detecta el uso oculto de inteligencia artificial en reseñas o testimonios, evidenciando el elevado coste reputacional de estas prácticas. Quién decide ahora qué marcas consumimos Según arrojan los datos del estudio, se constata un cambio profundo en el proceso de decisión de compra. Hasta ahora la elección estaba marcada por la influencia de las redes sociales, recomendaciones o influencers, sin embargo, en la actualidad la IA adquiere un papel más relevante actuando como un nuevo intermediario. En este contexto, la inteligencia artificial no se limita a actuar como un canal adicional, sino que empieza a desempeñar un papel activo en la organización y priorización de la información, influyendo en qué marcas aparecen, cuáles se recomiendan y cómo se presentan al usuario. De este modo, el proceso de decisión deja de depender únicamente de la búsqueda directa del consumidor y comienza a estar condicionado por sistemas que filtran y sintetizan la información disponible. La CEO de Facttory, Rosa Gómez-Acebo, ha destacado que “hemos sido capaces desde Facttory, la unidad de análisis de datos de BeConfluence, de hacer este estudio inédito, que refleja la transformación que están viviendo profesionales del marketing, consumidores y marcas a través de la IA. Este tipo de estudios no son percepciones, sino realidades científicas avaladas por los millones de datos que nuestra tecnología es capaz de capturar, jerarquizar e interpretar”. En resumen, Facttory es capaz de “conocer la voz no solicitada pero auténtica de cualquier persona que deja su huella en internet. Nuestra tecnología y metodología inédita permite rastrear y analizar la huella digital de todos los usuarios digitales, una oportunidad extraordinaria para empresas e instituciones”, concluye. Las voces de las marcas se unen en LinkedIn El Día de las Marcas ha contado además con una importante campaña en LinkedIn para sensibilizar a profesionales, administración, empresas y la sociedad en general sobre el valor de las marcas como activo indispensable de las compañías y de los países. Bajo el hashtag #DiadelasMarcas, AEBRAND, AMKT, ANDEMA, FMRE y Corporate Excellence han animado a empresas, profesionales y organizaciones de sus ecosistemas a compartir sus reflexiones y su visión sobre las marcas como factor de competitividad y de cambio social, como creadoras de riqueza, generadoras de innovación, creatividad y empleo, o como parte de la vida personal de los ciudadanos. El evento también ha contado con la participación de Elisa Rodríguez Ortiz, directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE); y con dos mesas redondas en las que se ha debatido sobre los datos del estudio en las que han participado: Ángel Fernández, CMO de LaLiga; Jaime Dolagaray, presidente de AEBRAND y socio director en Branward; y Santiago Hernández, Head of Solutions and GTM de Adobe; moderados por Enrique Arribas, vicepresidente de AMKT. En la segunda mesa han intervenido David Gómez, abogado de Scalpers; el inspector jefe José Luis Gómez, de la sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Policía Nacional; y María Freixa, Global Account Director de Corsearch, con la moderación de Gerard Guiu, director general de ANDEMA.Los datos se han presentado con motivo del Día de las Marcas, un encuentro impulsado por AEBRAND, AMKT, ANDEMA y el Foro de Marcas Renombradas Españolas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/FOT-MARCA-p481325-m1500900-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/dos-de-cada-tres-consumidores-en-espana-usan-la-ia-para-tomar-sus-decisiones-de-comprahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/FOT-MARCA-p481325-m1500900-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/dos-de-cada-tres-consumidores-en-espana-usan-la-ia-para-tomar-sus-decisiones-de-comprahttps://elderecho.com/dos-de-cada-tres-consumidores-en-espana-usan-la-ia-para-tomar-sus-decisiones-de-comprahttps://elderecho.com/dos-de-cada-tres-consumidores-en-espana-usan-la-ia-para-tomar-sus-decisiones-de-compra2026-05-14 18:20:512026-05-14 18:20:51sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481222Y ello porque “lo esencial” para entender que la habitación se considera morada es que cubre “la necesidad permanente de vivienda”, y “no la exclusividad en el uso de todos y cada uno de los servicios esenciales”. En una sentencia dictada recientemente, el tribunal estima así el recurso presentado por una inquilina contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Santoña que estimó la demanda presentada por su casera, quien solicitaba la resolución del alquiler y el desalojo al considerar que había concluido el tiempo de duración del contrato. Ambas partes celebraron un contrato de arrendamiento de una habitación con derecho a uso de las zonas comunes del piso por un periodo de un año, plazo que posteriormente pactaron prorrogar a cinco meses más. Pasado ese tiempo, la casera quiso resolver el contrato, pero la inquilina permaneció en la vivienda. Entonces, presentó una demanda solicitando el desalojo porque el contrato había llegado a su fin, a lo que la demandada respondió que la legislación aplicable es la Ley de Arrendamientos Urbanos y no el Código Civil, como entendía su casera, por lo que el contrato seguía vigente. El tribunal de instancia falló en favor de la demandante, al considerar que “el arriendo tiene objeto únicamente una de las habitaciones del inmueble” y no una “edificación habitable al no reunir los elementos suficientes para atender de modo permanente la necesidad de vivienda de la arrendataria”. La habitación cubre la necesidad permanente de vivienda Sin embargo, la Audiencia de Cantabria, en su sentencia de apelación, recuerda que se considera arrendamiento de vivienda aquel que recae sobre una edificación habitable “cuyo destino principal sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda” y que la propia LAU excluye de esta consideración, entre otros, “arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra”. Pues bien, del propio contrato se desprende que “el destino principal de la habitación y servicios comunes arrendados es el de la necesidad permanente de la recurrente, pues no otra cosa puede decidirse de los términos ‘destino exclusivo para alojamiento’ o ‘no se permite’ la actividad comercial, ni profesional ni alojamiento de terceras personas”. Además, “el hecho de que el resto de habitaciones las ocupen otras personas, también arrendatarias, no es óbice a que estemos ante un contrato de arrendamiento sujeto a la LAU, pues lo esencial es la necesidad permanente de vivienda, no la exclusividad en el uso de todos y cada uno de los servicios esenciales”, concluye la sentencia. AP de Cantabria. Sección nº 2. Sentencia ºn 166/2026 de 10 de marzo de 2026.La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cantabria considera que una habitación alquilada tiene consideración de vivienda, por lo que la arrendataria goza de las prórrogas forzosas que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2069147360-1-p481222-m1500621-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/considerada-como-vivienda-una-habitacion-alquilada-y-su-prorroga-forzosa-del-contrato-de-alquilerhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2069147360-1-p481222-m1500621-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/considerada-como-vivienda-una-habitacion-alquilada-y-su-prorroga-forzosa-del-contrato-de-alquilerhttps://elderecho.com/considerada-como-vivienda-una-habitacion-alquilada-y-su-prorroga-forzosa-del-contrato-de-alquilerhttps://elderecho.com/considerada-como-vivienda-una-habitacion-alquilada-y-su-prorroga-forzosa-del-contrato-de-alquiler2026-05-14 14:46:152026-05-14 14:46:15civilCivil2Civil481218A medida que la IA se va generalizando en las empresas, los CEO se ven sometidos a una presión cada vez mayor para para replantearse cómo funcionan los equipos directivos, cómo se toman las decisiones y cómo están estructuradas las organizaciones. Este contexto, analizado por el Institute for Business Value de IBM, ha impulsado el puesto de director de inteligencia artificial (Chief Artificial Intelligence Officer, CAIO), que ya está presente en el 82 por ciento de las organizaciones españolas, frente al 22 por ciento de solo en 2025. Este dato es superior al 76 por ciento a nivel global. Entre las organizaciones que cuentan con un CAIO, los CEO a nivel mundial y en España esperan que la influencia de este cargo aumente de aquí a 2030, al igual que la influencia de todos los miembros del equipo directivo. Asimismo, las organizaciones de todo el mundo que han adoptado un enfoque centrado en la IA a la hora de configurar su equipo directivo han puesto en marcha en un 10 por ciento más de iniciativas de esta tecnología en toda la empresa que sus homólogas. Estos datos se recogen en el estudio anual de IBM sobre los CEO, en el que han participado 2.000 directores ejecutivos de todo el mundo, también de España, país donde el 60 por ciento de los CEO afirma sentirse cómodo tomando decisiones estratégicas importantes basadas en información generada por la IA, frente al 64 por ciento de los CEO de todo el mundo. Asimismo, el 88 por ciento de los CEO españoles coincide en que la soberanía de la IA es esencial para la estrategia empresarial, respecto al 83 por ciento global, lo que señala la importancia de contar con los controles adecuados a medida que la IA adquiere un papel cada vez más relevante a nivel empresarial. Los CEO encuestados en España afirman que tan solo el 25 por ciento de la plantilla utiliza la IA regularmente como parte de su trabajo --una cifra casi idéntica a la media internacional del 25 por ciento-- a pesar de que el 83 por ciento cree que sus empleados tienen las habilidades para colaborar con la IA (86% a nivel mundial). Para 2030, los CEO encuestados en España prevén que el 47 por ciento de las decisiones operativas (48% a nivel mundial) en las que se puedan codificar la coherencia y los límites de seguridad serán tomadas por la IA sin intervención humana, frente al 23 por ciento actual. Además, el 80 por ciento de los directivos españoles confirma que está descentralizando la toma de decisiones y distribuyendo la responsabilidad a medida que la IA adquiere un papel más importante en toda la empresa; una tendencia que se refleja de forma casi idéntica a nivel mundial con un 79 por ciento. Apuesta por las personas para impulsar la IA En el estudio se recoge también que para el 85 por ciento de los CEO en España el éxito de la IA depende más de la adopción por parte de las personas que de la tecnología, una visión que comparten el 83 por ciento de los CEO a nivel mundial Entre 2026 y 2028, los encuestados a nivel nacional prevén que el 28 por ciento de los empleados necesite recualificación para desempeñar otra función diferente y que el 51 por ciento necesite mejorar sus competencias para desempeñar su función actual de forma más eficaz (cifras muy similares al 29 por ciento y 53 por ciento registrados, respectivamente, a nivel mundial) A nivel mundial, las organizaciones que han rediseñado cinco áreas clave de negocio --tecnología, finanzas, recursos humanos, operaciones y colaboración interfuncional-- tienen cuatro veces más probabilidades de haber cumplido con sus objetivos empresariales. El 87 por ciento de los CEO españoles afirma que las funciones de liderazgo en materia de talento y tecnología están convergiendo, lo que sugiere una integración más estrecha entre el talento, la tecnología y la estrategia empresarial, superior a la media global del 77 por ciento. El aumento de la influencia del director de RRHH "Los datos de este informe confirman que la inteligencia artificial es ya una realidad operativa en las empresas, y que los CEO españoles han decidido liderar este cambio asumiendo la necesidad de salir de su zona de confort", ha indicado la Managing Partner de IBM Consulting, Ana Gobernado. Para esta directiva, "que el 88% sitúe la IA soberana como clave estratégica demuestra que han entendido algo fundamental: tener el control de los datos y de los modelos no está reñido con la innovación. Al contrario, es lo que les da seguridad para tomar riesgos y actuar con agilidad. Al mismo tiempo, la consolidación de la figura del director de IA en el 82% de nuestras organizaciones refleja precisamente este salto de madurez". Por otra parte, Gobernado incide en que "ya no estamos hablando de pruebas de concepto ni de IA de consumo, sino de IA empresarial orientada a rediseñar procesos de principio a fin para materializar resultados tangibles en el negocio", lo que "evidencia que el verdadero reto no es tecnológico, sino cultural". Por ello, ha destacado que la influencia de los directores de recursos humanos (CHRO) "va a ser más decisiva que nunca". Según los datos del estudio, para el 66 por ciento de los CEO encuestados en España, su influencia aumentará en los próximos años, una cifra que supera la media mundial, situada en el 59 por ciento.El 88% de los CEO españoles considera que la IA es un elemento clave para su estrategia empresarial, lo que les ha llevado a incorporar un director de IA para generar un mayor impacto en toda la organización.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2482326693-1-p481218-m1500558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-82-de-las-organizaciones-en-espana-cuenta-ahora-con-un-director-de-ia-frente-al-22-de-hace-un-anohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2482326693-1-p481218-m1500558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-82-de-las-organizaciones-en-espana-cuenta-ahora-con-un-director-de-ia-frente-al-22-de-hace-un-anohttps://elderecho.com/el-82-de-las-organizaciones-en-espana-cuenta-ahora-con-un-director-de-ia-frente-al-22-de-hace-un-anohttps://elderecho.com/el-82-de-las-organizaciones-en-espana-cuenta-ahora-con-un-director-de-ia-frente-al-22-de-hace-un-ano2026-05-14 14:11:522026-05-14 14:11:52derecho-ticDerecho TICDerecho TIC481220El TS revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entendió que se trató de un accidente doméstico o no laboral al no haber quedado probado que se hubiera producido en tiempo de trabajo. La sentencia destaca que, en el caso concreto, la carga de la prueba de si el hecho se produjo o no en tiempo de trabajo recaía en la empresa y, en su caso, la Mutua, y no en la trabajadora (en este proceso, en los familiares que reclaman las prestaciones), por lo que concurre la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que señala que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo”. En el caso resuelto, la trabajadora prestaba sus servicios como técnico administrativo senior para una empresa, y lo hacía en modalidad de teletrabajo los lunes, miércoles y viernes con un horario flexible entre las 9:00 y las 19:00 horas. Disponía de una hora para comer, sin que ésta estuviera previamente fijada por la empresa. Un día de febrero de 2022, la trabajadora fue encontrada muerta en su domicilio por un familiar, y la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio, compatible con muerte natural ocurrida aproximadamente a las 15:00 horas. También constató que la trabajadora tenía el estómago vacío y que no presentaba lesiones cardiacas significativas previas. El Supremo recoge en su sentencia que, como regla general, no hay norma que impida que la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley de la Seguridad Social sea aplicable a los accidentes sufridos por las personas teletrabajadoras, y que la posibilidad de aplicar la presunción a dolencias de manifestación súbita como el infarto en los casos de teletrabajo tampoco está limitada. Por tanto, la cuestión se centró en si el hecho se produjo o no en tiempo de trabajo. Carga de la prueba puede ser de la empresa o del trabajador El tribunal destaca que la carga de la prueba es del empresario cuando la empresa concreta el espacio físico (en el caso, el domicilio) y el horario de trabajo es online (esto es, en conexión directa con un sistema central), ya que puede utilizar medios electrónicos o informáticos que determinen y precisen el control horario. En cambio, añaden los magistrados, cuando el trabajo pueda desarrollarse offline (sin conexión o fuera de Internet), la posibilidad de control empresarial está inhabilitada y, si el horario está indeterminado, corresponderá al trabajador, en principio, la carga de probar que el accidente se produjo en tiempo de trabajo. Pero en el caso examinado, aunque la modalidad prestacional del teletrabajo estaba más cercana al modelo sin conexión que al «online», el Supremo destaca que el tiempo de trabajo presentaba “un contorno impreciso que no puede ir en contra de quien, como la trabajadora, presta servicios en teletrabajo, con horario determinado y con una flexibilidad muy atenuada, jugando a su favor elementos determinantes que llevan a concluir que no consta que a las 15:00 horas estuviera descansando”. “Era la empresa y, en su caso, la Mutua de Accidentes, la que debían demostrar, mediante un control de la actividad laboral, que la trabajadora había terminado su jornada a las 15:00 horas o que había iniciado a esa hora la pausa para comer. No consta ni lo uno ni lo otro. Tampoco hay constancia de que la trabajadora comiera habitualmente a una hora determinada. Por otra parte, no hay rastro documental (…) de que, con relación a las condiciones del trabajo, el documento de control de la actividad fuera facilitado por la empresa a la trabajadora”, añade el tribunal. En cambio, sí que está acreditado –indica la resolución—“que falleció con el estómago vacío, indicio que, vinculado a los antecedentes expuestos, permite afirmar la cumplida acreditación del hecho base cualificado de que la trabajadora estaba en tiempo de trabajo, y que a su vez aboca a la aplicación de la presunción de laboralidad del artículo 156.3 LGSS a los efectos de presumir la existencia de accidente de trabajo”. “En el supuesto que examinamos, la duda razonable que expresa la sentencia recurrida sobre el hecho de que el fallecimiento ocurrido se produjera en tiempo de trabajo, no justifica que deba recaer la carga de la prueba de dicha circunstancia en la persona teletrabajadora. Concurren esas otras circunstancias que demuestran que, pese a la flexibilidad horaria, hay indicios sólidos y concluyentes que demuestran que la muerte sobrevino en tiempo de trabajo. Por tanto, queda expedita la aplicación de la presunción del artículo 156.3 de la LGSS, que podía haberse contrarrestado mediante la prueba en contrario”, concluye el tribunal. En consecuencia, la sentencia repone la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, que estimó el recurso de la pareja de hecho de la fallecida y condenó a la mutua al pago de la prestación por muerte y supervivencia por el fallecimiento en accidente de trabajo, respondiendo subsidiariamente la Seguridad Social en caso de insolvencia de la mutua.El Pleno de la Sala Social del Supremo ha considerado accidente de trabajo el infarto de miocardio que causó la muerte de una teletrabajadora en su domicilio, dentro del horario flexible en el que desarrollaba el trabajo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2635673777-1-p481220-m1500599-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/accidente-de-trabajo-el-infarto-de-miocardio-sufrido-por-una-teletrabajadora-en-casa-con-horario-laboral-flexiblehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2635673777-1-p481220-m1500599-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/accidente-de-trabajo-el-infarto-de-miocardio-sufrido-por-una-teletrabajadora-en-casa-con-horario-laboral-flexiblehttps://elderecho.com/accidente-de-trabajo-el-infarto-de-miocardio-sufrido-por-una-teletrabajadora-en-casa-con-horario-laboral-flexiblehttps://elderecho.com/accidente-de-trabajo-el-infarto-de-miocardio-sufrido-por-una-teletrabajadora-en-casa-con-horario-laboral-flexible2026-05-14 14:10:442026-05-14 14:10:44socialSocial13Social481219El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Generalitat Valenciana han firmado un convenio para reforzar la colaboración en materia de digitalización del servicio público de Justicia. El acuerdo, suscrito por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la consellera de Justícia, Transparència i Participació de la Generalitat, Núria Martínez, regula los medios tecnológicos que el Ministerio cederá gratuitamente a la Comunitat Valenciana y facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado. El convenio se enmarca en el proceso de modernización y transformación que está impulsando el Ministerio para garantizar una Justicia del siglo XXI, más ágil y eficiente y con una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes. Con su firma, la Comunitat Valenciana se suma al modelo tecnológico que impulsa el Ministerio, como ya han hecho Catalunya, el Principado de Asturias, Canarias, La Rioja, Galicia, País Vasco y Navarra. Antes de firmar el convenio, el secretario de Estado de Justicia también se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza. Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital El convenio detalla que la Generalitat Valenciana podrá utilizar soluciones tecnológicas del Ministerio como Carpeta Justicia, la plataforma online que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones, solicitar cita previa en Registros Civiles y órganos judiciales, etc. El Ministerio también comparte LexNet, la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos, y DICIREG, la plataforma que permite tramitar los expedientes del Registro Civil vía online. Asimismo, facilitará el acceso al Hub de Interoperabilidad, que permite la remisión de expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos judiciales; al sistema de registros de la Administración de Justicia (SIRAJ), que permite la consulta automática de antecedentes penales y la gestión de la protección de las víctimas; o al Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) para realizar comparecencias virtuales con todas las garantías. También se compartirán aplicaciones para agilizar procesos gracias a la robotización o la inteligencia artificial. El Ministerio transferirá todas estas herramientas con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa. Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma adapte y enriquezca los desarrollos con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.A través del acuerdo, el Ministerio cederá diversas soluciones tecnológicas a la Generalitat, consolidando el modelo de cooperación digital con las comunidades autónomas con la competencia de Justicia transferidahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2669969177-1-p481219-m1500580-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-y-la-generalitat-valenciana-reforzaran-la-digitalizacion-de-la-justicia-en-esta-comunidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2669969177-1-p481219-m1500580-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-y-la-generalitat-valenciana-reforzaran-la-digitalizacion-de-la-justicia-en-esta-comunidadhttps://elderecho.com/justicia-y-la-generalitat-valenciana-reforzaran-la-digitalizacion-de-la-justicia-en-esta-comunidadhttps://elderecho.com/justicia-y-la-generalitat-valenciana-reforzaran-la-digitalizacion-de-la-justicia-en-esta-comunidad2026-05-14 13:25:522026-05-14 13:25:52sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481284ISMS Forum celebró en Madrid la XV Edición del Foro de la Ciberseguridad, una de las principales citas nacionales del sector, organizada junto a su grupo de trabajo Cyber Security Centre (CSC). El encuentro reunió más de 900 profesionales y analizó cómo la IA, amenazas emergentes como Mythos; la regulación europea y el riesgo poscuántico están redefiniendo la agenda de ciberseguridad de empresas y CISOs. La apertura institucional puso de relieve la importancia de reforzar la colaboración público-privada en materia de ciberseguridad. En este bloque participaron Javier Torres, secretario general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA); Andrés Ruiz, subdirector general de Seguridad Digital; y Alejandro Las Heras, consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, quienes destacaron el papel de las instituciones en el acompañamiento a empresas y profesionales ante un contexto tecnológico y regulatorio cada vez más exigente. Por parte del ámbito empresarial y asociativo, intervinieron Salvador Molina, presidente de ECOFIN; Carlos A. Saiz, vicepresidente de ISMS Forum, director del Data Privacy Institute y partner and head of Privacy, Risk Compliance de Ecix Group; y Roberto Baratta, presidente de ISMS Forum. Sus intervenciones subrayaron la necesidad de mejorar el entendimiento entre administraciones, empresas y comunidad profesional para afrontar los retos de ciberseguridad derivados de un entorno geopolítico complejo y de una aceleración tecnológica sin precedentes. Daniel García, managing partner de ISMS Forum, destacó que la irrupción de la IA y de herramientas como Mythos obliga a las organizaciones a disponer de modelos sólidos de gobernanza de la inteligencia artificial, orientados a un uso ético, seguro y confiable. En este contexto, recordó el papel de ISMS Forum como entidad de referencia para la comunidad de expertos en seguridad de la información, privacidad y gestión del riesgo digital, mediante el desarrollo de guías, marcos de trabajo y herramientas prácticas para los profesionales del sector. Durante el Foro, los asistentes conocieron distintos documentos e iniciativas, entre ellos, se presentó la III Edición del Libro Blanco del CISO, centrada en la evolución de este perfil como figura clave en el gobierno corporativo, la gestión del riesgo digital y la resiliencia del negocio. En el debate moderado por Francisco Lázaro, CISO DPO de Renfe, codirector del grupo de Inteligencia Artificial y board member de ISMS Forum, los ponentes señalaron que las exigencias regulatorias, tecnológicas y operativas han crecido de forma significativa en los últimos años, mientras que los recursos disponibles para las áreas de ciberseguridad no siempre han evolucionado al mismo ritmo. Otro de los proyectos presentados fue el Modelo de Madurez de Resiliencia Estructural NIS2, impulsado por ISMS Forum junto al Center for the Governance of Change de IE University. La iniciativa está orientada a identificar brechas organizativas, tecnológicas, procedimentales y de gobernanza en entidades sujetas a la Directiva NIS2. Casimiro Juanes, investigador del IE, explicó que este modelo contribuye a fortalecer el papel estratégico del CISO y a generar evidencia útil para organizaciones, reguladores y responsables públicos, favoreciendo una ciberseguridad más sólida, competitiva y alineada con los objetivos nacionales y europeos. La jornada también incluyó la presentación de la Guía para CISOs: Riesgos y oportunidades del post-Quantum en Ciberseguridad, dirigida a integrar el riesgo poscuántico en el gobierno corporativo y en la gestión de la criptografía. Durante la exposición, los ponentes señalaron que la llegada de la computación cuántica abre un nuevo reto para la ciberseguridad, al poder afectar a los sistemas de cifrado y certificación que hoy protegen la información de empresas, administraciones y ciudadanos. La guía ofrece pautas para anticipar este escenario y preparar a las organizaciones ante una transición tecnológica que tendrá impacto directo en la seguridad de activos críticos. El cierre del XV Foro de la Ciberseguridad estuvo dedicado a la presentación de los resultados de los CyberMS ’26: Ciberejercicios Multisectoriales, orientados a evaluar la capacidad de detección, respuesta y recuperación de las organizaciones ante crisis de ciberseguridad. Marcos Gómez, subdirector de INCIBE, entidad que colabora con ISMS Forum en el desarrollo de estos ciberejercicios desde su primera edición, puso en valor la importancia de realizar simulacros de incidentes para mejorar la preparación real de las empresas. La principal conclusión fue que la resiliencia no depende solo de la tecnología, sino también de la preparación previa, la coordinación interna y la capacidad de decidir con rapidez ante incidentes complejos. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]Expertos, instituciones y líderes empresariales se reúnen en Madrid para analizar la respuesta ante un entorno digital más complejo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/14-05-2026_16-21-56-p481284-m1500753-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/xv-foro-de-la-ciberseguridad-de-isms-forum-empresas-y-cisos-refuerzan-la-gobernanza-de-la-ia-ante-nuevas-amenazas-como-mythoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/14-05-2026_16-21-56-p481284-m1500753-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/xv-foro-de-la-ciberseguridad-de-isms-forum-empresas-y-cisos-refuerzan-la-gobernanza-de-la-ia-ante-nuevas-amenazas-como-mythoshttps://elderecho.com/xv-foro-de-la-ciberseguridad-de-isms-forum-empresas-y-cisos-refuerzan-la-gobernanza-de-la-ia-ante-nuevas-amenazas-como-mythoshttps://elderecho.com/xv-foro-de-la-ciberseguridad-de-isms-forum-empresas-y-cisos-refuerzan-la-gobernanza-de-la-ia-ante-nuevas-amenazas-como-mythos2026-05-14 12:29:402026-05-14 12:29:40derecho-ticDerecho TICDerecho TIC481272En este contexto, la legaltech catalana Enley fundada en 2020, ha desarrollado una plataforma que convierte servicios jurídicos tradicionales en procesos digitales estandarizados, con el objetivo de simplificar el acceso y reducir la fricción habitual del sector. La compañía opera en España y México y ofrece servicios como divorcios, constitución de sociedades, registro de marcas o cancelación de deudas a través de flujos completamente online. El proceso arranca con un formulario sencillo y continúa con el acompañamiento de abogados especializados, que gestionan cada caso de forma digitalizada desde la plataforma. Servicios legales convertidos en producto El modelo de Enley parte de una idea bastante clara: dejar de tratar cada caso como algo aislado y empezar a estructurar los servicios legales como productos. Eso se traduce en procesos definidos de inicio a fin, con alcance cerrado, precio fijo y una operativa que busca ser lo más predecible posible. El usuario entra en la plataforma, inicia su trámite y a partir de ahí todo el flujo —documentación, seguimiento y comunicación— se centraliza digitalmente. “Al final lo que hemos hecho es dejar de pensar en cada caso como algo único y empezar a estructurarlo como un producto. Si no lo puedes automatizar o estandarizar mínimamente, no escala”, explica el CTO de Enley. El objetivo no es eliminar el componente jurídico, sino ordenarlo y hacerlo más eficiente, reduciendo pasos innecesarios y ganando claridad en todo el proceso. Estandarización como palanca de escalado Enley se sitúa dentro de una tendencia cada vez más clara en el sector legaltech: la estandarización de servicios que tradicionalmente se han gestionado de forma manual y muy fragmentada. Este enfoque permite escalar la prestación de servicios sin perder control sobre la calidad, y facilita introducir mejoras tecnológicas de forma progresiva en distintos puntos del proceso. “La clave no es meter tecnología porque sí, es reducir la variabilidad del proceso. Cuanto más definido está todo, más fácil es automatizar partes sin romper nada del flujo legal”, apuntan desde el equipo técnico de Enley. La compañía trabaja con un modelo híbrido en el que la tecnología ordena y automatiza parte de la operativa, mientras que el criterio jurídico sigue estando en manos de abogados especializados. Crecimiento y expansión Desde su lanzamiento, Enley ha superado los 20.000 clientes gestionados al año y cuenta con más de 5.000 clientes suscritos en España. La compañía ha acumulado más de 5 millones de euros en financiación desde su fundación. En paralelo a su crecimiento en el mercado español, la legaltech ha iniciado su expansión en México, donde está registrando una evolución rápida dentro de su estrategia internacional. Un sector que empieza a funcionar como producto Más allá del crecimiento de la compañía, el movimiento de fondo es más amplio: el sector legal empieza a adoptar dinámicas más propias del software que del despacho tradicional. En ese cambio, Enley busca posicionarse como una infraestructura de servicios legales digitales, donde la tecnología permite escalar procesos, reducir complejidad y hacer más accesible el acceso a servicios jurídicos sin perder el componente profesional que requiere el sector. Planes de futuro Enley prevé ampliar su catálogo de servicios digitales, reforzar la automatización de procesos y consolidar su presencia en los mercados en los que ya opera. La compañía continúa explorando oportunidades de expansión internacional en mercados donde el acceso a servicios legales presenta todavía importantes fricciones.  [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]El sector legal sigue moviéndose hacia modelos cada vez más digitales y estructurados, donde la tecnología ya no es solo una capa de soporte, sino parte central de cómo se prestan los servicios.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/01/shutterstock_2267303769-1-p481272-m1500717-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/enley-da-el-paso-del-despacho-tradicional-al-software-legal-con-la-industrializacion-de-los-servicios-juridicoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/01/shutterstock_2267303769-1-p481272-m1500717-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/enley-da-el-paso-del-despacho-tradicional-al-software-legal-con-la-industrializacion-de-los-servicios-juridicoshttps://elderecho.com/enley-da-el-paso-del-despacho-tradicional-al-software-legal-con-la-industrializacion-de-los-servicios-juridicoshttps://elderecho.com/enley-da-el-paso-del-despacho-tradicional-al-software-legal-con-la-industrializacion-de-los-servicios-juridicos2026-05-14 08:10:482026-05-14 08:10:48derecho-ticDerecho TICDerecho TIC481120Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, acaba de anunciar su incorporación a la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) sumando esfuerzos para promover el desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica en las empresas, la sociedad de la información y la formación de los empresarios en estas materias. La compañía que forma parte del grupo europeo Lefebvre Sarrut mantiene una clara apuesta por la innovación y continúa reforzando su compromiso con una IA al servicio del criterio jurídico. Con soluciones como GenIA-L, la IA jurídica de Lefebvre, combina la innovación tecnológica con la excelencia editorial que les ha caracterizado desde sus comienzos en el mercado español. Desarrollo económico En el acuerdo de colaboración entre CEIM y Lefebvre se mantienen varios compromisos como el poder propiciar el desarrollo económico sostenible de la Comunidad de Madrid convertido en medio para lograr una situación social cada vez más justa y mejora del medio ambiente. También, está contemplado poder promover y defender la unidad de mercado, la competitividad de las empresas y la defensa de la libre competencia. Actualmente, uno de los principales retos de Lefebvre es reforzar su presencia e influencia en el tejido empresarial, más allá de su consolidada base en los despachos profesionales y las sesorías. Antonio Román, director de desarrollo del Mercado Empresa de Lefebvre, ha destacado que uno de los objetivos de ser parte de CEIM es “acercar el conocimiento jurídico a la empresa, especialmente a aquellas de más de 50 empleados, que requieren un mayor nivel de seguridad y acompañamiento en la toma de decisiones”. Por su parte, la secretaria general de CEIM, Sara Molero, ha señalado que “la incorporación de Lefebvre refuerza el ecosistema de CEIM con una compañía líder en conocimiento jurídico y soluciones innovadoras a nivel internacional, clave para mejorar la seguridad y competitividad de nuestras empresas”.Lefebvre, grupo europeo especializado en contenidos y soluciones jurídicas con matriz en París, se incorpora a CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el ámbito empresarial y contribuir al desarrollo del tejido productivo madrileño.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-Lefebvre-CEIM_img-p481120-m1500241-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-se-incorpora-a-la-confederacion-empresarial-de-madrid-ceoe-para-promover-la-investigacion-y-la-innovacion-tecnologica-en-las-empresashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-Lefebvre-CEIM_img-p481120-m1500241-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-se-incorpora-a-la-confederacion-empresarial-de-madrid-ceoe-para-promover-la-investigacion-y-la-innovacion-tecnologica-en-las-empresashttps://elderecho.com/lefebvre-se-incorpora-a-la-confederacion-empresarial-de-madrid-ceoe-para-promover-la-investigacion-y-la-innovacion-tecnologica-en-las-empresashttps://elderecho.com/lefebvre-se-incorpora-a-la-confederacion-empresarial-de-madrid-ceoe-para-promover-la-investigacion-y-la-innovacion-tecnologica-en-las-empresas2026-05-13 14:44:422026-05-13 14:44:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481168Esto es debido a que se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos. Las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso en la temporalidad y garantizar la eficacia de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada son el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados en la citada sentencia del TJUE y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador. Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión. La aplicación de la citada doctrina al caso concreto, en el que la actora había superado dicho proceso selectivo y posteriormente se había producido un abuso en la temporalidad, conlleva que se declare que su relación laboral es fija.La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 11 de mayo de 2026, de conformidad con la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (asunto Obadal), argumenta que la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público, no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0019_1-p481168-m1500388-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjuehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0019_1-p481168-m1500388-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjuehttps://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjuehttps://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjue2026-05-13 14:05:492026-05-13 14:05:49socialSocial13Social481134Para calificar los rendimientos obtenidos por un contribuyente  persona física provenientes de una entidad en cuyo capital participa como rendimientos del trabajo o de una actividad económica, la LIRPF considera que tales rendimientos proceden de una actividad económica cuando derivan de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del IAE, siempre que el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el RETA o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial (LIRPF art.27.1, tercer párrafo). El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cómo debe interpretarse el requisito de que el contribuyente esté incluido en el RETA a efectos de calificar tales rendimientos como procedentes de una actividad económica: se debate si la LIRPF exige solo que la persona física esté incluida de manera obligatoria por imperativo legal dentro de los supuestos de cotización en el RETA (LGSS art.305.2.b), o si además es necesario que cumpla el requisito formal de estar dada de alta efectivamente en este régimen especial (LGSS art.307). Es decir, se trata de determinar si puede calificarse como rendimiento de actividad económica los rendimientos percibidos por una persona que, estando de manera obligatoria incluida en el RETA, formalmente no está dada de alta en este régimen, incumpliendo lo dispuesto en la LGSS art.307. En el caso que plantea la sentencia, el contribuyente obtuvo rendimientos procedentes de una entidad en cuyo capital participa al 57% derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del IAE, por lo que tenía la obligación legal de estar incluido en el RETA, pese a incumplir su obligación y no estar dado formalmente de alta en dicho régimen. La distinción entre inclusión y afiliación en el RETA se desprende de la lectura conjunta de la LGSS art.305 y 307. Mientras que la LGSS art.305hace mención a la inclusión obligatoria en el RETA de las personas físicas que cumplan ciertos requisitos, la LGSS art.307 recoge la obligación de tales personas de solicitar su afiliación al sistema de la Seguridad Social y a comunicar las altas, bajas y variaciones de datos en el RETA en los plazos y condiciones exigidos. De lo anterior se desprende que la afiliación en el RETA tiene efectos meramente declarativos y no constitutivos. El Alto Tribunal señala que el término “incluido” a que hace mención el tercer párrafo de la LIRPF art.27.1 según el sentido propio de sus palabras, puesto en conexión con lo dispuesto en los artículos señalados de la LGSS, se refiere a la catalogación del trabajador en el RETA y no a su afiliación. Si el legislador hubiera querido exigir la afiliación podría haber redactado el tercer párrafo del referido artículo estableciendo que el contribuyente esté afiliado (no incluido), a tal efecto, en el RETA. Además, si no se tuviera en cuenta el dato formal del alta en el RETA, la naturaleza jurídica del rendimiento seguiría siendo la de rendimiento de una actividad económica,  al no poderse calificar como rendimiento del trabajo por no existir una relación laboral ya que faltan las notas de ajenidad y dependencia. Adicionalmente, la consecuencia prevista por el ordenamiento jurídico (RDLeg 5/2000 art.22) para los supuestos de no afiliación al RETA es la imposición de una sanción, e incluso, la obligación de cotizar en dicho régimen, no la calificación de la actividad en el Régimen General de la Seguridad Social o que en el ámbito tributario se califique de otro modo los rendimientos percibidos. Por tanto, el Tribunal Supremo concluye que el término «incluido» a que hace mención el tercer párrafo de la LIRPF art.27.1 exige única y exclusivamente que el contribuyente esté comprendido o catalogado de manera obligatoria por imperativo legal dentro de los supuestos de cotización en el RETA (LGSS art.305.2.b), no siendo necesario que además cumpla el requisito formal de estar dado de alta efectivamente en este régimen especial al amparo de la LGSS art.307.   TS 8-10-25, EDJ 723989   Más información en el Memento IRPF 2026  A los efectos de calificar como rendimientos de la actividad económica los rendimientos percibidos por el socio por la prestación de servicios profesionales a la sociedad, el término «incluido» a que hace mención la LIRPF art.27.1, tercer párrafo exige única y exclusivamente que el contribuyente esté incluido de manera obligatoria por imperativo legal dentro de los supuestos de cotización en el RETA de la Seguridad Social, no siendo necesario que además cumpla el requisito formal de estar dado de alta efectivamente en este régimen especial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2409450345-1-p481134-m1500299-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2409450345-1-p481134-m1500299-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedadhttps://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedadhttps://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedad2026-05-13 13:49:062026-05-13 13:49:06fiscalFiscal6Fiscal