https://elderecho.com/feedes480354Las cuestiones planteadas son las siguientes: Si resulta aplicable la reducción del 40%. La LIRPF disp.trans.12ª establece un régimen transitorio para los planes de pensiones que permite aplicar una reducción del 40% a las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1-1-2007, por la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta el 31-12-2006, siempre que se cumplan los requisitos exigidos (básicamente, que la prestación se perciba en forma de capital, que hayan transcurrido más de dos años entre la primera aportación al plan de pensiones y la fecha de acaecimiento de la contingencia -con alguna excepción- y que la prestación se perciba en el ejercicio en el que acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes). Tanto la norma fiscal como la financiera prevén la aplicación del régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones a los supuestos de liquidez de los derechos consolidados (LIRPF art.17.2.a.3ª y RDLeg 1/2002 art.8.8). En consecuencia, y siempre que se cumplan los requisitos exigidos, la reducción del 40% se puede aplicar a las prestaciones de planes de pensiones percibidas en forma de capital en el supuesto de disposición anticipada de derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. En relación con las condiciones que dan lugar al supuesto de disposición anticipada y, por tanto, el momento en que dicho supuesto se entiende producido, a efectos de la aplicación de la reducción, debe considerarse que el supuesto de disposición anticipada acaece en el ejercicio en el que se cumpla el requisito de antigüedad de las aportaciones y, además, se haya solicitado la disposición expresamente por el partícipe, conforme a un informe de la DGSFP de 29-11-2024. A efectos fiscales, el supuesto de disposición anticipada acaecerá en el mismo ejercicio para el conjunto de planes de pensiones correspondientes a un mismo partícipe que en ese momento cuenten con aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. Si resultaría aplicable la reducción del 40% a futuros cobros por otras contingencias o supuestos excepcionales de liquidez. Considerando que la finalidad primordial de los planes de pensiones es atender las contingencias a que se refiere el RDLeg 1/2002 art.8.6, en caso de poder disponer anticipadamente de los derechos consolidados en planes de pensiones por corresponderse con aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad y simultáneamente se pudiera percibir la prestación por el acaecimiento de alguna contingencia, a efectos fiscales se entendería que se percibe la prestación correspondiente a dicha contingencia. Por tanto, si se aplicase la reducción del 40%, posteriormente no podría aplicarse nuevamente por esa misma contingencia. Por otra parte, en caso de poder disponer anticipadamente de los derechos consolidados en planes de pensiones por corresponderse con aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad y simultáneamente se cumplieran los requisitos para el cobro de los derechos consolidados por los supuestos excepcionales de liquidez de enfermedad grave o desempleo de larga duración previstos en la normativa de planes de pensiones, si se aplicase la reducción del 40% por la disposición anticipada de derechos consolidados, posteriormente resultaría aplicable la reducción del 40% por el supuesto excepcional de liquidez que concurra, siempre que se cumplan los requisitos exigidos y, en particular, que las cantidades se perciban en el ejercicio en el que acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes (LIRPF disp.trans.12ª). En caso de disposición anticipada de derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad, en qué plazo deberían percibirse las prestaciones para poder beneficiarse de la reducción del régimen transitorio. La DGT señala que, una vez determinado que el ejercicio en el que se entiende acaecido el supuesto de disposición anticipada (aquél en el que se cumpla el requisito de antigüedad de las aportaciones y, además, el partícipe solicite la disposición expresamente), la reducción podrá aplicarse en ese ejercicio o en los dos ejercicios siguientes (LIRPF disp.trans.12ª.4). Cuál sería el plazo para la aplicación del régimen transitorio en caso de derechos consolidados embargados que sean ejecutables a partir del 1-1-2025, o que sean objeto de embargo a partir de dicha fecha, por cumplir el requisito de antigüedad de diez años de las aportaciones. En el caso de embargos de derechos consolidados que sean ejecutables con anterioridad al momento en que se entienda producido el supuesto de disposición anticipada de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos de diez años de antigüedad, el plazo para la aplicación del régimen transitorio comenzará a computar desde que dichos derechos resulten disponibles como consecuencia de la ejecu del embargo.   DGT CV 10-12-24V2524-24   Más información en el Memento IRPF 2026  La DGT aclara diversas cuestiones en relación con el tratamiento tributario de las cantidades obtenidas por la disposición anticipada de los derechos consolidados en planes de pensiones correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad y, en particular, respecto a la aplicación de la reducción del 40% (LIRPF disp.trans.12ª).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2308066729-1-p480354-m1497671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aportaciones-a-planes-de-pensiones-realizadas-con-al-menos-diez-anos-de-antiguedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2308066729-1-p480354-m1497671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aportaciones-a-planes-de-pensiones-realizadas-con-al-menos-diez-anos-de-antiguedadhttps://elderecho.com/aportaciones-a-planes-de-pensiones-realizadas-con-al-menos-diez-anos-de-antiguedadhttps://elderecho.com/aportaciones-a-planes-de-pensiones-realizadas-con-al-menos-diez-anos-de-antiguedad2026-04-30 16:00:542026-04-30 16:00:54fiscalFiscal6Fiscal480316La sentencia de la Sala Social TS de 17 de abril de 2026, rec.111/2024, señala que el precepto legal debe ser interpretado en el sentido de que el permiso es retribuido por imperativo legal, sin que sea necesario para ello que así lo establezca de forma expresa el convenio colectivo o acuerdo de empresa aplicable. Sin perjuicio de que mediante la negociación colectiva pueda fijarse otros aspectos distintos relativos al modo, manera, contenido y alcance de esa retribución. La norma legal persigue la transposición en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, cuya finalidad esencial la de incorporar mecanismos y herramientas que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo, así como  la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones laborales mediante la implantación de medidas que fomente la corresponsabilidad familiar.La Sala Social del TS ha establecido que el permiso que regula el art. 37.9 Estatuto de los Trabajadores, para ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes que hagan indispensable la presencia inmediata de la persona trabajadora, debe ser retribuido por las horas de ausencia equivalentes a cuatro días de trabajo al año. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0020_1-p480316-m1497569-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/retribuido-el-permiso-por-fuerza-mayor-por-motivos-familiareshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0020_1-p480316-m1497569-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/retribuido-el-permiso-por-fuerza-mayor-por-motivos-familiareshttps://elderecho.com/retribuido-el-permiso-por-fuerza-mayor-por-motivos-familiareshttps://elderecho.com/retribuido-el-permiso-por-fuerza-mayor-por-motivos-familiares2026-04-30 15:26:112026-04-30 15:26:11socialSocial13Social480329El acuerdo, firmado en Madrid por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, establece un marco estable de entendimiento entre dos instituciones llamadas a desempeñar un papel clave en el funcionamiento del sistema jurídico y en la confianza de ciudadanos y empresas. El convenio nace con una vocación amplia: reforzar los vínculos entre la Abogacía y el Notariado, favorecer actuaciones coordinadas de interés general y abrir una nueva etapa de interlocución institucional en ámbitos donde ambas profesiones resultan complementarias. Entre ellos figuran la seguridad jurídica preventiva, la mejora del servicio al ciudadano, la calidad en la prestación profesional, la difusión de derechos, la atención a colectivos vulnerables y el impulso de herramientas tecnológicas aplicadas al tráfico jurídico. El acuerdo cobra especial relevancia en un momento de profunda transformación del sector legal, marcado por la digitalización de los servicios jurídicos, la creciente exigencia de eficiencia en las relaciones entre profesionales y ciudadanos, y la necesidad de reforzar la confianza en las instituciones que sostienen el derecho de defensa y la seguridad jurídica. La firma del convenio supone, en este sentido, un paso significativo para articular una relación más estable entre ambas instituciones y para impulsar proyectos conjuntos en ámbitos de alto interés periodístico y social: desde la digitalización de servicios jurídicos hasta la protección de colectivos vulnerables, la mejora del acceso a la justicia o la generación de buenas prácticas al servicio de una ciudadanía cada vez más exigente en transparencia, eficacia y confianza. Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón “este convenio nace con una ambición muy clara: convertir la relación entre la Abogacía y el Notariado en una palanca de mejora real del servicio jurídico que reciben ciudadanos y empresas. Hablamos de reforzar la seguridad jurídica, de impulsar la formación y la modernización de nuestros profesionales, de detectar espacios de colaboración útil y de facilitar una interlocución más fluida entre dos instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando Abogacía y Notariado cooperan desde el respeto a sus respectivas funciones, gana la Justicia y gana la sociedad”. Por su parte, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, pone en valor el acuerdo en el contexto actual de transformación digital: “La cooperación entre Notariado y Abogacía es especialmente valiosa en un momento en el que el sistema jurídico necesita combinar garantías, cercanía y capacidad de adaptación tecnológica. Este convenio marco abre una vía útil para desarrollar proyectos comunes en ámbitos como la seguridad jurídica preventiva, la calidad del servicio, la atención a colectivos vulnerables o el intercambio de conocimiento técnico, siempre desde el respeto a la función propia e independiente de cada profesión”. Formación, estudios y tecnología compartida El Convenio entre ambas instituciones prevé varios ámbitos preferentes de colaboración. Entre ellos, la organización conjunta de actividades formativas, divulgativas y de actualización profesional; la elaboración de estudios, informes, estadísticas y documentos de buenas prácticas; y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios notariales y de la Abogacía. También contempla la posibilidad de explorar sinergias en el uso de plataformas y aplicaciones informáticas orientadas a obtener información registral relevante para ciudadanos, empresas y justiciables. Uno de los elementos con mayor proyección pública del convenio es precisamente su potencial para traducirse en medidas concretas con impacto directo en la práctica profesional. La colaboración podrá extenderse a jornadas, seminarios y mesas de trabajo sobre materias de interés común, así como a futuras adendas o convenios específicos que desarrollen proyectos concretos de carácter técnico, organizativo o tecnológico. Defensa, calidad del servicio y mejora de la experiencia del ciudadano El convenio incorpora además un componente especialmente significativo para la Abogacía: la voluntad de cooperar en iniciativas que contribuyan a salvaguardar el correcto ejercicio profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares, con especial atención a la intervención libre e independiente del abogado como garantía del derecho de defensa. Esa mención sitúa la colaboración no solo en el plano corporativo, sino también en el de la calidad democrática del sistema jurídico. Junto a ello, ambas instituciones se abren a promover recomendaciones, guías e instrumentos de apoyo para la mejora continua de las prácticas profesionales en los puntos de contacto entre la actuación notarial y la actuación letrada. El objetivo declarado es mejorar la experiencia de la ciudadanía y reforzar la seguridad y claridad en las relaciones jurídico-privadas, un terreno donde la cooperación entre notarios y abogados puede tener efectos especialmente visibles en operaciones societarias, herencias, poderes, contratos, mediación o resolución extrajudicial de conflictos. Visita institucional El Convenio se ha firmado en el marco de una visita institucional de la Junta de Gobierno del ICAM a la sede del CGN en la que han participado, por parte del CGN, su presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; el secretario del Consejo General del Notariado, Manuel Gerardo Tarrío Berjano; el director del Gabinete de la Presidencia, Pedro Galindo Gil; el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra. Por parte del ICAM han asistido su decano, Eugenio Ribón Seisdedos; el diputado 2º y presidente de la Sección de Derecho Bancario, José Ramón Couso; la diputada responsable de Relaciones Institucionales, Roberta Poza; y el director de los servicios jurídicos, Ignacio de Luis. Durante la visita se han abordado diversos asuntos de interés común, entre ellos la presentación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), una de las principales herramientas en materia de prevención y detección de operaciones de riesgo, apoyada en la Base de Datos de Titularidad Real, así como la presentación del Portal Estadístico del Notariado, una plataforma centrada en el mercado de la vivienda que ofrece a la ciudadanía datos reales, auténticos y actualizados sobre el sector inmobiliario desde criterios de transparencia y rigor.El ICAM y el CGN han suscrito un convenio marco de colaboración institucional con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas corporaciones de derecho público y promover iniciativas conjuntas en beneficio de los profesionales, de la seguridad jurídica y de la ciudadanía. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Firma-Convenio-ICAM-CGN-2-p480329-m1497610-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-y-el-consejo-general-del-notariado-sellan-una-alianza-para-reforzar-la-seguridad-juridica-la-digitalizacion-y-la-atencion-a-ciudadanoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Firma-Convenio-ICAM-CGN-2-p480329-m1497610-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-y-el-consejo-general-del-notariado-sellan-una-alianza-para-reforzar-la-seguridad-juridica-la-digitalizacion-y-la-atencion-a-ciudadanoshttps://elderecho.com/el-icam-y-el-consejo-general-del-notariado-sellan-una-alianza-para-reforzar-la-seguridad-juridica-la-digitalizacion-y-la-atencion-a-ciudadanoshttps://elderecho.com/el-icam-y-el-consejo-general-del-notariado-sellan-una-alianza-para-reforzar-la-seguridad-juridica-la-digitalizacion-y-la-atencion-a-ciudadanos2026-04-30 15:22:112026-04-30 15:22:11sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480314El caso parte de una demanda de impugnación de filiación en la que el demandante, tras conocer mediante prueba biológica que no era el progenitor, solicitó la nulidad de la inscripción registral y una indemnización por los daños derivados de haber asumido durante años las obligaciones propias de la paternidad. En el procedimiento, ambas partes alcanzaron acuerdo sobre la inexistencia de vínculo biológico y sobre la devolución de las cantidades abonadas en concepto de alimentos y gastos, pero discreparon en relación con el daño moral. La madre recurrió la sentencia al considerar que no había actuado con dolo ni tenía conocimiento de la falta de paternidad, sosteniendo que sin una conducta ilícita no podía imponerse indemnización por daño moral. Ocultación culposa La Audiencia desestima el recurso de apelación interpuesto por la madre y confirma el criterio del órgano de instancia. La Sala razona que, aun cuando no quede acreditado un comportamiento doloso, sí concurre una conducta al menos culposa al no haber informado al demandante de las dudas existentes sobre la paternidad. En este sentido, la resolución afirma que “es incuestionable que la madre debía tener dudas objetivas sobre la paternidad de su hija, dado que mantuvo relaciones sexuales con otro varón, además de su pareja, en el tiempo de la concepción” y que “no debió ocultar tales dudas a su pareja, precisamente por la importancia y consecuencias que tiene la determinación de la filiación”. La sentencia aborda además el debate existente en la jurisprudencia sobre este tipo de indemnizaciones y reconoce que la cuestión de la indemnización por daño moral en casos de ocultación de paternidad no es unánime y ha dado lugar a pronunciamientos distintos en el ámbito de las Audiencias Provinciales. No obstante, la Sala se alinea con aquellos que admiten la compensación. En esta línea, recuerda que la propia Audiencia Provincial de Murcia ha mantenido ya este criterio en resoluciones anteriores, señalando que “tiene ya dos sentencias (…) en la que considera que este daño moral es indemnizable”. Finalmente, la resolución confirma también la nulidad de la inscripción registral de la filiación y la obligación de la demandada de abonar tanto los daños materiales como la indemnización por daño moral, sin imposición de costas en ninguna de las instancias. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo si concurre interés casacional en los términos legalmente previstos. AP de Murcia. Sección nº 5. Sentencia nº 80/2026 de 3 de marzo de 2026.La Sección Quinta de la AP de Murcia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la madre y ha confirmado íntegramente la sentencia que declaró que el demandante no es el padre biológico de la menor, acordó la nulidad de la filiación inscrita y reconoció su derecho a ser indemnizado por los perjuicios sufridos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2211710773-1-p480314-m1497545-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-por-dano-moral-en-un-caso-de-impugnacion-de-paternidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2211710773-1-p480314-m1497545-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-por-dano-moral-en-un-caso-de-impugnacion-de-paternidadhttps://elderecho.com/indemnizacion-por-dano-moral-en-un-caso-de-impugnacion-de-paternidadhttps://elderecho.com/indemnizacion-por-dano-moral-en-un-caso-de-impugnacion-de-paternidad2026-04-30 14:58:342026-04-30 14:58:34civilCivil2Civil480285Esta promoción reconoce la sólida trayectoria profesional de Sanz, quien se incorporó a la firma en 2020 y hasta la fecha ocupaba el cargo de Counsel. Licenciado en Derecho Hispano-Francés por la Universidad Complutense de Madrid en 2013, Sanz ha completado su formación con diversos másteres de especialización internacional en países como Francia, Estados Unidos y los Países Bajos. Con más de diez años de experiencia en el ámbito del Derecho Laboral, el nuevo socio de Bird Bird asesora de forma habitual a clientes nacionales e internacionales en todo tipo de cuestiones jurídico-laborales. Su práctica incluye procesos de reestructuración, despidos, asuntos de Seguridad Social y conflictos colectivos, así como el apoyo recurrente en la gestión diaria de personal. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en la dirección y defensa de procedimientos judiciales, tanto ante la jurisdicción social como contencioso-administrativa, y ha participado en relevantes procesos de negociación colectiva. El área de Laboral de Bird Bird en Madrid, que cuenta con 12 abogados, es una de las de mayor tamaño de la oficina española. Bajo el liderazgo del socio Miguel Pastur, el departamento ha asesorado durante el ejercicio 2025 en un elevado volumen de asuntos laborales —entre ellos, más de 200 procedimientos judiciales— prestando un acompañamiento integral en todas las áreas del Derecho del Trabajo, tanto en el ámbito contencioso como no contencioso, a clientes nacionales e internacionales. Para Miguel Pastur, esta promoción “es el reflejo natural del compromiso, la excelencia técnica y la implicación de Jorge con nuestros clientes y compañeros y con el proyecto de Bird Bird, así como sus valores e integridad tan alineados con la cultura del despacho”. En su opinión, “este nombramiento refuerza nuestra capacidad para seguir ofreciendo un asesoramiento laboral de primer nivel, especialmente en un contexto de creciente complejidad normativa y profunda transformación del mercado de trabajo”. Por su parte, Jorge Sanz ha señalado que afronta esta nueva etapa “con enorme ilusión y responsabilidad”, y ha añadido que “es un orgullo formar parte de una firma como Bird Bird, con un proyecto sólido y una clara vocación internacional”. En este sentido, ha subrayado su voluntad de “seguir aportando valor a los clientes y contribuyendo al crecimiento del área de Laboral, junto a un equipo del máximo nivel”. Con esta promoción, Bird Bird reafirma su apuesta por el talento interno y consolida el crecimiento sostenido de su práctica laboral en España.Bird Bird Spain ha promocionado a Jorge Sanz como nuevo socio del departamento de Laboral, reforzando así una de las áreas estratégicas del despacho en su oficina de Madrid.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Miguel-Pastur-Jorge-Sanz-Bird-Bird-scaled-p480285-m1497470-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bird-bird-promociona-a-jorge-sanz-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Miguel-Pastur-Jorge-Sanz-Bird-Bird-scaled-p480285-m1497470-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bird-bird-promociona-a-jorge-sanz-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/bird-bird-promociona-a-jorge-sanz-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/bird-bird-promociona-a-jorge-sanz-como-nuevo-socio-de-laboral2026-04-30 13:46:502026-04-30 13:46:50sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480301El respaldo de los embajadores de los Veintisiete supone un paso previo a la adopción definitiva del texto, que llega tras años de negociaciones y revisa las reglas actuales para aclarar qué Estado miembro es responsable de pagar prestaciones como el paro, las ayudas familiares o los cuidados de larga duración cuando una persona vive o trabaja en más de un país de la Unión. Entre otras cosas, la reforma fija criterios más concretos para los casos de desempleo y establece que, tras un periodo mínimo de cotización de 22 semanas, el país donde se ha trabajado será el competente para abonar la prestación. Además, amplía de tres a seis meses el periodo durante el cual un trabajador puede seguir percibiendo el paro de su país al trasladarse a otro Estado miembro para buscar empleo, con posibilidad de prórroga. Estas nuevas disposiciones pretenden evitar que el coste recaiga en países en los que el trabajador no ha contribuido al sistema, al tiempo que garantizan un reparto más equilibrado de las cargas entre administraciones. El texto incorpora también un marco común para coordinar las prestaciones de cuidados de larga duración entre países y refuerza la seguridad jurídica en este ámbito mediante la introducción de una definición específica y una lista de prestaciones cubiertas, que serán evaluadas por la Comisión Europea tres años después de su entrada en vigor. Asimismo, el acuerdo aclara el reparto de las prestaciones familiares en situaciones en las que padres e hijos residen o trabajan en distintos países de la UE, garantizando su cobro aunque los menores vivan en otro Estado miembro y precisando qué ayudas están ligadas a la pérdida de ingresos por cuidado y cuáles no. El texto delimita también los supuestos en los que los Estados pueden restringir el acceso a determinadas prestaciones sociales a ciudadanos de la UE que no tienen actividad laboral, en línea con la jurisprudencia reciente. En relación con los trabajadores desplazados, se mantiene la obligación de comunicación previa por parte de las empresas, aunque se introducen excepciones para desplazamientos muy breves -de hasta tres días en un periodo de 30-, que no serán de aplicación en sectores como la construcción. También revisa algunos de los criterios utilizados para determinar la actividad en varios países y precisar qué legislación nacional es aplicable, con el fin de simplificar su aplicación. Por último, el pacto incluye mejoras en la cooperación entre autoridades nacionales, refuerza el intercambio de información y apuesta por una mayor digitalización de los procedimientos, con el objetivo de agilizar los trámites tanto para trabajadores como para empresas.Los Estados miembro de la UE han dado su visto bueno al acuerdo alcanzado entre el Consejo (Gobiernos) y el Parlamento Europeo para reformar las normas de coordinación de los sistemas de Seguridad Social, que incluye cambios en el pago del desempleo en situaciones transfronterizas para que sea el país donde se trabaja el que asuma la prestación en determinados casos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2527806633-1-p480301-m1497506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-27-acuerdan-normas-para-que-el-pais-donde-se-trabaja-asuma-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2527806633-1-p480301-m1497506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-27-acuerdan-normas-para-que-el-pais-donde-se-trabaja-asuma-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/los-27-acuerdan-normas-para-que-el-pais-donde-se-trabaja-asuma-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/los-27-acuerdan-normas-para-que-el-pais-donde-se-trabaja-asuma-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizos2026-04-30 13:30:332026-04-30 13:30:33socialSocial13Social480238La firma, fundada por Luis Martín y Javier Díaz-Gálvez, ha consolidado su posicionamiento como boutique especializada gracias a la integración de capacidades jurídicas y económicas en el asesoramiento a empresas. Con este nombramiento, Abencys refuerza su estructura en un momento en el que las empresas demandan cada vez más asesoramiento especializado para afrontar procesos de reestructuración, refinanciación y toma de decisiones en contextos de presión financiera, con un enfoque más técnico y multidisciplinar. Economista y abogado, Enrique Calabuig cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, con una trayectoria especialmente centrada en el análisis del riesgo de crédito para grandes empresas y en el estudio, planteamiento, análisis y decisión sobre distintas alternativas de reestructuración de deuda. Su perfil combina una sólida experiencia en productos de financiación bancaria con una destacada especialización en riesgos financieros y de firma, lo que le ha permitido participar en procesos de reestructuración consensuales y no consensuales de distinta tipología, incluyendo operaciones de grandes empresas, financiación corporativa, LBO’s y project finance. Además, ha intervenido en procesos con estructuras complejas de acreedores, en los que han participado distintos tipos de acreedores como Direct Lending, Fondos Distress o Bonistas, en compañías como Adveo, Celsa, Deoleo, DIA y Duro Felguera. Luis Martín, socio fundador de Abencys, afirma: “La incorporación de Enrique responde a una necesidad clara de seguir reforzando nuestra capacidad de respuesta en un área cada vez más exigente y sofisticada. Su experiencia, visión financiera y conocimiento de operaciones complejas aporta un enorme valor a nuestra firma y a nuestros clientes”. Por su parte, Manuel Gordillo, socio de Abencys, señala: “Enrique suma exactamente el tipo de perfil que queremos seguir incorporando a Abencys, un profesional con gran profundidad técnica, amplia experiencia en el sector financiero y capacidad para afrontar reestructuraciones complejas con una visión práctica y estratégica. Su llegada fortalece de manera muy relevante nuestro proyecto”. Enrique Calabuig apunta: “Me incorporo a Abencys en un momento especialmente interesante para el mercado, en el que las empresas necesitan asesoramiento económico y jurídico cada vez más especializado para afrontar procesos de reestructuración complejos. Es un proyecto muy sólido, con una visión muy clara, y confío en poder aportar experiencia y conocimiento para seguir reforzando esa propuesta de valor”.Abencys, despacho de abogados y economistas especializado en reestructuraciones e insolvencias, ha incorporado a Enrique Calabuig como nuevo socio, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de recursos de talento y conocimiento en el área de reestructuraciones, financiación y situaciones especiales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/de-iz-a-drch-Alejandro-Ingram-Manuel-Gordillo-Carlos-A.-Grande-Enrique-Calabuig-Luis-Martin-y-Javier-Diaz-Galvez-scaled-p480238-m1497319-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abencys-incorpora-a-enrique-calabuig-como-nuevo-socio-y-refuerza-su-capacidad-en-reestructuraciones-y-financiacionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/de-iz-a-drch-Alejandro-Ingram-Manuel-Gordillo-Carlos-A.-Grande-Enrique-Calabuig-Luis-Martin-y-Javier-Diaz-Galvez-scaled-p480238-m1497319-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abencys-incorpora-a-enrique-calabuig-como-nuevo-socio-y-refuerza-su-capacidad-en-reestructuraciones-y-financiacionhttps://elderecho.com/abencys-incorpora-a-enrique-calabuig-como-nuevo-socio-y-refuerza-su-capacidad-en-reestructuraciones-y-financiacionhttps://elderecho.com/abencys-incorpora-a-enrique-calabuig-como-nuevo-socio-y-refuerza-su-capacidad-en-reestructuraciones-y-financiacion2026-04-30 10:00:092026-04-30 10:00:09sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480242Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha celebrado el Congreso Laboral 2026, un encuentro de referencia en que destacados expertos del ámbito del derecho laboral, empleo, trabajo y Seguridad Social analizan las principales novedades legislativas y jurisprudenciales. La nueva edición se ha centrado en cuestiones cruciales como el nuevo panorama laboral, la ordenación del tiempo de trabajo, el nuevo SMI, la IA y los controles empresariales o el proceso laboral. La nueva edición del Congreso Laboral de Lefebvre ha contado con la colaboración del Banco Santander, Deloitte Legal, ECIJA, KPMG Abogados y la Universidad CEU San Pablo, así como con el apoyo de ADiReLab, ASNALA, FORELAB y el Consejo General de Graduados Sociales de España. La jornada, celebrada en formato híbrido, fue inaugurada por Rosa Visiedo, rectora de Universidades CEU; Antonio Sempere, magistrado del Supremo y catedrático de Universidad, así como director académico del Congreso, y Juan Pujol, presidente de Lefebvre. La primera sesión se centró en la ordenación del tiempo de trabajo y abordó cuestiones como los permisos laborales, el registro de jornada y la conciliación. La mesa estuvo liderada por Luisa Gómez, magistrada del Tribunal Supremo, y Covadonga Roldán, socia de Deloitte Legal. Roldán señaló que “el registro biométrico no es válido como sistema de control horario por falta de habilitación legal específica”, mientras que Gómez aclaró la duración del permiso familiar y su vínculo con “la necesidad de cuidados”. A continuación, Cristina Aragón, titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED, y Ana de la Puebla, catedrática de la UAM y Of Counsel de Baker Mckenzie analizaron las retribuciones, la compensación en las subidas del salario mínimo y el impacto de las ausencias por enfermedad en los complementos salariales. Impacto de la IA en el ámbito laboral El bloque dedicado a la IA, los algoritmos y los controles empresariales, contó con la participación de Rafael López, magistrado del Tribunal Supremo; Pilar Menor, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB y socia de DLA Piper, y Raúl Rojas, socio de Laboral de ÉCIJA, quienes analizaron la relevancia de la transparencia de las herramientas tecnológicas y las implicaciones legales de las pruebas videográficas o del recurso a detectives. Rojas destacó que “la IA se utiliza cada vez más como complemento para el análisis masivo de datos y la identificación de patrones”. Por su parte, Menor puso de relieve que “el uso de sistemas algorítmicos obliga a las empresas a informar a los trabajadores para garantizar certeza y confianza”. En la mesa dedicada al proceso laboral, Juan Manuel Ortiz, miembro de la Junta directiva de ASNALA y socio de IURISLAW Abogados, y Sandra García, magistrada de lo Social de Tribunales de Instancia de Madrid, analizaron la evolución organizativa de los tribunales, los últimos pronunciamientos en materia de despido o los juicios telemáticos. Posteriormente, Susana Molina, magistrada del TSJ de Madrid, y Javier Sánchez Millanes, de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, plantearon las distintas realidades laborales y sectoriales vinculadas al empleo público con especial hincapié en el personal indefinido no fijo, becarios y directivos. Incapacidad y absentismo laboral La incapacidad temporal y permanente, así como la gestión del absentismo laboral, protagonizaron la siguiente mesa, en la que participaron Olimpia del Águila, responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE; Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo de la UAM y Of Counsel de Pérez-Llorca; y Carlos de la Torre, socio de Andersen y vicepresidente de ADiReLab. También hubo espacio para tratar cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, la cotización en el régimen de autónomos, las prestaciones o las pensiones, de la mano de Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, catedrática en la URJC y magistrada, y Andrés Ramón Trillo García, jefe de Servicios Jurídicos de la Seguridad Social. En la mesa dedicada a la negociación colectiva, Jesús Cruz, presidente de la CCNCC; Eva Urbano, directora del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, y David Martínez Saldaña, socio de Laboral de KPMG, abordaron el impacto de la digitalización en la transmisión de empresa. La última mesa del Congreso estuvo dedicada a las infracciones administrativas y penales en el ámbito laboral. En ella participaron Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de FEDECA y secretaria general de la Asociación Internacional de Inspección de Trabajo, y Álvaro Rodríguez de la Calle, socio del área Laboral de ECIJA. El encuentro fue clausurado por Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Ana Gómez de ASNALA; Fermín Guardiola, presidente de FORELAB; Joaquín Merchán, presidente del Consejo de Graduados Sociales; y Antonio Sempere, que incidió en la capacidad del ámbito laboralista para generar conocimiento compartido, algo que quedaba reflejado en el evento organizado por Lefebvre con “la construcción de una verdadera comunidad profesional”.Lefebvre refuerza su compromiso con la actualización y formación continua de los profesionales del derecho, con una nueva edición de su espacio para el debate sobre los cambios normativos y jurisprudenciales que redefinen el panorama laboral.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Juan-Pujol-Antonio-Sempere-y-Jose-Angel-Sandin-en-el-Congreso-Laboral-de-Lefebvre-2026-p480242-m1497345-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Juan-Pujol-Antonio-Sempere-y-Jose-Angel-Sandin-en-el-Congreso-Laboral-de-Lefebvre-2026-p480242-m1497345-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvrehttps://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvrehttps://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvre2026-04-29 16:54:152026-04-29 16:54:15sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social480270Entre los principales avances se encuentra el paso de un sistema de consultas aisladas a un chat continuo con la resolución, que permite interactuar directamente con cada uno de los documentos. El usuario puede profundizar en el contenido mediante preguntas sucesivas, con respuestas siempre basadas en la propia resolución, garantizando así la fiabilidad de la información. Además, el sistema prioriza los denominados “elementos esenciales del análisis”, entre los que destacan la ratio decidendi, la fundamentación jurídica, los hechos relevantes o las alegaciones de las partes. Esta estructuración facilita una comprensión rápida y profunda del contenido jurídico. Otro avance que resulta fundamental se encuentra en el módulo de resoluciones similares, que abandona la simple ordenación cronológica para incorporar un filtrado más exigente y una clasificación inteligente de resultados. Ahora, las sentencias se agrupan, compartan o no la misma conclusión. Esto aporta un valor analítico mucho más relevante para el profesional del derecho. GenIA-L no solo mejora la eficiencia en la búsqueda de información, sino que permite un diálogo real con las resoluciones y ofrece un análisis jurídico más estructurado y útil, posicionándose como una herramienta sin equivalente actual en el mercado.La nueva generación de IA jurídica introduce mejoras sustanciales tanto en la experiencia de usuario como en la calidad del análisis.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/CABECERA-1480x449-1-p480270-m1497410-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevanteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/CABECERA-1480x449-1-p480270-m1497410-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevanteshttps://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevanteshttps://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevantes2026-04-29 16:50:182026-04-29 16:50:18sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480201La creciente complejidad regulatoria está generando mayores retos operativos y un incremento de los costes empresariales, tal y como coincide un 66% de los líderes empresariales que han participado en el último informe Global Tax Outlook 2025, elaborado por BDO, que recoge las conclusiones de 500 líderes fiscales de todo el mundo. Según este informe, el 81% de las empresas reconoce invertir más tiempo en atender requerimientos de las autoridades fiscales que en 2023, lo que genera un impacto en los recursos internos y en la calidad del cumplimiento. Los directivos encuestados afirman que la inversión en tecnología y las capacidades requeridas en los equipos internos se están acelerando, que la externalización híbrida se está normalizando y que la IA está ascendiendo rápidamente en la cadena de valor. A medida que el panorama regulatorio se ha vuelto cada vez más complejo, la función fiscal se ha visto obligada a adaptarse rápidamente para hacer frente a nuevas exigencias normativas, marcos fiscales globales más sofisticados y mayores expectativas por parte de las autoridades tributarias. En este contexto, las empresas se enfrentan a dos grandes desafíos interrelacionados que están redefiniendo las prioridades de los departamentos fiscales. Presión regulatoria: un desafío en constante evolución Navegar el entorno regulatorio es el principal reto para el 50% de los encuestados por BDO. La complejidad del marco fiscal global, incluido el Pilar II de la OCDE y los requerimientos de reporting digital, están contribuyendo a incrementar la carga de trabajo y a una mayor exposición al riesgo. Esta carga regulatoria se ve agravada por retos operativos. Casi dos tercios de los encuestados (61%) admite incumplir los plazos de presentación de declaraciones, mientras que la mitad (50%) reconoce presentar declaraciones inexactas, cuyos errores pueden desencadenar inspecciones con costes elevados e impactar negativamente en las relaciones con las autoridades fiscales. Con estos retos sobre la mesa, las empresas están reaccionando y están afrontando las debilidades operativas, incorporando los requisitos de cumplimiento en la planificación fiscal e invirtiendo en tecnología, con el fin de mejorar los niveles de calidad en el cumplimiento de las obligaciones. Carlos López, socio del área Fiscal de BDO, considera: "La complejidad fiscal se ha convertido en uno de los principales riesgos operacionales para las empresas. Los departamentos fiscales no solo deben garantizar el cumplimiento normativo, sino anticiparse a los cambios regulatorios y minimizar la exposición a contingencias que pueden afectar tanto a la cuenta de resultados como a la reputación corporativa”. El creciente coste del cumplimiento Los costes de cumplimiento se están incrementando ante la presión regulatoria actual. Como se ha mencionado, dos tercios de las empresas espera aumentos significativos en sus presupuestos de cumplimiento debido a las inversiones necesarias en infraestructura tecnológica y capital humano. Este crecimiento de costes está impulsado directamente por la presión regulatoria y refleja cómo las organizaciones están teniendo que destinar recursos significativos para mantener el ritmo de los cambios normativos y cumplir con estándares cada vez más exigentes. Ante esta nueva realidad, según se desprende del informe elaborado por BDO, los líderes empresariales ya están actuando: un 62% de las empresas consultadas afirma estar potenciando sus inversiones en las capacidades y formación de sus equipos. En este cambio se refleja una tendencia más amplia hacia estrategias integradas, que combinan tecnología con externalización de servicios, marcándose como objetivo el alcanzar la excelencia en el cumplimiento normativo. IA: ¿Motor del cambio o trabajo en curso? Las empresas consultadas por BDO reconocen estar implementando la IA para gestionar la planificación fiscal, el análisis de escenarios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aunque la mayoría reconoce que todavía está en las fases iniciales. Casi tres cuartas partes de los encuestados (70%), está utilizando actualmente la IA para la gestión del conocimiento y de los datos, y la mayoría admite que espera obtener mejoras significativas en precisión y eficiencia, en los próximos tres años. Además, el 51% de los líderes empresariales consultados prevé que la IA les permitirá destinar talento interno a trabajo estratégico de alto valor, con el objetivo de aumentar la calidad y la productividad. La externalización en aumento: flexibilidad por encima de fórmulas La externalización para afrontar el cumplimiento fiscal está creciendo, conforme las empresas se van enfrentando a los retos de capacidad y recursos. Así, el 71% de las empresas consultadas admite estar adoptando alguna forma de externalización. Los enfoques híbridos que combinan la experiencia de las asesorías internas con los servicios externalizados están creciendo, proporcionando flexibilidad y acceso a conocimiento especializado. Los directores financieros y fiscales destacan la flexibilidad (69%), la calidad del servicio (66%) y la liberación de tiempo para dedicarlo a trabajo estratégico (48%) como los principales beneficios de externalizar. Además, el 47% de las empresas están invirtiendo en soluciones externalizadas. Este nuevo enfoque colaborativo está ayudando a las empresas a convertir la externalización en una ventaja competitiva estratégica, además de concebirlo como un ejercicio de reducción de costes. Carlos López, socio director del área Fiscal de BDO Abogado, expresa "las organizaciones están respondiendo con inversiones estratégicas en tres áreas clave: tecnología avanzada, formación del talento y modelos híbridos que combinan capacidades internas con soporte externo especializado. Esta combinación permite no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también liberar recursos para que los equipos fiscales puedan centrarse en aportar valor estratégico al negocio”.Las empresas se están enfrentando a crecientes presiones de cumplimiento normativo, y reconocen que la complejidad regulatoria es el principal reto al que se enfrentan, según el último informe Global Tax Outlook 2025, elaborado por BDO.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/BDO_Oficinas-scaled-p480201-m1497270-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/BDO_Oficinas-scaled-p480201-m1497270-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdohttps://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdohttps://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdo2026-04-29 13:23:332026-04-29 13:23:33fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico