https://elderecho.com/feedes483413En una sentencia recientemente notificada, la magistrada estima el recurso de la esposa del fallecido, que reclamaba una indemnización en atención a los hechos probados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que en una sentencia de 2023 calificó la muerte de este trabajador como accidente laboral. El tribunal de instancia ha estimado sus pretensiones, pues, según señala la sentencia, “la muerte por suicidio fue la fase final de un proceso patológico inducido por el entorno laboral”. “No fue, por tanto, un acto intencionado, sino que la capacidad decisoria del asegurado estaba absolutamente comprometida por su entorno laboral, encontrándose en un estado de distorsión cognitiva y de miedo insuperable, incompatible con el concepto de intencionalidad, por carecer de la conciencia necesaria para que pudiera imputársele tal decisión”, añade. El suicidio fue un accidente laboral La aseguradora, que podrá recurrir esta sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, se oponía a las pretensiones de la viuda pues mantiene que el suicidio no está amparado por la póliza suscrita porque no fue un accidente sino un evento intencionado. Pero la juzgadora no lo comparte pues, tal y como señala en su sentencia, “la voluntariedad tiene como presupuesto la imputabilidad del sujeto, es decir, la capacidad del propio sujeto de entender y de querer en el momento en que se efectúa la acción”. De los hechos que fueron probados en el procedimiento laboral “se extrae necesariamente la conclusión de la falta de voluntariedad de dicho acto en cuanto íntimamente vinculado a las circunstancias laborales del asegurado, que anularon su voluntad dada la situación anímica a la que estaba sometido”. La magistrada explica en la sentencia que, si bien los tribunales deben considerar los hechos declarados en otras jurisdicciones, se pueden separar de ellos exponiendo las razones que lo justifiquen. Pero “ninguna razón existe en el presente caso para apartarse de los hechos probados” en la jurisdicción social, pues, “a la luz de los mismos, no cabe sino alcanzar en cuanto a la intencionalidad del suicidio idénticas conclusiones”. Y es que “la situación emocional determinante de esta decisión se encontró directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador, y la decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y más que directa por su trabajo”, indica. Finalmente, la magistrada explica que los tres informes médicos periciales aportados a la causa llegan a la misma conclusión, que el suicidio del trabajador no fue voluntario.La titular de la plaza n.º 10 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santander ha condenado a una aseguradora a indemnizar con 100.000 euros por fallecimiento por accidente a la viuda de un asegurado que tenía contratada una póliza de accidentes con cobertura integral y que se suicidó por motivos laborales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2774351381-1-p483413-m1508036-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laboraleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2774351381-1-p483413-m1508036-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laboraleshttps://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laboraleshttps://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laborales2026-06-18 09:35:532026-06-18 09:35:53civilCivil2Civil483453La Agencia Española (AEPD) y la Autoridad Belga de Protección de Datos han publicado el documento ‘Recomendaciones y mejores prácticas en videojuegos’, el primero realizado por autoridades europeas de protección de datos para impulsar las buenas prácticas para garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el diseño, desarrollo y distribución videojuegos. Las recomendaciones están dirigidas específicamente a profesionales y organizaciones involucradas en este ecosistema (desarrolladores, estudios, editores, etc.), a las empresas que les dan servicio (proveedores cloud, de herramientas de analítica, de sistemas antitrampa, de IA, etc.) y a los equipos legales que trabajan en el sector. La colaboración entre la AEPD y la Autoridad Belga de Protección de Datos surge de la necesidad de dar respuesta a un sector con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y que emplea tecnologías disruptivas como el cloud gaming o la Inteligencia Artificial. En paralelo, el 95% de las ventas de juegos son online, lo que impulsa plataformas y servicios, y fomenta el desarrollo de nuevos modelos de negocio, como los basados en la suscripción o el marketing digital. En esos entornos online, los actores involucrados en la industria de los videojuegos pueden tratar cantidades masivas de datos personales que van más allá de nombres o direcciones de correo electrónico, como podrían ser telemetría e inferencias de comportamiento. De hecho, los tipos de información recogida permiten distinguir a un jugador individual de los demás en el contexto del juego, permitiendo acciones o interacciones específicas y un trato diferenciado. Además, la toma de decisiones automatizada y el perfilado implican tratar datos personales para analizar o predecir conductas y actuar automáticamente sin intervención humana. El documento está basado en la evidencia que se ha recogido mediante análisis estáticos (de políticas de privacidad, términos y condiciones del servicio, contratos y SLAs) y dinámicos (ejecución en entornos reales de juegos online, SDKs, launchers, etc.) de videojuegos actuales. Destaca por abordar en profundidad aspectos técnicos y operativos específicos de este sector. Analiza las actividades de tratamiento de datos personales más habituales en videojuegos, identifica las amenazas y los riesgos que implican, y ofrece recomendaciones y buenas prácticas para cada fase del ciclo de vida de los videojuegos y para cada actor del ecosistema (en este caso, mediante listas de comprobación en los anexos del documento).El documento analiza las actividades de tratamiento de datos personales más habituales en videojuegos, identifica las amenazas y los riesgos que implican, y ofrece recomendaciones y buenas prácticas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2760721019-1-p483453-m1508147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuegohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2760721019-1-p483453-m1508147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuegohttps://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuegohttps://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuego2026-06-18 09:27:342026-06-18 09:27:34derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico483440González García sucede en el cargo a Carlos Ruiz Cabrera, que ha presidido la Asociación desde 2021, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento y fortalecimiento de la institución y al impulso de relevantes iniciativas para la profesionalización de la industria, así como a la consolidación de Angeco como principal interlocutor del sector. Con este relevo, la Asociación, que reúne a cerca de cien compañías del sector de recuperación de crédito (un 85% de las empresas de la industria) afronta una nueva etapa marcada por la continuidad de su proyecto y de sus principales líneas estratégicas. Angeco mantiene así su compromiso con el crecimiento, la profesionalización y la sostenibilidad de un sector esencial para la liquidez de empresas y entidades financieras y para el correcto funcionamiento del sistema de crédito en España. El nuevo presidente de Angeco cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de gestión y recuperación de crédito, y asume el cargo en representación de la empresa Intrum, compañía a la que corresponde ejercer la presidencia de la Asociación hasta 2029. Su nombramiento se produce en un momento especialmente relevante para la industria, marcado por la transposición de la Directiva europea de Administradores y Compradores de Crédito. Un contexto en el que Angeco refuerza su papel como vehículo de diálogo con los reguladores, así como su labor de defensa de los intereses de la industria durante el desarrollo de este nuevo marco normativo. "Asumo esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir trabajando para fortalecer la posición de Angeco y contribuir a afrontar con éxito los retos regulatorios y de transformación que afronta nuestra industria", señala González García, que continuará desarrollando su labor junto a la actual Junta Directiva de la Asociación, garantizando la continuidad de las líneas de trabajo impulsadas en los últimos años. En concreto, el órgano de gobierno está integrado por Joaquín Esteban, de Savia Asset Management, como vicepresidente primero; Ana Suárez, de B2Impact, como vicepresidenta segunda; y Carolina Estrada, de Axactor, como vicepresidenta tercera. Asimismo, María Rodríguez, de Kruk, ejerce como secretaria general y vocal de la Junta Directiva. Completan el órgano de gobierno Rubén Rodríguez (Cabot), Joaquín Baumela (GCBE Advanced Solutions), Ana Enguix (Lexer), Pedro Valle-Domingues (Hipoges) y Raúl Domínguez (BJS), en calidad de vocales.Rafael González García, director de Inversiones de Intrum, ha asumido la presidencia de Angeco, Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos, para continuar reforzando el papel de la organización como referente institucional y seguir impulsando el desarrollo del sector.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Rafael-Gonzalez-Garcia_Angeco-p483440-m1508111-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angecohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Rafael-Gonzalez-Garcia_Angeco-p483440-m1508111-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angecohttps://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angecohttps://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angeco2026-06-18 09:10:572026-06-18 09:10:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483414El interesado recurrió basándose en el arraigo familiar del solicitante, quien tiene un hijo menor de edad en España y cumple con sus obligaciones económicas alimentarias. Asimismo, argumentó que su condena por malos tratos no ampara la expulsión, ya que la ley exige para ello delitos con penas que excedan el año de cárcel. El tribunal discrepa de la sentencia apelada, la cual justificaba la expulsión basándose en la falta de documentación y los antecedentes penales del recurrente, descartando su arraigo. Respecto a la indocumentación, se aclara que no debe valorarse negativamente en el juicio de proporcionalidad, ya que el ciudadano aportó posteriormente su pasaporte con sello de entrada de 2019 y no hubo dificultades para identificarlo durante el proceso. Por otro lado, aunque se reconoce la existencia de antecedentes penales y policiales por violencia de género como datos negativos, se ha demostrado que el recurrente mantiene una relación paterno-filial activa con su hijo menor de edad, quien reside y está escolarizado en España. El padre cumple con el régimen de visitas y con el pago de la pensión de alimentos y gastos extraordinarios fijados judicialmente. Por tanto, al quedar acreditado que la expulsión perjudicaría la vida familiar y el interés superior del menor, se estima el recurso y se revoca la sentencia anterior. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 133/2026 de 9 de marzo de 2026.La policía había tramitado su salida del país tras detenerlo por un presunto delito de malos tratos, momento en el que se constató que no tenía documentación y que se encontraba en situación irregular, además de contar con antecedentes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_1754788916-1-p483414-m1508057-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-baleares-anula-la-expulsion-de-un-ciudadano-extranjero-al-priorizar-el-interes-de-su-hijo-menorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_1754788916-1-p483414-m1508057-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-baleares-anula-la-expulsion-de-un-ciudadano-extranjero-al-priorizar-el-interes-de-su-hijo-menorhttps://elderecho.com/el-tsj-de-baleares-anula-la-expulsion-de-un-ciudadano-extranjero-al-priorizar-el-interes-de-su-hijo-menorhttps://elderecho.com/el-tsj-de-baleares-anula-la-expulsion-de-un-ciudadano-extranjero-al-priorizar-el-interes-de-su-hijo-menor2026-06-18 09:03:022026-06-18 09:03:02administrativoAdministrativo1Administrativo483412La Sala de lo Social destaca en la sentencia que dicha ayuda está destinada a sufragar gastos relacionados con la preparación de las pruebas selectivas, por lo que no debe ser considerada en el cómputo de ingresos para el IMV, cuyo objetivo es prevenir la pobreza y la exclusión social. La entidad gestora alegó que estas becas deben computarse como ingresos, basándose en la normativa del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el TSXG concluye que esa interpretación podría llevar a una “discriminación institucional por motivos socioeconómicos sobre las familias con bajas rentas, proscrita en la cláusula abierta del artículo 14 de la Constitución Española”. A ello, añade que “se llegaría al absurdo de que una persona integrada en una familia con rentas superiores al umbral de acceso al IMV podría acceder a una de esas becas, mientras que una persona integrada en una familia con rentas inferiores al umbral de acceso al IMV podría acceder a una de esas becas, pero sería un acceso meramente formal o aparente, dado que no se aprovecharía efectivamente de la finalidad que persigue la concesión de la beca, pues expulsaría a su familia del IMV”. “En términos reales, se estaría situando a las familias y a las personas integradas en ellas al dilema de solicitar las becas o el IMV y, a la postre, se estaría perpetuando desde las instituciones la situación de vulnerabilidad que se supone que tanto las becas como el IMV pretenden superar, lo que es algo frontalmente contrario al artículo 9.2 de la Constitución”. Así, la Sala de lo Social recalca que “las instituciones, en este caso las entidades gestoras de la Seguridad Social, estarían tratando de manera desigual, penalizando o excluyendo de los derechos a las personas por su falta de recursos económicos”. Los magistrados destacan que no hay “problema insalvable” en asimilar las becas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y Cuerpo de Abogados del Estado al concepto de enseñanzas regladas, “si consideramos que son ayudas para el estudio concedidas por el Gobierno del Estado, con la finalidad de fortalecerse atrayendo talento hacia sus cuerpos jurídicos”. Por lo tanto, el TSXG desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSXG. Sala de lo Social. Sentencia nº 2754/2026 de 11 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce el derecho de una mujer a percibir la prestación de ingreso mínimo vital (IMV) que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le extinguió porque su hija obtuvo una beca para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial, Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el de Abogados del Estado.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2366396397-1-p483412-m1508015-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2366396397-1-p483412-m1508015-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositarhttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositarhttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositar2026-06-18 08:53:482026-06-18 08:53:48socialSocial13Social483191Muchos de los riesgos que comprometen la seguridad de esta información sin embargo no provienen de amenazas externas, sino de prácticas cotidianas que pasan desapercibidas en la operativa diaria. El uso de accesos compartidos, el almacenamiento de documentos en ubicaciones no controladas, el envío de información por canales inseguros o la falta de trazabilidad sobre quién accede a cada expediente son algunas de las situaciones más habituales. Aunque puedan parecer prácticas inofensivas, pueden generar importantes riesgos en materia de confidencialidad, cumplimiento normativo y reputación profesional. La importancia de implantar buenas prácticas en el despacho En un entorno cada vez más digitalizado, la protección de la información va más allá del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Se ha convertido en un elemento clave para garantizar la confianza de los clientes y reforzar la seguridad de los procesos internos del despacho. Aspectos como la correcta gestión de usuarios y permisos, la centralización de la documentación, el control de accesos a los expedientes o la trazabilidad de las actuaciones realizadas sobre cada documento permiten reducir riesgos y mejorar el control de la información. La tecnología desempeña un papel fundamental en este proceso, ayudando a los profesionales a implantar procedimientos seguros y a incorporar la protección de datos como parte de su actividad diaria. Webinar gratuito para abogados y despachos profesionales Con el objetivo de ayudar a los profesionales jurídicos a identificar estos riesgos y conocer las medidas más eficaces para prevenirlos, Lefebvre organiza el webinar gratuito “RGPD práctico para despachos: cómo evitar errores cotidianos y proteger la información”. La sesión contará con la participación de PONS IP, firma internacional especializada en propiedad industrial, intelectual e innovación, referente en el asesoramiento estratégico, jurídico y tecnológico para la protección y gestión de activos intangibles. Asimismo, intervendrá Jose Carlos Erdozain, abogado y doctor en Derecho, especialista en propiedad industrial, intelectual y privacidad, quien compartirá su experiencia sobre los principales desafíos que afrontan los despachos en materia de protección de datos y las medidas que pueden adoptar para reforzar la seguridad jurídica en el tratamiento de la información. Durante el webinar se abordarán cuestiones como: Los riesgos RGPD más habituales en el día a día de un abogado. Las malas prácticas más frecuentes en la gestión de expedientes e información sensible. Las buenas prácticas que permiten reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo. La gestión de usuarios, accesos y permisos. La centralización y protección de la documentación del despacho. La trazabilidad y el control sobre el acceso a los expedientes. Cómo la tecnología puede ayudar a implantar una gestión más segura y eficiente de la información. Además, se mostrará cómo LexON ayuda a incorporar estas buenas prácticas en la operativa diaria del despacho, reforzando la seguridad, el cumplimiento y la confianza en la gestión de la información jurídica. Inscripción El webinar está dirigido a abogados, socios de despacho y profesionales jurídicos interesados en mejorar la protección de la información, minimizar riesgos y reforzar la seguridad de sus procesos. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. Más información e inscripciones  La protección de datos se ha convertido en una prioridad para los despachos profesionales, que gestionan diariamente información especialmente sensible de sus clientes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2127943964-1-p483191-m1507109-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clienteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2127943964-1-p483191-m1507109-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clienteshttps://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clienteshttps://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clientes2026-06-17 13:50:392026-06-17 13:50:39derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico483325La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el viernes 12 de junio, entrará en vigor el próximo 15 de septiembre de 2026, y establece que los recursos de amparo se presentarán a través de la sede electrónica del Tribunal Constitucional. Con este nuevo sistema de redacción y presentación telemática de las demandas de amparo, los profesionales podrán acceder mediante un proceso de identificación con certificado digital a la aplicación donde los abogados generan y los procuradores presentan las demandas de amparo, un sistema que "facilitará la actuación de los profesionales jurídicos que intervienen en el proceso", destaca el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, los profesionales también podrán consultar en su carpeta digital propia todas las demandas de amparo presentadas o en proceso de redacción. La presentación en la sede electrónica del Tribunal se llevará a cabo mediante la cumplimentación telemática de un modelo normalizado, con una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacios, que será elaborado por la Secretaría General, fijando la extensión máxima de los diferentes campos. Sin embargo, por concurrir circunstancias excepcionales, el demandante podrá solicitar motivadamente al Tribunal autorización para superar el límite de extensión. En todo caso, si el recurso de amparo es admitido a trámite, se abrirá un trámite de alegaciones para todas las partes, en el que el demandante podrá presentar escrito de alegaciones en defensa de su pretensión, sin límite de extensión. El Tribunal Constitucional ha elaborado una nueva "Guía para la presentación de las demandas de amparo", de carácter informativo, destinada a orientar a los profesionales en la elaboración y presentación telemática de estos recursos. La guía explica el acceso al registro telemático, las opciones disponibles para abogados y procuradores, las reglas de cumplimentación del formulario y los requisitos de admisibilidad de la demanda. Este acuerdo deroga el anterior de 2023, que ya había regulado la presentación de las demandas de amparo acompañadas de un formulario y con limitación en su extensión, en línea con otros tribunales como el de Justicia de la Unión Europea o el Supremo de Estados Unidos.El Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional ha aprobado un nuevo sistema de redacción y presentación telemática de los recursos de amparo que, a partir del 15 de septiembre, simplificará estos procesos mediante la integración en un único documento 'online' del actual formulario y la demanda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20110119_0009_1-p483325-m1507907-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-procesohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20110119_0009_1-p483325-m1507907-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-procesohttps://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-procesohttps://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-proceso2026-06-17 12:45:292026-06-17 12:45:29derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico483363La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor Acedo, han firmado un convenio de colaboración destinado a reforzar la cooperación entre ambas instituciones y a desarrollar iniciativas conjuntas. Entre las principales líneas de actuación destaca el acceso de los emprendedores a la Sede Electrónica del Notariado, a través de https://www.portalnotarial.es/, donde podrán elegir al notario que prefieran y solicitarle la prestación online de actos societarios, desde la constitución de sociedades, al nombramiento de cargos, ceses, apoderamientos mercantiles, ampliaciones y reducciones de capital, modificaciones de estatutos, cambios de domicilio o liquidaciones, entre otros. También podrán realizar online otros actos como pólizas mercantiles, el otorgamiento de determinados poderes y sus revocaciones, cartas de pago, cancelaciones de garantías y testimonios de legitimación de firmas. Asimismo, explica Concepción Barrio, “podrán saber qué escrituras públicas han otorgado en los últimos veinte años y ante qué notarios y solicitarnos copias electrónicas de las mismas. Todo ello con la mayor garantía, ya que hemos obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría alta, que acredita el máximo nivel de protección de nuestros sistemas de información, bases de datos, plataformas y portales digitales”. El convenio contempla igualmente la prestación de asesoramiento e información especializada a los notarios a través de la Oficina Virtual del Autónomo de ATA. Los notarios que lo soliciten podrán acceder a orientación y resolución de consultas en materias laborales, fiscales y contables, así como a información actualizada sobre ayudas públicas nacionales, autonómicas, locales y europeas relacionadas con el inicio de actividad, el autoempleo, la contratación de trabajadores, la consolidación empresarial, la modernización y la digitalización. Para Lorenzo Amor “un notario es certeza, tranquilidad y seguridad para cualquier autónomo y pequeño empresario. En los momentos más delicados contar con el respaldo de estos profesionales es un bote salvavidas para muchos autónomos. Sin los notarios habría mucha burocracia que sería insalvable. Pero no nos olvidemos, que también son autónomos y que necesitan que su voz se oiga en las Administraciones. Esta colaboración con el Consejo es necesaria y desde ATA asumimos el compromiso con toda la responsabilidad”. Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la participación del Consejo General del Notariado en grupos de trabajo y comisiones de CEOE relacionados con la actividad profesional, así como la interlocución con otras organizaciones y entidades de interés integradas en la patronal empresarial. Del mismo modo, ATA facilitará al CGN canales de interlocución a nivel europeo a través de su participación en SMEunited, la organización empresarial que representa los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos ante las instituciones de la Unión Europea.El Consejo General del Notariado y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA firman un convenio para impulsar iniciativas conjuntas, promover servicios de interés para los autónomos y los notarios y reforzar su interlocución institucional en España y Europa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/DSC01705-p483363-m1507871-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/DSC01705-p483363-m1507871-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucionalhttps://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucionalhttps://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucional2026-06-17 12:00:562026-06-17 12:00:56sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483324Tras sucesivas votaciones, entre las 32 candidaturas presentadas al Premio Pelayo este año, el Jurado en pleno ha elegido a Manuel Aragón Reyes, por su dedicación al mundo del Derecho Constitucional a lo largo de su amplia trayectoria profesional Según el presidente del Jurado, Eduardo Torres-Dulce Lifante, la elección de Manuel Aragón Reyes en esta trigésimo segunda edición consolida aún más, si cabe, los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de los juristas, como los valores que, desde la Universidad, la sociedad, la empresa, las Instituciones Judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la Comunidad. La ceremonia de entrega del Premio, dotado con 30.000 euros, exentos de impuestos, tendrá lugar el próximo mes de noviembre de 2026 en un Acto que contará con la presencia de los ilustres miembros del Jurado, así como de destacadas personalidades vinculadas con el mundo de la Justicia.El Jurado del Premio Pelayo se ha reunido y ha otorgado el galardón de la XXXII edición a Manuel Aragón Reyes por su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Fallo-XXXII-Premio-Pelayo-scaled-p483324-m1507832-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigiohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Fallo-XXXII-Premio-Pelayo-scaled-p483324-m1507832-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigiohttps://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigiohttps://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigio2026-06-17 11:00:272026-06-17 11:00:27sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483376Elaborado por el Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de AEDAF, el documento analiza la compatibilidad de los actuales sistemas españoles de facturación y reporte con la directiva europea VAT in the Digital Age (ViDA). El objetivo que persigue AEDAF con este documento es buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que reduzca costes, evite duplicidades y refuerce la eficiencia del sistema tributario. En la presentación, el presidente de AEDAF, Bernardo Bande, ha hecho referencia al aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu a finales de 2026 para dejar claro que: “las empresas pueden asumir el coste de adaptarse; lo que no deben asumir es el coste de la improvisación. AEDAF está pidiendo más coherencia, más planificación, más coordinación y más respeto por el esfuerzo que tienen que realizar las empresas para adaptarse a los cambios normativos.” Por su parte, el coordinador del grupo autor de la hoja de ruta, Fernando Matesanz, ha explicado que los sistemas de facturación y reporting electrónico deberán converger hacia un sistema estandarizado para toda la Unión Europea en 2030, por lo que “es necesario establecer un calendario concreto, en el que el año 2027 sea de reflexión y preparación, porque todo lo que se lleve a cabo antes de 2028 será precipitado”. Y ha continuado: “porque no olvidemos que esta directiva afectará a todas las empresas de todos los tamaños, independientemente de su facturación”. La directiva ViDA, cuya aplicación comenzará en 2030, obligará a los estados europeos a adaptar los sistemas de facturación electrónica actualmente existentes. En España, el Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) y VERIFACTU representan dos modelos de reporte con características diferentes. Según los expertos de AEDAF, ambos modelos deberán evolucionar para garantizar su plena adecuación al modelo comunitario. Albert Folguera, miembro del Grupo de Expertos que ha elaborado el documento, ha defendido: “la idea no es posponer la entrada en vigor de Verifactu, sino construir una arquitectura completa adaptada a ViDA, establecer un programa de suministro de información en tiempo real que no haya que cambiar otra vez en dos años. Hay que replantear el calendario con una visión 360º, porque la coexistencia a largo plazo de varios mecanismos de reporte causará mayores costes y complejidad para los contribuyentes”. La factura electrónica suministra un flujo único de datos que permitiría atender simultáneamente las necesidades de control tributario, software, libros registro, morosidad y archivo, para evitar envíos redundantes y mejorar la trazabilidad de la información. Para AEDAF, una planificación anticipada y una convergencia progresiva hacia un sistema único compatible con el marco europeo “dotará de mayor seguridad jurídica y estabilidad al sistema tributario español”. El documento establece un calendario de hitos clave para que el modelo definitivo quede perfilado antes de octubre de 2028 y así alcanzar una plena alineación con ViDA antes de julio de 2030.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha presentado una hoja de ruta para integrar los sistemas españoles de facturación y reporte con la directiva europea ViDA. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AEDAF-HOJA-DE-RUTA-VIDA-Y-VERIFACTU-p483376-m1507979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-ivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AEDAF-HOJA-DE-RUTA-VIDA-Y-VERIFACTU-p483376-m1507979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-ivahttps://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-ivahttps://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-iva2026-06-17 10:55:552026-06-17 10:55:55fiscalFiscal6Fiscal