https://elderecho.com/feedes489962El interesado, nacido en 1961, presenta un extenso historial médico -que incluye patologías hepáticas crónicas, afecciones digestivas, neurológicas y dermatológicas, así como secuelas quirúrgicas en las rodillas- que le incapacita desde septiembre de 2011 para desempeñar las labores propias de la construcción, limitando su capacidad para la carga, los esfuerzos físicos y el uso de los hombros. Tras iniciar el procedimiento correspondiente para elevar el grado de incapacidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró al demandante, el 2 de febrero de 2023, en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón de industria manufacturera, valorando un cuadro clínico de coxartrosis bilateral moderada-grave pendiente de intervención quirúrgica para la colocación de prótesis, patología que restringe de manera acusada la deambulación, la bipedestación y la sedestación. Dicho grado de incapacidad fue ratificado por el INSS el 28 de septiembre y, posteriormente, confirmado el 30 de diciembre de 2024 por un Juzgado de lo Social de Guadalajara. El tribunal revoca la sentencia de instancia y estima el recurso del actor. Los magistrados entienden que, a diferencia de 2011, cuando sus dolencias solo afectaban a la carga de peso y ciertos esfuerzos, las limitaciones actuales son mucho más graves e impiden incluso la sedestación. Asimismo, el hecho de estar pendiente de una prótesis no cambia esta conclusión, ya que, conforme al artículo 193.1 de la LGSS, una posible recuperación incierta o a largo plazo no frena el reconocimiento de la incapacidad. Por tanto, se le otorga el grado de absoluta, sin perjuicio de una futura revisión si llega a mejorar.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado las pretensiones de un peón industrial, reconociendo su paso a una situación de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común. En consecuencia, percibirá una prestación del 100% sobre una base reguladora de 719,76 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2664524485-1-p489962-m1528175-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2664524485-1-p489962-m1528175-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidadhttps://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidadhttps://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidad2026-10-07 13:00:042026-10-07 13:00:04socialSocial13Social489961La convocatoria se enmarca en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre después de queel Pleno del Congreso rechazara, el pasado viernes, los dos Reales Decretos-Ley que el Ejecutivo había presentado en materia de vivienda. No obstante, el Ejecutivo ha vuelto a aprobarlos esta semana con la previsión de que la Diputación Permanente apruebe el primero de ellos. "La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna", reza un comunicado conjunto emitido por CCOO y UGT. Entre las principales reivindicaciones de la convocatoria, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Alicia del Río, ha situado los contratos de alquiler indefinidos, bajadas "drásticas" del precio del alquiler y de la vivienda, el fin de los desahucios, un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda y el fin de la compra especulativa. Por su parte, CCOO y UGT han ampliado el alcance de la movilización a las reivindicaciones laborales y económicas, con demandas de subidas salariales, reducción de jornada, mejora de la salud de las personas trabajadoras y erradicación de la precariedad. También reclaman controlar los precios, desbloquear la negociación colectiva y que las administraciones impulsen políticas para acabar con la especulación de la vivienda. El secretario de Acción Social de Solidaridad Obrera, Álvaro Ferreira, ha defendido vincular la lucha por la vivienda con la mejora de las condiciones de la clase trabajadora y ha reclamado rebajas de los alquileres, la creación de un parque público de vivienda mediante la expropiación a grandes tenedores y fondos de inversión, así como que los salarios suban al menos al ritmo del IPC. A su vez, el secretario general de CGT, Miguel Fadrique, ha subrayado que la convocatoria está directamente vinculada con el mundo laboral y ha señalado que la huelga del 11 de noviembre incluirá también reivindicaciones sobre salarios y pensiones. Asimismo, ha asegurado que los trabajadores contarán con "todas las garantías jurídicas" para secundarla. Finalmente, la representante de Co.Bas Andrea Zayas ha defendido que vivienda y salarios son "inseparables" y ha llamado a construir la huelga desde los centros de trabajo mediante pronunciamientos, comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadores. También ha apostado por crear comités en barrios y centros de estudio para dar continuidad a la movilización después del 11 de noviembre.La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas han acordado este miércoles convocar una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre en protesta por la situación de la vivienda en España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2847211713-1-p489961-m1528158-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sindicatos-convocan-una-huelga-general-por-la-vivienda-el-11-de-noviembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2847211713-1-p489961-m1528158-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sindicatos-convocan-una-huelga-general-por-la-vivienda-el-11-de-noviembrehttps://elderecho.com/sindicatos-convocan-una-huelga-general-por-la-vivienda-el-11-de-noviembrehttps://elderecho.com/sindicatos-convocan-una-huelga-general-por-la-vivienda-el-11-de-noviembre2026-10-07 12:45:002026-10-07 12:45:00sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489935La Asociación Intercolegial, entidad que representa a más de 100 corporaciones profesionales de todos los ámbitos de actividad y a más de 350.000 colegiados y colegiadas en Catalunya, ha acordado crear la Comisión Intercolegial para la Salud Emocional de las Profesiones, con el objetivo de concienciar y ofrecer herramientas sobre salud mental y bienestar emocional a los y las profesionales, que les ayuden a afrontar el actual contexto social y laboral, caracterizado por cambios constantes, una fuerte carga de trabajo, presión y una mayor responsabilidad. La presidenta de la Intercolegial y decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha afirmado que “el ejercicio de las profesiones ha experimentado importantes transformaciones durante la última década, fruto de los cambios sociales, económicos y tecnológicos, y esto ha comportado un cambio en el ritmo de trabajo, con más carga y una exposición directa e intensa a las problemáticas de las personas destinatarias de los servicios profesionales”. Y ha añadido: “Cuidar el bienestar emocional es actualmente imprescindible, ya que todos los profesionales estamos expuestos a unas fuertes exigencias laborales en nuestro día a día. Cuidarse no es un signo de debilidad, sino que es esencial para prevenir un posible desgaste derivado del ejercicio profesional. Por eso, en el ICAB contamos con una Comisión para la Salud Emocional de la Abogacía y hemos impulsado acciones específicas para la abogacía, como un servicio de asistencia psicológica por teléfono, disponible las 24 horas, gratuito y totalmente anónimo, dirigido a los colegiados y colegiadas del ICAB”. El Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC), representado por su decana, Dolors Liria, asumirá la presidencia de la nueva Comisión Intercolegial para la Salud Emocional de las Profesiones. Liria ha celebrado la puesta en marcha de este nuevo proyecto: “Estamos muy contentos de contribuir a impulsar y liderar este espacio de reflexión y acción para promover la salud mental y el bienestar emocional en el conjunto de las profesiones, en el marco de nuestro compromiso con la ciudadanía. Cabe destacar que la iniciativa va más allá del autocuidado o del cuidado individual de cada profesional, ya que también pone el foco en la responsabilidad de las organizaciones respecto a la salud mental de las personas que trabajan en ellas. Cuidar de los y las profesionales es cuidar de la sociedad”. La Comisión está abierta a la participación de miembros de todas las corporaciones profesionales asociadas y tiene como objetivo organizar actividades divulgativas (conferencias, coloquios, seminarios, cursos, jornadas, congresos, talleres prácticos) para fomentar el debate y el intercambio de experiencias en el ámbito de la salud emocional, e impulsar la realización de estudios en colaboración con universidades, entidades académicas y asociaciones y fundaciones especializadas.La Comisión nace en la semana del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre como jornada internacional de concienciación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/ReunioComissioIntercolegialBenestarEmocional-p489935-m1528117-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-intercolegial-crea-la-comision-para-la-salud-emocional-de-las-profesioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/ReunioComissioIntercolegialBenestarEmocional-p489935-m1528117-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-intercolegial-crea-la-comision-para-la-salud-emocional-de-las-profesioneshttps://elderecho.com/la-intercolegial-crea-la-comision-para-la-salud-emocional-de-las-profesioneshttps://elderecho.com/la-intercolegial-crea-la-comision-para-la-salud-emocional-de-las-profesiones2026-10-07 12:15:082026-10-07 12:15:08sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489934Así lo refleja la memoria anual de la Inspección que el organismo ha publicado este miércoles en su página web y que recoge además que sus labores de control permitieron aflorar 131.645 empleos irregulares a lo largo de 2025, un 68,1% más que los 78.312 detectados en el ejercicio anterior. Según la memoria, este fuerte repunte en las cuantías sancionadoras y en la regularización del mercado laboral responde al incremento de la actividad inspectora y al refuerzo de los planes de choque contra el fraude. En total, la ITSS inspeccionó 427.495 centros de trabajo y completó 1.206.028 actuaciones durante 2025 (+5,18% respecto a las 1.146.680 actuaciones de 2024), ampliando la protección directa a 1.030.183 trabajadores, un 17,5% más que los 876.706 del año anterior. Asimismo, las actuaciones del organismo se tradujeron en una importante recuperación de recursos para el sistema público, elevando el importe total de los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social hasta los 1.212,3 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 28,8% frente a los 941 millones de euros registrados en 2024. Impulso a las altas de oficio y persecución del fraude en becas Como consecuencia de las actuaciones dirigidas a aflorar empleo, un total de 96.194 trabajadores fueron dados de alta en la Seguridad Social en 2025, cifra que representa un aumento del 71,4% respecto a las 56.106 altas promovidas en 2024. En este apartado, la regularización de falsos autónomos experimentó un crecimiento exponencial, al multiplicarse por más de seis, pasando de 7.234 en 2024 a 47.143 en 2025, debido principalmente a la intensificación de los controles sobre las plataformas digitales de repartidores y servicios. Por su parte, la lucha contra las falsas prácticas no laborales permitió aflorar 601 puestos de trabajo encubiertos bajo la figura de "falsos becarios", casi tres veces más que los 220 casos detectados el año anterior. En materia de empleo extranjero, la Inspección detectó a 18.655 trabajadores desempeñando su actividad sin la correspondiente autorización administrativa (+53,1% frente a los 12.186 de 2024), con un volumen de sanciones propuestas que alcanzó los 187,7 millones de euros euros, con un alza del 51,1% en comparación con 2024. Junto al balance general de actividad, el informe anual de la Inspección de 2025 pone de manifiesto la transformación en sus metodologías de control mediante el uso intensivo de la tecnología. A través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, basada en analítica avanzada y cruce masivo de datos, el organismo intensificó las actuaciones enviando comunicaciones masivas a las empresas para promover la regularización voluntaria. Gracias a este mecanismo de notificación previa, se logró la transformación en indefinidos ordinarios de 70.163 contratos temporales y fijos discontinuos, al tiempo que el plan de choque sobre la contratación a tiempo parcial derivó en la ampliación de jornada de 18.804 trabajadores. Además, el análisis de datos permitió diseñar una regla específica de control para detectar bajas indebidas por no superación del periodo de prueba, con propuestas de sanción que alcanzaron los 459.587 euros. En el marco de las competencias en materia de igualdad y no discriminación, la Inspección desplegó la primera campaña específica para verificar que las empresas de más de 50 trabajadores dispongan del protocolo y del conjunto planificado de medidas exigidos para garantizar los derechos del colectivo LGTBI y las personas trans, ejecutando 196 actuaciones que dieron lugar a la formulación de 101 requerimientos. Incremento de las denuncias anónimas y refuerzo de la plantilla El balance anual de la ITSS refleja también una mayor implicación ciudadana a través del buzón de denuncias anónimas, canal a partir del cual se finalizaron 11.824 actuaciones en 2025, un 17,5% más que las 10.060 completadas en 2024. Para hacer frente a este volumen de actividad, la plantilla total de la Inspección de Trabajo creció un 2,5% en el último año, sumando 92 efectivos más, hasta alcanzar los 3.681 trabajadores en 2025, frente a los 3.589 de 2024. La ratio de personas trabajadoras asignadas a cada actuante dentro de la población afiliada se situó en 8.143 en 2025, frente a 8.649 en 2024, mientras que la ratio calculada sobre la población activa total descendió hasta los 9.384 trabajadores por actuante, por debajo de los 10.014 registrados el año anterior. Según la memoria, el 67,2% de los puestos del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo están ocupados por mujeres (665 mujeres frente a 324 hombres). En la Subinspección, las mujeres representan el 62,8%. Igualmente, las mujeres ocupan 5 de los 7 puestos directivos centrales de la ITSS y el 57,5% de las jefaturas periféricas. Mientras la plantilla con función inspectora está rejuvenecida (el 80% tiene entre 31 y 60 años), el personal funcionario técnico y administrativo de apoyo muestra un claro envejecimiento, pues el 52,5% tiene entre 46 y 60 años y un 15,3% supera los 60 años. Más de 40 incidentes por agresiones o amenazas contra inspectores Por otro lado, la memoria anual alerta de una preocupante intensificación en la conflictividad durante el desarrollo de la función inspectora. Durante 2025 se registraron 44 incidentes por agresiones, amenazas o intimidaciones dirigidas contra los funcionarios en visitas a centros de trabajo, frente a los 33 casos de 2024, rompiendo la tendencia descendente que venía observándose en la última década. En su labor de prevención directa ante situaciones de riesgo laboral inminente, el personal inspector llegó a ordenar la paralización inmediata de obras, trabajos o tareas en 76 ocasiones tras constatar riesgos graves e inminentes para la vida o la salud de los trabajadores.La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) cerró el ejercicio 2025 con un total de 858,26 millones de euros en propuestas de sanción por infracciones a la legislación del orden social, lo que representa un incremento del 58,62% en comparación con los 541 millones de euros propuestos en 2024.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2222352777-1-p489934-m1528079-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-inspeccion-de-trabajo-propuso-multas-por-valor-de-858-millones-en-2025-y-afloro-un-68-mas-de-empleoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2222352777-1-p489934-m1528079-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-inspeccion-de-trabajo-propuso-multas-por-valor-de-858-millones-en-2025-y-afloro-un-68-mas-de-empleoshttps://elderecho.com/la-inspeccion-de-trabajo-propuso-multas-por-valor-de-858-millones-en-2025-y-afloro-un-68-mas-de-empleoshttps://elderecho.com/la-inspeccion-de-trabajo-propuso-multas-por-valor-de-858-millones-en-2025-y-afloro-un-68-mas-de-empleos2026-10-07 12:00:062026-10-07 12:00:06socialSocial13Social489873Este proyecto supone un paso decisivo en la estrategia de internacionalización de Auren. Más allá de un nombre y una identidad visual compartida, esta organización operará como una firma integrada, con una visión estratégica única, estructuras de soporte compartidas y una estrecha colaboración entre profesionales de distintos países. Además, esta nueva plataforma permitirá desarrollar y poner en marcha proyectos e inversiones comunes en innovación, tecnología e inteligencia artificial, así como desarrollar servicios compartidos, intercambiar conocimiento y dar soporte a clientes con necesidades transfronterizas. La iniciativa supone la creación de una nueva organización internacional que integra firmas europeas de referencia como Moore Belgium (Bélgica), Moore Kingston Smith (Reino Unido) Moore Ireland (Irlanda), Moore DRV y Moore MKW (Países Bajos), Intaria (Alemania) y Auren (España). Todas ellas operarán bajo la marca Auren combinando la fortaleza y el conocimiento local de cada firma con una estrategia, una cultura y una propuesta de valor compartidas. La nueva firma seguirá reforzando su presencia en los mercados europeos en los que ya está presente, al tiempo que explora nuevas oportunidades de crecimiento en otros países. En este sentido, mantiene conversaciones y analiza oportunidades en diferentes mercados europeos. La nueva organización reunirá más de 7.000 profesionales y alcanzará una facturación agregada superior a los 1.000 millones de euros, con el objetivo de convertirse en la principal firma internacional de servicios profesionales con capacidad para acompañar a todo tipo de clientes y una sólida especialización en el segmento del middle market. Su propuesta integra servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal, consultoría y corporate, combinando alcance internacional con cercanía local. Esta nueva plataforma impulsará grupos internacionales de trabajo integrados por profesionales de los distintos países, favoreciendo el intercambio de conocimiento, el desarrollo conjunto de soluciones y una atención coordinada a los clientes. Este modelo ya ha comenzado a materializarse con la creación de líneas de negocio internacionales en ámbitos como Auditoria, Precios de Transferencia, Global Mobility, Fiscalidad Internacional y Private Equity, áreas especialmente vinculadas a la actividad transfronteriza y donde la colaboración entre países aporta un mayor valor añadido. En una segunda fase, este modelo se extenderá a otras especialidades estratégicas, como Servicios Digitales, ESG y Grants Incentives. Asimismo, la organización contará con estructuras centrales compartidas en ámbitos como finanzas, desarrollo de negocio, recursos humanos o tecnología, lo que permitirá desarrollar planes de negocio conjuntos, acelerar la innovación, compartir mejores prácticas y ofrecer un servicio más homogéneo, coordinado y eficiente a los clientes. Además, Auren se une a Moore Global, reconocida como la 12ª mayor red mundial de servicios profesionales. Esta incorporación se suma a la trayectoria internacional que Auren ha desarrollado durante años y supone un importante impulso a su dimensión global, ampliando su capacidad para acompañar a empresas con actividad global y responder a proyectos cada vez más complejos y transfronterizos. De esta forma, Auren pasará a ofrecer cobertura en más de 150 países en Europa, América, África y Asia. La nueva organización introduce un modelo innovador en el sector de los servicios profesionales. Aunque cada firma mantendrá su estructura y liderazgo local, todas compartirán la marca Auren, una visión estratégica común y un socio de referencia. Este modelo, pionero en el mercado, combina la cercanía y el conocimiento de los equipos locales con la fortaleza de un proyecto internacional alineado bajo una misma estrategia de crecimiento. Para Mario Alonso, presidente de Auren España, "Este proyecto supone mucho más que compartir una marca: estamos construyendo una auténtica firma global, con una visión común, una cultura compartida y una forma de trabajar plenamente integrada. Auren España multiplica su presencia al formar parte de una organización estructurada internacionalmente y amplía su cobertura geográfica gracias a la colaboración con Moore Global”. En un entorno marcado por una creciente complejidad regulatoria, tecnológica y geopolítica, las empresas demandan cada vez más un asesoramiento integral capaz de combinar conocimiento local con una auténtica capacidad global. Este proyecto tiene el objetivo de responder a esa necesidad, ofreciendo un modelo multidisciplinar, cercano y coordinado que permita acompañar a las organizaciones en cualquier mercado donde desarrollen su actividad.Auren refuerza su dimensión internacional al formar parte de una nueva organización internacional que, bajo la marca Auren, agrupará a las principales compañías del sector de los servicios profesionales participadas por Waterland Private Equity. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Miembros-Consejo-Internacional-p489873-m1527957-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-amplia-su-dimension-internacional-con-la-union-de-varias-firmas-europeas-bajo-su-marcahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Miembros-Consejo-Internacional-p489873-m1527957-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-amplia-su-dimension-internacional-con-la-union-de-varias-firmas-europeas-bajo-su-marcahttps://elderecho.com/auren-amplia-su-dimension-internacional-con-la-union-de-varias-firmas-europeas-bajo-su-marcahttps://elderecho.com/auren-amplia-su-dimension-internacional-con-la-union-de-varias-firmas-europeas-bajo-su-marca2026-10-07 11:12:442026-10-07 11:12:44sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489874La delegación del Notariado español ha sido recibida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; por el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina; y por el comandante general de Ceuta, el general de división Luis Jesús Fernández Herrero, acompañado del general de brigada, Antonio Julián Ferrera, segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta. La presidenta del Notariado les ha trasladado la solidaridad de los notarios para con Ceuta y la plena disposición del Consejo General del Notariado para colaborar, dentro de sus competencias y capacidades, en todo aquello en lo que pueda resultar de utilidad a la ciudad y a sus ciudadanos. El objetivo de esta visita, programada a mediados de septiembre, es reunirse con los tres notarios que ejercen en Ceuta para manifestarles el apoyo del resto de notarios españoles en tan difíciles momentos, tanto a ellos como a los empleados de sus notarías. Así como agradecerles que sigan desempeñando su labor diaria en beneficio de la sociedad ceutí, pese a las dificultades existentes, y conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. Los tres notarios de Ceuta acumulan largos años de experiencia y dedicación a la ciudad. José Eduardo García Pérez, lleva 18 años ejerciendo su profesión de forma ininterrumpida en Ceuta (otros cuatro anteriormente), siendo uno de los funcionarios de más antigüedad de la ciudad. Juan Ramón Furrasola, ceutí de nacimiento, lleva 12 años ejerciendo en Ceuta y Francisco Javier Balsera suma ya 8 años de servicio en la ciudad. Los tres notarios dependen del Colegio Notarial de Andalucía, al frente del cual se sitúa su decano, Manuel Seda, que ha querido también trasladarse a la ciudad para mostrarles su apoyo y ofrecerles la ayuda y respaldo del colegio notarial. Plan Notarial de Emergencias El Notariado español dispone de un Plan Notarial de Emergencias destinado a garantizar una respuesta eficaz, rápida y coordinada por parte de los notarios de España en situaciones de crisis. Estas acciones están coordinadas por la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, presidida por el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, que forma parte de la delegación que visita Ceuta con el propósito de conocer las necesidades de los tres notarios y de los ciudadanos ceutíes en cuestiones de índole notarial.La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo visita oficialmente la ciudad de Ceuta, acompañada del decano del Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Seda; del presidente de la Comisión de Emergencias del Notariado, Luis Mayorga; del miembro de la Comisión Permanente del CGN y delegado de Cooperación Internacional, Alfonso Cavallé; y del censor tercero del Colegio Notarial de Andalucía, Víctor Manuel Arrabal, que ejerció cuatro años como notario en la ciudad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Encuentro-con-el-presidente-Juan-Jesus-Vivas-p489874-m1527986-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Encuentro-con-el-presidente-Juan-Jesus-Vivas-p489874-m1527986-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceutahttps://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceutahttps://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceuta2026-10-07 11:05:512026-10-07 11:05:51sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489872La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, responde al recurso presentado por el Gobierno regional contra la que considera inactividad de la Delegación del Gobierno. En su escrito de alegaciones, la Delegación argumentaba que la normativa de seguridad ciudadana exige medidas de intervención "proporcionadas" y reserva la disolución de reuniones como "último recurso" La Comunidad solicitó inicialmente, con carácter urgente a través de una medida cautelarísima y sin audiencia de la parte contraria, que se adoptaran las medidas necesarias para disolver la acampada de la Puerta del Sol. Subsidiariamente, pidió que la solicitud se tramitara como medida cautelar. La petición de la Comunidad de Madrid fue ya rechazada en esa primera fase, mediante auto de 5 de octubre. Simultáneamente, la Sala dio audiencia a la representación de la Delegación del Gobierno y, tras escuchar sus alegaciones, hoy ha deliberado y ha resuelto la solicitud cautelar. El principal argumento de la resolución se encuentra en la aplicación de los artículos 136 y 29 de la LJCA. El artículo 29 establece los requisitos para que pueda recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa por inactividad de una Administración. Entre ellos, exige que exista una obligación concreta de prestación a cargo de la Administración y que, una vez reclamado su cumplimiento, transcurra el plazo legal sin que la administración atienda dicha obligación. Plazo de tres meses En este caso, la Sala destaca que el artículo 29 obliga a la administración requirente a esperar el transcurso del plazo legal de tres meses para que pueda generarse la situación de inactividad prevista en ese precepto. Según los jueces, dicho plazo no ha transcurrido en el supuesto examinado. Los magistrados añaden que la figura de la inactividad administrativa regulada en el artículo 29 de la LJCA no puede identificarse, sin más, con una eventual dejación o falta de actuación en el ejercicio de las competencias administrativas. La Sala recuerda, en este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual la inactividad susceptible de recurso exige la existencia de una obligación pública concreta, establecida por una norma, acto, contrato o convenio, cuyo contenido sea una actividad prestacional y cuyo destinatario tenga derecho a recibirla. Precisa, además, que su decisión se adopta en el marco de la pieza de medidas cautelares y que, por tanto, no supone un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del recurso. Alegaciones de la delegación En su escrito de alegaciones, presentado esta misma mañana, la Abogacía del Estado rechazaba que existiera una inactividad administrativa que pueda ser objeto de la medida cautelar solicitada. Argumentaba que la normativa sobre seguridad ciudadana otorga a la autoridad gubernativa un margen de ponderación y establece que las medidas de intervención en reuniones y manifestaciones deben ser "graduales y proporcionadas", de modo que la disolución constituye el "último recurso". En este sentido, el escrito recuerda que la falta de comunicación previa de la acampada no determina por sí misma su disolución, ya que la comunicación no constituye un requisito constitutivo del derecho fundamental de reunión. La Abogacía del Estado sostenía además que la finalidad reivindicativa de la acampada impide considerarla una mera ocupación del espacio público, al estar vinculada a la expresión de ideas y reivindicaciones políticas. Asegura que la delegación no ha permanecido pasiva El escrito negaba asimismo que la Delegación del Gobierno haya mantenido una actitud de "total pasividad" ante la situación de los acampados en la Puerta del Sol. Según exponía en su escrito, se han habilitado pasillos para garantizar la circulación de peatones, el acceso a los inmuebles y el tránsito de los servicios de emergencia, además de establecerse un acordonamiento policial de la sede de la Comunidad de Madrid. Asimismo, exponía que se ha garantizado el acceso a la estación de Metro y Cercanías de Sol y que, cuando se han producido episodios de violencia física, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han identificado y, cuando procedía, detenido a los implicados. A su juicio, estas actuaciones permiten conjugar la seguridad ciudadana con el derecho fundamental de reunión y manifestación. Frente a las imágenes aportadas por la Comunidad de Madrid, el Estado consideraba que estas no acreditarían altercados contra personas ni una intensidad suficiente de daños en bienes que justifique una disolución, al entender que no toda perturbación de la convivencia en la vía pública alcanza la gravedad necesaria para adoptar esta medida.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para que se ordene la disolución de la acampada instalada en la Puerta del Sol al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2850094493-1-p489872-m1527936-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobiernohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2850094493-1-p489872-m1527936-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobiernohttps://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobiernohttps://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobierno2026-10-07 11:00:422026-10-07 11:00:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489871Así lo han hecho este miércoles en sendas providencias, recogidas por Europa Press, tanto el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, como el presidente de la Sala de lo Penal, la que juzgó y condenó a diferentes dirigentes de aquellos hechos, Andrés Martínez Arrieta. La mayoría progresista del Constitucional respaldó este martes la ponencia del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que durante los últimos años se ha negado a perdonar ese delito, entre ellos al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont. En el momento en el que se conoció el fallo del órgano de garantías, el magistrado Llarena acordó en un auto de este martes dejar sin efecto la orden de detención contra Puigdemont. El magistrado que instruyó el 'procés' levantó "con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa" las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Para el instructor de la causa, aunque en ese momento todavía no disponía del texto íntegro de la sentencia referida a Bassa, cuyo conocimiento será "necesario para determinar su alcance" respecto de Puigdemont, Comín y Puig, "la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de aquellas órdenes". Y es que ha sido a primera hora de este miércoles cuando el Constitucional ha notificado al Supremo la sentencia que le ordena amnistiar el delito de malversación que pesa sobre Puigdemont, Comín, Puig, Bassa, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, actual secretario general de Junts.El Tribunal Supremo ha dado cinco días a las partes para que puedan presentar alegaciones después de recibir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le ordena aplicar la ley de amnistía a los dirigentes independentistas catalanes sobre los que pesa el delito de malversación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110803_0002_1-p489871-m1527918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110803_0002_1-p489871-m1527918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistiahttps://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistiahttps://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistia2026-10-07 10:20:352026-10-07 10:20:35penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489870Según han confirmado fuentes de la corte de garantías, ya ha sido notificada la sentencia, además del voto particular de los cinco vocales discrepantes, al Supremo y a las partes. En el Pleno del TC celebrado este martes, la mayoría progresista respaldó la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo. También fueron condenados por el mismo motivo y esperan que ahora el Supremo les aplique la amnistía el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, actual secretario general de Junts, mientras que en la misma situación que Puigdemont, como procesados pero no juzgados porque huyeron de la justicia, se encuentran los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. En su sentencia, la corte de garantías declara la nulidad de los autos impugnados que le negaron la amnistía y ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del primero de ellos, a fin de que la Sala de lo Penal del Supremo, la que la juzgó, efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenada Bassa, según informó el TC en una nota. El Pleno considera que el propósito de obtener un enriquecimiento personal de carácter patrimonial, utilizado en la ley de amnistía como criterio excluyente de su aplicación y destacado por el Supremo para no aplicarla, "es un concepto autónomo, no identificable con la noción de enriquecimiento que es inherente a todo delito de malversación, y su función es distinguir las malversaciones amnistiables de las no amnistiables, excluyendo los actos de corrupción privada que se hubieran apartado de la finalidad de financiar" el proceso independentista.El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado al Tribunal Supremo la sentencia que le ordena amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés'.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150625_0008_1-p489870-m1527896-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proceshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150625_0008_1-p489870-m1527896-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proces2026-10-07 10:15:322026-10-07 10:15:32penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489844El primer real decreto-ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, contiene medidas urgentes para garantizar la función social de la vivienda a través de una batería de actuaciones dirigidas a reforzar el derecho a la vivienda y a limitar las prácticas especulativas en este ámbito. Protección de la vivienda frente a la actividad especulativa Hasta el 31 de diciembre de 2030, las sociedades, fondos, empresas u otras entidades, con o sin personalidad jurídica, y que tengan por objeto la adquisición de inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados, así como las personas que ostenten la condición de gran tenedor, tendrán limitada la compra de vivienda por un valor de inferior al 70 % de su valor de mercado, determinado por una sociedad de tasación independiente. Esta limitación no se aplicará: A viviendas que se destinen a alguno de los siguientes usos: - Alojamiento habitual asequible o social hasta al menos el 31 de diciembre de 2030. - Residencias sociosanitarias. - Alojamiento de colectivos vulnerables gestionado por entidades sociales. - Atención y alojamiento de víctimas de violencia de género. A la compra de vivienda por parte de entes y organismos públicos cuya finalidad sea la promoción y gestión de vivienda asequible o social. Suspensión de desahucios de personas vulnerables El real decreto-ley incorpora medidas de protección frente a los desahucios en tres escenarios. Hasta el 31 de diciembre de 2030, cuando quien desahucia sea una entidad dedicada a comprar inmuebles o carteras de créditos hipotecarios impagados por un precio inferior a su valor de mercado, el tribunal suspenderá el procedimiento si el ocupante: Es vulnerable. Y no tiene alternativa habitacional. Hasta el 31 de diciembre de 2030, en el caso de procedimientos de desahucios en los que los demandantes sean el resto de propietarios de viviendas, el tribunal suspenderá el procedimiento si el inquilino: Es vulnerable. No dispone de alternativa habitacional. Y la Administración no ha facilitado una vivienda alternativa. En el auto de suspensión el tribunal determinará que la administración competente en materia de vivienda asuma los gastos necesarios para compensar al demandante cuando se trate de una persona física o de una persona jurídica que se dedique al alquiler habitual asequible, y comprenderá, como máximo, la renta dejada de percibir, el coste de los suministros impagados y las costas procesales. La norma contempla excepciones a la suspensión del desahucio. En concreto, el procedimiento no se suspenderá si el propietario acredita vulnerabilidad y tiene dos o menos viviendas. Por último, el real decreto-ley crea un mecanismo de protección en el caso de procedimientos de desahucios por impago. Si la comunidad autónoma competente no ofrece una alternativa habitacional, estará obligada a enervar la acción (es decir, asumir el pago de las cantidades necesarias para evitar el desahucio) en un plazo de dos meses. Durante esos dos meses, el procedimiento judicial queda suspendido. Si la acción se enerva, el proceso termina y el contrato continúa vigente. Si la comunidad autónoma no actúa dentro de ese plazo, la suspensión del procedimiento se mantiene hasta que cumpla con su obligación. Regulación del alquiler temporal y de habitaciones El real decreto-ley reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para introducir obligaciones que terminen con el fraude en el alquiler de temporada y de habitaciones. En caso de alquileres de temporada, será necesario que el arrendador justifique la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario. Además, por lo general el alquiler de temporada tendrá una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses. En caso de que se encadenen más de dos contratos de temporada, estos se convertirán automáticamente en un alquiler residencial con todas las garantías de duración, prórrogas y actualizaciones de la LAU. Cuando se trate del alquiler de habitaciones, la suma de todas las habitaciones alquiladas no podrá superar la renta que se aplicaría para alquilar la vivienda completa en las zonas de mercado residencial tensionado. Medidas fiscales y tributarias en materia de vivienda El real decreto-ley introduce un conjunto de medidas tributarias orientadas a favorecer el uso residencial de la vivienda e incentivar el alquiler asequible. IVA a los pisos turísticos El alquiler de apartamentos o viviendas amueblados se gravará con un 10 % de IVA cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Que el arrendador preste servicios complementarios propios de la industria hotelera (restaurante, limpieza, lavado de ropa, etc.). Que su duración no supere las 30 noches. Asimismo, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas de uso residencial destinadas a alojamientos de uso turístico, pudiendo incrementarse hasta el 100 % en el caso de propietarios con dos o más inmuebles destinados a este uso, y del 150 % cuando se trate de titulares de 4 o más inmuebles destinados a este uso. Deducciones fiscales Se incorpora una nueva deducción estatal en el IRPF, de tal manera que los contribuyentes cuya renta sea inferior a 33.007,20 euros anuales podrán deducirse el 10 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. En el caso de los propietarios, siempre que no tengan la condición de gran tenedor, la norma establece una graduación de las deducciones del IRPF en las rentas inmobiliarias, pudiendo alcanzar hasta el 100 % en el caso de nuevos contratos en los que se rebaje el precio del alquiler en más de un 5 % respecto del anterior (una vez aplicada, en su caso, la cláusula de actualización anual del contrato anterior) cuando: El contrato se formalice con el mismo arrendatario, una vez finalizado el plazo mínimo de cinco años o la última de sus prórrogas. El contrato se formalice con un nuevo arrendatario siempre que el precio del alquiler fuera inferior al límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Bajada del IVA a la vivienda protegida La vivienda protegida de forma permanente o indefinida pasará a tener un IVA superreducido del 4 %, incluyendo la construcción de garajes y anexos situados en el mismo edificio. Incremento y protección del parque público de vivienda El real decreto-ley afianza el modelo de CASA 47, Entidad Estatal de Vivienda, como instrumento estatal de gestión del parque público de vivienda, regulando la aportación a CASA 47 de inmuebles del Patrimonio del Estado y de la Seguridad Social para destinarlos a la política de vivienda asequible. El precio de venta de las viviendas propiedad de CASA 47 (o construidas en sus suelos residenciales) nunca podrá superar el precio máximo fijado para las viviendas protegidas de las comunidades autónomas en la que se encuentren. Este límite también se aplicará a todas las ventas futuras, y en el caso de viviendas con protección pública oficial, la limitación empezará a contar una vez que venza el plazo de dicha protección. Otras medidas Ayudas a la compra de primera vivienda Se crea un nuevo mecanismo de financiación dotado con 10.000 millones de euros para facilitar el acceso a la primera vivienda habitual hipotecada, denominado TU CASA, con préstamos que permitirán financiar hasta el 20% del valor de la vivienda, con un límite máximo de 50.000 euros, que serán complementarios a la financiación privada obtenida por otras vías. Esta línea de préstamos se concederá hasta 10 años, a un tipo de interés del 0 % y sin comisiones, con un período de carencia hasta finalizar el pago de la hipoteca o por un máximo de 30 años. Las viviendas adquiridas mediante este instrumento permanecerán sujetas a un precio máximo de transmisión. Y, en caso de ser arrendada, la renta deberá ser inferior al índice de referencia. Prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler Los inquilinos con contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales por plazos anuales. Durante el tiempo en que este mecanismo esté activo se deberán mantener los mismos términos firmados en el contrato en vigor. Esta prórroga se aplicará siempre y cuando el inquilino se encuentre al corriente de pago del alquiler y lo haya estado durante los ocho meses anteriores. El propietario estará obligado a aceptar la solicitud de prórroga salvo que se fijen otras condiciones acordadas entre las partes, o en situaciones en las que se acredite la necesidad real de recuperar la vivienda para sí o para familiares. Límite a la actualización de la renta de los contratos del alquiler Hasta el 31 de diciembre de 2027, no se podrá incrementar el precio del contrato del alquiler en la correspondiente actualización anual si el precio de la renta supera el índice de precios de referencia. Si no superase esa renta, el límite máximo de alquiler, si no hay acuerdo entre partes, es del 2%. Movilización de vivienda vacía Con el objetivo de estimular que las viviendas ocupadas se incorporen al mercado residencial, el real decreto-ley permite a los ayuntamientos establecer recargos en el IBI a las viviendas desocupadas. Estos recargos pueden llegar al 150 % en el caso de propietarios de cuatro o más viviendas que hayan permanecido vacías por un tiempo superior a tres años. Regulación fiscal de las SOCIMI El decreto eleva del 15 % al 25 % el gravamen sobre los beneficios de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) cuando se deriven del alquiler de viviendas. Ese impuesto estará sujeto a reducciones del 50 % y hasta el 100 % en función del volumen de viviendas que destinen al alquiler bajo criterios de asequibilidad. Estabilidad de los contratos de arrendamiento Por su parte, el segundo de los reales decretos-leyes, que, en caso de ser convalidado, entrará en vigor el día 15 de noviembre de 2026, contiene medidas urgentes para garantizar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, en particular: Llegado el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración, o siete si el arrendador es persona jurídica, el contrato se prorrogará por plazos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo. El plazo de preaviso del arrendador se eleva de cuatro a seis meses; el del arrendatario se mantiene en dos meses. El arrendador que comunique su voluntad de no prorrogar el contrato deberá indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada, calculado conforme al sistema estatal de referencia de precios de alquiler. No procederá indemnización en los siguientes casos: Cuando el arrendador persona física, necesite la vivienda para sí o para sus familiares de hasta segundo grado; o cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad. Cuando el arrendatario no hubiera residido en dicha vivienda en los seis meses anteriores, salvo causa justificada. Cuando el arrendatario disponga de otra vivienda en el mismo municipio que pueda utilizar. Cuando las partes suscriban un nuevo contrato de alquiler sobre la misma vivienda o el arrendatario rechace dicha oferta. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la función social de la vivienda a través de una batería de actuaciones dirigidas a reforzar el derecho a la vivienda y a limitar las prácticas especulativas en este ámbito.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1978878695-1-p489844-m1527823-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequiblehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1978878695-1-p489844-m1527823-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequiblehttps://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequiblehttps://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequible2026-10-06 16:00:322026-10-06 16:00:32civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario