https://elderecho.com/feedes485915 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reunida el miércoles, 29 de julio, ha acordado mantener para los días 30 y 31 las medidas organizativas y de protección adoptadas el pasado domingo ante el incendio que afecta a varios municipios de la provincia de Castellón. La Sala acuerda esta nueva prórroga tras la información facilitada por las autoridades de emergencias por la que resulta "procedente mantener las medidas acordadas el domingo con el objetivo de priorizar la seguridad de las personas". En el acuerdo del domingo, la Sala recordaba que no existe obligación alguna de acudir a una sede judicial por una actuación jurisdiccional programada si existe cualquier dificultad. Bastará en estos casos una comunicación al órgano judicial para trasladar la imposibilidad de asistir. Esto incluso, cuando eso no sea posible, se entenderá que la incomparecencia está justificada. Por otra parte, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la solicitud de medidas 'cautelarísimas' planteada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que rechazó este lunes la suspensión de los señalamientos y plazos procesales, así como la adopción de medidas extraordinarias en los partidos judiciales afectados por los incendios: Madrid, Toledo, Ávila y Castellón. En el auto, recogido por Europa Press, el Supremo señala que la Sala "no es en absoluto insensible a la tragedia" que suponen los incendios "ni a las enormes dificultades que por causa de ella deben afrontar muchos abogados y otros profesionales y usuarios de la Justicia", por este motivo, aseguran que si fuera necesario adoptarían en un futuro la deccisión con eficacia retroactiva. "Por ello, creemos que es importante señalar algo: si el CGPJ considerase que, en algún momento y lugar, las consecuencias de los gravísimos incendios necesitan ser combatidas mediante la suspensión generalizada de señalamientos y plazos judiciales, nada le impediría dotar a su decisión de eficacia retroactiva", explican en el auto. Así, el tribunal recuerda que los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva "cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas". El TS reconoce en el escrito desestimatorio que aunque "ahora no se suspendan con alcance general todos los señalamientos y plazos procesales no comporta que los daños que pudieran producirse fuesen irremediables, pues siempre quedaría abierta la vía que se acaba de indicar". Este tribunal concreta que "quedan pocos días para el inicio del mes de agosto" que "no es hábil para la mayoría de las actuaciones procesales ni para el cómputo de los plazos". La presidenta de la Audiencia Provincial y de los diferentes Tribunales de Instancia trasladarán a la Sala de Gobierno, en caso de que lo consideren oportuno, la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria, las vistas y/o los plazos procesales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485915-m1515531-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485915-m1515531-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendio2026-07-30 10:00:572026-07-30 10:00:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485953El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla un conjunto de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social para atender las necesidades de trabajadores y empresas víctimas de graves incendios, como los que en las últimas semanas han afectado a varias comunidades autónomas. En concreto, la nueva disposición facilita el trámite para el reconocimiento de la prestación por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia y establece exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas. Para la ministra Elma Saiz: “Estas medidas tienen como objetivo dar una respuesta extraordinaria y urgente a trabajadores y empresas de los municipios afectados por esta catástrofe, para que puedan hacer frente las consecuencias inmediata derivadas de la emergencia después de que hayan visto enormemente alteradas sus vidas”. Las medidas de este Real Decreto-ley se dirigen a las personas trabajadoras y a las empresas para las que presten sus servicios, cuando se encuentren afectadas por incendios forestales que den lugar a la adopción de medidas de protección civil que afecten a la población, tales como evacuaciones, restricciones de acceso, confinamientos u otras de naturaleza análoga y hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios forestales del año 2026. Medidas para los trabajadores por cuenta propia El Real Decreto-ley contempla que los trabajadores autónomos que cesen total o parcialmente en su actividad, de forma definitiva o temporal, en los municipios afectados podrán solicitar la prestación de cese de actividad sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor. En concreto, se benefician de estas medidas los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que cuenten con la cobertura de la contingencia de cese de actividad o, estando acogidos a la reducción de cotización prevista en el Estatuto del Trabajo Autónomo para el inicio de actividad por cuenta propia, cesen de forma definitiva o temporal en ella. Entre las particularidades extraordinarias establecidas en este Real Decreto-ley para esta prestación se encuentran: El reconocimiento se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos económicos de 22 de julio de 2026, o desde la fecha en que efectivamente se produjo el cese de actividad, y no se exigirá la acreditación de la imposibilidad para desarrollarla, sin perjuicio de que el órgano gestor la requiera con posterioridad al beneficiario. El tiempo en que se perciban prestaciones por cese de actividad no se computará a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Se considerará como cumplido el requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses comprendidos en los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad, previsto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esta prestación por cese de actividad, en cualquiera de sus modalidades, podrá extenderse durante un periodo de hasta cuatro meses. En el supuesto de cese total definitivo, agotada la duración máxima establecida, se podrá percibir, si se reunieran los requisitos exigidos, la prevista con carácter ordinario en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esta prestación será inembargable, y tampoco podrá ser objeto de compensación con otras prestaciones de Seguridad Social indebidamente percibidas. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se encontraran disfrutando de alguna bonificación o reducción en las cuotas a la Seguridad Social previstas en el Estatuto del trabajo autónomo, y que estén percibiendo la prestación de cese de actividad con baja en el régimen correspondiente, no perderán el derecho al acceso a las bonificaciones o reducciones en la cuota por el tiempo que hubiese quedado pendiente de disfrute, siempre y cuando soliciten el alta inmediatamente tras la finalización de la prestación. Exenciones en la Cotización a la Seguridad Social Las empresas con domicilio de actividad en los municipios afectados, a las que se les autorice un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por haber visto impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada,  podrán beneficiarse de una exención del 100 por ciento de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, con respecto a las cuotas devengadas en los meses de agosto a noviembre de 2026 por trabajadores que tengan sus actividades suspendidas o reducidas y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión o reducción.Los autónomos, que hayan cesado total o parcialmente su trabajo en municipios afectados y cuenten con la cobertura por cese de actividad, podrán solicitar esta prestación extraordinaria sin necesidad de acreditar fuerza mayor.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/Seguridad-Social-p485953-m1515630-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/Seguridad-Social-p485953-m1515630-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendios2026-07-30 10:00:382026-07-30 10:00:38socialSocial13Social485927El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ricardo Bodas ha dimitido de la presidencia de las comisiones de Carrera y de Salud Judicial por discrepancias con el acuerdo sobre los parámetros de cargas de trabajo a efectos de salud judicial. Bodas ha remitido a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, una carta en la que le comunica que tiene "la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados", en tanto que "no sería razonable" que dirigiera esas áreas cuando discrepa "radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas". El vocal critica que el acuerdo es "un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno --del CGPJ-- en materia de salud judicial", en tanto que les atribuye "un deber de seguridad para con los jueces y magistrados, que solo sería asumible" si el órgano de gobierno de los jueces mantuviera con ellos "una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto". Bodas considera que el acuerdo "desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos, quienes han ejecutado ejemplar y objetivamente el mandato encomendado por el propio Pleno y lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico". "Finalmente, se ha dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable", denuncia. Cargas de trabajo A su juicio, además, este proceder tampoco permitirá cumplir adecuadamente la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023, que condenó al órgano de gobierno de los jueces a regular las cargas de trabajo. En cualquier caso, Bodas remarca que "el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial", lo que, en su opinión, demuestra que "no es el empleador de los titulares del poder judicial". "Serán los jueces y magistrados quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo. Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados", critica. Y concluye: "Consiguientemente, me veo en la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados, puesto que no sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas". El vocal culmina su misiva agradeciendo al Pleno del CGPJ por la confianza, así como a sus compañeros, que le "han acompañado en esa andadura en los últimos dos años".Bodas señala que "son los propios jueces y magistrados, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/ricardo-bodas-p485927-m1515564-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludablehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/ricardo-bodas-p485927-m1515564-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludablehttps://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludablehttps://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludable2026-07-30 10:00:322026-07-30 10:00:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485965Con esta firma, ambas instituciones dan continuidad al convenio firmado en 2022 —que a su vez actualizaba el suscrito por primera vez en 1997— y prorrogan su compromiso de mantener formados e informados a jueces y magistrados en materia de propiedad industrial, y de resolver las cuestiones y dudas que puedan surgirles en el desarrollo de su actividad diaria en lo relativo a esta materia. En este sentido, ANDEMA continuará impulsando la realización de jornadas de formación dirigidas a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial relacionadas con la lucha contra los delitos de propiedad industrial, así como a la organización de encuentros y jornadas en beneficio de ambas partes. Función jurisdiccional Asimismo, se reafirma la puesta a disposición del Consejo General del Poder Judicial de la base de datos de la asociación de los representantes legales de cientos de marcas, para facilitar el contacto entre los agentes y las marcas en operaciones en las que se intervengan productos presuntamente falsificados, y a la que los jueces y magistrados podrán seguir teniendo acceso en el ejercicio de la función jurisdiccional. Según destaca Gerard Guiu, director general de ANDEMA "este convenio con el CGPJ es una pieza clave en la lucha contra las falsificaciones. La formación continua de jueces y magistrados en materia de propiedad industrial, junto con el acceso a nuestra base de datos de marcas, permite dar una respuesta más ágil y especializada frente a un fenómeno que no deja de crecer y que perjudica tanto a las empresas como a la seguridad de los consumidores."La Asociación para la Defensa de la Marca y el Consejo General del Poder Judicial renuevan el convenio suscrito en 2022 con el objetivo de mantener el marco de colaboración entre ambas instituciones para desarrollar acciones conjuntas en materia de propiedad industrial. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Renovacion-de-Convenio-ANDEMA-CGPJ-p485965-m1515663-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Renovacion-de-Convenio-ANDEMA-CGPJ-p485965-m1515663-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrial2026-07-30 10:00:312026-07-30 10:00:31penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico485848El Tribunal Supremo ha validado la financiación pública de 1.388 millones de euros concedida a Correos por la prestación del servicio postal universal en el periodo de 2011 a 2020, tras desestimar un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la patronal logística UNO, a la que se le impone el pago de las costas. Según una sentencia fechada el pasado 29 de junio y consultada por Europa Press, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha avalado el plan que el Gobierno aprobó en junio de 2021 para establecer la metodología de cálculo de la carga financiera que soporta el operador estatal por prestar un servicio calificado como público, con efectos retroactivos a 2011. Organización empresarial De esta forma, el Alto Tribunal rechaza las pretensiones de la organización empresarial demandante, al considerar plenamente ajustada a derecho la regulación de los marcos de compensación aplicados durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2020. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya rechazó el pasado mes de enero otros recursos presentados por UNO y Asempre, otra patronal, después de que la Comisión Europea ya validase el marco de financiación de Correos propuesto por el Gobierno en 2020. Correos recibe una compensación anual por prestar el Servicio Postal Universal (SPU), que incluye los envíos nacionales y transfronterizos (ordinarios y certificados) de cartas, tarjetas postales (hasta 2 kilogramos) y paquetes postales (hasta 20 kilos), servicios por los que recibe esa compensación económica. Desde 2011 recibió cada año una cantidad provisional, al no estar aprobada la metodología de cálculo necesaria para que esa cantidad fuese definitiva. Finalmente, el Gobierno aprobó la metodología en 2021 y permitió que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el organismo encargado de supervisar a Correos, pudiese hacer el cálculo definitivo sobre los 1.280 millones de euros que había recibido provisionalmente. El regulador ha calculado unas compensaciones de 164,1 millones de euros para 2011, de 108,3 millones para 2012, de 141,8 millones para 2013, de 127 millones en 2014 y de 113 millones para 2015, 148 millones en 2016, 111,7 para 2017, 119,5 para 2018, de 177,3 para 2019 y de 177 para 2020, lo que supone un total de 1.388 millones definitivos.El nuevo plan aprobado por el Gobierno hasta 2030 duplica la asignación de recursos a Correos, al encomendarle la prestación de nuevos servicios públicos, incluyendo multitud de trámites administrativos y financieros en el ámbito rural.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/shutterstock_2270671449-1-p485848-m1515307-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-avala-la-financiacion-publica-de-1-388-millones-de-euros-que-recibio-correos-de-2011-a-2020https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/shutterstock_2270671449-1-p485848-m1515307-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-avala-la-financiacion-publica-de-1-388-millones-de-euros-que-recibio-correos-de-2011-a-2020https://elderecho.com/el-supremo-avala-la-financiacion-publica-de-1-388-millones-de-euros-que-recibio-correos-de-2011-a-2020https://elderecho.com/el-supremo-avala-la-financiacion-publica-de-1-388-millones-de-euros-que-recibio-correos-de-2011-a-20202026-07-30 10:00:222026-07-30 10:00:22multimateriaMultimateriaMultimateria485872Las empresas del Ibex 35 incrementaron un 12% los impuestos soportados en 2025 respecto al ejercicio precedente, según los informes de contribución tributaria total elaborados por PwC para ambos ejercicios. Este aumento consolida la tendencia al alza de la carga fiscal directa de las grandes cotizadas españolas, en un contexto de avance de beneficios y de cambios normativos que refuerzan la tributación sobre resultados y sobre el empleo. Impuestos sobre beneficios La principal partida de impuestos soportados siguió siendo la de los impuestos sobre beneficios, que en 2025 ascendieron a 7.877 millones de euros y representaron el 35% del total, frente a un peso del 29% en 2024. Según PwC, por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos, las empresas del índice ingresan ahora 45 euros en impuestos soportados, frente a los 39 euros por cada 100 euros registrados en 2024, lo que refleja un incremento significativo de la presión fiscal efectiva sobre las grandes cotizadas. PwC destaca que el incremento de esta categoría se explica por la buena evolución de los beneficios y por la incorporación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), clasificado como impuesto sobre beneficios, que sustituye a gravámenes temporales aplicados en 2023 y 2024. El pago neto por Impuesto sobre Sociedades realizado en España por las empresas del Ibex 35 el pasado año equivale al 16% del beneficio obtenido en el país en ese ejercicio, porcentaje superior al de 2024. De su lado, los impuestos asociados al empleo aumentaron en torno a un 12% en 2025, acompañando el crecimiento del coste medio por trabajador y la creación de puestos de trabajo vinculados al Ibex 35. La tercera gran categoría son los impuestos sobre productos y servicios, que en 2024 ya registraron un avance del 11,2% respecto a 2023 y mantuvieron la senda de crecimiento en 2025, impulsados por el comportamiento del IVA neto y de determinados impuestos especiales. En paralelo, los impuestos medioambientales recuperan peso en 2025 tras los cambios normativos y jurisprudenciales que afectaron al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y otros tributos verdes en años anteriores. En conjunto, la contribución tributaria total del Ibex 35 -que suma impuestos soportados y recaudados- creció un 7%, al pasar de los 59.562 millones de euros en 2024 a los 63.843 millones de euros en 2025, marcando el nivel más alto de los últimos siete años.En 2024, las cuotas a la Seguridad Social ya se situaban como una de las partidas más relevantes dentro de los impuestos soportados, y en 2025 refuerzan esa posición en línea con el repunte de los salarios y de las bases de cotización.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2678868319-1-scaled-p485872-m1515371-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-impuestos-soportados-del-ibex-35-suben-un-12-en-2025-impulsados-por-sociedades-y-empleohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2678868319-1-scaled-p485872-m1515371-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-impuestos-soportados-del-ibex-35-suben-un-12-en-2025-impulsados-por-sociedades-y-empleohttps://elderecho.com/los-impuestos-soportados-del-ibex-35-suben-un-12-en-2025-impulsados-por-sociedades-y-empleohttps://elderecho.com/los-impuestos-soportados-del-ibex-35-suben-un-12-en-2025-impulsados-por-sociedades-y-empleo2026-07-30 10:00:142026-07-30 10:00:14fiscalFiscal6Fiscal485940La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido este miércoles con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, para colaborar en el impulso al reglamento que desarrolle la recién aprobada Ley que regula la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas. Durante la reunión la ministra de Seguridad Social ha destacado el papel del Consejo de la Abogacía como un interlocutor fundamental para canalizar las propuestas de los mutualistas en el desarrollo reglamentario de esta Ley que, además, se abrirá a audiencia pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Mensaje de esperanza  Elma Saiz ha asegurado que “esta Ley traslada un mensaje de esperanza y confianza a muchos profesionales que se encontraban desprotegidos al acceder a la jubilación y que, gracias a esta reforma, van a poder acceder al sistema público de pensiones, con las garantías que eso supone”. La Ley, que fue aprobada el 23 de julio en el Congreso de los Diputados, permitirá acceder a unas pensiones públicas suficientes para miles de abogados, arquitectos y otros profesionales que podrán trasladar sus aportaciones a las mutualidades profesionales al sistema público a través de esta pasarela al RETA. Saiz y González se han comprometido a mantener un nuevo encuentro en el mes de septiembre para seguir avanzando en esta colaboración. Nueva etapa La aprobación de la ley abre una nueva etapa para miles de mutualistas. La reforma es ya una realidad que puede permitir a los afectados una jubilación digna, un derecho que reconoce nuestra Constitución para quienes han dedicado toda una vida a ejercer su profesión. Durante el encuentro, González ha trasladado a Saiz la voluntad de la institución de colaborar estrechamente con el Ministerio para que la aplicación de la norma sea lo más ágil posible y permita ofrecer una respuesta rápida a los miles de mutualistas afectados. Para hablar del desarrollo reglamentario se han reunido, además del presidente de Abogacía Española y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente de la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, Ignacio Gally; el secretario general técnico de Abogacía Española, Borja Vargues; y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. Abogacía Española ha reiterado que la aprobación de la ley supone un avance largamente esperado. Por ello, considera fundamental que el desarrollo reglamentario sea lo más ágil posible y permita ofrecer la mayor seguridad jurídica posible para las abogadas y abogados que viven con preocupación e incertidumbre su jubilación. En este sentido, la ministra Saiz ha destacado la importancia de la aprobación de la ley, “imprescindible para proteger a muchos mutualistas”, y ha asegurado que el desarrollo reglamentario se va a tramitar con urgencia. Abogacía Española ha planteado como prioridades: Agilizar la elaboración y aprobación del reglamento para reducir al máximo los plazos de puesta en marcha de la ley. Garantizar que todos los colectivos, asociaciones, sindicato y organizaciones representativas de los mutualistas puedan ser escuchados durante la elaboración del reglamento. Colaborar activamente para alcanzar la mejor solución posible para todos los profesionales de la abogacía afectados. Abogacía Española ha agradecido la rápida respuesta de la ministra y ha reiterado su disposición a seguir colaborando con el Ministerio durante este proceso, con el objetivo de contribuir a un desarrollo reglamentario que garantice una transición eficaz, equilibrada y consensuada. Asimismo, el presidente ha destacado su compromiso de seguir trabajando por todas las abogadas y abogados que han quedado fuera de la Pasarela.  El Consejo General ha solicitado acelerar la elaboración del reglamento para que la Pasarela al RETA pueda aplicarse en el menor plazo de tiempo posible.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/ministra-p485940-m1515597-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-aborda-con-el-cgae-el-desarrollo-del-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/ministra-p485940-m1515597-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-aborda-con-el-cgae-el-desarrollo-del-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-aborda-con-el-cgae-el-desarrollo-del-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-aborda-con-el-cgae-el-desarrollo-del-reglamento-de-la-pasarela-al-reta2026-07-29 23:12:462026-07-29 23:12:46sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485903El Tribunal Supremo celebrará el próximo 7 de septiembre una vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por la organización Iustitia Europa, que pidió la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la 'ley de nietos' por sus "efectos electorales". En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal acuerda que la celebración de la vista tendrá lugar a partir de las 10.00 horas y cita a las partes personadas en el procedimiento, además de Iustitia Europa y a la Junta Electoral Central (JEC). Suspensión cautelar La decisión llega tras el recurso interpuesto por Iustitia Europa contra una resolución de la Junta Electoral Central, que rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA, aunque acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre aplicación de la 'ley de nietos', que concede la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados. El Supremo acordó abrir una pieza separada de medidas cautelares para estudiar la suspensión de las altas CERA que había solicitado Iustitia Europa. Además, acordó solicitar a la JEC que remitiera el expediente administrativo correspondiente. En su resolución, la JEC avisó de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de la 'ley de nietos', enmarcada en una disposición de la Ley de Memoria Democrática, deberá estar "suficientemente motivada si no se corresponde con su último domicilio en España". El organismo arbitral argumentó que la Constitución también garantiza el derecho a voto de los electores que residen en el extranjero, incidiendo en que la administración electoral "no puede sustituir el criterio del legislador", que fijó por ley "las condiciones y el procedimiento" para el ejercicio de este derecho por parte de personas emigradas. "No es posible acceder a este tipo de solicitudes. La administración electoral debe aplicar todos los procedimientos dispuestos en la administración mientras sigan vigentes", zanjó la JEC. El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha declarado que el objetivo de la organización es "garantizar la transparencia electoral y someter a control los efectos censales derivados" de la 'ley de nietos', "antes de que se puedan producir consecuencias irreversibles en un próximo proceso electoral", según una nota de prensa.La Junta Electoral Central rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20101229_0017_1-p485903-m1515497-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-fija-una-vista-en-septiembre-para-analizar-si-toma-medidas-cautelares-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20101229_0017_1-p485903-m1515497-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-fija-una-vista-en-septiembre-para-analizar-si-toma-medidas-cautelares-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-fija-una-vista-en-septiembre-para-analizar-si-toma-medidas-cautelares-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-fija-una-vista-en-septiembre-para-analizar-si-toma-medidas-cautelares-por-la-ley-de-nietos2026-07-29 22:46:142026-07-29 22:46:14administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico485811El Consejo de Ministros, en su reunión del 28 de julio, ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía el acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad a los afectados por 11 nuevas patologías generadoras de discapacidad.  Esta medida, que se concreta en la inclusión en el Anexo del Real Decreto 1851/2009, que comprende las patologías que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%, beneficia en torno a 50.000 personas, que podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años debido a la patología que padecen. Las nuevas patologías son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Parkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5. Para la ministra Elma Saiz, “miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que condicionan su desempeño laboral podrán beneficiarse por esta decisión del Gobierno cuyo objetivo es que cuenten con una especial protección que haga justicia y equipare sus posibilidades con las del resto de la población trabajadora“. Actualización del Anexo legal abierto El nuevo Real Decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), culmina un procedimiento en el que ha intervenido como proponente una Comisión Técnica integrada por especialistas médicos, científicos y expertos en discapacidad representantes del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Consejo Nacional de la Discapacidad; así como por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), que ha avalado la inclusión en el Anexo de las nuevas patologías generadoras de discapacidad. Este procedimiento ha permitido actualizar y ampliar un anexo legal abierto, al incorporar nuevas enfermedades cuya gravedad y efectos son susceptibles de justificar una anticipación de la edad de jubilación para las personas trabajadoras con discapacidad de, al menos, el 45 por ciento. La DGOSS, que preside la Comisión Técnica, ha sido la encargada de estudiar las solicitudes de inclusión y, posteriormente, de elaborar los informes sobre cada patología que desembocaron en la resolución inicial favorable para estas 11 nuevas patologías. Tras la modificación del Anexo del referido real decreto, las personas trabajadoras con discapacidad que estén afectadas por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión siempre que cumplan los siguientes requisitos: Estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante. Acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento. En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación.Las nuevas patologías son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Parkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/02/Jubilacion-anticipada-y-servicio-social-p485811-m1515206-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologiashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/02/Jubilacion-anticipada-y-servicio-social-p485811-m1515206-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologiashttps://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologiashttps://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologias2026-07-29 10:00:412026-07-29 10:00:41sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485823La verdadera transformación digital de la profesión llega cuando miles de profesionales deciden aprender a utilizarlas. Con esa realidad como punto de partida, el Programa de Competencias Digitales Upro cierra su recorrido después de meses de formación y acompañamiento a más de 25.400 abogadas y abogados en una de las mayores iniciativas de formación en competencias digitales de la profesión. Impulsado por Red.es, en colaboración con Unión Profesional, y desarrollado por Abogacía Española junto a los Colegios de la Abogacía. Upro ha ido evolucionando durante estos meses hasta convertir la formación en una experiencia que ha ido más allá de la plataforma. A las sesiones se han sumado nuevos espacios de encuentro, contenidos divulgativos y formatos innovadores que han mantenido el aprendizaje vivo durante todo el programa. Justicia digital La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gestión de datos, la transformación digital del despacho o la justicia digital han marcado los ejes de un itinerario que ha combinado la formación online con más de 300 sesiones presenciales organizadas por los Colegios en toda España. Pero el recorrido no se ha detenido ahí. A medida que avanzaba el programa, Abogacía Española fue enriqueciendo la experiencia formativa con iniciativas propias que llevaron el aprendizaje al siguiente nivel. A los contenidos del itinerario se sumaron webinars especializados (VER), entrevistas con los docentes (VER), masterclass sobre inteligencia artificial (VER), contenidos divulgativos y podcast (VER) que acercaron las competencias digitales al día a día de los despachos desde un enfoque más práctico y cercano. Ese mismo impulso dio lugar a “Desbloqueando al Abogad@ Digital” (VER), una campaña que convirtió el progreso de los participantes en un recorrido representado por seis avatares, cada uno vinculado a una de las competencias del programa y concebidos para acompañar a los alumnos durante su aprendizaje. Como parte de esta iniciativa, Abogacía Española estrenó SeñorIAs (VER), la miniserie de ficción desarrollada íntegramente con IA y que, a través del humor y de situaciones reconocibles, acerca los contenidos del programa desde un lenguaje diferente, innovador y cercano. Ese acompañamiento no termina con el último módulo. Fruto de los acuerdos alcanzados por Abogacía Española con algunas de las principales editoriales en IA jurídica, quienes hayan completado Upro podrán acceder a un conjunto de recursos pensados para que la innovación siga formando parte de su actividad profesional una vez cerrado el programa. Entre esos beneficios se encuentra el acceso a herramientas como Vincent AI (vLex part of Clio), Helena (Sepín), Tirant PRIME (Tirant lo Blanch) y GenIA-L  (Lefebvre); la Guía Práctica de la Inteligencia Artificial, elaborada conjuntamente por Aranzadi LA LEY y Abogacía Española; y un bono de 100 BuroSMS y SMS e-Mensajes proporcionado por el propio Consejo. “Desde el principio entendimos que Upro debía ser mucho más que un programa formativo. Queríamos acompañar a la profesión durante todo el proceso, acercar la tecnología desde una perspectiva útil y demostrar que innovar también consiste en crear nuevas formas de aprender. El resultado ha sido un proyecto construido entre muchas instituciones, pero siempre con el objetivo de que ningún profesional se quede atrás en la transformación digital" afirma Alfredo Sánchez-Rubio Triviño, coordinador del proyecto Upro en Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. Colaboración con Lefebvre Además, gracias a la colaboración con las editoriales vLex part of Clio y Tirant lo Blanch, los participantes en Upro han podido optar a sorteos (VER) de licencias anuales y semestrales de sus soluciones de IA jurídica, una iniciativa con la que Abogacía Española reconoce su implicación en el programa y facilita el acceso a algunas de las plataformas más avanzadas del sector. Upro también ha servido para abrir espacios de reflexión sobre el futuro de la profesión, jornadas, encuentros institucionales y la presentación del Libro Blanco sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la abogacía que han acompañado un proyecto que impulsa una conversación compartida sobre cómo integrar la tecnología con criterio jurídico y al servicio de una mejor atención a la ciudadanía. Con la clausura de Upro concluye un programa, pero permanece un legado que va mucho más allá de las horas de formación. Miles de abogadas y abogados afrontan una nueva etapa con más preparación, más herramientas y la única acreditación oficial que los reconoce como Abogad@ Digital. Porque la mejor forma de anticiparse al cambio siempre es estar preparado para liderarlo.Abogacía Española amplía el alcance de Upro con iniciativas propias y acuerdos estratégicos con editoriales de IA Jurídica para acercar la innovación a los profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p485823-m1515238-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p485823-m1515238-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogacia2026-07-29 10:00:062026-07-29 10:00:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico