https://elderecho.com/feedes488300Los hechos se refieren al impago de los honorarios de la procuradora que contrató para que le representara en un procedimiento laboral. La sentencia de la Audiencia Provincial detalla que el acusado dejó sin pagar una minuta de 309,43 euros, desatendiendo los requerimientos que se le hicieron por carta, teléfono y medios telemáticos. Ante este impago, la procuradora tuvo que iniciar un proceso judicial de Jura de Cuentas. Durante dicho proceso, el deudor presentó un escrito de alegaciones asegurando que ya había saldado la deuda con su letrado, adjuntando una factura de 2.077,60 euros, que aparentaba contar con la firma digital del abogado, donde figuraba el concepto de "minuta de honorarios profesionales". Sin embargo, el propio letrado desmintió la autenticidad de dicho documento. Sobre la alegación de la defensa de que la sentencia no detalla cómo el acusado falsificó la factura, el tribunal señala que las pruebas demuestran que él contaba con los medios necesarios, como correo electrónico y WhatsApp, y que fue él quien presentó el documento porque le beneficiaba. Su intención era general una respuesta judicial a su favor en detrimento de la procuradora, aunque no lo logró, ya que ella misma explicó que finalmente pudo cobrar todo el dinero que se le debía en el transcurso del procedimiento. Asimismo, los magistrados afirman que el acusado sabía perfectamente que tenía la obligación de pagar por separado tanto a su abogado como a la procuradora, puesto que ambos se lo habían indicado y las facturas de cada profesional eran independientes. La Sala concluye que la sentencia recurrida analiza de forma detallada las pruebas del juicio oral y justifica de manera impecable la calificación jurídica de los hechos, unos argumentos que considera totalmente acertados. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de La Rioja. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 14/2026 de 16 de julio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ratificado la condena de un año a un hombre por un delito de intento de estafa procesal, vinculado a la falsificación de un documento privado por parte de particular.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2510417643-1-p488300-m1523035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2510417643-1-p488300-m1523035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboralhttps://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboralhttps://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboral2026-09-14 13:24:172026-09-14 13:24:17penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico488288El Ejecutivo de Euskadi interpuso en febrero de 2024 un recurso ante el TC contra esta Ley estatal de Vivienda al considerar que vulneraba sus competencias. En concreto, recurrió un total de siete artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales. Según ha informado el Tribunal Constitucional este viernes, el recurso ha sido desestimado en una sentencia de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, con el voto particular de cinco magistrados. En ella, se aplica la doctrina establecida en diversas resoluciones sobre recursos de inconstitucionalidad planteados en relación con esta Ley por el derecho a la vivienda. En un comunicado, el tribunal ha explicado que el recurso vasco formulaba "impugnaciones específicas novedosas" contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que han sido desestimadas. En su resolución, el TC declara que el artículo 3 contiene "unas definiciones operativas para la propia ley y no produce efectos de norma supletoria" para las comunidades autónomas. En su opinión, el artículo 10.2 "orienta" la actuación de todas las administraciones competentes, en una materia "tan poliédrica" como la vivienda, con el objeto de "velar por el pleno ejercicio de los derechos derivados de la propiedad y favorecer el acceso a ella". Asimismo, declara que lo dispuesto en el apartado seis de la disposición final primera no implica que el índice de precios estatal vaya a prevalecer sobre el autonómico ya que, precisa, no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias. La sentencia aprecia "la pérdida sobrevenida de objeto de la impugnación" dirigida al artículo 16 de la Ley al haber sido previamente declarado inconstitucional y nulo en anteriores resoluciones. El resto de las alegaciones formuladas en el recurso contra los artículos 15.1 d), 15.1 e), 16, 17 y 18, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda, apartado uno, la disposición final primera, apartados uno y tres, y la disposición final cuarta son desestimadas con remisión a la doctrina establecida en cinco sentencias anteriores de 2024, 2025 y 2026.El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p488288-m1522995-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p488288-m1522995-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-viviendahttps://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-viviendahttps://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-vivienda2026-09-11 14:00:172026-09-11 14:00:17civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico488274Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 27 de Agosto de 2026, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que se nombra, Jefe de Unidad Provincial de Informática, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (B.O.E. núm. 223 de 9 de Septiembre de 2026). - Resolución, de 8 de Septiembre de 2026, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la que se nombra, Directora en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección General de Coordinación e Investigación  (B.O.E. núm. 225 de 11 de Septiembre de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com). [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p488274-m1522952-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p488274-m1522952-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-0262026-09-11 13:55:282026-09-11 13:55:28derecho-ticDerecho TICDerecho TIC488219La sentencia, dictada por la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, establece que la actuación municipal vulneró los derechos fundamentales de los demandantes a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. El magistrado estima parcialmente el recurso presentado por los perjudicados, pues no considera acreditada una vulneración autónoma del derecho fundamental a la integridad física y moral. En cualquier caso, ordena al Consistorio alicantino realizar en el plazo máximo de un mes -a contar desde la firmeza de la resolución- una inspección acústica completa durante el funcionamiento “real y ordinario” del establecimiento, “en periodo nocturno y en una franja representativa de máxima actividad”. Según consta en la resolución judicial, los niveles de ruido sufridos por los demandantes “excedieron de forma reiterada y relevante los límites nocturnos” (…), el foco principal era evitable mediante medidas de control sobre una actividad sometida a licencia; y el Ayuntamiento, pese a conocer indicios objetivos, no desplegó una comprobación y reacción adecuadas”. El problema ya fue puesto de manifiesto formalmente en conocimiento de la corporación el 15 de febrero y el 30 de julio de 2022, y hubo nuevas denuncias el 24 de abril de 2025 -acompañada de un informe acústico-, el 19 de mayo, el 16 de julio –“con más de veinte firmas vecinales- y el 8 de septiembre del mismo año. También se presentaron quejas de otras residentes los días 17 y 19 del mismo mes de septiembre. Finalmente, el 3 de noviembre de 2025, los interesados formularon la correspondiente reclamación previa en la vía administrativa, en la que solicitaban medidas efectivas y, en su caso, la suspensión temporal de la actividad de la discoteca. El magistrado concede que no hubo “una absoluta ausencia de actividad” por parte del Ayuntamiento, pues existen informes policiales que dan cuenta de “intentos de concertar la entrada al domicilio” (de los vecinos afectados) en septiembre de 2022, marzo, junio y agosto de 2023, así como en noviembre de 2024. “Esos datos impiden presentar la conducta municipal como una omisión total y obligan a reconocer que la disponibilidad de los denunciantes (y coactores en este proceso especial) no siempre facilitó una medición inmediata”, añade. Sin embargo, en opinión del juzgador, esa respuesta “debe ser valorada en función de su idoneidad global”, pues tras los intentos fallidos antes mencionados “no se articuló de forma constante una cita por escrito, correo electrónico o notificación administrativa, pese a que constaban domicilio y cauces de notificación”. Los demandantes encargaron un informe pericial, ratificado luego en el juicio, con mediciones de ruido que arrojaban niveles de entre 35,3 y 50,9 decibelios en las viviendas de los afectados en diferentes noches entre el 6 de noviembre y el 15 de diciembre de 2024. “No se trata por tanto de una superación aislada o marginal: la repetición, en fechas y estancias distintas, y la diferencia respecto de los valores respecto de los valores límite dotan al resultado de consistencia suficiente para acreditar una inmisión nocturna objetivamente grave”, concluye el magistrado a partir de esta prueba. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tribunal de Instancia de Alicante. Sección de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 320/2026 de 25 de agosto de 2026.El Tribunal de Instancia de Alicante ha condenado al Ayuntamiento de esta ciudad a indemnizar con 12.000 euros en concepto de daños morales a dos vecinos (6.000 a cada uno de ellos) afectados por los ruidos procedentes de una discoteca ubicada en el sótano del edificio donde residen.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2646875647-1-p488219-m1522873-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-12-000-euros-a-dos-vecinos-afectados-por-los-ruidos-de-una-discotecahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2646875647-1-p488219-m1522873-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-12-000-euros-a-dos-vecinos-afectados-por-los-ruidos-de-una-discotecahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-12-000-euros-a-dos-vecinos-afectados-por-los-ruidos-de-una-discotecahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-12-000-euros-a-dos-vecinos-afectados-por-los-ruidos-de-una-discoteca2026-09-11 12:00:382026-09-11 12:00:38administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico488220La asociación ha valorado "muy positivamente" la sentencia 253/2026, dictada el pasado 21 de julio por la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, que, según sostiene, respalda la tesis defendida por el Consejo Regulador de la DOP Jabugo y confirma la posibilidad de ejercitar acciones indemnizatorias en defensa del derecho de exclusiva de estas figuras de calidad diferenciada. El caso se remonta a 2019, cuando el Consejo Regulador de la DOP Jabugo detectó el uso del término 'Jabugo' para identificar los servicios de una charcutería. De acuerdo con Origen España, la denominación protegida aparecía tanto en la razón social de la empresa como en los rótulos de sus establecimientos. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao declaró en 2022 que el empleo de ese término y de referencias al mismo en la oferta y comercialización de productos cárnicos vulneraba la normativa europea, aunque desestimó entonces la pretensión de indemnización. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Vizcaya confirmó la infracción y ordenó a la sociedad cesar en el uso de la denominación y retirar los soportes comerciales afectados, pero volvió a rechazar la reclamación económica. Según Origen España, el Supremo ha concluido ahora que los consejos reguladores pueden reclamar daños y perjuicios por la utilización irregular de una DOP, siempre que se acrediten los requisitos exigidos para ello. La asociación ha destacado que el fallo resuelve una controversia sobre la interpretación del anterior Reglamento (UE) 1151/2012, que no incluía expresamente un catálogo de acciones judiciales para proteger las indicaciones geográficas. Esta norma ha sido sustituida por el Reglamento (UE) 2024/1143, que, según la entidad, refuerza la posibilidad de emprender acciones legales, aunque tampoco detalla de forma exhaustiva los mecanismos disponibles. Hasta ahora, ha explicado Origen España, las reclamaciones indemnizatorias debían encajarse en la Ley de Competencia Desleal. La sentencia, siempre según la asociación, determina que la ausencia de un listado expreso de acciones no implica que estas estén excluidas y permite reclamar una compensación al amparo de la normativa específica de indicaciones geográficas. El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha señalado que la resolución "refuerza la capacidad de los Consejos Reguladores para defender de forma efectiva a sus DOP e IGP", que considera "un patrimonio intangible de los territorios rurales". Pacheco ha subrayado además que la posibilidad de reclamar indemnizaciones no solo permite reparar el perjuicio causado, sino que puede operar como "una herramienta disuasoria" frente a futuras infracciones. Origen España ha advertido, no obstante, de la necesidad de que la nueva regulación europea se aplique de manera "efectiva y homogénea" en todos los Estados miembros, tanto en el mercado físico como en el entorno digital.El Tribunal Supremo ha reconocido que los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por el uso indebido de sus nombres, según ha informado este jueves la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2396512775-1-p488220-m1522788-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2396512775-1-p488220-m1522788-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espanahttps://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espanahttps://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espana2026-09-11 11:33:392026-09-11 11:33:39civilCivil2sector-juridicoSector jurídicoCivil,Sector jurídico488217Fuentes del organismo regulador han destacado que el censo de remitentes "se mueve minuto a minuto" y alcanza ya los 13.565 alias inscritos. Asimismo, han advertido de que, conforme a la orden ministerial dictada en 2025 por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a partir del 15 de septiembre los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear todas las cabeceras alfanuméricas no registradas o que procedan de proveedores no inscritos. Las empresas, comercios, administraciones públicas y otras organizaciones que utilicen alias como remitentes de sus mensajes SMS, MMS o RCS deberán registrar adecuadamente estos identificadores antes del 15 de septiembre para poder seguir haciendo uso de ellos. A partir de ese mismo día, los operadores de telefonía móvil bloquearán los mensajes que provengan de alias -marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios- no registrados en la base de datos oficial de la CNMC. Esta obligación afecta a cualquier entidad que envíe avisos identificados con su nombre -como bancos, aseguradoras u operadores de transporte-, de modo que los operadores deberán bloquear los mensajes con alias inscritos que provengan de proveedores de servicios no registrados. Revisión y rechazos técnicos Desde la CNMC han explicado que el procedimiento requiere la autorización explícita de los titulares y la posterior revisión de la entidad, si bien han reconocido la existencia de un volumen elevado de solicitudes rechazadas debido a inconvenientes técnicos o por no contar con la confirmación expresa del solicitante. En este contexto, el regulador ha recalcado que el identificador que aparece en la cabecera de los SMS era un elemento que hasta la fecha no había estado regulado y se empleaba de manera libre, por lo que ha insistido en que, ante la falta de autorización directa por parte del titular, la solicitud debe ser desestimada. Llamamiento a pymes y autónomos Asimismo, el organismo ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía, pymes, autónomos y pequeñas empresas para que atiendan las notificaciones electrónicas remitidas, al haber constatado que un porcentaje significativo de estas comunicaciones no está siendo abierto por los destinatarios. La entidad ha puntualizado que la medida afecta al conjunto de la economía, aunque ha aclarado que la inscripción no es obligatoria para operar, dado que los envíos pueden seguir realizándose con el número de teléfono móvil en el remitente. Por ello, ha instado a los actores económicos a mantener una actitud proactiva si desean conservar el uso de sus nombres comerciales. Sectores prioritarios Finalmente, la CNMC ha situado a la banca, el sector financiero, el transporte de pasajeros, los servicios de paquetería, los servicios sanitarios y las administraciones públicas entre los ámbitos de mayor relevancia para este cambio normativo. A este respecto, el regulador ha asegurado que mantiene un seguimiento constante sobre estos sectores estratégicos para garantizar que regularicen sus identificadores y mantengan la operativa habitual con los usuarios, reiterando la urgencia de atender sus requerimientos o formalizar los trámites pendientes antes del plazo límite. Origen y calendario de la medida El registro de alias quedó formalmente constituido el pasado 28 de marzo, tras la tramitación de las directrices que lo regulan, según el informe publicado por Competencia. Posteriormente, a finales de abril, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, avanzó que la base de datos oficial gestionada por la CNMC estaría operativa desde el 7 de junio. La entrada en vigor definitiva del bloqueo obligatorio por parte de los operadores se fijó finalmente para el 15 de septiembre, tras una modificación del calendario a petición del Ministerio. Fuentes de la CNMC han asegurado que no hay previsión de una nueva prórroga y han recordado que es una decisión que tendría que tomar el Gobierno. Con este hito se despliega la última gran medida del plan del Ejecutivo contra las estafas telefónicas y por SMS.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha contabilizado un total de 13.565 alias inscritos en su registro oficial a fecha del 10 de septiembre por la mañana, en pleno proceso de regularización de los identificadores de mensajes SMS antes de la entrada en vigor del bloqueo obligatorio fijado para el próximo 15 de septiembre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2661606845-1-p488217-m1522808-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-contabiliza-mas-de-13-500-alias-inscritos-ante-el-bloqueo-obligatorio-de-sms-del-15-de-septiembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2661606845-1-p488217-m1522808-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-contabiliza-mas-de-13-500-alias-inscritos-ante-el-bloqueo-obligatorio-de-sms-del-15-de-septiembrehttps://elderecho.com/la-cnmc-contabiliza-mas-de-13-500-alias-inscritos-ante-el-bloqueo-obligatorio-de-sms-del-15-de-septiembrehttps://elderecho.com/la-cnmc-contabiliza-mas-de-13-500-alias-inscritos-ante-el-bloqueo-obligatorio-de-sms-del-15-de-septiembre2026-09-11 11:31:282026-09-11 11:31:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488218En algunos órganos, determinadas vistas están siendo fijadas para fechas situadas a varios años de la presentación de la demanda, mientras la tramitación previa, el dictado de resoluciones, los recursos y la ejecución soportan también tiempos de espera extraordinarios, según ha informado el ICAM. Para el Colegio de la Abogacía de Madrid, la suma de estas circunstancias está deteriorando la capacidad del sistema para ofrecer una respuesta judicial eficaz en asuntos que afectan de manera directa al empleo, los ingresos, la salud y la protección social de miles de ciudadanos. Ante esta situación, el Colegio pone en marcha este viernes una campaña institucional para reclamar una respuesta urgente y coordinada de las administraciones y órganos con responsabilidades sobre la jurisdicción social. La iniciativa tendrá también una vertiente pública, con una campaña de sensibilización y una recogida de firmas a través de la web del ICAM. Una respuesta coordinada entre instituciones El ICAM considera que la dimensión del problema exige superar las actuaciones aisladas y establecer un marco de trabajo común entre las instituciones responsables. Por ello, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, propone una reunión específica en la que participen el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el propio Colegio, con el objetivo de compartir información, delimitar necesidades, acordar medidas y comprobar posteriormente su eficacia. Con ese objetivo, Ribón se ha dirigido a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón; a la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco; y a la presidenta de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid, María Fátima Beardo. El Colegio ha registrado asimismo una queja formal ante el Defensor del Pueblo, en la que plantea la dimensión general del problema y solicita actuaciones dentro del ámbito de competencias de esta institución. “El orden social tutela derechos que inciden directamente en el sustento y en las condiciones de vida de las personas. Por ello, los tiempos de respuesta adquieren una importancia singular en procedimientos de despido, incapacidad, prestaciones o reclamaciones salariales”, advierte Ribón. Una cuestión que alcanza al artículo 24 de la Constitución El diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio Juan Manuel Mayllo subraya que la situación no puede analizarse únicamente desde la óptica de la gestión de los juzgados: “Que el origen de estos retrasos pueda encontrarse en una sobrecarga estructural, en plantillas insuficientes, en la falta de órganos o en limitaciones organizativas y materiales no hace desaparecer la dimensión constitucional del problema. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que esas circunstancias pueden explicar la demora, pero no trasladar sus consecuencias al ciudadano”. Mayllo recuerda, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2022, de 10 de octubre, que estimó un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución: “La doctrina constitucional obliga a valorar las circunstancias de cada procedimiento, pero establece un principio esencial: los problemas estructurales de la Administración de Justicia no convierten por sí mismos en razonable una espera excesiva. Corresponde a los poderes públicos dotar al sistema de los recursos necesarios para que los tribunales puedan responder dentro de plazos compatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial”, explica el diputado del ICAM. El retraso no se concentra únicamente en la fecha del juicio La situación detectada por la abogacía madrileña afecta a distintas etapas del itinerario procesal. Existen procedimientos cuya tramitación inicial permanece pendiente durante meses; asuntos prioritarios cuya vista se fija con años de demora; reprogramaciones que prolongan todavía más la espera; retrasos después de celebrada la vista; dificultades en la preparación y remisión de recursos de suplicación; y ejecuciones cuya duración aplaza la efectividad práctica de derechos que ya han sido reconocidos judicialmente. A ello se añaden problemas de funcionamiento cotidiano que amplifican las consecuencias del atasco: jornadas con una elevada concentración de vistas, incidencias que obligan a reprogramar actuaciones y dificultades para compatibilizar la asistencia de los profesionales cuando coinciden procedimientos en diferentes órganos. Mayllo señala además la existencia de procedimientos presentados en octubre y noviembre de 2025 que todavía no habían recibido decreto de admisión: “Estamos ante una situación que exige una actuación inmediata. No basta con administrar el retraso: necesitamos aumentar de forma efectiva la capacidad de respuesta de la jurisdicción”, afirma. Especial preocupación por las incapacidades El diputado del ICAM pone especialmente el foco en los procedimientos de incapacidad permanente con vistas previstas para 2029 e incluso 2030: “Cuando la respuesta judicial se desplaza varios años desde la presentación de la demanda, puede llegar cuando la situación médica, laboral y económica del afectado ha cambiado por completo. En materias de esta naturaleza, el tiempo de respuesta forma parte de la propia efectividad de la tutela”. Para el Colegio, este ejemplo evidencia que el problema supera con mucho las dificultades que las demoras generan para el ejercicio de la abogacía. “La preocupación del Colegio trasciende el ámbito estrictamente profesional. Los retrasos afectan a personas despedidas, trabajadores que esperan el reconocimiento de una incapacidad o una prestación y familias cuya situación económica puede depender de una resolución judicial”, señala el decano Eugenio Ribón. La dimensión del atasco: los datos analizados por el ICAM Lo que la abogacía encuentra cada día en los expedientes tiene una traducción estadística. Los datos del Consejo General del Poder Judicial, analizados por el ICAM, muestran una acumulación de asuntos que se ha acelerado con especial intensidad en los últimos años. Los Juzgados de lo Social de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, el mayor volumen de la serie disponible desde 2006. La pendencia creció un 26,8% en un solo año y acumula un incremento del 55,9% desde 2023. Frente a 2019, último ejercicio anterior a la pandemia, el número de asuntos pendientes se ha más que duplicado: el aumento alcanza el 117,7%. La comparación entre entrada y resolución de procedimientos permite entender por qué el atasco sigue creciendo. Los datos provisionales del CGPJ correspondientes a 2025 contabilizan 75.532 asuntos ingresados frente a 58.557 resueltos. Es decir, entraron cerca de 17.000 asuntos más de los que pudieron salir durante el ejercicio. La tasa de resolución se situó en 0,78. La tasa de congestión alcanzó 2,30, la más elevada entre las principales jurisdicciones de los juzgados madrileños y superior a las registradas en primera instancia civil, lo contencioso-administrativo y la instrucción penal. Para el ICAM, estos indicadores permiten dimensionar el carácter estructural de unas dificultades cuya expresión concreta se encuentra después en los señalamientos, las sentencias, las ejecuciones y los recursos. La experiencia concreta de Juan Manuel Mayllo, como abogado, ilustra la situación real: “de mi práctica profesional en esa jurisdicción se desprende que actualmente la mayoría de los procedimientos tienen fijado el juicio para más de 18 meses desde la presentación de la demanda, llegando en algunos casos a señalar el juicio para tres años después de la presentación de la demanda”, explica el diputado del ICAM. Refuerzos con capacidad real de respuesta El ICAM considera imprescindible aumentar los recursos humanos disponibles, pero advierte de que la solución no depende únicamente del número de efectivos. El Colegio, que ha presentado una batería de 19 medidas, reclama que los refuerzos judiciales y de las oficinas se diseñen, asignen y coordinen de forma que incrementen realmente la capacidad de tramitación y resolución, evitando que problemas de planificación reduzcan su eficacia. Entre las propuestas que plantea el ICAM figuran la estabilización y cobertura de plantillas, la creación o refuerzo de órganos allí donde las cargas de trabajo lo hagan necesario, la mejora de la organización interna, herramientas tecnológicas eficaces, actuaciones específicas sobre ejecución y recursos y una planificación más eficiente de las agendas judiciales. La amplitud del problema explica que el Colegio sitúe la coordinación institucional en el centro de su propuesta. Las competencias están repartidas entre diferentes instituciones: determinadas soluciones corresponden a la Comunidad de Madrid; otras, al Ministerio de Justicia; las plazas judiciales y determinadas medidas de refuerzo afectan a los órganos de gobierno judicial; y otras mejoras dependen de la organización del Tribunal de Instancia y de su Sección de lo Social. Por ello, la reunión propuesta por el ICAM tendría como finalidad no solo acordar actuaciones, sino también establecer objetivos concretos, calendarios e indicadores públicos que permitan conocer si las medidas adoptadas están reduciendo efectivamente los tiempos de respuesta y la acumulación de procedimientos. SOS SOCIAL: sensibilización y recogida de firmas Junto a las actuaciones institucionales, el ICAM pondrá en marcha una campaña de sensibilización bajo el lema “SOS SOCIAL” para trasladar a la opinión pública las consecuencias que las demoras de esta jurisdicción tienen sobre ciudadanos, empresas y profesionales. La campaña dará visibilidad a situaciones reales —con las debidas garantías de confidencialidad—, con casos de señalamientos hasta 2030, y estará acompañada de una recogida de firmas entre la abogacía a través de la web del Colegio, destinada a respaldar la petición de medidas extraordinarias y sostenidas que permitan recuperar tiempos de respuesta compatibles con la función esencial de esta jurisdicción.La jurisdicción social madrileña afronta demoras que se extienden a prácticamente todas las etapas del procedimiento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Campana-SOS-Social-2-p488218-m1522826-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Campana-SOS-Social-2-p488218-m1522826-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectivahttps://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectivahttps://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectiva2026-09-11 06:45:312026-09-11 06:45:31sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social488129González ha aprovechado el encuentro para compartir con la ministra las principales inquietudes y cuestiones planteadas por las asociaciones, colectivos, sindicatos y representantes de mutualistas durante la reunión celebrada el pasado 3 de septiembre en la sede de Abogacía Española, así como los próximos pasos acordados. Salvador González, presidente del CGAE ha incidido en que “Los mutualistas llevan demasiado tiempo esperando una solución y ahora es fundamental que el desarrollo del reglamento esté a la altura de sus necesidades. La aprobación de la ley ha sido un paso fundamental, pero nuestro objetivo ahora es que la Pasarela pueda convertirse cuanto antes en una realidad y que el reglamento aporte certezas y seguridad jurídica a los afectados”. La Abogacía Española ha solicitado que la tramitación del reglamento sea declarada urgente y que su desarrollo tenga un carácter eminentemente técnico, con el objetivo de avanzar lo antes posible en una regulación que dé respuesta a las cuestiones pendientes en relación con la Pasarela al RETA. Durante el encuentro, Saiz se ha comprometido a solicitar al Consejo de ministros la tramitación urgente del reglamento de la Pasarela, uno de los temas clave planteados en la última reunión del presidente con los mutualistas, ya que es fundamental alcanzar una solución adecuada y urgente para miles de afectados. Al finalizar el encuentro, Saiz y González han acordado mantener una nueva reunión antes de que finalice el mes de septiembre, con la voluntad de seguir colaborando. Las inquietudes de los mutualistas llegan al Ministerio El encuentro de este miércoles se produce apenas unos días después de que Abogacía Española reuniera en su sede a representantes de DEFENDA, ANAMA, Plataforma Pasarela al RETA, J2, sindicato VENIA, Mutualistas sin Pensiones, ALA, Mutualistas por el Futuro, ALTODO, Movimiento J2 y Mutualistas Obligatorios y Complementarios. La cita del 3 de septiembre permitió escuchar las distintas posiciones ante una fase decisiva para la aplicación de la nueva ley y poner en común las cuestiones que preocupan a los mutualistas de cara a su desarrollo reglamentario. Consejo y colectivos coincidieron en la urgencia de avanzar con la máxima celeridad y cumplir el plazo de tres meses establecido por la ley. Como siguiente paso, se acordó elaborar propuestas sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela, concretar las principales cuestiones que deberá abordar el reglamento e identificar puntos compartidos entre los profesionales afectados. Abogacía Española asumió además el compromiso de trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las inquietudes y planteamientos recogidos, así como los próximos pasos acordados. Un compromiso que Salvador González ha trasladado este miércoles a Elma Saiz, dando continuidad al diálogo abierto con los colectivos y con el Ministerio.El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el vicepresidente de la Comisión de Previsión Social y decano del Col·legi d'Advocats de Girona, Albert Sierra, se han reunido con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, para continuar avanzando en el desarrollo reglamentario de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Foto-1-p488129-m1522561-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarelahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Foto-1-p488129-m1522561-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarelahttps://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarelahttps://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarela2026-09-10 12:33:102026-09-10 12:33:10sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social488130En Cantabria, los gastos de guardería permiten una deducción del 15%, con un límite de 300 euros anuales por hijo menor de tres años. Además, las familias cántabras cuentan con una deducción por gastos de educación del 100% de los gastos en libros de texto y el 15% de las cantidades destinadas a la enseñanza de idiomas, con un límite conjunto de 200 euros anuales por unidad familiar. En Castilla-La Mancha, la adquisición de libros de texto para las enseñanzas obligatorias cuenta con una deducción del 100%. Asimismo, se aplica un 15% de deducción para la enseñanza extraescolar de idiomas, clases de refuerzo o apoyo, gastos de residencia estudiantil e incluso para el acceso a nuevas tecnologías (cuota de alta y primer mes de Internet). Los límites máximos por hijo varían en función de la renta y la condición de familia numerosa, alcanzando hasta los 300 euros por hijo en declaraciones conjuntas. Por su parte, la custodia de menores de 3 años en guarderías permite deducir un 30% del gasto, hasta un máximo de 500 euros anuales. En el caso de Castilla y León, los contribuyentes con hijos menores de 4 años pueden optar por deducirse el 30% de las cantidades pagadas a una empleada del hogar (hasta 322 euros) o el 100% de los gastos de matrícula, asistencia y comedor en escuelas infantiles autorizadas, con un límite de 1.320 euros, siempre que ambos progenitores trabajen y no superen los umbrales de renta establecidos. De acuerdo con el documento elaborado por el Gabinete de Estudios de AEDAF, las familias de Extremadura pueden deducirse 30 euros por hijo en edad escolar obligatoria (de 6 a 15 años) para la compra de material escolar. Además, los gastos por el cuidado de hijos de hasta 14 años inclusive —que abarcan empleadas de hogar, guarderías, ludotecas, campamentos urbanos y centros deportivos— desgravan un 10%, con un tope de 400 euros por unidad familiar. Estos límites de renta se eliminan para familias numerosas o monoparentales en municipios de menos de 3.000 habitantes. Por su parte, Galicia contempla una deducción del 15% para la adquisición de libros de texto (Educación Primaria, ESO y Educación Especial) y material escolar, incluyendo vestuario y calzado deportivo, para alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, con un límite de 105 euros por descendiente. Para el cuidado de menores de hasta 3 años en escuelas infantiles o en el hogar, el porcentaje de deducción asciende al 30%, con límites de entre 400 y 600 euros. En La Rioja, se establece una deducción del 30% (hasta 600 euros por menor) para los gastos en escuelas infantiles o cuidadores contratados para niños de 0 a 3 años en pequeños municipios. Asimismo, se aplica un 20% de deducción para los gastos de escolarización en centros infantiles de cualquier municipio riojano, con el mismo límite de 600 euros por hijo. En cuanto a la Comunidad de Madrid, el documento de AEDAF recoge que la normativa permite deducir un 15% de los gastos de escolaridad en centros privados no concertados, un 15% por la enseñanza de idiomas y un 5% por la compra de vestuario de uso exclusivo escolar, con límites por hijo que van desde los 412,40 euros hasta los 1.031 euros en el primer ciclo de educación infantil. Asimismo, desgrava el 100% de los intereses de préstamos para estudios superiores. Como novedad, los jóvenes menores de 30 años que trabajen y cursen estudios universitarios de Grado o Formación Profesional Superior podrán deducirse el 50% de la matrícula, con un límite de 400 euros.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, recoge y explica en un informe todas las deducciones aplicables en la declaración del IRPF en las comunidades autónomas de régimen común para compensar los gastos de la vuelta al cole.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736634575-1-p488130-m1522611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736634575-1-p488130-m1522611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-2026https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-2026https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-20262026-09-10 12:10:132026-09-10 12:10:13fiscalFiscal6Fiscal488131La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recordado hoy que “la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías”, y ha añadido que la democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría, sino que “se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca: los tribunales han de resolver conforme a lo que el Derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas”. “Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente”, ha dicho Perelló durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, que el rey ha presidido en el Salón de Plenos del alto tribunal. La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho -posibilidad que asume nuestro ordenamiento, que establece un sistema muy garantista de recursos “para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas”- y que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: “La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser”. “Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque con ello se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados”, ha señalado Perelló, que ha dicho que “cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia”. La presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces ha añadido que “si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”; ha dicho que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales “erosiona” el Estado de Derecho; y ha recordado que la lealtad institucional “exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances. Por tanto, un poder que sea reconocible y digno de ese nombre”. “Por supuesto, la función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas”, ha manifestado. Perelló ha señalado que, pese a las descalificaciones, los ciudadanos confían en la labor de los jueces, “en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela que hacemos de sus derechos y libertades y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”. Búsqueda de consensos La presidenta del TS y del CGPJ se ha referido a la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces y ha destacado la culminación de la tarea de normalizar la situación en la que se encontraba la Justicia realizando un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados/as del Tribunal Supremo -con un 40 por ciento de mujeres designadas-; el cumplimiento en plazo de la obligación legal de emitir el informe establecido en la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024 sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los Reglamentos de la Carrera Judicial o la aprobación de una “Guía práctica para la Protección de los Derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal”. “Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes”, ha dicho Perelló, que ha señalado que durante este mandato el Consejo ha intentado “actuar por unanimidad y, cuando no ha sido posible, por amplias mayorías”. “Como presidenta del Consejo General, mi compromiso -que hoy reitero- ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio y con un único objetivo: que nuestras decisiones estén al servicio de la justicia y del interés general. Y nunca al servicio de otros intereses. Y eso pasa necesariamente por defender, desde el máximo respeto y lealtad institucional, pero con firmeza, una Justicia independiente, una Justicia servida por hombres y mujeres que hayan tenido que demostrar su excelencia para acceder a la Carrera Judicial con arreglo al mérito y a la capacidad y una Justicia dotada de los medios suficientes para desarrollar su trabajo”, ha manifestado. La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que “defender esa Justicia -lejos del corporativismo- es defender los derechos de los ciudadanos. Porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”. “También es nuestra responsabilidad defender que la Justicia cuente con los medios personales y materiales suficientes, para que jueces y magistrados puedan desarrollar su trabajo sin sobrecargas y en condiciones de salud, porque solo así conseguiremos ofrecer una respuesta en tiempo a los millones de ciudadanos que cada año acuden a los tribunales”, ha dicho. Situación de la Justicia En este sentido, la presidenta del TS y del CGPJ ha advertido de que el sistema judicial “no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra” -lo que en el último año ha supuesto un incremento de los asuntos pendientes- y que, además, “la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva”. “Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz”, ha concluido. Perelló se ha detenido en la situación del Tribunal Supremo para señalar que la de la Sala Primera “es especialmente preocupante”, ya que afronta una acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta. También ha dicho que resulta “inadmisible” el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tal y como dispuso la Ley Orgánica 7/2015. En referencia a los tribunales de instancia, cuyo calendario legal de constitución se ha completado en el último año, la presidenta ha manifestado que todavía es pronto para hacer un balance de la ley, pero que “la transformación de los Juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia está generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos”. Entre ellas, ha citado la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción de personal que, a nivel global, ha conllevado la transformación; y la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial. También ha hecho alusión a la creación durante este último año judicial de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027; y a la convocatoria de 500 plazas para el acceso a la Carrera Judicial, “lo que significa un importante impulso que no se había producido en los últimos tiempos y un importante reto organizativo para la selección de jueces con arreglo a los principios de mérito y capacidad”. Sin embargo, ha advertido de que “sigue habiendo un importante déficit de jueces” -la tasa de jueces por habitantes en España está por debajo de la media europea- y ha recordado que el CGPJ estima necesario “convocar 367 plazas de acceso a la Carrera Judicial cada año durante los próximos diez años para cubrir las próximas vacantes”. Ceuta: compromiso del Poder Judicial con el Estado La presidenta del TS y del CGPJ, por otra parte, ha manifestado su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres y ha dicho que “la especialización judicial y las medidas de protección son esenciales: su efectividad exige que todas las instituciones competentes actuemos de forma coordinada y con la urgencia que cada caso requiera”. Además, ha expresado un reconocimiento especial al trabajo de todos los jueces/zas y magistrados/as, “en especial de aquellos que sirven en destinos con mayores cargas y dificultades y que sufren presiones”, y de los que han intervenido en asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano; y ha trasladado sus condolencias a las familias y los allegados de quienes han fallecido con ocasión de esos sucesos y su gratitud a quienes han participado en las labores de rescate, asistencia y extinción. “Recordamos de manera especial a las personas que han fallecido en la grave crisis en la que está sumida Ceuta. En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley”, ha añadido. La presidenta del TS y del CGPJ ha concluido, en relación con esta cuestión, que “la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento”.Durante la apertura del año judicial, la presidenta dice que el sistema judicial no tiene capacidad de absorber todos los asuntos que entran y que, pese al “importante impulso” que suponen la creación de 500 unidades judiciales y la convocatoria de 500 plazas para acceder a la Carrera, sigue habiendo un importante déficit de jueces.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2184151431-1-p488131-m1522646-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantiashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2184151431-1-p488131-m1522646-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantiashttps://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantiashttps://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantias2026-09-10 11:30:152026-09-10 11:30:15sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico