https://elderecho.com/feedes489101La Inteligencia Artificial está cambiando la forma de seleccionar y desarrollar talento. La transparencia salarial obligará a revisar políticas y procesos. Las expectativas de los profesionales continúan evolucionando y RRHH afronta el reto de demostrar cada vez más su impacto en el negocio. Estos serán algunos de los grandes debates de HR EXPO 2026, la feria dirigida a profesionales de Recursos Humanos que celebrará su tercera edición los próximos 18 y 19 de noviembre en IFEMA MADRID. La feria contará este año, por primera vez, con un pabellón propio, reflejo del crecimiento de una cita que en su pasada edición reunió, junto a ACCOUNTEX España, a más de 12.500 profesionales. “Que HR EXPO cuente por primera vez con un pabellón propio en IFEMA MADRID refleja el interés creciente por los retos relacionados con las personas y el talento. Queremos que los profesionales puedan entender qué está cambiando realmente en RRHH, conocer experiencias de otras organizaciones y llevarse ideas y soluciones que puedan aplicar en sus empresas”, señala Cristina Claveria, directora ferial de HR EXPO 2026. Más de 70 sesiones para entender qué está cambiando en RRHH El programa reunirá a directivos y especialistas para abordar no solo las tendencias del sector, sino también qué están haciendo ya las organizaciones para responder a ellas. La Inteligencia Artificial será uno de los grandes ejes de esta edición de HR EXPO 2026. Las sesiones analizarán cómo está transformando la selección, el desarrollo profesional, la productividad y la gestión del talento, con casos reales de empresas que ya están incorporando estas tecnologías a sus procesos. También tendrán un peso destacado cuestiones como la atracción y fidelización del talento, el futuro del liderazgo, la evolución de la cultura organizativa, el bienestar y la salud mental, las nuevas expectativas sobre flexibilidad y conciliación o el papel estratégico de RRHH dentro del negocio. Los cambios normativos previstos para los próximos meses tendrán igualmente protagonismo, especialmente ante cuestiones como la transparencia salarial y la evolución del registro de jornada. Entre las sesiones destacadas del programa de HR EXPO 2026 se encuentran: Productividad, competitividad y el nuevo papel estratégico del Director de Personas, en una mesa redonda organizada por AEDRH que analizará cómo transformar talento, organización, liderazgo y tecnología en resultados de negocio. “Confesiones del futuro: 5 cosas que todavía no sabes sobre el futuro de RRHH”, con Tiago Santos. Una sesión sobre cómo impulsar la adopción de Inteligencia Artificial en grandes organizaciones, con la participación de Mahou San Miguel, Merz Aesthetics y Prosegur, organizada por Área 101. Una sesión de Pat Iglesias sobre cómo construir simultáneamente un departamento de People y un proyecto cultural. “Cómo atraer talento de verdad: Employer Branding, Inbound Recruiting e IA que sí funcionan”, con Toni Gimeno, centrada en cómo conectar marca empleadora, atracción de talento e Inteligencia Artificial con resultados reales de selección. Más de 90 empresas y soluciones para los principales retos de RRHH Junto al programa de contenidos, los asistentes podrán descubrir las soluciones de más de 90 empresas especializadas en Recursos Humanos. La zona expositiva reunirá tecnología y servicios relacionados con software de RRHH, selección y Talent Acquisition, formación y desarrollo, bienestar y salud laboral, nóminas, control horario, comunicación interna, compensación y beneficios, movilidad internacional, evaluación y desarrollo del talento e Inteligencia Artificial. El objetivo es que los profesionales puedan, en una misma visita, descubrir nuevas soluciones, comparar proveedores, asistir a demostraciones y conocer experiencias de otros responsables de RRHH. HR EXPO 2026 está dirigido tanto a directores de Recursos Humanos y Chief People Officers como a profesionales de Talent Acquisition, Employer Branding, formación y desarrollo, relaciones laborales, compensación, bienestar, cultura y gestión del talento. Además, la feria reforzará los espacios destinados al networking y al intercambio de experiencias entre profesionales, empresas y proveedores especializados. Un año más, HR EXPO 2026se celebrará de forma simultánea con ACCOUNTEX España, que alcanza su quinta edición, así como con la primera edición de LEGAL TECH Expo. Las tres ferias ofrecerán una visión integral de los retos y avances que están redefiniendo la gestión empresarial, la práctica jurídica y la gestión del talento, y reunirán en Madrid a los profesionales vinculados a estas principales áreas de la gestión para conocer tecnologías y soluciones aplicadas a sus respectivos ámbitos de actividad. HR EXPO 2026 contará con la colaboración de ADIRELAB – Asociación de Directores de Relaciones Laborales, AEDIPE – Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDRH – Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, AEPSAL – Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, AESSS – Asociación Española de Salud y Seguridad Social, ANCYPEL – Asociación Nacional de Centros y Asociaciones de eLearning, ASNALA – Asociación Nacional de Laboralistas, Colegio Oficial Graduados Sociales de Madrid, Consejo General Graduados Sociales de España, GEHOCAN – Asociación de recursos humanos de Canarias, OBBIO – Observatorio de Bienestar Organizacional y WTC, y cuenta con la participación de empresas expositoras como Cegid, Clasing, Endalia, Factorial, Lucca, Personio, Pluxee, Sage, Sesame y Wolters Kluwer. Para todos los profesionales interesados en visitar la feria, el plazo de inscripción ya está abierto y pueden registrarse a través del siguiente enlace. Además, ya se puede consultar el programa completo de HR EXPO 2026.   HR EXPO 2026 Días: 18 y 19 de noviembre de 2026 Lugar: Recinto Ferial de IFEMA MADRID (Av. del Partenón, 6, Madrid), Pabellón 2 Consulta nuestra página web: HR EXPO 2026  Más de 70 ponencias y mesas redondas abordarán algunos de los grandes retos que ya están transformando RRHH: Inteligencia Artificial, atracción y fidelización de talento, productividad, liderazgo, bienestar, flexibilidad y transparencia salarial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/HR-Expo-2025-p489101-m1525505-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ia-talento-y-nuevas-reglas-del-trabajo-hr-expo-2026-reunira-en-madrid-las-claves-que-estan-transformando-los-recursos-humanoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/HR-Expo-2025-p489101-m1525505-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ia-talento-y-nuevas-reglas-del-trabajo-hr-expo-2026-reunira-en-madrid-las-claves-que-estan-transformando-los-recursos-humanoshttps://elderecho.com/ia-talento-y-nuevas-reglas-del-trabajo-hr-expo-2026-reunira-en-madrid-las-claves-que-estan-transformando-los-recursos-humanoshttps://elderecho.com/ia-talento-y-nuevas-reglas-del-trabajo-hr-expo-2026-reunira-en-madrid-las-claves-que-estan-transformando-los-recursos-humanos2026-09-24 14:07:352026-09-24 14:07:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489088Además, asumirá la dirección nacional del área de Colaboración Público-Privada, una de las líneas estratégicas con las que la firma busca reforzar su posicionamiento en el mercado. Doctor en Derecho y abogado con más de 25 años de experiencia. Antes de su incorporación a Auren ha sido socio-director de Cremades Calvo-Sotelo en Andalucía. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos de gran relevancia en el ámbito jurídico, como director Jurídico corporativo y de riesgos de AYESA, director legal de KPMG en Andalucía, o Jefe de Contratación en empresas públicas de infraestructuras de la Junta de Andalucía. En el ámbito académico, es profesor en la Universidad Loyola y en años anteriores director de los Másteres de Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresa. Ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito Profesional otorgada por el Ministerio de Trabajo. Especializado en sector público, contratación pública y gobernanza, Francisco José asesora tanto a administraciones públicas como a empresas privadas en sectores como infraestructuras, energía, agua, transportes y tecnología. A lo largo de su trayectoria ha participado en procesos de licitación complejos, reestructuración de administraciones, concesiones, auditorías operativas, compraventa de activos públicos y operaciones corporativas vinculadas a la innovación tecnológica. En los últimos años ha centrado su actividad en el asesoramiento en colaboración público-privada, atracción de inversiones, transformación digital, inteligencia artificial, gobernanza del dato y compliance. Con la incorporación de Francisco José y su equipo, Auren pone en marcha un área nacional de colaboración Público-privada que ofrecerá un asesoramiento integral en contratación pública, tecnología, innovación, gobernanza y proyectos empresariales de inversión, tanto para Administraciones como para empresas privadas en sectores como infraestructuras, energía, agua, educación, salud, puertos, transportes o servicios sociales. Esta integración forma parte de la estrategia de expansión nacional de la firma, impulsada junto a su socio inversor Waterland Private Equity. La apertura del área Legal en Sevilla refuerza la presencia de la firma en Andalucía y consolida la práctica legal en un mercado clave para el desarrollo empresarial de España. El objetivo de la firma en Andalucía es duplicar la facturación en los próximos tres años, combinando crecimiento orgánico, incorporación de talento, integración de nuevas capacidades —especialmente en los ámbitos tecnológico y de innovación— y la incorporación de nuevos despachos que complementen su propuesta de valor. Con esta operación, Auren amplía sus capacidades en el asesoramiento jurídico integral, además de incorporar una sólida cartera de clientes que ahora podrán acceder a una propuesta de servicios multidisciplinares. Esta incorporación refuerza la estrategia de crecimiento de Auren y su modelo de asesoramiento multidisciplinar, que integra el conocimiento jurídico con capacidades en tecnología, ingeniería, inteligencia artificial, análisis de datos y consultoría estratégica, superando la organización de los despachos tradicionales. Con esta operación, sumada a las integraciones ya realizadas y a las previstas en los próximos meses, Auren estima cerrar el ejercicio con una facturación cercana a los 150 millones de euros. Mario Alonso, presidente de Auren ha señalado: “estamos encantados de dar la bienvenida a Francisco José. Su trayectoria y conocimiento complementan nuestras capacidades y nos permiten seguir creciendo en servicios. Con su incorporación damos un paso más en nuestro modelo de soluciones integrales, reforzando la cercanía y poniendo en valor la importancia de prestar servicio en todo el territorio nacional desde cada una de nuestras oficinas”. Por su parte, Francisco J. Fernández Romero, ha subrayado que "El futuro del asesoramiento jurídico pasa por integrar disciplinas y construir equipos capaces de aportar soluciones de negocio, combinando el conocimiento legal con la innovación, la ingeniería y las tecnologías disruptivas. La incorporación a Auren me permite desarrollar plenamente esta visión en una firma que, con el respaldo de Waterland, dispone de la capacidad de inversión necesaria para incorporar talento, sumar nuevas capacidades y construir un modelo de asesoramiento preparado para los desafíos de la nueva economía”. Auren en Andalucía En Andalucía, Auren cuenta con oficina en Sevilla y en Málaga, sumando entre ambas un equipo de cerca de 80 profesionales que prestan servicios en las divisiones de Consultoría, Legal y Auditoría. Tras esta integración, las distintas áreas de negocio en Sevilla están compuestas por seis socios. En la división de Legal: Francisco José Fernández Romero, en la división de Auditoría: Silvia Sánchez, Félix Muñoz y Cristóbal Montes y en la división de Consultoría, Arancha Roca y Armando Rendón.Auren ha incorporado a Francisco José Fernández Romero como nuevo socio de Auren Legal para iniciar la actividad del área jurídica en la oficina de Sevilla. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Mario-Alonso-y-Francisco-Jose-Fernandez-scaled-p489088-m1525459-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-estrena-area-legal-en-sevilla-con-el-fichaje-de-francisco-jose-fernandezhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Mario-Alonso-y-Francisco-Jose-Fernandez-scaled-p489088-m1525459-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-estrena-area-legal-en-sevilla-con-el-fichaje-de-francisco-jose-fernandezhttps://elderecho.com/auren-estrena-area-legal-en-sevilla-con-el-fichaje-de-francisco-jose-fernandezhttps://elderecho.com/auren-estrena-area-legal-en-sevilla-con-el-fichaje-de-francisco-jose-fernandez2026-09-24 12:06:392026-09-24 12:06:39sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489066La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el centro líder en formación a distancia iLERNA ponen en marcha una titulación dirigida a creadores de contenido y a sus equipos, así como a técnicos del marketing, con el objetivo de fomentar prácticas responsables entre estos profesionales y las empresas. La formación tiene una duración de 10 horas, aunque ofrece la posibilidad de acceder al contenido durante un año. Se estructura en 3 bloques que profundizan en la marca personal y reputación online, la colaboración con las marcas y el valor de la propiedad industrial, así como la publicidad y la protección del consumidor y su marco legal. A través de la experiencia de la asociación, el curso reúne contenido formativo generado e impartido por profesionales en activo de todos los campos implicados, como la propiedad industrial, la publicidad, la protección de datos, la comunicación o el marketing de influencia. Un contenido que se ofrece a través de una visión práctica y flexible gracias a la colaboración de iLERNA, líder en FP a distancia y con más de 50 años de experiencia en el sector educativo. De esta manera, las personas que finalicen el curso recibirán un certificado firmado por ambas entidades. Establecer unas reglas para profesionalizar el sector España cuenta con más de 150.000 creadores de contenidos entre Instagram y TikTok, según Kolsquare. Sin embargo, se teme que la falta de credibilidad que deposita el usuario en las grandes cuentas haga explotar la burbuja. De hecho, este mismo año se ha vivido una primera crisis con la llamada “Caída de los influencers”. Frente a esta situación, ANDEMA junto a iLERNA, han puesto en marcha esta iniciativa con la idea de formar a aquellos creadores de contenido comprometidos con el buen hacer y la protección de los usuarios y marcas. “Los creadores de contenido se han convertido en actores muy relevantes en la relación entre las marcas y los consumidores. Y, al mismo tiempo, el auge del comercio online ha traído nuevos y crecientes riegos para las firmas y los usuarios. Desde ANDEMA creemos que conocer las reglas, proteger la propiedad industrial y fomentar prácticas responsables es fundamental para crear un entorno seguro para todos”, señala Gerard Guiu, director general de ANDEMA. Por su parte, el CEO y fundador de iLERNA, Jordi Giné, ha destacado el valor de ofrecer formación a las nuevas profesiones: “Nos encontramos en un escenario de cambios constantes y, aparecen nuevos perfiles, posiciones y trabajos; es por eso por lo que los centros educativos tenemos que estar a pie de calle, captar el ambiente y adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades que surjan en el sector productivo”. El curso abre esta semana su periodo de matriculación y se puede acceder a él a través del siguiente enlaceEste curso está diseñado para creadores de contenido e influencers que colaboren o quieran colaborar con marcas y necesiten conocer el marco legal y ético de su actividad. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/creador-de-contenido-p489066-m1525396-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andema-e-ilerna-lanzan-la-primera-formacion-en-espana-para-fomentar-las-buenas-practicas-entre-creadores-de-contenidohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/creador-de-contenido-p489066-m1525396-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andema-e-ilerna-lanzan-la-primera-formacion-en-espana-para-fomentar-las-buenas-practicas-entre-creadores-de-contenidohttps://elderecho.com/andema-e-ilerna-lanzan-la-primera-formacion-en-espana-para-fomentar-las-buenas-practicas-entre-creadores-de-contenidohttps://elderecho.com/andema-e-ilerna-lanzan-la-primera-formacion-en-espana-para-fomentar-las-buenas-practicas-entre-creadores-de-contenido2026-09-24 10:15:152026-09-24 10:15:15sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489053El despacho de abogados ZADAL ha incorporado a José Magán Ayuso como socio del área de Bancario y Financiero. Con su llegada, el área pasa a contar con tres socios y amplía su experiencia en el asesoramiento en operaciones de financiación, tanto nacionales como internacionales. José Magán cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internaciones en todo tipo de operaciones de financiación, incluyendo financiaciones de proyectos (project finance), de adquisición, inmobiliarias y corporativas. En particular, cuenta con una amplia especialización en operaciones de financiación dentro de los sectores de energía, infraestructuras e inmobiliario. Su experiencia comprende asimismo operaciones con un marcado componente internacional, participando en el diseño, negociación e implementación de estructuras complejas y paquetes de garantías multijurisdiccionales. Experiencia profesional Antes de incorporarse a ZADAL, José fue director en el departamento de Derecho Mercantil-Financiero de Deloitte Legal y, con anterioridad, formó parte de los equipos de Derecho Financiero de Cuatrecasas y Freshfields. Constantino Vidal, socio director de ZADAL, ha señalado: “La incorporación de José aporta al área de Bancario y Financiero una amplia experiencia en operaciones de financiación de distinta naturaleza y un profundo conocimiento del mercado. Su trayectoria asesorando tanto a entidades financiadoras como a compañías, así como su experiencia en operaciones de financiación de proyectos (project finance), complementan las capacidades del equipo y nos permiten seguir ofreciendo un asesoramiento multidisciplinar altamente especializado”. La firma, que cuenta actualmente con nueve socios, consolida con esta incorporación su práctica de Bancario y Financiero, que pasa a estar integrada por tres socios, dentro de su propuesta de asesoramiento transaccional en Derecho de los Negocios.ZADAL es un despacho multidisciplinar de derecho de los negocios enfocado en brindar soluciones legales personalizadas y de alta calidad a sus clientes en el ámbito del Derecho Fiscal, el Private Wealth Management, el Derecho Bancario y Financiero, Mercantil, M A, Inmobiliario y Litigación y Reestructuraciones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Contantino-Vidal-y-Jose-Magan-Ayuso-p489053-m1525362-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/zadal-incorpora-a-jose-magan-ayuso-como-socio-del-area-de-bancario-y-financierohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Contantino-Vidal-y-Jose-Magan-Ayuso-p489053-m1525362-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/zadal-incorpora-a-jose-magan-ayuso-como-socio-del-area-de-bancario-y-financierohttps://elderecho.com/zadal-incorpora-a-jose-magan-ayuso-como-socio-del-area-de-bancario-y-financierohttps://elderecho.com/zadal-incorpora-a-jose-magan-ayuso-como-socio-del-area-de-bancario-y-financiero2026-09-24 10:01:322026-09-24 10:01:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488961Se trata de la octava de las sentencias dictadas por el Constitucional en relación con la citada ley, por lo que aplica la doctrina contenida en las anteriores y también analiza las cuestiones todavía no tratadas. Declara que el artículo 11.2, que atribuye a las administraciones territoriales la declaración del incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda, se encuentra amparado por la competencia estatal para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la vivienda. También desestima la impugnación del artículo 19.2, que permite que la administración territorial competente pueda concretar la definición de gran tenedor. El Constitucional declara que la regulación impugnada está lejos de cercenar el desarrollo de una política autonómica en materia de vivienda y, por lo tanto, constituye un ejercicio legítimo de la competencia estatal. Por último, descarta que contradigan la Constitución una serie de previsiones de la ley por prever un trato diferenciado para los grandes tenedores; por realizar ciertas limitaciones al derecho a la propiedad privada; o por prever especificidades en los procedimientos judiciales que no menoscaban la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Cuestiones novedosas En cuanto a las cuestiones novedosas recogidas en esta sentencia, por una parte, declara la constitucionalidad de la disposición final quinta que modifica la redacción de diversos apartados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por considerarla amparada en la competencia estatal para dictar legislación procesal. Por otra parte, la sentencia también aborda el análisis de la disposición transitoria tercera de la ley, que condiciona la reanudación de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos suspendidos al intento previo de conciliación o intermediación, cuando la parte actora sea una gran tenedora de vivienda. Respecto a la competencia del Estado para regular esta cuestión, la sentencia declara que, tratándose de una norma relativa a la ordenación de procesos judiciales, se encuentra amparada en la competencia estatal sobre legislación procesal. Respecto del fondo del asunto, el Tribunal Constitucional no aprecia la vulneración del principio de igualdad, por considerar que el estatus de los grandes tenedores en el mercado de vivienda residencial constituye una razón que justifica de manera objetiva su sujeción a un régimen de reanudación de procedimientos más riguroso. La sentencia descarta igualmente que la norma vulnere los derechos a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada. Estima que la previsión recurrida persigue unos fines constitucionalmente legítimos, tales como la atención de las personas en situación de vulnerabilidad económica. También estima que no se trata de una carga excesivamente onerosa por los siguientes motivos: el requisito solo resulta exigible cuando la parte actora tenga la condición de gran tenedor; solo afecta a una categoría específica de procedimientos; la situación de vulnerabilidad económica ha sido previamente apreciada por el órgano judicial; y la norma contiene límites temporales que garantizan la reanudación del proceso. Con esta resolución, el tribunal culmina el examen de los ocho recursos de inconstitucionalidad promovidos en relación con la ley por el derecho a la vivienda.El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta contra la ley por el derecho a la vivienda, según informa en un comunicado.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2754760403-1-p488961-m1525110-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2754760403-1-p488961-m1525110-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-viviendahttps://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-viviendahttps://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-vivienda2026-09-23 14:30:172026-09-23 14:30:17civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico488964El sistema se utilizaría para analizar currículums, asignar puntuaciones y, en su caso, priorizar candidaturas y podría influir de forma directa en decisiones relativas al acceso al empleo y a la promoción profesional. Esta herramienta no se habría puesto todavía en funcionamiento, aunque la empresa había informado a su personal sobre su próxima implementación. La Agencia señala que la incorporación de herramientas de IA a los procesos de selección y gestión de personas puede contribuir a mejorar su eficiencia y calidad. Para aprovecharlas con garantías, la protección de datos debe integrarse desde la configuración inicial del proyecto, compatibilizando la innovación con la protección efectiva de los derechos y libertades de las personas. Este enfoque se concreta, entre otros aspectos, en la protección de datos desde el diseño y por defecto. Integrar los principios y garantías de protección de datos desde las fases iniciales de la concepción de un proyecto tecnológico permite identificar y adoptar las medidas adecuadas a sus características y riesgos. En este sentido, la AEPD señala que la empresa deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas y evaluar los riesgos que el tratamiento pueda comportar para las personas candidatas y trabajadoras. Si el tratamiento pudiera entrañar un alto riesgo para sus derechos y libertades, deberá realizarse previamente la correspondiente evaluación de impacto en protección de datos. La Agencia destaca también la importancia de la transparencia cuando una herramienta evalúa candidaturas y proporciona una puntuación sobre su adecuación a un puesto. Las personas candidatas y trabajadoras deben recibir información clara, accesible y comprensible sobre el tratamiento de sus datos personales y sobre la función que desempeña la herramienta en el proceso de evaluación. Respecto a la intervención humana en estos procesos, la empresa ha manifestado que la decisión final correspondería a una persona. La AEPD recuerda que, para que esa intervención humana sea efectiva, quien adopte la decisión debe poder valorar críticamente la información o puntuación proporcionada por el sistema y tomar su propia decisión, sin limitarse a asumir automáticamente el resultado generado por la herramienta de IA. Por otro lado, el RGPD establece el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado cuando puedan producir efectos jurídicos o afectarles de una forma significativa. En este caso, su posible aplicación dependerá de cómo funcione realmente la herramienta y el grado de intervención humana en la decisión. El RGPD atribuye a la Agencia la facultad de advertir preventivamente a un responsable o encargado cuando las operaciones de tratamiento previstas pudieran infringir lo dispuesto en el RGPD, de forma que el responsable pueda extraer de ella los criterios apropiados y, en su caso, adaptar a la normativa los tratamientos de datos que tiene previsto realizar.La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha remitido una advertencia a una empresa en relación con la posible implantación de una herramienta de inteligencia artificial destinada al cribado y evaluación de candidaturas en procesos de selección de personal y movilidad interna.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2407893669-1-p488964-m1525188-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculumshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2407893669-1-p488964-m1525188-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculumshttps://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculumshttps://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculums2026-09-23 14:20:372026-09-23 14:20:37derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico489024Dicho criterio determina que, conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca, este tipo de alojamientos no pueda situarse por encima de la primera planta en los supuestos afectados por la limitación que el planeamiento establece para los usos no residenciales. La Sala ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Salamanca y ha revocado una resolución de la Sección de lo Contencioso-Administrativo (Plaza 1) del Tribunal de Instancia de Salamanca que había reconocido el derecho del titular a continuar con la actividad de unas viviendas de uso turístico. Por tanto, el TSJCyL ha considerado conforme a Derecho la decisión municipal que no declaró la conformidad de la comunicación ambiental presentada para el establecimiento turístico. El Pleno se ha convocado para unificar el criterio de la Sala ante las diferentes posiciones mantenidas hasta ahora por dos de sus Secciones sobre la naturaleza urbanística de las viviendas de uso turístico. Por mayoría, el Pleno ha asumido el criterio que considera que el uso residencial es el destinado al alojamiento permanente, mientras que las VUT, al ofrecer alojamiento temporal a cambio de una contraprestación económica, deben encuadrarse dentro del uso terciario. La Sala ha subrayado además que esta conclusión deriva de la interpretación del PGOU de Salamanca y no de la Ordenanza Municipal reguladora de los apartamentos y viviendas de uso turístico, que había sido anulada por otra sentencia. El Tribunal ha señalado que el planeamiento salmantino, vigente en este aspecto desde 2011, establece que, salvo determinadas excepciones, los usos no residenciales únicamente pueden situarse en planta baja y primera, pero no en plantas superiores en los términos previstos por el propio PGOU. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sala de Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 892/2026 de 22 de septiembre de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha establecido que las viviendas de uso turístico (VUT) tienen, a efectos urbanísticos, uso terciario y no residencial, ya que están destinadas al alojamiento temporal y no al alojamiento permanente de las personas. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2450729699-1-p489024-m1525260-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcylhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2450729699-1-p489024-m1525260-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcylhttps://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcylhttps://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcyl2026-09-23 14:15:112026-09-23 14:15:11administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico488960El acuerdo debe servir para desarrollar el programa MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), una metodología pensada para resolver conflictos sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial. Mediante este convenio, el CHB y el ICAB quieren favorecer la resolución dialogada de controversias relacionadas con la vivienda y contribuir a evitar la judicialización de los conflictos. El acuerdo da una respuesta a los nuevos requerimientos establecidos por la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que fomenta el uso de los MASC antes de acudir a la vía judicial en determinados conflictos civiles. El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, asegura que “en un contexto de crisis habitacional este convenio busca acompañar de todas las formas posibles las personas que puedan estar en una situación de dificultad en materia de vivienda con el objetivo final que, siempre que sea posible, puedan quedarse en el piso donde viven sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial”. Por su parte, el secretario del ICAB y responsable del Centre ADR, Carles Garcia Roqueta, destaca “la importancia que la abogacía mediadora pueda estar presente en la resolución de conflictos sobre vivienda”. Designación de profesionales adscritos al centro de gestión de controversias del ICAB Los servicios incluirán información y orientación sobre los MASC y la designación de profesionales de mediación y conciliación adscritos al Centro ADR del ICAB, un centro dirigido a la gestión de las controversias para su solución por vía no judicial, abierto a los profesionales y a la ciudadanía. Además, el acuerdo contempla el seguimiento de los acuerdos alcanzado entre las partes hasta su cierre. El procedimiento prevé que los casos detectados por los servicios de asesoramiento jurídico de las Oficinas de Vivienda de Barcelona sean derivados al Centro ADR del ICAB, que verificará la admisibilidad de cada expediente y designará una persona mediadora o conciliadora especializada, garantizando la imparcialidad, la independencia y la confidencialidad del proceso. 70.000 euros, el primer año de vigencia del convenio Para hacer posible esta actuación, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona aportará 70.000 euros durante el primer año de vigencia del convenio. Por su parte, el ICAB se compromete a garantizar la atención de los casos y a asegurar una prestación efectiva y de calidad del servicio. La colaboración tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años. Con esta iniciativa, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona y el ICAB refuerzan su compromiso con la prevención de los conflictos residenciales, la protección del derecho a la vivienda y la promoción de soluciones consensuadas que favorezcan la convivencia y la seguridad residencial de la ciudadanía. Un compromiso que ya se ha materializado este pasado mes de enero con la firma de un convenio entre el Consorci de l’Habitatge de Barcelona y el ICAB para extender a todos los distritos de la ciudad el servicio de orientación jurídica en temas de vivienda que hasta el momento estaba en marcha solo en la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella. Una de les prioridades del Plan Viure (Vivir) Atender la vulnerabilidad es una de les prioridades del Pla ‘Viure’ (Vivir), la estrategia municipal que define las acciones a seguir para aumentar el parque público de la ciudad, incrementar el número de viviendas con el alquiler asequible, mejorar y rehabilitar las viviendas de la ciudad y ayudar la ciudadanía con ingresos bajos a mantenerse en su casa.El ‘Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB)’ y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han firmado un nuevo convenio de colaboración con el fin de ofrecer vías alternativas de resolución de conflictos a estas personas y hogares que se encuentran en situaciones de dificultad para acceder o mantener la vivienda. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CentroADRICAB_2026-scaled-p488960-m1525081-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CentroADRICAB_2026-scaled-p488960-m1525081-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-vivienda2026-09-23 14:00:152026-09-23 14:00:15civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico488963El decreto-ley se estructura en una parte expositiva, cinco artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. El primer artículo del real decreto-ley, relativo a la situación derivada de la erupción en La Palma, amplía al periodo impositivo 2026 la deducción por obtención de rentas en el IRPF para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla, de modo que continúa la equiparación con las rebajas establecidas para Ceuta y Melilla, vigente desde 2022. El artículo 2 establece que las comunidades autónomas que al cierre de 2025 tuviesen una deuda pública inferior al 12,4 % de su producto interior bruto quedarán “eximidas de reducir el endeudamiento neto por los excesos de financiación o superávits pendientes de compensar”, siempre que destinen esos recursos a financiar inversiones que se ejecuten entre 2026 y 2028. Estas inversiones no podrán consistir en el mantenimiento de inversiones ni en la adquisición de mobiliario, enseres o equipamiento de reposición. Además, este gasto ejecutado “tendrá que registrarse contablemente de forma separada”. Asimismo, el propio artículo segundo autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias a “destinar 100 millones de euros de sus excesos de financiación o superávits [...] a financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma”. Además, estas ayudas se destinarán, preferentemente, a compensar las pérdidas en el sector agrario. El tercer artículo del texto permite destinar los superávits autonómicos de 2025 a “financiar inversiones financieramente sostenibles en 2026 y 2027” siempre que no se haya incurrido en déficit y se hayan realizado los pagos a proveedores “dentro de los límites legales de morosidad durante los seis meses anteriores” y no se ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria o financiera de la comunidad autónoma. A continuación, el artículo cuatro busca aliviar la situación de agricultores con fincas afectadas por la erupción de 2021 en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte al abrir un nuevo plazo para "solicitar la suspensión de obligaciones de pago de interés y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria". Finalmente, el quinto y último artículo se centra en establecer "un nuevo régimen regulador de la prestación extraordinaria por cese de actividad" para autónomos afectados por los daños provocados por el volcán.El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, así como medidas tendentes a promover la ejecución de inversiones por parte de las CCAA que han registrado superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/03/Congreso-de-los-Diputados-p488963-m1525170-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palmahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/03/Congreso-de-los-Diputados-p488963-m1525170-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palmahttps://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palmahttps://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palma2026-09-23 12:00:302026-09-23 12:00:30administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico488962El informe señala que en ese periodo de tiempo las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción incoaron un total de 37 diligencias previas por delitos de agresión sexual cometidos contra un total de 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad. Según los datos recabados del Tribunal de Instancia de Ceuta, los seis órganos judiciales de la Sección Civil y de Instrucción incoaron entre esas fechas un total de 37 procedimientos de diligencias previas por este tipo de delitos. De ellos, 28 seguían tramitándose el 14 de septiembre, 8 habían sido archivados provisionalmente y uno más se acumuló a otras diligencias previas anteriores. El número total de víctimas en los 37 procedimientos asciende a 39, una de ellas un varón mayor de edad. De las 38 mujeres víctimas, 14 eran menores. El número de víctimas en los 28 procedimientos que siguen tramitándose asciende a 30, todas mujeres y, de ellas, once menores. En cuanto a los 37 presuntos agresores, todos varones, 18 no han sido identificados. Los 19 que sí lo han sido son todos mayores de edad.La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de un informe del Servicio de Inspección que recoge los datos relativos a las diligencias previas abiertas por delito de agresión sexual en el Tribunal de Instancia de Ceuta entre los pasados 30 de julio y 14 de septiembre. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2630597969-1-p488962-m1525152-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexualhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2630597969-1-p488962-m1525152-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexualhttps://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexualhttps://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexual2026-09-23 10:30:202026-09-23 10:30:20penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico