https://elderecho.com/feedes490808La recurrente realizó aportaciones obligatorias a la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria (MNEP), que, según explica la sentencia, constituyó desde sus orígenes “un sistema de previsión social complementario al de clases pasivas”. Estas aportaciones se detraían directamente de la nómina y las efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1978 no pudieron deducirse en el IRPF. El tribunal diferencia este supuesto del analizado por el Tribunal Supremo respecto de la Mutualidad Laboral de la Banca, pues las aportaciones realizadas a la MNEP no financian la pensión de clases pasivas, sino la prestación complementaria de jubilación. Por ello, advierte de que la disposición transitoria segunda de la LIRPF puede aplicarse a esta última, “nunca a la pensión de jubilación de clases pasivas, pues esta no se nutre de las aportaciones a una Mutualidad de Previsión Social”. Como no consta la cuantía concreta de las aportaciones efectuadas antes del 1 de enero de 1979, la Sala concluye que debe “integrar como rendimiento de trabajo el 75 % del importe de la prestación que proporcionalmente se corresponda a las aportaciones realizadas por la demandante hasta el 31 de diciembre de 1978”. En consecuencia, anula los acuerdos impugnados y reconoce el derecho de la recurrente a rectificar sus autoliquidaciones, sin imposición de costas.La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso de una maestra contra la negativa a rectificar sus autoliquidaciones del IRPF de 2019 a 2022 y le ha reconocido el derecho a aplicar la disposición transitoria segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) a una parte de la prestación complementaria de jubilación que percibe del Fondo Especial de MUFACE.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2590032907-1-p490808-m1530826-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-mufacehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2590032907-1-p490808-m1530826-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-mufacehttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-mufacehttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-muface2026-10-22 11:55:172026-10-22 11:55:17administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico490807En sus conclusiones, que no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo cuando dicte sentencia, el letrado explica que las reglas de la UE permiten a los países establecer excepciones al mecanismo de segunda oportunidad, que ofrece a las personas insolventes la posibilidad de quedar liberadas de las deudas que no pueden pagar, si bien recuerda que esas restricciones deben respetar el Derecho europeo. El caso tiene su origen en una pareja que solicitó acogerse a este procedimiento para cancelar sus deudas, pero la Agencia Tributaria se opuso a que se concediera ese beneficio al hombre porque debía más de 40.000 euros en impuestos de una empresa de la que había sido administrador y por los que había sido declarado responsable. Según la legislación española, una persona no puede beneficiarse de la segunda oportunidad si en los diez años anteriores ha sido declarada responsable de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que haya pagado íntegramente las cantidades reclamadas. La pareja consideró que impedir la cancelación de todas sus deudas por esta circunstancia era una medida desproporcionada, mientras que Hacienda defendió que la ley no permite hacer excepciones por ese motivo, por lo que el asunto llegó a la Audiencia Provincial de Valladolid. Este tribunal, que también considera excesiva la prohibición, preguntó a la Justicia europea si podía dejar de aplicar la norma española por ser contraria a las reglas de la UE, una posibilidad que el abogado general rechaza en las circunstancias examinadas. En concreto, explica que la legislación comunitaria permite a los Estados miembro decidir en qué casos se puede impedir la cancelación de deudas, por lo que no establece un derecho absoluto a beneficiarse de este mecanismo ni unas condiciones suficientemente precisas para que los jueces puedan apartarse directamente de las normas nacionales. En este sentido, advierte de que permitir a los tribunales ignorar las restricciones nacionales basándose únicamente en la directiva supondría dejar sin efecto las excepciones que los propios países han introducido al amparo de la normativa europea, que les reconoce expresamente esa posibilidad. No obstante, el letrado recuerda que corresponde a los tribunales españoles determinar si las restricciones previstas en su legislación son proporcionadas y señala que deben intentar interpretar esas disposiciones de manera compatible con el Derecho europeo siempre que sea posible. En este sentido, apunta que existen decisiones contradictorias de distintos órganos judiciales españoles sobre esta cuestión, lo que, a su juicio, pone en duda que resulte imposible encontrar una interpretación de la ley nacional que respete las exigencias comunitarias. Tras estas conclusiones, los jueces del TJUE deberán pronunciarse sobre el caso en una sentencia posterior, que servirá de referencia para que la Audiencia Provincial de Valladolid resuelva el litigio entre la pareja y la Agencia Tributaria.El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la normativa europea no obliga a los jueces españoles a dejar de aplicar la ley que impide cancelar las deudas de determinadas personas con problemas económicos cuando tienen obligaciones pendientes con Hacienda, aunque consideren que esa prohibición es desproporcionada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2512186713-1-p490807-m1530808-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-haciendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2512186713-1-p490807-m1530808-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-haciendahttps://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-haciendahttps://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-hacienda2026-10-22 10:11:152026-10-22 10:11:15fiscalFiscal6Fiscal490716Así lo ha acordado el Pleno de la corte de garantías este miércoles, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, con 10 magistrados a favor de inadmitir el recurso, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y dos en contra, Ramón Sáez y Juan Carlos Campo. La mayoría de magistrados entiende que el recurso de amparo era prematuro porque el Supremo todavía tiene que escuchar a los afectados que presenten alegaciones y resolver sobre el fondo del asunto. Por tanto, hasta que no se cierre esa vía, ven inviable que pueda prosperar un amparo, han explicado las mismas fuentes. Así, la mayoría ha asumido el criterio del ponente al que le tocó pronunciarse, el magistrado Enrique Arnaldo, encuadrado en el sector conservador y que propuso la inadmisión por prematuro. El Defensor del Pueblo reclamó al Constitucional que, por "urgencia excepcional", decretara "de forma inmediata" la medida cautelarísima de declarar nulos los autos del Supremo que por partida doble, en septiembre y en octubre, ratificaron la paralización del voto de forma cautelar. Según su recurso, también quería que el TC ordenara a la Junta Electoral Central que se mantuviera la vigencia e inclusión de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) "de la manera anterior a esas resoluciones, de modo que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales". El organismo que preside Ángel Gabilondo incidía en que la celebración de elecciones el próximo 29 de noviembre "conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo que, en este caso, no podrían cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata". A su entender, la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. "El objetivo fundamental de este recurso es conseguir el restablecimiento del derecho fundamental al sufragio activo, al voto, de algo más de 160.000 ciudadanos españoles mediante la estimación del amparo. Y, con ello, preservar el derecho al sufragio activo sin limitaciones no previstas en la normativa electoral", señalaba. Y destacaba que "el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble", añadiendo que "desde una perspectiva de derechos fundamentales" es "harto problemática la posibilidad de privar, temporal o definitivamente, de este derecho fundamental", porque "podría perderse la nacionalidad española (nunca la española de origen, como dispone la Constitución)", "pero la condición de votante no la puede perder ningún español mientras lo sea, pues ni siquiera el Código Penal prevé la pena de pérdida del sufragio activo (elegir) sino del pasivo (ser elegido)". Asimismo, advertía de que la paralización cautelar del derecho al voto tiene especial significación con motivo de la convocatoria de elecciones, dado que "la perentoriedad de los plazos del procedimiento electoral hace prácticamente imposible el voto de las personas afectadas por la suspensión en estas elecciones". Veía "lesión irreparable" para el derecho a votar El Defensor del Pueblo hacía hincapié en que tanto "por razones de ineficacia administrativa (no se ha facilitado ninguna información significativa al Tribunal Supremo sobre el cumplimiento de lo por él acordado en el plazo de un mes)", como "por los problemas de funcionamiento de los consulados, no parece que esta vía pueda ofrecer frutos cuantitativamente importantes en las próximas fechas". Se refería a que el Supremo estableció que no regirá la suspensión cautelar del voto para las personas que acrediten en los registros consulares su condición de descendientes de exiliados. A su entender, la paralización del voto "no es adecuada para conseguir la finalidad pretendida" porque "sólo se suspenden los derechos de los nacionales del CERA" y "no de los nacionales del CERE que han adquirido la nacionalidad en virtud de la misma disposición normativa". Y es que, según insistió, no es una medida "idónea" para conseguir el objetivo, que "sería preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el proceso electoral". "Las medidas cautelares adoptadas generan una situación 'ex novo', como es la suspensión del ejercicio del voto activo de ciudadanos nacionales que gozan de un derecho adquirido, que no de una mera expectativa, lo cual genera una indudable inseguridad jurídica y una intervención excesiva en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales", indicó. Bajo su punto de vista, aceptar su petición y declarar nula la decisión del Supremo "no conllevaría perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona", ya que "el derecho de sufragio activo del resto de ciudadanos no se ve sustancialmente alterado, dado que constituye el 99,59 por ciento del censo electoral". "El interés general ha de focalizarse en la máxima efectividad del principio democrático de participación política", subraya, para señalar que "el perjuicio es claro" al "impedir a unos ciudadanos españoles el ejercicio del derecho al sufragio activo en un proceso electoral cierto (no hipotético o futurible)". Según argumentó, "se trata de una lesión irreparable, pues no puede el ciudadano privado de este derecho ejercitarlo de manera retroactiva": "Podrá, en su caso, ejercitarlo en futuros procesos electorales, pero para este concreto y real proceso, habrá sido privado del derecho (por una resolución cautelar del Tribunal Supremo, ni siquiera una resolución definitiva)". "No es un derecho susceptible de compensación de otra manera, no tiene un contenido patrimonial, es un derecho político, al que solo puede darse efectividad permitiendo su ejercicio a sus titulares, si esa fuese su intención, debiendo el Estado facilitarlo", apostilló. Tras conocer el rechazo al recurso, el Defensor del Pueblo ha afirmado que respeta la decisión del Constitucional, pero ha mostrado "preocupación" por que esa medida "pueda no permitir ejercer el derecho fundamental al voto a ciudadanas y ciudadanos españoles" en las elecciones generales. Y el Gobierno también ha transmitido su respeto por la decisión, precisando que la vía judicial previa no está agotada ante el Supremo y que espera que la decisión definitiva que tome "deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar" sin que haya sentencia firme y sin audiencia de cada afectado.El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por amplia mayoría no admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren que son descendientes de exiliados, al considerar prematura la impugnación presentada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2433845729-1-p490716-m1530563-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2433845729-1-p490716-m1530563-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietos2026-10-21 19:12:362026-10-21 19:12:36administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico490715Con más de 15 años de trayectoria en posiciones directivas, Jaén de la Vega ha desarrollado su carrera en compañías internacionales como Meliá Hotels International y Palladium Hotel Group, liderando grandes equipos, estrategias globales de talento y procesos de transformación organizativa y cultural. En Meliá Hotels International ejerció como directora regional de Recursos Humanos para España, Cabo Verde y Marruecos, con responsabilidad sobre más de 12.000 profesionales. Posteriormente, creó y lideró la estrategia global de Atracción de Talento y Marca Empleadora del grupo, con presencia en más de 40 países y una plantilla de 45.000 empleados. Entre 2025 y 2026 ocupó la Dirección Corporativa de Talento y Cultura de Palladium Hotel Group, desde donde impulsó su transformación cultural, la evolución de los modelos de desarrollo del talento y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de Recursos Humanos. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado su formación ejecutiva en ESADE, incluido el programa Futuras Consejeras. Es miembro del think tank enClave de Personas y del Consejo Asesor de Empleabilidad de la Universidad CEU San Pablo. En 2024 fue reconocida con el Premio WTC al Desarrollo del Employer Brand, entregado en la Gala de RR. HH. organizada por DCH y otras entidades del sector. “Afianza está viviendo una etapa de crecimiento extraordinaria, integrando compañías, talento y formas de trabajar diferentes. Mi objetivo es contribuir a construir una identidad compartida, impulsar el desarrollo de nuestros profesionales y consolidar una cultura en la que las personas sean protagonistas del crecimiento y de la diferenciación de la firma”, afirma Patricia Jaén de la Vega, Chief People Officer de Afianza. Este nombramiento se suma a otros recientes en el equipo directivo de Afianza, como los de Álvaro Martín como director de Asesoría Jurídica Corporativa, David Casas como director de Consultoría, Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio y Rafael Vázquez Romero como director general corporativo. Afianza cerró 2025 con una facturación de 83,2 millones de euros, un 53% más que el año anterior, y cuenta actualmente con cerca de 1.500 profesionales distribuidos por toda España.Afianza ha incorporado a Patricia Jaén de la Vega como Chief People Officer, un nombramiento con el que refuerza su estrategia de Personas en un contexto de fuerte crecimiento y expansión mediante la integración de nuevas compañías.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Afianza_Patricia-Jaen-p490715-m1530545-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officerhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Afianza_Patricia-Jaen-p490715-m1530545-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officerhttps://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officerhttps://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officer2026-10-21 19:05:572026-10-21 19:05:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490712Los hechos ocurrieron cuando el acusado, en connivencia con otras personas, envió un SMS a una mujer simulando ser su entidad bancaria para alertarla de una supuesta transferencia de 1.000 euros que requería validación. Aunque inicialmente la víctima ignoró el mensaje, poco después recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por un empleado del banco y la convenció de que necesitaban el código para anular un acceso no consentido a su cuenta. Ante la insistencia de que era la única forma de evitar la pérdida del dinero, la víctima cedió y les facilitó el código, permitiendo que los estafadores autorizaran la transferencia de 1.000 euros junto con una comisión de cinco euros. Siguiendo exactamente el mismo procedimiento, ese mismo día lograron estafar otros 700 euros a un hombre. Finalmente, el acusado se apropió del dinero sustraído. Los magistrados coinciden con la juzgadora de instancia en que la dinámica de los hechos expuesta por los denunciantes es plenamente coherente con el ‘phishing’. Además, señalan que las dos transferencias fraudulentas se realizaron a una cuenta puente -correspondiente a una identidad usurpada- desde la que, a su vez, el dinero se envió a una segunda cuenta de la que era titular el acusado. Por todo ello, la Sala rechaza la versión de la defensa, en la que el acusado alegaba haber sido engañado al facilitar sus datos personales para un supuesto sorteo. Los jueces tachan esta coartada de “versión huérfana de prueba”, destacando además que no consta la interposición de ninguna denuncia al respecto.La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la condena de dos años de prisión a un hombre por estafar a dos personas mediante mensajes de texto y llamadas fraudulentas, obligándole además a indemnizar a las víctimas con un total de 1.705 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2461071583-1-p490712-m1530487-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturiashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2461071583-1-p490712-m1530487-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturiashttps://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturiashttps://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturias2026-10-21 19:03:152026-10-21 19:03:15derecho-ticDerecho TICpenalPenal9sector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Penal,Sector jurídico490714La organización considera que esta obligación es "excesiva", al exigir a las agencias que devuelvan la remuneración por un servicio de intermediación ya prestado por circunstancias ajenas a su responsabilidad. La patronal considera que la medida perjudica la competitividad de las agencias de viajes y favorece la venta directa de las aerolíneas. La directora jurídica de CEAV, Ana Barluenga, ha explicado que la disposición obliga a las agencias que hayan actuado como intermediarias a devolver al pasajero tanto el importe del billete como los gastos de intermediación ('service fee') cobrados, cuando corresponda el reembolso, sin que las aerolíneas estén obligadas a asumir el coste de esa devolución cuando se tramite a través de un intermediario. A juicio de la patronal, esta diferencia de trato puede generar un desequilibrio entre las agencias y las compañías aéreas, perjudicar la competitividad de las primeras y favorecer la concentración del mercado. Excepción para las microempresas El texto contempla una excepción para las microempresas autónomas, aquellas con menos de diez trabajadores y una facturación anual o un balance que no supere los dos millones de euros, siempre que no estén asociadas ni vinculadas a otras empresas. Estas podrán conservar una parte de los gastos de intermediación, siempre que hayan informado al pasajero de esta circunstancia de forma clara, inequívoca y destacada desde el inicio del proceso de reserva. Recurso ante la Justicia Europea CEAV señala que ha mantenido contactos con los principales grupos políticos del Parlamento Europeo e incluso ha intentado promover una enmienda de última hora para modificar esta disposición, sin éxito. Por ello, solicitará al Gobierno que estudie recurrir la norma ante el TJUE, al considerar que podría vulnerar los principios de proporcionalidad y las normas de competencia de la Unión Europea. El texto acordado se hizo público el 15 de julio y fue aprobado por el Parlamento Europeo el 20 de octubre, por lo que está pendiente de su aprobación formal por el Consejo. Su aplicación está prevista para el 23 de octubre de 2027. El plazo para interponer un recurso de anulación será de dos meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) solicitará al Gobierno que valore interponer un recurso de anulación ante el TJUE contra una disposición del nuevo Reglamento de derechos de los pasajeros que obliga a las agencias a devolver los gastos de intermediación cuando proceda el reembolso de un billete aéreo, lo que ha calificado de "desproporcionado", según han informado fuentes de la patronal a Europa Presshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2738667661-1-p490714-m1530527-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/agencias-de-viajes-piden-recurrir-la-norma-que-les-obliga-a-devolver-gastos-de-gestion-de-billetes-aereoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2738667661-1-p490714-m1530527-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/agencias-de-viajes-piden-recurrir-la-norma-que-les-obliga-a-devolver-gastos-de-gestion-de-billetes-aereoshttps://elderecho.com/agencias-de-viajes-piden-recurrir-la-norma-que-les-obliga-a-devolver-gastos-de-gestion-de-billetes-aereoshttps://elderecho.com/agencias-de-viajes-piden-recurrir-la-norma-que-les-obliga-a-devolver-gastos-de-gestion-de-billetes-aereos2026-10-21 18:59:062026-10-21 18:59:06civilCivil2sector-juridicoSector jurídicoCivil,Sector jurídico490713En el capítulo de las vicepresidencias, Garamendi, reelegido recientemente presidente de la patronal para un tercer mandato, se ha vuelto a rodear de los mismos vicepresidentes que en su anterior etapa. Así, junto a la vicepresidencia nata que corresponde a Cepyme y que encarna su presidenta, Ángela de Miguel, se ha reelegido al presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, como vicepresidente primero, quien además liderará el grupo de trabajo sobre trabas administrativas y simplificación normativa. También ocuparán una vicepresidencia Lorenzo Amor, presidente de ATA; Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa; Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza (CEA); Vicente Lafuente, presidente de la patronal de la Comunidad Valenciana (CEV); Julián Núñez, presidente de Seopan; Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, que asumirá también la responsabilidad de relaciones con las Cortes; Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal bancaria AEB; Íñigo Fernández de Mesa y María Helena Antolín. Nueva composición del Comité Ejecutivo Asimismo, la junta directiva ha dado luz verde a la nueva configuración del Comité Ejecutivo de la patronal, del que formarán parte Pedro Alfonso (CEOE Tenerife); José Luis Álvarez Almeida (Hostelería de España); Santiago Aparicio (CEOE Castilla y León); Pedro Barato (Asaja); Rafael Barbadillo (Confebus); José Manuel Baltar (ASPE); Jessica Bedia (Foro Interalimentario); Francisco Belil (CECA); Juan Ignacio Beltrán (Aspel); Marta Blázquez (Faconauto); María Calvo (FADE); y Enrique Conde (CEOE-Cepyme Cantabria). También estarán en el comité ejecutivo Andreu Cruañas (Asempleo); José Vicente de los Mozos (CEIM); Eduardo de Luis Olloqui (FER); Ricardo de Pablos (Oficemen); Val Díez (Stanpa); Pedro Fernández Alén (CNC); Mauricio García de Quevedo (Fiab); Matilde García (Anged); Santiago García-Nieto (Foment del Treball); José Miguel Guerrero (Confemetal); Juan Hernández (Fepex); Francisco Hortigüela (Ametic); Juan Pablo Lázaro (CEIM); Julio Linares (AEST); Miguel López (Croem); Ana López-Casero (ARTE); José López-Tafall (Anfac); Jorge Marichal (Cehat); Elena Mateos (AICE); Ángel Nicolás (Cecam) y Fernando Núñez (Aecem). La lista de integrantes del comité ejecutivo de la patronal española la completan Ana Oliver (FEFE); Pedro Ortega (Coreica); Francisco Javier Peinado (Creex); Juan Manuel Piquer (CEN); Carmen Planas (CAEB); Teresa Rasero (Feique); Juan Roca (AMAT); José María Rodríguez (Asedas); Joan Roget (Foment del Treball); Antonio Romero (CECA); Francisco Ruano (CEIM); Miguel Sánchez (Digitales); Marina Serrano (Aelec); Benito Tesier (CEOE Aragón); Juan Manuel Vieites (CEG); Tamara Yagüe (Confebask); y Juan Yermo, de Farmaindustria. Órganos consultivos y comisiones De igual forma, la patronal ha ratificado la composición de sus órganos consultivos -comisiones y consejos- y ha elegido a las personas que asumirán sus respectivas presidencias. La Comisión de Control Presupuestario y Financiero estará presidida por Alejandra Kindelán, de la AEB; la Comisión de Régimen Interno por Mirenchu del Valle, de Unespa; la Comisión de Aguas y Protección del Litoral por Miguel López Abad, de Croem; y la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) por Josep Antoni Duran i Lleida, de Asedas. Por su parte, Julián Núñez, de Seopan, encabezará la Comisión de Concesiones e Infraestructuras; Enrique Cerezo, de Egeda, la Comisión de Cultura y Deporte; Juan Pablo Lázaro, de CEIM, la Comisión de Trabajo; Lorenzo Amor, de ATA, la Comisión de Seguridad Social; Javier Garat, de Cepesca, la Comisión de Economía Azul; Mauricio García de Quevedo, de Fiab, la Comisión de Economía Circular; Íñigo Fernández de Mesa, del IEE, la Comisión de Economía y Fiscalidad; José Miguel Guerrero, de Confemetal, la Comisión de Educación y Formación; y Antonio Magraner, de Ceaje, la Comisión de Fomento de las Vocaciones Empresariales. El Consejo Iberoamericano quedará bajo la presidencia de Juan Manuel Vieites, de la patronal gallega CEG, mientras que Josep Aracil (Ametic) presidirá la Comisión de Innovación; Val Díez (Stanpa), la Comisión de Igualdad y Diversidad; Teresa Rasero (Feique), la Comisión de Industria y Transición Ecológica; Marta Blanco, de CEOE, la Comisión de Relaciones Internacionales; Carmen Planas (CAEB), la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial; José Manuel Baltar (ASPE), la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales; y Carlos Bastarreche, de CEOE, la Comisión de Seguridad y Defensa. Por su parte, Juan Ignacio Beltrán (Aspel) presidirá la Comisión de Servicios Intensivos en Personal; Rafael Barbadillo (Confebus) la de la Comisión del Transporte y la Logística; Julio Linares (AEST) la de la Comisión de Sociedad Digital; Jesús Ortiz (Oficemen) la de la Comisión de Unión Europea, y Xavier Vilajoana (APCE), la de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Valentí Pich, de Foment del Treball, estará al frente de la Comisión Legal; Benito Tesier (CEOE Aragón), del Consejo de la Movilidad Sostenible; Juan Cierco (Iberia), del Consejo de Turismo; y Rafael Barbadillo (Confebus), del Consejo del Transporte y Logística.La junta directiva de la CEOE, a propuesta de su presidente, Antonio Garamendi, ha aprobado este miércoles la composición de sus órganos de gobierno, así como las presidencias y vicepresidencias de sus comisiones consultivas para los próximos cuatro años, ha informado la organización empresarial en un comunicado.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/vicepresidentes-ceoe-fuente-CEOE-p490713-m1530509-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-aprueba-la-composicion-de-sus-nuevos-organos-de-gobierno-y-mantiene-los-mismos-vicepresidenteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/vicepresidentes-ceoe-fuente-CEOE-p490713-m1530509-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-aprueba-la-composicion-de-sus-nuevos-organos-de-gobierno-y-mantiene-los-mismos-vicepresidenteshttps://elderecho.com/ceoe-aprueba-la-composicion-de-sus-nuevos-organos-de-gobierno-y-mantiene-los-mismos-vicepresidenteshttps://elderecho.com/ceoe-aprueba-la-composicion-de-sus-nuevos-organos-de-gobierno-y-mantiene-los-mismos-vicepresidentes2026-10-21 18:54:112026-10-21 18:54:11sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490673Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave Entre las medidas sociales aprobadas destaca la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) en situaciones determinadas. En concreto, los progenitores, guardadores o acogedores estarán protegidos, cuando el causante tenga más de 26 años, si este se encuentra en situación de dependencia de grado III o tiene una discapacidad igual o superior al 65%. Asimismo, se aprueba que ambos progenitores puedan percibir de forma alternativa o simultánea la prestación económica y no solo que sea un progenitor el que pueda tener la condición de beneficiario. En este caso, el importe económico consistirá en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, sin que esta dependa del porcentaje de reducción de la jornada de trabajo que hayan solicitado. La prestación por cuidado de un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave, que cubre la Seguridad Social desde el año 2011, se dirige a progenitores, adoptantes, acogedores (ahora también cónyuges o parejas de hecho) con un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave. Esta prestación se reconoce a la persona que reduce su jornada laboral al menos en un 50% para el cuidado de la persona enferma y tiene como objeto compensar la pérdida de ingreso. Incapacidad Temporal El texto también incorpora dos situaciones especiales de incapacidad temporal (IT): la derivada de patología limitante por trastorno menopaúsico que impida trabajar (situaciones en las que una sintomatología incapacitante relacionada con el diagnóstico de una patología asociada con la menopausia que responda a la codificación concreta que dará lugar a esta IT especial) y otra para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género cuyas lesiones le impidan trabajar. Ambas situaciones tienen una protección mayor que la IT común, desde el día siguiente de la baja, y no exigen periodo de carencia. En ambos casos, la prestación económica se calculará aplicando el 60% de la base reguladora de la incapacidad temporal, hasta el día 20 y, a partir de ahí, será del 75%. El día de la baja el trabajador percibirá el salario por parte de la empresa y desde el día siguiente será la Seguridad Social quien lo abone. De modo que se mejora esta protección ya que antes no se percibía prestación los tres primeros días de baja y la empresa asumía el pago del día 4 al día 15. Al mismo tiempo, tras las situaciones vividas como consecuencia de la pandemia de la COVID19, la DANA o el accidente de Adamuz, se establece una disposición en la Ley General de la Seguridad Social para que en acontecimientos o accidentes catastróficos se puedan aprobar medidas que aumenten la protección de afectados o familiares, donde se asimilará la situación a la derivada de accidente de trabajo con las mejoras correspondientes en incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Pensión de viudedad en parejas de hecho Para favorecer el reconocimiento de la pensión de viudedad en los casos de pareja de hecho, si hay hijos en común se elimina el requisito de presentación del registro formal de la constitución de pareja de hecho. Bastará con la existencia de hijos en común y la acreditación de convivencia. Además, el texto contempla un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente puedan solicitar la prestación, aunque el deceso se haya producido con anterioridad a este cambio legal y siempre que se cumplan los requisitos. La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Subsidio especial de nacimiento y cuidado de menor El subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor, que ya se reguló para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, se extiende a los progenitores en el caso del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar; que pasan a tener ampliada la prestación a 19 semanas. Fondo de Garantía del Pago de Alimentos El Fondo del Pago de Alimentos -que sirve para garantizar y atender la protección económica de los hijos menores de edad cuando hay incumplimiento del pago de alimentos en supuestos de divorcio, separación, declaración de nulidad matrimonio o en procesos de filiación o alimentos- eleva la cuantía máxima del anticipo por beneficiario, que pasa de 100 a 300 euros mensuales. Además, se amplía el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos de los actuales 18 meses hasta que se extinga la obligación de alimentos, con el límite de los 18 años del beneficiario. Reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección Integral a las Víctimas del Terrorismo Esta reforma tiene por objeto equiparar las indemnizaciones previstas para este colectivo con independencia de que se haya dictado o no sentencia penal sobre el atentado que les afectó o de si en dicha sentencia se fijó o no responsabilidad civil. Hasta ahora, las víctimas que habían sufrido daños de la misma gravedad en atentados terroristas podían recibir indemnizaciones diferentes debido a una circunstancia ajena a ellas: que los hechos hubieran llegado o no a juicio o que la sentencia hubiera establecido o no una cantidad en concepto de responsabilidad civil. Con esta reforma, se atiende una de las principales reivindicaciones del colectivo y corrige esa diferencia existente. El mecanismo legal ha consistido en la introducción de un nuevo apartado 8 al artículo 20 de la Ley 29/2011, así como una disposición transitoria segunda que completa el mecanismo de equiparación. De este modo, los familiares de personas fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista o hayan sufrido lesiones incapacitantes permanentes que no hayan recibido una indemnización por responsabilidad civil fijada en sentencia judicial firme podrán reclamar el abono de una ayuda complementaria que mejora su protección. Esta ayuda podrá solicitarse durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la norma. La cantidad reconocida se abonará en tres pagos iguales, distribuidos en tres anualidades. A futuro, cuando hayan transcurrido cinco años desde el atentado sin que exista una sentencia penal firme, o cuando la sentencia no haya fijado una indemnización por responsabilidad civil, las víctimas podrán solicitar el complemento correspondiente. Ayudas aumentadas La medida beneficia a las víctimas de los atentados terrorista más antiguos. Los beneficiarios más numerosos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias, víctimas de atentados por los que no llegó a dictarse una sentencia penal a menudo por desconocimiento de la autoría de los atentados, por lo que no recibieron una reparación económica adicional equivalente a la reconocida en otros atentados en los que sí se dictó sentencia penal y se fijaron importes indemnizatorios por responsabilidad civil. También beneficiará a las víctimas de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, ya que el fallecimiento de los autores materiales de los atentados impidió que la sentencia penal fijara indemnizaciones por responsabilidad civil, como sí ocurrió para las víctimas del atentado de Alcanar. La nueva regulación permitirá que las víctimas fallecidas y las personas con lesiones incapacitantes afectadas por los atentados de Barcelona y Cambrils puedan acceder al nuevo mecanismo de equiparación de indemnizaciones. La cuantía de la mejora que podrán reclamar estas víctimas del terrorismo se calculará a partir de las ayudas que ya hubieran percibido con anterioridad. En el caso de las lesiones incapacitantes, se incrementarán las cantidades que hubieran percibido hasta alcanzar los importes máximos previstos en el artículo 20.4 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, para cada tipo de incapacidad. En los casos de fallecimiento, la cuantía de la mejora se adaptará y modulará en función de la situación familiar: Hasta los 500.000 euros cuando quienes recibieron la indemnización fueron los hijos de la persona fallecida, o los hijos junto con el cónyuge no separado legalmente o la persona conviviente. Hasta los 350.000 euros cuando la indemnización fue percibida por el cónyuge o conviviente, por los padres, o cuando los padres concurrieron con hijos, con el cónyuge o conviviente, o con ambos. Pensiones revalorizadas Por otra parte, el real decreto-ley aprobado aumenta el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, tanto en el sistema de la Seguridad Social como en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Tras la reforma aprobada, el importe mínimo será de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento. Mejora de la protección por orfandad Finalmente, se amplía la prestación económica por orfandad cuando el fallecimiento de la mujer se hubiera producido por violencia contra la mujer. Al igual que en el supuesto de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, el importe de la pensión de orfandad será equivalente al doble del SMI vigente en cada momento.El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que contempla un conjunto de medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y otras normas sociales, así como la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo para la extensión de derechos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2720466521-2-1-p490673-m1530362-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-socialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2720466521-2-1-p490673-m1530362-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-socialeshttps://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-socialeshttps://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-sociales2026-10-21 06:45:492026-10-21 06:45:49administrativoAdministrativo1multimateriaMultimateriasocialSocial13Administrativo,Multimateria,Social490659La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico será objeto de análisis el próximo jueves 22 de octubre, en la jornada «IA y Derecho. Del potencial a la acción en la práctica», organizada por Lefebvre y el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, que tendrá lugar a las 17:00 horas en formato híbrido, presencial en el Salón de Actos de la sede colegial, con retransmisión en directo a través de Microsoft Teams. La sesión analizará la evolución de la inteligencia artificial, los principales avances y novedades que están marcando 2026 y las perspectivas de esta tecnología en relación con el futuro de la abogacía. El encuentro parte de la transformación que la IA está produciendo en la forma de trabajar de los profesionales del Derecho. La jornada que será inaugurada por Alberto Salas Martínez, presidente de NNTT ICAGR, contará con la ponencia de Óscar Casero Miguel, abogado y experto en inteligencia artificial legal, director de KSRO LAW, administrador concursal y formador y divulgador sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho; y con la participación de Jesús Giráldez, consultor Legaltech de Lefebvre, y Guadalupe Segura, gerente de la Delegación Sur de Lefebvre. De la evolución tecnológica a su aplicación jurídica Bajo el título «IA y Derecho: del potencial a la acción en la práctica», la jornada pondrá el foco en cómo los avances en inteligencia artificial están modificando el ejercicio profesional y en las posibilidades que ofrecen plataformas como GenIA-L de Lefebvre para el trabajo cotidiano en el ámbito jurídico en un contexto de rigor, seguridad jurídica y criterio profesional. Desde una perspectiva técnico-jurídica, la relevancia de la jornada reside no solo en la capacidad de esta tecnología, sino también la forma en la que los profesionales pueden integrarlas en su actividad. Inscripción  El encuentro abordará la evolución de la IA, las novedades que están marcando 2026 y su impacto en el ejercicio profesional, junto con las últimas novedades de GenIA-L de Lefebvre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2600803597-1-p490659-m1530323-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2600803597-1-p490659-m1530323-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogacia2026-10-20 15:46:212026-10-20 15:46:21sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490646Entre enero y junio se recibieron 3.027 notificaciones frente a las 1.271 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 138%. Si se tiene en cuenta el periodo entre enero y agosto de 2026, el incremento asciende al 163%, 4.556 notificaciones respecto a las 1.728 del mismo periodo en 2025. Esta cifra supone, además, que las brechas de datos personales notificadas a la Agencia en el primer semestre de 2026 superan a las recibidas durante todo 2025. Los informes que publica la Agencia mensualmente sobre brechas de datos personales permiten identificar algunos de los fenómenos que han contribuido a este incremento. En marzo, la Agencia detectó que un incidente producido en un único encargado del tratamiento provocó una brecha de datos personales en múltiples responsables. En estos casos, el encargado debe informar sin dilación indebida a los responsables para que puedan cumplir con las obligaciones que les corresponden conforme a la normativa de protección de datos. Asimismo, el informe correspondiente a julio señala que las notificaciones relacionadas con establecimientos hoteleros y sus encargados del tratamiento, generalmente proveedores de software de gestión de reservas, habían contribuido en gran medida al aumento de las notificaciones recibidas por la AEPD en los meses anteriores. En muchas de estas brechas, terceros no legitimados acceden a datos personales de clientes y a información de sus reservas, que posteriormente puede ser utilizada para realizar intentos de fraude. Aunque en menor medida, ya se había advertido de esta situación en el informe sobre notificaciones de brecha de mayo. El incremento de las notificaciones también coincide con la persistencia de amenazas ya observadas en periodos anteriores. El ransomware continúa provocando brechas de datos personales en organizaciones de distintos sectores y puede comprometer tanto la disponibilidad como la confidencialidad de los datos. La Agencia subraya por ello la necesidad de que responsables y encargados cuenten con medidas preventivas adecuadas al nivel de riesgo y con procedimientos que permitan actuar ante una brecha para minimizar sus posibles consecuencias. La AEPD recuerda que el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos establece la obligación de notificar a la autoridad de control competente las brechas de datos personales cuando sea probable que estas constituyan un riesgo para las personas afectadas. Esta obligación forma parte de la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento. Por otro lado, notificar la brecha de datos personales a la Agencia es tan importante como informar a las personas afectadas. Esta comunicación, sobre todo en casos de riesgo alto, es clave para que las personas afectadas puedan valorar el riesgo de acuerdo con sus circunstancias particulares, y tomar las acciones que consideren apropiadas. En este sentido, los responsables que notificaron una brecha de datos personales a la Agencia emitieron en el primer semestre de 2026 más de 71 millones de comunicaciones a interesados al apreciarse la posibilidad de riesgo alto. Esa comunicación a las personas por parte del responsable del tratamiento es un elemento clave para determinar una respuesta diligente por su parte. La Agencia recuerda a las organizaciones la importancia de implementar medidas de protección de datos antes de que se produzca una brecha de datos personales (minimización de datos, borrado o anonimización temprana, bloqueo, segmentación, etc.), además de estar preparadas para la gestión de la misma si llegase a materializarse.La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha registrado un aumento importante en las brechas de datos personales notificadas por los responsables de tratamiento durante el primer semestre de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2468094617-1-p490646-m1530284-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2468094617-1-p490646-m1530284-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-ano2026-10-20 14:59:242026-10-20 14:59:24derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico