https://elderecho.com/feedes491663El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la norma que regulaba la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid. Dicha sentencia estimó en marzo el recurso presentado por AEDAF y declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el TSJM rechazó la pretensión de la Asociación de que se prohibiera el mantenimiento de los actos firmes, al amparo del artículo 19.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. AEDAF recurrió ese pronunciamiento que establecía que la nulidad de la norma solo beneficiaría a quienes hubieran impugnado sus liquidaciones y ahora, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de AEDAF, ya que no constan pronunciamientos específicos sobre la motivación exigible cuando un tribunal decide no extender la nulidad a los actos firmes. Entre otras consideraciones, el Tribunal Supremo afirma que “la interpretación de ese precepto se enmarca en el debate actual entre la idea clásica de seguridad jurídica que se centra en la estabilidad de las relaciones jurídicas propugnando que las liquidaciones firmes no son revisables pese a la declaración de inconstitucionalidad de la norma de cobertura o a que sea declarada contraria al derecho de la Unión Europea o anulada la ordenanza fiscal en que se sustenta, y, una concepción más moderna que aboga por que en un Estado de Derecho no se puede exigir que el ciudadano pague tributos contrarios a la Constitución, al derecho de la Unión Europea o sustentados en ordenanzas declaradas nulas”. Según fuentes de la Asociación, “con esta actuación, AEDAF reafirma su compromiso con el interés general y con la defensa de todos los contribuyentes, para que la anulación de un tributo beneficie a quienes lo pagaron y no solo a quienes lo recurrieron”. El Tribunal ha acordado, además, su tramitación y resolución preferente. La doctrina que se fije podrá aplicarse a cualquier ordenanza fiscal que resulte anulada, en un contexto de generalización de las tasas de residuos tras la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación de AEDAF contra la sentencia del TSJ de Madrid que anuló la tasa de residuos, pero no extendió la nulidad a las liquidaciones firmes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2514845847-1-p491663-m1533448-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2514845847-1-p491663-m1533448-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucion2026-11-05 14:05:282026-11-05 14:05:28administrativoAdministrativo1fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Fiscal,Sector jurídico491667El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha nombrado a Susana Ferrer Delgadillo nueva presidenta de la institución. Ferrer se convierte así en la primera mujer que preside el TAB y encabeza una Junta Directiva renovada que inicia esta nueva etapa con el compromiso de continuar impulsando la actividad del Tribunal y el papel del arbitraje como mecanismo especializado de resolución de controversias. La nueva presidenta ha querido reconocer el trabajo realizado por las personas que la han precedido en el cargo y por las diferentes juntas directivas que, a lo largo de los años, han contribuido a consolidar el Tribunal y su actividad. En esta nueva etapa, el TAB quiere continuar impulsando el arbitraje y ampliar su conocimiento y utilización en el ámbito empresarial, institucional y del tercer sector, promoviendo un mecanismo de resolución de controversias ágil y eficaz, con un alto grado de especialización y con profesionales con una sólida experiencia en las materias objeto de controversia. En palabras de Susana Ferrer Delgadillo: “Asumo esta responsabilidad con un firme compromiso con la institución y con la ilusión de afrontar los retos que tenemos por delante. Queremos continuar trabajando para dar a conocer e impulsar el arbitraje como una herramienta útil, ágil y especializada para la resolución de controversias”. Una Junta Directiva renovada La nueva Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona queda integrada por: Presidenta: Susana Ferrer Delgadillo. Vicepresidentes: Xavier Coronas Guinart y María García-Valdecasas Alguacil. Secretario: Antoni Bosch Carrera. Vocales: Joan Martínez García y Natalia Martí Picó. Miembros del TAB: Sandra Peirón García, Luz Sunyer de la Puente, Adriana Ramos Laina, Marta Martínez Gellida y Luis Ferrer Gaya. Una trayectoria vinculada al derecho público y al ámbito institucional Susana Ferrer Delgadillo es actualmente socia responsable de un despacho especializado en Derecho Público, Regulatorio y Compliance de Barcelona, desde donde asesora a entidades públicas y privadas en diferentes ámbitos del derecho público y regulatorio. Licenciada en Derecho, preparó las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado entre 1998 y 2003 y es máster oficial en Estudios Jurídicos Avanzados, con especialización en Derecho Público, por la Universidad de Barcelona. Cuenta, además, con un Diploma de Especialización en Arbitraje obtenido en 2019. Su trayectoria profesional combina una amplia actividad institucional y docente. Ha sido vicedecana y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), donde también ha asumido, entre otras responsabilidades, la dirección de la revista Món Jurídic y la presidencia de la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ha sido docente en el Máster de Acceso a la Abogacía de ISDE y en el Máster de Contratación Pública Avanzada de la Universidad de Barcelona. A nivel diplomático, entre 2022 y 2026 ejerció, asimismo, como cónsul honoraria de Irlanda en Barcelona. Rigor, especialización y proximidad Las líneas de trabajo de esta nueva etapa se definirán conjuntamente con la nueva Junta Directiva. La presidenta ha señalado, sin embargo, la voluntad de que este periodo esté marcado por el rigor, la proximidad y la apertura a nuevas ideas e iniciativas. Entre los retos de esta nueva etapa estará el de ampliar el conocimiento y la utilización del arbitraje en aquellos ámbitos en los que puede ofrecer una respuesta especializada, ágil y eficaz para la resolución de controversias, tanto en el ámbito empresarial como en el institucional y el tercer sector. En este sentido, el TAB quiere mantener una relación abierta con el tejido jurídico, empresarial e institucional, escuchar propuestas y explorar nuevas vías de colaboración que contribuyan a reforzar la cultura arbitral y el papel del Tribunal Arbitral de Barcelona.La abogada y exvicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona se convierte en la primera mujer que asume la presidencia del Tribunal Arbitral de Barcelona. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/TAB-Susana-Ferrer_img-scaled-p491667-m1533595-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tabhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/TAB-Susana-Ferrer_img-scaled-p491667-m1533595-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tabhttps://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tabhttps://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tab2026-11-05 13:55:062026-11-05 13:55:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491665Bajo el lema “The Next Move”, se debatió y analizó cómo usar la inteligencia artificial para reforzar el criterio legal, qué nuevas capacidades profesionales necesitan los abogados y cómo cambia la forma de prestar el asesoramiento jurídico. El secretario del Consejo de Administración y Director General de Asuntos Legales de Repsol, Pablo Blanco, ha destacado la vocación de InnMinds de contribuir a la transformación del sector desde el intercambio de conocimiento y experiencias, y ha subrayado la importancia de compartir las nuevas iniciativas y tendencias con el conjunto de la profesión. A su juicio, la inteligencia artificial está cambiando no solo las herramientas con las que cuenta el abogado, sino también su perfil profesional. Además, ha anticipado que la combinación de conocimiento jurídico y capacidades tecnológicas dejarán de ser un rasgo diferencial para formar parte del ejercicio habitual de la profesión. En su opinión, los próximos avances para el sector estarán en los sistemas de IA agéntica y en la conexión de información y análisis. Esa evolución, ha explicado, requiere formación, pero también espacios para experimentar y compartir soluciones. La responsable de New Law Digital de Repsol, María Pedrosa, ha profundizado en el nuevo perfil profesional del abogado, donde cobra cada vez más importancia la figura del legal engineer, que combina conocimiento jurídico y capacidades tecnológicas para rediseñar cómo se presta el asesoramiento jurídico. En esta concepción, el abogado no se limita a utilizar herramientas de IA, sino que participa en el diseño de sistemas, la automatización de procesos y la construcción de soluciones que incorporan su conocimiento profesional. Por su parte, el profesor y director del programa de inteligencia artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, Tim Duncan, ha abordado cómo integrar la IA en la práctica jurídica para reforzar el razonamiento y el criterio profesional. “No solo les enseño a pensar, sino a pensar en cómo piensan”, ha explicado al describir su enfoque formativo, que invita a los abogados a analizar cómo llegan a sus conclusiones y a cuestionar las respuestas de la tecnología antes de aceptarlas. Duncan ha advertido del riesgo de delegar en la IA no solo tareas, sino también capacidades esenciales para el ejercicio de la profesión. “La cuestión es encontrar un equilibrio entre cuánto utilizar la IA para que nos sea útil, pero no perder nuestras capacidades”, ha señalado. Para ello, ha defendido un aprendizaje práctico que permita comprender las limitaciones de estas herramientas, contrastar sus resultados y mantener el control sobre las decisiones jurídicas. También han participado en el evento distintos profesionales del equipo jurídico de Repsol que han mostrado casos prácticos con IA , así como Idoya Fernandez, socia y directora del Área de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas, que ha explicado la importancia del conocimiento jurídico y su organización antes de la IA, y Paul Handal, socio responsable del área de Legaltech en EMEA de Deloitte Legal, que compartió sus ideas sobre cómo la IA agéntica será parte indiscutible en el futuro de la profesión. A ellos se sumó Teresa Hutson, vicepresidenta corporativa y General Counsel de Tecnología y Servicios de Microsoft, que mantuvo un diálogo con Pablo Blanco sobre los cambios que exige en la cultura, la formación y la forma de aportar valor de los abogados.El equipo jurídico de Repsol celebró ayer en su sede en Madrid la tercera edición de InnMinds, un encuentro sobre innovación y tecnología que reúne al sector legal para compartir experiencias y explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica legal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/RepsolInnMinds_fotodefamilia-p491665-m1533484-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innmindshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/RepsolInnMinds_fotodefamilia-p491665-m1533484-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innmindshttps://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innmindshttps://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innminds2026-11-05 13:00:152026-11-05 13:00:15derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico491666El acceso a una justicia especializada en asuntos de familia sigue dependiendo del lugar de residencia, mientras las exigencias formales de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) están dificultando, en determinados casos, la presentación de demandas judiciales. Así lo ha advertido este jueves el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) durante la inauguración de su II Congreso de Familia y Sucesiones, que ha reunido a representantes de la judicatura, la abogacía y otras disciplinas para examinar los problemas pendientes del sistema y la evolución de los criterios judiciales en materias que afectan directamente a las familias. Desigualdades territoriales y obstáculos de acceso a la justicia Durante la apertura del Congreso, la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha reivindicado nuevamente que la especialización judicial en familia, infancia y capacidad se extienda a todo el territorio nacional para evitar las diferencias que actualmente existen entre quienes pueden acudir a órganos especializados y quienes deben plantear sus asuntos ante tribunales con competencias en distintas materias. La previsión de creación de secciones de Familia, infancia y capacidad en los nuevos tribunales de instancia ha reconocido la reivindicación de la abogacía de familia pero al no estar implantado en todo el territorio nacional, "Sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según dónde vivan", ha advertido, al defender una organización judicial que garantice una atención especializada a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. Asimismo, ha reiterado la reivindicación de un código de familia específico para el territorio de Derecho común. Winkels también ha alertado de que la obligación de acreditar documentalmente los intentos de negociación previa está provocando inadmisiones de demandas, por defectos formales, incluso en situaciones familiares especialmente delicadas, porque no siempre los tribunales admiten solicitudes de 158 del código civil. En este sentido, ha reiterado la voluntad del Colegio de seguir reclamando la supresión de este requisito en materia de familia, y muy especialmente en los procedimientos internacionales, por constituir un obstáculo para el acceso a la justicia. La vicedecana ha recordado que la negociación ya forma parte de la práctica habitual de la abogacía de familia y ha cuestionado que las dificultades para justificar formalmente esos intentos puedan impedir el examen judicial del fondo de los conflictos. En relación con esta reivindicación, Winkels ha lamentado que la disolución de las Cortes haya interrumpido la tramitación de una reforma legislativa destinada a modificar la obligatoriedad de los MASC en los procesos de familia. "La convocatoria electoral ha frustrado una opción que teníamos al alcance de las manos", ha señalado, tras recordar los avances conseguidos para recabar apoyos parlamentarios a esta modificación. La proposición de ley presentada por el PNV había superado el trámite de toma en consideración el pasado 22 de septiembre, con 340 votos a favor y siete en contra. El Supremo insiste en adaptar las decisiones judiciales a la realidad de cada familia Tras las intervenciones institucionales, la primera mesa del Congreso ha puesto el foco en los criterios con los que los tribunales resuelven los conflictos familiares. El magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg, con el abogado especialista Jose Luis Cembrano, ha examinado algunas de las resoluciones más relevantes del último año, con especial atención a la protección de menores, las relaciones familiares y las consecuencias patrimoniales de las rupturas. "Las relaciones familiares no son estáticas, sino que son dinámicas", ha señalado el magistrado, al defender la flexibilidad procesal necesaria para que los tribunales puedan valorar cambios relevantes producidos durante la tramitación de un procedimiento. A propósito de la sentencia 222/2026, de 12 de febrero, ha explicado que una modificación sobrevenida de la custodia de los hijos no puede quedar al margen de la decisión judicial por el mero hecho de haberse producido después de la demanda. Los órganos judiciales deben tener en cuenta las nuevas circunstancias que afectan al bienestar de los menores y evitar que las limitaciones procesales conduzcan a resoluciones desconectadas de su situación real. Este criterio de protección individualizada ha estado también presente en el análisis de la sentencia 216/2026, relativa al régimen de visitas entre un progenitor y su hija en un contexto de violencia familiar. Seoane ha subrayado que el interés superior del menor exige una motivación judicial reforzada y una ponderación de las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, ha advertido de que los órganos judiciales no pueden delegar en los profesionales de los puntos de encuentro familiar la decisión sobre cómo debe evolucionar el régimen de visitas. "El punto de encuentro puede informar al juez pero es el juez el que tiene que decidir", ha afirmado, insistiendo en que estas decisiones corresponden a los tribunales, aunque puedan apoyarse en evaluaciones e informes técnicos. La protección de los vínculos familiares también ha ocupado una parte destacada de su intervención. El magistrado ha analizado la sentencia 589/2026, de 16 de abril, de la que fue ponente, que reconoce la legitimación de dos tías abuelas para recurrir una medida administrativa de protección de una menor que contemplaba su acogimiento con fines adoptivos. La resolución considera que los familiares que acreditan un interés legítimo en asumir su cuidado deben poder intervenir en el procedimiento, sin que ello suponga reconocerles automáticamente el derecho a obtener la guarda o la adopción. "Luego, si es idónea o no, ya se verá en el expediente. Pero, por de pronto, vamos a admitir la legitimación", ha explicado Seoane, quien ha destacado la importancia de que los tribunales puedan examinar las alternativas que ofrece la familia extensa antes de adoptar decisiones que afecten de forma decisiva a los vínculos familiares de los menores. En este mismo ámbito de protección de la infancia, el magistrado ha abordado la responsabilidad civil de los centros de reproducción asistida a propósito de la sentencia 671/2026, de 5 de mayo, dictada por el Pleno de la Sala Primera. La resolución confirma la responsabilidad de una clínica por los daños sufridos por un menor nacido con una grave enfermedad genética, en un caso en el que se habían incumplido obligaciones de control relacionadas con los gametos utilizados. Seoane ha destacado el carácter novedoso del pronunciamiento, que aborda las consecuencias jurídicas de estas omisiones cuando el daño se manifiesta en una persona nacida mediante técnicas de reproducción asistida. Vivienda familiar, herencias y límites a la desheredación La primera mesa también ha permitido examinar las consecuencias patrimoniales de las rupturas familiares y los criterios que está aplicando el Tribunal Supremo para resolver controversias sobre la titularidad de bienes, la liquidación de gananciales y los derechos hereditarios. Uno de los asuntos tratados ha sido la calificación de la vivienda familiar adquirida antes del matrimonio. Seoane ha explicado que, conforme a la sentencia 377/2026, de 10 de marzo, las cantidades abonadas con dinero ganancial para amortizar un préstamo personal utilizado en la adquisición de la vivienda pueden generar una participación de la sociedad de gananciales en su propiedad, y no únicamente un derecho de reembolso. El criterio extiende a esta modalidad de financiación el tratamiento aplicado a los préstamos hipotecarios, siempre que concurran las circunstancias exigidas legalmente. En materia sucesoria, el magistrado ha prestado especial atención a las desheredaciones motivadas por la ruptura de las relaciones entre padres e hijos. A propósito de dos sentencias dictadas el pasado 7 de abril, ha explicado que el maltrato psicológico puede constituir una causa legítima de desheredación, pero que la falta de contacto familiar no permite, por sí sola, justificar la privación de los derechos hereditarios. Resulta necesario determinar las circunstancias que provocaron el distanciamiento, y valorar siempre a quien es imputable. "Lo que no tiene sentido es que sea causa legítima la desheredación de un hijo cuando fue el padre el que provocó el distanciamiento entre el hijo y él", ha señalado Seoane, al advertir de que el progenitor no puede invocar en perjuicio de sus descendientes una ruptura afectiva causada por su propio comportamiento. El magistrado ha insistido así en la necesidad de examinar la responsabilidad de cada parte en el deterioro de las relaciones familiares, especialmente cuando el alejamiento tiene su origen en situaciones de abandono durante la infancia. La mesa también ha abordado las garantías y responsabilidades de los profesionales que intervienen en los procedimientos de partición de herencias. En relación con la sentencia 610/2026, de 20 de abril, de la que fue ponente, Seoane ha aclarado que los honorarios de los contadores partidores judiciales, cuando corresponden a actuaciones realizadas en interés común de los herederos, deben distribuirse en proporción a sus respectivas participaciones hereditarias. Asimismo, ha destacado la importancia de que estos profesionales cuenten con conocimientos especializados y ha recordado las consecuencias que pueden derivarse de una actuación técnicamente defectuosa. La inteligencia artificial, entre los temas del Congreso Por su parte, la presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, ha presentado los principales contenidos de esta segunda edición del Congreso, destacando la diversidad de cuestiones que afectan al ejercicio del Derecho de Familia y Sucesiones. Entre ellas, se ha referido a la aplicación de la inteligencia artificial, una herramienta cuyo potencial considera especialmente relevante para una especialidad en la que abundan los pequeños despachos y los profesionales que ejercen individualmente. En este sentido, Zabalgo ha señalado que las posibilidades de la IA van más allá del análisis de jurisprudencia o la elaboración de escritos y pueden contribuir también a mejorar la organización y la rentabilidad de los despachos. Se trata, ha explicado, de una de las asignaturas pendientes de la abogacía de familia, cuya elevada dedicación a los clientes y a sus circunstancias personales dificulta en ocasiones una gestión eficiente del tiempo y de los recursos profesionales. Precisamente para explorar estas aplicaciones, el programa incluye esta tarde dos talleres prácticos dedicados al uso de la inteligencia artificial tanto en el trabajo jurídico como en la gestión de los despachos. El II Congreso de Familia y Sucesiones del ICAM continuará durante la mañana y tarde del jueves y la jornada del viernes con sesiones dedicadas, entre otras cuestiones, al uso de la vivienda familiar, la planificación sucesoria, los poderes preventivos, la dimensión internacional de los litigios y la prueba psicológica en los procedimientos de familia. El encuentro concluirá mañana con una ponencia de Rocío Nieto Centeno, magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid, sobre la representación del Derecho de Familia y Sucesiones en el cine y la televisión.En la inauguración del II Congreso de Familia y Sucesiones, la vicedecana Isabel Winkels advierte de la persistencia de las desigualdades territoriales en el acceso a tribunales especializados y alerta de que los requisitos formales de los MASC provocan inadmisiones de demandas en situaciones familiares graves.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Isabel-Winkels-en-la-apertura-del-II-Congreso-de-Familia-y-Sucesiones-del-ICAM-scaled-p491666-m1533502-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-maschttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Isabel-Winkels-en-la-apertura-del-II-Congreso-de-Familia-y-Sucesiones-del-ICAM-scaled-p491666-m1533502-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-maschttps://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-maschttps://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-masc2026-11-05 12:45:192026-11-05 12:45:19sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491664La compañía se ha fijado como objetivo mantener este diferencial de crecimiento durante los próximos cinco años y, para acompañar este plan, ha incorporado a Ana Espárrago y David Devesa a su Consejo Asesor, un órgano de carácter consultivo que no participa en la gestión. El refuerzo del Consejo Asesor responde a esta hoja de ruta: analizar estrategias diferenciales, identificar nichos de valoración con recorrido y acompañar el desarrollo de las líneas de negocio del grupo más allá de la tasación —consultoría, data y la actividad en Portugal—. Con la incorporación de Espárrago y Devesa, Grupo Valmesa suma dos perfiles complementarios, con experiencia en estrategia empresarial, transformación, expansión, M A, gobierno corporativo y desarrollo de negocio. El Consejo Asesor no participa en la gestión de Valmesa. Sus miembros se incorporan a título personal y su función es aportar experiencia, perspectiva y una visión externa que contribuya a la dirección en la toma de decisiones estratégicas. “Crecer por encima del sector durante cinco años más no se consigue haciendo lo mismo un poco mejor. Con Ana y David buscábamos sumar experiencia y criterio, pero también contar con personas que aporten una visión distinta, que cuestionen cuando haga falta y nos ayuden a identificar oportunidades más allá del día a día”, señala Fernando Reverte, CEO de Grupo Valmesa. Ana Espárrago, experiencia en estrategia y transformación empresarial Ana Espárrago cuenta con más de 15 años de experiencia liderando procesos de expansión, operaciones corporativas y proyectos de transformación empresarial. Licenciada en ADE y Derecho por ICADE y MBA por IESE, ha desarrollado su trayectoria profesional entre España y Estados Unidos, trabajando en firmas como PwC y BDO y liderando proyectos de estrategia, desarrollo corporativo y diversificación empresarial. “Me apetecía formar parte de esta nueva etapa, aportando mi experiencia y una visión estratégica desde fuera de la organización. Lo hago con muchas ganas de contribuir a un proyecto que está viviendo un momento de crecimiento y transformación, y espero aportar mi pequeño grano de arena para que Valmesa se convierta en un referente en el panorama nacional. Asimismo, me hace especial ilusión apoyar a una empresa de origen familiar que ha sabido mantener ese ADN, apostando por la innovación y la amplitud de miras sin perder la cercanía y la confianza que caracteriza a este tipo de compañías”, señala Ana Espárrago. David Devesa, experiencia empresarial y gobierno corporativo David Devesa es abogado, empresario y consejero, con experiencia en compañías cotizadas y no cotizadas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por IE, completó su formación en IESE con el Programa de Dirección de Family Office y en IE con el Programa de Consejero. Tras ejercer como abogado especializado en Derecho mercantil y M A en PwC, fundó en 2007 Devesa, firma legal especializada en derecho de los negocios para empresas del middle market en España, con oficinas en Madrid, Alicante y Valencia. A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de consejos de compañías cotizadas y no cotizadas de carácter familiar en sectores como fintech, inmobiliario, hotelero, construcción y alimentación. “Doy este paso con la voluntad de contribuir desde mi experiencia como empresario, abogado y consejero, especialmente en ámbitos como la estrategia, el crecimiento y el gobierno corporativo”, afirma David Devesa. Un plan a cinco años El objetivo que se ha marcado la compañía es mantener hasta 2031 el diferencial de crecimiento sobre el sector alcanzado en el último quinquenio, apoyándose en la ampliación de sus líneas de actividad, el desarrollo del negocio en Portugal y la incorporación de tecnología a los procesos de valoración. La incorporación de Espárrago y Devesa busca acompañar este proceso, aportando experiencia externa en expansión, desarrollo corporativo, M A, gobierno corporativo y generación de nuevas oportunidades de negocio.Grupo Valmesa cerró 2025 con una facturación de 14,9 millones de euros y 56.379 informes de valoración, tras registrar un crecimiento acumulado del 41% desde 2020, frente al 26% del conjunto del sector de la tasación regulada en el mismo periodo, según los datos que la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) recopila cada año a partir de las cuentas anuales depositadas por la totalidad del sector.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Valmesa-NdeP-septiembre-1-p491664-m1533466-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-2031https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Valmesa-NdeP-septiembre-1-p491664-m1533466-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-2031https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-2031https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-20312026-11-05 10:38:192026-11-05 10:38:19sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491571El tribunal declara el derecho de sus trabajadores y trabajadoras a justificar el permiso retribuido por consulta médica con un certificado de un profesional de la medicina, tanto si pertenece al Servicio Canario de la Salud como si ejerce en el sector privado. La resolución es de 22 de octubre de 2026, su ponente es la magistrada Gloria Poyatos Matas y afecta a unas 500 personas que trabajan para la compañía en las Islas. El litigio se centraba en el artículo 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, publicado en el BOC el 2 de abril de 2025, que regula el permiso para acudir al médico. Según ese artículo, el trabajador debe preavisar “con la máxima antelación posible” y aportar un justificante “en el que conste la fecha de expedición del justificante, la hora de inicio y de fin de la consulta médica”. El permiso dura “dos horas, o el tiempo efectivo que certifique el facultativo”. La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque si se admitiera la medicina privada “podría usarse abusivamente”. Los sindicatos CCOO y UGT, que también figuraban como demandados, se allanaron a la petición del sindicato demandante. Antes de entrar en el fondo, la Sala rechazó la excepción de falta de interés actual que planteó la compañía. La empresa alegaba que el único conflicto previo era una sentencia de un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife de 2013, que la condenó a pagar 47,99 euros a un trabajador. Le había descontado el tiempo de ausencia porque justificó la consulta con un médico privado. El tribunal señala que ese derecho no solo se negó entonces, sino que “es también negado por iguales razones en el momento actual”, como muestra la propia contestación de la empresa a la demanda. Por eso aprecia “un interés real, directo y actual” de la plantilla. Público o privado En cuanto al fondo, la sentencia interpreta el artículo con varios criterios. Según su texto literal, el convenio habla de “justificante médico”, “médico” o “facultativo”. Estos términos, “sin perjuicio del reproche que pueda hacerse por la ausencia del lenguaje inclusivo”, no exigen “de manera expresa que sea del sistema público de asistencia sanitaria”. Tras consultar el Diccionario de la Real Academia Española, la Sala concluye que “ningún condicionante expreso se preceptúa en su regulación literal”. En términos literales, por tanto, quedaría incluida “cualquier persona facultativa de la medicina sea del sector público o del sector privado”. Desde el punto de vista finalista, el tribunal subraya que quienes negociaron el convenio quisieron regular un permiso retribuido para que la plantilla pueda acudir a consulta por razones de salud. Se trata de un derecho protegido en el artículo 43 de la Constitución. A su juicio, “el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa”, que puede igualmente “atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento”. Por ello concluye que la finalidad del permiso “queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica”. La sentencia incorpora además de forma expresa la perspectiva de género como criterio de interpretación. Con datos de la Encuesta de Salud de España 2023, del INE y el Ministerio de Sanidad, la Sala constata que las mujeres acuden a la consulta médica más que los hombres. En el periodo analizado lo hizo el 31,3% de ellas, frente al 23,6 % de ellos. En la franja de 35 a 44 años, la diferencia sube hasta los 10 puntos. Las trabajadoras soportan además una brecha salarial del 16,07% en 2024, según el INE. Ante ese “mayor impacto” sobre la población femenina trabajadora, el tribunal afirma que debe “extremar las cautelas interpretativas integrando la perspectiva de género”. El mandato de la perspectiva de género La resolución recuerda que esta perspectiva “no es una opción para quien juzga, sino un mandato legal imperativo”, tal como confirma la doctrina del Tribunal Constitucional. Añade que es “una obligada metodología de resolución” en los conflictos que involucran relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género, “aun cuando las partes no lo soliciten expresamente”. La Sala basa este mandato en varias normas: la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Según el tribunal, esta perspectiva conduce “necesariamente a una interpretación flexible y pro persona”, que admita cualquier justificante médico, público o privado. Si no fuera así, “se incidiría nocivamente en el derecho al disfrute de este permiso de forma retribuida, con el eventual incremento, en su caso, de la brecha salarial que afecta a las trabajadoras”. Lenguaje claro Otra particularidad de la sentencia es que uno de sus fundamentos jurídicos está dedicado a resumirla en lenguaje claro. La Sala lo hace en aplicación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y “dado el impacto social de esta resolución”. En ese apartado, escrito “con lenguaje sencillo y comprensible”, explica directamente a las personas afectadas que “la sentencia reconoce que el permiso retribuido para acudir a consulta médica puede justificarse tanto con un certificado de la sanidad pública como de la privada”. Aclara también que una persona facultativa “es cualquier persona legalmente autorizada para ejercer la medicina”. Por eso, “sea público o privado tiene la misma capacidad profesional para atender, diagnosticar o prescribir un tratamiento”. El resumen recoge igualmente la dimensión de género del caso. Recuerda que las mujeres van a consultas médicas con más frecuencia que los hombres, “por lo que una interpretación restrictiva podría afectarles en mayor medida ensanchando la brecha salarial entre hombres y mujeres”. Concluye que “la empresa debe aceptar, sin distinción, los justificantes de consulta médica expedidos por profesionales de la sanidad pública o privada”.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con sede en Las Palmas de Gran Canaria ha estimado la demanda de conflicto colectivo que presentó la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo (CESHA) contra la empresa Atlántica de Handling SLU.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2755910713-1-p491571-m1533222-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2755910713-1-p491571-m1533222-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privado2026-11-05 08:26:342026-11-05 08:26:34sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social491570Defender a una persona que llega a una frontera sin conocer sus derechos, ayudar a que alguien con discapacidad pueda desarrollar su vida con autonomía y conseguir que el trabajo de quienes luchan contra las injusticias llegue a miles de personas. Son realidades muy distintas, pero todas tienen algo en común: detrás de ellas hay personas y organizaciones que llevan años trabajando para que la igualdad sea algo más que un principio recogido en las leyes. Este compromiso es el que reconoce este año Abogacía Española con sus XXVIII Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer”, que se celebran bajo el lema “No hay derechos de primera. Ni personas de segunda”, con especial atención a la igualdad y a la lucha contra la discriminación. En esta edición, el jurado ha distinguido a Isabel Valriberas, decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, en la categoría de Persona; al Grupo Social ONCE, en la de Institución; y a Rubén Vigil Fernández, jefe del Área de Comunicación y Prensa de la Fundación Princesa de Asturias, en la de Comunicación. El Premio Especial Nacho de la Mata, dedicado a la defensa de los derechos de la infancia, ha recaído en Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es. Los cuatro galardonados han desarrollado su labor en ámbitos muy diferentes, pero sus trayectorias comparten una misma preocupación: que las circunstancias de una persona, ya sea su origen, una discapacidad o su situación personal, no se conviertan en un obstáculo para ejercer sus derechos. Asimismo, el jurado ha otorgado una mención especial al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en reconocimiento a su labor de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. A través del seguimiento de los discursos de odio y de iniciativas de sensibilización, el Observatorio contribuye a visibilizar estas situaciones y a promover una sociedad más respetuosa con la diversidad. La defensa de los derechos humanos, desde la frontera en Ceuta Isabel Valriberas ha destacado por su compromiso con el derecho de defensa en Ceuta, especialmente durante las crisis migratorias que ha vivido la ciudad. Su labor al frente del Colegio de la Abogacía y su defensa del Turno de Oficio han sido fundamentales para garantizar la asistencia jurídica a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, en un territorio donde el acceso a la justicia plantea desafíos especialmente complejos. Grupo Social ONCE, convertir la igualdad en oportunidades reales El Grupo Social ONCE recibe el reconocimiento por su trayectoria en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Cuenta con cerca de 80.000 profesionales, el 59% de ellos con discapacidad, y destinó 262,6 millones de euros a inversión social directa. Un compromiso que se traduce en empleo, accesibilidad y oportunidades para miles de personas. Rubén Vigil, más de 20 años dando visibilidad a historias que merecen ser contadas Por su parte, Rubén Vigil Fernández lleva más de 20 años al frente de la comunicación de la Fundación Princesa de Asturias, desde donde ha contribuido a dar visibilidad a personas y organizaciones comprometidas con los derechos fundamentales. Su trayectoria pone de relieve el papel de la comunicación para acercar estas causas a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo de quienes defienden la dignidad humana. Gabriela Sánchez, una voz en defensa de los derechos de la infancia migrante Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es, recibe el Premio Especial Nacho de la Mata por su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia migrante. A través de sus investigaciones, ha dado visibilidad a situaciones de abandono, desprotección y vulneración de derechos que afectan a menores migrantes no acompañados, especialmente en Ceuta. Su trabajo ha contribuido a denunciar las deficiencias de los sistemas de acogida y las expulsiones sin garantías, dando voz a niños, niñas y adolescentes cuyas historias a menudo quedan fuera del debate público. 28 ediciones reconociendo el compromiso con los derechos humanos A lo largo de sus 28 ediciones, los Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer” se han convertido en una oportunidad para reconocer públicamente el trabajo de personas y organizaciones que, muchas veces lejos de los focos, dedican su trayectoria a defender los derechos fundamentales. Desde la abogacía hasta el periodismo, pasando por las organizaciones sociales y otras iniciativas ciudadanas, estos galardones ponen en valor distintas formas de compromiso con la dignidad humana. Con ellos, Abogacía Española busca también acercar estas historias a la sociedad, reconocer el impacto de quienes las protagonizan y recordar la importancia de seguir prestando atención a las situaciones en las que los derechos fundamentales se ven amenazados. Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reunirá a los premiados y a representantes del mundo jurídico y de la sociedad civil.La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reconocerá el compromiso de personas y organizaciones con la defensa de los derechos fundamentales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Premios-DDHH-CGAE-p491570-m1533204-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Premios-DDHH-CGAE-p491570-m1533204-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanos2026-11-04 13:30:142026-11-04 13:30:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491568Los magistrados consideran que la mercantil impuso esa prenda exclusivamente a su personal femenino “por meras razones estéticas o de imagen”, por lo que confirman la sentencia previa dictada por un juzgado. Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción a la mercantil por una falta muy grave, por imponer en julio de 2022 una prenda de adorno adicional a la uniformidad obligatoria, de uso exclusivo por el personal femenino, sin causa justificada, lo que constituía una discriminación directa por razón de sexo. La Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana confirmó la infracción y sancionó a la empresa con 25.000 euros. La empresa recurrió en vía judicial la resolución administrativa, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó la demanda y ratificó la sanción. En esa sentencia emitida en primera instancia, en mayo del pasado año, el juzgador consideró acreditada la imposición injustificada de la cofia a las empleadas y determinó que implicaba una discriminación directa por razones de sexo, castigada como una falta muy grave en el artículo 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El juzgado de lo Social apreció como dato relevante que la empresa sancionara a 18 empleadas por haberse negado a usar la diadema en tres eventos de gala, aunque días más tarde, cuando ya había sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo, rectificara, dejara sin efecto las sanciones y comunicara al comité de empresa que por el momento se dejaría de utilizar la prenda. La mercantil recurrió el fallo de instancia en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJCV, que ha rechazado ahora ese recurso en una sentencia dictada el pasado 22 de septiembre. Los magistrados del Alto Tribunal autonómico rechazan modificar los hechos declarados probados por el Juzgado de lo Social 13 de Valencia y, al mantenerlos, concluyen que se ha acreditado que la imposición de la vestimenta “implicaba solo a mujeres y carecía de causa objetiva”. “La solución de la sentencia de instancia es coherente con la doctrina del Tribunal Supremo sobre uniformes diferenciados por sexo”, precisa el Tribunal, y que puede resumirse en que la imposición de una “indumentaria femenina específica, sin opción equivalente, y sin justificación objetiva, puede vulnerar la igualdad, ordenándose restablecerla”. A juicio de la Sala, en este caso “hubo exclusividad por sexo en la imposición, no existía un equivalente real para hombres en condiciones comparables, ni existía una justificación objetiva y proporcionada ligada a una finalidad legítima, no estereotipada, y necesaria”. “Ante estos datos, el argumento de que no hubo intencionalidad discriminatoria no es determinante frente a una diferencia de trato por sexo apreciada como directa”, recoge la sentencia de suplicación, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción de 25.000 euros impuesta a una empresa de catering de Valencia por obligar a sus empleadas a llevar una cofia o diadema en la cabeza, lo que supone una discriminación por razón de sexo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2781396569-1-p491568-m1533168-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2781396569-1-p491568-m1533168-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofiahttps://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofiahttps://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofia2026-11-04 13:00:352026-11-04 13:00:35socialSocial13Social491567Nani era hasta ahora asociada sénior del departamento y cuenta con más de quince años de experiencia en el asesoramiento en todo tipo de materias de Derecho Inmobiliario y Urbanismo, con gran especialización en proyectos con desarrollo urbanístico en curso y activos con complejidad sectorial/regulatoria. Asesora a fondos, entidades financieras o inversores nacionales e internacionales en inversiones inmobiliarias, procesos de due diligence y comercialización de todo tipo de inmuebles y activos de uso residencial, comercial, industrial y logístico, así como en proyectos de energías renovables y centros de datos. Dentro del departamento de Derecho Inmobiliario, presta asesoramiento recurrente en el análisis de viabilidad urbanística, medioambiental y regulatoria de los proyectos, así como el asesoramiento completo ad-hoc en las transacciones. También ha asesorado a clientes del sector privado en la redacción de instrumentos urbanísticos y en diversos procedimientos en vía administrativa, incluyendo procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la legalidad urbanística, y en vía contencioso-administrativa en materia urbanística, de consumo, patrimonio histórico y medio ambiente. En palabras de Ismael Fernández Antón, socio director del departamento de Derecho Inmobiliario en Madrid: "El nombramiento de Nani es un reconocimiento más que merecido a su talento, su rigor técnico y su compromiso con nuestros clientes. Su profundo conocimiento del Derecho Urbanístico es un activo clave para nuestra práctica inmobiliaria, especialmente en un momento de fuerte actividad en sectores como el logístico, las energías renovables o los centros de datos. Estamos muy orgullosos de seguir creciendo con talento propio". Por su parte, Jorge Vázquez Orgaz, socio director del despacho en Madrid, ha añadido: " Desde su incorporación a Ashurst en noviembre de 2021, Nani ha sido una pieza clave del equipo. Este nombramiento es, ante todo, el reconocimiento a la calidad de su trabajo, a su compromiso y a la contribución que ha realizado durante estos años, así como a la confianza que ha sabido ganarse con clientes y compañeros. Creemos que es un logro del que todos podemos sentirnos orgullosos, y que refleja la calidad de nuestros profesionales. También la capacidad del despacho para impulsar su desarrollo". Nani de Prada ha manifestado su satisfacción por el nombramiento: "Es un orgullo asumir esta nueva responsabilidad en Ashurst Perkins Coie. Agradezco la confianza del despacho y de mis compañeros, y afronto con mucha ilusión esta nueva etapa para seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra práctica de Inmobiliario y Urbanismo".Esta promoción reconoce su trayectoria tras cinco años en la firma y refuerza aún más la práctica de urbanismo y ordenación del territorio, de la que Nani es especialista, completando el asesoramiento a los clientes con un alto valor añadido en materia sectorial, ambiental y regulatoria. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/M.A.PRADA_-scaled-p491567-m1533150-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madridhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/M.A.PRADA_-scaled-p491567-m1533150-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madridhttps://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madridhttps://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madrid2026-11-04 11:30:282026-11-04 11:30:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491569Este incremento del 4,9%, equivalente a 60 euros mensuales más, está en línea con la evolución de los precios en los meses de septiembre y octubre, cuando la inflación interanual se situó en este mismo porcentaje. Con esta subida, los expertos consideran que el SMI no perdería poder adquisitivo, cumpliendo así el mandato dado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de garantizar el poder de compra de esta renta mínima. También se cumpliría, a juicio de los expertos, el mandato establecido en la Carta Social Europea de que el SMI represente al menos el 60% del salario medio. La subida propuesta por la comisión asesora, adelantada por algunos medios, cuenta con que el SMI seguirá sin tributar en el IRPF, tal y como pretende seguir haciendo el Gobierno para el ejercicio 2027. Este alza del 4,9% está por debajo de la demanda de CCOO y UGT de subir el SMI al menos un 7% en 2027, hasta los 18.290,58 euros anuales ó 1.306,5 euros mensuales por catorce pagas (unos 85,5 euros más al mes que ahora). En términos anuales, la subida propuesta por las centrales sindicales supone un SMI de unos 1.196 euros brutos más al año que los 17.094 euros actuales. Según han confirmado a Europa Press en fuentes de Trabajo, el informe de los expertos ya está en manos de la vicepresidenta segunda, quien encargó a la comisión que hiciera su propuesta de subida para el ejercicio 2027 antes de finales de octubre o principios de noviembre, como tope máximo. La intención del Gobierno es aprobar la subida del SMI de 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Una vez recibido el informe, Trabajo convocará a los agentes sociales para abordar la propuesta de los expertos, como ha hecho siempre.La Comisión de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al Ministerio de Trabajo subirlo un 4,9% en 2027, desde los actuales 1.221 euros al mes por catorce pagas hasta 1.281 euros, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2398221427-1-p491569-m1533186-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-meshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2398221427-1-p491569-m1533186-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-meshttps://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-meshttps://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-mes2026-11-04 10:51:392026-11-04 10:51:39socialSocial13Social