https://elderecho.com/feedes487172Mejorar la atención a los profesionales se ha convertido en uno de los objetivos de la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Organización de los Tribunales de Instancia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. El documento propone canales específicos de comunicación y fija objetivos concretos de respuesta ante dificultades que abogadas y abogados vienen encontrando en su día a día y que Abogacía Española ha reclamado solucionar de forma reiterada durante los últimos meses. La guía reconoce problemas de falta de información, dificultades para localizar los procedimientos y obstáculos crecientes para contactar con funcionarios y letrados de la Administración de Justicia. Para afrontarlos, plantea correos electrónicos específicos, ventanillas especializadas, atención telefónica diferenciada y canales digitales preferentes para los profesionales. Además, fija como objetivo que más del 90% de sus consultas se resuelvan en una primera respuesta y en menos de 24 horas. Son problemas que Abogacía Española conoce de primera mano, ya que ha venido recabando las experiencias de los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía de todo el territorio y trasladándolas a las instituciones responsables de la reforma. El informe elaborado a partir de estas aportaciones constató, junto a algunas mejoras, graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales, además de otras incidencias en la implantación de los Tribunales de Instancia. Esta falta de atención e interlocución fue precisamente una de las cuestiones que el presidente de Abogacía Española, Salvador González, puso sobre la mesa en su reciente reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, junto a los presidentes de Procuradores y Graduados Sociales. Los tres Consejos reclamaron una solución urgente a una situación que afecta diariamente el ejercicio profesional y pidieron también la constitución de la Comisión Mixta de Calidad prevista en la Ley Orgánica 1/2025 para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. Abogacía Española ha mantenido esta misma posición ante el Poder Judicial. Salvador González ha participado en el grupo de trabajo liderado por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, creado como espacio de interlocución con las instituciones que trabajan en la implantación de los Tribunales de Instancia. La nueva guía supone ahora un avance en esa dirección. En La Rioja, uno de los territorios piloto, ya se han habilitado ventanillas diferenciadas para profesionales y ciudadanía para evitar esperas innecesarias y agilizar la atención. El documento establece además que la evaluación del nuevo modelo deberá incorporar la experiencia de quienes se relacionan con él diariamente. Para Abogacía Española, convertir estos problemas cotidianos en medidas concretas es un paso necesario para que la reforma alcance los objetivos para los que fue concebida. Como resume la propia guía del CGPJ, “la calidad de la comunicación es tan importante como la calidad de la organización interna”. El Consejo General de Abogacía Española continuará trasladando las incidencias detectadas por los Colegios y reclamando los recursos y ajustes necesarios para que el cambio organizativo se traduzca en una mejora real del servicio público de Justicia.La nueva Guía de Buenas Prácticas del CGPJ recoge medidas concretas para mejorar esta atención, con canales específicos para profesionales y respuestas en menos de 24 horashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Guia-Tribunales-de-Instancia-del-CGPJ_img-p487172-m1519678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Guia-Tribunales-de-Instancia-del-CGPJ_img-p487172-m1519678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instancia2026-08-25 15:55:312026-08-25 15:55:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487174En mayo de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (en adelante, PEMA), con el fin de diseñar un nuevo sistema de gestión de la migración y del asilo que fuera común a todos los Estados miembros. El PEMA se ha traducido en diez textos legislativos adoptados formalmente el 14 de mayo de 2024 y que se aplican desde el pasado 12 de junio de 2026. Uno de esos textos es la Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y que debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales. La adaptación al PEMA a la legislación española requiere la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los objetivos perseguidos con esta norma son: - Adaptar la normativa española al PEMA. - Regular las medidas relativas a la libertad de circulación contenidas en la Directiva del PEMA para asegurar el cumplimiento del deber de permanecer a disposición de las autoridades competentes por parte de las personas solicitantes de protección internacional y de las que estén sujetas a los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable o de reubicación en el territorio español. Con ello, se garantiza la efectividad de las resoluciones recaídas en el ámbito administrativo y judicial. Para cumplir con estos objetivos, las principales novedades aportadas son las siguientes: - La reforma incorpora la figura del triaje de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada y que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado. - El anteproyecto regula la obligación impuesta por el PEMA de no autorizar la entrada al territorio español hasta que se complete el triaje. El reglamento europeo permite que este procedimiento dure hasta siete días, pero en la norma española seguirá siendo de 72 horas (prorrogables sólo por decisión judicial en casos individuales justificados) para limitar al mínimo imprescindible el tiempo durante el cual la persona extranjera debe permanecer en instalaciones policiales. - El anteproyecto recoge el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA para agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional, retorno que debe ser ejecutado en un plazo de doce semanas de forma tan eficaz como garantista. - Para los solicitantes de protección internacional, la reforma regula un derecho de permanencia en el país que no da derecho a obtener una autorización de residencia en caso de que esa persona incurra en alguna de las figuras jurídicas que le harían acreedor de una denegación de entrada o de una orden de devolución. - Si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona solicitante recibirá la notificación junto a la denegación de entrada que le impone la obligación de abandonar el país.El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2820886199-1-p487174-m1519716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2820886199-1-p487174-m1519716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-social2026-08-25 14:17:472026-08-25 14:17:47administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487175La Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales. Para adaptar el ordenamiento jurídico español a la nueva normativa europea, se ha descartado una modificación parcial de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y se ha optado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes a tramitar un anteproyecto de nueva ley de asilo. Los objetivos perseguidos con este anteproyecto de ley son: - Adaptar la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. - Establecer un marco jurídico integral sobre la protección internacional que evite la dispersión normativa en la materia y facilite su mejor comprensión y conocimiento por la ciudadanía. - Renovar los procedimientos en materia de protección internacional para que sean más ágiles y eficaces. - Reforzar las garantías jurídicas para las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. - Introducir la utilización de medios electrónicos en estos procedimientos. Para cumplir con estos objetivos, las principales novedades aportadas son las siguientes: - Incrementa las garantías para las personas solicitantes y mejora el abordaje de situaciones de vulnerabilidad mediante la evaluación individual sobre la necesidad de aplicar garantías especiales en el procedimiento y en las condiciones de acogida. - Las garantías y previsiones respecto de los menores desamparados incluyen la regulación de la figura del representante de los que soliciten protección internacional y clarifican aspectos como la tutela, búsqueda de familiares y presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación. - El anteproyecto incluye disposiciones orientadas a clarificar los distintos actos que componen el acceso al procedimiento (la formulación, el registro y la formalización de la solicitud) y concretar los plazos para realizarlos, que se reducen, en especial mediante la introducción de un nuevo procedimiento acelerado que ha de estar resuelto en tres meses. - El anteproyecto incorpora el procedimiento de frontera previsto en el Reglamento (UE) 2024/1348, de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de doce semanas, durante el cual el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades, cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal al país y facilita su retorno en caso de denegación de la protección internacional. - El texto actualiza los conceptos básicos del sistema de asilo y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria, e incorpora realidades que ya son relevantes en la práctica como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad. - En la protección subsidiaria, se precisan los daños graves que pueden justificarla, incluidas las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de civiles en contextos de conflicto armado. - El anteproyecto ordena con más detalle cómo deben examinarse las solicitudes y regula con mayor precisión la acogida de las personas solicitantes, incluidas la atención a necesidades particulares, la escolarización de menores, la autorización para trabajar, la asistencia sanitaria, las condiciones materiales de acogida y su posible reducción o retirada en determinados supuestos. - La regulación de las personas beneficiarias se completa con una ordenación más clara de su residencia, circulación y documentación, amplía las medidas de integración y prevé atención específica para personas con necesidades especiales como menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o víctimas de tortura, violencia o trata. - El texto desarrolla los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro, que pueden influir en la admisión o en la forma de tramitar las solicitudes e introduce la posibilidad de integrar en la resolución denegatoria una decisión de retorno. - La norma simplifica el régimen de recursos: refuerza la vía contencioso-administrativa y elimina, con carácter general, el recurso administrativo previo. - Por último, el Ministerio del Interior queda configurado como autoridad decisoria y se actualizan las funciones de los órganos y entidades que intervienen en el sistema. El anteproyecto refuerza la confidencialidad de todos los procedimientos, la formación del personal y la modernización de las comunicaciones con las personas interesadas, incorporando el uso de medios electrónicos.El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de asilo a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2438065389-1-p487175-m1519734-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2438065389-1-p487175-m1519734-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilohttps://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilohttps://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilo2026-08-25 14:00:492026-08-25 14:00:49administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487127De esta forma, estima el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol que lo declaró procedente. En el fallo, los magistrados explican que el afectado tuvo una discusión con un compañero y abandonó su puesto sin avisar a nadie, lo que motivó que el encargado asumiera sus funciones y el resto de la plantilla permaneciera más horas. Como consecuencia, la empresa abrió trámite de audiencia y le comunicó el despido disciplinario por dos faltas muy graves del artículo 82 del convenio colectivo de aplicación -sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de A Coruña-. El TSXG explica que, si bien el abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada constituye una infracción grave, “no justifica el despido si el perjuicio para la empresa o para la plantilla no está especialmente cualificado”. En este caso, entiende que “no se ha acreditado que haya supuesto un riesgo para la salud de la plantilla, ni que causara un accidente de trabajo, ni que el perjuicio ocasionado a la empresa sea equivalente”. Por lo tanto, concluye que, “atendiendo a un criterio racional de proporcionalidad”, no se justifica la máxima sanción de despido disciplinario. Tampoco la Sala aprecia que la conducta del trabajador encaje en la infracción muy grave recogida en el convenio colectivo sobre “fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas”, pues subraya que su actuación “se podrá tildar de errática o caprichosa, pero no es constitutiva de infracción disciplinaria”. En consecuencia, el TSXG estima el recurso, por lo que condena a la empresa a que readmita al demandante, con abono de los salarios dejados de percibir hasta su readmisión o hasta que hubiera encontrado otro empleo, o a que, a su elección, la compañía opte, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia y sin esperar a su firmeza, por el abono de una indemnización de 11.462,27 euros. La resolución no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sala de lo Social. Sentencia nº 3074/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declara la improcedencia de un despido disciplinario de un trabajador que prestaba servicio en un astillero y, por tanto, lo revoca.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2742968573-1-p487127-m1519558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2742968573-1-p487127-m1519558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisar2026-08-25 11:24:402026-08-25 11:24:40sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487148"La ratificación del protocolo, que fue firmado en 2019, permitiría agilizar la adopción de dichas medidas y evitar demoras en su aplicación, especialmente en aquellos supuestos que revisten carácter urgente como el que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta", ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota, tras la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de este martes para evaluar la situación de los órganos judiciales ceutíes tras la crisis migratoria. Además, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento las medidas de refuerzo adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla para el Tribunal de Instancia de Ceuta, que incluye un calendario de doble guardia de jueces y una oferta de comisión de servicio para reforzar plazas judiciales de instrucción, guardia y violencia sobre la mujer, entre otras. El refuerzo, anunciado a última hora de la tarde de ayer, lunes, por el CGPJ, se produjo después del envío de una carta por parte del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, al secretario general del órgano de gobierno de los jueces, Miguel Hernández, en la que el Gobierno urgía al Poder Judicial a tramitar la solicitud para el refuerzo de los tribunales de la ciudad autónoma. De hecho, la Comisión Permanente también ha tomado conocimiento formal de la comunicación remitida por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del CGPJ. Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces ha trasladado que la comisión de servicio para el refuerzo de las plazas 1 a 6 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta cuenta, hasta ahora, con cuatro peticiones.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la convocatoria de la Comisión Mixta entre ambos órganos para "ultimar" el texto del protocolo de medidas de apoyo y refuerzo de los tribunales, con el objetivo de "evitar demoras" en situaciones de carácter "urgente" como las de Ceuta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-JudicialCGPJ_EDEIMA20150109_0014_1-p487148-m1519608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-JudicialCGPJ_EDEIMA20150109_0014_1-p487148-m1519608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceuta2026-08-25 11:15:552026-08-25 11:15:55sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487082Según la resolución, la trabajadora estuvo en baja por enfermedad común desde septiembre de 2022 hasta agotar los 545 días máximos. Aunque la Seguridad Social determinó inicialmente en abril de 2024 que no sufría ninguna incapacidad permanente, ella impugnó la decisión tras ser rechazada su reclamación por silencio administrativo. Su cuadro clínico incluye ‘enfermedad de Meniere’ bilateral grave (con vértigos, crisis de inestabilidad, caídas e hipoacusia), temblor en el brazo derecho y un trastorno ansioso-depresivo. Finalmente, la sentencia de la sección estimó su demanda de forma subsidiaria, declarándola en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, lo que le da derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora de 1.327,67 euros mensuales con efectos a partir del 27 de junio de 2024. La parte recurrente argumenta que el riesgo de sufrir crisis de vértigo y caídas súbitas es inherente a la profesión de logopeda, basándose en su interpretación de la sentencia de instancia. Sin embargo, una lectura detallada de la resolución demuestra que el magistrado no fundamenta el compromiso laboral en el riesgo de caídas, sino en el déficit auditivo. Es esta dolencia la que, al impedir la comunicación, afecta de manera directa y grave el desempeño de las funciones esenciales de una logopeda. El Tribunal Superior de Justicia determina que la trabajadora tiene derecho a la incapacidad permanente total (IPT) para su profesión de logopeda, pero no a la absoluta. La Sala argumenta que la hipoacusia (pérdida auditiva) que padece afecta directamente a su capacidad de comunicación, la cual es un requisito indispensable y de máxima exigencia en su trabajo. Por lo tanto, la declaración de IPT está totalmente justificada por la Seguridad Social. Concluye la demandante conserva su capacidad laboral para otros empleos que no requieran estas exigencias comunicativas ni impliquen riesgos físicos, como la exposición a entornos peligrosos o el uso de maquinaria pesada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Asturias. Sala de lo Social. Sentencia nº 862/2026 de 19 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la incapacidad permanente total para ejercer su profesión dictaminada por un juzgado Social de Gijón a una logopeda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2310519311-1-p487082-m1519243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2310519311-1-p487082-m1519243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditiva2026-08-25 11:00:092026-08-25 11:00:09socialSocial13Social487160Al haber una única candidatura, Garamendi será proclamado el próximo 1 de octubre como presidente de la CEOE sin necesidad de votación en la asamblea electoral, tal y como prevén los Estatutos. Desde que confirmó el pasado mes de junio que optaría a la reelección, el empresario vasco ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones miembro de la CEOE, entre ellas las patronales de Madrid (CEIM), Cataluña (Foment) y País Vasco (Confebask); la patronal Confemetal; los autónomos de ATA, o Asedas, la patronal de Mercadona y Lidl. Así, según han indicado las fuentes de CEOE consultadas, el respaldo con el que cuenta Garamendi va "bastante más allá" de los avales necesarios para presentar su candidatura, teniendo ya el apoyo de una "amplísima mayoría" de organizaciones tanto territoriales como sectoriales. Tercer mandato para Garamendi Garamendi emprenderá el próximo 1 de octubre, tras su proclamación como presidente, su tercer mandato al frente de la CEOE. El empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la patronal española en noviembre de 2018 y cuatro años después revalidó su mandato por otros cuatro años tras conseguir el respaldo de 534 votos en la Asamblea Electoral de la CEOE, frente a los 87 votos obtenidos por su rival, Virginia Guinda, miembro de la patronal catalana Foment del Treball. Garamendi, nacido en Gexto (Vizcaya), es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell. Durante el mandato actual de Garamendi, que se inició en noviembre de 2022, la CEOE votó a favor de eliminar la limitación de dos mandatos que introdujo en su día Juan Rosell, lo que ha permitido a Garamendi optar de nuevo a la reelección en estas elecciones.El actual presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, será el único candidato a la Presidencia de la patronal en las elecciones del próximo 1 de octubre tras cerrarse en la medianoche de ayer el plazo para presentar candidaturas sin ninguna lista rival, han confirmado a Europa Press en fuentes de la organización empresarial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/02/a80fe9516db6131e0a25c0225d52f568-p487160-m1519642-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/garamendi-no-tendra-rival-en-las-elecciones-y-sera-reelegido-presidente-de-la-ceoe-el-1-de-octubrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/02/a80fe9516db6131e0a25c0225d52f568-p487160-m1519642-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/garamendi-no-tendra-rival-en-las-elecciones-y-sera-reelegido-presidente-de-la-ceoe-el-1-de-octubrehttps://elderecho.com/garamendi-no-tendra-rival-en-las-elecciones-y-sera-reelegido-presidente-de-la-ceoe-el-1-de-octubrehttps://elderecho.com/garamendi-no-tendra-rival-en-las-elecciones-y-sera-reelegido-presidente-de-la-ceoe-el-1-de-octubre2026-08-25 10:05:252026-08-25 10:05:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487029En la sentencia, que puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, el TSJN revoca un fallo de la plaza nº 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona. La demandante, ingeniera de software en una empresa desde 2006, solicitó en mayo de 2025 trabajar en modalidad de teletrabajo el 100% de su jornada para poder cuidar a su madre . La firma le denegó la solicitud porque no convivía con ella . Desde la pandemia de COVID-19, la recurrente y sus compañeros habían teletrabajado al 100%, pero desde mayo de 2025 la empresa exigió presencialidad al menos dos días a la semana, por requerimiento del cliente principal (Gobierno de Navarra). La empleada demandó a la empresa solicitando el derecho a teletrabajar el 100% de la jornada y una indemnización por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. El tribunal de instancia desestimó la demanda al considerar que la entidad había justificado necesidades organizativas y que la trabajadora ya disfrutaba de tres días de teletrabajo y flexibilidad horaria. El demandante recurrió ante el TSJN. Alegó que la empresa no había cumplido con el proceso de negociación exigido por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que la negativa se basó en un requisito (convivencia) no exigido legalmente. En su sentencia, la Sala de lo Social reconoce que la empresa no abrió un proceso de negociación real , como exige la ley, antes de denegar la solicitud de teletrabajo. “Así pues, no constando en el caso que nos ocupa que la empresa cumpliera con el preceptivo trámite del artículo 34.8 ET, que exige abrir una negociación (de una duración máxima de 15 días) en la que se hicieran propuestas y contrapropuestas, antes de dar una respuesta negativa, considera la Sala que la sentencia sí ha vulnerado el artículo 34.8 ET en cuanto a considerar cumplido el trámite formal, lo que va a dar lugar a la estimación del recurso en cuanto a la petición de la adaptación de jornada solicitada (en forma de teletrabajo todos los días)”, razonan los jueces. Así, los magistrados reconocen el derecho a teletrabajar el 100% de la jornada, pero desestiman la petición de indemnización tanto por daños morales como por vulneración de derechos fundamentales.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una empleada que reclamaba su derecho a teletrabajar el 100% de la jornada para poder cuidar a su madre, diagnosticada con Alzheimer y con un 65% de discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2129756339-1-p487029-m1519073-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2129756339-1-p487029-m1519073-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enferma2026-08-24 10:57:302026-08-24 10:57:30sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487070Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estas nuevas medidas se plantean tras la carta remitida este lunes por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del CGPJ en la que el Gobierno urgía al Poder Judicial a reforzar los tribunales ceutís tras la entrada masiva de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio. A dicho documento se le ha dado "inmediato traslado" a la Comisión Permanente del CGPJ. Por un lado, el TSJA acordará este martes establecer un calendario para que, "hasta que la situación se normalice", siempre haya dos jueces de guardia en el partido judicial de la Ciudad Autónoma. Esta medida se ampara en el artículo 47 del Reglamento de Aspectos Accesiorios de Actuaciones Judiciales. El segundo acuerdo ofertará una comisión de servicio para reforzar la plaza número 4 de esa sección, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Esta convocatoria de plaza supone la apertura de un plazo para que los jueces interesados soliciten ser nombrados en comisión de servicio como refuerzo. La propuesta de estos refuerzos se ha coordinado "después de los contactos mantenidos" este lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la presidenta en funciones del TSJ, Beatriz Pérez Heredia; y el presidente electo del Tribunal de Instancia de Ceuta, Rubén Salinas. Acuerdos ya adoptados para hacer frente a la entrada masiva Desde el CGPJ han recordado que, respecto al servicio de guardia, el TSJA "ya adoptó en su momento --inmediatamente después de los hechos sucedidos los pasados 30 y 31 de julio-- medidas para asegurar la prestación del servicio". Aquellas primeras actuaciones de urgencia consistieron en la incorporación de magistrados de la misma clase y partido judicial para "sostener el servicio". Asimismo, en relación con la plaza número 4, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado día 18 diferir el cese del juez en expectativa de destino que venía actuando como refuerzo. En este sentido, el miércoles 19 de agosto "como consecuencia de los acuerdos dictados" por laComisión Permanente, el TSJA convocó un refuerzo "carácter transversal" de la plaza número 4 para "apoyar a las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta". Finalmente, desde el CGPJ han expresado que la Comisión Permanente se reunirá nuevamente este martes para "seguir evaluando la situación en los órganos judiciales de la ciudad autónoma".El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) adoptará este martes dos nuevos acuerdos para reforzar la justicia en Ceuta con un calendario de doble guardia de jueces y con la oferta de una comisión de servicio con la que reforzar la plaza judicial, que, entre otros, lleva los casos de violencia sobre la mujer.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/11/Justicia-p487070-m1519208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujerhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/11/Justicia-p487070-m1519208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujerhttps://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujerhttps://elderecho.com/el-tsja-refuerza-la-justicia-ceuti-con-dos-jueces-de-guardia-y-una-plaza-en-el-tribunal-de-violencia-sobre-la-mujer2026-08-24 10:50:232026-08-24 10:50:23sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487043Según ha recogido el informe sobre la cibercriminalidad en España en 2025, consultado por Europa Press, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Andalucía aumentó esta cuota a nivel nacional un 0,31% con respecto a 2024, cuando constantó 81.526 ciberdelitos, la tasa más alta a nivel nacional y a la que llegó en 2023, con 81.315 denuncias. En los últimos diez años, la comunidad ha aumentado un 300% el registro de ciberdelitos, ya que las FCSE han constatado 77.946 más infracciones desde 2015. Así, los últimos datos indican que tras la región andaluza, Cataluña (73.400 delitos), Madrid (72.217) y la Comunidad Valenciana (55.109) fueron el año pasado las comunidades con más hechos comunicados a las FCSE. En detalle, el ránking de provincias a nivel andaluz lo lidera Sevilla, con 22.304 denuncias, un 15,5% más que en el periodo anterior; seguida de Málaga, con 19.260 hechos comunicados (+6,2%); Cádiz, con 13.539 ciberdelitos (+7,12%); Granada, con 9.864 denuncias (+4,05%) y Córdoba, que investigó 8.040 hechos cibernéticos, un 8% más que en 2024. De igual modo, Jaén y Almería cuentan con más de cinco mil denuncias al respecto, sin que existan datos concretos, mientras que Huelva es la única provincia andaluza que vuelve a situarse por debajo de los 5.000 ciberdelitos comunicados. A nivel nacional, las FCSE registraron un total de 488.426 ciberdelitos en 2025, un 5,1% más que en 2024, que suponen el 19,8% de la criminalidad total, la mayoría de ellas por estafas informáticas, 19.876 de las cuales han tenido investigación o detención de personas, un 2,9% más que en el periodo anterior. El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 11,4% y representa ya el 14,6% del total de hechos conocidos. Casi nueve de cada diez delitos (429.677) fueron fraudes informáticos (estafas), que aumentaron un 4% respecto a 2024. A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de internet (21.690 casos), que representan un 4,4% del total, lo que supone un incremento de un 11,3% frente al ejercicio anterior del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local. Igualmente, aumentaron los delitos sexuales (21%), los de acceso e interceptación ilícita (40,7%) y los de amenazas y coacciones (2,6%). Por el contrario, descienden un 36% los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y las interferencias de datos y en sistema (-8%). El informe señala también que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (70% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años (23,7%) y de nacionalidad española (75.7%). Además, el número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 383.285, un 9,3% superior a 2024. El 52% son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 51 y 65 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje, que han perjudicado a 146.737 personas.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han registrado un total de 89.124 delitos durante 2025 en Andalucía, lo que supone un aumento del 9,3% con respecto al periodo anterior y sitúa a la comunidad por tercer año consecutivo en el primer lugar en cuanto a hechos denunciados, al gestionar el 18,24% del total de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2669019039-1-p487043-m1519121-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2669019039-1-p487043-m1519121-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-20252026-08-24 10:15:332026-08-24 10:15:33ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC