https://elderecho.com/feedes485485Los operadores audiovisuales mantendrán la calificación por edades actual pero deberán incorporar un sistema de descriptores para informar sobre contenidos que incluyan sexo, violencia, conductas reprochables, adicciones o lenguaje inadecuado. Así se desprende del acuerdo de corregulación para la calificación por edades de los programas y contenidos alcanzado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con otras autoridades audiovisuales autonómicas y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; prestadores audiovisuales televisivos y plataformas; creadores de contenido (influencers); Autocontrol, y AUC, ICMedia y organizaciones sociales firmantes. Código de Conducta El acuerdo incorpora un nuevo Código de Conducta para la calificación de los programas y contenidos audiovisuales y sistema de descriptores, previsto también en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que establece el marco común para los diferentes operadores audiovisuales con el fin de reforzar la protección de las personas menores de edad y ofrecer a los usuarios información más clara sobre dichos contenidos y programas. Dicho código de conducta prevé también sanciones para los incumplidores. El Código mantiene la gradación por edades aprobada a partir del anterior Código de Autorregulación y recogida en la LGA (TP, +7, +12, +16, +18, X) con unas directrices comunes para su aplicación, y establece además un sistema de descriptores (sexo, violencia, conductas reprochables, adicciones, lenguaje inadecuado). De acuerdo con la normativa audiovisual, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual están obligados a facilitar información suficiente a los espectadores sobre los programas. Más en concreto, los programas emitidos por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición, deben disponer de una calificación por edades, visible en pantalla "mediante indicativo visual y fácilmente comprensible por los espectadores". Violencia gratuita o pornografía Por lo que se refiere a los contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores, cuando contengan escenas de violencia gratuita o pornografía no pueden ser emitidos en abierto, y en el caso de las plataformas bajo demanda deben ofrecerse en catálogos separados del resto de programas. Además, los programas que no contengan esos contenidos de pornografía o violencia extrema, pero sí deban considerarse por su contenido para mayores de 18 años, solo pueden emitirse entre las 22 y las 6 horas. Con la entrada en vigor del Acuerdo, una vez se publique en el BOE, cualquier persona que observe falta de calificación en los programas y contenidos, o una calificación inadecuada de los mismos, podrá presentar reclamación por incumplimiento del Código de Conducta. No así cuando el incumplimiento provenga de una plataforma de internet, que por el momento quedan fuera del acuerdo, o de alguna de las plataformas de 'streaming' que finamente no lo han firmado. En esos casos, habrá de seguirse la vía de denuncia administrativa de acuerdo con la LGA y el Reglamento de Servicios Digitales. El código, que contempla la posibilidad de sanción contra los incumplidores, dispone asimismo de una comisión de seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por los firmantes; establece mecanismos de consulta previa por parte de los prestadores, con el fin de determinar la calificación correcta para sus contenidos, y garantiza la participación de la sociedad civil para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tanto del Código de Conducta como de la LGCA. En este sentido, las organizaciones sociales firmantes se han comprometido a participar en la revisión de las reclamaciones; a asumir las funciones derivadas de su participación en la comisión de seguimiento, y a elaborar los informes de evaluación de funcionamiento del Código, que deberán aprobar los prestadores firmantes.Cuando se observe falta de calificación en los programas y contenidos, o una calificación inadecuada de los mismos, se podrá presentar reclamación por incumplimiento del Código de Conducta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/Pornografia-infantil-p485485-m1514310-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violenciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/Pornografia-infantil-p485485-m1514310-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violenciahttps://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violenciahttps://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violencia2026-07-21 14:44:392026-07-21 14:44:39derecho-ticDerecho TICpenalPenal9sector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Penal,Sector jurídico485473 La Comisión Europea ha puesto en marcha esta semana los trabajos para la futura Ley de Empleo de Calidad con la apertura de una segunda fase de consultas con sindicatos y organizaciones empresariales sobre una propuesta que incluirá medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, reforzar la protección de los trabajadores en las cadenas de subcontratación y adaptar la normativa laboral al teletrabajo y otros nuevos riesgos. Adaptación de normativa laboral La futura norma, que Bruselas prevé presentar antes de que acabe el año, también contempla revisar las reglas sobre salud y seguridad en el trabajo, impulsar la formación de los trabajadores para facilitar la transición digital y ecológica y reforzar las inspecciones laborales y las sanciones contra las empresas que incumplan la legislación. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 28 de septiembre. Una vez concluya, sindicatos y organizaciones empresariales podrán decidir si inician negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo conjunto antes de que la Comisión presente la propuesta legislativa. Entre las medidas que estudia el Ejecutivo comunitario, figura el establecimiento de normas para garantizar que las decisiones automatizadas mediante inteligencia artificial sean transparentes, cuenten con supervisión humana y no den lugar a una vigilancia excesiva de los trabajadores. Asimismo, Bruselas quiere actualizar la normativa sobre salud y seguridad laboral para responder a nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, y a riesgos psicosociales como el acoso sexual. También plantea reforzar la transparencia y la responsabilidad de las empresas en las cadenas de subcontratación para prevenir situaciones de explotación laboral. La iniciativa incluye además medidas para mejorar la formación de los trabajadores y reforzar el diálogo social con el objetivo de facilitar la adaptación de las empresas y sus plantillas a la transición digital y ecológica, así como un endurecimiento de las inspecciones laborales y de las sanciones por incumplir la normativa.   La primera fase de consultas reunió las aportaciones de 34 organizaciones europeas, entre ellas doce sindicatos y 22 organizaciones empresariales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/BruselasComision-EuropeaParlamento_EDEIMA20130614_0005_1-p485473-m1514277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/BruselasComision-EuropeaParlamento_EDEIMA20130614_0005_1-p485473-m1514277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidadhttps://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidadhttps://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidad2026-07-21 14:31:352026-07-21 14:31:35administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico485461 KPMG ha advertido este martes 21 de julio de que el absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos para la competitividad de la economía española, en un contexto en el que más de 1,6 millones de personas faltan cada día a su puesto de trabajo y el impacto económico asociado supera los 59.000 millones de euros anuales, el equivalente a cerca del 3,7% del PIB, según datos de Adecco. Durante una jornada organizada junto con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la firma ha defendido que este fenómeno ha dejado de ser una cuestión exclusivamente empresarial para convertirse en un reto económico, social y sanitario, al afectar a la productividad, la organización del trabajo, la calidad de los servicios y la capacidad de crecimiento de las organizaciones. En el encuentro han participado la directora de Operaciones (COO) de KPMG en España, María Lacarra, y el socio responsable del área Laboral de KPMG Abogados, Francisco Fernández Diez, quienes han coincidido en que el incremento del absentismo responde a una combinación de factores demográficos, sanitarios, organizativos y regulatorios que requiere una respuesta coordinada entre empresas, administraciones públicas, el sistema sanitario y los agentes sociales. Tasa de absentismo Según los datos que se han abordado, la tasa de absentismo se sitúa actualmente en el 7,2% de las horas pactadas, mientras que el absentismo vinculado a incapacidad temporal alcanza el 5,6%. Además, cerca del 78% de las horas perdidas por absentismo están relacionadas con procesos de incapacidad temporal, lo que, a su juicio, refleja la influencia de factores como el envejecimiento de la población activa, el aumento de las patologías vinculadas a la salud mental, la duración de determinados procesos médicos y las dificultades para agilizar la reincorporación al trabajo. La firma también ha señalado que el absentismo presenta diferencias significativas entre sectores y territorios. En este sentido, ha indicado que la industria manufacturera, la logística y el transporte, la sanidad, los servicios sociales y otras actividades intensivas en mano de obra registran mayores niveles de presión, con efectos directos sobre la productividad y la continuidad operativa. Asimismo, ha apuntado que comunidades autónomas como País Vasco, Asturias o Canarias presentan una mayor incidencia del absentismo por la combinación de distintos factores estructurales, entre ellos el peso de determinadas actividades económicas, el envejecimiento de la población trabajadora y una mayor incidencia de algunos procesos de incapacidad temporal. En el caso del País Vasco, ha añadido, también influye el elevado peso de la actividad industrial y manufacturera. En este contexto, Lacarra ha afirmado que el absentismo "ha dejado de ser un problema de recursos humanos para convertirse en un reto de competitividad", al considerar que su impacto trasciende el ámbito empresarial y afecta a la capacidad de crecimiento de sectores enteros y de la economía en su conjunto. Por ello, ha defendido una respuesta compartida entre administraciones, empresas, sistema sanitario y agentes sociales. Por su parte, Fernández ha sostenido que el absentismo constituye un fenómeno "complejo y multicausal", por lo que ha considerado necesario actuar de forma simultánea sobre la prevención, la gestión de la incapacidad temporal, la coordinación institucional y la promoción de entornos de trabajo más saludables. Absentismo evitable Durante la jornada también se han analizado distintas experiencias internacionales y algunas de las medidas que están aplicando las organizaciones para reducir el absentismo evitable, entre ellas el uso de herramientas de análisis de datos, la promoción de la salud física y emocional, el refuerzo del liderazgo de los equipos y el desarrollo de modelos de trabajo más flexibles. En este sentido, KPMG ha defendido abordar este desafío desde una perspectiva preventiva, poniendo el foco en los factores que preceden a la ausencia y favoreciendo una gestión basada en el bienestar de las personas y en el análisis de datos. Lacarra ha asegurado que las organizaciones que obtienen mejores resultados son aquellas que combinan prevención, bienestar, liderazgo y una gestión apoyada en datos, al tiempo que ha sostenido que la clave "no está en controlar más, sino en anticiparse mejor y actuar antes de que aparezcan los problemas". Por último, Fernández ha concluido que, si el problema es compartido, la respuesta también debe serlo, y ha advertido de que España se enfrenta a un desafío estructural que exige una visión de largo plazo y un compromiso conjunto de empresas, administraciones públicas, sistema sanitario y agentes sociales para revertir una tendencia que, a su juicio, ya se ha convertido en uno de los principales retos para la competitividad del país. La firma ha celebrado una jornada informativa junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_2275517305-1-p485461-m1514244-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_2275517305-1-p485461-m1514244-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espanahttps://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espanahttps://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espana2026-07-21 14:23:402026-07-21 14:23:40socialSocial13Social485424Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, acaba de presentar la edición de su campaña de verano en la que los profesionales pueden disponer de descuentos exclusivos. Un año más estos descuentos están disponibles para los que accedan a la web en los meses de verano proporcionando un acceso aún más ventajoso al mejor contenido jurídico y de formación. Summer Sales Lefebvre, la campaña de verano para los productos electrónicos La campaña que comienza el 15 de julio y llegará hasta el próximo 31 de agosto, permite a Lefebvre ofrecer en su tienda web precios especiales de hasta un 20% de descuento en los productos electrónicos. Una vez más, la oferta incluye cualquiera de sus modalidades ( e-learning y webinar ) para continuar un crecimiento con mayor calidad y expertise. Durante el tiempo en que transcurre la campaña es posible conseguir acceso en formato electrónico a una plataforma única en el mercado. Esta plataforma permite la visualización de los Mementos de Lefebvre de manera digital, totalmente actualizados y conectados entre sí. Los profesionales pueden adquirir ADN, Análisis de Novedades con lo cual obtienen el acceso al servicio más completo de novedades jurídicas para entender la actualidad del sector jurídico en sus diferentes aspectos. La campaña es aplicable para todos los que accedan a la web, e incluye revistas jurídicas, publicaciones periódicas especializadas en diferentes sectores como civil, mercantil o social. El éxito del lanzamiento de esta campaña permite una nueva edición y de ahí la invitación exclusiva a los profesionales del derecho para que puedan participar ¡Es una oportunidad única y por tiempo limitado durante la etapa estival! Las ofertas planteadas en la campaña no estarán disponibles después del 31 de agosto.Desde el 15 de julio y hasta el próximo 31 de agosto, todos los profesionales que accedan a la tienda online de Lefebvre pueden disfrutar de hasta un 20% de descuento en los productos electrónicos y oferta de Formación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/web_banner-1920x1080px-p485424-m1514139-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/web_banner-1920x1080px-p485424-m1514139-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacionhttps://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacionhttps://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacion2026-07-20 11:29:142026-07-20 11:29:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485412 El Pleno del Congreso debatirá y votará en una sesión extraordinaria este jueves, 23 de julio, el nuevo decreto ley que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Aunque el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para contener las consecuencias de la guerra iniciada en Irán, especialmente en materia de hidrocarburos, contenía limitaciones temporales y algunas de las medidas decayeron al final de junio. La continuidad del conflicto y las tensiones en los precios energéticos obligaron al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga. Impuesto especial de hidrocarburos Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas. No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar. De la misma manera, el Gobierno ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad. De su lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles. Además, la norma fija que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios para controlar que estas cumplen con las medidas establecidas en el decreto ley. No obstante, el Gobierno sólo ha detectado hasta la fecha un comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio. Fiscalidad energética En cuanto a la fiscalidad energética, la norma desarrolla la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda que PP y Junts han reclamado en reiteradas ocasiones esta legislatura. La eliminación se hará ajustando los tipos de manera progresiva. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer. Según los cálculos del Gobierno, la eliminación de este impuesto permitirá a la industria aumentar su producción en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos. Plan de Movilidad Sostenible De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra. Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según fuentes de Economía, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones. El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables. En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción. En cuanto a las medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos. La norma recoge la demanda de PP y Junts de quitar el impuesto de producción de energíahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2730971095-1-p485412-m1514103-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2730971095-1-p485412-m1514103-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-medio2026-07-20 11:13:342026-07-20 11:13:34fiscalFiscal6multimateriaMultimateriaFiscal,Multimateria485399El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su preocupación por la "tendencia a la descalificación pública" y "ataques personales" contra profesionales y ha subrayado que "no se puede identificar a un abogado con su cliente o con la causa que defiende". A través de una declaración institucional, la Abogacía defiende que "la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho". "Solo allí donde los profesionales de la abogacía pueden desempeñar su función sin presiones, intimidaciones o injerencias, es posible asegurar la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos", resalta. Tendencia a la descalificación pública Desde "los últimos meses", según advierte, "se ha intensificado una preocupante tendencia a la descalificación pública de profesionales de la abogacía mediante ataques personales en medios de comunicación, redes sociales e incluso desde el ámbito institucional, por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes". E indica que la "preocupación" es compartida "en todo el mundo, donde otros organismos observan también un incremento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones contra profesionales de la abogacía en distintos países". "Conviene recordar un principio esencial de cualquier democracia: no se puede identificar a un abogado con su cliente o con la causa que defiende, porque este profesional no hace suyas las ideas, los intereses o la conducta de quien representa. Su misión consiste en garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva, con pleno respeto a la legalidad, a la deontología profesional y a las reglas del proceso", recalca. Servicio público de asistencia jurídica gratuita El consejo señala que es una "realidad" que "afecta a toda la Abogacía" y "especialmente a los que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita y a los que intervienen en procedimientos de especial repercusión pública", agrega, porque "todos ellos cumplen una función constitucional imprescindible y merecen respeto y la protección institucional". De ahí que inste a los poderes públicos y a la sociedad a "evitar cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente o que lo descalifique por la causa que defiende". "Proteger la independencia de la abogacía significa preservar el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho. En definitiva, significa proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos", concluye. De acuerdo a la información facilitada por Europa Press, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha insistido en que la independencia y la seguridad para los abogados en su desempeño profesional son "garantías esenciales" tanto para ellos como para proteger a los ciudadanos. "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia de la profesión y reclamamos el máximo respeto hacia quienes la ejercen, rechazando cualquier identificación del abogado con su cliente o con la causa que defiende", ha indicado.La declaración institucional recoge que un letrado "no hace suyas las ideas o la conducta de quien representa", sino que garantiza su derecho de defensa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/nueva-foto-salvador-gonzalez-p485399-m1514070-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-denuncia-la-descalificacion-publica-y-ataques-contra-abogados-y-pide-no-identificarlos-con-sus-clienteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/nueva-foto-salvador-gonzalez-p485399-m1514070-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-denuncia-la-descalificacion-publica-y-ataques-contra-abogados-y-pide-no-identificarlos-con-sus-clienteshttps://elderecho.com/la-abogacia-denuncia-la-descalificacion-publica-y-ataques-contra-abogados-y-pide-no-identificarlos-con-sus-clienteshttps://elderecho.com/la-abogacia-denuncia-la-descalificacion-publica-y-ataques-contra-abogados-y-pide-no-identificarlos-con-sus-clientes2026-07-20 11:06:252026-07-20 11:06:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485387La titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián, Eva Cerón, prepara una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice hipotecario IRPH en la que plantea una decena de preguntas centradas en la transparencia y el posible carácter abusivo de las cláusulas que incorporan este índice, según ha informado a Europa Press la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). La iniciativa judicial llega después de que la misma magistrada elevara anteriormente 22 cuestiones prejudiciales al TJUE, que dieron lugar a la sentencia del 12 de diciembre de 2024. En aquella resolución, el tribunal europeo estableció que la falta de transparencia podía quedar subsanada únicamente si la entidad financiera había explicado de forma "suficientemente didáctica" el funcionamiento del índice al consumidor antes de la firma del préstamo. Ahora, la jueza vuelve a dirigirse al TJUE para aclarar varios aspectos que, a su juicio, siguen generando dudas. Entre ellos, pregunta si puede considerarse transparente una cláusula hipotecaria por el mero hecho de citar la Circular 5/1994 del Banco de España, cuando esa norma "no se le enseñó al cliente antes de firmar y está escrita con tecnicismos financieros indescifrables para un ciudadano medio". Asimismo, cuestiona si los bancos cumplieron realmente con su deber de información cuando se limitaron a informar de la Tasa Anual Equivalente (TAE), sin advertir de que el propio Banco de España recomendaba aplicar un diferencial negativo al IRPH para evitar que este índice resultara significativamente "más caro" que otros tipos de referencia del mercado. La magistrada también plantea si la propia cláusula que incorpora el IRPH podría declararse nula al considerar que el índice se calculaba mediante una media simple de las entidades, sin ponderar el peso de cada una, lo que, según expone, generaba el riesgo de que algunas entidades remitieran "datos falsos o inflados para encarecer las hipotecas". Cuestión prejudicial Las nuevas cuestiones se suman a las ya remitidas al TJUE por el magistrado Rafael de la Fuente López, de la Sección Civil 15ª del Tribunal de Instancia de Palma, procedimiento registrado como asunto C-297/26. En ese caso, el juez pregunta al tribunal europeo si basta con que una entidad financiera mencione en el contrato la circular del Banco de España relativa al IRPH o si, por el contrario, debe explicar expresamente el contenido y alcance de esa advertencia al consumidor. Además, plantea si un sobrecoste superior a 68.000 euros derivado de la aplicación del IRPH puede considerarse "jurídicamente irrelevante sin una motivación específica" y cuestiona el índice sintético utilizado por el Tribunal Supremo para comparar el coste del IRPH con otros préstamos hipotecarios. Dos supuestos Pese a valorar positivamente que sigan planteándose dudas ante el TJUE, Asufin considera que buena parte de las cuestiones ya han sido resueltas por la jurisprudencia europea, que ha dejado en manos de los jueces nacionales la valoración de la transparencia en cada caso concreto. No obstante, la asociación sostiene que aún existen dos supuestos en los que los afectados por el IRPH mantienen opciones reales de recuperar las cantidades pagadas de más. El primero corresponde a las hipotecas que incluían la denominada "cláusula de cierre", mediante la cual la sustitución del IRPH-Cajas por un tipo fijo supuso en la práctica "congelar el tipo de interés a un nivel muy elevado en ese momento (año 2013) y condenó a los afectado al pago de elevadas cuotas, según Asufin. El segundo afecta a quienes adquirieron una vivienda subrogándose en el préstamo hipotecario del promotor y, según la asociación, no fueron informados de que la financiación estaba referenciada al IRPH, lo que podría suponer un defecto de información suficiente para impugnar la cláusula.La magistrada Eva Cerón pregunta si puede considerarse transparente una cláusula hipotecaria por el mero hecho de citar la Circular 5/1994 del Banco de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1939186822-1-p485387-m1514034-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-justicia-espanola-ultima-una-bateria-de-preguntas-al-tjue-sobre-el-indice-hipotecario-irphhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/11/shutterstock_1939186822-1-p485387-m1514034-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-justicia-espanola-ultima-una-bateria-de-preguntas-al-tjue-sobre-el-indice-hipotecario-irphhttps://elderecho.com/la-justicia-espanola-ultima-una-bateria-de-preguntas-al-tjue-sobre-el-indice-hipotecario-irphhttps://elderecho.com/la-justicia-espanola-ultima-una-bateria-de-preguntas-al-tjue-sobre-el-indice-hipotecario-irph2026-07-20 10:59:312026-07-20 10:59:31civilCivil2Civil485375Las ofertas de verano se han consolidado como una de las épocas de mayor actividad para el comercio electrónico. Miles de usuarios aprovechan estas semanas para actualizar su armario, renovar dispositivos electrónicos o preparar sus vacaciones a precios más reducidos. No obstante, el aumento de las compras en línea también convierte este periodo en un momento especialmente atractivo para los ciberdelincuentes. De hecho, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales el 40 % se corresponde al fraude digital. En este contexto, los delincuentes se benefician de la urgencia por aprovechar las mejores promociones para lanzar tiendas falsas, suplantar marcas conocidas o distribuir enlaces fraudulentos. En línea con su compromiso con la seguridad digital, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, cuenta con la iniciativa “Hacker Busters”. Entre los diferentes contenidos y recomendaciones del programa, la compañía ha querido subrayar la importancia de dedicar unos segundos a comprobar la fiabilidad de las tiendas antes de facilitar datos personales o completar el pago. Incorporar este hábito contribuye a reducir el riesgo de fraude y favorece una experiencia de compra más segura. ¿Es una tienda de confianza?  La mayoría de las estafas en Internet comparten un mismo objetivo: generar confianza entre los consumidores para que compartan información personal y realicen una compra. Por eso, antes de fijarse en el precio o las condiciones de un producto, conviene asegurarse de que la tienda cumple con los requisitos básicos de comercio fiable. Una de las primeras verificaciones parte de la revisión de la propia URL, comprobando que coincida exactamente con la marca, que no tenga errores ortográficos, que no haya letras cambiadas y, sobre todo, evitar dominios extraños. Además, es importante tener en cuenta que los candados HTTPS únicamente indican que la conexión está cifrada, pero no aseguran que la tienda sea legítima. En este sentido, también conviene contrastar los datos que se ofrecen desde la página web. Habitualmente, los comercios fiables muestran datos como la razón social, el CIF/NIF, la dirección física, el teléfono, el correo electrónico, la política de privacidad o las condiciones de compra. En caso de que no sean visibles o sean de difícil acceso, la mejor decisión es desconfiar. Una vez verificada la web y justo antes de tomar la decisión de comprar, otro consejo que se debe seguir es mantener la precaución ante los grandes descuentos. Las tiendas fraudulentas tienden a utilizar ofertas irreales, con un 80 % o un 90 % de descuento en productos muy demandados, así como mensajes de “última hora”, contadores de tiempo o últimas unidades, para inducir a los usuarios a realizar compras impulsivas. Esta práctica ha llevado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a reforzar anualmente la vigilancia durante los periodos de mayores descuentos, como las rebajas de verano, invierno o el Black Friday, tras haber detectado en esta última campaña que el 70 % de las rebajas analizadas incumplían la normativa al presentar descuentos falsos o engañosos. Proteger antes del pago Incluso cuando la tienda parece fiable y la oferta resulta creíble, no conviene bajar la guardia. Antes de confirmar el pago, es recomendable realizar una última revisión para asegurarse de que la operación es segura. Elegir un método de pago que ofrezca protección al comprador constituye una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de estafa. Las tiendas seguras suelen ofrecer métodos conocidos como pueden ser el pago con tarjeta de autenticación reforzada, PayPal, Bizum y otras pasarelas reconocidas. En cambio, si únicamente admiten transferencias bancarias, criptomonedas o sistemas de pago difíciles de reclamar, es conveniente desconfiar y cancelar la operación. Más allá del método de pago, también conviene prestar atención a la forma en la que se accede a la tienda online. Muchas estafas empiezan fuera del propio comercio, mediante campañas de phishing (email) o smishing (SMS), que redirigen al usuario a páginas web fraudulentas diseñadas para robar sus datos personales o bancarios. Durante el último año, se llegaron a detectar 6,7 millones de ataques de phishing que suplantaban bancos, tiendas o sistemas de pago, y más de la mitad estaban dirigidos directamente a compradores online, según Kaspersky. Por ello, siempre que sea posible, es recomendable escribir directamente la dirección de la tienda en el navegador, para acceder a ella mediante los canales oficiales. Antes de confirmar la compra, una última comprobación puede marcar la diferencia: dedicar unos segundos a revisar la dirección web, la información legal del comercio, el método de pago o las políticas de devolución puede ayudar a detectar irregularidades que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Desde Oney señalan que la mejor forma de combatir el fraude es anticiparse a él a través de la educación financiera. Con Hacker Busters, se busca ayudar a los consumidores a identificar las señales de alerta más habituales y dotarlos de herramientas para desenvolverse con mayor seguridad y confianza en el entorno digital.El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) registrí más de 122.000 incidentes de ciberseguridad y el 40 % corresponde al fraude digital.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/01/shutterstock_1905391570-1-p485375-m1514002-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-onlinehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/01/shutterstock_1905391570-1-p485375-m1514002-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-onlinehttps://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-onlinehttps://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-online2026-07-20 10:16:452026-07-20 10:16:45ciberseguridadCiberseguridadCiberseguridad485362El mercado de las agencias de suscripción continúa creciendo en España, impulsado por la flexibilidad de una figura que permite a las entidades aseguradoras ampliar su actividad, acceder a segmentos especializados y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, su expansión internacional se enfrenta a una limitación relevante: la autorización concedida en España no incorpora un mecanismo propio de pasaporte europeo. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del primer mapa regulatorio europeo interactivo para Managing General Agents (MGA), desarrollado por Clyde Co y FASE —la federación paneuropea que representa a estas entidades— con el objetivo de aportar análisis y conocimiento técnico para la gestión de las obligaciones regulatorias en los distintos mercados europeos. Mercados europeos La herramienta analiza la regulación aplicable en Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, España, Italia y Polonia y ofrece una visión, país por país, de los supervisores, los requisitos y las principales particularidades que deben tener en cuenta los MGA cuando operan en distintos mercados europeos. El mapa, disponible para miembros de FASE, reúne el análisis de los equipos de Clyde Co en esas jurisdicciones para ayudar a identificar las diferencias nacionales que pueden condicionar la implantación, el crecimiento o la revisión de estructuras existentes. En España, los MGA se articulan jurídicamente mediante la figura de las agencias de suscripción, entidades mercantiles autorizadas para suscribir riesgos en nombre y por cuenta de las entidades aseguradoras en virtud del correspondiente contrato de apoderamiento. Dicho contrato constituye la pieza central de su operativa mercantil, al delimitar el alcance de las facultades conferidas —ramos, productos, límites de capacidad, criterios de suscripción, procedimientos de control, obligaciones de información, régimen económico y responsabilidades frente a la aseguradora—. El ejercicio de esta actividad requiere la autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y debe desarrollarse dentro de los límites de las facultades expresamente conferidas por la aseguradora. Aunque su función característica es la suscripción de riesgos, el apoderamiento puede comprender otras actuaciones vinculadas a la gestión del negocio asegurador, como el diseño de productos, la emisión de pólizas o la tramitación de siniestros. Esta amplitud de funciones obliga a delimitar con precisión las facultades otorgadas, los mecanismos de control y las responsabilidades asumidas por cada parte. La agencia de suscripción actúa como representante de la entidad aseguradora y no como intermediario o distribuidor de seguros, una diferencia que determina tanto su encaje regulatorio como sus posibilidades de operar fuera de España. A diferencia de los distribuidores de seguros, las agencias de suscripción autorizadas en España no pueden extender automáticamente su actividad a otros Estados miembros al amparo de su autorización nacional. Antes de iniciar un proyecto transfronterizo, deben analizar la estructura jurídica y operativa necesaria en cada mercado, así como el alcance concreto de las actividades que pretenden desarrollar. Expansión internacional Esta particularidad puede limitar su capacidad de expansión internacional y situarlas en una posición menos favorable respecto de operadores establecidos en otras jurisdicciones de la Unión Europea. Pese a ello, desde Clyde Co apuntan que el mercado mantiene una trayectoria de crecimiento, favorecida por la utilidad de estas entidades para acceder a riesgos especializados y desarrollar nuevas líneas de negocio. Cristina Pérez, socia de Clyde Co en España y la persona encargada de analizar la situación regulatoria española para la elaboración del mapa, explica que “las agencias de suscripción se han consolidado como una figura útil para que las aseguradoras accedan a riesgos especializados y desarrollen nuevas oportunidades de negocio. Su flexibilidad, sin embargo, exige definir con precisión las facultades delegadas, la estructura y los mecanismos de control”. Por su parte, Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde Co en España, señalan: “El crecimiento de las agencias de suscripción demuestra que el mercado asegurador necesita estructuras capaces de responder a riesgos y segmentos cada vez más especializados. El reto consiste en que ese desarrollo vaya acompañado de un marco que aporte seguridad jurídica y no dificulte innecesariamente su expansión internacional”. El lanzamiento del mapa forma parte de la colaboración de dos años firmada por Clyde Co y FASE a principios de 2026 para analizar la evolución regulatoria de los MGA en Europa. El acuerdo también contempla la elaboración de un informe sobre las principales tendencias normativas y de mercado que afectan a la suscripción delegada en Europa continental, cuya publicación está prevista para 2027.El primer mapa regulatorio europeo para MGA, elaborado por Clyde Co junto a FASE, analiza las diferencias entre siete mercados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/mapa-regulatorio-scaled-p485362-m1513970-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europeahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/mapa-regulatorio-scaled-p485362-m1513970-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europeahttps://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europeahttps://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europea2026-07-20 10:10:112026-07-20 10:10:11mercantilMercantil8Mercantil485350La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere elaborar un trabajo de análisis y consulta del contenido audiovisual que determinados 'influencers' publican en sus perfiles de redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube, para detectar posible publicidad encubierta. De esta menra, la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha formalizado un total de tres contratos para la asistencia técnica necesaria para la elaboración del estudio, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras recibir las distintas ofertas, ha resultado adjudicataria Primetag SA, una compañía tecnológica y de análisis de datos portuguesa, especializada en el marketing de influencers, que opera en más de 50 mercados. El valor de las tres ofertas seleccionadas asciende a un total de 32.800 euros. La CNMC supervisa el cumplimiento de la normativa audiovisual por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de los llamados usuarios de especial relevancia (UER) en plataformas de intercambio de vídeos. Estos usuarios --popularmente conocidos como 'influencers'-- no están sujetos a esta normativa en todos los casos, sino solo cuando cumplen determinados requisitos, como alcanzar un nivel significativo de ingresos, audiencia o actividad establecidos en la regulación. El principal objetivo de los casos analizados "no es sólo corregir conductas concretas, sino también clarificar las reglas del juego y fomentar una publicidad transparente en redes sociales", explica el organismo supervisor. De este modo, la normativa establece que cuando un contenido tiene una finalidad comercial, debe indicarse sin ambigüedades; la identificación debe aparecer de forma visible en el propio contenido audiovisual, ya que muchos usuarios consumen estos vídeos sin leer la descripción. Embajador de Marca Asimismo, según detalla la CNMC, expresiones como "embajador de marca", "colaboración" o similares pueden resultar confusas y no siempre permiten identificar claramente la naturaleza publicitaria del contenido. Para cumplir correctamente la normativa, la indicación debe ser "explícita, directa y fácilmente reconocible". Si el vídeo contribuye a promocionar una marca o producto, puede tener carácter comercial, incluso si no estaba previsto en un contrato o no se ha recibido un pago específico, advierte el organismo, que añade que algunos productos tienen normas adicionales como los de salud.La CNMC ha requerido a varios usuarios para ue adapten la forma en la que identifican la publicidad en sus contenidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2246986575-1-p485350-m1513934-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubiertahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2246986575-1-p485350-m1513934-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubiertahttps://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubiertahttps://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubierta2026-07-20 09:57:252026-07-20 09:57:25derecho-ticDerecho TICpenalPenal9Derecho TIC,Penal