https://elderecho.com/feedes478536La sentencia de la Audiencia de Zaragoza relata que el acusado, director comercial en una empresa, sin el consentimiento y conocimiento de su superior, emitió una factura de 25.740 euros, sin numeración y con apariencia de legítima, a su cliente en México tras una operación comercial. La cuenta, de titularidad exclusiva del acusado, recibió dos transferencias: una de 20.000 euros y la segunda de 5.740 euros. El administrador de la empresa no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta que, al no recibir el dinero del precio de la mercancía suministrada, se dirigió al cliente mexicano para reclamarle el pago, que le mostró los dos justificantes del abono, así como copia de la factura alterada. La Sala expresa que, en el presente caso, nos encontramos en la elaboración por el acusado de una factura, para lo que no estaba autorizado, que, aunque referida al tráfico de la empresa para la que trabajaba, contenía datos esenciales falsos, con la finalidad de defraudar a la mercantil y cobrar la factura en su propio beneficio. Por otra parte, los magistrados señalan que ni el relato de los hechos probados de la sentencia apelada ni en su fundamentación jurídica describen “una relación previa y ajena a la puramente profesional y comercial entre denunciante y víctima, que implique un vínculo de especial lealtad y confianza quebrantado por el engaño”. Por esta razón, los juzgadores estiman parcialmente el recurso y le absuelven del delito de estafa agravada del art. 250.1. 6º del CP y le condenan como autor de un delito de estafa del art. 248. 1 y 2 del mismo. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. TSJ de Aragón. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 12/2026 de 18 de febrero de 2026.El TSJ de Aragón ha estimado parcialmente el recurso de un hombre contra el fallo que le condenó a tres años y un mes de cárcel y le sentencia a 20 meses de prisión y multa de 1.620 euros por falsedad documental y estafa, manteniendo la indemnización de 25.740 euros que deberá abonar a la mercantil perjudicada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2686328573-1-p478536-m1491985-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-al-director-comercial-de-una-empresa-que-se-quedo-con-25-740-euros-de-una-operacionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2686328573-1-p478536-m1491985-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-al-director-comercial-de-una-empresa-que-se-quedo-con-25-740-euros-de-una-operacionhttps://elderecho.com/prision-al-director-comercial-de-una-empresa-que-se-quedo-con-25-740-euros-de-una-operacionhttps://elderecho.com/prision-al-director-comercial-de-una-empresa-que-se-quedo-con-25-740-euros-de-una-operacion2026-04-01 12:24:252026-04-01 12:24:25penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico478549A lo largo de este tiempo, Christian ha impulsado diversos hitos para la compañía, entre ellos, el lanzamiento de una estrategia global a cinco años en mayo de 2024, diseñada para consolidar la propuesta de valor del despacho fortaleciendo dos de sus pilares fundamentales: sus clientes y su equipo. Bird Bird, que celebró el pasado ejercicio 33 años consecutivos de crecimiento sostenido, ha incrementado sus ingresos un 28% en el último trienio, con una tasa media de crecimiento anual del 9%. Además, bajo la dirección de Bartsch, la firma ha ampliado significativamente su presencia internacional con nuevas oficinas en Tokio (2024), así como en Riad y Lisboa (2025), reforzando así su capacidad para acompañar a clientes globales en mercados clave. Asimismo, la firma continúa ampliando su equipo de LegalTech Innovation con el objetivo de responder al creciente interés de los clientes por soluciones legales eficientes y tecnológicamente avanzadas. Tras conocerse la reelección de Bartsch, Graeme Maguire, presidente del Consejo de Bird Bird, ha reiterado al CEO su confianza en el proyecto: “En nombre del Consejo y en el mío propio, extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a Christian. Ha sido un privilegio trabajar estrechamente con él durante los últimos cuatro años, y estoy seguro de que seguirá desempeñando un papel clave para impulsar el éxito de nuestra firma”. Christian Bartsch, por su parte, ha manifestado que “Bird Bird es una firma verdaderamente internacional con un equipo excepcional, y agradezco a la compañía la confianza que ha depositado en mí para los próximos cuatro años. Junto con nuestro equipo global de liderazgo, espero continuar ejecutando nuestra estrategia a cinco años y mantener el fuerte impulso que hemos construido en toda la firma”. Bartsch también ha asegurado que “a medida que nuestros clientes deben hacer frente y adaptarse a los numerosos cambios tecnológicos y del propio mercado, nuestra extensa trayectoria apoyando a las organizaciones que se ven influenciadas por la era digital garantiza que sigamos estando en una posición óptima para continuar ofreciendo asesoramiento innovador y de alta calidad a nivel global”.Bird Bird ha reelegido a Christian Bartsch como CEO de la firma para un nuevo mandato de cuatro años.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Christian-Bartsch-p478549-m1492036-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/christian-bartsch-reelegido-ceo-de-bird-birdhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Christian-Bartsch-p478549-m1492036-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/christian-bartsch-reelegido-ceo-de-bird-birdhttps://elderecho.com/christian-bartsch-reelegido-ceo-de-bird-birdhttps://elderecho.com/christian-bartsch-reelegido-ceo-de-bird-bird2026-04-01 12:15:302026-04-01 12:15:30sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico478523En la sentencia, el magistrado explica que estaban acusados de haber orquestado una campaña de acoso contra una profesora. Sin embargo, tras analizar las pruebas testimoniales y documentales, concluye que no se acreditaron las acusaciones de desprestigio o humillación profesional hacia la docente. De esta forma, indica que las acciones de los denunciados, que incluyeron la organización de una concentración y la distribución de pasquines, se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión, pues afirma que no se demostró que se hubiera ejercido violencia o intimidación. De hecho, subraya que los pasquines “no van dirigidos contra ella ni tienen un contenido ofensivo, injurioso o vejatorio”, pues “simplemente ponen de manifiesto su descontento con la forma en la que la dirección del centro estaba gestionando un problema planteado con la forma de impartir clases de una profesora”. Por ello, asegura que no puede entenderse que la manifestación y la colocación de dichos pasquines “supongan una vulneración del ordenamiento jurídico penal y, mucho menos, que atenten contra la libertad de una persona”. “Este juzgador entiende que lo que se ha producido es una fuerte discrepancia entre padres de alumnos y una profesora por la forma en la que esta impartía las clases y que la dirección del centro no supo gestionar de forma totalmente adecuada”, explica el magistrado en el fallo, en el que señala que, a partir de ese momento, “los padres acudieron a vías externas de naturaleza no educativa para intentar hacer oír su voz”. En la resolución, destaca que “lo único que pretendían es hacer ver lo que consideraban un problema grave, pero en ningún caso se puede considerar que dicha conducta estuviese orientada a coartar la libertad de la denunciante obligándola a realizar algún tipo de conducta contraria a su voluntad, y ello con independencia de que, efectivamente, pudiese haberse sentido muy violenta, incómoda y molesta por dicha situación”. Así, señala que “ninguna prueba se ha practicado en el acto del juicio a la hora de acreditar cualquier acusación de contenido falso o cualquier actuación que buscase el desprestigio y la humillación profesional de la denunciante”. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación. Tribunal de Instancia de Ourense. Sección Penal. Sentencia de 26 de marzo de 2026.La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, plaza 1, absuelve de un delito leve de coacciones a los padres de un alumno al entender que la actuación de los mismos respecto a una docente “en ningún caso puede considerarse como una conducta violenta orientada a forzar y quebrar la libertad de la perjudicada”. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2610079743-1-p478523-m1491945-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/absueltos-unos-padres-acusados-de-coaccionar-a-una-profesorahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2610079743-1-p478523-m1491945-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/absueltos-unos-padres-acusados-de-coaccionar-a-una-profesorahttps://elderecho.com/absueltos-unos-padres-acusados-de-coaccionar-a-una-profesorahttps://elderecho.com/absueltos-unos-padres-acusados-de-coaccionar-a-una-profesora2026-04-01 11:40:572026-04-01 11:40:57penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico478509Para la institución, es esencial la participación de la Abogacía Española, como profesionales cualificados, con formación jurídica del máximo nivel, y sometimiento a las normas de deontología profesional. Así lo ha trasladado la Abogacía Española a los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una reunión en la sede de Abogacía Española. Durante la reunión sobre la próxima regulación de extranjeros, el Ministerio de Migraciones, el Ministerio de Justicia y la Abogacía Española han resaltado la importancia de la formación especializada y el respeto a los principios deontológicos en el ejercicio de los profesionales de la abogacía en este proceso, como garantía de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Este marco de cooperación se materializará en la divulgación del proceso y la organización conjunta de jornadas informativas, mesas redondas y campañas dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible sobre el próximo proceso. La primera de estas jornadas está prevista para el mes de abril y marcará el inicio de una serie de acciones coordinadas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses. La reunión ha estado presidida por la vicepresidenta de Abogacía Española, Cristina Vallejo, acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE y por el secretario general técnico de la institución, Borja Vargues. Por parte del Ministerio de Inclusión, han estado Santiago Hierba, director general de la Gestión Migratoria; Aitor Juara, director del Gabinete de la ministra de Inclusión; y Eva Martínez Montero, directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones. Asimismo, por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se ha contado con Samuel Meilán, asesor del Gabinete del ministro. El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha asistido al cierre de la reunión, donde se han compartido las principales conclusiones de esta. “En esta nueva regulación, que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha subrayado el presidente González. “La participación de la abogacía es una garantía esencial para la ciudadanía, ya que les protege frente a al intrusismo y las prácticas engañosas”, ha afirmado la vicepresidenta Vallejo. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española, a través de Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que “respeten y hagan respetar la participación efectiva de los profesionales de la abogacía en el desarrollo del proceso de regularización y reforzar los mecanismos de asistencia jurídica, especialmente para los colectivos más vulnerables, y combatan de forma activa cualquier forma de abuso que no respete el marco jurídico”. El presidente de Abogacía Española ha recordado que la regularización extraordinaria debe construirse sobre bases sólidas de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales. En ese objetivo, “la abogacía no solo es necesaria: es imprescindible. Sin abogacía, no hay garantías”.El Consejo General de la Abogacía Española ha defendido el papel de la abogacía como garante de la seguridad jurídica en el próximo proceso de regularización extraordinaria. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Reunion-Abogacia-Ministerio-1-p478509-m1491909-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-espanola-colaborador-esencial-de-la-proxima-regularizacion-de-extranjeroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Reunion-Abogacia-Ministerio-1-p478509-m1491909-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-espanola-colaborador-esencial-de-la-proxima-regularizacion-de-extranjeroshttps://elderecho.com/la-abogacia-espanola-colaborador-esencial-de-la-proxima-regularizacion-de-extranjeroshttps://elderecho.com/la-abogacia-espanola-colaborador-esencial-de-la-proxima-regularizacion-de-extranjeros2026-04-01 11:15:072026-04-01 11:15:07sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico478486Esta penalización, que tiene efectos desde el 1 de enero y que se estableció en la reforma laboral de 2021 para combatir la temporalidad y la rotación laboral, se calcula en función de la base mínima de cotización diaria del grupo 8 (oficiales de primera y segunda), que al igual que el resto de bases mínimas se ha incrementado un 3,1% para 2025, en consonancia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en la misma cuantía. Esta sobrecotización empresarial por la realización de contratos de muy corta duración no se aplica a los contratos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni tampoco a los contratos por sustitución, a los contratos para la formación y el aprendizaje ni a los contratos para la formación en alternancia. Tampoco es de aplicación en la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como en las de personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad. Incluida en la reforma laboral de 2021, esta penalización fue concebida como una forma de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas. Casi un tercio de los contratos duran menos de un mes De acuerdo con la estadística de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de febrero (último dato disponible), el pasado mes se realizaron 1.118.996 contratos laborales, de los que casi un tercio (el 31,2%) contemplaban una duración igual o inferior al mes. En concreto, la estadística, a la que ha tenido acceso Europa Press, refleja que en febrero se efectuaron 349.266 contratos con una duración igual o inferior al mes. De ellos, 232.540 contratos, el 20,7% del total de la contratación de febrero, tenían una duración igual o inferior a una semana, en tanto que 54.703 contratos contemplaban una duración de entre 8 y 15 días y 62.023 recogían una duración de entre 16 días y un mes. De los 1.118.996 contratos realizados en febrero, 494.001 fueron contratos indefinidos, un 1,9% más que en igual mes de 2025 y el equivalente al 44,1% de todos los contratos realizados en el segundo mes del año, porcentaje superior al de enero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,6%. Dentro de los indefinidos, en febrero se realizaron 229.651 contratos a tiempo completo, un 0,2% menos que en igual mes del año pasado; 133.764 contratos fijos-discontinuos (+2,6% interanual) y 130.586 contratos indefinidos a tiempo parcial (+7,8%). De todos los contratos suscritos en febrero, 624.995 fueron contratos temporales, un 1,3% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 55,8% de la contratación efectuada en el segundo mes del ejercicio 2026. En los dos primeros meses del año se han efectuado 2,28 millones de contratos, cifra un 1,3% inferior a la del mismo periodo de 2025, de los que 978.296 han sido contratos fijos (-1,2%) y 1,3 millones, temporales (-1,4%).El Gobierno ha elevado de 32,60 a 33,62 euros la cotización adicional que deben pagar los empresarios a la finalización de los contratos temporales de menos de 30 días como consecuencia del aumento de las bases mínimas de cotización para este año, según consta en la orden que desarrolla las normas legales de cotización publicada en el BOE.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2546323137-1-p478486-m1491828-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-penalizacion-a-contratos-temporales-de-menos-de-30-dias-sube-hasta-los-3362-euroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2546323137-1-p478486-m1491828-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-penalizacion-a-contratos-temporales-de-menos-de-30-dias-sube-hasta-los-3362-euroshttps://elderecho.com/la-penalizacion-a-contratos-temporales-de-menos-de-30-dias-sube-hasta-los-3362-euroshttps://elderecho.com/la-penalizacion-a-contratos-temporales-de-menos-de-30-dias-sube-hasta-los-3362-euros2026-03-31 11:42:592026-03-31 11:42:59socialSocial13Social478445Esta cifra supone un incremento del 2,9% respecto a 2024 y representa el mayor volumen anual de solicitudes de patentes europeas procedentes de España registrado hasta la fecha. En total, la OEP recibió 201.974 solicitudes de patentes europeas en 2025, un 1,4% más que el año anterior, superando por primera vez las 200.000 solicitudes y confirmando la competitividad de Europa como polo tecnológico global. Las solicitudes procedentes de los Estados miembros de la OEP crecieron, de media, un 0,4%. España representa el 1,1% del total de solicitudes presentadas ante la OEP y se sitúa en el 9º puesto por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea, en el 15º a nivel mundial y en el 25º puesto en volumen de solicitudes per cápita. “Este récord de solicitudes de patentes subraya la capacidad innovadora de Europa y su atractivo como mercado tecnológico global”, afirma Antonio Campinos, presidente de la OEP. “El Technology Dashboard 2025 permite analizar los avances y las brechas existentes en distintos sectores industriales, ayudando a los responsables políticos europeos a identificar áreas prioritarias y orientar las inversiones y acciones para reforzar la soberanía tecnológica y la competitividad. Mientras que la Patente Unitaria ya está eliminando barreras y acelerando la transición hacia un mercado europeo de innovación más integrado, es necesario mantener el foco especialmente en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la salud y las tecnologías cuánticas”. Crecimiento sostenido en la última década El aumento registrado en 2025 confirma la tendencia al alza de la innovación española. El número de solicitudes españolas presentadas ante la OEP ha aumentado más de un 43% desde 2016, lo que sitúa a España como el tercer país con mayor crecimiento en la última década entre los principales países europeos solicitantes de patentes (aquellos con más de 2.000 solicitudes anuales). Esta evolución refleja el compromiso continuado de empresas, universidades, centros de investigación públicos y emprendedores españoles con la protección de sus invenciones en el mercado europeo. El sector salud sigue liderando, mientras la tecnología informática gana impulso Las tecnologías relacionadas con la salud continúan siendo el principal motor de las solicitudes españolas de patentes europeas. En 2025, la biotecnología fue el campo tecnológico con mayor número de solicitudes (181), seguida por el sector farmacéutico (179) y la tecnología médica (167). En conjunto, estos tres ámbitos representaron casi una cuarta parte (23,4%) de todas las solicitudes españolas ante la OEP. Aunque el sector farmacéutico registró un descenso (-19%) respecto al año anterior, la biotecnología (+11%) y la tecnología médica (+2,5%) crecieron, lo que confirma la fortaleza del ecosistema español de investigación biomédica y sanitaria. A nivel global en la OEP, los sectores relacionados con la salud experimentaron descensos, como el farmacéutico (-6,3%) y la biotecnología (-3,3%), pese a que la tecnología médica creció en el ‘último año (+1,3%). Junto a su tradicional especialización en el campo de la salud, los innovadores españoles también incrementaron sus solicitudes en otros ámbitos tecnológicos, como en el sector de la tecnología informática, que creció un 29,8% en 2025. A nivel global, la tecnología informática se mantuvo como el principal campo tecnológico de solicitudes de patentes ante la OEP en 2025 (+6,1% respecto a 2024), impulsada por el crecimiento de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (+9,5%) y por el rápido desarrollo del emergente campo de las tecnologías cuánticas (+37,9%). Aunque Estados Unidos concentró la mayor parte de las solicitudes en tecnología informática, los innovadores europeos se posicionaron como líderes en los subsectores de la inteligencia artificial (IA) y tecnologías cuánticas. El sector del transporte, que había experimentado un fuerte crecimiento en años anteriores en España, registró un descenso del 15,4% en 2025, aunque sigue siendo un ámbito relevante dentro del ecosistema innovador nacional. El CSIC, principal solicitante español ante la OEP El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 55 solicitudes de patentes europeas, encabezó nuevamente en 2025 el ranking de solicitantes españoles ante la OEP. Entre los principales solicitantes también figuran empresas como Autotech Engineering, Multiverse Computing, Amadeus y Ficosa Automotive, lo que refleja el creciente peso de las empresas industriales y tecnológicas en la protección internacional de las invenciones. Las universidades y centros públicos de investigación continúan desempeñando un papel clave dentro del ecosistema innovador español. Junto con el CSIC, la Universidad del País Vasco, la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona figuran entre los diez principales solicitantes españoles, con un total conjunto de 112 solicitudes de patentes europeas en 2025. Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran más de la mitad de la actividad innovadora La actividad patentadora en España sigue concentrándose en los principales polos económicos del país. Cataluña lidera el ranking regional, con 754 solicitudes en 2025, lo que representa el 33,4% del total nacional, con un crecimiento del 4,1%. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 484 solicitudes y un notable aumento interanual del 17,2%. El País Vasco ocupa la tercera posición, con 310 solicitudes, seguido por la Comunidad Valenciana (152) y Navarra (142). Navarra registró un crecimiento significativo (+19,3%), mientras que Murcia presentó el mayor incremento entre las principales regiones (+39,3%). Las cinco regiones españolas más pujantes en materia de innovación se sitúan además entre las 100 principales regiones europeas por número de solicitudes presentadas ante la OEP. A nivel de ciudades, Barcelona y Madrid se mantienen entre las 100 principales ciudades europeas en cuanto a actividad de patentes, consolidando su papel como hubs tecnológicos de referencia en España. Les siguen San Sebastián, Zaragoza y Alcobendas. Fuerte adopción de la Patente Unitaria por parte de innovadores españoles El sistema de Patente Unitaria, en funcionamiento desde junio de 2023, sigue ganando impulso entre los solicitantes españoles. En 2025 se registraron 580 solicitudes con efecto unitario procedentes de titulares españoles, lo que representa una tasa de adopción del 56,1% de las patentes europeas concedidas a innovadores españoles ese año. Este porcentaje se sitúa muy por encima de la media mundial (28,7%) y supera también la media de la Unión Europea (40,7%), lo que demuestra el uso estratégico de este sistema por parte de las empresas españolas para simplificar y ampliar la protección de sus invenciones en el mercado europeo, a pesar de que España no participa formalmente en el sistema. Las tendencias globales de innovación refuerzan el papel de Europa en un entorno altamente competitivo A escala mundial, Estados Unidos mantiene el liderazgo como principal país de origen de solicitudes de patentes europeas, seguido de Alemania. Por primera vez, China supera a Japón y se convierte en el tercer país de origen, seguida por Corea del Sur. Las solicitudes procedentes de China se han triplicado desde 2016, mientras que las de Corea del Sur se han duplicado, superando ampliamente el ritmo de crecimiento medio de los países europeos. Los Estados miembros de la OEP representaron el 43% de las solicitudes totales en 2025, mientras que el 57% procedieron de países no pertenecientes a la OEP. Samsung volvió a ser el mayor solicitante de patentes ante la OEP en 2025, seguido por Huawei, LG y Qualcomm. Nokia completa el top cinco tras registrar el mayor crecimiento en el último año, con 2.242 solicitudes (+89,4%). El top 10 incluye cuatro empresas europeas, dos de Corea del Sur, dos de Estados Unidos y dos de China, reflejando la intensa competencia global en materia de innovación tecnológica.Las empresas e inventores españoles presentaron 2.255 solicitudes de patentes europeas en 2025, según el Technology Dashboard 2025 de la OEP (anteriormente Índice de Patentes) publicado por la Oficina Europea de Patentes (OEP).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/Sede-EPO-Munich-p478445-m1491711-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/espana-alcanza-un-nuevo-maximo-en-solicitudes-de-patentes-europeashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/Sede-EPO-Munich-p478445-m1491711-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/espana-alcanza-un-nuevo-maximo-en-solicitudes-de-patentes-europeashttps://elderecho.com/espana-alcanza-un-nuevo-maximo-en-solicitudes-de-patentes-europeashttps://elderecho.com/espana-alcanza-un-nuevo-maximo-en-solicitudes-de-patentes-europeas2026-03-31 11:15:572026-03-31 11:15:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico478419El tribunal, que lo considera autor de un delito de estafa agravada, también lo multa con 6.600 euros y lo inhabilita para el ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena. Además, le impone otra multa de 10.800 euros por cometer un delito de quebrantamiento de condena y lo absuelve de los delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional. El acusado deberá devolver al cliente los 34.650 euros estafados e indemnizarlo con 20.000 euros en concepto de daño moral. La sala entiende acreditado que el abogado, que llevaba años representando a la familia en diversos procedimientos, aprovechó "de forma reiterada” su “posición de confianza" y vulneró los deberes deontológicos al solicitar dinero a su cliente. Entre 2010 y 2015, según consta en el fallo, le reclamó 34.650 euros alegando falsos gastos judiciales, cantidades que nunca se abonaron al proceso, sino que pasaron a formar parte de su patrimonio. Además, los magistrados destacan que, a pesar de que el abogado había sido condenado previamente por delitos similares, continuó asesorando al cliente durante su inhabilitación profesional, lo que constituyó un quebrantamiento de condena. La Audiencia subraya que tanto las declaraciones de la víctima como de su esposa son creíbles, mientras que entienden que la versión del acusado es "contradictoria" e "incompatible con la falta de constancia documental de las entregas de dinero en su despacho". La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante el TSXG. Audiencia Provincial de A Coruña. Sección sexta. Sentencia nº 53/2026 de 25 de marzo de 2026.La sección sexta de la AP de A Coruña condena a un abogado a cuatro años y medio de cárcel estafar a un cliente, quien le entregó diversas cantidades de dinero bajo la creencia de que eran necesarias para la tramitación de procedimientos judiciales relacionados con la legalización de una propiedad familiar. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2550783753-1-p478419-m1491665-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-abogado-a-cuatro-anos-y-medio-de-carcel-por-estafar-a-un-clientehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2550783753-1-p478419-m1491665-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-abogado-a-cuatro-anos-y-medio-de-carcel-por-estafar-a-un-clientehttps://elderecho.com/condenado-un-abogado-a-cuatro-anos-y-medio-de-carcel-por-estafar-a-un-clientehttps://elderecho.com/condenado-un-abogado-a-cuatro-anos-y-medio-de-carcel-por-estafar-a-un-cliente2026-03-31 11:04:572026-03-31 11:04:57penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico478418Pedro se incorpora al despacho tras una sólida trayectoria de más de tres décadas en el ámbito del Derecho Tributario. En su última etapa, ha ejercido como socio director del área fiscal en Cremades Calvo-Sotelo, donde ha liderado equipos especializados e intervenido en procedimientos tributarios de elevada complejidad relativos a fiscalidad internacional y a reestructuraciones empresariales. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y ha desarrollado una destacada actividad académica como profesor en la Universidad Complutense de Madrid y como colaborador en instituciones como el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Francisco de Vitoria. Es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), de la Asociación Española de Derecho Financiero (rama española de la International Fiscal Association) y del Grupo de Expertos de Delitos Económicos, participando activamente en foros especializados del ámbito tributario. Su incorporación se enmarca en el plan de crecimiento de Selier Abogados, que continúa reforzando su práctica fiscal con perfiles de alta especialización para dar respuesta a un entorno cada vez más exigente para esta área de práctica. Pilar Jaquete, socia gerente de Selier Abogados, señala que “la llegada de Pedro refuerza claramente nuestra práctica fiscal. Su experiencia en procedimientos complejos y su conocimiento del entorno tributario nos permite dar un paso más en un área clave para nuestros clientes”. Por su parte, Pedro de Pablos comenta: “Me incorporo a Selier Abogados muy ilusionado en sumarme a un proyecto en crecimiento y con una apuesta clara por el área fiscal. Creo que puedo aportar mi experiencia, especialmente en procedimientos tributarios y en operaciones corporativas complejas que aporten valor para el cliente”. Asimismo, Rocío Lorenzo, socia de Fiscal Internacional, añade: “La incorporación de Pedro nos permite reforzar el equipo desde un punto de vista global. Su experiencia en procedimientos tributarios y su visión práctica encajan muy bien con el desarrollo del área”.Con este fichaje, la firma refuerza una de sus áreas clave en el asesoramiento a empresas, en un entorno marcado por el incremento de la complejidad normativa y de los procedimientos tributarios.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/Pila-Jaquete-Socia-Gerente-y-Pedro-Rafael-de-Pablos-Socio-Area-Fiscal-Selier-Abogados-scaled-p478418-m1491629-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/selier-abogados-impulsa-su-practica-fiscal-con-pedro-de-pablos-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/Pila-Jaquete-Socia-Gerente-y-Pedro-Rafael-de-Pablos-Socio-Area-Fiscal-Selier-Abogados-scaled-p478418-m1491629-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/selier-abogados-impulsa-su-practica-fiscal-con-pedro-de-pablos-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/selier-abogados-impulsa-su-practica-fiscal-con-pedro-de-pablos-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/selier-abogados-impulsa-su-practica-fiscal-con-pedro-de-pablos-como-nuevo-socio2026-03-31 10:57:302026-03-31 10:57:30sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico478473El valor de lo sustraído, recuperado en buen estado, es de 1.200 euros y tasados en 4.826,50 euros los desperfectos sufridos en el coche a consecuencia del robo. Los acusados recurrieron por dos motivos. En primer lugar, por vulneración de la presunción de inocencia por no considerar probado que las ruedas que ellos vendieron fuesen las mismas que las sustraídas o que conociesen su origen ilícito. En segundo, se denuncia infracción procesal por entender que la modificación de la calificación, con la introducción de una alternativa aceptada por la juez a quo que el Ministerio Fiscal realizó en el acto de la vista, ha infringido su derecho de defensa. Para la Sala, la juez introdujo hechos que la acusación no había establecido en sus conclusiones definitivas, vulnerando así el principio acusatorio. “Lo que sucede en este caso es que el Ministerio Fiscal modificó la clasificación, pero no hizo lo mismo con los hechos, de modo que fue la juez a quo quien introdujo como elemento del relato de hechos que los recurrentes tenían conocimiento de la procedencia ilícita de las dos ruedas. El examen de la grabación de la vista oral permite ver que la representante del Ministerio Fiscal elevó a definitivas las conclusiones provisionales, las cuales reflejaban unos hechos que constituyen un delito de hurto, y fue solo respecto a la conclusión segunda, la relativa a la calificación jurídica, que introdujo la alternativa. Esa segunda es, según hemos visto, la que la juez a quo asumió”. En consecuencia, los magistrados señalan que el recurso ha de ser estimado, revocada la sentencia y absueltos los acusados. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. AP de Toledo. Sección nº 1. Sentencia nº 222/2025 de 2 de diciembre de 2025.La Audiencia Provincial de Toledo ha absuelto a dos acusados que fueron condenados a siete meses de prisión por un delito de receptación por poner a la venta en Wallapop cuatro ruedas que habían sido robadas a un Mercedes por autores desconocidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_1077618704-1-p478473-m1491784-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-toledo-absuelve-a-dos-acusados-de-intentar-vender-por-wallapop-ruedas-de-coche-robadashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_1077618704-1-p478473-m1491784-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-toledo-absuelve-a-dos-acusados-de-intentar-vender-por-wallapop-ruedas-de-coche-robadashttps://elderecho.com/la-ap-de-toledo-absuelve-a-dos-acusados-de-intentar-vender-por-wallapop-ruedas-de-coche-robadashttps://elderecho.com/la-ap-de-toledo-absuelve-a-dos-acusados-de-intentar-vender-por-wallapop-ruedas-de-coche-robadas2026-03-31 10:30:102026-03-31 10:30:10penalPenal9procesalProcesalsector-juridicoSector jurídicoPenal,Procesal,Sector jurídico478420Frente al modelo tradicional de despacho monodisciplinar, Grupo Brío apuesta por la firma de servicios completos orientada estratégicamente a un segmento concreto: la empresa mediana con operativa en todo el territorio español. La trayectoria que sustenta esta integración es sólida. GRA Consultores fue fundada en 1986 en Valencia y fue ampliando progresivamente su oferta jurídica y fiscal. En 2005, la puesta en marcha de ASEMWORK ETT añadió la dimensión de recursos humanos y trabajo temporal al grupo. Tras casi cuatro décadas de crecimiento orgánico, el equipo supera hoy los 45 profesionales especializados en las distintas áreas de práctica. El modelo de Grupo Brío se distingue por extender el asesoramiento más allá del perímetro estrictamente empresarial. Además de atender las obligaciones legales, fiscales y laborales de las compañías, la firma ofrece cobertura jurídica a los socios y empresarios en su esfera privada: planificación patrimonial, herencias, contratos y litigios. Esta aproximación, habitual en las grandes firmas, comienza a abrirse paso entre las asesorías de tamaño medio con vocación de posicionarse como socio estratégico de sus clientes. “Más que asesores, queremos ser socios estratégicos. Nuestro crecimiento no se explica solo por cifras, sino por la confianza sostenida de las empresas que trabajan con nosotros desde hace años", según Rafael Viñals, socio director de Grupo Brío. El grupo está liderado por tres socios directores: Rafael Viñals, con responsabilidad en la dirección general; David Tello, al frente del Área Laboral; y Paz Hueso, socia directora de Brío ETT, quien dirigió ASEMWORK desde su incorporación en 2012. Con esta integración, Grupo Brío se posiciona como un caso de referencia en el proceso de consolidación que vive el segmento medio del mercado de servicios profesionales en España, y en particular en la Comunidad Valenciana, donde la concentración de firmas multidisciplinares con capacidad nacional es todavía escasa.GRA Consultores y ASEMWORK ETT se integran bajo la marca común Grupo Brío, consolidando una estructura multidisciplinar que combina asesoramiento legal, fiscal-contable, laboral, gestión de recursos humanos y prevención de riesgos laborales bajo una única dirección estratégica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/David-Tello-Paz-Hueso-Rafael-Vinals-Socios-del-Grupo-Brio-p478420-m1491748-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nace-grupo-brio-nueva-firma-multidisciplinar-en-valenciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/David-Tello-Paz-Hueso-Rafael-Vinals-Socios-del-Grupo-Brio-p478420-m1491748-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nace-grupo-brio-nueva-firma-multidisciplinar-en-valenciahttps://elderecho.com/nace-grupo-brio-nueva-firma-multidisciplinar-en-valenciahttps://elderecho.com/nace-grupo-brio-nueva-firma-multidisciplinar-en-valencia2026-03-31 10:10:442026-03-31 10:10:44sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico