https://elderecho.com/feedes481745El Consejo General del Notariado y el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España han presentado su sistema de interconexión profesional, que hará más sencilla, rápida y coordinada la prestación a ciudadanos y empresas de determinados servicios notariales de forma completamente online desde las gestorías administrativas en la Sede Electrónica Notarial. Esta interconexión mantiene todas las garantías legales y la seguridad jurídica exigida por el ordenamiento español. La presentación, celebrada en Madrid, ha mostrado en directo dos operaciones reales realizadas íntegramente ante notario mediante este nuevo sistema: el otorgamiento de un poder entre particulares y la constitución de una sociedad limitada. Ambas actuaciones se han llevado a cabo en la Sede Electrónica Notarial mediante videoconferencia, firma electrónica cualificada y conexión segura con la plataforma GENOE. La plataforma GENOE nace con un objetivo claro: acercar los servicios jurídicos y notariales a los ciudadanos a través de la red de gestores administrativos implantada en todo el territorio nacional, propiciando que numerosos actos jurídicos puedan realizarse sin desplazamientos innecesarios y desde cualquier lugar. La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, señaló que “los notarios llevamos muchos años demostrando que la seguridad jurídica no impide el dinamismo que exige la sociedad actual, sin que suponga costes, en tiempo y dinero, o burocracia para pymes, autónomos y para la ciudadanía en general”. Por su parte, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó que “no estamos simplemente ante una nueva herramienta tecnológica; estamos ante una nueva manera de acercar la seguridad jurídica a los ciudadanos”. Asimismo, subrayó que “la verdadera transformación digital no consiste únicamente en hacer los trámites más rápidos, sino en hacerlos más humanos, más accesibles y cercanos para quienes más dificultades tienen para relacionarse con la Administración y con determinados servicios jurídicos. Esto es parte de la justicia social”. Sin desplazamientos El sistema permitirá que un ciudadano y una empresa pueda iniciar y completar determinados servicios notariales desde una gestoría administrativa, desde su domicilio, desde una residencia, desde un hospital o incluso desde otro país, -siempre acompañado y asesorado por su gestor administrativo y con el asesoramiento imparcial, control de legalidad y autorización del notario elegido-, en la sede electrónica notarial, dotada de importantes medidas de seguridad. La iniciativa supone además un importante avance en materia de inclusión y cohesión territorial. Gracias a este modelo, ciudadanos de zonas rurales o de la denominada España vaciada podrán acceder con el apoyo de sus gestores a diversos servicios notariales digitales sin necesidad de realizar desplazamientos, utilizando para ello la extensa red de gestorías administrativas existente en toda España y los servicios online del Notariado. La conexión entre las sedes notarial y de los gestores incorpora sistemas avanzados de identificación y firma electrónica, permitiendo además la emisión de certificados digitales por parte de gestores administrativos y notarios, ambos habilitados como autoridad de registro, garantizando así la autenticidad, trazabilidad y seguridad de todas las operaciones realizadas. Entre los actos y negocios jurídicos que podrán autorizarse online se encuentran la constitución de sociedades, diversos poderes notariales, revocaciones de poderes, pólizas mercantiles, modificaciones societarias, actas determinadas y otros actos autorizados legalmente mediante videoconferencia. Durante la presentación también se puso en valor la colaboración institucional entre notarios y gestores administrativos como ejemplo de cooperación profesional orientada al interés general y a la mejora efectiva de los servicios ofrecidos a ciudadanos, autónomos y empresas. Cerró la presentación el director de la Agencia Estatal de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell quien, tras hacer un repaso de los datos de los principales servicios comunes que presta la Agencia, trasladó una felicitación sincera a todos los actores que han hecho posible este nuevo modelo de interconexión digital entre Notarios y Gestores Administrativos señalando que no estamos sólo ante una mejora técnica, sino ante un salto cualitativo en la forma en que colaboran los operadores jurídicos y administrativos en nuestro país, creando modelos más conectados, seguros y eficientes.La iniciativa facilitará el acceso a servicios notariales a personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida y habitantes de la España rural o despoblada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Foto-de-familia.-Participantes-y-autoridades-asistentes-p481745-m1502320-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/notarios-y-gestores-administrativos-presentan-su-sistema-de-interconexion-onlinehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Foto-de-familia.-Participantes-y-autoridades-asistentes-p481745-m1502320-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/notarios-y-gestores-administrativos-presentan-su-sistema-de-interconexion-onlinehttps://elderecho.com/notarios-y-gestores-administrativos-presentan-su-sistema-de-interconexion-onlinehttps://elderecho.com/notarios-y-gestores-administrativos-presentan-su-sistema-de-interconexion-online2026-05-21 13:53:242026-05-21 13:53:24sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481730De acuerdo con la exposición de motivos, “La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa”. No obstante, continúa, “el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección más efectiva de los titulares de estos derechos” y para incluir “la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas”. La ocupación ilegal de inmuebles y sus consecuencias, prosigue la exposición de motivos, “produce cada vez mayor preocupación y alarma social” y frente a ello, la iniciativa legislativa propone un conjunto de medidas en ocho artículos y cuatro disposiciones. Así, en su artículo tercero introduce “el cambio legal más reclamado” por los afectados y expertos en la materia: “deslindar los conceptos de morada o domicilio de las situaciones de ilegalidad por ocupación”. En concreto, se establece que “el ocupante ilegal de cosa inmueble no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes”. Además, en su artículo cuarto se propone modificar el Código Penal para incluir “penas superiores a las vigentes para quien con violencia o intimidación ocupare un inmueble”. También se considerará colaborador o instigador a cometer un delito quien señale inmuebles para ser ocupados. A continuación, en su artículo quinto se introduce una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con objeto “dar una respuesta pública rápida a la desposesión del inmueble con instrumentos que permitan la rápida recuperación de la posesión del mismo por quien legítimamente le corresponde”. Además, el artículo sexto introduce una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, “para que se decidan en juicio verbal las demandas que tengan por objeto solicitar la inmediata recuperación de la posesión de una vivienda a las personas físicas y a todas las personas jurídicas”. La proposición también modifica la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo séptimo, para introducir “mejoras en la convivencia vecinal al conferir de medios de defensa jurídica a la comunidad de propietarios”. Asimismo, se establece en el artículo octavo que la ocupación ilegal “no podrá dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal”, para lo que se plantea reformar la Ley de Bases de Régimen Local. Asimismo, la disposición final segunda introduce un conjunto de reducciones de obligaciones tributarias para los propietarios afectados por supuestos de ocupación ilegal, como la devolución de cantidades abonadas en concepto de IBI o Impuesto sobre el Patrimonio. La disposición final tercera habilita al Gobierno para adaptar en el plazo de doce meses la normativa del padrón municipal y desarrollar reglamentariamente la ley.El Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/07/shutterstock_708075007-p481730-m1502254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-aprueba-comenzar-a-tramitar-una-proposicion-de-ley-organica-contra-la-ocupacion-ilegal-de-inmuebleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/07/shutterstock_708075007-p481730-m1502254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-aprueba-comenzar-a-tramitar-una-proposicion-de-ley-organica-contra-la-ocupacion-ilegal-de-inmuebleshttps://elderecho.com/el-congreso-aprueba-comenzar-a-tramitar-una-proposicion-de-ley-organica-contra-la-ocupacion-ilegal-de-inmuebleshttps://elderecho.com/el-congreso-aprueba-comenzar-a-tramitar-una-proposicion-de-ley-organica-contra-la-ocupacion-ilegal-de-inmuebles2026-05-21 13:44:132026-05-21 13:44:13civilCivil2inmobiliarioInmobiliariopenalPenal9Civil,Inmobiliario,Penal481744El acceso a la vivienda, la falta de oferta residencial y el creciente desequilibrio entre creación de hogares y construcción de nuevas viviendas centraron este jueves la inauguración del IV Congreso Nacional de Derecho de la Construcción del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), un encuentro que reúne durante dos jornadas a juristas, ingenieros, arquitectos, representantes institucionales y expertos del sector para analizar algunos de los principales retos económicos, regulatorios y tecnológicos vinculados a la construcción y las infraestructuras. Durante la apertura del congreso, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, advirtió de que España arrastra ya un déficit estructural de vivienda derivado del desfase entre la creación anual de hogares y el ritmo de construcción residencial. “En España se crean al año en torno a 200.000 hogares, pero se construyen aproximadamente 100.000 viviendas”, señaló Ribón, quien alertó de que, de mantenerse esta tendencia, el déficit acumulado podría superar las 800.000 viviendas en 2027. “El Derecho no coloca ladrillos, pero sí construye —o destruye— certezas: seguridad jurídica, agilidad administrativa, incentivos adecuados y reglas claras para promover un parque de vivienda suficiente y asequible”, afirmó el decano del ICAM, que defendió la necesidad de combinar “ambición y realismo” para aumentar la construcción residencial sin expulsar del sistema “a las clases medias y a los jóvenes”. Un déficit estructural que amenaza con superar el millón de viviendas En la misma línea, el presidente de la Sección de Derecho de la Construcción e Ingeniería del ICAM, Francisco García-Ortells, situó la vivienda como “el primer gran problema que tiene la sociedad española”. El diagnóstico expuesto durante el congreso apunta a una crisis de vivienda marcada por el desequilibrio estructural entre oferta y demanda, el encarecimiento sostenido de los precios y las crecientes dificultades de acceso para jóvenes y clases medias. En términos acumulados, el desfase entre creación de hogares y construcción residencial podría elevar el déficit de vivienda hasta el millón de unidades en 2030 si no se acelera el ritmo edificatorio actual. García-Ortells vinculó además la situación española a una crisis de alcance europeo y recordó que el Parlamento Europeo considera que “el estado de la vivienda en Europa es una crisis estructural generalizada provocada por el gran desajuste que existe entre la oferta y la demanda”. Según los datos expuestos durante la inauguración, el precio de la vivienda en Europa se ha incrementado más de un 55 % en la última década, mientras que el alquiler ha subido entre un 28 % y un 30 %. Entre los factores que explican esta situación figuran el déficit de construcción, el sobreesfuerzo financiero de los hogares, la emancipación tardía de los jóvenes y la presión del alquiler turístico sobre el mercado residencial tradicional en las grandes ciudades. En el caso español, la tensión es aún mayor. Durante los últimos 15 años, el precio de la vivienda en compraventa se ha incrementado más de un 70 %, mientras que el alquiler ha crecido entre un 30 % y un 35 %. Además, alrededor del 15 % de las familias españolas destinan más del 70 % de sus ingresos a gastos habitacionales y la edad media de emancipación se sitúa ya en torno a los 30 años. Otro de los datos destacados durante la apertura del congreso fue la creciente dificultad de acceso a la primera vivienda. Según se expuso durante el encuentro, aproximadamente el 50 % de las hipotecas firmadas en el último año y medio habrían correspondido a inversores, mientras que únicamente un 10 % se habrían destinado a compradores de primera vivienda. Ante esta situación, el ICAM planteó la necesidad de abordar la vivienda desde una perspectiva jurídica y económica integral, capaz de combinar aumento de oferta, colaboración público-privada, seguridad jurídica, agilidad administrativa y protección de garantías. El congreso dedicará varias mesas redondas a analizar el precio de la vivienda desde dos perspectivas complementarias: los costes de producción y los factores regulatorios, financieros y de mercado que condicionan la oferta residencial. Seguridad jurídica, colaboración público-privada y nuevas políticas de vivienda En este contexto, Ribón recordó la reciente aprobación del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el plan anterior, con el objetivo de ampliar el parque residencial asequible y frenar la especulación. También mencionó las medidas impulsadas por la Comunidad de Madrid, entre ellas el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, la consolidación del Plan Vive y la Ley de Medidas Urgentes para impulsar la construcción de 18.000 viviendas protegidas. Todo ello, señaló el decano del ICAM, plantea importantes interrogantes jurídicos sobre cómo articular fórmulas eficaces de colaboración público-privada, reducir plazos administrativos sin merma de garantías y aportar seguridad jurídica a proyectos residenciales viables y socialmente necesarios. Ribón alertó asimismo de la situación que atraviesa actualmente la obra civil y el ámbito de las infraestructuras, marcada por la caída de la inversión, las licitaciones desiertas, el incremento de costes y los problemas en las cadenas de suministro. En este contexto, recordó que las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas ascienden a 127.341 millones de euros para la próxima década, según estimaciones de SEOPAN. Inteligencia artificial, centros de datos e integridad pública Junto a la vivienda, el encuentro pondrá también el foco en otros desafíos estratégicos para el sector. Entre ellos, el auge de los centros de datos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, un ámbito que movilizará inversiones multimillonarias durante los próximos años y en el que España aspira a consolidarse como uno de los principales polos europeos de atracción de inversión, especialmente en Madrid, Barcelona y Aragón. Asimismo, el Congreso analizará el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de grandes contratos y proyectos de construcción, incluyendo cuestiones relacionadas con la responsabilidad jurídica, la trazabilidad, la protección de datos, la confidencialidad, los sesgos y la seguridad de la información. Otro de los ejes centrales será la contratación internacional de construcción, un ámbito cada vez más relevante para las empresas españolas del sector, así como el análisis del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y los mecanismos de prevención de la corrupción en la contratación pública. “El Congreso no debe ser únicamente un lugar para describir problemas, sino un espacio para construir soluciones”, concluyó el decano del ICAM durante la inauguración del encuentro.El encuentro, que se celebra este jueves y viernes en la sede colegial, aborda también el auge de los centros de datos impulsados por la IA, la inversión en infraestructuras, la contratación internacional y las luces y sombras del anteproyecto de Ley de Integridad Pública aplicado al sector de la construcción.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Inauguracion-del-IV-Congreso-de-Derecho-de-la-Construccion-del-ICAM-scaled-p481744-m1502301-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-deficit-de-vivienda-en-el-centro-del-debate-juridico-y-economico-sobre-la-construccionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Inauguracion-del-IV-Congreso-de-Derecho-de-la-Construccion-del-ICAM-scaled-p481744-m1502301-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-deficit-de-vivienda-en-el-centro-del-debate-juridico-y-economico-sobre-la-construccionhttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-deficit-de-vivienda-en-el-centro-del-debate-juridico-y-economico-sobre-la-construccionhttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-deficit-de-vivienda-en-el-centro-del-debate-juridico-y-economico-sobre-la-construccion2026-05-21 13:30:262026-05-21 13:30:26sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481729Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha reivindicado durante la apertura del ciclo el papel esencial de la profesión jurídica en la prevención y gestión del riesgo penal empresarial. “Los abogados y abogadas somos elementos vertebradores entre la función preventiva del compliance y la función reactiva de la defensa penal”, subrayando la importancia de la formación continua para responder a las nuevas exigencias regulatorias y empresariales. Por su parte, el secretario general de la Cámara, Adolfo Díaz-Ambrona, ha explicado que el cumplimiento normativo, el buen gobierno y la ética empresarial, ya no son solo obligaciones legales, sino “pilares de la creación de valor sostenible a largo plazo, de la reputación corporativa y de la confianza del mercado. Por ello, el Observatorio de Cumplimiento -creado por el Grupo de Trabajo de Compliance de la Cámara de España- impulsa acciones formativas como esta para reforzar la cultura de cumplimiento, integridad y buen gobierno de las empresas”. El ciclo formativo -que cuenta con más de 1.800 asistentes registrados- reunirá a juristas, magistrados, fiscales, académicos y abogados especializados con el objetivo de ofrecer una visión práctica y actualizada sobre la evolución del Derecho penal empresarial y su aplicación en los tribunales. El ciclo nace con una premisa clara: el compliance ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en un factor estructural que impacta directamente en la competitividad empresarial, la confianza del mercado y, especialmente, en la práctica judicial. En este sentido, se abordarán cuestiones relevantes como la evolución del régimen de responsabilidad penal corporativa, la valoración real de los programas de cumplimiento por los tribunales y el papel del abogado en la prevención, gestión del riesgo y defensa de las empresas. La iniciativa se desarrollará en ocho sesiones entre mayo y julio, en formato híbrido —presencial y streaming desde la sede del Consejo General en Madrid—, y culminará con la presentación de conclusiones en la sede de la Cámara de Comercio de España en septiembre. Tras la inauguración, la primera jornada ha sido impartida por Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo; Consuelo Madrigal, fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo; y José María Ayala, secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento y socio director de Ayala de la Torre Abogados. Las siguientes sesiones contarán, entre otros, con Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Poder Judicial; Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción; y Carlos Aguilar, socio de Procesal en CMS Albiñana Suárez de Lezo, con la moderación de Cristina Vallejo, decana de Barcelona; Enrique Arnaldo y Juan Carlos Campo, magistrados del Tribunal Constitucional y Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo. La moderación de las formaciones será llevada a cabo por consejeros de la Abogacía Española como Cristina Vallejo, decana de la Abogacía de Barcelona; Ignacio Gally, decano de Alicante; Emilio Vega, decano de Guadalajara; Albert Sierra, decano de Girona; Federico Bravo, decano de La Rioja y Miguel Hermosa, decano de Palencia.El Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España han puesto en marcha el ciclo formativo “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en España”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/PONENTES-INAUGURACION-Y-PRIMERA-MESA-scaled-p481729-m1502235-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-y-la-camara-de-espana-imparten-una-formacion-sobre-responsabilidad-penal-de-empresas-y-cumplimiento-normativohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/PONENTES-INAUGURACION-Y-PRIMERA-MESA-scaled-p481729-m1502235-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-y-la-camara-de-espana-imparten-una-formacion-sobre-responsabilidad-penal-de-empresas-y-cumplimiento-normativohttps://elderecho.com/la-abogacia-y-la-camara-de-espana-imparten-una-formacion-sobre-responsabilidad-penal-de-empresas-y-cumplimiento-normativohttps://elderecho.com/la-abogacia-y-la-camara-de-espana-imparten-una-formacion-sobre-responsabilidad-penal-de-empresas-y-cumplimiento-normativo2026-05-21 11:09:462026-05-21 11:09:46complianceCompliancepenalPenal9sector-juridicoSector jurídicoCompliance,Penal,Sector jurídico481590La sentencia aborda la interpretación de la LIRPF art.33.1 en relación con la LIRPF art.39. En particular, se cuestiona si, para desvirtuar la calificación de una ganancia patrimonial no justificada, es suficiente que el contribuyente pruebe el origen o fuente de los elementos patrimoniales -es decir, la identificación del medio y la persona de quien se recibieron- o si, además, debe acreditar el negocio jurídico que justifica la transmisión de dichos bienes o derechos. El Tribunal Supremo parte de la premisa de que la institución jurídica de las ganancias patrimoniales no justificadas tiene como finalidad evitar que rentas ocultas al fisco escapen de tributación, aplicando una presunción iuris tantum a favor de la Administración tributaria, conforme a la LIRPF art.39. En este marco, la carga de la prueba recae en el contribuyente, quien debe aportar pruebas sólidas y veraces para desvirtuar dicha presunción (LGT art.105 y LEC art.217). También recuerda que la interpretación de las normas tributarias debe realizarse de forma sistemática y conforme al CC art.3.1, atendiendo al sentido propio de las palabras, el contexto y la finalidad de la norma. En este sentido, para desvirtuar la calificación de una ganancia patrimonial no justificada no basta con identificar el origen o la fuente de los fondos, sino que es necesario acreditar también el negocio jurídico que justifica la transmisión de los bienes o derechos que alteran la composición del patrimonio. En el caso concreto, la sentencia de instancia calificó como ganancia patrimonial no justificada ciertos abonos en cuentas bancarias porque no se acreditó ni quién los realizó ni el negocio jurídico que los sustentaba. La recurrente alegaba que existía un contrato de crédito que justificaba dichos abonos, pero el Tribunal constató que el contrato era posterior a algunos de los abonos y que no se aportó documentación suficiente para establecer la relación entre el crédito y los movimientos bancarios cuestionados. Por tanto, el Tribunal Supremo confirma que la presunción de ganancia patrimonial no justificada se mantiene cuando el contribuyente no aporta prueba suficiente y adecuada que acredite tanto el origen de los fondos como el negocio jurídico subyacente, fijando como doctrina jurisprudencial que, para desvirtuar la calificación de ganancia patrimonial no justificada en el IRPF, el contribuyente debe probar: el origen o fuente de los elementos patrimoniales, identificando el medio y la persona transmisora; y el negocio jurídico que justifica la transmisión de dichos bienes o derechos.   TS 27-11-25, EDJ 779597   Más información en el Memento IRPF 2026  Para desvirtuar la calificación de una ganancia patrimonial como no justificada, el contribuyente debe probar el origen o fuente de los elementos patrimoniales, esto es, de dónde proceden mediante la identificación del medio de transmisión de los bienes o derechos, de quién proceden mediante la identificación de la persona que los transmite, y por qué se transmiten acreditando el negocio jurídico por el que se transfiere la titularidad de los bienes y derechos que alteran la composición del patrimonio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2761190771-1-p481590-m1501871-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/requisitos-para-desvirtuar-las-ganancias-patrimoniales-no-justificadashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2761190771-1-p481590-m1501871-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/requisitos-para-desvirtuar-las-ganancias-patrimoniales-no-justificadashttps://elderecho.com/requisitos-para-desvirtuar-las-ganancias-patrimoniales-no-justificadashttps://elderecho.com/requisitos-para-desvirtuar-las-ganancias-patrimoniales-no-justificadas2026-05-20 16:06:562026-05-20 16:06:56fiscalFiscal6Fiscal481699Para conocer cuáles son los principales riesgos fiscales, Lefebvre Formación organiza el curso “Mapa de riesgos en el IVA 2026: las cuestiones a tener en cuenta”, estructurado en dos sesiones webinar los días 2 y 3 de junio, que será impartido por Francisco Javier Sánchez Gallardo, Economist. State Tax Inspector. Esta formación tiene como objetivo ofrecer una visión actualizada de las incidencias más frecuentes detectadas por la Administración tributaria en materia de IVA, así como proporcionar los criterios para revisar procesos internos y anticipar contingencias derivadas de procedimientos de comprobación e inspección. El curso aborda cuestiones técnicas vinculadas a procedimientos de comprobación, operaciones inmobiliarias, inversión del sujeto pasivo, reglas de devengo, repercusión y rectificación del impuesto, además de obligaciones formales y supuestos de deducción considerados controvertidos, como los relacionados con vehículos o atenciones a clientes. También se incluyen contenidos sobre operaciones internacionales, prescripción y errores frecuentes en la gestión del tributo. Los asistentes obtendrán una visión completa y actualizada de los riesgos más relevantes en IVA para el ejercicio 2026, con especial foco en aquellos ámbitos que presentan mayor conflictividad o generan más actuaciones de control tributario. Infórmate e inscríbete en el Curso Mapa de riesgos en el IVA 2026: las cuestiones a tener en cuenta  El IVA presenta un alto nivel de riesgo y regularizaciones porque combina una extensa red de obligaciones formales de facturación, registro y declaración cuya infracción es sancionable, con reglas sustantivas de deducción, devengo y rectificación que exigen un cumplimiento estricto de plazos y requisitos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2767490927-1-p481699-m1502141-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mapa-de-riesgos-en-el-iva-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2767490927-1-p481699-m1502141-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mapa-de-riesgos-en-el-iva-2026https://elderecho.com/mapa-de-riesgos-en-el-iva-2026https://elderecho.com/mapa-de-riesgos-en-el-iva-20262026-05-20 16:05:572026-05-20 16:05:57fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico481652La expedición partió desde la Cruz de Tejeda y recorrió distintos puntos del norte de Gran Canaria, hasta llegar a la iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar, dónde tuvo lugar el acto final de clausura. Durante el trayecto, los participantes realizaron una parada en El Saucillo antes de continuar hacia Hoya Pineda y posteriormente incorporarse al municipio de Santa María de Guía, donde fueron recibidos por el alcalde, Alfredo Gónçalvés Ferreira. La caminata estuvo marcada además por una intensa tromba de agua registrada durante parte del recorrido, una circunstancia que no impidió que los jóvenes completarán la etapa manteniendo el compañerismo y el apoyo mutuo durante toda la jornada. Hay que destacar el mercado solidario que se montó tanto en Tejeda como en Gáldar para vender productos donados con objeto de dárselos a una Asociación. También en la plaza del pueblo de Gáldar se instaló un castillo hinchable para que los niños pudiesen jugar. Participación institucional y respaldo social La iniciativa con la participación de jóvenes vinculados a distintos colectivos sociales y entidades relacionadas con el acompañamiento educativo y social, además de profesionales y representantes institucionales que acompañaron el recorrido. Entré los asistentes estuvieron la magistrada y presidenta de UP2U Project, Reyes Martel; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agís Villaverde; el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar; la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce Velasco; y el periodista especializado en el Camino de Santiago, Luis Celeiro. También participaron la concejala de servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Gáldar, Ana Mendoza, y la consejera del Mayor, Lola Delgado. Camino de Santiago en octubre Durante el acto final celebrado en Gáldar, Reyes Martel agradeció la implicación de todas las personas participantes y confirma que los jóvenes que completaron ésta edición del Camino de los Valores participaran el próximo mes de octubre en el Camino de Santiago en Galicia, dando continuidad al trabajo social y educativa impulsado por UP2U Project. La clausura incluyó además una bendición impartida por el Vicario de la zona, Iltmo. Sr. D. Marcos Arencibia, en un ambiente marcado por la convivencia y el reconocimiento colectivo al esfuerzo realizado durante las dos jornadas. Desde la organización se destacó el ambiente generado entre los participantes y la importancia de seguir impulsando iniciativas que fomentan valor de integración, solidaridad y crecimiento personal entre los jóvenes.La décima edición del Caminó de los valores concluyó el pasado fin de semana en Gáldar después de completar la segunda y última etapa de una iniciativa qué volvió a reunir a jóvenes, profesionales y representantes sociales en torno a la convivencia, la integración y la superación personal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Llegada-Galdar-Up2you_img-p481652-m1501986-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-camino-de-los-valores-concluye-en-galdar-tras-una-jornada-de-superacion-y-convivenciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Llegada-Galdar-Up2you_img-p481652-m1501986-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-camino-de-los-valores-concluye-en-galdar-tras-una-jornada-de-superacion-y-convivenciahttps://elderecho.com/el-camino-de-los-valores-concluye-en-galdar-tras-una-jornada-de-superacion-y-convivenciahttps://elderecho.com/el-camino-de-los-valores-concluye-en-galdar-tras-una-jornada-de-superacion-y-convivencia2026-05-20 16:04:252026-05-20 16:04:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481686El anuncio lo ha realizado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la inauguración del Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), que se celebra hasta el viernes en Madrid. El anuncio llega en el primer aniversario de la apertura de la firma del convenio en Luxemburgo, y coincide con la celebración en Madrid del Congreso de la UIBA, junto a la Abogacía Española, en el que la protección de la profesión y de las garantías del ejercicio profesional ocupa un lugar central. El convenio reconoce expresamente principios esenciales para el ejercicio como la independencia de la abogacía, el secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones con clientes, la libertad de expresión, el acceso a expedientes y a personas privadas de libertad, así como la protección frente a amenazas o represalias, cuyos datos en España y en Europa resultan alarmantes. Con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa aprobada en 2024, el convenio refuerza el papel de los Consejos y Colegios profesionales como garantes institucionales del derecho de defensa y como actores esenciales para preservar el estado social y democrático de derecho que establece la Constitución. Entre los principales avances de la norma, ya ratificada por 31 Estados, asegura el seguimiento y corrección de las vulneraciones más graves al ejercicio profesionales. Por ese motivo, Abogacía Española aportó propuestas al texto durante su preparación, junto con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE). Abogacía Española, una vez ratificado el texto, asumirá la responsabilidad de asegurar la efectividad práctica de las garantías que incorpora y reforzará la cultura de protección del derecho de defensa.España firmará próximamente el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía, un instrumento internacional para reforzar el ejercicio libre e independiente de la profesión y, con ello, la protección efectiva del derecho de defensa y del Estado de derecho.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/FOTO-AUTORIDADES-DEL-ACTO-INAUGURACION-UIBA-p481686-m1502105-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/espana-firmara-el-convenio-europeo-para-la-proteccion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/FOTO-AUTORIDADES-DEL-ACTO-INAUGURACION-UIBA-p481686-m1502105-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/espana-firmara-el-convenio-europeo-para-la-proteccion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/espana-firmara-el-convenio-europeo-para-la-proteccion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/espana-firmara-el-convenio-europeo-para-la-proteccion-de-la-abogacia2026-05-20 16:03:132026-05-20 16:03:13sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481589La sentencia del órgano provincial declara probado que el acusado, en su condición de administrador único de una empresa de servicios integrales de seguridad y contra incendios, suscribió un contrato de mantenimiento con la presidenta de una comunidad de propietarios el 27 de junio de 2016. Posteriormente, el 7 de julio de 2017, la comunidad comunicó a la mercantil su decisión de no renovar dicho contrato, sin que constara la existencia de incidencias durante su periodo de vigencia. Pese a ello, el 12 de marzo de 2020, el acusado presentó una demanda civil en nombre de su empresa contra la comunidad de propietarios, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Ponferrada, reclamando el pago de 10.732,70 euros por dos facturas presuntamente impagadas de octubre de 2016 y junio de 2017. El procedimiento judicial estimó la demanda y condenó a los propietarios al pago de la cantidad reclamada; sin embargo, en el transcurso del proceso se aportó el contrato de mantenimiento original en el que figuraba, en el espacio destinado a la rúbrica de la presidenta de la comunidad, una firma que no correspondía con la suya. Finalmente, cabe señalar que no ha quedado acreditado que las facturas presentadas para su cobro en el juicio de instancia dejaran de corresponderse con trabajos reales efectivamente realizados por la empresa de seguridad en las instalaciones de la comunidad. El tribunal establece en su argumentación que la Audiencia dictó una sentencia absolutoria tras determinar que no existen pruebas de falsedad documental ni de estafa procesal en el caso analizado. Los magistrados sostienen que, mientras las condenas exigen un rigor extremo para desvirtuar la presunción de inocencia, las absoluciones solo requieren una motivación lógica que evite la arbitrariedad. En este supuesto concreto, se validó la autenticidad del contrato de mantenimiento y las facturas presentadas, concluyendo que las irregularidades en las firmas no constituían delito, sino una disputa económica que ya había sido resuelta en la jurisdicción civil. Al no acreditarse engaño ni manipulación de pruebas, se descartó el componente fraudulento y se ratificó la inocencia de los acusados. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Castilla y León. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 54/2026 de 20 de abril de 2026.El TSJ de Castilla y León ha avalado la sentencia de la Audiencia de León que absolvió a una empresa de seguridad y a su administrador de los delitos de falsedad y estafa procesal por los que estaban acusados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2644628119-1-p481589-m1501849-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-castilla-y-leon-ratifica-la-absolucion-de-una-empresa-de-seguridad-por-falsedad-y-estafahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2644628119-1-p481589-m1501849-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-castilla-y-leon-ratifica-la-absolucion-de-una-empresa-de-seguridad-por-falsedad-y-estafahttps://elderecho.com/el-tsj-de-castilla-y-leon-ratifica-la-absolucion-de-una-empresa-de-seguridad-por-falsedad-y-estafahttps://elderecho.com/el-tsj-de-castilla-y-leon-ratifica-la-absolucion-de-una-empresa-de-seguridad-por-falsedad-y-estafa2026-05-20 16:02:082026-05-20 16:02:08penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico481588El Foro Gerencias Legales Miami 2026 se celebrará el próximo jueves 11 de junio en la sede de Akerman en Miami, consolidando a la ciudad como el principal punto de encuentro para la alta dirección jurídica empresarial en las Américas. El foro, organizado por Gericó Associates, es la plataforma de referencia donde general counsel, responsables de compliance y socios de firmas líderes analizan cómo la regulación, la inteligencia artificial y los riesgos reputacionales están redefiniendo el papel estratégico de las áreas legales dentro de las organizaciones. En un entorno marcado por una creciente complejidad regulatoria en ambos lados del Atlántico y por la acelerada transformación tecnológica de los negocios, el rol del general counsel ha evolucionado de función de soporte a palanca estratégica en la toma de decisiones corporativas. Este es el contexto que da sentido y urgencia a la agenda de esta edición. El programa arranca con uno de los temas que más presión están generando en las áreas legales: cómo gestionar la reputación, las crisis y los litigios cuando cualquier conflicto puede volverse global en cuestión de horas. Del escándalo mediático a la investigación regulatoria, el primer panel analizará cómo las compañías están respondiendo en mercados donde la exposición no tiene margen de error. El compliance y la gestión de riesgos centrarán el segundo bloque, en un momento en que los marcos normativos no paran de moverse y la tolerancia regulatoria se estrecha a ambos lados del Atlántico. Marcos en transformación, herramientas de detección y, sobre todo, cómo construir una cultura de cumplimiento real dentro de organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones. Miami lleva años consolidándose como hub jurídico de referencia para las Américas, y el tercer panel lo pondrá sobre la mesa: por qué la ciudad se está convirtiendo en el centro natural del arbitraje internacional en la región y qué implica eso para las empresas que operan desde aquí. La sostenibilidad financiera y los mercados de capitales ocuparán el cuarto bloque, con foco en algo que está redefiniendo la agenda legal de muchas compañías: los nuevos productos financieros verdes y el papel que juegan las áreas jurídicas en su estructuración. El quinto panel girará en torno a la expansión internacional -fusiones, adquisiciones, operaciones cross-border- y al rol cada vez más estratégico que los general counsel asumen cuando una empresa decide crecer más allá de sus fronteras desde una base en Estados Unidos. El cierre lo pondrá la inteligencia artificial. Automatización, ciberseguridad, gobernanza corporativa en la era digital: el sexto panel abordará los retos jurídicos que ya no son tendencia sino realidad cotidiana para las empresas regionales. El foro contará con la participación como ponentes de general counsel y líderes jurídicos de algunas de las compañías más relevantes con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Intervendrán Jorge Meneses, general counsel de Marsh McLennan; Valeria Plastino, EVP y chief compliance officer de Cirion Technologies; Francisco Pinilla, al frente de la función legal de Mastercard para México, Centroamérica y el Caribe; Andrea Mon, responsable global de ética, compliance e investigaciones en John Deere; Victoria Meni, associate general counsel de Airbnb para SSA Latam; y María Isabel Pradilla, assistant general counsel de Venture Global LNG. La nómina completa de panelistas incluye también a Ana Salas Siegel, founder y CEO de GESA Globalist Ventures; Arnold Y. Castillo, managing director de Secretariat; Christiane Reis, del programa de derecho internacional de la University of Miami School of Law; Daniel Robalino, socio del despacho ecuatoriano Robalino; Florencia Ortiz, head of legal-US de Greening Group; Gerardo Hernández, socio de Consortium Legal en Nicaragua; Leonardo Berrio, general counsel de ESENTTIA en Colombia; Luis A. Perez y Pedro A. Freyre, ambos de Akerman, donde lideran respectivamente la práctica de Latinoamérica y el Caribe y la práctica internacional; y Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates. El evento cuenta con el patrocinio de Akerman, Consortium Legal, Robalino, DMK Abogados, Aguilar Castillo Love y Estudio Olaechea, así como con el apoyo institucional de la University of Miami - School of Law.El Foro Gerencias Legales Miami 2026, organizado por Gericó Associates, reunirá el 11 de junio en la sede de Akerman a líderes jurídicos de compañías globales para debatir inteligencia artificial, compliance, arbitraje internacional y expansión empresarial en las Américas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Foro-Gerencias-Legales-Bogota-2026-6-1-p481588-m1501827-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/miami-acoge-el-11-de-junio-el-mayor-foro-de-general-counsel-de-latinoamerica-y-miamihttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Foro-Gerencias-Legales-Bogota-2026-6-1-p481588-m1501827-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/miami-acoge-el-11-de-junio-el-mayor-foro-de-general-counsel-de-latinoamerica-y-miamihttps://elderecho.com/miami-acoge-el-11-de-junio-el-mayor-foro-de-general-counsel-de-latinoamerica-y-miamihttps://elderecho.com/miami-acoge-el-11-de-junio-el-mayor-foro-de-general-counsel-de-latinoamerica-y-miami2026-05-20 15:57:102026-05-20 15:57:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico