https://elderecho.com/feedes483538La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha confirmado la sentencia que declaró resuelto un contrato de arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 y ordenó al inquilino entregar la posesión del inmueble a su propietaria. La resolución desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el arrendatario. La controversia se centraba en determinar si concurría la causa legal que permite al arrendador denegar la prórroga forzosa de un contrato de renta antigua cuando necesita la vivienda para sí. El inquilino sostenía que, al tratarse de un arrendamiento vitalicio, la recuperación del inmueble no podía producirse mientras siguiera vivo, además de cuestionar la existencia de una necesidad real y la validez del requerimiento previo. La Sala rechaza estos argumentos y recuerda que la LAU de 1964 contempla expresamente la resolución del contrato cuando concurra alguna de las causas de denegación de la prórroga forzosa, entre ellas la necesidad del propietario de ocupar la vivienda para sí. La sentencia destaca que, aunque estas causas deben interpretarse de forma restrictiva, en el presente supuesto han quedado acreditados todos los requisitos exigidos legalmente. En relación con la necesidad alegada, el Tribunal considera acreditado que la propietaria carece de otra vivienda en propiedad y desea ocupar el inmueble para desarrollar una vida independiente. La resolución recoge doctrina jurisprudencial según la cual la necesidad no debe entenderse únicamente como una situación forzosa o ineludible, sino también como una situación que supera la mera conveniencia y constituye un medio adecuado para satisfacer un fin legítimo. En este sentido, cita resoluciones del Tribunal Supremo que admiten que la voluntad de llevar una vida independiente puede integrar el concepto legal de necesidad. La Audiencia también avala la validez del requerimiento efectuado al arrendatario. Según expone, la comunicación remitida por la propietaria identificaba claramente a la persona que necesitaba la vivienda, explicaba la causa de la necesidad y se realizó con más de un año de antelación, cumpliendo así las exigencias previstas en la legislación arrendaticia de 1964. La Sala añade que el hecho de que la propietaria hubiera obtenido una plaza profesional en otra localidad no elimina su derecho a recuperar la vivienda para utilizarla conforme a sus necesidades personales y laborales. La sentencia subraya además que el conflicto entre el interés del propietario y el del inquilino debe resolverse, en este caso, en favor del titular del dominio, como manifestación del derecho de propiedad reconocido en el artículo 348 del Código Civil, que faculta a su titular para gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites establecidos por la ley. Por último, la Audiencia rechaza la pretensión indemnizatoria formulada por el arrendatario. Razona que la LAU de 1964 reconoce determinados derechos económicos al inquilino que abandona la vivienda tras el requerimiento, pero también establece que perderá toda indemnización si deja transcurrir un año sin desalojarla y sin causa justificada. Al no haber abandonado el inmueble dentro de ese plazo, la Sala concluye que el arrendatario perdió cualquier derecho indemnizatorio derivado de la recuperación de la vivienda por necesidad de la propietaria. La resolución confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cartagena. AP de Murcia. Sección 5ª. Sentencia nº 75/2026 de 3 de marzo de 2026.La sentencia recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 permite denegar la prórroga forzosa cuando concurre una causa legal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarse2026-06-19 08:28:562026-06-19 08:28:56civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario483539El INSS denegó la incapacidad permanente a una trabajadora con un 48% de discapacidad tras agotar los 545 días de baja por incapacidad temporal. El dictamen médico ratificó que presenta un cuadro crónico de síndrome de espalda fallida, limitaciones lumbares y motoras severas, además de depresión mayor recurrente. Tras desestimarse su reclamación en vía administrativa y confirmarse la cuantía de una posible prestación con una base reguladora de 924,76 euros mensuales, la representación de la empleada formalizó un recurso de suplicación contra dicha sentencia. El tribunal ha confirmado la denegación de la incapacidad solicitada por la demandante al considerar que sus dolencias no le impiden realizar su trabajo habitual de administrativa. A nivel físico, la sentencia reconoce que la trabajadora padece dolor crónico lumbar tras una cirugía (posible síndrome de espalda fallida), pero destaca que mantiene una vida normalizada, puede caminar y permanecer de pie, y que sus dolencias no son altamente invalidantes, ya que no ha requerido bloqueos ni neuroestimuladores. Las limitaciones que presenta solo le impiden realizar tareas con sobrecarga lumbar o deambulación prolongada, algo que no le exige su puesto actual, el cual permite además la alternancia de posturas. Por otra parte, respecto a la patología psíquica (un cuadro depresivo cronificado derivado de su situación médica), el tribunal determina que los informes médicos no demuestran una limitación funcional que le impida ejercer su profesión u otras tareas con menor carga mental o responsabilidad. En consecuencia, la Sala ratifica la valoración del juzgado de instancia y del médico del INSS, descartando el criterio del perito de la demandante. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo Social. Sentencia nº 553/2026 de 23 de marzo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la decisión de un juzgado de Cuenca al denegar el recurso de una administrativa de 42 años que reclamaba la incapacidad permanente por su grado de discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2554360651-1-p483539-m1508488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2554360651-1-p483539-m1508488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidad2026-06-19 08:25:272026-06-19 08:25:27socialSocial13Social483540El evento ha contado con la presencia de Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, y Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School. Dotado con 50.000 euros brutos e integrado en las Becas Manuel Olivencia, el premio se dirige a estudiantes del último curso de grado o doble grado en Derecho, así como a estudiantes de máster en esta disciplina en universidades españolas. Reconoce trayectorias académicas sobresalientes y apoya la continuidad formativa mediante estudios de posgrado o proyectos de investigación en Derecho de los negocios. Después de evaluar 52 candidaturas, el jurado ha otorgado el premio a Estrella María Montes Muñoz, graduada en Derecho por la Universidad de Córdoba, quien ha compatibilizado su formación jurídica con el grado en Geografía e Historia y un máster en Traducción Especializada. El jurado ha valorado su excelente expediente, su vocación investigadora, la solidez de su proyecto doctoral y su perfil internacional y multidisciplinar, con alta proyección académica y profesional. En su intervención, la galardonada ha señalado: «Acepto este premio con sincera gratitud y con plena consciencia de la responsabilidad que entraña llevar asociado el nombre del profesor Manuel Olivencia. Su legado encarna los más altos valores de la universidad y de la ciencia jurídica: rigor intelectual, vocación de servicio y la apertura al mundo. Confío en que mi proyecto doctoral y mi formación internacional contribuyan, modestamente, a honrar esa herencia». Dado el alto nivel de las candidaturas, el jurado ha concedido un accésit a David Rodríguez Alcaraz, graduado en el doble grado en Dirección de Empresas y Derecho por Esade, que ha compaginado sus estudios con el grado en Filosofía, y actualmente está cursando el Máster Universitario en Abogacía y Procura en Esade Law School. De su perfil destaca su excelente expediente, su proyección internacional y su capacidad analítica, así como su vocación por integrar la práctica jurídica con la investigación académica. Sobre este reconocimiento, ha afirmado: «Ser becario Manuel Olivencia constituye un honor y, al mismo tiempo, un compromiso con la mejora del mundo a través del Derecho. Trabajaré por seguir el ejemplo de excelencia que representa su legado». Con este premio, la Fundación Cuatrecasas reafirma su compromiso con el impulso del talento joven, la excelencia académica y la igualdad de oportunidades, al tiempo que rinde homenaje a la figura de Manuel Olivencia, referente del Derecho y de la vida académica y empresarial en España. «Estos reconocimientos trascienden el ámbito académico, son una celebración de los valores que hacen evolucionar a instituciones y organizaciones. Y los premiados son una promesa de contribución al futuro, tributo a Manuel Olivencia, ejemplo de servicio público, del conocimiento a disposición de los demás, del ejercicio del liderazgo desde el rigor intelectual y de la generosidad y voluntad de contribuir al bien común», ha declarado Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Por su parte, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, ha señalado: «Es meritorio destacar la calidad de los expedientes recibidos, el gran volumen de candidaturas y los siete finalistas que se lo han puesto muy difícil al jurado. Tener a Manuel Olivencia como buque insignia nos impulsa a continuar con el proyecto, al tiempo que nos recuerda que el derecho es la arquitectura de la convivencia». Durante el acto también se han entregado los diplomas correspondientes a las Becas Manuel Olivencia 2026, destinadas a estudiantes de grado en Derecho en universidades públicas españolas con excelente rendimiento académico. Las ayudas, de 4.000 euros cada una, han sido concedidas a Núria Fernández Piñeiro (Universidade da Coruña), Laura Pais Fernández (Universidad de Salamanca), Óscar Servia Hermo (Universidade de Vigo) y María del Pilar Pagán García (Universidad Carlos III de Madrid). En el acto, Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School, ha subrayado: «La excelencia jurídica empieza por el talento de los estudiantes. La responsabilidad de las Facultades de Derecho, en colaboración con la profesión jurídica, es identificarlo, desarrollarlo y premiarlo a través de una formación exigente, oportunidades internacionales e iniciativas de reconocimiento de la excelencia como el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria de la Fundación Cuatrecasas». Ante la buena acogida de esta edición, la Fundación trabaja ya en la convocatoria de 2027, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de octubre de 2026.La Fundación Cuatrecasas ha entregado el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026 en un acto celebrado en Esade Forum (Barcelona), que ha reunido a destacadas personalidades del ámbito académico, institucional y empresarial. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Medios_Jorge-Castineira-David-Rodriguez-Alcaraz-Nuria-Montserrat-Estrella-Maria-Montes-Munoz-y-Emilio-Cuatrecasas-p483540-m1508506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Medios_Jorge-Castineira-David-Rodriguez-Alcaraz-Nuria-Montserrat-Estrella-Maria-Montes-Munoz-y-Emilio-Cuatrecasas-p483540-m1508506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-20262026-06-19 08:20:342026-06-19 08:20:34sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483541Esa prohibición fue acordada en diciembre de 2024 por el Comité de Seguridad de la Información del Consistorio alicantino, después de que la sección sindical de CCOO en la corporación remitiera, el 7 de noviembre anterior, un correo electrónico a la lista de distribución municipal con la convocatoria para el día siguiente de una concentración solidaria con las víctimas de la Dana de Valencia. La Sala de lo Social del TSJCV ha desestimado el recurso de suplicación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2025 por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante. Los magistrados señalan en su resolución que, a pesar de que existían unas normas generales sobre el uso del correo corporativo o interno del consistorio que datan de 2014 (...), "se había venido haciendo uso del correo electrónico por los sindicatos para felicitaciones de Navidad, remisión de revistas sobre consumo en Navidad, información a los trabajadores, ofertas de ocio, comunicación sobre jubilaciones y comidas de despedida, sin que se hubiese sancionado ni hubiese sido objeto de limitación". "Esto es, que el correo electrónico no se había limitado a información sindical, sino que se había usado también para otros usos generales, adjuntando en algunos casos archivos", precisan a continuación. La Sala coincide con la jueza que dictó la sentencia en primera instancia en que el correo remitido por CCOO el 7 de noviembre de 2024 "no era ofensivo, ni iba a perjudicar a ninguna fuerza política ni organización, ni se ha acreditado, ni siquiera alegado, por el Ayuntamiento que perturbara el normal funcionamiento de la actividad ni implicara carga, gravamen o incremento de costes o bloqueara la intranet". En esas circunstancias, el TSJCV concluye que la limitación del uso del correo al sindicato por un mes "es desproporcionado y no encuentra justificación" en el artículo 25 de la normativa interna aprobada por el Ayuntamiento en 2014. TSJ de la Comunidad Valenciana. Sala de lo Social. Sentencia nº 1354/2026 de 6 de mayo de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado una sentencia previa del Juzgado de lo Social 1 de Alicante que condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a Comisiones Obreras 8.500 euros por vulnerar su derecho a la libertad sindical, por prohibirle el uso del correo electrónico corporativo durante un mes. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2480172077-1-p483541-m1508463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2480172077-1-p483541-m1508463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindical2026-06-19 08:16:182026-06-19 08:16:18socialSocial13Social483542La sesión ha tenido un carácter especial al celebrarse por primera vez en la sede colegial de Serrano. El traslado de la Junta General al horario de mañana se ha traducido además en un incremento del 25% de la participación respecto a las convocatorias precedentes en horario vespertino. Las cuentas anuales reflejan un resultado ordinario positivo de 1,35 millones de euros, el mejor resultado ordinario alcanzado por la institución en los últimos ejercicios, fruto del crecimiento de los ingresos, la contención del gasto y una gestión orientada a mejorar la eficiencia sin renunciar a la inversión ni a la ampliación de servicios. Todo ello en un contexto especialmente exigente para la profesión, marcado por la implantación de la Justicia digital, la irrupción de la inteligencia artificial y los cambios normativos que están transformando el ejercicio de la abogacía. El ejercicio se cierra con unos ingresos ordinarios de 33,36 millones de euros, un 3% por encima de lo presupuestado, y unos gastos ordinarios de 32 millones, un 1,2% inferiores a las previsiones iniciales. Este comportamiento permite consolidar la evolución positiva registrada durante los últimos años y alcanzar un superávit ordinario de 1.355.719 euros. No obstante, el resultado final del ejercicio presenta un saldo negativo de 311.907 euros debido a la contabilización de gastos extraordinarios vinculados principalmente al procedimiento judicial mantenido con IBM y a los costes asociados al proceso de optimización de la plantilla desarrollado durante el año. Sin estos impactos extraordinarios, las cuentas del ejercicio habrían cerrado con el mejor resultado ordinario de los últimos años. Durante su intervención ante la Junta General, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, enmarcó estas cuentas dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar el papel de la institución como apoyo efectivo a la profesión. “Un colegio profesional no puede limitarse a gestionar servicios. Debe ejercer una función institucional activa: proteger las garantías, acompañar a quienes ejercen la profesión y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho”, señaló. Las cuentas del ejercicio han sido sometidas a auditoría externa, reforzando las garantías de control y supervisión de la gestión económica colegial. Más actividad con una estructura más eficiente Uno de los rasgos más significativos puestos de manifiesto ha sido el incremento generalizado de la actividad colegial en prácticamente todas las áreas de servicio desde la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno en 2022, acompañado de una reducción progresiva de la estructura organizativa. Los datos de actividad reflejan ese crecimiento. En el ámbito formativo, el Centro de Estudios alcanzó una cifra récord de 37.012 alumnos, de los cuales el 78% accedió gratuitamente a las actividades organizadas por el Colegio. También se registraron máximos históricos tanto en ingresos como en horas de formación impartidas. En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, el ICAM gestionó 144.981 solicitudes de justicia gratuita, un 7% más que en 2022, mientras que las designaciones del Turno de Oficio aumentaron un 11%, hasta alcanzar las 162.684. Por su parte, las llamadas de asistencia letrada al detenido se incrementaron un 15%, con 278.194 comunicaciones gestionadas. También otros servicios colegiales han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Las Secciones registraron un 41% más de participación, con cerca de 45.000 asistencias a actividades presenciales, en directo o en diferido; los expedientes de honorarios aumentaron un 98%; las consultas deontológicas crecieron un 8%; y las actuaciones de MediaICAM se incrementaron un 39%. Especialmente significativo resulta el aumento de las incidencias gestionadas por el Departamento de Defensa de la Abogacía, que crecieron un 79% respecto a 2022, reflejando la creciente actividad institucional desplegada por el Colegio en defensa de los derechos y garantías profesionales de los colegiados. La Fundación ICAM Cortina también ha visto reforzada su actividad social, con un incremento del 9% en el número de ayudas y prestaciones concedidas, hasta alcanzar las 2.106 actuaciones a favor de colegiados y colegiadas. Transformación digital e inversiones estratégicas Las cuentas aprobadas consolidan igualmente la apuesta del ICAM por la innovación tecnológica como uno de los principales ejes de modernización institucional. Durante 2025 el Colegio destinó un millón de euros a inversiones tecnológicas y avanzó en el desarrollo de su plan de transformación digital, orientado a mejorar la experiencia de los colegiados, reforzar la seguridad de los sistemas y adaptar la organización a los nuevos desafíos derivados de la digitalización de la Justicia y del ejercicio profesional. Esta evolución se refleja también en la composición del gasto colegial. Mientras el peso relativo de los costes de personal continúa reduciéndose, la inversión en tecnología ha triplicado su relevancia respecto a ejercicios anteriores, consolidándose como una de las prioridades estratégicas de la institución. Junto a la transformación digital, el Colegio ejecutó inversiones por valor de 2,1 millones de euros destinadas tanto a la mejora de sus infraestructuras como a la modernización de sus espacios y equipamientos. Entre las actuaciones más relevantes destacan las inversiones realizadas en el edificio de Serrano 9, incluyendo el despliegue de nuevas infraestructuras de red, la adecuación de distintas plantas para mejorar su funcionalidad y accesibilidad, la renovación de instalaciones eléctricas y sistemas de seguridad, modernización de las salas de abogacía con la renovación de todos los equipos informáticos, así como los trabajos vinculados al Museo ICAM. Las inversiones también permitieron avanzar en la modernización del Centro de Procesamiento de Datos y en la renovación de equipamiento informático, reforzando las capacidades tecnológicas del Colegio para afrontar los retos derivados de la creciente digitalización de la actividad jurídica. Un Colegio preparado para los desafíos de la profesión La aprobación de estas cuentas coincide con un periodo de profunda transformación para la abogacía. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el despliegue de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), la extensión de la Justicia digital y la irrupción de la inteligencia artificial están modificando de forma significativa el entorno en el que ejercen los profesionales del Derecho. Ante este escenario, el ICAM ha reforzado durante el último año sus iniciativas de acompañamiento a la profesión, impulsando nuevas herramientas de apoyo, programas de formación especializada, actuaciones de incidencia legislativa y proyectos destinados a proteger garantías esenciales como el derecho de defensa o el secreto profesional. Asimismo, la institución ha intensificado su actividad en ámbitos como la defensa del Turno de Oficio, el apoyo a la abogacía joven, la atención a la abogacía de empresa, la promoción del emprendimiento jurídico y la mejora del bienestar profesional. Como recordó el decano durante su intervención, el objetivo último de todas estas actuaciones trasciende el ámbito corporativo. “Cuanto más fuerte, más formada, más protegida y más independiente sea la abogacía, mejor defendida estará la sociedad. Cada vez que mejoramos el Turno de Oficio, que defendemos el secreto profesional, que impulsamos la conciliación, que ofrecemos herramientas frente a la inteligencia artificial o que exigimos una Justicia Digital garantista, no estamos defendiendo solo a una profesión. Estamos defendiendo el derecho de defensa de todos”, concluyó.La Junta General Ordinaria del ICAM ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 con el 97% de los votos, respaldando un ejercicio marcado por el incremento de la actividad colegial, el avance de la transformación digital y el refuerzo de los servicios prestados a la profesión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Junta-General-del-ICAM-celebrada-en-la-sede-de-Serrano-94-1-scaled-p483542-m1508527-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Junta-General-del-ICAM-celebrada-en-la-sede-de-Serrano-94-1-scaled-p483542-m1508527-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-2025https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-2025https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-20252026-06-19 08:12:152026-06-19 08:12:15sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483508El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha participado hoy, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el acto de firma del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, en el Consejo de Europa (Estrasburgo). Este convenio, un instrumento internacional clave para la profesión de la abogacía, está destinado a reforzar las garantías para el ejercicio libre e independiente de la profesión y la protección del derecho de defensa. España se suma, por tanto, a una iniciativa vinculante que la profesión considera un avance relevante para fortalecer el Estado de derecho y la protección de quienes desempeñan una función esencial en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. “La firma de este Convenio representa un importante avance para la protección de la profesión y para la defensa de los principios que sustentan el Estado de derecho. Proteger a los abogados y sus instituciones es también proteger el derecho de los ciudadanos a una defensa independiente y efectiva”, ha señalado González. Con la adhesión de España, son ya 34 los Estados que han suscrito el convenio, reflejo del amplio respaldo que ha recibido en Europa la necesidad de reforzar la protección de los abogados y abogadas y de preservar las garantías que hacen posible el ejercicio independiente de la defensa. El Consejo General de la Abogacía Española ha defendido reiteradamente la necesidad de fortalecer la protección de la profesión. A través de su participación en organizaciones profesionales europeas e internacionales y de su implicación en iniciativas destinadas a denunciar situaciones de persecución o intimidación contra abogados por el ejercicio de su labor, tanto en nuestro país como a nivel internacional, la Abogacía Española ha trabajado para impulsar una mayor conciencia sobre la necesidad de reforzar las garantías de la profesión. Protección para la abogacía España cuenta ya con la reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que refuerza y consolida las garantías esenciales para el ejercicio de la abogacía, indispensables para la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía. A este avance se suma ahora el Convenio internacional, que proporciona una protección específica a los profesionales de la abogacía y refuerza las garantías necesarias para que puedan desempeñar su labor con plena independencia y libertad. Además, establece estándares comunes para los Estados firmantes e incorpora un mecanismo de supervisión destinado a velar por su adecuado cumplimiento. Entre otras cuestiones, refuerza la protección de los abogados frente a amenazas, intimidaciones o injerencias por su ejercicio profesional, amplía las garantías de confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente, incorpora medidas en incautaciones de documentación profesional y crea un sistema internacional de seguimiento que vela por la aplicación de estos principios.El convenio refuerza el Estado de derecho y la protección de principios esenciales para el ejercicio de la profesión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Firma-del-Convenio_Espana-p483508-m1508335-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-participa-en-la-firma-del-convenio-para-la-proteccion-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Firma-del-Convenio_Espana-p483508-m1508335-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-participa-en-la-firma-del-convenio-para-la-proteccion-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-participa-en-la-firma-del-convenio-para-la-proteccion-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-participa-en-la-firma-del-convenio-para-la-proteccion-de-la-profesion-de-la-abogacia2026-06-18 15:04:052026-06-18 15:04:05sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483495Gracias a este acuerdo, los cerca de 10.000 procuradores en ejercicio podrán acceder, en la Sede Electrónica Notarial, a las copias autorizadas electrónicas de los poderes para pleitos en los que sean o hayan sido apoderados, así como conocer cualquier modificación o revocación total o parcial de dichos poderes. Estas copias electrónicas incorporan un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite comprobar de forma permanente su integridad, verificar la existencia de notas de modificación y coordinación e, incluso, conocer si el poder ha sido revocado total o parcialmente. Para hacer posible este servicio, ambas instituciones establecerán una conexión segura entre la Sede Electrónica Notarial y la Sede del Consejo General de Procuradores de España, que permitirá verificar la condición profesional de quien accede al sistema y remitir al Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales la información requerida. Durante 2025 se otorgaron en España alrededor de 150.000 poderes notariales para pleitos. Impulso a los servicios digitales La entrada en vigor de la Ley 11/2023 permitió a los cerca de 2.800 notarios en ejercicio prestar diversos servicios online en la Sede Electrónica Notarial, dotada de los más altos estándares de seguridad tecnológica. La norma también hizo posible la creación del protocolo electrónico notarial y la expedición de copias autorizadas electrónicas de los documentos notariales a personas físicas y jurídicas. La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha destacado que “gracias a la Ley 11/2023 es posible el otorgamiento de poderes notariales para pleitos, entre otros actos, por videoconferencia en la Sede Electrónica Notarial ante el notario elegido, con el mismo asesoramiento imparcial, consentimiento informado, control de legalidad y seguridad jurídica que en las notarías”. Por su parte, el Consejo General de Procuradores de España viene impulsando desde hace años la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas para facilitar el ejercicio de la Procura y mejorar la relación de los profesionales con la Administración de Justicia. Según su presidente, Alberto García Barrenechea, “la firma de este convenio supone un avance decisivo para una Justicia más ágil, segura y moderna. El acceso telemático de los procuradores a las copias autorizadas electrónicas de los poderes notariales —así como a cualquier modificación o revocación— refuerza la seguridad jurídica y elimina tiempos de gestión que hasta ahora ralentizaban los procedimientos. Con cerca de 150.000 poderes notariales otorgados cada año en España, esta colaboración con el Notariado representa un paso firme hacia una Administración de Justicia más eficiente y plenamente adaptada a las necesidades del siglo XXI.” Más eficiencia para la Administración de Justicia La firma de este convenio se enmarca en el proceso de transformación digital de la Justicia y contribuye a los objetivos de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que persigue agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales mediante un uso más eficiente de las nuevas tecnologías. La posibilidad de acceder de manera inmediata y segura a las copias autorizadas electrónicas de los poderes para pleitos permitirá reducir tiempos de gestión, reforzar la seguridad de las actuaciones procesales y ofrecer un mejor servicio a ciudadanos y profesionales.La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Alberto García Barrenechea, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los procuradores consultar de forma telemática las copias autorizadas electrónicas de los poderes notariales para pleitos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/MCH_8847-p483495-m1508286-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/notarios-y-procuradores-firman-un-convenio-para-reducir-tiempos-de-gestion-y-reforzar-la-seguridad-de-las-actuaciones-procesaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/MCH_8847-p483495-m1508286-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/notarios-y-procuradores-firman-un-convenio-para-reducir-tiempos-de-gestion-y-reforzar-la-seguridad-de-las-actuaciones-procesaleshttps://elderecho.com/notarios-y-procuradores-firman-un-convenio-para-reducir-tiempos-de-gestion-y-reforzar-la-seguridad-de-las-actuaciones-procesaleshttps://elderecho.com/notarios-y-procuradores-firman-un-convenio-para-reducir-tiempos-de-gestion-y-reforzar-la-seguridad-de-las-actuaciones-procesales2026-06-18 12:45:112026-06-18 12:45:11sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483413En una sentencia recientemente notificada, la magistrada estima el recurso de la esposa del fallecido, que reclamaba una indemnización en atención a los hechos probados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que en una sentencia de 2023 calificó la muerte de este trabajador como accidente laboral. El tribunal de instancia ha estimado sus pretensiones, pues, según señala la sentencia, “la muerte por suicidio fue la fase final de un proceso patológico inducido por el entorno laboral”. “No fue, por tanto, un acto intencionado, sino que la capacidad decisoria del asegurado estaba absolutamente comprometida por su entorno laboral, encontrándose en un estado de distorsión cognitiva y de miedo insuperable, incompatible con el concepto de intencionalidad, por carecer de la conciencia necesaria para que pudiera imputársele tal decisión”, añade. El suicidio fue un accidente laboral La aseguradora, que podrá recurrir esta sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, se oponía a las pretensiones de la viuda pues mantiene que el suicidio no está amparado por la póliza suscrita porque no fue un accidente sino un evento intencionado. Pero la juzgadora no lo comparte pues, tal y como señala en su sentencia, “la voluntariedad tiene como presupuesto la imputabilidad del sujeto, es decir, la capacidad del propio sujeto de entender y de querer en el momento en que se efectúa la acción”. De los hechos que fueron probados en el procedimiento laboral “se extrae necesariamente la conclusión de la falta de voluntariedad de dicho acto en cuanto íntimamente vinculado a las circunstancias laborales del asegurado, que anularon su voluntad dada la situación anímica a la que estaba sometido”. La magistrada explica en la sentencia que, si bien los tribunales deben considerar los hechos declarados en otras jurisdicciones, se pueden separar de ellos exponiendo las razones que lo justifiquen. Pero “ninguna razón existe en el presente caso para apartarse de los hechos probados” en la jurisdicción social, pues, “a la luz de los mismos, no cabe sino alcanzar en cuanto a la intencionalidad del suicidio idénticas conclusiones”. Y es que “la situación emocional determinante de esta decisión se encontró directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador, y la decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y más que directa por su trabajo”, indica. Finalmente, la magistrada explica que los tres informes médicos periciales aportados a la causa llegan a la misma conclusión, que el suicidio del trabajador no fue voluntario.La titular de la plaza n.º 10 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santander ha condenado a una aseguradora a indemnizar con 100.000 euros por fallecimiento por accidente a la viuda de un asegurado que tenía contratada una póliza de accidentes con cobertura integral y que se suicidó por motivos laborales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2774351381-1-p483413-m1508036-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laboraleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2774351381-1-p483413-m1508036-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laboraleshttps://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laboraleshttps://elderecho.com/condenada-una-aseguradora-a-indemnizar-a-la-viuda-de-un-hombre-que-se-suicido-por-motivos-laborales2026-06-18 12:35:532026-06-18 12:35:53civilCivil2Civil483453La Agencia Española (AEPD) y la Autoridad Belga de Protección de Datos han publicado el documento ‘Recomendaciones y mejores prácticas en videojuegos’, el primero realizado por autoridades europeas de protección de datos para impulsar las buenas prácticas para garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el diseño, desarrollo y distribución videojuegos. Las recomendaciones están dirigidas específicamente a profesionales y organizaciones involucradas en este ecosistema (desarrolladores, estudios, editores, etc.), a las empresas que les dan servicio (proveedores cloud, de herramientas de analítica, de sistemas antitrampa, de IA, etc.) y a los equipos legales que trabajan en el sector. La colaboración entre la AEPD y la Autoridad Belga de Protección de Datos surge de la necesidad de dar respuesta a un sector con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y que emplea tecnologías disruptivas como el cloud gaming o la Inteligencia Artificial. En paralelo, el 95% de las ventas de juegos son online, lo que impulsa plataformas y servicios, y fomenta el desarrollo de nuevos modelos de negocio, como los basados en la suscripción o el marketing digital. En esos entornos online, los actores involucrados en la industria de los videojuegos pueden tratar cantidades masivas de datos personales que van más allá de nombres o direcciones de correo electrónico, como podrían ser telemetría e inferencias de comportamiento. De hecho, los tipos de información recogida permiten distinguir a un jugador individual de los demás en el contexto del juego, permitiendo acciones o interacciones específicas y un trato diferenciado. Además, la toma de decisiones automatizada y el perfilado implican tratar datos personales para analizar o predecir conductas y actuar automáticamente sin intervención humana. El documento está basado en la evidencia que se ha recogido mediante análisis estáticos (de políticas de privacidad, términos y condiciones del servicio, contratos y SLAs) y dinámicos (ejecución en entornos reales de juegos online, SDKs, launchers, etc.) de videojuegos actuales. Destaca por abordar en profundidad aspectos técnicos y operativos específicos de este sector. Analiza las actividades de tratamiento de datos personales más habituales en videojuegos, identifica las amenazas y los riesgos que implican, y ofrece recomendaciones y buenas prácticas para cada fase del ciclo de vida de los videojuegos y para cada actor del ecosistema (en este caso, mediante listas de comprobación en los anexos del documento).El documento analiza las actividades de tratamiento de datos personales más habituales en videojuegos, identifica las amenazas y los riesgos que implican, y ofrece recomendaciones y buenas prácticas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2760721019-1-p483453-m1508147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuegohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2760721019-1-p483453-m1508147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuegohttps://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuegohttps://elderecho.com/la-aepd-y-la-autoridad-belga-impulsan-buenas-practicas-de-proteccion-de-datos-para-el-sector-del-videojuego2026-06-18 12:27:342026-06-18 12:27:34derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico483440González García sucede en el cargo a Carlos Ruiz Cabrera, que ha presidido la Asociación desde 2021, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento y fortalecimiento de la institución y al impulso de relevantes iniciativas para la profesionalización de la industria, así como a la consolidación de Angeco como principal interlocutor del sector. Con este relevo, la Asociación, que reúne a cerca de cien compañías del sector de recuperación de crédito (un 85% de las empresas de la industria) afronta una nueva etapa marcada por la continuidad de su proyecto y de sus principales líneas estratégicas. Angeco mantiene así su compromiso con el crecimiento, la profesionalización y la sostenibilidad de un sector esencial para la liquidez de empresas y entidades financieras y para el correcto funcionamiento del sistema de crédito en España. El nuevo presidente de Angeco cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de gestión y recuperación de crédito, y asume el cargo en representación de la empresa Intrum, compañía a la que corresponde ejercer la presidencia de la Asociación hasta 2029. Su nombramiento se produce en un momento especialmente relevante para la industria, marcado por la transposición de la Directiva europea de Administradores y Compradores de Crédito. Un contexto en el que Angeco refuerza su papel como vehículo de diálogo con los reguladores, así como su labor de defensa de los intereses de la industria durante el desarrollo de este nuevo marco normativo. "Asumo esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir trabajando para fortalecer la posición de Angeco y contribuir a afrontar con éxito los retos regulatorios y de transformación que afronta nuestra industria", señala González García, que continuará desarrollando su labor junto a la actual Junta Directiva de la Asociación, garantizando la continuidad de las líneas de trabajo impulsadas en los últimos años. En concreto, el órgano de gobierno está integrado por Joaquín Esteban, de Savia Asset Management, como vicepresidente primero; Ana Suárez, de B2Impact, como vicepresidenta segunda; y Carolina Estrada, de Axactor, como vicepresidenta tercera. Asimismo, María Rodríguez, de Kruk, ejerce como secretaria general y vocal de la Junta Directiva. Completan el órgano de gobierno Rubén Rodríguez (Cabot), Joaquín Baumela (GCBE Advanced Solutions), Ana Enguix (Lexer), Pedro Valle-Domingues (Hipoges) y Raúl Domínguez (BJS), en calidad de vocales.Rafael González García, director de Inversiones de Intrum, ha asumido la presidencia de Angeco, Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos, para continuar reforzando el papel de la organización como referente institucional y seguir impulsando el desarrollo del sector.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Rafael-Gonzalez-Garcia_Angeco-p483440-m1508111-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angecohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Rafael-Gonzalez-Garcia_Angeco-p483440-m1508111-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angecohttps://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angecohttps://elderecho.com/rafael-gonzalez-garcia-nombrado-nuevo-presidente-de-angeco2026-06-18 12:10:572026-06-18 12:10:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico