https://elderecho.com/feedes488651“La persona es la razón de ser del Notariado. Trabajamos con y para las personas, y por eso estas jornadas se denominan ‘Ante mí. La persona ante el notario’ y se articulan en torno al principio de inmediación”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración de las Jornadas Notariales Poblet-La Palma que se celebran del 17 al 19 de septiembre en el Parador Nacional de La Palma, con motivo del quinto aniversario de la erupción del volcán de Tajogaite. Un encuentro que tiene como objetivo reflexionar sobre cuestiones directamente relacionadas con el ejercicio de la función notarial, desde la escucha y la indagación de la voluntad, hasta la protección jurídica de las personas vulnerables y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial. “En el Notariado conservamos la tradición, pero miramos siempre hacia el futuro. Debemos profundizar en el valor añadido que aporta la función notarial a una sociedad cada vez más compleja, más rápida; sobre qué parte de nuestra función tiene que seguir siendo esencialmente humana en una sociedad cada vez más digital”, añadió Barrio Del Olmo. La experiencia adquirida y la ayuda prestada a los afectados La elección de La Palma como escenario de estas jornadas tiene un significado especial por la estrecha vinculación del Notariado con la isla tras la erupción volcánica de 2021 y la labor desarrollada entonces por los notarios para prestar apoyo a las personas afectadas. Los decanos del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, y de Cataluña, José Alberto Marín, y el exdecano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, expusieron las lecciones extraídas de su propia experiencia en La Palma. Ellos tres fueron los primeros notarios en trasladarse a la isla en noviembre de 2021 para abrir las tres notarías provisionales habilitadas, que se instalaron en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Por estas notarías pasaron 55 notarios voluntarios procedentes de toda España, que prestaron sus servicios de forma gratuita a los damnificados, “facilitaron la prueba documental necesaria para poder acceder a ayudas e indemnizaciones o rehacer su vida con una nueva casa”, explicó Marín. En total, se autorizaron 1.066 actas de notoriedad, en las tres notarías provisionales, a las que hay que añadir las que se autorizaron en las otras cinco notarías demarcadas en la isla. Cantos señaló “la importancia de la labor de custodia del protocolo de los notarios, que permitió la expedición de 2.959 copias de escrituras públicas”. Así, la actuación notarial permitió ayudar “a quienes habían visto desaparecer bajo la lava viviendas, fincas o negocios, a acreditar la titularidad y los derechos que tenían sobre esos bienes, especialmente en aquellos casos en los que no existía escritura pública, las propiedades no estaban inscritas o la documentación disponible no reflejaba adecuadamente la realidad”, apuntó. Todos ellos destacaron la solidaridad, la rapidez y la coordinación del Notariado para articular una respuesta frente a la catástrofe y se refirieron particularmente a la dimensión humana de la actuación: “Lo fundamental fue el contacto personal con los afectados. No solamente se trataba de aportar una solución jurídica, sino de prestarles también ese acogimiento por parte de la Administración, de la que los notarios formamos parte como funcionarios públicos”, afirmó Cavallé. Asimismo, pusieron en valor el trabajo realizado por los equipos de emergencia, el soporte y desarrollo tecnológico facilitado por el Centro Tecnológico del Notariado y la cooperación institucional entre organismos públicos, destacando la colaboración con el Catastro y el Ministerio de Justicia. A las jornadas han asistido numerosos notarios, entre ellos los miembros del Consejo General del Notariado, así como casi un centenar de los integrantes de la nueva promoción de notarios. El BOE publicó recientemente la lista de aprobados de la última oposición a notario. Un total de 126 opositores (73 mujeres y 53 hombres) superaron las pruebas y conforman la nueva promoción de notarios que próximamente empezará a ejercer en pueblos y ciudades de toda España.La elección de La Palma como escenario de estas jornadas tiene un significado especial por la estrecha vinculación del Notariado con la isla tras la erupción volcánica de 2021 y la labor desarrollada por los notarios para prestar apoyo a las personas afectadas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/De-izda.-a-dcha.-en-la-mesa-Jose-Alberto-Marin-Concepcion-Pilar-Barrio-y-Alfonso-Cavalle-scaled-p488651-m1524228-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcanhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/De-izda.-a-dcha.-en-la-mesa-Jose-Alberto-Marin-Concepcion-Pilar-Barrio-y-Alfonso-Cavalle-scaled-p488651-m1524228-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcanhttps://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcanhttps://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcan2026-09-18 12:30:222026-09-18 12:30:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488650La propuesta prohíbe que las plataformas de redes sociales permitan el acceso a los menores de 13 años y establece una edad mínima a escala de la UE de 15 años para que los menores abran una cuenta propia, garantizando así un enfoque gradual. La EU KIDS ACT también invierte la carga de la prueba: ahora, los proveedores de servicios tendrán que demostrar que sus servicios están adaptados a la edad de los menores y son seguros desde el diseño. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Actualmente, nuestros menores interactúan con las tecnologías más sofisticadas jamás creadas. Unas tecnologías que nunca se crearon pensando en su bienestar. Nuestra EU KIDS ACT invierte la carga de la prueba: corresponde a las plataformas demostrar que son seguras desde su diseño. Y devolvemos el control a los progenitores, proporcionándoles las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos e hijas a navegar por un mundo en línea más seguro». La propuesta EU KIDS ACT se estructura en torno a cuatro pilares: 1. Posponer el acceso a las redes sociales La EU KIDS ACT propone que los menores solo puedan crear cuentas autónomas en los servicios de redes sociales a partir de los 15 años. En el caso de los menores de entre 13 y 15 años, la propuesta prevé el control parental, lo que permite a los tutores crear «minicuentas» a las que los menores puedan acceder a través de la cuenta del tutor. Esto les permitiría acceder a redes sociales y plataformas de intercambio de vídeos adecuadas a su edad. Además, los servicios disponibles en las minicuentas deben diseñarse con medidas de protección, como un número restringido de contactos sociales y un tiempo frente a la pantalla limitado hasta una hora al día, reconociendo el papel de los tutores a la hora de apoyar el desarrollo autónomo y seguro de sus hijos en línea. Los menores de entre 3 y 13 años no pueden acceder a las redes sociales, pero sí a servicios de intercambio de vídeos especialmente diseñados para ellos a través de cuentas gestionadas por su tutor. A tal fin, las plataformas deben ofrecer a los progenitores o tutores una herramienta fácil de utilizar para restringir el uso del dispositivo del adulto a dichos servicios adaptados a los menores cuando se lo cedan, y limitar la exposición del menor a un máximo de una hora al día. 2. Seguridad desde el diseño La EU KIDS ACT impone una serie de obligaciones a todos los servicios en línea que ofrezcan servicios de redes sociales, intercambio de vídeos, videojuegos en línea, compañeros de IA y chatbots a usuarios menores de 18 años. Entre ellas se incluyen la prohibición de características adictivas y de recomendaciones basadas en los perfiles que atrapan a los menores en espirales de contenido nocivo. También se incluye la prohibición del desplazamiento infinito sin puntos de parada, de las estrategias de recompensa y de las notificaciones automáticas durante las horas de sueño, así como el contacto no solicitado por parte de desconocidos. Además, los compañeros de IA y los chatbots deben estar desactivados por defecto y no pueden simular relaciones interpersonales de manera que creen dependencia emocional. Los perfiles de los menores deben ser privados por defecto, con acceso a geolocalización, cámaras y micrófonos desactivados. Los servicios en línea también deben ofrecer formas sencillas de bloquear y silenciar a otros usuarios, herramientas eficaces de gestión del tiempo y sistemas de recomendación seguros que los menores puedan controlar, ajustar y restablecer. 3. Verificación de la edad que respeta la privacidad En virtud de la EU KIDS ACT, los servicios en línea y las tiendas de aplicaciones deben utilizar herramientas de verificación de la edad. Pueden, por ejemplo, utilizar la aplicación de verificación de la edad de la UE, que no almacena documentos de identidad ni datos biométricos, cumpliendo así las garantías más estrictas de protección de la privacidad. Los Estados miembros participarán estrechamente en la creación de este ecosistema. Además, se pedirá a los proveedores de servicios de redes sociales y plataformas de intercambio de vídeos que verifiquen la edad cuando un usuario abra una cuenta nueva. En el caso de las cuentas ya existentes, los proveedores deberán estimar la edad del usuario basándose en indicadores razonables (por ejemplo, la fecha de creación de la cuenta o los datos de la tarjeta de crédito). 4. Aplicación efectiva La propuesta invierte la «carga de la prueba», haciendo que los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño sean responsables de demostrar que sus servicios son «seguros desde su diseño». Estarán obligados a presentar un plan de cumplimiento a la Comisión y a un auditor independiente, que deberá evaluar exhaustivamente el nuevo servicio, característica o funcionalidad. La Comisión puede solicitar al proveedor que proponga medidas correctoras si, sobre la base del informe del auditor, considera que el plan de cumplimiento presenta alguna deficiencia. El marco de aplicación se basa en las estructuras ya existentes en virtud del Reglamento de Servicios Digitales y del Reglamento de Inteligencia Artificial, haciendo uso de los mecanismos establecidos y de los conocimientos especializados existentes. La propuesta introduce procedimientos de ejecución acelerados contra los proveedores en caso de incumplimiento de la EU KIDS ACT, en cuyo caso la Comisión deberá concluir las investigaciones en un plazo de 90 días. La propuesta se basa en el informe y las recomendaciones de los copresidentes del Grupo Especial sobre Seguridad Infantil en Línea, la Dra. María Melchior y el Prof. Dr. Jorg M Fegert.La CE ha adoptado la EU KIDS ACT(Ley de la UE relativa a unos entornos digitales en internet fiables y responsables) para mejorar la seguridad en línea de los menores en toda la Unión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736292671-1-p488650-m1524173-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-uehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736292671-1-p488650-m1524173-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-uehttps://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-uehttps://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-ue2026-09-18 11:00:122026-09-18 11:00:12derecho-ticDerecho TICDerecho TIC488649Desde su creación en 2001, este grupo transversal y multidisciplinar ha actuado como puente entre culturas y mercados, ofreciendo un servicio integral de máxima calidad a empresas, inversores y despachos de habla alemana. Para conmemorar este aniversario, la Firma ha celebrado un especial evento en su oficina de Madrid al que han asistido cerca de 150 personas procedentes de España, Portugal, México, Alemania, Austria y Suiza, entre clientes, business partners y representantes de instituciones de la región DACH en España, como Ingo Stender, ministro de la Embajada de Alemania en el país. El encuentro ha permitido poner en valor la trayectoria del grupo y reforzar los vínculos con las empresas que han confiado en su servicio a lo largo de todos estos años. Apuesta pionera del modelo de desks internacionales de Cuatrecasas, el German Desk ha sido referencia para la creación de otros equipos multidisciplinares dentro del Despacho. En la actualidad, está integrado por más de 35 abogados que dominan el idioma alemán y operan desde las oficinas de Cuatrecasas en España, Portugal y México. Un servicio multijurisdiccional que permite a la Firma ofrecer un asesoramiento cercano y altamente especializado, adaptado a las particularidades de cada mercado. A lo largo de este cuarto de siglo, el German Desk ha asesorado a cientos de empresas de habla alemana en operaciones transfronterizas, disputas internacionales y en asuntos laborales y fiscales, acompañándolas en todas las fases de su actividad. Sobre este relevante aniversario, Kai Christian Fischer, socio responsable del German Desk, ha destacado: «La apuesta por la creación del German Desk en 2001 refleja fielmente el espíritu emprendedor e innovador del Despacho. En estos 25 años, Cuatrecasas se ha consolidado como Firma de referencia para bufetes, empresas e inversores de la región DACH, y se ha convertido en la primera opción para el talento jurídico hispano-alemán». El German Desk pone de manifiesto el éxito del modelo de los desks internacionales de Cuatrecasas, basado en la integración de equipos, prácticas y territorios, con un conocimiento profundo del idioma, del mercado y de la cultura de negocio de sus clientes.El German Desk de Cuatrecasas celebra sus 25 años de actividad como referente en el asesoramiento jurídico y acompañamiento de clientes de la región DACH (Alemania, Austria y Suiza) en sus diversas operaciones e inversiones en España, Portugal y Latinoamérica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Equipo-completo-del-German-Desk-p488649-m1524141-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Equipo-completo-del-German-Desk-p488649-m1524141-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemanahttps://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemanahttps://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemana2026-09-18 10:51:092026-09-18 10:51:09sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488551El TSJPV acoge una de las alegaciones presentadas por Vox que denunció vicio procedimental en el citado decreto por ausencia o insuficiencia de estudio económico. El tribunal concluye, en una sentencia que no es firme, que la preceptiva memoria económica que debe acompañar a la norma recurrida “adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser, esto es, no cumple con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada, ni justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Para llegar a esta conclusión, el TSJPV tiene en cuenta el informe elaborado por la Oficina de Control Económico, “un informe técnico” emitido por un “órgano independiente cuya finalidad es precisamente controlar, desde el enfoque propio de su conocimiento técnico, que en la elaboración de las disposiciones de carácter general se lleven a cabo las justificaciones y se respeten los principios” vinculados con las exigencias y repercusiones económico-financieras de la regulación proyectada, recuerda la Sala. El tribunal considera que este informe es “decisivo” y prevalece sobre los restantes que se han emitido en el desarrollo de este decreto, que según precisa “adolecen de una falta de motivación que les priva de credibilidad y es que ratifican, tras una consideración muy breve a los aspectos propios de la memoria económica, la bondad del proyecto pero sin hacer mención alguna, ni crítica (…) al informe de la Oficina de Control Económico, informe que es precisamente el que muestra todos y cada uno de los reparos que presenta la regulación proyectada”. “Es un informe amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para un profano”, indica el tribunal que en su resolución recoge una transcripción de una parte del mismo en el que la Oficina de Control Económico advierte de “la ausencia de una efectiva estimación de costes derivados de la implementación de la extensión de los instrumentos de planificación lingüística” y de una “ausencia de ponderación o estimación económica singularizada para el proyecto en el que se analice su evidente impacto económico”. El tribunal rechaza por otro lado otros motivos de impugnación presentados por Vox, entre ellos la petición de la nulidad de todo el decreto por vulneración de artículos de la Constitución vinculados con la cooficialidad de las lenguas y el principio de igualdad ante la ley. El TSJPV considera que el contenido de ese motivo es “genérico” y “difuso”, ya que se presentan los preceptos constitucionales vulnerados, pero no se especifica qué artículos del decreto los lesionan. Antes de resolver sobre este recurso de Vox, el TSJPV elevó una cuestión de inconstitucional al TC respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco sobre perfiles lingüísticos al estimar que era necesario el pronunciamiento previo del Constitucional sobre si ese precepto se ajustaba o no a la Carta Magna. El TC acordó el pasado 23 de junio inadmitir la citada cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el auto de planteamiento elevado no cumplía con el requisito legal que exige al órgano judicial que especifique o justifique en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. TSJPV. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 316/2026 de 16 de septiembre de 2026.La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector público vasco por “insuficiencia de la memoria económica” tras estimar el recurso interpuesto por Vox contra esa norma. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2761250705-1-p488551-m1523881-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vascohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2761250705-1-p488551-m1523881-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vascohttps://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vascohttps://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vasco2026-09-18 07:41:592026-09-18 07:41:59administrativoAdministrativo1Administrativo488536En el informe que emita, el Servicio de Inspección también deberá valorar la posible especialización de plazas judiciales de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia en ejecución -como sucede en los Tribunales de Instancia de Barcelona o Valencia- o en otras clases de asuntos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 LOPJ, teniendo en cuenta las plazas de nueva creación y su entrada en funcionamiento previstas en el Real Decreto 559/2026. Este real decreto incluye 46 plazas en Secciones de lo Social de Tribunales de Instancia -lo que supone un incremente del 11,5 % respecto al número actual- que entrarán en funcionamiento a lo largo de 2027. La Comisión Permanente ha aprobado este acuerdo a la vista de un primer informe del Servicio de Inspección que señala que los tiempos de respuesta en estos órganos se han incrementado ligeramente comparando el primer trimestre de 2025 y el de 2026, pasando de 13 a 16,2 meses en los órganos sin ejecución y de 10,8 a 13,3 meses en las plazas con ejecución. El Servicio de Inspección señala también la situación de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia a nivel nacional y en su conjunto está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo. Solo en el primer trimestre de 2026 el número de asuntos ingresados ha ascendido a 98.002, lo que supone un 149 % del indicador de entrada fijado por el CGPJ.La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado pedir al Servicio de Inspección que identifique los órganos de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con mayor pendencia y/o retraso en los señalamientos por si hubiere lugar a reforzarlos siguiendo los trámites del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-Judicial_EDEIMA20150109_0012_1-p488536-m1523818-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-Judicial_EDEIMA20150109_0012_1-p488536-m1523818-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzo2026-09-17 17:00:232026-09-17 17:00:23sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488550En el discurso inaugural que ha pronunciado en el Curso de Verano AEDAF en Santander, el presidente de AEDAF ha recordado el importante papel que desempeña el aspecto tributario de las operaciones inmobiliarias, en particular en el ámbito autonómico: “el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados representa más de la mitad de la recaudación de los tributos cedidos gestionados directamente por las comunidades autónomas de régimen común, a lo que hay que añadir la importancia de los bienes inmuebles en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio”. Bande ha citado también otros impuestos locales y estatales que inciden en la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias “como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IBI, la plusvalía municipal o el ICIO”. El presidente de AEDAF ha reclamado “criterios claros y previsibles que permitan al contribuyente saber a qué atenerse antes de tomar sus decisiones. En un ámbito de tanta trascendencia económica, la seguridad jurídica es clave”, para concluir que “la fiscalidad, por sí sola, difícilmente puede corregir los efectos de un marco normativo que no ofrezca suficiente seguridad y confianza. Pero sí puede contribuir, facilitando operaciones e incentivando determinadas decisiones”. En el acto de inauguración han acompañado al presidente Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de AEDAF y Manuel Torreiro, delegado territorial de AEDAF en Cantabria. La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebra hasta este viernes una nueva edición de su Curso de Verano en Santander, con la presencia de algunos de los expertos tributarios más importantes del país en el Palacio de la Magdalena.El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha defendido las políticas fiscales como medidas que pueden contribuir “a aliviar parte de los problemas que afectan al mercado inmobiliario”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CURSO-DE-VERANO-AEDAF-SANTANDER-p488550-m1523860-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-propone-una-fiscalidad-que-contribuya-a-aliviar-parte-de-los-problemas-del-mercado-inmobiliariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CURSO-DE-VERANO-AEDAF-SANTANDER-p488550-m1523860-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-propone-una-fiscalidad-que-contribuya-a-aliviar-parte-de-los-problemas-del-mercado-inmobiliariohttps://elderecho.com/aedaf-propone-una-fiscalidad-que-contribuya-a-aliviar-parte-de-los-problemas-del-mercado-inmobiliariohttps://elderecho.com/aedaf-propone-una-fiscalidad-que-contribuya-a-aliviar-parte-de-los-problemas-del-mercado-inmobiliario2026-09-17 16:14:352026-09-17 16:14:35fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico488549También le ha impuesto una multa de 750.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. El tribunal considera acreditado que la empresa recibió 1.245.605 euros de fondos de la Agencia Europea de Investigación y que el acusado "incumplió gravemente las obligaciones asumidas". De esta forma, subraya que parte significativa de la financiación fue destinada o justificada de forma incorrecta, frustrando la finalidad de la subvención. Los magistrados explican que el informe de auditoría constató, además, la ausencia o ejecución parcial de "trabajos de investigación, ensayos clínicos, validaciones científicas y actividades de difusión y explotación de resultados". En total, 706.752,53 euros no fueron destinados a la finalidad prevista ni correctamente justificados, pues 424.134,46 euros debían haberse distribuido entre otros participantes; y 282.618,27, correspondían a fondos recibidos en exceso que debían ser devueltos. AP de Pontevedra. Sección nº 2. Sentencia nº 199/2026 de 9 de septiembre de 2026.La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al administrador de una sociedad vinculada a la investigación de nuevos productos alimentarios por un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2730872237-1-p488549-m1523842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-prision-el-administrador-de-una-empresa-por-fraude-a-los-presupuestos-de-la-union-europeahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2730872237-1-p488549-m1523842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-prision-el-administrador-de-una-empresa-por-fraude-a-los-presupuestos-de-la-union-europeahttps://elderecho.com/condenado-a-prision-el-administrador-de-una-empresa-por-fraude-a-los-presupuestos-de-la-union-europeahttps://elderecho.com/condenado-a-prision-el-administrador-de-una-empresa-por-fraude-a-los-presupuestos-de-la-union-europea2026-09-17 16:11:562026-09-17 16:11:56penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico488534La ceremonia de entrega de premios, que contará con Harvey como partner principal, tendrá lugar en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, y reunirá a líderes del sector legal, directores de asesoría jurídica y socios de firmas internacionales para celebrar los logros y el impacto transformador de los profesionales y organizaciones más destacados de España y Latinoamérica. Categorías de los reconocimientos Los Legal Leadership Awards 2026 contemplan un total de 26 categorías divididas en cinco bloques: Bloque I - Liderazgo institucional directores de asesoría jurídica Director/a Jurídico/a del Año Transformación del Departamento Jurídico del Año Mejor Asesoría Jurídica Interna Mejor Gerencia Legal Interna Bloque II - Excelencia de firma Firma del Año Mejor Boutique Legal Firma Más Atractiva para el Talento Mejor Estrategia de Marketing, Comunicación o Desarrollo de Negocio Bloque III - Profesionales Abogado Rainmaker del Año Mejor Director/a de Marketing, Comunicación o BD Líder de Práctica del Año Bloque IV - Innovación y ecosistema Transformación de Modelo de Negocio e IA aplicada Mejor Startup Jurídica con IA Mejor Periodista Jurídico Bloque V - Grandes premios de la noche Managing Partner del Año Premio de Honor a la Trayectoria Profesional Jurado independiente de primer nivel Gericó Associates presenta el jurado completo que evaluará las candidaturas: 60 profesionales de referencia, entre directores de asesoría jurídica de compañías como Mercedes-Benz, Microsoft, Heineken, Siemens, PepsiCo, L'Oréal, CaixaBank, Porsche o Telefónica, y periodistas jurídicos de medios como El Confidencial, Expansión, Aranzadi LA LEY o Law.com International: Agustín Born, director de Comunicación de Lefebvre; Álvaro Zarzalejos, responsable de la sección El Confidencial Jurídico; Ana Bayó Busta, South Europe Cluster Lead for Law, Patents Compliance en Bayer; Ana de Quintana, General Counsel de Mercedes-Benz; Ana Gómez, Director, Group Corporate Vice Secretary of the Board of Directors de Amadeus IT; Ana Isabel Montero, Iberia Legal Director de Japan Tobacco International (JTI); Ana Suárez Garnelo, directora de la Asesoría Jurídica de Intrum España; Andrea Viale, Global Head of Legal de Idealista; Angélica Santiago, Head of Spanish South America Legal Team de IBM; Asier Crespo, Corporate, External and Legal Affairs (CELA) de Microsoft; Carlos Andrés Bonilla, vicepresidente Legal Colombia Perú de Cemex; Carlos Berbell, director de Confilegal; Carlos Menor Gómez, presidente de la Fundación Renault Group España y Legal Director and Compliance Officer de Renault Group España; Carlos Valenciano, Head of Legal CU Latam North Caribbean de Ericsson; Carmen Ruiz Lorente, Head of Legal Spain de Huawei Spain; Clara Cerdán, General Counsel and Corporate Secretary de Famar; Cristina Álvarez, Head of Legal Europe de Cintra; Cristina del Val, Senior Director Privacy EMEA DPO de Kenvue; Cristina López Barranco, directora del Área de Coordinación y Control de la Asesoría Jurídica de FCC; Edmundo Chevalier, Deputy Director Legal en Walmart de México y Centroamérica; Eduardo Pérez, secretario general, director Legal Compliance, Relaciones Institucionales y Comunicación de Makro; Eduardo Rodríguez, General Counsel en Grupo Cobra México; Emilio Puig, Head of Legal Iberia de Uber; Erika Díaz, General Counsel Compliance Officer LATAM de L'Oréal; Fernando Díaz Barco, responsable de oficina procesal en asesoría jurídica de Sacyr; Fernando Ortega, consejero general y director general de Asuntos Jurídicos de Siemens España; Gemma Casademunt, Head of International Branches Legal Department de CaixaBank; Heidi Maldonado, directora de Líder Legal; Ignacio Mendoza, director legal de Heineken; Ignacio Pereña Pinedo, General Counsel de Grupo ACS; Isabel Álvarez, Vice President Legal, General Counsel Iberia de Capgemini; Javier Ramírez, Head of Regions (Non-US) Litigation Governmental Investigation de HP; Jesús de las Casas, periodista de Expansión; John Rigau, Vice President and General Counsel West Europe de PepsiCo; José Miguel Barjola, periodista de Aranzadi LA LEY, Cinco Días/El País; Juan Charro, Chief Legal Officer de PagoNxt; Katia Rossi, Correspondent for Law.com International; Leonor Abad, directora legal Industrial de Repsol; Maite Aja, Managing Counsel, Business Legal Affairs de Western Union; María Aguado, Vice President - Regional Compliance Lead Europe de Mastercard; María Cermeño, directora de los Servicios Jurídicos de Telefónica; María Cobián, directora de Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo de Administración de Grupo Lactalis; María José López, directora legal de LALIGA; María Ocaña, directora adjunta de Asesoría Jurídica Corporativa de Santalucía Seguros; Mariana García, General Counsel Compliance Officer Iberia de Accor; Mariano Pérez de Cáceres, Legal and Compliance Chief Officer de Meliá Hotels International; Matías Hercovich, Managing Director Legal para Latinoamérica y el Caribe de FedEx; Miguel Soler, General Counsel, Compliance Director Deputy Company Secretary de Prosegur; Moisés Ramírez, Legal Director Spain, Portugal Israel de GSK; Patricia Esteban, periodista jurídica; Patricia Rivas, Latin America Regional Director, Ethics and Compliance Officer de Bausch Health Companies Inc.; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM de Xiaomi Technology; Rodrigo Flores, General Counsel Board Secretary de Covestro; Sonia Salmerón, colaboradora jurídica de Expansión y Forbes en Lefebvre; Susana Bravo, Senior Counsel International Legal Department de Ferrovial; Teresa Mínguez, Director Legal Compliance and Integrity Officer - Data Protection Officer de Porsche Ibérica; Virginia Beltramini, EVP de Legal Assurance y secretaria del Consejo de Moeve; y Xavier Gil, director de Buen Gobierno y RSC de El Economista. Este panel de expertos evaluará cada candidatura con total independencia, garantizando transparencia y objetividad en la selección de los ganadores. Sobre la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 Los Legal Leadership Awards surgen como continuación de los premios Legal Marcom creados en 2016, consolidando una plataforma de referencia en España y Latinoamérica para reconocer innovación, liderazgo, transformación y reputación en el sector legal. En ediciones anteriores han sido premiadas firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons, Ceca Magán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uría, A O Shearman, Miranda Amado, Banco Santander, Freshfields, Clifford Chance, Microsoft, Porsche Ibérica y Amadeus IT, así como profesionales que se han convertido en referentes del sector. Con esta nueva convocatoria, la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 continuará identificando y celebrando a los líderes y equipos que están transformando el sector legal y consolidando las áreas jurídicas como un pilar estratégico de las empresas. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS  El plazo para presentar candidaturas a la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 entra en su recta final. Quienes quieran optar a alguno de los 26 galardones repartidos en cinco bloques - liderazgo institucional, excelencia de firma, profesionales, innovación y ecosistema, y grandes premios de la noche - tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse a través de la plataforma oficial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Legal-Marcom-2024-12-scaled-p488534-m1523768-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Legal-Marcom-2024-12-scaled-p488534-m1523768-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-2026https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-2026https://elderecho.com/ultimos-dias-para-presentar-candidaturas-a-la-gala-nacional-del-derecho-20262026-09-17 16:10:312026-09-17 16:10:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488535El fallo responde al litigio entre la Agencia Tributaria e Ishares Europe, un fondo de inversión estadounidense que reclama la devolución de parte de los impuestos que pagó entre 2007 y 2010 por los dividendos obtenidos de empresas españolas, gravados al 15% por tratarse de una entidad no residente, frente al tipo del 1% aplicado a las instituciones de inversión colectiva nacionales. La Audiencia Nacional dio la razón a la compañía, pero Hacienda recurrió ante el Tribunal Supremo al sostener que el mayor importe pagado en España podía recuperarse a través del sistema fiscal estadounidense y que, por tanto, quedaba corregida la diferencia. En este contexto, el Supremo preguntó al TJUE si el mayor gravamen puede considerarse compensado cuando, como ocurre en este caso, la entidad no tributa en Estados Unidos por esos dividendos, sino que los distribuye entre sus inversores y les traslada el crédito fiscal correspondiente al impuesto abonado en España. En su sentencia, el Alto Tribunal europeo señala que esta circunstancia "no tiene consecuencia alguna" sobre la mayor carga soportada por la entidad y precisa que el convenio entre ambos países solo permite corregir ese trato si logra "compensar íntegramente" sus efectos. En el caso concreto, la Justicia europea apunta que el propio fondo no pudo beneficiarse de esa deducción porque no tributó en Estados Unidos por esas rentas, sino que trasladó los dividendos y el crédito fiscal a sus partícipes, por lo que la posibilidad de descontarse lo abonado fue "solo teórica". Con todo, el TJUE apunta que los propios inversores podrían beneficiarse de la deducción por lo abonado en España, algo que deberá comprobar el Tribunal Supremo, y concluye que la diferencia de trato solo quedará neutralizada si pueden recuperar de forma efectiva todo el impuesto pagado de más.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que el trato fiscal "menos favorable" que España aplica a los fondos de inversión extranjeros frente a los españoles supone, en principio, una "restricción a la libre circulación de capitales", aunque admite esta diferencia si el mayor impuesto soportado por los no residentes queda compensado íntegramente mediante un convenio para evitar la doble imposición.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2710160549-1-p488535-m1523798-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tjue-ve-contrario-a-la-libre-circulacion-de-capitales-que-espana-grave-mas-a-los-fondos-extranjeroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2710160549-1-p488535-m1523798-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tjue-ve-contrario-a-la-libre-circulacion-de-capitales-que-espana-grave-mas-a-los-fondos-extranjeroshttps://elderecho.com/el-tjue-ve-contrario-a-la-libre-circulacion-de-capitales-que-espana-grave-mas-a-los-fondos-extranjeroshttps://elderecho.com/el-tjue-ve-contrario-a-la-libre-circulacion-de-capitales-que-espana-grave-mas-a-los-fondos-extranjeros2026-09-17 16:09:522026-09-17 16:09:52sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488552La audiencia fue concedida con motivo del otorgamiento, por parte de la WJA, de su más alto galardón, el World Peace and Liberty Award, al presidente Mattarella. Este premio reconoce la extraordinaria aportación que el presidente Mattarella ha hecho, como político y como jurista, a la defensa del Rule of Law en el mundo, propósito fundacional de la WJA. El premio, que ha sido otorgado a muy relevantes personalidades como Winston Churchill, Mandela y S.M. Felipe VI, se entregará el próximo 5 de mayo de 2027, en el marco del Congreso Mundial que la WJA celebrará en Tirana, Albania, con el Ministerio de Justicia de Albania como anfitrión, encabezado por su ministro Toni Gogu. En la audiencia, Javier Cremades, presidente de la WJA y la WLF, puso de relieve la excepcional figura del presidente Mattarella y la oportunidad, precisamente en estos momentos donde se cuestiona el Estado de Derecho, de reconocer públicamente el valor de la contribución que en su defensa ha hecho a lo largo de su vida el presidente Mattarella. Este reconocimiento se inscribe en la intensa actividad que desarrollan la WJA y la WLF, que comprende numerosas iniciativas, además de la organización de los Congresos Mundiales bienales, para fortalecer el Estado de Derecho en toda su amplitud de manifestaciones y en todas las regiones del mundo. El World Peace and Liberty Award, considerado el “Premio Nobel del Derecho”, es el máximo galardón otorgado por la WJA. Se concede a personalidades de talla mundial cuyas acciones han fortalecido las instituciones democráticas, ampliado la protección de los derechos humanos o contribuido de manera decisiva a la paz a través del derecho. Entre quienes lo han recibido a lo largo de su historia se encuentran Sir Winston Churchill, René Cassin (redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Nelson Mandela, S.M. el Rey Felipe VI de España y la jueza Ruth Bader Ginsburg, entre otras personalidades que han marcado la historia del derecho y la defensa de la libertad en el mundoAyer por la tarde, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, recibió en audiencia al Patronato de la World Jurist Association (WJA) y de la World Law Foundation (WLF), junto a su presidente, Javier Cremades.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Javier-Cremades-y-Mattarella_img-p488552-m1523902-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/mattarella-recibira-el-premio-mundial-de-la-paz-y-de-la-libertad-de-la-world-jurist-associationhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Javier-Cremades-y-Mattarella_img-p488552-m1523902-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/mattarella-recibira-el-premio-mundial-de-la-paz-y-de-la-libertad-de-la-world-jurist-associationhttps://elderecho.com/mattarella-recibira-el-premio-mundial-de-la-paz-y-de-la-libertad-de-la-world-jurist-associationhttps://elderecho.com/mattarella-recibira-el-premio-mundial-de-la-paz-y-de-la-libertad-de-la-world-jurist-association2026-09-17 15:55:582026-09-17 15:55:58sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico