https://elderecho.com/feedes487002Cadena ingresó en la Carrera Fiscal en 1979 y desarrolló buena parte de su trayectoria en distintas fiscalías territoriales antes de incorporarse, en 2007, a la Fiscalía del Tribunal Supremo. En 2015 fue promovido a la categoría de fiscal de Sala del Alto Tribunal y, en 2021, fue nombrado fiscal de Sala jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Durante su etapa en el Tribunal Supremo, Cadena participó en algunos de los procedimientos penales de mayor relevancia jurídica y mediática de las últimas décadas. Entre ellos destaca su intervención en la causa del denominado procés catalán, en la que ejerció la acusación pública ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su llegada a Cremades Calvo-Sotelo refuerza la práctica de Derecho Penal Económico de la firma, un área que abarca tanto la defensa y acusación ante los tribunales como el asesoramiento preventivo a empresas y particulares y las cuestiones relacionadas con corporate compliance. El despacho desarrolla su práctica penal ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con la incorporación de Cadena, Cremades Calvo-Sotelo refuerza un equipo penal integrado por abogados y juristas de amplia trayectoria, especializados en litigación penal y Derecho Penal Económico. Entre sus profesionales destacan Juan Ortiz Úrculo, ex fiscal general del Estado; Antonio Valverde Estepa, director y coordinador del área; y Juan Saavedra Ruiz, magistrado emérito del Tribunal Supremo y expresidente de la Sala de lo Penal. Con su incorporación, Cremades Calvo-Sotelo suma a su estructura la experiencia de un jurista con una extensa trayectoria en el Ministerio Fiscal y un profundo conocimiento de la jurisdicción penal y del funcionamiento del Tribunal Supremo. La llegada de Cadena se enmarca en la estrategia de crecimiento y especialización de Cremades Calvo-Sotelo, que en los últimos años ha reforzado sus equipos con profesionales de amplia experiencia en distintas ramas del Derecho y ha apostado por consolidar sus capacidades en áreas de especialización jurídica.Cremades Calvo-Sotelo refuerza su equipo con la incorporación como socio de Fidel Cadena Serrano, uno de los fiscales de mayor trayectoria y reconocimiento de la Fiscalía española, que se suma a la firma tras más de cuatro décadas de experiencia vinculada al Ministerio Fiscal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Fidel-Cadena.png-p487002-m1518989-768x334_w100.webp?no_webp=1https://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Fidel-Cadena.png-p487002-m1518989-768x334_w100.webp?no_webp=1https://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelo2026-08-21 12:38:322026-08-21 12:38:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486953La procesada conoció al perjudicado en agosto de 2023 en Zaragoza, momento en el que inician una estrecha amistad llegando incluso a mantener relaciones sexuales. Aprovechando esa relación y bajo la falsa afirmación de trabajar en el consulado de Rumanía y en un despacho de abogados, le pidió determinadas cantidades de dinero para atender diversos problemas personales y familiares ficticios, con el compromiso de devolver el dinero. En este sentido, solicitó de la víctima transferencias por importes de: 6.000 euros, 2.000 euros, 2.000 euros y 1.000 para atender gastos médicos y hospitalarios generados por su madre enferma en Rumanía; y posteriormente, otros 10.000 euros para viajar urgentemente a Rumanía a causa del fallecimiento de su madre y gastos del entierro, circunstancias que no eran ciertas. Por último, valiéndose de excusas y problemas inventados, la víctima le entregó en repetidas ocasiones dinero en efectivo retirado de un cajero. La Sala de lo Civil y Penal señala que la sentencia apelada estima justificado, por una parte, el desplazamiento patrimonial de las cantidades entregadas a la acusada, como el engaño constituido sobre la falsedad de las causas por las que demandaba ayuda económica urgente estimando que, desde un principio, la encausada no tuvo intención alguna de devolver ese dinero, lo que conlleva consigo la “prueba de cargo suficiente sobre el ánimo de lucro”. Por ello, la resolución hace un análisis racional y coherente, que le permite afirmar, con el suficiente juicio de certeza, la realidad del delito y la autoría de la acusada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Aragón. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 43/2026 de 9 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado la condena de dos años de cárcel impuesta a una mujer por estafar a un amigo 34.400 euros bajo el pretexto de atender falsas necesidades personales y familiares.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2658210187-1-p486953-m1518839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2658210187-1-p486953-m1518839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personales2026-08-21 11:53:292026-08-21 11:53:29penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486952Así lo ha demandado la asociación en una nota de prensa "ante una situación que desborda la capacidad ordinaria" de la Fiscalía de Ceuta, que cuenta con "solo ocho fiscales efectivos" y que "está sometiendo a una enorme presión a sus profesionales". Tras la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, que provocó 83 muertos, UPF ha aseverado que sobre los fiscales de la ciudad autónoma "recae una carga excepcional que incluye guardias reforzadas y actuaciones relacionadas con menores, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad". "Algunos días llegan a realizarse alrededor de 200 entrevistas a personas que manifiestan ser menores de edad en el marco de los procedimientos de determinación de edad", ha apuntado la asociación. La asociación ha explicado que es por ello que el servicio de guardia ha tenido que duplicarse, aunque cree que es necesario "avanzar hacia su triplicación". Servicio permanente de interpretación en Ceuta La UPF ha reclamado al Ministerio de Justicia un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta, "sin depender de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales", ya que consideran que se trata de una de las necesidades "más urgentes". La asociación ha subrayado que este servicio de interpretación "es imprescindible" para atender "cientos de entrevistas en determinadas jornadas". "No estamos hablando de una comodidad organizativa, sino de una herramienta elemental para poder garantizar derechos", han puntualizado. Por otro lado, UPF ha denunciado "una dificultad añadida", ya que la bolsa de fiscales sustitutos "ha quedado desierta", por lo que piden que se articulen "los mecanismos jurídicos, organizativos y económicos necesarios para que fiscales de otros territorios que voluntariamente quieran colaborar puedan desplazarse temporalmente a Ceuta". "Una crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales que se encuentran destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos", ha reivindicado la asociación. La emergencia no permite rebajar las garantías de menores Además, UPF ha puesto de manifiesto "el trabajo de los fiscales y de los funcionarios y funcionarias de Ceuta, así como el esfuerzo extraordinario que se está realizando en el ámbito de Violencia sobre la Mujer". "Su compromiso nos enorgullece, pero nuestro orgullo por su entrega nunca puede convertirse en la coartada para normalizar su sobresfuerzo", han advertido, al tiempo que han pedido que, una vez superada la crisis, su actuación debería recibir un reconocimiento institucional expreso por parte de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, los fiscales han insistido en que "la dimensión de la emergencia no permite rebajar las garantías de menores, potenciales víctimas de trata o violencia sexual ni de las personas que puedan necesitar protección internacional". Y ha añadido que la emergencia puede obligar "a adaptar el funcionamiento de las instituciones", pero "nunca puede modificar el estatuto jurídico de las personas". Por ello, la asociación ha pedido a la Fiscalía General del Estado que "continúe monitorizando permanentemente las necesidades de Ceuta y mantenga la interlocución directa", y ha reclamado al Ministerio de Justicia que "atienda con la máxima celeridad las peticiones que le sean trasladadas" desde el Ministerio Fiscal. "Ante situaciones extraordinarias debemos ensanchar las costuras del Estado, no reducir los derechos. No necesitamos héroes para sostener el Estado de Derecho, necesitamos que el Estado de Derecho sostenga a quienes están en primera línea defendiéndolo", ha concluido la asociación en su comunicado.La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado refuerzos para la Fiscalía de Ceuta ante la "situación extraordinaria" derivada de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, con medidas como un intérprete permanente, triplicar el servicio de guardia o facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales del resto de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2824339805-1-p486952-m1518821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2824339805-1-p486952-m1518821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceuta2026-08-21 11:27:432026-08-21 11:27:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486951España ha pasado de contar con 1.110.376 autónomos vinculados a sociedades en enero a 1.131.752 en junio, un incremento del 1,9%. De ellos, 515.144 son socios de sociedad y 616.608 son miembros de órganos de administración. Estos últimos han aumentado en 18.472 personas desde enero, mientras que los socios de sociedad lo han hecho en 2.904. En junio, los autónomos vinculados a sociedades representan aproximadamente el 32,4% del conjunto de trabajadores autónomos de España. "El crecimiento de los autónomos societarios es, sin duda, una realidad que se puede resumir en una cuestión fundamental: la fiscalidad que tienen las sociedades es mucho más laxa que la de los autónomos que tributan a través del IRPF", ha señalado el presidente de UPTA España, Eduardo Abad. Abad ha indicado que el aumento de autónomos vinculados a sociedades supone "una realidad que merece un análisis fiscal en profundidad". En este sentido, ha defendido que "la decisión de desarrollar una actividad como autónomo persona física o hacerlo a través de una sociedad debería responder fundamentalmente a las necesidades, características y dimensión del negocio, y no estar condicionada por una fiscalidad más favorable para una determinada fórmula jurídica". 3,49 millones de autónomos en junio Por otro lado, España ha alcanzado los 3.490.048 trabajadores autónomos en junio, frente a los 3.420.468 registrados en enero, lo que supone 69.580 autónomos más y un crecimiento del 2% en el primer semestre. La evolución ha sido positiva durante todos los meses analizados, pasando de los 3.420.468 autónomos de enero a los 3.432.008 de febrero, 3.448.635 de marzo, 3.463.806 de abril, 3.476.507 de mayo y 3.490.048 de junio. Para UPTA, estos datos vuelven a poner de manifiesto el peso que tiene el trabajo autónomo dentro del tejido productivo español y la necesidad de impulsar medidas que permitan no solo aumentar el número de actividades, sino favorecer su consolidación, crecimiento y sostenibilidad. Cerca de 490.000 autónomos tienen asalariados El número de autónomos con trabajadores a su cargo ha pasado de 473.555 en enero a 489.396 en junio, lo que supone 15.841 autónomos empleadores más, un incremento del 3,3%. Aunque junio registra un ligero descenso respecto a mayo, cuando se contabilizaron 490.103 autónomos con asalariados, el balance del semestre es positivo y sitúa el número de trabajadores autónomos empleadores muy próximo a las 490.000 personas. En junio, estos autónomos mantienen un total de 1.155.338 puestos de trabajo asalariado. Por dimensión, 255.960 autónomos tienen un asalariado; 98.982 tienen dos; 49.940 cuentan con tres; 28.872 tienen cuatro y 55.642 tienen cinco o más trabajadores. UPTA considera que esta dimensión empleadora debe ocupar un "lugar prioritario" en el diseño de las políticas dirigidas al colectivo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la consolidación empresarial, la contratación y el crecimiento de los pequeños negocios. La organización considera asimismo necesario que las políticas públicas dirigidas al colectivo no se midan exclusivamente por la evolución del número total de altas, sino por su capacidad para favorecer actividades económicamente viables, con mayor supervivencia, capacidad de inversión y potencial de generación de empleo. Abad defiende que hay que conseguir "que el sistema fiscal acompañe el crecimiento y la consolidación de los pequeños negocios" y "avanzar hacia una fiscalidad más equilibrada entre quienes desarrollan su actividad como personas físicas y tributan mediante IRPF y quienes lo hacen a través de sociedades".La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha reclamado una fiscalidad "más equilibrada" entre quienes desarrollan su actividad como personas físicas y tributan mediante IRPF y quienes lo hacen a través de sociedades, después de que los autónomos vinculados a sociedades aumentaran en 21.376 personas durante el primer semestre, hasta superar los 1,13 millones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2668095315-1-p486951-m1518803-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedadeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2668095315-1-p486951-m1518803-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedadeshttps://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedadeshttps://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedades2026-08-21 11:21:282026-08-21 11:21:28fiscalFiscal6Fiscal486899El accidente se produjo cuando el trabajador, al finalizar su jornada laboral y mientras descendía una escalera de obra transportando un capazo de herramientas, perdió el equilibrio y cayó por un hueco existente entre los peldaños y la tabiquería. La resolución declara probado que en ese punto de la escalera existía un vacío de 52 centímetros de altura “sin que exista barandilla o elementos materiales entre la escalera y el hueco, ni señalización específica sobre riesgo de posible caída”. La empresa sostenía en el recurso que el accidente obedeció a un caso fortuito o a un mal apoyo del trabajador y defendía que la obra disponía de medidas generales de protección. Sin embargo, la Sala rechaza revisar los hechos probados y concluye que las modificaciones solicitadas carecen de relevancia para alterar el sentido del fallo, ya que el riesgo se localizaba precisamente en el hueco existente en la escalera donde se produjo la caída. La sentencia destaca que la propuesta de recargo se fundamentó en la “existencia de una zona insegura en la escalera, derivada de la diferencia de anchura entre escalones, sin proteger ni señalizar frente al riesgo de caída que hizo que cayera el trabajador”, incumplimiento apreciado por la Inspección de Trabajo y posteriormente asumido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Sala recuerda que el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud lleva aparejada la obligación empresarial de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizarla. Asimismo, cita la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para subrayar que “la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Frente a la alegación de que el trabajador conocía perfectamente la escalera porque había participado en su construcción, el tribunal comparte el razonamiento de la sentencia de instancia y afirma que “el riesgo de caída por el hueco de la escalera es evidente, y la falta de toda medida de seguridad también”, añadiendo que la experiencia del trabajador “no puede servir para neutralizar el riesgo evidente”. La resolución concluye que “existe nexo causal adecuado entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para la integridad física del trabajador accidentado y la conducta del empleador al omitir aquellas medidas de seguridad”, por lo que confirma íntegramente el recargo del 30 % sobre las prestaciones derivadas del accidente de trabajo e impone a la empresa las costas del recurso, fijadas en 800 euros por los honorarios de la representación letrada de la parte recurrida. TSJ de Murcia. Sala de lo Social. Sentencia nº 358/2026 de 21 de abril de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Cartagena que mantuvo el recargo del 30% sobre las prestaciones de Seguridad Social que percibe un trabajador accidentado al apreciar que la empresa incumplió las medidas de seguridad exigibles en la obra.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2634145341-1-p486899-m1518617-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2634145341-1-p486899-m1518617-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obra2026-08-20 13:09:072026-08-20 13:09:07sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social486901Bruselas ha concluido que la operación notificada no plantea problemas de competencia, dada la posición limitada de las empresas implicadas en el mercado resultante de la transacción. La operación se ha examinado bajo el procedimiento simplificado de control de concentraciones. De este modo, la 'joint venture' de estas empresas españolas ha recibido el visto bueno de la Comisión para optar a la Iniciativa de Gigafactorías de IA del bloque comunitario, que se enmarca en la estrategia de soberanía tecnológica de la UE, orientada a reforzar y ampliar la infraestructura soberana de nube e inteligencia artificial en Europa. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 16 de junio la inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la 'SEPI Digital', en el consorcio público-privado que desarrollará esta gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Con esta operación, el Gobierno activó una inversión estratégica para movilizar un proyecto industrial de gran escala y que España participe en una de las principales infraestructuras europeas de IA. Así, la 'SEPI Digital' pasó a formar parte del accionariado de la sociedad que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría. Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.La Comisión Europea (CE) ha aprobado este jueves, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la creación de una empresa conjunta por parte ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', para optar a la gigafactoría europea de IA que el Ejecutivo comunitario construirá en algún Estado miembro.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2578648931-1-p486901-m1518653-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2578648931-1-p486901-m1518653-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europea2026-08-20 12:34:232026-08-20 12:34:23derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486900El proceso se inició en marzo de 2024, cuando la madre de un alumno de 4º de Primaria presentó una denuncia contra la docente, en la que afirmaba que había cometido malos tratos verbales repetidos hacia su hijo y mala praxis. Posteriormente, se recibió otra denuncia. La apertura del expediente disciplinario resolvió la imposición de las sanciones de suspensión, de 8 meses, 1 mes, 15 días y 5 días, por tres infracciones graves y una leve. En la resolución se detalla que la profesora no mantiene el orden en el aula ni el clima de convivencia, que no evalúa a los alumnos de forma objetiva, que no registra los seguimientos de los programas didácticos, que no aplica medidas de atención a la diversidad o que no sigue la programación didáctica. Igualmente, refleja que incurre en negligencia al expulsar a alumnos fuera del aula sin la supervisión de un adulto, al hablar en alto de forma despectiva y haciendo valoraciones de cuestiones privadas, o al desvelar a familias de alumnos datos personales de otros estudiantes. La sanción fue recurrida por la profesora, pero un juzgado de lo contencioso administrativo de Ferrol desestimó sus pretensiones, por lo que recurrió al TSXG. El alto tribunal gallego ha confirmado en una sentencia del pasado mes de junio las sanciones, aunque ha estimado parcialmente el recurso, únicamente en lo que respecta a las costas de primera instancia.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que confirma las sanciones impuestas a una profesora de primaria (y que suman casi 10 meses de suspensión), por varias infracciones graves y una leve, entre ellas, hacer valoraciones despectivas, falta de rendimiento, actuar con negligencia o divulgar cuestiones privadas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663966251-1-p486900-m1518635-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663966251-1-p486900-m1518635-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnos2026-08-20 12:00:232026-08-20 12:00:23administrativoAdministrativo1Administrativo486864La Audiencia alavesa consideró a los dos acusados autores de un delito de estafa y además de la pena de prisión les impuso una multa de 1.900 euros y la obligación de indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 72.215 euros. En los hechos declarados probados se indica que el hombre conoció a la acusada en 2021 cuando esta le pidió dos euros para comer, y que desde entonces y hasta 2023 se entabló entre ambos una “cierta relación de amistad” durante la cual el octogenario fue atendiendo las sucesivas peticiones de dinero que ella le hacía, confiando en su promesa de que se lo devolvería. La resolución de la Audiencia de Álava también declaró probado que el hombre cedió su tarjeta a la acusada y que esta realizó compras y extracciones de manera conjunta y coordinada con su pareja. Tras la sentencia ambos recurrieron ante el TSJPV alegando, entre otras cuestiones, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, manteniendo que no hubo engaño, algo que el Superior vasco rechaza sobre la base de lo probado en la sentencia de la Audiencia. Recurso del Ministerio Fiscal La Fiscalía también recurrió la sentencia y solicitó que la pena se elevara a seis años de prisión, al estimar que concurrían las agravantes de especial gravedad de los hechos, por haber dejado a la víctima en una situación económica especialmente precaria; y de abuso de confianza, dada la edad del perjudicado y la relación de confianza generada entre ambos. El TSJPV recuerda que, en el marco del recurso planteado, no procede modificar los hechos declarados probados por la Audiencia de Álava y añade que, si la Fiscalía pretendía una modificación de estos debió instar la nulidad de la sentencia. Esta resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión impuesta por la Audiencia de Álava a una pareja por estafar más de 70.000 euros a un octogenario.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2746941081-1-p486864-m1518508-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2746941081-1-p486864-m1518508-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenariohttps://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenariohttps://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenario2026-08-19 10:40:432026-08-19 10:40:43penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486863Meta, matriz de Facebook e Instagram, afronta en un tribunal federal de Oakland (California) la demanda conjunta de 29 estados, un proceso que la Fiscalía General de California pudo sacar adelante después de que el tribunal rechazara el último recurso de la compañía para frenarlo. La propia Meta calcula que su exposición alcanzaría los 1,4 billones de dólares, aunque los estados no han revelado cuánto reclamarán. La compañía califica esta cifra, que casi alcanza su valor de mercado total, de "descabellada" y sin precedentes. Esa cifra resulta de acumular las sanciones legales previstas por las infracciones de protección al consumidor y privacidad, un método que, según Meta, cuenta a los mismos adolescentes muchas veces. Se espera que el juicio tenga una duración aproximada de siete semanas. El fallo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers (la misma que lleva el caso de Elon Musk contra OpenAI) será probablemente en octubre. La demanda acusa a Meta de diseñar a sabiendas funciones para mantener a los usuarios jóvenes haciendo 'scrolling' (desplazándose por la pantalla) de una forma infinita, ya sea a través de publicaciones o notificaciones. De hecho, sostiene que Meta recopiló datos de niños menores de 13 años, infringiendo la ley federal de privacidad, y aseguró a los padres que sus aplicaciones eran seguras mientras investigaciones propias indicaban justamente lo contrario. La defensa de Meta se basa en que la "adicción a las redes sociales" no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, lo que debilita la acusación según la tecnológica. En el juicio se espera que declaren el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Además de la amenaza que supone la cifra de 1,4 billones de dólares, a Meta le resultaría un varapalo, según el medio especializado The Next Web, que tenga que aplicar las medidas de rediseño que piden los estados, como restricciones por edad, límites de tiempo estrictos para menores, fin del scroll infinito y las notificaciones constantes, entre otras modificaciones a la experiencia propia de sus aplicaciones. Este juicio parte de una acusación similar a la que Meta ya afrontó en Nuevo México, según la CNN, y que derivó en una orden de 567 millones de dólares, aunque la diferencia ahora es que se enfrenta a 29 estados a la vez. Justamente Instagram, propiedad de Meta, lanzó el pasado abril las nuevas protecciones de contenido para cuentas de adolescentes. Cabe recordar que Meta compró Instagram en abril de 2012 por unos 1.000 millones de dólares.Meta se enfrenta a un juicio contra una coalición de 29 estados estadounidenses que la acusan de haber manipulado deliberadamente Facebook e Instagram para volver adictos a los niños.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2518209177-1-p486863-m1518489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2518209177-1-p486863-m1518489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menoreshttps://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menoreshttps://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menores2026-08-19 10:20:312026-08-19 10:20:31derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486831En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo sientan jurisprudencia a partir de una resolución por un caso de violencia de género ocurrido en abril de 2022 en Castellón, que fue recurrida por la persona que fue condenada. La sentencia recurrida ante el Supremo, que fue dictada por un juzgado de lo penal de Castellón y posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial, consideró probado que el 20 de abril de 2022, el acusado acudió a las inmediaciones del domicilio de su expareja sentimental para ejercer el derecho de visitas con la hija de 8 años que ambos tenían en común. El relato de hechos añade que, en un ambiente tenso, el hombre cogió fuertemente del brazo a su hija con la intención de hacerle daño. Seguidamente, el varón le dio a la madre un puñetazo en la cintura, así como varios golpes y arañazos en el cuello, cuando ésta acudió en auxilio de la niña. 18 meses de prisión por violencia machista y doméstica Por estos hechos, el hombre fue condenado a nueve meses de prisión por un delito de violencia de género sobre su expareja, y a la misma pena por un delito de violencia doméstica sobre su hija. En su recurso ante el Supremo contra la sentencia, el acusado, que se había cambiado de sexo en 2023, alegó que era una mujer y no un hombre, por lo que no podía ser condenado por el delito de violencia de género sobre su expareja. Ahora, los magistrados contestan que no puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por un delito de violencia de género cuando los hechos, como fue el caso, hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, ya que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos. El tribunal remarca que los hechos enjuiciados ocurrieron el 20 de abril de 2022, y el auto de cambio de sexo del Registro Civil de Castellón es del 1 de junio de 2023. En él se recoge que el expediente comienza con una comparecencia del interesado llevada a cabo el 24 de abril de 2023, según la resolución. Condenado como hombre La sentencia indica que el recurrente fue condenado como hombre y autor de un delito de violencia sobre la mujer, que era su expareja sentimental, por lo que el cambio de registro de sexo "no podría desplegar efectos retroactivos a hechos anteriores que fueron realizados, juzgados y sentenciados siendo el recurrente un hombre a todos los efectos jurídicos y legales". Por otro lado, la sentencia indica que el cambio de registro de sexo realizado con carácter previo al delito no puede servir para neutralizar una condena por violencia de género si se prueba que se llevó a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley. El tribunal indica que el mero cambio registral no implica automáticamente fraude, y que la prueba de que se ha hecho con intención de fraude de ley debe ser plena y sin lugar a duda alguna, determinación que corresponde a los tribunales y debe basarse en las circunstancias concretas del caso. El alto tribunal rechaza también que la sentencia condenatoria vulnerara la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, también desestima el recurso planteado por una mujer que le acompañaba en el momento de los hechos, que quedó probado que tiró del pelo de la expareja del acusado y que intentó coger a la hija, y que fue condenada al pago de una multa por delito leve de lesiones.El Tribunal Supremo ha dejado claro que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos que permitan anular una condena previa por violencia machista, en el supuesto de que los hechos hayan ocurrido cuando el autor del delito era hombre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0010_1-p486831-m1518413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0010_1-p486831-m1518413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machista2026-08-18 13:50:242026-08-18 13:50:24penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico