https://elderecho.com/feedes484061Hay que tener en cuenta que la fecha límite que tenían los contribuyentes para presentar las declaraciones de la Renta y Patrimonio 2025 con resultado a ingresar con domiciliación bancaria ya finalizó el pasado jueves, 25 de junio. En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones. En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, con un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025. Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos'), así como el plan especial de asistencia en pequeños municipios. También los contribuyentes tienen la posibilidad de solicitar cita para la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la 'app' con una visualización para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible. Cartas para la subsanación de posibles errores En esta campaña, la Agencia Tributaria ha realizado envíos de cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria. La previsión estimada en un inicio por la Agencia Tributaria es la de terminar remitiendo en total cerca de 130.000 cartas a lo largo de la campaña. El objetivo es seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa. El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones. Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos. Más información en el Memento IRPF 2026  La campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF 2025) concluye el martes, 30 de junio, mientras que hoy será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757726603-1-p484061-m1510147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-marteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757726603-1-p484061-m1510147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-marteshttps://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-marteshttps://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-martes2026-06-29 07:31:352026-06-29 07:31:35fiscalFiscal6Fiscal484062Durante las reuniones, en las que han participado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Roman Završek; el presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), Alfonso Pérez-Cuellar; y el presidente de la Ordem dos Advogados de Portugal, João Massano, se han abordado cuestiones de especial relevancia para la profesión, tanto en Europa como en Iberoamérica. Convenio del Consejo Europeo para la Protección de la Abogacía El encuentro ha tenido lugar en un momento especialmente relevante para la profesión, apenas una semana después de la firma en Estrasburgo del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, uno de los asuntos abordados durante las sesiones de trabajo. El Convenio supone un avance histórico en la protección de abogados y abogadas y en el fortalecimiento de las garantías necesarias para el ejercicio independiente de la profesión y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Los participantes han coincidido en destacar que este convenio representa el resultado de años de trabajo conjunto de la abogacía europea y constituye un ejemplo del valor de la cooperación internacional para responder a los desafíos que afectan a la profesión. Asimismo, han reafirmado la necesidad de mantener una posición común ante las amenazas que afectan al ejercicio independiente de la abogacía en distintos países, así como seguir impulsando iniciativas destinadas a proteger a los profesionales que desempeñan una función esencial para la defensa de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. El encuentro ha permitido también intercambiar experiencias sobre los retos derivados de la transformación digital de la Justicia, el impacto de la inteligencia artificial en la profesión y las oportunidades de colaboración entre las organizaciones representativas de la abogacía europea e iberoamericana para afrontar conjuntamente los desafíos presentes y futuros. Entre los asuntos abordados ha figurado también la situación de la profesión en España. En este contexto, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha informado a los representantes de la abogacía europea e iberoamericana sobre los avances de la Pasarela al RETA, una reivindicación histórica de miles de mutualistas. Tras su aprobación por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio, la proposición de ley continúa su tramitación parlamentaria, ahora en el Senado. Los asistentes han mostrado interés por esta iniciativa largamente demandada por la profesión. La reunión ha concluido con un mensaje compartido de unidad y fortaleza institucional, reafirmando el compromiso de la abogacía española, europea e iberoamericana con la defensa de la independencia profesional, el derecho de defensa y los valores democráticos que sustentan el Estado de derecho.El Consejo General de la Abogacía Española ha reunido en Madrid a los máximos representantes de la abogacía europea e iberoamericana en un encuentro institucional de tres días que ha servido para reforzar la cooperación internacional entre organizaciones profesionales y trasladar un mensaje de unidad ante los desafíos que afronta actualmente la profesión. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto_Miembros-CGAE-CCBE-UIBA-y-OAP-p484062-m1510168-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto_Miembros-CGAE-CCBE-UIBA-y-OAP-p484062-m1510168-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericanahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericanahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericana2026-06-26 14:48:542026-06-26 14:48:54sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484060El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la nulidad del despido disciplinario de una trabajadora de una cadena de supermercados “penalizada con la extinción contractual” por verse afectada por una “grave enfermedad” (esclerosis múltiple progresiva), y ha acordado deducir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, ante “la gravedad” de la vulneración de derechos de la trabajadora por parte de la empresa, y para que “lleven a cabo las actuaciones que consideren oportunas”. La Sala de lo Social del TSJC en su sede de Las Palmas ha ratificado tanto la readmisión en el puesto de trabajo de la afectada como la condena a la empresa al pago de 15.000 euros en concepto de daño moral derivado de vulneración de derechos fundamentales. También impone a la cadena -Mercadona S.A.- las costas del recurso, fijando su cuantía en 800 euros. La sentencia desestima íntegramente el recurso de Mercadona y avala el fallo previo de instancia, que apreció discriminación por enfermedad, intromisión ilegítima en la intimidad y uso indebido de datos de salud de la trabajadora durante su proceso de incapacidad temporal. La resolución parte del hecho probado de que la trabajadora, que prestaba servicios desde 2017 en un centro de Mercadona en Fuerteventura, había sido diagnosticada de esclerosis múltiple progresiva en 2021 y su puesto ya había tenido que ser adaptado para evitar manipulación de cargas y posturas forzadas. En junio de 2025, relata, un informe neurológico incorporado al procedimiento describía una "esclerosis múltiple primaria progresiva, enfermedad discapacitante y progresiva" y aconsejaba "evitar sobrecarga física y mantener bipedestación prolongada sin los descansos oportunos". Pese a ello, la empresa activó durante la baja un seguimiento continuado por parte de su servicio médico y, más adelante, encargó una investigación a detectives privados que culminó en el despido de la empleada en septiembre de 2025 por supuesta simulación de enfermedad y realización de actividades incompatibles con su recuperación. Límites constitucionales La Sala no acepta ese relato. Al contrario, considera que la actuación empresarial traspasó “los límites constitucionales que preserva el artículo 18 de la Constitución Españolas" y respalda la conclusión de la magistrada de instancia de que la colaboración exigible con el servicio médico de empresa se vio "exacerbada", de forma "especialmente intensa" desde el inicio de la incapacidad temporal. La sentencia subraya como hechos particularmente graves que la médica de empresa acompañara a la trabajadora a una consulta de neurología en el hospital público, sin que esa iniciativa partiera de la propia paciente, y que incluso planteara una reunión "a tres bandas" con un coordinador de la empresa "para que la conozca y comentar tu situación". Para el tribunal, "no se alcanzan a comprender las razones de tal acompañamiento personalizado" ni tampoco las de esa propuesta de reunión, y ambas actuaciones evidencian "un actuar no solo poco profesional por parte de la especialista en medicina del trabajo sino, también, contrario al principio de confidencialidad y a la obligación de protección de datos sensibles". La Sala comparte la convicción de que existió una cesión de datos médicos reservados desde el servicio de prevención hacia la empresa, al menos en lo relativo a una cita de reconocimiento celebrada el 31 de julio de 2025 en un centro distinto del habitual de trabajo de la empleada. La sentencia considera altamente significativo que el detective contratado por Mercadona se personara justo allí y a esa hora. "Se suscitan muchas dudas en torno a las razones por las que el detective privado inicia el seguimiento de la trabajadora a las 11:30 h en el lugar donde había quedado con la médica de prevención", razona la Sala, en un lugar que "no se corresponde con el centro de trabajo de la operaria". De ahí que valide la conclusión de instancia sobre "el traslado de información a la empresa por parte del servicio de prevención". A partir de ese razonamiento, el Tribunal declara correctamente expulsada del proceso la prueba de detectives. El informe, dice la resolución, fue elaborado a partir de "la transmisión de información y tratamiento de datos absolutamente confidencial que afectaba a la salud de la trabajadora", de modo que su obtención vulneró el derecho a la intimidad y a la protección de datos sensibles. La sentencia es tajante al afirmar que el detective acudió a vigilar a la empleada "a un centro de trabajo ajeno y a una hora, a la que había quedado la trabajadora privadamente con la médica del servicio de prevención", por lo que "solo puede concluirse que ha existido una filtración de datos". Esa "participación en la obtención de información ilícita" arrastra la nulidad de la prueba. Pero incluso al margen de esa ilicitud, la Sala añade, a modo de consideración adicional, que tampoco del contenido del seguimiento se desprende fraude alguno. "No toda actividad desarrollada durante la situación de incapacidad temporal puede calificarse como conducta desleal sancionable con el despido", recuerda el tribunal, que insiste en que solo lo sería aquella que perturbe la curación o revele simulación. En este caso, concluye, "no concurre actuar reprochable alguno a la trabajadora", mientras que la empresa "incurre en diversos incumplimientos legales y constitucionales ya descritos, con la única pretensión de penalizar con la extinción contractual a la trabajadora que ha tenido la mala suerte de enfermar y verse afectada por una grave enfermedad". TSJ de Canarias. Sala de lo Social. Sentencia nº 853/2026 de 16 de junio de 2026.El TSJ de Canarias anula las pruebas aportadas por detectives privados y concluye que hubo una intromisión ilegítima en la intimidad de la afectada y que sus datos médicos fueron objeto de uso indebido.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2196894991-1-p484060-m1510129-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosishttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2196894991-1-p484060-m1510129-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosishttps://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosishttps://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosis2026-06-26 13:40:392026-06-26 13:40:39sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social484059En una nota de prensa, el TC informa de una sentencia del Pleno en la que la corte de garantías declara nula la mencionada sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM sobre el citado laudo. La sentencia declaró la responsabilidad de la sociedad recurrente por parte de los daños reclamados, aunque rechazó "otras pretensiones indemnizatorias al considerar que no habían quedado acreditadas", añade. La Sala de lo Civil y Penal del TSJM estimó parcialmente la demanda de anulación, por vulneración del orden público procesal, "al considerar que uno de los pronunciamientos del laudo carecía de una motivación suficiente, por entender que las conclusiones alcanzadas por el tribunal arbitral no aparecían adecuadamente conectadas con la prueba practicada", explica. La sociedad que recurrió alegó, según la nota, "la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva" considerando que el órgano judicial "había excedido los límites del control que corresponde a los tribunales sobre los laudos arbitrales". Así, la sentencia del TC "recuerda que el control judicial de los laudos arbitrales no permite revisar la valoración de la prueba ni sustituir el criterio del tribunal arbitral por el del órgano judicial". El Pleno "considera que el laudo contenía una motivación suficiente para conocer las razones de la decisión adoptada y, además, que no se habían producido vulneraciones de las garantías del procedimiento arbitral", indica. "Por ello, concluye que el TSJM excedió los límites del control que puede ejercerse en una acción de anulación", al efectuar "una revisión del razonamiento probatorio propio del fondo de la controversia", agrega. En consecuencia, el TC declara la nulidad de la resolución del tribunal superior madrileño y "restablece la plena eficacia del laudo arbitral en todos sus pronunciamientos", indica.El Pleno del TC ha anulado una sentencia del TSJM que estimó la demanda contra un laudo arbitral dictado por un tribunal arbitral designado por el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, al entender que "excedió los límites del control que puede ejercerse en una acción de anulación", en el marco de una "controversia" entre dos empresas en la aplicación de un contrato.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Madrid_EDEIMA20110510_0016_1-p484059-m1510111-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-sentencia-que-el-tsj-de-madrid-se-excedio-al-revisar-un-laudo-arbitral-entre-dos-empresashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Madrid_EDEIMA20110510_0016_1-p484059-m1510111-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-sentencia-que-el-tsj-de-madrid-se-excedio-al-revisar-un-laudo-arbitral-entre-dos-empresashttps://elderecho.com/el-constitucional-sentencia-que-el-tsj-de-madrid-se-excedio-al-revisar-un-laudo-arbitral-entre-dos-empresashttps://elderecho.com/el-constitucional-sentencia-que-el-tsj-de-madrid-se-excedio-al-revisar-un-laudo-arbitral-entre-dos-empresas2026-06-26 12:05:322026-06-26 12:05:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484058El ministro Félix Bolaños ha recogido el premio en representación de su departamento de manos del vocal del CGPJ Luis Martín Contreras. Mejora sustancial de respuesta a la ciudadanía En concreto, el Ministerio ha sido distinguido con el premio a una "Justicia más transparente", en la categoría de "Entidades y Organismos relacionados con la Administración de Justicia", un reconocimiento que pone en valor las iniciativas orientadas a mejorar la calidad, la eficiencia y la atención prestada a la ciudadanía. El galardón reconoce la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y la automatización robótica de los procedimientos monitorios civiles para optimizar su tramitación y ofrecer una respuesta más ágil a ciudadanos y empresas. Una apuesta por la accesibilidad y la transformación digital del servicio público de Justicia. Un ahorro de 1 millón de euros para la Administración Gracias a las herramientas desarrolladas por el Ministerio, se han automatizado más de 243.000 actuaciones judiciales, con un ahorro superior a 64.000 horas de trabajo y la gestión de un volumen económico superior a los 600 millones de euros. Además, en determinados procedimientos se ha logrado reducir los tiempos de tramitación en más de 100 días, según ha informado el Ministerio de Justicia. Esta transformación ha generado beneficios directos tanto para la ciudadanía como para los profesionales de la Administración de Justicia. Entre ellos destacan la reducción de los tiempos de respuesta, la disminución de tareas repetitivas para el personal judicial, el incremento de la capacidad de gestión de los órganos judiciales y la agilización de los procedimientos de reclamación de deudas. Asimismo, la mejora de la eficiencia ha permitido generar un ahorro cercano al millón de euros para la Administración. El ministro le ha trasladado a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, su agradecimiento por el reconocimiento a este trabajo y la ha emplazado a seguir trabajando juntos con lealtad institucional en la mayor transformación de la Justicia en décadas.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha premiado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con uno de los galardones de la XIII edición de los Premios a la Calidad de la Justicia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/Ministerio-de-Justicia-p484058-m1510093-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-premia-al-ministerio-de-justicia-por-su-impulso-en-la-transformacion-digitalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/Ministerio-de-Justicia-p484058-m1510093-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-premia-al-ministerio-de-justicia-por-su-impulso-en-la-transformacion-digitalhttps://elderecho.com/el-cgpj-premia-al-ministerio-de-justicia-por-su-impulso-en-la-transformacion-digitalhttps://elderecho.com/el-cgpj-premia-al-ministerio-de-justicia-por-su-impulso-en-la-transformacion-digital2026-06-26 11:45:292026-06-26 11:45:29derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico484057Además, la resolución de asuntos sufrió una disminución en todas las jurisdicciones del 13,7%, según costa en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026, del que ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa. Según el CGPJ, entre los meses de enero y marzo, los tribunales españoles resolvieron 1.757.204 asuntos, un 13,7 % menos que el año pasado, mientras que los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 4.758.123, lo que supone "un leve descenso interanual del 0,7%". En la jurisdicción civil se registraron 785.541 nuevos asuntos, con una reducción del 35,8%, y se resolvieron 734.476, un 22,3% menos. En trámite quedaron al final del periodo 2.728.558 asuntos, un 8,1% menos que al final del primer trimestre de 2025, indica el Poder Judicial. En su caso, la jurisdicción penal recibió 856.932 nuevos asuntos, un 3,5% menos que un año antes, y se resolvieron 847.127 asuntos, un 5,7% menos, mientras que 1.276.102 quedaron en trámite, lo que supone un 14% más. El descenso en el ingreso de asuntos de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo fue, con 52.944 nuevos casos, del 2,1%, al tiempo que los asuntos resueltos fueron 52.696, un 13,2% menos que el año anterior, y los que quedaron en trámite, 221.947, variaron al aumentar un 0,4%. En la jurisdicción social se registraron 129.497 asuntos, un 3,5% menos que entre enero y marzo de 2025. Se resolvieron 122.880 asuntos, un 7,1% menos, y quedaron tramitándose 531.466 asuntos, un 10,4% más. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, una ratio que se sitúa 10 puntos por debajo de la de hace un año, que fue de 47,07. La región con la tasa más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41), mientras que el resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).Los juzgados españoles registraron un total de 1.824.951 asuntos en el primer trimestre de 2026, un 20,6% menos que el año anterior, con un descenso interanual en todas las jurisdicciones del país, especialmente en la del orden civil, que decreció en un 35,8% en lo relativo a las cuestiones de nuevo ingreso.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2776337141-1-p484057-m1510071-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-juzgados-registraron-18-millones-de-asuntos-en-el-primer-trimestre-de-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2776337141-1-p484057-m1510071-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-juzgados-registraron-18-millones-de-asuntos-en-el-primer-trimestre-de-2026https://elderecho.com/los-juzgados-registraron-18-millones-de-asuntos-en-el-primer-trimestre-de-2026https://elderecho.com/los-juzgados-registraron-18-millones-de-asuntos-en-el-primer-trimestre-de-20262026-06-26 10:58:272026-06-26 10:58:27sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484044Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 16 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que se nombra Jefa de Sistemas Informáticos en el mando de Apoyo de la Dirección General de la Guardia Civil. (B.O.E. núm. 153 de 24 de junio de 2026). - Resolución, de 18 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se nombra Operador de Comunicaciones en la Embajada de España en Mauritania-Nuackchott. (B.O.E. núm. 154 de 25 de junio de 2026). - Resolución, de 22 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la que se nombra Técnico Especialista Sistemas Comunicaciones en la Unidad de Comunicaciones e Infraestructuras del Sistema de Seguridad Nacional. (B.O.E. núm. 155 de 26 de junio de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).  Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/10/shutterstock_1070250845-p484044-m1510024-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-22-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/10/shutterstock_1070250845-p484044-m1510024-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-22-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-22-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-22-de-junio-de-2-0262026-06-26 10:10:072026-06-26 10:10:07derecho-ticDerecho TICDerecho TIC484028María se une a la firma procedente de Gómez-Acebo Pombo, donde ha desarrollado su actividad profesional durante los últimos tres años. Con seis años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, María cuenta con una sólida formación jurídica y una práctica centrada en el asesoramiento y la resolución de asuntos de elevada complejidad. Antes de iniciar su carrera profesional en despachos, dedicó varios años a la preparación de las oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal, una etapa que le permitió adquirir un profundo conocimiento de distintas ramas del Derecho y una rigurosa metodología de trabajo. Su incorporación se enmarca en la apuesta estratégica de TKL – Think Legal por el crecimiento y consolidación de su área de Litigación y Arbitraje, una de las principales prioridades de la firma en 2026. Con este refuerzo, el despacho continúa ampliando sus capacidades en resolución de disputas y reforzando un equipo especializado en litigios y arbitrajes de elevada complejidad. Para Samuel Rivero, socio director de TKL – Think Legal, “la incorporación de María supone un paso más en nuestra apuesta por el talento y la excelencia técnica. Su sólida formación jurídica, su experiencia en firmas de primer nivel y su capacidad de análisis encajan plenamente con la forma en la que entendemos el asesoramiento a nuestros clientes. Estamos convencidos de que será una gran aportación para la firma”. Con esta incorporación, TKL – Think Legal reafirma su compromiso con la excelencia profesional y el fortalecimiento de un equipo capaz de ofrecer un asesoramiento jurídico especializado, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente.TKL – Think Legal, continúa impulsando su crecimiento con la incorporación de María Vázquez de las Cuevas como nueva abogada senior. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Maria_Vazquez_01-2-1-p484028-m1509982-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/tkl-think-legal-incorpora-a-maria-vazquez-como-nueva-abogada-seniorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Maria_Vazquez_01-2-1-p484028-m1509982-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/tkl-think-legal-incorpora-a-maria-vazquez-como-nueva-abogada-seniorhttps://elderecho.com/tkl-think-legal-incorpora-a-maria-vazquez-como-nueva-abogada-seniorhttps://elderecho.com/tkl-think-legal-incorpora-a-maria-vazquez-como-nueva-abogada-senior2026-06-26 07:56:442026-06-26 07:56:44sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483988Pérez-Llorca anunciaba esta semana el inicio de sus operaciones en Abu Dabi, culminando así una de las principales iniciativas de su estrategia de crecimiento internacional para 2026. La apertura refuerza el compromiso del Despacho con Oriente Medio, una región clave para la inversión global, y se integra en una hoja de ruta internacional que este año también incluye la entrada en Perú. Ubicada en ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, la nueva oficina permitirá a Pérez-Llorca fortalecer su relación con los principales actores financieros de Oriente Medio y acompañar sus inversiones en los mercados donde la firma desarrolla su actividad trabajando en colaboración con los equipos de Pérez-Llorca en España, Portugal, México, Colombia y Perú, así como con la práctica del África lusófona coordinada desde Lisboa y los profesionales de Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur. La oficina está liderada por Gonçalo Capela Godinho, socio con cerca de 25 años de carrera internacional, incluidos varios años en Latinoamérica y Nueva York, con una amplia experiencia en transacciones complejas y transfronterizas, y que ha jugado un papel determinante en la creación y rápida consolidación de la oficina de Lisboa de Pérez-Llorca. Para Capela Godinho, “Abu Dabi se ha consolidado como uno de los principales centros financieros internacionales y como un punto de encuentro para algunos de los inversores institucionales más relevantes del mundo. Nuestra presencia en la región nos permitirá fortalecer las relaciones con nuestros clientes actuales y acompañar más de cerca a los inversores que están impulsando algunas de las operaciones más relevantes a escala global”. Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer de ADGM, ha afirmado: “La decisión de Pérez-Llorca de establecerse en Abu Dabi refleja la creciente importancia del Golfo en la inversión y la actividad comercial internacionales. A medida que el capital adquiere una dimensión cada vez más global, aumenta la demanda de asesoramiento jurídico y estratégico sofisticado. La presencia del Despacho refuerza aún más la amplitud y profundidad de los servicios profesionales disponibles en ADGM y consolida el papel de Abu Dabi como plataforma para la inversión y la actividad comercial internacionales”. Apuesta por la región La puesta en marcha de la oficina se produce en un contexto geopolítico complejo para la región. No obstante, Pérez-Llorca mantiene una visión a largo plazo sobre Oriente Medio y considera que los fundamentos económicos que han impulsado el crecimiento y la atracción de inversión internacional en el Golfo permanecen intactos. Desde el anuncio de la apertura, el Despacho ha reiterado que el proyecto formaba parte de una estrategia estructural y no coyuntural, basada en la proximidad a los principales centros de inversión internacional y en la capacidad de acompañar a sus clientes allí donde se generan nuevas oportunidades de negocio. En este sentido, durante las últimas décadas, los fondos soberanos y los grandes inversores institucionales del Golfo han incrementado significativamente su presencia en operaciones internacionales, convirtiéndose en actores clave en sectores como infraestructuras, energía, tecnología, salud, inmobiliario y transición energética. “Los ciclos geopolíticos forman parte de la realidad de cualquier mercado internacional. Nuestra decisión de establecernos en Abu Dabi responde a una visión de largo plazo y a la convicción de que la región seguirá desempeñando un papel cada vez más relevante en los flujos globales de inversión. Seguimos plenamente comprometidos con la región y con acompañar a nuestros clientes desde una perspectiva internacional”, ha destacado Pedro Pérez-Llorca, Socio Director del Despacho. Consolidación del proyecto internacional del Despacho Con el inicio de las operaciones de Pérez-Llorca en el ADGM, el Despacho da un paso más en la consolidación de su proyecto internacional. Esta oficina se suma al acuerdo de integración de Pérez-Llorca con Miranda Amado, firma peruana de primer nivel, operación anunciada en mayo y que se prevé cerrar en las próximas semanas una vez sea aprobada por los órganos de gobierno de ambos despachos. Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, subraya: “La puesta en marcha de nuestra oficina en el ADGM y la próxima integración con Miranda Amado en Perú son hitos complementarios dentro de un mismo proyecto internacional. Queremos estar presentes tanto en los mercados que generan capital como en aquellos que ofrecen oportunidades de inversión y crecimiento. Abu Dabi y Lima refuerzan nuestra capacidad para conectar inversores internacionales con proyectos estratégicos en Europa y Latinoamérica, consolidando una plataforma única en el ámbito iberoamericano”. Con Abu Dabi y Lima como nuevos polos de crecimiento, Pérez-Llorca avanza en la construcción de una plataforma iberoamericana capaz de conectar capital, talento jurídico y oportunidades de inversión en mercados estratégicos, reforzando su capacidad para acompañar a clientes e inversores en operaciones transfronterizas de alta complejidad.La apertura de la oficina en Abu Dabi, dirigida por Gonçalo Capela Godinho, refuerza el compromiso del Despacho con la región del Golfo, la confianza en las perspectivas a largo plazo de la región y es una apuesta decidida por el ecosistema empresarial localhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Goncalo-Capela-Godinho_Perez-Llorca-p483988-m1509855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-mediohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Goncalo-Capela-Godinho_Perez-Llorca-p483988-m1509855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-mediohttps://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-mediohttps://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-medio2026-06-25 13:34:502026-06-25 13:34:50sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484003La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el Anteproyecto de Ley que incorpora al ordenamiento español la normativa europea sobre prueba electrónica (e‑Evidence) en procesos penales y de ejecución de penas privativas de libertad a solicitud del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (IPN/CNMC/015/26). El proyecto normativo adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2023/1543 y transpone la Directiva (UE) 2023/1544. Su objetivo es facilitar que las autoridades judiciales de los Estados miembros puedan solicitar de forma más ágil la producción o conservación de pruebas electrónicas a determinados prestadores de servicios digitales, incluso cuando estos operen desde otro país de la Unión Europea. Recomendaciones de la CNMC La CNMC valora positivamente el anteproyecto de ley, en la medida en que adapta el ordenamiento jurídico español al nuevo marco europeo sobre obtención de pruebas electrónicas y refuerza la eficacia de la cooperación judicial penal transfronteriza. No obstante, considera que algunos aspectos del texto deberían precisarse para reforzar la seguridad jurídica, evitar dudas interpretativas y garantizar una aplicación proporcionada de las nuevas obligaciones. Por ello, formula varias recomendaciones: Ajustar la definición de los supuestos en los que las empresas deberán designar un establecimiento o representante legal, con el fin de cubrir de forma expresa todos los escenarios de prestación transfronteriza de servicios y evitar lagunas en la identificación de los sujetos obligados. Precisar el régimen aplicable a los operadores de menor dimensión, aclarando el tratamiento de las empresas de menos de 50 trabajadores, e incorporar una referencia expresa al respeto de las normas de competencia cuando varios prestadores compartan establecimiento designado o representante legal. Cuantificar con mayor precisión el impacto económico y organizativo de las nuevas obligaciones, especialmente para los prestadores que deban crear por primera vez una estructura en España o designar un representante legal. Revisar el régimen de notificación a la autoridad central para clarificar el ámbito subjetivo de los prestadores obligados, precisar el alcance de las obligaciones establecidas y reflejar de forma más adecuada el papel de la autoridad central como garante de la correcta publicación y actualización de la información. Adaptar la referencia al personal que ejerce funciones de inspección a la tipología real de empleo público existente en la CNMC, sustituyendo la mención a “funcionarios adscritos” por una referencia más amplia al “personal adscrito” a la autoridad central. Mejorar la tipificación de las infracciones previstas en el anteproyecto, incorporando referencias expresas a las obligaciones cuyo incumplimiento se sanciona e incluyendo de forma específica conductas que obstaculicen las funciones de supervisión, control e inspección atribuidas a la CNMC. Revisar los criterios de graduación de las sanciones para evitar solapamientos entre factores agravatorios, introducir parámetros económicos más objetivos y tener en cuenta el tamaño de la empresa infractora, para asegurar una aplicación proporcionada del régimen sancionador. Completar la modificación de la Ley de creación de la CNMC para recoger de forma expresa todas las funciones que se le atribuyen como autoridad central, incluidas las de coordinación y cooperación europea, actualización de información en la Red Judicial Europea en materia penal y ejercicio de la potestad sancionadora. La CNMC puede actuar de manera consultiva, pudiendo ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h). [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]La CNMC valora positivamente que la norma facilite la cooperación judicial entre Estados miembros, designe a la CNMC como autoridad central y tenga previsiones favorables a las pymes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/06/shutterstock_666678886-p484003-m1509894-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-respalda-la-norma-que-agiliza-la-cooperacion-judicial-europea-en-materia-de-pruebas-electronicashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/06/shutterstock_666678886-p484003-m1509894-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-respalda-la-norma-que-agiliza-la-cooperacion-judicial-europea-en-materia-de-pruebas-electronicashttps://elderecho.com/la-cnmc-respalda-la-norma-que-agiliza-la-cooperacion-judicial-europea-en-materia-de-pruebas-electronicashttps://elderecho.com/la-cnmc-respalda-la-norma-que-agiliza-la-cooperacion-judicial-europea-en-materia-de-pruebas-electronicas2026-06-25 13:32:332026-06-25 13:32:33derecho-ticDerecho TICDerecho TIC