https://elderecho.com/feedes479351Lefebvre, compañía de contenido y software jurídico, celebrará el próximo 28 de abril una nueva edición del Congreso Laboral 2026, un encuentro de referencia que abordará los principales desafíos que están marcando la actualidad del derecho laboral, el empleo, el trabajo y la Seguridad Social. El evento, que tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y también podrá seguirse en formato virtual, reunirá a destacados magistrados, académicos y profesionales del sector bajo la dirección académica de Antonio Sempere Navarro, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Universidad. Cuestiones clave A lo largo de la jornada, los expertos analizarán cuestiones clave como el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ordenación del tiempo de trabajo, el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, los controles empresariales o las últimas novedades en el proceso laboral, entre otros temas de máxima relevancia para empresas y profesionales. En concreto, el Congreso profundizará en aspectos de gran actualidad como los permisos laborales vinculados a la conciliación familiar, el registro de jornada y su interpretación jurisprudencial, los incentivos salariales y su encaje en los convenios colectivos, o el uso de herramientas tecnológicas como la videovigilancia, los algoritmos o los detectives privados en el ámbito laboral. Asimismo, se abordarán cuestiones como el teletrabajo, la incapacidad temporal y permanente, las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social, o los retos de la negociación colectiva y los convenios de empresa. Situaciones reales El programa, con un enfoque eminentemente práctico, incorpora además el análisis de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, ofreciendo a los asistentes criterios aplicables a situaciones reales en el ámbito empresarial y jurídico. El Congreso contará con la participación de ponentes de primer nivel del ámbito jurídico, académico y empresarial, entre los que se encuentran Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre; Antonio Sempere Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Universidad; Olimpia del Águila, Responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE; Cristina Aragón, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UNED; Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla; Fermín Guardiola, Presidente de FORELAB; Ana Gómez, Presidenta de ASNALA; Luis María Gómez Garrido, Magistrada del Tribunal Supremo; Rafael Antonio López Parada, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; Luis María Gómez Garrido, Magistrada del Tribunal Supremo;Rafael Antonio López Parada, Magistrado de la Sala de los Social del Tribunal Supremo; David Martínez Saldaña, socio del área Laboral de KPMG Abogados; Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, catedrática de Derecho del Trabajo y Magistrada suplente del TSJ de Madrid; Juan Manuel Ortiz Pedregosa, socio fundador de IurisLaw Consultores Jurídicos y miembro de ASNALA y Pilar Menor Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB y socia de DLA Piper. También, estarán Joaquín Merchan Bermejo, Presidente del Consejo de Graduados Sociales; Susana Molina Gutiérrez, Magistrada de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Ana de la Puebla Pinilla, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid y Of Counsel de Baker McKenzie; Álvaro Rodríguez de la Calle, socio del área laboral de ECIJA; Raúl Rojas Rosco, socio del área laboral en ECIJA; Covadonga Roldán, socia responsable del área de Laboral de Deloitte Legal; Eva Urbano Blanco, directora del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO; Yolanda Valdeolivas García, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid; Javier Sánchez Millanes, Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería de la Seguridad Social y Andrés Ramón Trillo García, Jefe de Servicios Jurídicos de la Seguridad Social. El Congreso Laboral 2026 cuenta con el patrocinio de Banco Santander, Deloitte Legal, ECIJA, KPMG Abogados y la Universidad CEU San Pablo, así como con la colaboración de ADiReLab, ASNALA, FORELAB y el Consejo General de Graduados Sociales de España. Con esta nueva edición, Lefebvre refuerza su compromiso con la actualización y formación continua de los profesionales del derecho, ofreciendo un espacio de análisis y debate sobre los cambios normativos y jurisprudenciales que están redefiniendo el panorama laboral. El programa completo se puede consultar en la página web del Congreso Laboral   Fecha: 28 de abril de 2026 Horario: de 9:00 a 18:00 horas Lugar: Auditorio Universidad CEU San Pablo (Madrid) Formato: presencial y virtualEl evento es un espacio de análisis y debate sobre los cambios normativos y jurisprudenciales que están redefiniendo el panorama laboral.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Card-p479351-m1494624-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-reune-a-expertos-del-ambito-juridico-en-el-congreso-laboral-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Card-p479351-m1494624-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-reune-a-expertos-del-ambito-juridico-en-el-congreso-laboral-2026https://elderecho.com/lefebvre-reune-a-expertos-del-ambito-juridico-en-el-congreso-laboral-2026https://elderecho.com/lefebvre-reune-a-expertos-del-ambito-juridico-en-el-congreso-laboral-20262026-04-14 17:59:142026-04-14 17:59:14sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social479257Los límites cuantitativos excluyentes de este método para los ejercicios 2025 y 2026 quedan fijados como sigue: - Volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior para el conjunto de actividades económicas, excepto agrícolas, ganaderas y forestales: 250.000 euros. - Volumen de rendimientos íntegros del año inmediato anterior que corresponda a operaciones por las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal: 125.000 euros. - Volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior: 250.000 euros.   LIRPF disp.trans.32ª redacc RDL 16/2025 art.14.cuatro, BOE 24-12-25   Más información en el Memento IRPF 2026  ¿Qué límites cuantitativos delimitan la aplicación del método de estimación objetiva en 2025 y 2026?https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2720466525-1-p479257-m1494304-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/limites-para-la-aplicacion-del-metodo-de-estimacion-objetiva-en-los-ejercicios-2025-y-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2720466525-1-p479257-m1494304-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/limites-para-la-aplicacion-del-metodo-de-estimacion-objetiva-en-los-ejercicios-2025-y-2026https://elderecho.com/limites-para-la-aplicacion-del-metodo-de-estimacion-objetiva-en-los-ejercicios-2025-y-2026https://elderecho.com/limites-para-la-aplicacion-del-metodo-de-estimacion-objetiva-en-los-ejercicios-2025-y-20262026-04-14 14:10:322026-04-14 14:10:32fiscalFiscal6Fiscal479321La norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 15 de abril, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, el jueves 16. La apertura del periodo de solicitudes será el mismo jueves 16 de abril. Desde ese día se podrá presentar la solicitud de manera telemática. El sistema de cita previa para la tramitación presencial de solicitudes también se abrirá ese mismo día, si bien la atención presencial está prevista que comience el día 20 de abril. Este Real Decreto habilita el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país y las personas solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal siempre que cumplan los requisitos. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas beneficiarias deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema. Para ello, tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. La ministra, Elma Saiz, ha declarado que “con este proceso se pretende garantizar los derechos de las personas migrantes y dotar de seguridad jurídica al sistema”. Saiz ha asegurado que “la regularización va a ser un procedimiento ágil, eficaz y sin trabas y dará respuesta a todos los que cumplan los requisitos” y ha recordado que “el plazo estará abierto hasta el 30 de junio”. Siempre con cita previa La cita previa será imprescindible para ser atendido presencialmente y se podrá solicitar desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mediante el sistema Cl@ve, a través de un formulario web, o llamando al teléfono 060, con atención en español. Para realizar su solicitud de regularización, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Extranjería habilitadas, a las oficinas de la Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social, al menos una cada provincia, y a las oficinas de Correos de capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes. Las oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social habilitadas estarán abiertas de lunes a viernes de 16:00 horas a 19:00 horas para estos trámites y las oficinas de Correos atenderán este trámite de lunes a viernes, desde las 08:30 horas hasta las 17:30 horas. Para realizar la solicitud de manera telemática es necesario disponer de un certificado electrónico. Esta vía de presentación estará disponible de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el periodo de solicitud. Autorización de residencia y trabajo La comunicación del inicio del procedimiento administrativo habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional español y en cualquier sector de actividad. Se dotará de un número personal de Seguridad Social a la persona solicitante. En el plazo de un mes desde que haya recibido la resolución favorable definitiva el beneficiario deberá presentar su solicitud para obtener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE). El proceso de regularización otorga una especial protección a los menores de edad, concediendo una autorización de residencia por cinco años. Además, se podrá gestionar en una misma cita y de manera simultánea las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia. Requisitos para acreditar la estancia en España Para justificar la estancia en España, tanto los solicitantes de protección internacional como las personas en situación administrativa irregular podrán presentar documentos públicos o privados o una combinación de ambos que contengan datos personales que puedan acreditar su identidad y que estén fechados. Las personas en situación administrativa irregular deberán acreditar, además, uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad. Para esto último, podrán descargar un certificado de vulnerabilidad alojado en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para su presentación, este documento deberá estar acreditado y sellado por las autoridades competentes, bien las Entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los servicios sociales. Acompañamiento durante el proceso La Administración y los potenciales beneficiarios podrán contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, que desempeñan un papel esencial en el asesoramiento jurídico y en la correcta tramitación de los expedientes. Estos profesionales podrán acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Asimismo, se desarrollarán sesiones técnicas en colaboración con el Consejo General de la Abogacía, reforzando así la coordinación institucional y el rigor jurídico en la aplicación de este procedimiento Además, el Ministerio ha creado un Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX) en el que se han inscrito sindicatos y entidades sin ánimo de lucro para asesorar y ayudar a los interesados que han acreditado tener al menos dos años de experiencia en el acompañamiento a personas extranjeras para poder registrarse. Estas entidades, cuyo listado aparecerá actualizado en la web del Ministerio de Inclusión, han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática. Su colaboración será gratuita. Para resolver dudas a la hora de realizar la solicitud se ha habilitado un canal de comunicación a través del teléfono 060, en horario de atención de lunes a viernes, de 09:30 horas a 14:00 horas y desde las 16:30 horas hasta las 19:30 horas. Del mismo modo se puede obtener información en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se ha creado un portal específico con información.El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que dará comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2632324689-1-p479321-m1494500-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobada-la-regularizacion-administrativa-extraordinaria-de-personas-migrantes-que-ya-residen-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2632324689-1-p479321-m1494500-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobada-la-regularizacion-administrativa-extraordinaria-de-personas-migrantes-que-ya-residen-en-espanahttps://elderecho.com/aprobada-la-regularizacion-administrativa-extraordinaria-de-personas-migrantes-que-ya-residen-en-espanahttps://elderecho.com/aprobada-la-regularizacion-administrativa-extraordinaria-de-personas-migrantes-que-ya-residen-en-espana2026-04-14 14:08:032026-04-14 14:08:03administrativoAdministrativo1Administrativo479273En una sentencia publicada este martes, el alto tribunal europeo responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre si el sistema español para corregir estos abusos --basado, entre otras medidas, en la figura del indefinido no fijo, indemnizaciones o procesos selectivos-- cumple con las exigencias de la normativa europea. El asunto tiene su origen en el caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016 en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid, cuya relación fue calificada por la justicia española como indefinida no fija tras apreciar una utilización irregular. Sobre esta solución, el TJUE señala que "no constituye una medida adecuada", ya que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal" y, con ello, la "situación de precariedad" del trabajador, pese a que, según señala el tribunal, la estabilidad en el empleo es un elemento "primordial" de protección. Además, apunta que las indemnizaciones previstas en la normativa española, que se abonan al extinguirse la relación laboral y están sujetas a límites máximos, no pueden constituir una reparación "proporcionada y efectiva" ni garantizar una compensación "adecuada e íntegra" de los daños. En cuanto al régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, la justicia europea apunta que puede resultar insuficiente si no se basa en criterios claros y previsibles y no va acompañado de otras medidas efectivas y disuasorias. Asimismo, el TJUE cuestiona que la convocatoria de procesos selectivos que valoran la experiencia previa sirva para corregir estos abusos, ya que no garantiza que los trabajadores afectados obtengan una plaza ni evita que la situación se prolongue. En todo caso, el tribunal europeo recuerda que corresponde al Tribunal Supremo evaluar si la normativa española cumple con los requisitos del Derecho de la Unión y resolver el litigio concreto.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las medidas previstas en España para hacer frente al uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión, al entender que no permiten sancionar "debidamente" estas prácticas ni "eliminar las consecuencias" del incumplimiento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2506337671-1-p479273-m1494409-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tjue-cuestiona-las-medidas-de-espana-contra-el-abuso-de-contratos-temporales-en-el-sector-publicohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2506337671-1-p479273-m1494409-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tjue-cuestiona-las-medidas-de-espana-contra-el-abuso-de-contratos-temporales-en-el-sector-publicohttps://elderecho.com/el-tjue-cuestiona-las-medidas-de-espana-contra-el-abuso-de-contratos-temporales-en-el-sector-publicohttps://elderecho.com/el-tjue-cuestiona-las-medidas-de-espana-contra-el-abuso-de-contratos-temporales-en-el-sector-publico2026-04-14 14:05:152026-04-14 14:05:15sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social479272La sentencia se refiere al caso del grupo de música Kraftwerk, cuyos miembros acusan a la productora Pelham de copiar, mediante la técnica del 'sampling', aproximadamente dos segundos de una secuencia rítmica de la obra 'Metall auf Metall' (1977) que después insertaron, repetidos en bucle, con modificaciones mínimas y de modo reconocible en la canción 'Nur mir' (1997) y reclamaron una indemnización por daños y perjuicios. En una consulta del Tribunal Supremo alemán al TJUE, el alto tribunal europeo aclara que esta práctica es lícita desde la entrada en vigor en Alemania, en junio de 2021, de una excepción que permite el uso de obras para caricatura, parodia o pastiche, y que tiene su origen en el Derecho de la Unión Europea, pese a que en 2019 confirmó que el 'sampling' violaba los derechos del productor original si se hacía sin su autorización. Con la nueva normativa en vigor en Alemania, el TJUE aclara que el concepto de 'pastiche' permite el uso de elementos protegidos por derechos de autor para entablar un "diálogo artístico o creativo" que sea reconocible como tal. Este diálogo puede manifestarse de diversas formas, incluyendo una "imitación abierta del estilo", un homenaje o incluso una "confrontación humorística o crítica" con la obra original. No obstante, el tribunal advierte de que esta excepción no ampara en ningún caso el plagio ni las "imitaciones encubiertas", y exige que la nueva creación se diferencie de la anterior de "modo perceptible" de la obra original. Además, para determinar si un uso de un fonograma se realiza a efectos de pastiche, basta con que el carácter del mismo "sea reconocible para las personas que conozcan la obra existente" de la que se hayan tomado prestados elementos, por lo que el TJUE considera que "no es necesario constatar que el usuario tenía la intención de utilizar la obra a tal efecto". De este modo, según el TJUE, se garantiza "tanto un justo equilibrio entre la protección de la libertad de las artes y la de los derechos de autor como la seguridad jurídica". Los tribunales de los Estados miembro pueden consultar al TJUE sobre la interpretación del Derecho de la Unión, aunque la resolución final del litigio corresponde al órgano jurisdiccional nacional de acuerdo con dicha decisión. Ahora corresponderá al Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán dictar sentencia en el conflicto entre Kraftwerk y Pelham siguiendo los criterios establecidos por el TJUE, una decisión que vinculará además a otros tribunales europeos en casos similares.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el 'sampling', la utilización de muestras ya grabadas para crear una nueva canción con dicho sonido, sin la autorización del productor del fonograma siempre y cuando se englobe en la definición de 'pastiche' y el sonido se use como homenaje o "diálogo artístico" con la obra original.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2646216863-1-p479272-m1494389-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-sampling-no-viola-derechos-de-autor-si-es-homenaje-o-dialogo-artistico-con-la-cancion-originalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2646216863-1-p479272-m1494389-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-sampling-no-viola-derechos-de-autor-si-es-homenaje-o-dialogo-artistico-con-la-cancion-originalhttps://elderecho.com/el-sampling-no-viola-derechos-de-autor-si-es-homenaje-o-dialogo-artistico-con-la-cancion-originalhttps://elderecho.com/el-sampling-no-viola-derechos-de-autor-si-es-homenaje-o-dialogo-artistico-con-la-cancion-original2026-04-14 14:00:022026-04-14 14:00:02civilCivil2sector-juridicoSector jurídicoCivil,Sector jurídico479271El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado la convocatoria 2026 de las becas SERÉ en un acto celebrado en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, en el que han participado representantes de la práctica totalidad de las asociaciones judiciales y fiscales y al que han acudido 160 personas. Convocatoria abierta hasta el 7 de mayo Las becas SERÉ cubren los costes de preparación mediante una ayuda económica directa. Además, contemplan un programa de preparación tutorizada a cargo de profesionales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos. Como novedad, este año la preparación podrá ser presencial en todo el territorio nacional en las instalaciones que pondrá a disposición el CEJ progresivamente. En esta convocatoria, este programa también se amplía pasando de 100 becas con prestación de servicio de preparación en 2025 a 300 en 2026.El Ministerio abre la convocatoria de las Becas SERÉ: 1.425 ayudas de 12.600 euros al año, durante 4 años, para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Ministerio-Justicia_EDEIMA20130807_0015_1-p479271-m1494365-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/presentadas-las-becas-sere-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Ministerio-Justicia_EDEIMA20130807_0015_1-p479271-m1494365-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/presentadas-las-becas-sere-2026https://elderecho.com/presentadas-las-becas-sere-2026https://elderecho.com/presentadas-las-becas-sere-20262026-04-14 13:50:152026-04-14 13:50:15administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico479270La sentencia declara probado que la denunciante Julia, nacida en 1994 con anatomía propia del sexo masculino, desde su niñez ha tenido el sentimiento íntimo de ser mujer. Cuando alcanzó la mayoría de edad se mudó a vivir a Madrid, donde inició los trámites de rectificación registral y comenzó un proceso de transformación de apariencia física y modificación de órganos genitales acordes con su identidad sexual. El 27 de enero de 2025 el acusado condenado se encontraba en una parada de bus de Segovia junto a su mujer y su hija menor cuando coincidió con Julia, a la que conocía desde la niñez, que iba acompañada de un amigo. Al pasar de cerca se miraron y cuando aquella preguntó si le pasaba algo con ella y si le iba a pegar, el acusado respondió “puto maricón, te reviento”; acto seguido la empujó sin causarle ninguna lesión. La esposa, que ha sido absuelta, se colocó en medio de ambos y manifestó: “anda, tira para allá, malhecha”. No obstante, no ha quedado acreditado que el 1 de febrero de 2025 los acusados se dirigieran a ella con: “anda, tira para allí, maricón, travelo, si tienes cojones ven aquí, te voy a reventar”. Tampoco ha quedado probado que se bajaran los pantalones y calzoncillos, se tocasen el miembro viril mirándola y le dijeran “travelo, esto es lo que te gusta”, ni que después le mostraran el trasero con los pantalones y calzoncillos bajados. Según el tribunal, la declaración de la víctima respecto a estos hechos “no es suficiente” para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, al igual que existen “muchas dudas” de si se produjeron y cuándo los insultos, vejaciones y expresiones amenazantes atribuidos por la demandante a los acusados. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ de Castilla y León.La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a un hombre a pagar una multa de 600 euros por el altercado que tuvo con una conocida a causa de su identidad sexual y absuelve a otras tres personas que estaban acusadas de los delitos de odio, amenazas y maltrato de obra.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2353385981-1-p479270-m1494345-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-pagar-una-multa-por-empujar-e-insultar-a-una-conocida-por-su-identidad-sexualhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2353385981-1-p479270-m1494345-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-pagar-una-multa-por-empujar-e-insultar-a-una-conocida-por-su-identidad-sexualhttps://elderecho.com/condenado-a-pagar-una-multa-por-empujar-e-insultar-a-una-conocida-por-su-identidad-sexualhttps://elderecho.com/condenado-a-pagar-una-multa-por-empujar-e-insultar-a-una-conocida-por-su-identidad-sexual2026-04-14 13:47:352026-04-14 13:47:35penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico479218La resolución analiza el alcance del artículo 751.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que en los procesos de estado civil “no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción”, recordando que se trata de materias en las que está comprometido el interés público y, en particular, el de los menores. En este sentido, la Sala parte de que la interpretación realizada en la instancia es jurídicamente correcta al descartar una mera homologación del acuerdo alcanzado entre las partes. No obstante, la Audiencia precisa que esta limitación no impide tener en consideración el contenido del acuerdo cuando concurren las garantías necesarias, en especial la intervención del Ministerio Fiscal y la supervisión judicial. Así, subraya que la exclusión de la transacción en este tipo de procedimientos “no determina que los acuerdos sean sin más irrelevantes, y ni mucho menos que deba dictarse […] sentencia desestimatoria sin tomar en consideración los demás elementos probatorios”. La sentencia destaca que los pactos alcanzados entre progenitores ofrecen “elementos muy sólidos” para valorar aspectos como las relaciones paternofiliales, las necesidades del menor o la capacidad económica de las partes, lo que exige su ponderación en la resolución judicial. En este caso, además, la coincidencia de ambos progenitores en el reconocimiento de la paternidad constituye un elemento de especial relevancia para adoptar una decisión acorde con la realidad familiar. A partir de estas consideraciones, la Sala declara la filiación no matrimonial, establece una pensión de alimentos de 200 euros mensuales actualizables conforme al IPC, atribuye la guarda y custodia a la madre, fija la patria potestad compartida y regula un régimen de visitas a favor del padre, con fines de semana alternos y distribución de los periodos vacacionales. Contra la sentencia cabe recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. Audiencia Provincial de Murcia. Sección 4. Sentencia nº 77/2026 de 29 de enero de 2026.La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la madre en un procedimiento de filiación no matrimonial, alimentos y régimen de visitas, y ha revocado la sentencia dictada por el juzgado de instancia, reconociendo la paternidad del progenitor respecto del menor, fijando una pensión de alimentos de 200 euros, la guarda y custodia materna y un régimen de visitas a favor del padre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2465597127-1-p479218-m1494176-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-reconoce-la-paternidad-de-un-menor-valorando-el-acuerdo-entre-progenitoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2465597127-1-p479218-m1494176-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-reconoce-la-paternidad-de-un-menor-valorando-el-acuerdo-entre-progenitoreshttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-reconoce-la-paternidad-de-un-menor-valorando-el-acuerdo-entre-progenitoreshttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-reconoce-la-paternidad-de-un-menor-valorando-el-acuerdo-entre-progenitores2026-04-13 16:12:562026-04-13 16:12:56civilCivil2sector-juridicoSector jurídicoCivil,Sector jurídico479181La demandante, de 49 años en el momento de los hechos, trabajaba como agente de seguros en una firma. El 30 de noviembre de 2023 la Dirección Provincial del INSS le denegó la prestación por incapacidad permanente por entender que sus lesiones no alteraban su capacidad laboral. La mujer recurrió y el 19 de enero de 2024 se volvió a desestimar. El informe del Servicio Balear de Prevención realizado el 4 de abril declaró a la demandante no apta para su puesto de trabajo “por no reunir las condiciones psicofísicas”. El 29 de abril fue despedida de la empresa por ineptitud sobrevenida y el Juzgado Social 1 de Palma la declaró afecta a una incapacidad absoluta en sentencia del 8 de octubre de 2024 por fibromialgia severa, síndrome depresivo reactivo y ‘síndrome de piernas inquietas’ (trastorno de tipo neurológico que genera una necesidad irresistible de mover las piernas). La Sala Social del alto tribunal balear señala que la incapacidad permanente en el grado de absoluta “concurre cuando no existe capacidad laboral por cuenta ajena y no puede definirse por la mera posibilidad de un ejercicio esporádico de determinadas tareas, sino por poder llevarlas a cabo con la necesaria profesionalidad, conforme a exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia que todo trabajo comporta”. En este sentido, para los magistrados, teniendo en cuenta el razonamiento anterior y la descripción fáctica realizada, conlleva la “imposibilidad de realizar cualquier profesión, no existiendo motivo para reformar el criterio judicial dictado en instancia”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. TSJIB. Sala de lo Social. Sentencia nº 77/2026 de 16 de febrero de 2026.El TSJ de Illes Balears ha rechazado el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y ratifica la incapacidad absoluta a una agente de seguros fibromialgia, a quien reconoce su derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora de 1.097'09 euros con las revalorizaciones pertinentes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2439347013-1-p479181-m1494099-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ratificada-la-incapacidad-absoluta-a-una-agente-de-seguros-con-fibromialgia-severa-depresion-y-sindrome-de-piernas-inquietashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2439347013-1-p479181-m1494099-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ratificada-la-incapacidad-absoluta-a-una-agente-de-seguros-con-fibromialgia-severa-depresion-y-sindrome-de-piernas-inquietashttps://elderecho.com/ratificada-la-incapacidad-absoluta-a-una-agente-de-seguros-con-fibromialgia-severa-depresion-y-sindrome-de-piernas-inquietashttps://elderecho.com/ratificada-la-incapacidad-absoluta-a-una-agente-de-seguros-con-fibromialgia-severa-depresion-y-sindrome-de-piernas-inquietas2026-04-13 15:37:522026-04-13 15:37:52sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social479179Su llegada supone la incorporación de un perfil altamente especializado, con una sólida trayectoria asesorando a grupos empresariales nacionales e internacionales en el desarrollo de sus inversiones en España. A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos vinculados a energías renovables —fotovoltaica, eólica, hidráulica o biomasa—, así como en iniciativas de hibridación y almacenamiento. Su experiencia se extiende también a otros sectores estratégicos como el ferroviario. Su perfil se completa con un profundo conocimiento en materia de contratación administrativa y procedimientos contencioso-administrativos. Además, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a Administraciones Públicas. En su última etapa, antes de incorporarse a Lener, ha sido socia de Derecho Público y Sectores Regulados en ITER Law, donde previamente lideró el área de Infraestructuras y Energía. Asimismo, ha ejercido en firmas como PwC y CMS Albiñana Suárez de Lezo, asesorando a compañías nacionales y grupos multinacionales en sectores estratégicos. El fichaje de Belén Pablos responde al objetivo de impulsar el crecimiento del área de Derecho Público, una práctica estratégica para Lener. La firma cuenta con presencia en seis ciudades —Madrid, Barcelona, Oviedo, Vigo, Sevilla y Valladolid—, lo que le permite mantener una interlocución cercana y directa con la Administración regional y local en España, reforzando así su modelo de acompañamiento al cliente desde el conocimiento del territorio. “La alta especialización de Belén en infraestructuras y energía, junto con su capacidad para entender el contexto regulatorio y de negocio, encaja plenamente con nuestra forma de acompañar a los clientes”, afirma Carlos Martos, socio director de la oficina Lener Madrid. Para Belén Pablos: “Con mi incorporación a Lener quiero contribuir a consolidar su liderazgo en Derecho Público y sectores estratégicos, ofreciendo soluciones adaptadas a cada proyecto y acompañando de forma integral a los clientes en el desarrollo de sus inversiones en España”. La nueva socia de Lener compagina su actividad profesional con una destacada labor académica. Es profesora del Máster de Energía en el Club Español de la Energía y ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Madrid en materias de contratación pública y expropiación forzosa. Además, ha impartido formación especializada para entidades locales y ha participado como ponente en distintas instituciones jurídicas. Asimismo, es miembro de AEMENER (Asociación Española de Mujeres de la Energía) y miembro colaborador del Observatorio de Contratación Pública (OBCP). “Supone una gran satisfacción para Lener que Belén se sume a nuestro proyecto. Su incorporación se une a las más recientes de Ramón Ozores y Sergio Gutiérrez, en las áreas de Procesal Concursal y Reestructuraciones, respectivamente; todas ellas forman parte del Plan de Consolidación y Crecimiento 2026-2028 de Lener”, según manifiesta Marisé Cosmea, socia directora de Lener.Desde la oficina de Madrid, liderará el área a nivel global, reforzando la capacidad de Lener en sectores estratégicos como infraestructuras y energía. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/FotoPrensa_BelénPablo_CarlosMartos_Lener-p479179-m1494055-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/belen-pablos-se-incorpora-como-socia-a-lener-para-liderar-el-area-de-derecho-publicohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/FotoPrensa_BelénPablo_CarlosMartos_Lener-p479179-m1494055-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/belen-pablos-se-incorpora-como-socia-a-lener-para-liderar-el-area-de-derecho-publicohttps://elderecho.com/belen-pablos-se-incorpora-como-socia-a-lener-para-liderar-el-area-de-derecho-publicohttps://elderecho.com/belen-pablos-se-incorpora-como-socia-a-lener-para-liderar-el-area-de-derecho-publico2026-04-13 15:35:412026-04-13 15:35:41sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico