https://elderecho.com/feedes489790 Durante el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo. En su fallo, la corte de garantías declara la nulidad de los autos impugnados que negaban la amnistía y ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del primero de ellos, a fin de que la Sala de lo Penal del Supremo efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenada Bassa. El Pleno considera que el propósito de obtener un enriquecimiento personal de carácter patrimonial, utilizado en la ley de amnistía como noción excluyente de su aplicación, "es un concepto autónomo, no identificable con la noción de enriquecimiento que es inherente a todo delito de malversación, y su función es distinguir las malversaciones amnistiables de las no amnistiables, excluyendo los actos de corrupción privada que se hubieran apartado de la finalidad de financiar" el proceso independentista. Sin riesgo de "secesión territorial" "Se estima por ello la alegación de la recurrente de que los autos impugnados hicieron una interpretación extensiva de la excepción, ajena a su genuino sentido y finalidad, lo que, por sus consecuencias penales, se traduce en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada en derecho", argumenta. Para el Constitucional, el "riesgo de secesión territorial de Cataluña", una apreciación que sirvió para fundamentar la decisión del Supremo de denegar la aplicación de amnistía al delito de malversación, "no es conciliable con los presupuestos fácticos de la sentencia que condenó" a Bassa. Así, aducen que en esa resolución se "descartó la existencia de dicho riesgo", como tampoco con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que descartó afectación a los intereses financieros de la UE en el 'procés'. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado la orden de detención que permanecía vigente desde la huida del expresidente catalán en octubre de 2017. Las críticas del sector conservador Asimismo, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, del sector conservador, han emitido un voto particular discrepante con el aval de la corte de garantías al recurso de Dolors Bassa. "Los motivos de la discrepancia son, en esencia, dos: por un lado, una más que preocupante (y reiterada) suplantación del rol funcional que corresponde al Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria; y, por otro, una disconformidad sustancial con el criterio metodológico empleado en la resolución de amparo", argumentan los magistrados en el borrador del voto particular, al que también ha tenido acceso Europa Press. Así, explican que con la sentencia asumida por el Pleno "se insiste en una deriva, acentuada en los últimos años, que distorsiona y pervierte el rol funcional del Tribunal Constitucional, colocándole en una posición que no le corresponde dentro del esquema general" del sistema judicial español. "El Tribunal Supremo es el encargado de fijar el criterio interpretativo de la legalidad ordinaria, mientras que el Tribunal Constitucional es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones" de la carta magna, aducen. La finalidad del 'procés' no es incompatible con el beneficio personal Para los magistrados críticos, la posición mayoritaria "no se ha limitado a hacer un análisis de la razonabilidad de las resoluciones impugnadas", sino que se ha dedicado a "suplantar la labor" del Supremo "en la apreciación de la amnistía", algo que, "desgraciadamente, no es la primera vez que ocurre". "El pronunciamiento de la sentencia de la que ahora discrepamos se alcanza desde un esquema metodológico que, a nuestro juicio, lejos de servir de vehículo fundamentado a la decisión que se adopta, solo pretende envolver la argumentación de una decisión aparentemente tomada con carácter previo", añaden. Para los magistrados conservadores, "no puede afirmarse, como parece deducirse de la sentencia, que la finalidad secesionista sea incompatible con la de obtener un beneficio personal patrimonial y, en cualquier caso, la verdadera finalidad de la conducta de la recurrente forma parte del margen de apreciación del tribunal sentenciador, no de la jurisdicción constitucional". En su opinión, se ha producido un "exceso en el ejercicio" de la jurisdicción constitucional de la corte de garantías, que ha asumido "un indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria", así como una "injustificada desmesura de los calificativos sobre la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo" para no amnistiar la malversación. El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha ordenado al Tribunal Supremo (TS) la aplicación de la misma.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0008_1-p489790-m1527643-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proceshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0008_1-p489790-m1527643-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proces2026-10-06 12:20:052026-10-06 12:20:05penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489727En el encuentro intervinieron la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo; la socia de Pérez-Llorca, Josefina García Pedroviejo; el catedrático de Derecho Administrativo, José Luis Piñar; el catedrático de Derecho Mercantil, Pedro Portellano; el catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats; el notario Juan Álvarez-Sala y el socio de Pérez-Llorca, Raúl Rubio. La sentencia tiene su origen en la normativa de Letonia, que permitía que cualquier persona accediese por Internet a datos personales de los accionistas de sociedades anónimas, incluidos los minoritarios. Entre la información disponible a los usuarios figuraban el nombre y apellidos de los accionistas, el número de identificación personal y, en determinados casos, la fecha de nacimiento, datos del documento de identidad, la dirección de contacto e incluso el correo electrónico. Estos datos podían consultarse en línea y descargarse de forma masiva. El TJUE concluyó al respecto que el Derecho de la Unión no exige publicar información sobre todos los accionistas por el mero hecho de serlo, incluidos los minoritarios, y se opone a que sus datos personales se pongan a disposición de cualquier persona sin que se deban cumplir requisitos como acreditar un interés legítimo. El Tribunal analizó esta publicidad desde la perspectiva de los derechos al respeto a la vida privada y a la protección de los datos personales, reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan la privacidad, la intimidad y el control sobre la propia información personal. El catedrático de Derecho Administrativo y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar, advirtió: “El relato puede hacer que confundamos transparencia con publicidad, que pensemos que hay que dar publicidad a todo”. En esta línea, incidió en las garantías que deben acompañar al acceso a los datos personales y en la necesidad de justificar cualquier restricción de derechos fundamentales. Piñar recordó asimismo la importancia del artículo 52 de la Carta señalada, que exige que cualquier limitación debe estar prevista por ley, respetar el contenido esencial de los derechos y, conforme al principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder a objetivos de interés general o a la protección de derechos de terceros. Las implicaciones para el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública A partir de la sentencia, los expertos analizaron las posibles implicaciones de estos criterios en el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Este prevé convertir en constitutiva la inscripción en el Registro Mercantil de las transmisiones de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, que podrán formalizarse mediante documento privado electrónico, documento judicial o administrativo, o mediante escritura pública (frente al actual sistema basado en la escritura pública y el control previo de legalidad ejercido por los notarios). La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, puso el foco en los riesgos que puede tener para la propia seguridad de los ciudadanos una publicidad excesiva de información patrimonial. “Hay muchas personas que no inscriben en el Registro de la Propiedad porque no quieren que cualquiera pueda saber que son propietarios de una vivienda de elevado valor, sobre todo si hablamos de personas de países hispanoamericanos que conocen el riesgo que puede suponer”, señaló como ejemplo. Por su parte, Josefina García Pedroviejo, socia de Pérez-Llorca, destacó la importancia de analizar desde la práctica empresarial dónde deben situarse los límites de la publicidad: “Desde el punto de vista de la práctica mercantil nuestros clientes no están cómodos con toda esta situación”. El catedrático de Derecho Civil Lorenzo Prats consideró que, si el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública se aprobase en los términos planteados, podría incurrir en el mismo defecto que la normativa letona analizada por el TJUE. Por su parte, el catedrático de Derecho Mercantil, Pedro Portellano, defendió que la seguridad del tráfico jurídico no implica que toda la información societaria deba incorporarse al Registro Mercantil: “Que el Registro Mercantil sea el centro del tráfico jurídico no significa que deba estar absolutamente todo en él”. Advirtió también de las dificultades que puede plantear una concepción excesivamente amplia del interés legítimo. A su juicio, si este se vincula de forma genérica a la transparencia y a la protección de terceros, el número de personas que podrían alegarlo para acceder a los datos sería muy amplio y resultaría difícil comprobar la finalidad real de la solicitud. “¿Cómo lo pueden controlar eso los registradores? Yo creo que de ninguna manera”, afirmó. El notario Juan Álvarez-Sala Walther resumió la necesidad de diferenciar entre la información que debe acceder al Registro y aquella que debe ser objeto de publicidad: “No tiene por qué ser publicable todo lo inscribible”. Por último, Raúl Rubio, socio de Pérez-Llorca, destacó el papel del notario como garante de la protección de datos: “Esta sentencia es tremendamente útil y pone encima de la mesa la responsabilidad del notario a la hora de ser el garante de la protección de datos de sus clientes”.Catedráticos, abogados y notarios celebraron una reunión de trabajo en la sede del despacho de abogados Pérez-Llorca para analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de septiembre de 2026 (C-798/24, Jautiva), relativa a la publicidad de los datos personales de los accionistas en Letonia, y su paralelismo con el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública en España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Notarios-catedraticos-y-abogados-reunion-datos-personales_img-p489727-m1527516-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Notarios-catedraticos-y-abogados-reunion-datos-personales_img-p489727-m1527516-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistashttps://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistashttps://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistas2026-10-06 11:20:392026-10-06 11:20:39sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489726Este equipo permitirá potenciar el asesoramiento en asuntos originados en Iberia y Europa con destino a México y Latinoamérica y, en sentido inverso, acompañar desde México a clientes corporativos y family offices mexicanos que ya confían en Pérez-Llorca para sus operaciones en Iberia y otros mercados europeos. Para liderar el equipo Iberia-Latam, se trasladará desde Madrid a Ciudad de México Alfredo Lafita, socio de Corporate/M A, en calidad de Senior Vice President Iberia-Latam. Lafita cuenta con una amplia trayectoria en operaciones de M A, private equity, mercado de valores, joint ventures y reestructuraciones empresariales, y ha asesorado a compañías multinacionales en algunas de sus operaciones corporativas más relevantes. Junto con Lafita, también se trasladará a Ciudad de México Gonzalo Sánchez-Quiñones, recientemente nombrado socio de Corporate/M A, con más de 11 años de experiencia en la oficina de Madrid. Además de ambos socios, otros seis abogados españoles especializados en áreas como Seguros, Corporate/M A, Real Estate y Litigación y Arbitraje Internacional formarán también parte del equipo Iberia-Latam para apoyar el desarrollo y la coordinación de operaciones y asuntos que requieran asesoramiento multijurisdiccional, sumándose a las más de 200 personas con las que el Despacho cuenta entre Ciudad de México y Monterrey. Esta iniciativa se enmarca en Proyecto Scala con el que Pérez-Llorca busca aprovechar las oportunidades derivadas de su proceso de internacionalización, consolidar una plataforma jurídica iberoamericana plenamente integrada, reforzar la coordinación en el asesoramiento a clientes multijurisdiccionales y fomentar la movilidad de socios y abogados, así como el desarrollo de carreras internacionales dentro del Despacho. La iniciativa responde al creciente nivel de integración empresarial entre México y Europa, reforzado en mayo de 2026 con la firma del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México y del Acuerdo Interino de Comercio, que establecen un nuevo marco para profundizar las relaciones comerciales y de inversión. España ocupa una posición especialmente relevante en estos flujos: según los últimos datos de la Secretaría de Economía de México, fue el segundo mayor origen de inversión extranjera directa en México durante el primer semestre de 2026, solo por detrás de Estados Unidos, con 4.954 millones de dólares, el 14,2 % del total recibido; en sentido inverso, ICEX sitúa a México como el sexto mayor inversor en España y el tercero de fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. “La relación empresarial entre México y Europa atraviesa un momento especialmente relevante. Existe una presencia muy consolidada de compañías europeas en México y, al mismo tiempo, vemos un creciente interés de grupos mexicanos por España y otros mercados europeos. El equipo Iberia-Latam de Pérez-Llorca potencia las capacidades del Despacho a ambos lados del Atlántico, da respuesta al creciente volumen de trabajo entre ambas regiones y conecta de manera todavía más directa nuestros equipos y nuestro conocimiento para acompañar a los clientes desde el lugar en el que toman y ejecutan sus decisiones de inversión”, ha señalado Alfredo Lafita. Pedro Pérez-Llorca, socio director del Despacho, regresará a Madrid a finales de 2026 como estaba programado, tras completar el periodo de un año durante el que ha desarrollado su actividad desde Ciudad de México. Seguirá estrechamente vinculado a la práctica mexicana desde Madrid y con estancias temporales en México. Pérez-Llorca ha declarado que “además de haber sido una experiencia vital muy positiva, mi año en México me ha permitido conocer de primera mano las enormes posibilidades del mercado mexicano, los retos y planes de nuestros clientes y el enorme potencial de nuestro talento local. Me siento muy orgulloso de nuestro equipo en México y de todo lo que están consiguiendo”. Más allá del nombramiento de Lafita como Senior Vice President Iberia-Latam, se mantiene sin cambios la estructura de gobierno de la Firma que sigue articulada por el Partnership Board Internacional, Pedro Pérez-Llorca como Socio Director, Julio Lujambio como Socio Ejecutivo e Iván Delgado como Socio Ejecutivo Internacional, junto con los Country Chairs de cada país: Jorge Mondragón en México, Mauricio Piñeros en Colombia y Luis Miranda en Perú.Pérez-Llorca continúa avanzando en el desarrollo de su plataforma jurídica iberoamericana con la constitución de un equipo Iberia-Latam con sede en México, concebido para reforzar las capacidades del Despacho ante el creciente volumen de operaciones y mandatos que gestiona entre ambas regiones. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Alfredo-Lafita-scaled-p489726-m1527481-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-constituye-un-equipo-iberia-latam-en-mexico-ante-el-aumento-del-trabajo-intercontinentalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Alfredo-Lafita-scaled-p489726-m1527481-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-constituye-un-equipo-iberia-latam-en-mexico-ante-el-aumento-del-trabajo-intercontinentalhttps://elderecho.com/perez-llorca-constituye-un-equipo-iberia-latam-en-mexico-ante-el-aumento-del-trabajo-intercontinentalhttps://elderecho.com/perez-llorca-constituye-un-equipo-iberia-latam-en-mexico-ante-el-aumento-del-trabajo-intercontinental2026-10-06 11:14:242026-10-06 11:14:24sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489777De diez en diez euros, tanto en formato presencial como online, y con algunos momentos de intensa pugna. Así ha transcurrido la subasta benéfica que el Colegio de Abogados de Granada ha organizado por tercer año consecutivo dentro de los actos patronales de Santa Teresa, patrona de la Corporación profesional. En esta edición, han sido 21 las obras puestas en liza, todas ellas pinturas y fotografías de los propios colegiados granadinos que, generosamente, han cedido sus trabajos para esta iniciativa solidaria. “El objetivo de esta actividad es que mostremos a la sociedad que somos algo más que letrados, y que la cultura y el altruismo también forma parte de la abogacía”, ha señalado el decano del Colegio, Leandro Cabrera, durante la inauguración de la muestra. “Hay que agradecer a los artistas el acto de darse a los demás, tanto al exponer sus obras, como al donarlas para este fin benéfico”, ha añadido el diputado Quinto y presidente de la Comisión de Cultura, Comunicación y Derechos Humanos de la Corporación, Antonio Olivares. En este sentido, será la Fundación Escuela de Solidaridad quien reciba el importe íntegro de lo recaudado en la subasta. “Somos un proyecto de autogestión y siempre necesitamos ayuda, por lo que agradecemos mucho este tipo de iniciativas”, ha explicado Ignacio Pereda, presidente de la ONG granadina, cuya labor social se centra en colectivos que viven el desarraigo, la desventaja social, el maltrato o la exclusión. Por el momento, en la puja en vivo, ya se han conseguido cerca de 3.000 euros, llegándose a pagar más de 600 euros por una pieza, concretamente ‘JusticIA?’, del abogado Rafael López Guarnido. No obstante, algunos lotes han quedado desiertos por el momento, por lo que el proceso de adquisición sigue abierto online hasta el 20 de octubre para cualquier ciudadano interesado. Octubre, mes de la Abogacía granadina Además de esta iniciativa, el Colegio de Abogados de Granada ha preparado un completo programa que se extenderá durante buena parte de octubre y que combina propuestas culturales, actividades deportivas y de ocio, encuentros institucionales y, por supuesto, distintos homenajes a los integrantes del colectivo profesional. El día grande de las celebraciones llegará el jueves 15 de octubre. La jornada comenzará a las 10 horas con la función religiosa en honor de Santa Teresa, que contará con la actuación del Coro Colegial y se celebrará en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas. A continuación, a las 11:30 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos la entrega de los Lazos de Plata a los 31 compañeros que cumplen 40 años de colegiación. El programa continuará a las 12:30 horas con la imposición de los Botones de Oro a ocho colegiados que alcanzan el medio siglo de vínculo con la Corporación. Durante este último acto también se entregarán distinciones a Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad de Granada, y a Mª Carlota Gómez Blanco, secretaria coordinadora provincial de Granada. En la víspera, el 14 de octubre, será el momento de reconocer a los compañeros con 25 años de colegiación a través de la entrega de los Botones de Plata, que se desarrollará en el Salón de Actos en dos turnos, a las 12 y a las 13 horas, y distinguirá en esta edición a 88 colegiados. Por otro lado, el martes 13 de octubre tendrá lugar la reunión de ex miembros de Junta de Gobierno en el Salón de Actos, a las 13 horas, y la recepción de autoridades en el Jardín de Gomérez, a las 14 horas. Tampoco podía falta la ceremonia de Jura o Promesa para dar la bienvenida a los nuevos colegiados que se incorporan a la Abogacía granadina, que tendrá lugar el 9 de octubre, a las 11:00 horas. La programación de Santa Teresa 2026 tendrá su gran encuentro de confraternización el viernes 16 de octubre. A las 14:30 horas, el Carmen de los Mártires acogerá el cóctel-fiesta, una cita que servirá para reunir al colectivo en un ambiente más distendido. Durante el evento, además, se realizará la entrega de los trofeos correspondientes a las diferentes competiciones deportivas y se celebrará también un sorteo de regalos aportados por los proveedores del Colegio. Entre acto y acto, se desarrollarán las competiciones deportivas y lúdicas del 1 al 9 de octubre. Fútbol, pádel, tiro y golf conforman las primeras, mientras que los tradicionales juegos de salón en el café Continental completan el calendario de torneos. A ellos hay que añadir la salida cultural celebrada el pasado fin de semana por Granada Singular que permitió a más de medio centenar de letrados descubrir cómo Miguel de Cervantes visitó Granada en 1594 y cómo la ciudad, algunos de sus personajes y determinados acontecimientos dejaron su huella en ‘El Quijote’ y otras obras del autor. Por su parte, el Grupo de Teatro del Colegio cerrará los festejos con el estreno ante los compañeros de profesión su nueva obra, "Con afán de…", el miércoles 11 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal del Zaidín Isidro Olgoso.La Corporación organiza una subasta benéfica de las pinturas y fotografías de los letrados participantes en la exposición de los actos patronales de Santa Teresa a favor de la Fundación Escuela de Solidaridad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Exposicion-y-subasta-en-ICA-Granada_img-scaled-p489777-m1527608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-se-transforma-en-una-casa-de-subastas-con-fines-solidarioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Exposicion-y-subasta-en-ICA-Granada_img-scaled-p489777-m1527608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-se-transforma-en-una-casa-de-subastas-con-fines-solidarioshttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-se-transforma-en-una-casa-de-subastas-con-fines-solidarioshttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-se-transforma-en-una-casa-de-subastas-con-fines-solidarios2026-10-06 10:25:272026-10-06 10:25:27sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489764Con estos dos nombramientos se reforzarán todavía más las áreas de auditoría de cuentas para empresas y organizaciones privadas y para organismos y administraciones públicas, y se inscriben en el proceso de relevo generacional de la Pleta. Son un claro reflejo de la apuesta de la firma –que este año ha cumplido 60 años de historia– por el desarrollo del talento interno. “Meritxell Aresté y Marc Fernández cuentan con una amplísima trayectoria, tanto en el sector de la auditoría de cuentas como en nuestra organización. Aquí han crecido y se han desarrollado como los excelentes profesionales que son. De este modo, ambos conocen en profundidad la cultura, clientes y forma de trabajar de Pleta. En este sentido, su nombramiento como socios responde al criterio de continuidad de nuestra firma, que lleva ya 60 años brindando excelencia en las áreas de auditoría privada y pública, certificados, consultoría y pericial”, argumenta Josep Suades Escaler, socio director de Pleta. Profesionales con dilatada experiencia Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra y con un Posgrado de Especialización en Elaboración de Información sobre Sostenibilidad por la Universidad Católica de Ávila, Meritxell Aresté suma más de dos décadas de trayectoria profesional en el sector de la auditoría de cuentas, con una sólida especialización en valoración de empresas y en la actuación como perito experto en procedimientos judiciales. Asimismo, Meritxell forma parte del consejo directivo del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) y de la junta directiva de la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). Por su parte, Marc Fernández cuenta con más de 10 años auditoría de cuentas. Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y con un Máster en Auditoría y Contabilidad por la Universidad Abat Oliba y un Postgrado de especialización en Elaboración de información sobre sostenibilidad por la Universidad Católica de Ávila, su ámbito de especialización es la auditoría de sector público. Asimismo, ees el responsable del área IT de Pleta. Enfoque multidisciplinar Con seis décadas de historia y un equipo interdisciplinar de más de 50 profesionales, Pleta se especializa en auditar cuentas anuales de empresas de todos los tamaños y sectores, desde grandes organizaciones hasta pymes, así como de organismos, instituciones y empresas públicas. A ello suma una dilatada experiencia en servicios de auditorías financieras en el ámbito de fusiones y adquisiciones. Otra de sus especialidades es la emisión de certificados en los casos en que se otorgan subvenciones y de realizar peritajes económicos en de disputas de base económica. Todo tipo y tamaño de empresas privadas y públicas también pueden contratar a los servicios de la firma de consultoría, ocupándose de diagnosis financiera y búsqueda de capital, entre muchas otras necesidades. En 2025, Pleta cerró con una facturación de 3,9 millones de euros, un crecimiento de alrededor de un 7% con respecto al ejercicio anterior.Pleta, firma de auditoría y consultoría con presencia nacional y oficinas en Barcelona, Madrid y Lleida, ha nombrado a Meritxell Aresté y Marc Fernández como nuevos socios. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Nuevas-incorporaciones_1-p489764-m1527570-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pleta-refuerza-las-areas-de-auditoria-publica-y-privada-con-la-incorporacion-de-dos-nuevos-socioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Nuevas-incorporaciones_1-p489764-m1527570-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pleta-refuerza-las-areas-de-auditoria-publica-y-privada-con-la-incorporacion-de-dos-nuevos-socioshttps://elderecho.com/pleta-refuerza-las-areas-de-auditoria-publica-y-privada-con-la-incorporacion-de-dos-nuevos-socioshttps://elderecho.com/pleta-refuerza-las-areas-de-auditoria-publica-y-privada-con-la-incorporacion-de-dos-nuevos-socios2026-10-06 10:15:242026-10-06 10:15:24sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489652El Gobierno ya había retrasado un año, hasta 2027, la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. En concreto, estaba estipulado que el sistema fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2027 para empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades y a partir del 1 de julio de 2027 para el resto de autónomos y empresas. Sin embargo, con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (Verifactu), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación de la normativa de facturación electrónica para pymes y autónomos y del Reglamento de sistemas informáticos de facturación. Se ha procedido, por tanto, al aplazamiento de las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, --que incluye el reglamento de Verifactu-- hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros. Según apunta Hacienda en la nota recogida por Europa Press, una vez aprobada dicha alineación de los calendarios de implantación, se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age o IVA en la Era Digital). En todo caso, las exigencias establecidas en el reglamento de 'Verifactu' en materia de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como las restantes garantías técnicas del sistema, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual. Los asesores fiscales celebran que el calendario se alinee La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha recordado a través de un comunicado que presentó en junio de este año una propuesta de hoja de ruta para la transición de la factura electrónica - Verifactu - SII y la Directiva VIDA, propuesta elaborada por el grupo de expertos en impuestos indirectos que se presentó tanto a los medios de comunicación como a todos los grupos políticos con representación parlamentaria. "Esta acción de AEDAF derivó en que se debatiera una propuesta de modificación en el Senado, lo que ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria", ha recordado la Asociación. Según fuentes de AEDAF, el objetivo que perseguía la Asociación con su propuesta de hoja de ruta era buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que redujera costes, evitara duplicidades y reforzara la eficiencia del sistema tributario, objetivo que se ha conseguido. "Esta coordinación permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo", ha destacado la asociación.La Agencia Tributaria ha decidido aplazar la implantación de 'Verifactu' hasta la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los obligados tributarios, es decir, en octubre de 2028, según se desprende de una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2629387559-1-p489652-m1527276-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2629387559-1-p489652-m1527276-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomoshttps://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomoshttps://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomos2026-10-05 13:52:192026-10-05 13:52:19fiscalFiscal6Fiscal489653La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026, desestima el recurso de suplicación presentado por el trabajador contra la resolución dictada por el órgano judicial de instancia y confirma íntegramente dicha resolución. El tribunal declara que el despido fue ajustado a derecho y que no procede indemnización ni salarios de tramitación. El trabajador prestaba servicios como dependiente desde julio de 2023. La empresa fundamentó el despido en varios hechos ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025. Concretamente, se negó a realizar determinadas tareas encomendadas por sus superiores, como sacar etiquetas de vino, trasladar un producto a otro establecimiento cercano y desempeñar funciones en la sección de carnicería. En relación con este último episodio, manifestó que no podía trabajar con cuchillos porque había tenido un sueño recurrente en el que, tras ser despedido, mataba con ellos a un apoderado de la empresa y a una encargada de otro centro de trabajo. La empresa decidió reubicarlo en otra sección. También quedó acreditado que, durante una discusión con una compañera sobre la limpieza de las neveras, el trabajador le silbó y la llamó “chihuahua”. Asimismo, cometió un error en el cobro de una compra por importe de 113,21 euros, al cobrar únicamente 13,21 euros. La empresa localizó posteriormente al cliente, que abonó la diferencia. Por último, solicitó a otra compañera que fichara por él, le ofreció su documento nacional de identidad y le pidió que introdujera la palabra “puta” en el registro. La trabajadora no accedió y el trabajador realizó finalmente el fichaje de forma ordinaria. La Sala considera que los hechos no fueron episodios aislados, sino que revelaron una conducta “contumaz, rebelde y tenaz”, orientada a incumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores. El tribunal recuerda que la desobediencia laboral puede justificar el despido cuando presenta gravedad, culpabilidad, reiteración, trascendencia e injustificación. En este caso, concluye que los incumplimientos fueron “graves, culpables y reiterados” y que encajaban en la infracción muy grave prevista en el convenio colectivo aplicable. La resolución destaca que no existía una razón válida para que el trabajador se negara a realizar las tareas encomendadas. Respecto a la referencia a los cuchillos, la Sala afirma que dicha manifestación “pudiera considerarse como una amenaza velada” y que, en cualquier caso, resultaba “impropia e inadecuada”. La sentencia también considera acreditadas las faltas graves de respeto hacia dos compañeras. Sobre el episodio en el que llamó 'chihuahua' a una trabajadora, el tribunal afirma que “silbar a una compañera, llamándola chihuahua no es admisible en ningún contexto” y que constituye “una ofensa grave, injuriosa y que afecta a la dignidad de cualquier persona, hombre o mujer”. En cuanto a la solicitud para que otra compañera realizara el fichaje en su nombre y utilizara la palabra “puta”, la Sala considera que se trata de una actuación “absolutamente impropia y contraria al principio de corrección y buena fe que domina la relación laboral”. El tribunal considera que el conjunto de las conductas acreditadas justifica la máxima sanción disciplinaria. La Sala señala que los hechos fueron graves y culpables y que la sanción aplicada resultó proporcionada al comportamiento exteriorizado por el trabajador.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede en Las Palmas ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un trabajador de supermercado que incurrió en varios episodios de desobediencia, faltas de respeto y actuaciones contrarias a las normas de la empresa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2632215301-1-p489653-m1527258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companerashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2632215301-1-p489653-m1527258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companerashttps://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companerashttps://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companeras2026-10-05 12:40:142026-10-05 12:40:14sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social489625El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda con el voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora o no a las urnas. Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_1239829330-p489625-m1527137-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_1239829330-p489625-m1527137-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembre2026-10-05 11:38:172026-10-05 11:38:17sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489654Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sala desestima la petición de la Comunidad de Madrid por esta vía de urgencia y acuerda tramitar las actuaciones por el procedimiento ordinario de medidas cautelares, dando audiencia a la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid. Tras examinar las alegaciones presentados por la defensa de la solicitante, la Sección acuerda que "no ha lugar a acceder a la medida solicitada mediante este concreto cauce procesal, dado que, si bien concurren circunstancias de especial urgencia, para la apreciación de la medida deben darse los presupuestos del artículo 136 LJCA, cuyo examen no se puede acometer y valorar con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado". La Comunidad había solicitado al TSJM que ordenase al delegado del Gobierno adoptar las medidas necesarias para disolver la acampada, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión. Derecho de reunión En su resolución, la Sección Sexta considera que sí concurren circunstancias de especial urgencia, pero entiende que no puede acordar el desalojo sin escuchar previamente a la Administración General del Estado, especialmente para determinar si se cumplen los requisitos legales para apreciar una eventual inactividad de la Delegación del Gobierno. La Sala también pone el foco en el derecho de reunión de las personas acampadas y en las consecuencias irreversibles que podría tener para ellas un desalojo acordado directamente mediante una medida cautelarísima. Además, recuerda que debe respetarse el principio de proporcionalidad y que la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el "último recurso". El tribunal destaca asimismo que un desalojo podría implicar, en caso de resistencia a los requerimientos verbales, el uso de medidas de compulsión física por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que considera necesario conocer previamente los argumentos de la Delegación del Gobierno para no haber actuado en los términos reclamados por la Comunidad de Madrid. Por ello, el TSJM ha reducido el plazo legal de alegaciones y ha dado a la Abogacía del Estado hasta el miércoles a las 9.00 horas para presentar su escrito, que deberá ser anticipado por correo electrónico a la Sección Sexta. La resolución acuerda así la apertura de una pieza separada para tramitar las medidas cautelares por la vía ordinaria prevista en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Contra este auto no cabe recurso. Afectaciones a la Administración autonómica La Comunidad de Madrid había argumentado, entre otros motivos, que la permanencia de la acampada estaba afectando al normal funcionamiento de la Administración autonómica, a actividades comerciales y turísticas, y a actos previstos para el 12 de octubre. También alegó daños en la fachada de la Real Casa de Correos y en la estatua del Oso y el Madroño, además de problemas relacionados con las condiciones higiénicas y los accesos sanitarios. La Comunidad de Madrid mantiene que se trata de "una acampada ilegal que está causando daños económicos a los comerciantes de la zona y al patrimonio cultural como la Real Casa de Correos además de a los vecinos". Ante el auto, fuentes regionales destacan a Europa Press que "el juez ha dado a la Delegación del Gobierno hasta el miércoles 7 de octubre para alegar y que esas cautelarísimas solicitadas se reconvertirán en cautelares". "Se trata de un procedimiento habitual para escuchar a ambas partes. Por tanto, el proceso judicial sigue su camino", señalan.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar el desalojo inmediato de la acampada instalada desde el pasado 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Madrid_EDEIMA20110511_0011_1-p489654-m1527240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Madrid_EDEIMA20110511_0011_1-p489654-m1527240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunion2026-10-05 11:00:142026-10-05 11:00:14administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico489691En una carta abierta dirigida a la ministra Elma Saiz, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, reclama al Ministerio que continúe “con carácter urgente” los trabajos necesarios para aprobar el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 2/2026, de 29 de julio, y evitar que el calendario electoral prolongue durante meses la incertidumbre de los profesionales afectados. La norma aprobada por las Cortes establece un plazo máximo de tres meses para determinar reglamentariamente los términos y condiciones de la transferencia voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas y su conversión en periodos cotizados en el RETA. “La convocatoria de unas elecciones no debería convertir un plazo de tres meses fijado por el legislador en una espera de duración incierta, condicionada primero por la campaña electoral y después por los tiempos necesarios para la constitución de las Cámaras, la investidura y la formación de un nuevo Gobierno”, advierte Ribón. Un mandato legal ya aprobado Para el Colegio, culminar el reglamento no implica abrir un nuevo debate político, sino hacer efectivo un mandato que las Cortes Generales ya incorporaron a una ley aprobada y en vigor. “El reglamento de la pasarela al RETA no responde a una iniciativa política nueva ni supone anticipar decisiones que deban corresponder al próximo Ejecutivo. Se trata de dar cumplimiento a una obligación establecida por las propias Cortes Generales en una ley ya aprobada y en vigor, con un plazo concreto para su desarrollo”, señala el decano. El ICAM recuerda que el desarrollo reglamentario resulta imprescindible para que los profesionales puedan conocer las condiciones concretas en las que podrán acogerse a la pasarela. Entre otras cuestiones, deberá establecer los requisitos para solicitar la transferencia de los derechos económicos acumulados y la fórmula para convertirlos en periodos de cotización al sistema público. Su aprobación determinará, por tanto, la aplicación efectiva de una reforma largamente esperada por profesionales que durante años realizaron sus aportaciones a mutualidades de previsión social como alternativa al RETA. “Para muchas de estas personas no estamos hablando de una cuestión teórica ni administrativa. Hablamos de su jubilación, de los años que podrán ver reconocidos como cotizados y de la posibilidad de tomar decisiones que afectan directamente a su futuro”, subraya Ribón. Evitar meses de incertidumbre El Colegio advierte de que posponer la aprobación hasta la formación de un nuevo Ejecutivo podría alargar considerablemente los tiempos previstos por el legislador y mantener sin respuesta cuestiones esenciales para los mutualistas. El ICAM viene defendiendo durante toda la tramitación de la pasarela una regulación amplia, justa y jurídicamente segura, y ha anunciado que seguirá trasladando sus propuestas durante la elaboración del reglamento. Pero considera que, antes de entrar en su contenido definitivo, existe ahora una prioridad inmediata: evitar que el proceso quede paralizado por el adelanto electoral. La aprobación en plazo del reglamento no solo resulta necesaria para los mutualistas, sino también para preservar la seguridad jurídica y la confianza legítima de miles de profesionales en el cumplimiento de los mandatos aprobados por las Cortes Generales. Para el Colegio, la efectividad de las leyes exige que los desarrollos normativos previstos se completen dentro de los plazos fijados por el legislador, especialmente cuando afectan directamente a derechos y expectativas de carácter previsional. La Ley del Gobierno limita la actuación de un Ejecutivo en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, pero permite adoptar otras medidas en supuestos de urgencia debidamente acreditada o por razones de interés general. El Colegio considera que estas circunstancias concurren en el desarrollo de una norma aprobada por las Cortes y sometida expresamente a plazo. “Sería difícil explicar a los profesionales afectados que una obligación legal expresamente sometida a plazo queda en suspenso precisamente cuando ya se encuentra en marcha su cumplimiento”, afirma el decano. Por ello, el ICAM reclama que los trabajos continúen sin interrupción y que el desarrollo reglamentario se culmine dentro del plazo establecido por el legislador. “No pedimos al Gobierno que abra un nuevo debate político. Pedimos que culmine el mandato que el Parlamento ya le ha encomendado”, concluye Ribón. Porque, si bien los tiempos políticos pueden cambiar, “los derechos y las legítimas expectativas de miles de profesionales no deberían quedar a la espera”.El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre no interrumpa la tramitación del reglamento que debe hacer efectiva la pasarela de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-scaled-p489691-m1527407-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-scaled-p489691-m1527407-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-reta2026-10-05 10:30:482026-10-05 10:30:48sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico