https://elderecho.com/feedes490673Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave Entre las medidas sociales aprobadas destaca la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) en situaciones determinadas. En concreto, los progenitores, guardadores o acogedores estarán protegidos, cuando el causante tenga más de 26 años, si este se encuentra en situación de dependencia de grado III o tiene una discapacidad igual o superior al 65%. Asimismo, se aprueba que ambos progenitores puedan percibir de forma alternativa o simultánea la prestación económica y no solo que sea un progenitor el que pueda tener la condición de beneficiario. En este caso, el importe económico consistirá en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, sin que esta dependa del porcentaje de reducción de la jornada de trabajo que hayan solicitado. La prestación por cuidado de un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave, que cubre la Seguridad Social desde el año 2011, se dirige a progenitores, adoptantes, acogedores (ahora también cónyuges o parejas de hecho) con un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave. Esta prestación se reconoce a la persona que reduce su jornada laboral al menos en un 50% para el cuidado de la persona enferma y tiene como objeto compensar la pérdida de ingreso. Incapacidad Temporal El texto también incorpora dos situaciones especiales de incapacidad temporal (IT): la derivada de patología limitante por trastorno menopaúsico que impida trabajar (situaciones en las que una sintomatología incapacitante relacionada con el diagnóstico de una patología asociada con la menopausia que responda a la codificación concreta que dará lugar a esta IT especial) y otra para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género cuyas lesiones le impidan trabajar. Ambas situaciones tienen una protección mayor que la IT común, desde el día siguiente de la baja, y no exigen periodo de carencia. En ambos casos, la prestación económica se calculará aplicando el 60% de la base reguladora de la incapacidad temporal, hasta el día 20 y, a partir de ahí, será del 75%. El día de la baja el trabajador percibirá el salario por parte de la empresa y desde el día siguiente será la Seguridad Social quien lo abone. De modo que se mejora esta protección ya que antes no se percibía prestación los tres primeros días de baja y la empresa asumía el pago del día 4 al día 15. Al mismo tiempo, tras las situaciones vividas como consecuencia de la pandemia de la COVID19, la DANA o el accidente de Adamuz, se establece una disposición en la Ley General de la Seguridad Social para que en acontecimientos o accidentes catastróficos se puedan aprobar medidas que aumenten la protección de afectados o familiares, donde se asimilará la situación a la derivada de accidente de trabajo con las mejoras correspondientes en incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Pensión de viudedad en parejas de hecho Para favorecer el reconocimiento de la pensión de viudedad en los casos de pareja de hecho, si hay hijos en común se elimina el requisito de presentación del registro formal de la constitución de pareja de hecho. Bastará con la existencia de hijos en común y la acreditación de convivencia. Además, el texto contempla un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente puedan solicitar la prestación, aunque el deceso se haya producido con anterioridad a este cambio legal y siempre que se cumplan los requisitos. La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Subsidio especial de nacimiento y cuidado de menor El subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor, que ya se reguló para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, se extiende a los progenitores en el caso del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar; que pasan a tener ampliada la prestación a 19 semanas. Fondo de Garantía del Pago de Alimentos El Fondo del Pago de Alimentos -que sirve para garantizar y atender la protección económica de los hijos menores de edad cuando hay incumplimiento del pago de alimentos en supuestos de divorcio, separación, declaración de nulidad matrimonio o en procesos de filiación o alimentos- eleva la cuantía máxima del anticipo por beneficiario, que pasa de 100 a 300 euros mensuales. Además, se amplía el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos de los actuales 18 meses hasta que se extinga la obligación de alimentos, con el límite de los 18 años del beneficiario. Reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección Integral a las Víctimas del Terrorismo Esta reforma tiene por objeto equiparar las indemnizaciones previstas para este colectivo con independencia de que se haya dictado o no sentencia penal sobre el atentado que les afectó o de si en dicha sentencia se fijó o no responsabilidad civil. Hasta ahora, las víctimas que habían sufrido daños de la misma gravedad en atentados terroristas podían recibir indemnizaciones diferentes debido a una circunstancia ajena a ellas: que los hechos hubieran llegado o no a juicio o que la sentencia hubiera establecido o no una cantidad en concepto de responsabilidad civil. Con esta reforma, se atiende una de las principales reivindicaciones del colectivo y corrige esa diferencia existente. El mecanismo legal ha consistido en la introducción de un nuevo apartado 8 al artículo 20 de la Ley 29/2011, así como una disposición transitoria segunda que completa el mecanismo de equiparación. De este modo, los familiares de personas fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista o hayan sufrido lesiones incapacitantes permanentes que no hayan recibido una indemnización por responsabilidad civil fijada en sentencia judicial firme podrán reclamar el abono de una ayuda complementaria que mejora su protección. Esta ayuda podrá solicitarse durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la norma. La cantidad reconocida se abonará en tres pagos iguales, distribuidos en tres anualidades. A futuro, cuando hayan transcurrido cinco años desde el atentado sin que exista una sentencia penal firme, o cuando la sentencia no haya fijado una indemnización por responsabilidad civil, las víctimas podrán solicitar el complemento correspondiente. Ayudas aumentadas La medida beneficia a las víctimas de los atentados terrorista más antiguos. Los beneficiarios más numerosos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias, víctimas de atentados por los que no llegó a dictarse una sentencia penal a menudo por desconocimiento de la autoría de los atentados, por lo que no recibieron una reparación económica adicional equivalente a la reconocida en otros atentados en los que sí se dictó sentencia penal y se fijaron importes indemnizatorios por responsabilidad civil. También beneficiará a las víctimas de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, ya que el fallecimiento de los autores materiales de los atentados impidió que la sentencia penal fijara indemnizaciones por responsabilidad civil, como sí ocurrió para las víctimas del atentado de Alcanar. La nueva regulación permitirá que las víctimas fallecidas y las personas con lesiones incapacitantes afectadas por los atentados de Barcelona y Cambrils puedan acceder al nuevo mecanismo de equiparación de indemnizaciones. La cuantía de la mejora que podrán reclamar estas víctimas del terrorismo se calculará a partir de las ayudas que ya hubieran percibido con anterioridad. En el caso de las lesiones incapacitantes, se incrementarán las cantidades que hubieran percibido hasta alcanzar los importes máximos previstos en el artículo 20.4 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, para cada tipo de incapacidad. En los casos de fallecimiento, la cuantía de la mejora se adaptará y modulará en función de la situación familiar: Hasta los 500.000 euros cuando quienes recibieron la indemnización fueron los hijos de la persona fallecida, o los hijos junto con el cónyuge no separado legalmente o la persona conviviente. Hasta los 350.000 euros cuando la indemnización fue percibida por el cónyuge o conviviente, por los padres, o cuando los padres concurrieron con hijos, con el cónyuge o conviviente, o con ambos. Pensiones revalorizadas Por otra parte, el real decreto-ley aprobado aumenta el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, tanto en el sistema de la Seguridad Social como en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Tras la reforma aprobada, el importe mínimo será de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento. Mejora de la protección por orfandad Finalmente, se amplía la prestación económica por orfandad cuando el fallecimiento de la mujer se hubiera producido por violencia contra la mujer. Al igual que en el supuesto de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, el importe de la pensión de orfandad será equivalente al doble del SMI vigente en cada momento.El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que contempla un conjunto de medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y otras normas sociales, así como la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo para la extensión de derechos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2720466521-2-1-p490673-m1530362-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-socialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2720466521-2-1-p490673-m1530362-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-socialeshttps://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-socialeshttps://elderecho.com/medidas-de-mejora-de-la-accion-protectora-de-la-seguridad-social-y-otras-normas-sociales2026-10-21 06:45:492026-10-21 06:45:49administrativoAdministrativo1multimateriaMultimateriasocialSocial13Administrativo,Multimateria,Social490659La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico será objeto de análisis el próximo jueves 22 de octubre, en la jornada «IA y Derecho. Del potencial a la acción en la práctica», organizada por Lefebvre y el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, que tendrá lugar a las 17:00 horas en formato híbrido, presencial en el Salón de Actos de la sede colegial, con retransmisión en directo a través de Microsoft Teams. La sesión analizará la evolución de la inteligencia artificial, los principales avances y novedades que están marcando 2026 y las perspectivas de esta tecnología en relación con el futuro de la abogacía. El encuentro parte de la transformación que la IA está produciendo en la forma de trabajar de los profesionales del Derecho. La jornada que será inaugurada por Alberto Salas Martínez, presidente de NNTT ICAGR, contará con la ponencia de Óscar Casero Miguel, abogado y experto en inteligencia artificial legal, director de KSRO LAW, administrador concursal y formador y divulgador sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho; y con la participación de Jesús Giráldez, consultor Legaltech de Lefebvre, y Guadalupe Segura, gerente de la Delegación Sur de Lefebvre. De la evolución tecnológica a su aplicación jurídica Bajo el título «IA y Derecho: del potencial a la acción en la práctica», la jornada pondrá el foco en cómo los avances en inteligencia artificial están modificando el ejercicio profesional y en las posibilidades que ofrecen plataformas como GenIA-L de Lefebvre para el trabajo cotidiano en el ámbito jurídico en un contexto de rigor, seguridad jurídica y criterio profesional. Desde una perspectiva técnico-jurídica, la relevancia de la jornada reside no solo en la capacidad de esta tecnología, sino también la forma en la que los profesionales pueden integrarlas en su actividad. Inscripción  El encuentro abordará la evolución de la IA, las novedades que están marcando 2026 y su impacto en el ejercicio profesional, junto con las últimas novedades de GenIA-L de Lefebvre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2600803597-1-p490659-m1530323-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2600803597-1-p490659-m1530323-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogacia2026-10-20 15:46:212026-10-20 15:46:21sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490646Entre enero y junio se recibieron 3.027 notificaciones frente a las 1.271 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 138%. Si se tiene en cuenta el periodo entre enero y agosto de 2026, el incremento asciende al 163%, 4.556 notificaciones respecto a las 1.728 del mismo periodo en 2025. Esta cifra supone, además, que las brechas de datos personales notificadas a la Agencia en el primer semestre de 2026 superan a las recibidas durante todo 2025. Los informes que publica la Agencia mensualmente sobre brechas de datos personales permiten identificar algunos de los fenómenos que han contribuido a este incremento. En marzo, la Agencia detectó que un incidente producido en un único encargado del tratamiento provocó una brecha de datos personales en múltiples responsables. En estos casos, el encargado debe informar sin dilación indebida a los responsables para que puedan cumplir con las obligaciones que les corresponden conforme a la normativa de protección de datos. Asimismo, el informe correspondiente a julio señala que las notificaciones relacionadas con establecimientos hoteleros y sus encargados del tratamiento, generalmente proveedores de software de gestión de reservas, habían contribuido en gran medida al aumento de las notificaciones recibidas por la AEPD en los meses anteriores. En muchas de estas brechas, terceros no legitimados acceden a datos personales de clientes y a información de sus reservas, que posteriormente puede ser utilizada para realizar intentos de fraude. Aunque en menor medida, ya se había advertido de esta situación en el informe sobre notificaciones de brecha de mayo. El incremento de las notificaciones también coincide con la persistencia de amenazas ya observadas en periodos anteriores. El ransomware continúa provocando brechas de datos personales en organizaciones de distintos sectores y puede comprometer tanto la disponibilidad como la confidencialidad de los datos. La Agencia subraya por ello la necesidad de que responsables y encargados cuenten con medidas preventivas adecuadas al nivel de riesgo y con procedimientos que permitan actuar ante una brecha para minimizar sus posibles consecuencias. La AEPD recuerda que el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos establece la obligación de notificar a la autoridad de control competente las brechas de datos personales cuando sea probable que estas constituyan un riesgo para las personas afectadas. Esta obligación forma parte de la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento. Por otro lado, notificar la brecha de datos personales a la Agencia es tan importante como informar a las personas afectadas. Esta comunicación, sobre todo en casos de riesgo alto, es clave para que las personas afectadas puedan valorar el riesgo de acuerdo con sus circunstancias particulares, y tomar las acciones que consideren apropiadas. En este sentido, los responsables que notificaron una brecha de datos personales a la Agencia emitieron en el primer semestre de 2026 más de 71 millones de comunicaciones a interesados al apreciarse la posibilidad de riesgo alto. Esa comunicación a las personas por parte del responsable del tratamiento es un elemento clave para determinar una respuesta diligente por su parte. La Agencia recuerda a las organizaciones la importancia de implementar medidas de protección de datos antes de que se produzca una brecha de datos personales (minimización de datos, borrado o anonimización temprana, bloqueo, segmentación, etc.), además de estar preparadas para la gestión de la misma si llegase a materializarse.La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha registrado un aumento importante en las brechas de datos personales notificadas por los responsables de tratamiento durante el primer semestre de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2468094617-1-p490646-m1530284-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2468094617-1-p490646-m1530284-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-ano2026-10-20 14:59:242026-10-20 14:59:24derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico490686Así lo recoge un informe aprobado por el pleno con 357 votos a favor, 271 en contra y 31 abstenciones, en el que los eurodiputados piden utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, reforzar los recursos de los organismos europeos de lucha contra el fraude y establecer obligaciones más claras para recuperar el dinero obtenido ilegalmente y devolverlo, cuando corresponda, al presupuesto comunitario. Una de las principales preocupaciones de la Eurocámara es el denominado fraude del IVA en cadena o 'fraude carrusel', un mecanismo por el que varias empresas compran y venden mercancías entre distintos países de la UE y una de ellas cobra el impuesto sin ingresarlo a Hacienda, mientras otra solicita su devolución a las autoridades tributarias. Los parlamentarios advierten de que estas operaciones representan una de las mayores amenazas para los ingresos europeos, por lo que consideran necesario mejorar la coordinación entre las administraciones nacionales para identificar las transacciones fraudulentas antes de que los responsables puedan desaparecer con el dinero recaudado. En concreto, el texto reclama que los países compartan con mayor rapidez los datos sobre compraventas a través de Eurofisc, la red europea de cooperación contra el fraude fiscal, y que sus sistemas de análisis incorporen inteligencia artificial para detectar movimientos sospechosos entre empresas de distintos Estados miembro. Asimismo, propone garantizar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea tengan acceso efectivo a la información sobre el IVA y los pagos que necesiten para desarrollar sus investigaciones, respetando las competencias de cada organismo. Más recursos y control del dinero recuperado Por otra parte, los eurodiputados reclaman que el próximo presupuesto de la UE para 2028-2034 reserve financiación y personal especializado suficientes para reforzar la prevención y persecución de estas prácticas, además de introducir mayores garantías para evitar el uso indebido de los fondos comunitarios. Entre las medidas planteadas figura la obligación de que todos los programas de gasto permitan identificar a los destinatarios finales de las ayudas y a sus propietarios reales, de manera que los auditores e investigadores puedan seguir el recorrido del dinero público y comprobar quién se beneficia de él. La resolución también defiende establecer normas comunes para coordinar los organismos encargados de combatir las irregularidades y crear un sistema unificado de notificación, apoyado en herramientas digitales que faciliten las investigaciones sin incrementar innecesariamente las cargas administrativas, especialmente para las pequeñas empresas. En este sentido, el Parlamento pide revisar la legislación europea para fijar responsabilidades más precisas y obligaciones vinculantes de intercambio de información entre la OLAF y la Fiscalía Europea, así como exigir informes periódicos que permitan conocer los resultados de las investigaciones y su impacto económico. Además, reclama garantizar que los bienes y cantidades confiscados como consecuencia de las actuaciones de la Fiscalía Europea puedan devolverse, total o parcialmente, a las arcas comunitarias cuando corresponda, y que exista un seguimiento de los importes efectivamente recuperados.El Parlamento Europeo ha reclamado reforzar la cooperación entre las autoridades fiscales de los Estados miembro para combatir el fraude del IVA, especialmente en las operaciones comerciales entre países de la UE, mediante un intercambio más rápido de información y mayores controles sobre las transacciones sospechosas, ante unas prácticas que, según las estimaciones recogidas por la Eurocámara, provocan pérdidas de entre 12.500 y 32.800 millones de euros anuales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2527806633-2-1-p490686-m1530402-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-eurocamara-pide-reforzar-los-controles-contra-el-fraude-del-ivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2527806633-2-1-p490686-m1530402-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-eurocamara-pide-reforzar-los-controles-contra-el-fraude-del-ivahttps://elderecho.com/la-eurocamara-pide-reforzar-los-controles-contra-el-fraude-del-ivahttps://elderecho.com/la-eurocamara-pide-reforzar-los-controles-contra-el-fraude-del-iva2026-10-20 14:50:232026-10-20 14:50:23fiscalFiscal6penalPenal9Fiscal,Penal490633Con estas incorporaciones, BDO Abogados consolida su crecimiento y eleva a 28 el número de socios en España, como parte de una red global que cuenta con más de 700 profesionales en España. "El nombramiento de estos cinco profesionales es el resultado natural de su compromiso y experiencia. Con estos nombramientos, BDO Abogados refuerza su apuesta por el talento interno y da un paso más en su objetivo de ofrecer unos servicios más especializados y de máxima calidad a nuestros clientes", ha señalado Enrique Azorín, presidente de BDO Abogados en España. Diego Herrero Diego Herrero forma parte de BDO Abogados desde 2022 y cuenta con más de 16 años de experiencia en Derecho Mercantil. Está especializado en operaciones de M A, procesos de Due Diligence, acuerdos de inversión, pactos de socios, restructuraciones societarias y contratación mercantil en general. Es licenciado en Derecho y miembro del ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Actualmente es profesor colaborador del Máster de Abogacía Internacional del ISDE en Barcelona. Eric Jové Eric Jové, con más de 15 años de experiencia, ha dirigido el equipo fiscal de Global Private Client Services de BDO Abogados desde 2014. Está especializado en asesoramiento fiscal y planificación patrimonial de grandes patrimonios, empresarios, emprendedores y familias empresarias. Su práctica se centra en la organización y protección del patrimonio, planificación sucesoria, estructuración de inversiones y el asesoramiento en traslados internacionales, entre otras. Es licenciado en Derecho y cuenta con un máster en Asesoramiento Fiscal por ESADE, además de otros programas de posgrado. También cuenta con una titulación en Dirección Ejecutiva (PDD) por el IESE. Lucía Segarra Por su parte, Lucía Segarra cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando en operaciones a nivel nacional e internacional. Se unió a BDO Abogados en 2020 y desde el año 2023 es directora del área Legal. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y especialista en Derecho de la Competencia Europeo y Español por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Además, es profesora asociada en el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia. Víctor Gisbert Victor se unió a BDO Abogados en 2013, después de haber iniciado su trayectoria profesional en Deloitte Abogados y Asesores Tributarios. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el ámbito de la fiscalidad y el asesoramiento tributario. Está especializado en operaciones de fusiones y adquisiciones (M A) y en procesos de Due Diligence, con experiencia en fiscalidad nacional e internacional, planificación fiscal patrimonial y asesoramiento en procesos de empresa familiar y sucesión generacional. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y cuenta con un Máster en Tributación por el Centro de Estudios Financieros (CEF). También es profesor en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Diosdado López Por último, Diosdado se incorporó a BDO Abogados en 2015 y ha dirigido el área de Business Services Outsourcing, donde ha asesorado a grupos multinacionales y contribuido al crecimiento de la práctica de servicios corporativos de la compañía. Especializado en tecnología, innovación e infraestructuras digitales, asesora a compañías líderes en software, plataformas digitales, ciberseguridad, telecomunicaciones, centros de datos y farmacéuticas, apoyándolas en sus procesos de expansión, transformación contable, financiera y optimización operativa. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con dos másteres: Máster en Auditoría y Contabilidad Avanzada por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Fiscalidad y Asesoría Tributaria por el Centro de Estudios Financieros (CEF).BDO Abogados ha nombrado a Diego Herrero, Eric Jové, Lucía Segarra y Víctor Gisbert, nuevos socios del área de Legal y Fiscal, y a Diosdado López, nuevo socio de Outsourcing.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/BDO-Abogados_Nuevos-socios-p490633-m1530249-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/BDO-Abogados_Nuevos-socios-p490633-m1530249-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socios2026-10-20 14:48:522026-10-20 14:48:52sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490620Claudia ejerce en M B desde hace más de catorce años. Se incorporó al despacho como becaria coincidiendo prácticamente con la apertura de la oficina de Barcelona y, desde entonces, ha participado activamente en el desarrollo y consolidación del bufete. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en M A y transacciones inmobiliarias de carácter transfronterizo. Su práctica comprende reestructuraciones societarias (incluidas fusiones internacionales y escisiones), adquisiciones y transmisiones de empresas y activos inmobiliarios, así como la estructuración y negociación de transacciones complejas, desde la due diligence hasta la formalización de contratos de compraventa y sus garantías. En el ámbito inmobiliario, ha acompañado a algunas de las primeras SCPI francesas en su implantación en España y asesora desde hace años a fondos y otros inversores institucionales en sectores como el industrial y logístico, hotelero, oficinas, sanitario y residencial. Licenciada en Derecho por ESADE (Barcelona), Claudia cuenta con un máster en Derecho Mercantil, un máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, así como un máster en Legal Operations. Habla español, francés, catalán e inglés y está ampliamente familiarizada con los entornos jurídicos y empresariales de Francia y España. Esta competencia y comprensión de los dos entornos jurídicos, profesionales y culturales le permite abordar cada asunto desde una perspectiva especialmente pragmática y adaptada a las particularidades de cada proyecto. Su nombramiento se inscribe en la estrategia de desarrollo del bufete de acompañar, retener y potenciar el talento interno. Asimismo, contribuye a reforzar la posición de M B Avocats / M B Abogados como actor de referencia en materia de operaciones transfronterizas, prestando especial atención a los retos y necesidades de las pequeñas y medianas empresas. «La incorporación de Claudia como socia constituye un merecido reconocimiento a la calidad de su trabajo, al rigor que demuestra a diario en la gestión de los expedientes, a su excelente relación con los clientes, al trabajo de fondo que lleva años realizando en pro de la imagen del bufete y a la formación que ha impartido a los más jóvenes a lo largo de su trayectoria», declara la dirección del bufete. “Este nombramiento supone para mí la continuidad natural de una trayectoria construida junto a nuestros clientes y a M B. Siempre he procurado ejercer la abogacía con rigor, pragmatismo y cercanía, y transmitir estos mismos valores en la formación y el desarrollo de nuestros equipos. Afronto esta nueva etapa como socia con ilusión y responsabilidad, fiel a los principios y a la manera de entender la profesión que me han acompañado desde mis inicios en M B”, comenta Claudia Ambrós Biern.M B Avocats / M B Abogados, despacho especializado en derecho de los negocios y en el asesoramiento de empresas e inversores en sus operaciones entre Francia y España, anuncia el nombramiento de Claudia Ambrós Biern como nueva socia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Claudia-Ambros-Biern-abogada-socia-MB-Abogados-p490620-m1530208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-sociahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Claudia-Ambros-Biern-abogada-socia-MB-Abogados-p490620-m1530208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-sociahttps://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-sociahttps://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-socia2026-10-20 14:40:382026-10-20 14:40:38sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490535En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano, la corte de garantías ha estimado por unanimidad el recurso de una mujer que denunció que se le había inadmitido un recurso contencioso-administrativo por "extemporaneidad" y ha establecido que "la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo", según ha comunicado el Constitucional. La demandante, funcionaria del Cuerpo de Habilitación Nacional de Secretarios e Interventores de la Administración Local, con plaza en propiedad de secretaria-interventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, recurrió en vía contencioso-administrativa el acuerdo del consistorio en el que trabajaba por el que se modificaba la Relación del Puesto de Trabajo, publicado el 30 de marzo de 2017, explica el TC. Posteriormente, el Ayuntamiento dictó un nuevo acuerdo de corrección de errores en la identificación del régimen impugnatorio, publicado el 18 de abril de 2017, añade. Y señala que en la vía judicial se inadmitió su recurso al considerar que la demanda se había presentado "fuera del plazo de dos meses desde la inicial publicación del acuerdo". Se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva Además, el TC recoge que el Tribunal Supremo concluyó que, en este caso, "la circunstancia de que se hubiera presentado el recurso contencioso-administrativo fuera del plazo concedido en el acuerdo inicial pero dentro del concedido en el acuerdo de corrección de errores, supone que se ha presentado fuera de plazo". Ahora, la corte de garantías estima el amparo de la mujer y anula la decisión judicial "razonando que la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo". El tribunal señala que el contenido rectificado "afecta al derecho de la interesada", destacando que "ello generó una razonable expectativa en los interesados, en este caso la demandante, de que la única, válida y eficaz indicación de recursos era la que había sido publicada el 18 de abril de 2017". "Es a partir de dicha fecha cuando comienza a computar el plazo para interponer el recurso contra el acuerdo inicial del Ayuntamiento de modificación de la relación del puesto de trabajo", concluye, y considera que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que el inicio del plazo para recurrir un acuerdo de un órgano administrativo puede comenzar, bajo determinadas circunstancias, a partir de la publicación del acuerdo de rectificación de errores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p490535-m1529972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p490535-m1529972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-errores2026-10-19 13:30:482026-10-19 13:30:48administrativoAdministrativo1Administrativo490536La sentencia relata acreditado que, como proveedora de una empresa, otra mercantil proveedora envió el 29 de noviembre de 2022 una factura proforma de 20.000 euros por correo electrónico. La acusada interceptó el mensaje y suplantó la identidad de la mercantil enviando al día siguiente un correo idéntico con el mismo importe, pero modificando el número de cuenta de destino. Creyendo obrar de buena fe, el administrador de la empresa cliente realizó la transferencia de 20.000 euros a la cuenta falsa el 1 de diciembre, dinero que fue recibido y dispuesto por la acusada. Los magistrados consideran probado que la acusada conocía los movimientos de su cuenta, dado que utilizaba la banca electrónica y se registraron múltiples operaciones (15 en total, incluyendo un ingreso de 20.000 euros). Por ello, al haber facilitado su cuenta y dispuesto de parte de los fondos fraudulentos, concluyen que su actuación fue clave, condenándola como cooperadora necesaria del delito de estafa.La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la condena de nueve meses de prisión a una mujer por estafar a una mercantil mediante una factura falsificada. Asimismo, la condenada deberá indemnizar a la empresa afectada con la cantidad de 20.000 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-legal_EDEIMA20110120_0035_1-p490536-m1529993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-legal_EDEIMA20110120_0035_1-p490536-m1529993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsa2026-10-19 12:24:562026-10-19 12:24:56penalPenal9Penal490534La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha recogido el premio. Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado: "Es para mí un honor recoger este premio en nombre del Consejo General del Notariado, de los casi 3.000 notarios y más de 18.000 empleados de las notarías. Quiero manifestar nuestra gratitud, no solo por el prestigio de la organización que concede este premio, sino también por los vínculos que nos unen con ATA. Los notarios, además de profesionales del derecho que ejercemos una función pública, que garantizamos la seguridad jurídica y prestamos una función esencial a las personas, somos responsables de gestionar nuestros despachos. Por ello, cuando hablamos de trabajadores autónomos, no estamos hablando de una realidad que nos sea ajena, estamos hablando de nosotros mismos. Los notarios acompañamos y asesoramos a las personas en los momentos más importantes de su vida, y por supuesto también a los autónomos. Cuando deciden constituir una empresa, transmitirla, ampliar su actividad o en la toma de decisiones desde el punto de vista personal y patrimonial. En la actualidad, emprender es un esfuerzo casi heroico y no podemos incrementar los riesgos con incertidumbre e inseguridad jurídica. De ahí la importancia de la intervención notarial y de garantizar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico. España debe muchísimo a sus trabajadores autónomos, personas que con su iniciativa, que con su esfuerzo, colaboran y contribuyen al desarrollo económico y la cohesión social. Por eso desde el Notariado valoramos tanto la labor realizada por ATA y por eso estamos especialmente orgullosos del convenio que hemos suscrito con ellos, porque compartimos la misma cultura de trabajo, de esfuerzo y de la responsabilidad. Recibimos este premio con gratitud, con orgullo, pero también como estímulo para continuar colaborando y contribuyendo, desde nuestra función y con compromiso, a una mayor agilidad y accesibilidad en la asistencia jurídica".El Consejo General del Notariado ha recibido el ‘Premio Fomento del Asociacionismo’ en la 25ª edición de los Premios Autónomo del Año que concede la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Lorenzo-Amor-presidente-de-ATA-Concepcion-Barrio-presidenta-del-Consejo-General-del-Notariado-y-Jose-Maria-Diaz-Gonzalez-director-comercial-de-Flotas-en-MOEVE_img-p490534-m1529951-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Lorenzo-Amor-presidente-de-ATA-Concepcion-Barrio-presidenta-del-Consejo-General-del-Notariado-y-Jose-Maria-Diaz-Gonzalez-director-comercial-de-Flotas-en-MOEVE_img-p490534-m1529951-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-ata2026-10-19 12:00:462026-10-19 12:00:46sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490538El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha situado este lunes la confianza y la seguridad jurídica en el centro de las relaciones económicas entre Europa e Iberoamérica durante la inauguración del Congreso Iberoamericano 2026. Ante profesionales procedentes de distintos países de la región, Ribón ha subrayado que la previsibilidad jurídica constituye un factor determinante a la hora de decidir una inversión: “La seguridad jurídica no es únicamente un concepto de manual, sino una condición que convierte el capital en infraestructura y la infraestructura en desarrollo”. Organizado por el ICAM junto al Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y con el apoyo del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje de Madrid (CIIAM), el Congreso reúne esta semana a más de una treintena de especialistas en arbitraje, inversión y negocios internacionales. Bajo el título ‘Arbitraje y Negocios. Todo lo que se necesita saber’, el programa recorre los mercados de España, Portugal y Andorra, Perú, México, la región andina, el Cono Sur, Brasil y Centroamérica para analizar oportunidades de inversión, riesgos jurídicos y mecanismos de prevención y resolución de controversias. Confianza para invertir, seguridad para crecer Ribón ha articulado su intervención en torno a la confianza como presupuesto tanto de la inversión como del arbitraje. “Confianza es lo que lleva a una empresa a invertir a diez mil kilómetros de su sede”, ha señalado. Una confianza que, según ha explicado, exige certeza sobre el cumplimiento de los contratos y la existencia de mecanismos imparciales, ágiles y especializados cuando surge una controversia. El decano ha situado también esa reflexión dentro de la nueva agenda iberoamericana del Colegio, que en las últimas semanas ha llevado al ICAM a Argentina, Uruguay y Chile para reforzar sus vínculos con colegios de la abogacía, universidades y otras instituciones de la región. “Los vínculos internacionales de la abogacía no son una cortesía diplomática, sino una necesidad profesional. Nuestras empresas y nuestros clientes operan a ambos lados del Atlántico; nosotros debemos hacerlo también”. Ribón enmarcó esta exigencia de seguridad jurídica en el volumen creciente de inversión que recibe la región. Según los datos de la CEPAL citados durante su intervención, América Latina y el Caribe captaron en 2025 más de 194.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los que Brasil y México concentraron más del 60%. Ante ese volumen de operaciones e inversiones transfronterizas, el decano reivindicó especialmente la función preventiva de la abogacía. «Una cláusula bien redactada, una negociación bien asesorada, un contrato que anticipa los riesgos: ahí empieza la seguridad jurídica, mucho antes de que se constituya un tribunal arbitral», afirmó. Para Ribón, la prevención de las controversias forma parte del mismo ecosistema que el arbitraje y constituye uno de los ámbitos en los que la abogacía puede aportar mayor valor a empresas e inversores. Una tradición jurídica compartida A partir de esa misma idea de confianza, Carlos A. Soto ha puesto el foco en los vínculos históricos, culturales y jurídicos que conectan a España y América Latina y en su capacidad para facilitar la cooperación entre profesionales de ambos lados del Atlántico. El fundador del Instituto Peruano de Arbitraje ha señalado, entre otros ejemplos, la proximidad entre los marcos arbitrales español y peruano como muestra de una tradición jurídica que permite a abogados y árbitros trabajar conjuntamente en controversias internacionales. Carlos A. Soto Soto ha defendido que esta base compartida sigue teniendo una traducción económica y profesional en el presente y ha situado el Congreso como un espacio para reforzar esos vínculos. Su intervención ha incidido así en una de las ideas que atraviesan el encuentro: la existencia de una comunidad jurídica y empresarial que comparte lengua, referencias y una larga trayectoria de relaciones a ambos lados del Atlántico. El arbitraje como factor de competitividad Díaz-Ambrona ha trasladado el debate al funcionamiento de las instituciones arbitrales y ha defendido que el arbitraje debe contemplarse no solo como un sistema jurídico de resolución de conflictos, sino también como una herramienta de competitividad. En este sentido, ha advertido de que los costes, la duración de los procedimientos o la falta de adaptación a las necesidades de las empresas pueden restar eficacia al arbitraje precisamente cuando debe aportar certeza a las operaciones internacionales. El presidente de la Asociación para el Arbitraje Internacional de Madrid ha destacado, en este marco, el proceso de integración institucional desarrollado en torno al CIIAM y la importancia de seguir construyendo instituciones arbitrales capaces de competir internacionalmente. Para Díaz-Ambrona, la cooperación entre los distintos actores de la comunidad iberoamericana permite crear instituciones más sólidas y, con ellas, generar mayor confianza para la inversión y los negocios. El Congreso continuará hasta mañana martes con sesiones dedicadas a los distintos mercados iberoamericanos y concluirá con un diálogo sobre prevención y resolución de conflictos en los negocios internacionales. El programa culminará con la clausura institucional, en la que participarán representantes del ICAM, el Instituto Peruano de Arbitraje y el CIIAM.Más de una treintena de especialistas de todo Iberoamérica participan durante dos jornadas en siete mesas dedicadas a los principales mercados de la región, con especial atención a la inversión, las infraestructuras, la seguridad jurídica y la resolución de controversias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Carlos-A.-Soto-Jose-Ignacio-Monedero-y-Adolfo-Diaz-Ambrona--p490538-m1530035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Carlos-A.-Soto-Jose-Ignacio-Monedero-y-Adolfo-Diaz-Ambrona--p490538-m1530035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamerica2026-10-19 11:30:542026-10-19 11:30:54sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico