https://elderecho.com/feedes485123Los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones en los órganos de los veintiún partidos judiciales de la comunidad de Madrid en el ejercicio 2025 descendió un 5,3 por ciento debido, principalmente, a las novedades procesales introducidas con la aplicación de la denominada ‘Ley de Eficiencia’ (Ley Orgánica 1/2025); un significativo decremento que se registra tras una relevante secuencia de ejercicios en los que la tendencia fue siempre al alza, pero que puede significar un simple efecto coyuntural por la reforma. En términos totales, el departamento de Comunicación del Poder Judicial informa que se registraron en todas las unidades judiciales madrileñas 1.184.151 asuntos en todo 2025 frente a los 1.250.358 de 2024, lo que supone el citado decremento del 5,3 por ciento. Los asuntos resueltos, sin embargo, experimentaron un leve ascenso del 0,2%, pasando, en términos generales, de 1.123.270 a 1.125.798. Por su parte, los asuntos pendientes crecieron de forma significativa un 10,4 por ciento y subieron de 747.414 a 825.114.  Resumen actividad juzgados madrileños Como cada año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, abordaba en su intervención los aspectos fundamentales de la Memoria en un encuentro mantenido en el salón de actos del propio tribunal ante los representantes de los medios de comunicación. Respecto de la implantación de la ‘ley de Eficiencia’, eje nuclear de la que ha sido su última intervención pública antes de tomar posesión como magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, el presidente del TSJM ha alertado de que la que es la reforma judicial más ambiciosa en décadas afronta un arranque marcado por los retrasos y problemas estructurales de gravedad. Así, ha señalado que muchos profesionales han optado temporalmente por retrasar la presentación de demandas mientras se consolidan los criterios interpretativos del nuevo requisito procesal. Además, ha llamado la atención de que el descenso de la litigiosidad antes indicado no puede considerarse todavía un indicador fiable de la eficacia por nuevo modelo. Por último, ha subrayado que con este nuevo marco normativo será necesario observar la evolución durante los próximos años para comprobar si la reducción responde realmente a una transformación estructural del sistema o únicamente a un efecto coyuntural derivado del proceso de implantación.  74 nuevas plazas de jueces para hacer frente al atasco Tras analizar la ‘ley de Eficiencia’, Rodríguez Padrón ha realizado una radiografía detallada de la situación de la Justicia en la Comunidad, que sirven casi 900 jueces. En ese sentido, ha recordado que el Ministerio del ramo ha creado 507 plazas judiciales, 74 de las cuales corresponde a la región, un número importante, con relación a ejercicios anteriores pero, aún insuficiente para paliar con eficacia el “histórico y endémico atasco judicial derivado de la falta de recursos”, ha dicho. Además del notable impacto de la nueva legislación, y de la lógica reclamación de más recursos humanos y materiales, y entre otras consideraciones sobre el estado de la administración de la justicia en la región, el presidente del TSJ de Madrid ha reflexionado acerca de asuntos de la actualidad y, en concreto, del reto que supone el traslado en los próximos años de todas las unidades judiciales de Madrid a la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas, un proyecto estratégico que determinará el futuro de un servicio público tan esencial para la ciudadanía. El presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, en la que ha sido su última intervención pública antes de tomar posesión como nuevo magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, desgrana los aspectos más relevantes de la actividad judicial en los juzgados y tribunales de la región durante la presentación de la Memoria del Alto Tribunal Madrileño correspondiente a 2025.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/06/shutterstock_1930513847-1-p485123-m1513321-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/06/shutterstock_1930513847-1-p485123-m1513321-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-2025https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-2025https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-20252026-07-14 11:27:302026-07-14 11:27:30comentarios-de-jurisprudenciaCom. Jurisprudenciasector-juridicoSector jurídicoCom. Jurisprudencia,Sector jurídico485111El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto una consulta con el fin de recabar opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta del Ejecutivo europeo de la Ley de Chips, según ha informado este martes el Departamento liderado por Óscar López en un comunicado. La 'Chips Act 2.0' de la Comisión Europea surge como respuesta a la necesidad de consolidar el peso europeo en el mercado de semiconductores avanzados. En concreto, pasa a formar parte del paquete de soberanía digital de la Unión Europea (UE), publicado el 3 de junio, cuyo objetivo es contribuir a una economía digital europea más competitiva, segura y resiliente. Ley de Chips original Si bien la Ley de Chips original marcó la primera respuesta coordinada de la UE a vulnerabilidades críticas en la cadena de suministro mundial de semiconductores, diversos análisis estratégicos de alto nivel --como el 'Informe de Competitividad Digital Europea', la comunicación sobre la política industrial y la evaluación del 'Chips Act 1.0'-- han identificado la necesidad de revisarla para abordar dos problemas clave. En primer lugar, Transformación Digital ha indicado que la UE sigue dependiendo de terceros países en ámbitos clave como el diseño y la fabricación de semiconductores. Además, el Gobierno ha explicado que es "necesario" seguir reforzando las capacidades de preparación ante crisis, pues la capacidad de producción de semiconductores en la UE es "limitada" y está geográficamente "muy concentrada". Para hacer frente a los retos descritos, la nueva Ley de Chips hace mayor hincapié en medidas que incrementen la demanda de semiconductores entre los países europeos y complementa el enfoque de la anterior norma, que se centraba fundamentalmente en la oferta. Impulsar producción e industrialización El texto que se somete a consulta introduce un conjunto de medidas dirigidas a impulsar la producción y la industrialización, fortalecer la investigación y la innovación, garantizar la seguridad del suministro y reforzar la resiliencia de la cadena de valor de los semiconductores en la Unión Europea. A nivel europeo, la Chips Act ha contribuido a movilizar más de 52.000 millones de euros en inversión pública y privada; ha creado unos 46.000 puestos de trabajo directos e indirectos y ha reforzado la capacidad de investigación e innovación de Europa en materia de semiconductores. España ha contribuido de forma significativa al desarrollo del ecosistema europeo de semiconductores mediante su participación en las líneas piloto europeas de fotónica integrada y chips cuánticos, impulsadas en el marco de la 'Chips Joint Undertaking'. Asimismo, esta aportación se ha consolidado a través de las inversiones de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en proyectos estratégicos, entre los que destacan el futuro Centro de Desarrollo e Innovación en Microelectrónica que gestionará IMEC en Málaga, la ampliación de las actividades en España de Diamond Foundry para fabricar componentes de microchips, o la entrada en el capital de la empresa española de microelectrónica Openchip y en las compañías de fotónica Sparc y Attypic, entre otras. Estas iniciativas contribuyen a reforzar las capacidades industriales y tecnológicas europeas y consolidan la posición de España como un actor relevante en la cadena de valor de los semiconductores.Esta nueva propuesta pone el foco en reforzar la posición estratégica de la UE en la cadena de valor de los semiconductores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/09/shutterstock_2262331365-1-p485111-m1513287-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-0https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/09/shutterstock_2262331365-1-p485111-m1513287-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-0https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-0https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-02026-07-14 11:11:012026-07-14 11:11:01sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485097El Colegio de Abogados de Granada conmemora el Día de la Justicia Gratuita, que se celebra cada 12 de julio, y lo hace advirtiendo del desgaste que está sufriendo la abogacía de oficio en los últimos años: desde 2020, el número de letrados que prestan al servicio en la provincia ha caído más de un 10%, con 944 colegiados adscritos al Turno de Oficio y 867 a Asistencia Letrada a cierre de 2025. En concreto, en el último lustro, este colectivo ha pasado de representar el 39% de los colegiados ejercientes al 34% y, de seguir esta tendencia a la baja, podría reducirse al 30% en 2030. “No sólo hablamos de la pérdida de algo más de un centenar de letrados en el Turno de Oficio y otros tantos en Asistencia Letrada en sólo 5 años, sino que esto provoca que el resto de compañeros tenga que afrontar una mayor carga de trabajo, aumentando aún más la presión sobre la abogacía de oficio”, ha señalado el decano de la Corporación, Leandro Cabrera. De hecho, de acuerdo con las estimaciones del Consejo General de la Abogacía Española, en Andalucía, la ratio anual de asuntos asumidos por cada letrado pasará del actual 25,5 a 39,4 casos en lo que queda de década. Las bajas remuneraciones que perciben estos profesionales, sumadas a la elevada dedicación y exigente capacitación, son las causas que hay detrás de unas preocupantes cifras, ya que afectan a un servicio dirigido a garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía en condiciones de igualdad. Por ello, el máximo representante de la Abogacía granadina ha insistido en la necesidad de seguir mejorando de forma periódica las retribuciones que perciben estos letrados y las condiciones en las que desarrollan su actividad para asegurar la sostenibilidad del servicio. “La abogacía de oficio no es un voluntariado, es un trabajo que realizan los compañeros y ese trabajo tiene que ser remunerado y, por eso, hoy es un día de reivindicación”, ha indicado Cabrera durante el acto, desarrollado en la Plaza del Carmen, donde se ha presentado la campaña ‘Mismos derechos, mismos profesionales’, puesta en marcha con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, contando por ello con la presencia de representantes municipales de diferentes partidos políticos -Rosario Pallarés, del PP, y Beatriz Sánchez y Mónica Rodríguez, de Vox-. La Justicia Pública en datos Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de AJG del Colegio, Pablo Argente, también ha esbozado algunas de las cifras más destacadas del último balance anual. En este sentido, los letrados granadinos atendieron durante 2025 un total de 48.253 asuntos de Turno de Oficio y Asistencia Letrada, es decir, más de 130 asuntos al día. Por jurisdicciones, Penal sigue siendo el orden más demandado, con el 69% de los asuntos del Turno, seguido de Civil (20%), Contencioso (8%) y Social (3%). En cuanto a los importes destinados al servicio por parte de la Junta de Andalucía, la Justicia Gratuita en Granada supuso el pasado ejercicio una inversión de más de 6 millones de euros, repartidos en los 4,1 millones para el Turno de Oficio, 1,3 para Asistencia Letrada y algo más de medio millón para gastos de infraestructuras. No obstante, pese a las recientes mejoras introducidas en los baremos por la Consejería de Justicia, la inversión media por ciudadano en Andalucía sigue estando en 5,5 euros, por debajo de la media nacional, situada en 7,25 euros. “La Ley de Justicia Gratuita es una ley del año 1996, es una ley que se ha quedado obsoleta, que precisa de reformas estructurales profundas que actualicen la situación real y actual de la justicia y entendemos que aún hay mucho que reivindicar”, ha asegurado Argente, acompañado en el acto por la presidenta y vicepresidenta del Grupo de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio, Rocío Jiménez, Eva Fernández Pando y María Jesús Ruiz Monge, respectivamente, así como el vicedecano del Colegio, Antonio Mir. VII Premios Dignidad y Compromiso Junto a la presentación de los datos, los actos conmemorativos por el Día de la Justicia Gratuita también han incluido la entrega de los VII Premios Dignidad y Compromiso, unos galardones otorgados por el Grupo de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita con el objetivo de destacar el trabajo de un colectivo que garantiza -24 horas al día, 365 días al año- el derecho de defensa de quienes no disponen de recursos económicos suficientes. En esta edición, la Junta Directiva ha distinguido a los letrados Pedro Ruiz Guerrero, Luis Eduardo Gómez Quesada, Margarita Manzano Enríquez de Luna y Ana María Prieto Hermoso, por ser los que más años llevan prestando sus servicios en el Turno de Oficio, “en reconocimiento a su dedicación y permanencia en este servicio esencial para el ciudadano”, según ha comentado Jiménez. Más información: XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en EspañaLa abogacía de oficio atendió en 2025 un total de 48.253 asuntos, lo que equivale a más de 130 asuntos al día en la provincia de Granada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Dia-AJG-1-scaled-p485097-m1513253-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-serviciohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Dia-AJG-1-scaled-p485097-m1513253-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-serviciohttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-serviciohttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-servicio2026-07-13 13:02:012026-07-13 13:02:01sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485085El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sacyr contra el cálculo que hizo el Gobierno de las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado por el rescate de dos de las nueve autopistas que se construyeron bajo el Gobierno de José María Aznar, en pleno 'boom' económico, y que posteriormente quebraron con la crisis financiera y el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que rescatar. En una sentencia fechada el 2 de junio y de acuerdo a la información facilitada por Europa Press, el Alto Tribunal vuelve a apoyarse en la misma jurisprudencia que ya ha usado en muchas otra sentencias anteriores respecto a este tema y urge al Gobierno actual a recalcular las indemnizaciones para pagar cuanto antes a las concesionarias por las inversiones que hicieron y que ahora pertenecen al Estado. Anula, en concreto, la resolución complementaria que aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023 para liquidar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la quiebra y rescate de las autopistas de peaje radiales R-3 y R-5 de Madrid, así como de un tramo de la M-50, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria. Este era el segundo cálculo que el Gobierno realizó y ya aumentaba en 451 millones de euros lo calculado con anterioridad, tras aplicar unas sentencias previas del Supremo en las que anulaba la fórmula inicial aplicada por no ajustarse a derecho. El Supremo reprocha al Ejecutivo que el proceso para determinar esta responsabilidad ha sufrido ya una demora "más que prudente", llevando más de diez años para finiquitar el contrato, por lo que le insta dictar ya la liquidación definitiva "sin necesidad de más demora". Fondos de titulación Cabe recordar que Sacyr ya no gestiona la infraestructura --está en manos de la sociedad pública SEITT-- y que la deuda financiera de la quiebra fue adquirida por fondos de titulación, personados también en la causa, por lo que la RPA no va destinada directamente a la empresa. Pese a ello, el Supremo ratifica que las constructoras mantienen un interés legítimo suficiente para impugnar el cálculo, ya que el proceso no busca reclamar la deuda originaria, sino determinar de forma correcta y legal la cuantificación de dicha responsabilidad patrimonial. La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión que fue adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de 50 años; entró en operación en 2004, pero en 2012 entró en concurso de acreedores y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit se quedaron con la deuda para cobrar las futuras indemnizaciones del Estado. Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ya ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, puesto que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución. De esta forma, por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la A-36, 319; por la A-41, 41 millones, por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros.Anula de nuevo la liquidación de las radiales R-3 y R-5 ante un recurso de la constructora.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/05/shutterstock_447002842-1-p485085-m1513219-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizacioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/05/shutterstock_447002842-1-p485085-m1513219-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizacioneshttps://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizacioneshttps://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizaciones2026-07-13 12:20:572026-07-13 12:20:57administrativoAdministrativo1Administrativo485072La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE), Carlos Gutiérrez Alameda, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a los más de 15.000 ingenieros técnicos agrícolas colegiados integrados en el CGCOITAE, legitimar online sus firmas electrónicas, ante el notario que elijan, en la Sede Electrónica Notarial, dotada de las mayores medidas de seguridad, así como intercambiar la información y documentación que precisen en el desempeño de sus funciones. Los ingenieros técnicos agrícolas son profesionales que desarrollan su actividad en la planificación y dirección de explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias, el regadío, la sanidad vegetal, la mecanización agrícola, la ordenación del medio rural y la protección del medio ambiente. En situaciones de emergencia, como incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos, su intervención resulta esencial para evaluar daños en explotaciones e infraestructuras agrarias, emitir informes y certificaciones técnicas o dirigir actuaciones de reparación y recuperación. Documentos técnicos La posibilidad de legitimar notarialmente su firma electrónica en la Sede Electrónica Notarial permitirá a los ingenieros técnicos agrícolas acreditar con plenas garantías la autoría de sus documentos técnicos, agilizar su tramitación y contribuir a simplificar procedimientos administrativos en beneficio de la ciudadanía. Para la verificación de la firma electrónica será necesario que los ingenieros técnicos agrícolas se registren en la Sede Electrónica Notarial, dándose de alta como usuarios en el Portal Notarial del Ciudadano (https://www.portalnotarial.es/). El CGCOITAE dispondrá de un espacio específico que permitirá al notario verificar la autenticidad de la firma, su pertenencia al firmante y su condición de colegiado ejerciente. Durante la firma, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que “este convenio es un ejemplo de cómo la tecnología y la cooperación institucional pueden ponerse al servicio de la ciudadanía y se integra, además, en el Plan Notarial de Emergencias, una iniciativa con la que el Notariado quiere reforzar su capacidad de respuesta y colaboración en situaciones críticas”. Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, Carlos Gutiérrez Alameda, ha señalado: "Nuestro trabajo está al servicio de agricultores, empresas, administraciones y ciudadanos. Este convenio nos permitirá prestar un mejor servicio, agilizando la tramitación administrativa de numerosos proyectos y reduciendo tiempos en procedimientos que requieren seguridad jurídica. Además, responde a una demanda cada vez más extendida de simplificar trámites sin renunciar a las máximas garantías. Ese es el verdadero valor de este acuerdo". Este convenio forma parte de los acuerdos que el Consejo General del Notariado está impulsando en el marco de su Plan Notarial de Emergencias, concebido como un instrumento para reforzar la coordinación entre el Consejo General del Notariado, los Colegios Notariales, el Centro Tecnológico del Notariado y otros operadores e instituciones. El Plan nace de la experiencia adquirida por el Notariado español en la atención a la ciudadanía durante emergencias como la erupción del volcán de La Palma y la DANA y persigue facilitar una respuesta ágil y eficaz en situaciones críticas mediante el establecimiento de mecanismos de colaboración e intercambio de información con entidades cuyas actuaciones resultan esenciales para la protección de las personas y la recuperación de la normalidad. El convenio contempla, además, la recopilación y el tratamiento de datos obtenidos para las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias; la participación de ambas profesiones en actividades conjuntas, reuniones y grupos de trabajo; así como la organización de jornadas y la difusión de iniciativas y materiales elaborados conjuntamente.El acuerdo se enmarca en el Plan Notarial de Emergencias impulsado por el Consejo General del Notariado para reforzar la colaboración con instituciones y corporaciones cuya actuación resulta esencial en situaciones de emergencia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/10/shutterstock_2258476077-1-p485072-m1513184-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/10/shutterstock_2258476077-1-p485072-m1513184-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicashttps://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicashttps://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicas2026-07-13 12:07:382026-07-13 12:07:38administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico485059El acto, que este año renovó su formato para convertirse en una celebración de alto valor institucional y colegial, puso de relieve el papel de las Secciones como espacios de conocimiento, debate técnico y excelencia profesional. A través de estos galardones, el ICAM reconoce las mejores aportaciones jurídicas del año en las distintas ramas del Derecho, premiando trabajos que destacan por su rigor, creatividad, utilidad práctica y contribución al avance de la ciencia jurídica. La ceremonia contó con la presencia del Decano del ICAM, Eugenio Ribón, presidentes y presidentas de Secciones, representantes de las entidades colaboradoras y numerosos compañeros/as de la abogacía madrileña. Entre ellos, asistió también la Tesorera del ICAM, Lola Fernández Campillo, presidenta de la Sección de Derecho de los Animales, una de las áreas de especialización representadas en esta edición de los premios. El Decano reivindica el papel de las Secciones como comunidad de conocimiento Durante la ceremonia, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, subrayó el orgullo que representa para el Colegio contar con una abogacía capaz de investigar, anticiparse a los cambios sociales y tecnológicos y aportar soluciones jurídicas a los grandes retos del presente. “Estos Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ICAM no son únicamente una entrega de galardones. Son mucho más. Son la expresión de una forma de entender la profesión”, afirmó. En su intervención, Ribón destacó que la abogacía madrileña “no se conforma con aplicar el Derecho: lo estudia, lo cuestiona, lo mejora y contribuye a transformarlo”, poniendo en valor que estos premios reflejan precisamente la misión de una gran institución colegial: “reconocer el talento, estimular la excelencia y generar espacios donde el conocimiento jurídico pueda crecer, compartirse y ponerse al servicio de la sociedad”. El Decano incidió también en el papel esencial de las más de cincuenta Secciones profesionales del ICAM, que representan prácticamente todas las áreas del Derecho y convierten al Colegio en “una verdadera comunidad de conocimiento”. En este sentido, recordó que “las Secciones son el lugar donde el Colegio respira conocimiento” y afirmó que “el ICAM es mejor gracias a sus Secciones”, por su capacidad para conectar la institución con la realidad diaria de la profesión, anticipar debates y reforzar la especialización jurídica. Además, Ribón quiso detenerse en la alta participación de jóvenes en esta edición, un dato que calificó como “especialmente esperanzador” y que refleja la implicación de las nuevas generaciones en la vida colegial. En concreto, 14 de los 45 abogados y abogadas seleccionados son jóvenes menores de 35 años y, si se suman los estudiantes premiados, más de la mitad de los reconocimientos concedidos corresponden a talento joven. “Cuando los jóvenes abogados investigan, escriben, proponen y se implican en la vida colegial, el futuro de la profesión deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una realidad tangible”, subrayó Ribón, animando a los jóvenes premiados y participantes a aportar su mirada, su energía y su capacidad para hacer preguntas nuevas. Por último, Ribón quiso felicitar de manera especial a todos los autores y autoras reconocidos, cuyas aportaciones pasarán a formar parte del patrimonio intelectual del Colegio. “Vuestros trabajos serán leídos, compartidos y publicados. Vuestras ideas pasarán a formar parte del patrimonio intelectual de este Colegio”, afirmó, antes de cerrar su intervención recordando que “el ICAM no es una sigla. El ICAM sois vosotros”. Un reconocimiento a todas las ramas del Derecho La edición de 2026 de los Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ha reconocido 45 aportaciones jurídicas que reflejan la diversidad, profundidad y especialización de la abogacía madrileña. Los trabajos premiados abordan cuestiones decisivas para el presente y el futuro del Derecho, desde la inteligencia artificial, los neuroderechos, la protección de datos, el legal design, la responsabilidad civil por sistemas automatizados o la gobernanza del neurodato, hasta materias como la fiscalidad, el consumo, la empresa, la familia, la contratación pública, la reestructuración, el arbitraje, el Derecho societario o las garantías bancarias. La gala también puso de relieve la capacidad de la abogacía para responder a desafíos sociales de enorme actualidad, con investigaciones centradas en la protección de menores, la igualdad, la discapacidad, la extranjería, los derechos humanos, la justicia cognitiva, el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental, el turismo, los videojuegos, el deporte, la energía o la seguridad jurídica en contextos de transformación tecnológica y económica. Entre los trabajos galardonados destacan, además, propuestas vinculadas a nuevas fronteras del Derecho, como la regulación del riesgo de colisión en órbitas terrestres bajas, el uso de blockchain y smart contracts en el arbitraje, la protección de consumidores ante nuevas formas de financiación, el derecho al error en el sistema tributario, la fiscalidad territorial frente a la despoblación, el modelo Barnahus para la protección de víctimas menores de edad o los mecanismos adecuados de solución de controversias tras la Ley Orgánica 1/2025. Todos estos trabajos reflejan una abogacía inquieta, rigurosa y comprometida con la mejora del ordenamiento jurídico, capaz de combinar tradición y vanguardia para ofrecer respuestas especializadas a una sociedad cada vez más compleja. Con esta nueva edición, los Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ICAM consolidan su papel como una de las iniciativas de referencia del Colegio para promover la investigación aplicada, la excelencia técnica y la generación de conocimiento desde todas las ramas del Derecho. Un cierre de altura Tras la entrega de los galardones, la ceremonia abrió su tramo final con un espacio dedicado a reforzar el carácter participativo del encuentro y a reconocer el apoyo de las entidades colaboradoras de las Secciones, cuya implicación resulta fundamental para impulsar la especialización, la formación continua y la generación de conocimiento jurídico en el seno del ICAM. La ceremonia contó con un momento participativo de la mano de SEPIN, uno de los patrocinadores de las Secciones del ICAM, que dinamizó la gala con una actividad motivadora a través de un Kahoot jurídico. La iniciativa permitió implicar a los asistentes de forma distendida y culminó con la entrega de un premio a los tres ganadores de la dinámica. El acto concluyó con la felicitación a todos los premiados y premiadas, así como con el agradecimiento a las presidentas y presidentes de las Secciones, a las entidades colaboradoras —Lefebvre, Colex, AON, SEPIN, Maite IA, Zero Coma, Traducciones Jurídicas, RSM y Hermes Capital— y a todos los profesionales que hacen posible esta iniciativa, concebida para reconocer el talento jurídico de la abogacía madrileña y proyectar el papel del ICAM como institución de referencia, abierta al futuro y comprometida con la especialización, la innovación y el servicio a la sociedad. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]El Patio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acogió la entrega de los Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ICAM 2026, una ceremonia que reunió a más de 200 invitados entre premiados, familiares, presidentes y representantes de las Secciones en una gala concebida para reconocer el talento, la especialización y la capacidad de innovación de la abogacía madrileñahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/PREMIOS-INNOVACION-DEL-ICAM-p485059-m1513153-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/celebrada-la-entrega-de-los-premios-a-la-innovacion-juridica-secciones-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/PREMIOS-INNOVACION-DEL-ICAM-p485059-m1513153-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/celebrada-la-entrega-de-los-premios-a-la-innovacion-juridica-secciones-2026https://elderecho.com/celebrada-la-entrega-de-los-premios-a-la-innovacion-juridica-secciones-2026https://elderecho.com/celebrada-la-entrega-de-los-premios-a-la-innovacion-juridica-secciones-20262026-07-13 11:54:002026-07-13 11:54:00derecho-ticDerecho TICDerecho TIC485046Con el objetivo de reconocer el peso estratégico de la abogacía de empresa, reforzar la protección del secreto profesional y crear una comunidad estable para los profesionales in-house, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha puesto en marcha una nueva etapa de relación con este colectivo mediante el lanzamiento de una web especializada llamada a convertirse en su punto de entrada al ecosistema del ICAM. La iniciativa se dio a conocer este miércoles en el marco del primer Afterwork de la Abogacía de Empresa del ICAM. En el acto participaron el decano del ICAM, Eugenio Ribón; la diputada responsable de Abogacía de Empresa, Ana Buitrago; y las copresidentas de la Sección de Abogacía de Empresa, Elia Esteban García-Aboal y Mercedes Carmona, quienes enmarcaron el proyecto dentro de una estrategia de apoyo a un colectivo llamado a desempeñar un papel clave en la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo, la innovación legal, la sostenibilidad, la gobernanza y la protección reputacional de las compañías. Liderazgo jurídico El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, puso en valor la función de estos profesionales en ámbitos como los comités de dirección, las operaciones estratégicas, la gestión de crisis, la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo, la transformación digital, la sostenibilidad, la reputación corporativa y la cultura ética, y situó el lanzamiento del nuevo portal dentro de una apuesta institucional más amplia para reforzar la visibilidad, el reconocimiento y la protección profesional de quienes ejercen la abogacía desde el interior de empresas, instituciones y organizaciones. “La abogacía de empresa no es solo soporte jurídico; es liderazgo jurídico. Es motor estratégico. Es clave para el desarrollo económico y social”, afirmó. “Cuando una empresa decide, muchas veces hay un abogado o una abogada de empresa ayudando a que esa decisión sea más segura, más responsable y más respetuosa con el Derecho”, destacó. Uno de los ejes centrales de su intervención fue la defensa del secreto profesional en el ámbito corporativo. “El secreto profesional no es un tecnicismo. No es una cuestión corporativa. No es una frase que repetimos por tradición. Es una garantía esencial de nuestra profesión”, señaló el decano, que defendió que esta garantía “no desaparece cuando el abogado trabaja dentro de una empresa”. En este sentido, Ribón reclamó una protección clara de la confidencialidad y de la independencia técnica del abogado de empresa, al considerar que ambas resultan esenciales para que el asesoramiento jurídico pueda prestarse con libertad, rigor y utilidad dentro de las organizaciones. “Desde el ICAM defendemos que el secreto profesional, la confidencialidad y la independencia técnica de la abogacía in-house deben estar claramente reconocidos y protegidos. Defender el secreto profesional de los abogados de empresa es defender a la profesión. Pero es también defender a las empresas y a la seguridad jurídica”, añadió. La diputada responsable de Abogacía de Empresa, Ana Buitrago, puso especial énfasis en la necesidad de adaptar las garantías profesionales a los entornos reales en los que hoy se ejerce la abogacía de empresa. “Para un abogado de empresa, la confidencialidad no está solo en un expediente. Está en un correo electrónico. En una reunión interna. En una presentación para un comité. En un informe preliminar. En una llamada urgente. En un chat de trabajo. En un portátil. En un móvil. En una carpeta compartida. En una investigación interna. En una recomendación que quizá evita una mala decisión”, explicó. Puerta de entrada al ICAM La nueva plataforma web, disponible en abogaciaempresa.icam.es, nace como una portal especializada para centralizar los servicios, recursos y contenidos del Colegio más relevantes para el ejercicio profesional en entornos corporativos, siendo el primer recurso de estas características en nuestro país. El portal agrupa, así, información sobre formación, jornadas, congresos, recursos jurídicos, protección profesional, secreto profesional, bases de datos, normativa, Observatorio de Derecho UE, biblioteca o canales de participación directa con la institución, entre otros contenidos. “Esta plataforma no es solo una web. Queremos que sea vuestra puerta de entrada al ICAM”, explicó Ribón, que invitó a los profesionales de la abogacía de empresa a participar activamente en la vida colegial, trasladar propuestas, plantear problemas, compartir buenas prácticas y ocupar el espacio que les corresponde dentro del Colegio. Buitrago vinculó el proyecto al diagnóstico trazado por la primera encuesta sobre la abogacía de empresa, que realizó la revista del ICAM, Otrosí y que ofrecía una fotografía de un colectivo maduro, cualificado y con peso real dentro de las organizaciones: “Ese estudio no solo nos dio datos. También nos ha marcaba un camino. Nos habéis pedido cercanía. Utilidad. Formación conectada con la práctica. Espacios de relación entre iguales. Visibilidad. Canales estables para participar. Y nos habéis pedido algo muy importante: que el Colegio no aparezca solo en momentos puntuales, sino que esté disponible de forma continuada. Esa es la idea que hay detrás del proyecto que hoy presentamos: pasar de la actividad aislada a una relación más permanente”, ha explicado Ana Buitrago. El nuevo hub digital permitirá identificar de manera sencilla formación y actividades orientadas a departamentos jurídicos y abogados in-house en materias como inteligencia artificial aplicada al trabajo jurídico, ciberseguridad, investigaciones internas, secreto profesional, compliance, contratación, sostenibilidad, gobierno corporativo, protección de datos, litigación empresarial, gestión de riesgos, liderazgo de equipos jurídicos y transformación de la función legal.  “Porque el abogado de empresa del siglo XXI no solo necesita saber Derecho. Necesita conseguir que el Derecho cuente dentro de la organización”, resumió Buitrago. El nuevo espacio digital incorpora también una dimensión participativa. A través de la sección “La voz de la Abogacía de Empresa”, los profesionales podrán trasladar sus principales preocupaciones, prioridades y tendencias emergentes. “Lo más importante de este proyecto no es la tecnología. Es la comunidad que puede ayudar a crear”, subrayó Buitrago, que defendió la necesidad de construir una comunidad de abogados y abogadas de empresa capaz de compartir buenas prácticas, generar criterio, detectar tendencias y construir una voz común dentro del Colegio. En este sentido, Elia Esteban, copresidenta de la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM, destacó la importancia de ese apartado del nuevo portal, concebido como una vía directa de comunicación con los profesionales in-house. “Queremos que este espacio esté abierto a las consultas, inquietudes y propuestas de todos los abogados y abogadas de empresa. La sección debe construirse escuchando activamente a quienes ejercen desde dentro de las organizaciones y dando respuesta a sus necesidades reales”, ha señalado. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]El Colegio de la Abogacía de Madrid ha lanzado el primer portal especializado dedicado a la abogacía de empresa: una plataforma que reúne formación, recursos profesionales, protección del secreto profesional, contenidos jurídicos y canales de participación para abogados y abogadas de empresa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-p485046-m1513116-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-estrena-una-nueva-plataforma-digital-de-la-abogacia-de-empresahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Sin-titulo-p485046-m1513116-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-estrena-una-nueva-plataforma-digital-de-la-abogacia-de-empresahttps://elderecho.com/el-icam-estrena-una-nueva-plataforma-digital-de-la-abogacia-de-empresahttps://elderecho.com/el-icam-estrena-una-nueva-plataforma-digital-de-la-abogacia-de-empresa2026-07-13 09:55:572026-07-13 09:55:57derecho-ticDerecho TICDerecho TIC485027Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 3 de julio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura , por la que se nombra Coordinadora de Informática, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. (B.O.E. núm. 166 de 9 de julio de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos díashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/10/shutterstock_1070250845-p485027-m1513081-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-6-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/10/shutterstock_1070250845-p485027-m1513081-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-6-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-6-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-6-de-julio-de-2-0262026-07-13 09:14:072026-07-13 09:14:07derecho-ticDerecho TICDerecho TIC485011La cuenta atrás para la mayor reforma europea en materia de prevención del blanqueo de capitales ya está en marcha. Aunque el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLR) será aplicable con carácter general a partir del 10 de julio de 2027, los expertos coinciden en que la adaptación no podrá improvisarse durante los últimos meses. Ese fue uno de los principales mensajes del Congreso INBLAC 2026, que reunió a especialistas en cumplimiento normativo, supervisión y prevención del blanqueo de capitales para analizar cómo deberán evolucionar los sistemas de control de los sujetos obligados durante los próximos doce meses. “La transición al nuevo marco europeo no consiste en actualizar un manual de prevención, sino en construir un sistema capaz de demostrar que funciona”, señala Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo- INBLAC. El cambio de enfoque es profundo. El nuevo paquete AML desplaza el foco l de los sistemas de control hacia un modelo proporcional basado en la trazabilidad de su eficacia real. En otras palabras, las organizaciones deberán acreditar que identifican correctamente sus riesgos, que aplican controles proporcionales y que son capaces de demostrar, mediante evidencias objetivas, que esos controles funcionan y se supervisan de forma continua.   DEL CUMPLIMIENTO FORMAL A LA EVIDENCIA Una de las principales conclusiones del Congreso INBLAC 2026 fue que la prevención del blanqueo deja de ser un ejercicio eminentemente técnico para convertirse en una cuestión de gobernanza corporativa. Los órganos de administración deberán asumir un papel mucho más activo, con información periódica sobre riesgos, recursos, deficiencias detectadas, prioridades y planes de mejora. Ya no bastará con aprobar un manual de prevención, sino que será necesario supervisar el funcionamiento real del sistema. En este contexto, el principio de proporcionalidad adquiere una relevancia especial. Cada organización deberá diseñar controles adaptados a sus riesgos específicos y, sobre todo, justificar documentalmente por qué ese modelo resulta suficiente. Como explico Jesús Pindado Delgado, director Compliance Control Riesgo Operativo de UBS Spain Investment Bank en el Congreso, “la proporcionalidad no supone una rebaja de exigencias, sino la obligación de demostrar que el sistema responde adecuadamente al nivel de riesgo asumido”.   EL EXPERTO GANA PESO ESTRATÉGICO El Congreso también puso de relieve la evolución del papel del experto externo, tradicionalmente percibido por muchas organizaciones como una obligación periódica de cumplimiento. Según las conclusiones del encuentro, el informe del experto externo debe convertirse en una herramienta estratégica de diagnóstico independiente que permita identificar debilidades, priorizar mejoras y ofrecer al órgano de administración una visión objetiva sobre el grado de madurez del sistema. Su valor, apuntó Joaquín Mena, vicepresidente de INBLAC, reside precisamente en aportar una mirada externa capaz de detectar riesgos y oportunidades de mejora que, en muchas ocasiones, resultan difíciles de identificar desde la propia organización.   TECNOLOGÍA SÍ, PERO CON SUPERVISIÓN HUMANA Otra de las cuestiones abordadas fue el creciente uso de herramientas tecnológicas y soluciones RegTech para la monitorización de operaciones, el screening de sanciones financieras o la automatización de controles. Los expertos coincidieron en que la digitalización facilitará el cumplimiento, pero recordaron que la responsabilidad seguirá recayendo sobre las organizaciones. La utilización de inteligencia artificial, sistemas automatizados o servicios externalizados es también una fuente de riesgos que exigirá igualmente mecanismos de supervisión, validación, trazabilidad y control humano.   PREPARARSE ANTES DE 2027 Las conclusiones del Congreso apuntan a que las entidades sujetas a la normativa deberían iniciar cuanto antes un proceso estructurado de adaptación que incluya un diagnóstico de brechas respecto al nuevo marco europeo, un plan de transición, responsables específicamente designados y evidencias de las actuaciones realizadas. Quienes esperen a 2027 para iniciar la adaptación difícilmente dispondrán del tiempo suficiente para implantar un sistema sólido, proporcional y plenamente alineado con las nuevas exigencias regulatorias. Para los expertos reunidos en INBLAC, el nuevo paquete AML representa un cambio de paradigma en las obligaciones de las empresas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales, obligándolas a demostrar con evidencias que disponen de sistemas de prevención del blanqueo realmente eficaces.   [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]El Congreso INBLAC 2026 concluye que las organizaciones que retrasen la adaptación al nuevo paquete europeo AML hasta 2027 llegarán tarde a un modelo que exigirá demostrar, con evidencias, que sus sistemas funcionanhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/inblac-scaled-p485011-m1513041-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/celebrado-el-congreso-inblac-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/inblac-scaled-p485011-m1513041-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/celebrado-el-congreso-inblac-2026https://elderecho.com/celebrado-el-congreso-inblac-2026https://elderecho.com/celebrado-el-congreso-inblac-20262026-07-13 09:05:052026-07-13 09:05:05derecho-ticDerecho TICDerecho TIC484998El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha adoptado en su reunión de julio las Directrices sobre el tratamiento de datos personales mediante tecnologías blockchain (Guidelines on the processing of personal data through blockchain technologies), en el que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido la ponente principal en la fase previa a su lanzamiento. Este documento tiene como objetivo ofrecer seguridad jurídica a un entorno tecnológico caracterizado por su alta complejidad y su naturaleza distribuida, elementos que hasta ahora generaban incertidumbre sobre cómo proteger la privacidad de las personas. El gran interés que despierta este tema se ha reflejado en la fase de consulta pública de este texto, convirtiendo a estas directrices en el documento del CEPD que mayor número de contribuciones ha recibido por parte de personas expertas y organizaciones. Con su aprobación, Europa afianza la idea de que el desarrollo tecnológico y la innovación no pueden rebajar los derechos de la ciudadanía, demostrando que la arquitectura blockchain puede ser compatible con la protección de las personas si se planifica bajo un modelo de gobernanza transparente, responsable y orientado a salvaguardar la privacidad. En este sentido, las Directrices referencian la Prueba de concepto sobre blockchain y el derecho de supresión publicada por la Agencia Española de Protección de Datos. Criterios de las Directrices La tecnología blockchain funciona como un libro de contabilidad digital replicado en múltiples ubicaciones donde los datos se enlazan de forma criptográfica, lo que impide que la información validada pueda alterarse o borrarse de forma sencilla. Esta inmutabilidad garantiza la integridad del sistema, pero puede entrar en colisión directa con elementos de la protección de datos como la limitación del plazo de conservación o el derecho al olvido. Para resolver este conflicto, las Directrices aprobadas aportan, entre otros, los siguientes criterios: Evitar los datos personales directamente en la cadena: El Comité desaconseja almacenar datos personales en texto plano directamente dentro de la estructura de bloques. En su lugar, recomienda que los datos identificativos permanezcan guardados en los sistemas convencionales de las empresas (sistemas off-chain) y que en la blockchain solo se registren "pruebas criptográficas de existencia", como funciones hash con clave o compromisos criptográficos. Privacidad desde el diseño: Las organizaciones que implementen proyectos basados en esta tecnología no pueden improvisar la protección de datos. Las directrices exigen incorporar de forma obligatoria medidas técnicas avanzadas de minimización y cifrado desde la fase inicial de concepción del desarrollo técnico. Garantía de los derechos de la ciudadanía: El texto aclara que los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión son tecnológicamente neutros y se deben garantizar plenamente. Las directrices proponen fórmulas técnicas (como la destrucción de las claves de descifrado o el borrado de los datos almacenados fuera de la cadena) para lograr que un registro en la blockchain quede efectivamente anonimizado de forma irreversible a ojos de terceros. Evaluaciones de impacto obligatorias: Debido a los riesgos técnicos inherentes a la replicación masiva y las transferencias internacionales de datos asociadas a los nodos de red, el CEPD establece que las entidades deberán realizar una Evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos (EIPD) antes de poner en marcha cualquier tratamiento con esta tecnología. La consulta pública a la que se ha sometido el documento ha batido un récord de participación, convirtiéndose en el texto del Comité Europeo que más contribuciones ha recibido hasta la fecha.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/05/Blockchain-p484998-m1512984-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-comite-europeo-de-proteccion-de-datos-aprueba-las-directrices-sobre-el-tratamiento-de-datos-personales-mediante-blockchainhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/05/Blockchain-p484998-m1512984-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-comite-europeo-de-proteccion-de-datos-aprueba-las-directrices-sobre-el-tratamiento-de-datos-personales-mediante-blockchainhttps://elderecho.com/el-comite-europeo-de-proteccion-de-datos-aprueba-las-directrices-sobre-el-tratamiento-de-datos-personales-mediante-blockchainhttps://elderecho.com/el-comite-europeo-de-proteccion-de-datos-aprueba-las-directrices-sobre-el-tratamiento-de-datos-personales-mediante-blockchain2026-07-10 12:05:212026-07-10 12:05:21derecho-ticDerecho TICDerecho TIC