https://elderecho.com/feedes484676En el auto, el juez explica que solicitó la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho tras la declaración de un concurso sin masa, el cual se declara ante la ausencia de activos o cuando la realización de esos activos resultaría antieconómica. El juez, al no haberse instado por acreedores el nombramiento de administrador concursal y probarse la insuficiencia de masa activa para abrir liquidación, acordó la conclusión del concurso sin masa. Tras analizar la solicitud del deudor, el magistrado concluye que cumple los requisitos previstos en el Texto Refundido de la Ley Concursal para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, al no concurrir causas de exclusión o prohibición y no haberse formulado oposición por los acreedores. La resolución identifica expresamente los créditos que quedan exonerados -incluyendo varios créditos bancarios y comerciales- y determina el alcance concreto de la exoneración frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, aplicando los límites jurisprudenciales que permiten exonerar 5.000 euros íntegros y el 50 % hasta 10.000 euros sobre los restantes, de modo que se exoneran 8.378,17 euros de las obligaciones frente a esa entidad. Asimismo, el magistrado advierte de que los acreedores no exonerados conservan sus acciones y que los acreedores afectados deben comunicar la exoneración a los sistemas de información crediticia. La resolución es firme, pues contra ella no cabe presentar recurso. Tribunal de instancia de Pontevedra. Auto nº 228/2026 de 1 de julio de 2026.El magistrado de la plaza 1 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia Pontevedra concede a una persona natural -particular- la exoneración de deudas por importe de 6.319.742 euros. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2727655071-2-1-p484676-m1511989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2727655071-2-1-p484676-m1511989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deuda2026-07-06 12:20:562026-07-06 12:20:56mercantilMercantil8Mercantil484689La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) celebrará del 22 al 24 de octubre de 2026, en el Auditorio Ciudad de León, la vigésimo sexta edición de su Congreso Nacional, Laborium, un encuentro de referencia para el análisis de la actualidad del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El programa abordará algunas de las principales cuestiones que centran el debate jurídico-laboral, entre ellas las últimas novedades jurisprudenciales, la transparencia retributiva, la prevención de riesgos laborales, la prueba y las estrategias procesales en la jurisdicción social, la libertad de expresión de las personas trabajadoras en redes sociales, los procedimientos de información y consulta con la representación legal de los trabajadores y el impacto de la inteligencia artificial en la modificación y extinción del contrato de trabajo. Dirigido a abogados laboralistas, graduados sociales, magistrados, jueces, inspectores de Trabajo, personal académico y demás profesionales especializados en el ámbito laboral, el Congreso tiene como finalidad ofrecer un espacio de actualización técnica y de intercambio de conocimiento sobre los cambios normativos, jurisprudenciales y organizativos que afectan a las relaciones laborales. El encuentro contará con la participación de magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia, así como de catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, responsables de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otros especialistas de reconocido prestigio. La inauguración estará presidida por la presidenta de ASNALA, Ana Gómez Hernández. Consulta el programa completo  El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Laboralistas abordará la evolución jurisprudencial, la inteligencia artificial, la transparencia retributiva y otros desafíos de las relaciones laborales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Laborium-ASNALA-26_img-p484689-m1512028-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Laborium-ASNALA-26_img-p484689-m1512028-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajo2026-07-06 12:00:252026-07-06 12:00:25sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social484663Promesas de cancelar todas las deudas, anuncios que garantizan el éxito de una reclamación o profesionales que aparentan ser abogados, pero que no están habilitados para ejercer. El Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) han firmado hoy un convenio de colaboración para combatir los bulos y la desinformación relacionados con los servicios jurídicos. El objetivo de esta alianza es reforzar la protección de los consumidores mediante la promoción de información veraz y el impulso de iniciativas que permitan identificar prácticas engañosas que pueden llevar a los ciudadanos a tomar decisiones con importantes consecuencias para sus derechos. Para ello, el convenio contempla, entre otras actuaciones, la difusión de campañas de protección de los consumidores, la organización y celebración conjunta de jornadas divulgativas y el desarrollo de acciones de sensibilización orientadas a fomentar una información rigurosa y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos. La firma de este convenio da continuidad al trabajo que viene desarrollando Abogacía Española para alertar sobre el incremento de plataformas y operadores que utilizan publicidad engañosa, promesas imposibles de garantizar o mensajes que inducen a error sobre quién presta realmente los servicios jurídicos. Como ejemplo de ello, han difundido este vídeo divulgativo elaborado por la institución en el que se recogen las situaciones más habituales y pautas para ayudar a los ciudadanos. En muchos casos, estas prácticas afectan especialmente a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, como quienes buscan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, afrontan un desahucio o necesitan asistencia jurídica en procedimientos de familia. Entre los mensajes más habituales se encuentran aquellos que prometen resultados garantizados, soluciones inmediatas o la cancelación automática de deudas, así como la utilización de expresiones que pueden hacer creer al consumidor que está siendo asesorado por abogados cuando no siempre es así. A ello se suman prácticas que generan una falsa sensación de urgencia o que ocultan información esencial sobre los servicios contratados. Más allá de la publicidad engañosa, estas situaciones pueden derivar en problemas mucho más graves, como el intrusismo profesional o la contratación de servicios sin las garantías que ofrece un abogado colegiado, cuya actuación está sometida a un estricto Código Deontológico. Con este convenio, Abogacía Española y ASESCON reafirman su compromiso con la protección de la ciudadanía y la defensa de un acceso a la Justicia basado en la transparencia, la confianza y la información veraz. Ambas organizaciones desarrollarán acciones conjuntas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía, promover buenas prácticas y contribuir a que los consumidores dispongan de herramientas que les permitan identificar información fiable y tomar decisiones informadas.El Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores firman un convenio de colaboración para promover información veraz y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos, reforzando así la protección de los ciudadanos frente a prácticas engañosas. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Miguel-Angel-Ruiz-ASESCON-y-Salvador-Gonzalez-CGAE_img-p484663-m1511956-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Miguel-Angel-Ruiz-ASESCON-y-Salvador-Gonzalez-CGAE_img-p484663-m1511956-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicos2026-07-06 11:40:102026-07-06 11:40:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484623El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado las bases que regulan los premios que, a propuesta del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, otorgará el órgano de gobierno de los jueces a aquellas personas, instituciones, asociaciones y entidades públicas o privadas que destaquen por su contribución a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el ámbito de la justicia. La creación de estas distinciones se acordó el pasado 5 de mayo por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, que preside el vocal Carlos Hugo Preciado, y que integran los/as también vocales José Luis Costa Pillado, Esther Rojo Beltrán, Isabel Revuelta de Rojas e Inés Herreros Hernández. La primera convocatoria de los premios se abrirá a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las bases reguladoras aprobadas hoy por el Pleno. Con la creación de los premios a los derechos humanos en la Justicia, el CGPJ pretende dar mayor visibilidad a la labor desarrollada tanto por particulares como por instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito de la justicia, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática. El jurado que decidirá los premios, que se entregarán anualmente, estará compuesto por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, y por los miembros del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos.La finalidad de estos galardones, de nueva creación, es reconocer la labor de particulares, instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la justicia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2672947091-1-p484623-m1511850-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justiciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2672947091-1-p484623-m1511850-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justiciahttps://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justiciahttps://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justicia2026-07-06 11:10:102026-07-06 11:10:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484624Según ha informado la Agencia Tributaria a través de un comunicado, se ha registrado un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha. En concreto, se ha elevado un 3% en número y un 2,9% en importe. El pasado jueves, ya se habían abonado el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes a devolver que se han solicitado. A la conclusión de la campaña se han presentado 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año anterior, de las cuales 16.376.000 con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar. En cuanto a los canales, 2.400.000 declaraciones se han presentado con 'Renta Directa', un 136% más, gracias a un incremento de potenciales beneficiarios que ha convertido esta vía en la primera opción escogida por contribuyentes con declaraciones sencillas. 'Renta Directa', junto con 1.216.000 declaraciones del plan 'Le llamamos' y casi 883.000 de la 'app', suman 4.500.000 declaraciones presentadas de forma sencilla y ágil sin necesidad de acudir a las oficinas, donde a su vez se ha atendido a más de 930.000 contribuyentes. Además, la Agencia ha dado más de 1.518.000 respuestas por los canales de asistencia digital y ha atendido más de dos millones de llamadas para resolución de dudas. 53.700 rectificaciones tras los avisos preventivos A lo largo de la Campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app') a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT. Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual 'Renta Web' ofrece una propuesta con los datos ya incorporados. Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos. 227.800 declaraciones de patrimonio En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros. Al término de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.La Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), que finalizó el pasado 30 de junio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2746962807-1-p484624-m1511869-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-rentahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2746962807-1-p484624-m1511869-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-rentahttps://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-rentahttps://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-renta2026-07-06 10:45:272026-07-06 10:45:27fiscalFiscal6Fiscal484625Pérez-Llorca contará con cerca de 1.300 profesionales y presencia en Barcelona, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Medellín, Monterrey, Nueva York y Singapur, además de Abu Dabi, cuya reciente apertura convierte a Pérez-Llorca en el primer despacho iberoamericano con presencia física en este centro financiero internacional. Miranda Amado ha crecido un 30 % en los últimos 4 años, mientras que Pérez-Llorca lo ha hecho en más de un 87 % en este periodo. Tras la fusión, se estima que las ventas globales proforma de Pérez-Llorca en los últimos doce meses alcancen los 280 millones de dólares aproximadamente. La integración refuerza la capacidad de Pérez-Llorca para asesorar a fondos soberanos, inversores institucionales, entidades financieras, grandes corporaciones y despachos internacionales en sus grandes operaciones, financiamientos, litigios y arbitrajes internacionales, así como en sus cuestiones regulatorias más complejas y estratégicas, conectando Europa, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. La oficina de Lima se integrará plenamente en la estructura, gobierno y modelo operativo de Pérez-Llorca. Socios peruanos se incorporarán a los órganos de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales clave, mientras que la gestión en el país estará dirigida por un Comité Ejecutivo compuesto por socios locales. Asimismo, durante un periodo transitorio, el Despacho operará en el mercado peruano bajo la denominación Pérez-Llorca, Miranda Amado antes de adoptar la marca Pérez-Llorca Perú. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, ha señalado: “La integración con Miranda Amado representa un paso decisivo en nuestra estrategia internacional. Hemos construido una plataforma única para acompañar a nuestros clientes en los principales corredores de inversión entre Europa y Latinoamérica y reforzamos nuestra capacidad para conectar ese eje con algunos de los centros de capital más relevantes del mundo, incluidos Asia y Oriente Medio. Nuestro objetivo es ser la firma de referencia para las operaciones y asuntos más sofisticados del espacio iberoamericano”. Iván Delgado, socio ejecutivo internacional de Pérez-Llorca, ha añadido: “La integración de Miranda Amado y la apertura de Abu Dabi son hitos complementarios dentro de un mismo proyecto. Queremos estar presentes tanto en los mercados que generan capital como en aquellos que ofrecen las mejores oportunidades de inversión y crecimiento. Esta combinación nos permite conectar inversores internacionales con proyectos estratégicos en Europa y Latinoamérica a través de una única plataforma integrada”. Luis Miranda, socio fundador de Miranda Amado, ha destacado: “Esta integración combina el liderazgo y conocimiento local de Miranda Amado con una plataforma internacional de primer nivel. Compartimos una misma visión de excelencia, ambición y servicio al cliente, y estamos convencidos de que esta unión permitirá ofrecer un asesoramiento diferencial a empresas e inversores que operan cada vez más allá de sus mercados tradicionales”.Miranda Amado y Pérez-Llorca han completado con éxito su integración, anunciada el pasado mes de mayo, tras la aprobación de las juntas de socios y órganos de gobierno de ambas firmas, lo que supone un hito para el mercado legal al unir dos firmas líderes en sus jurisdicciones en una única plataforma plenamente integrada líder en el mercado iberoamericano.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Perez-Llorca-y-Miranda-Amado-cierran-su-integracion-p484625-m1511890-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Perez-Llorca-y-Miranda-Amado-cierran-su-integracion-p484625-m1511890-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracionhttps://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracionhttps://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracion2026-07-06 10:22:212026-07-06 10:22:21sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484577El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes su firme rechazo ante la decisión del de no renovar las medidas de refuerzo en órganos judiciales especializados en condiciones generales de la contratación, una decisión que amenaza con agravar de forma crítica la situación de miles de ciudadanos afectados por litigios hipotecarios y bancarios. Los datos evidencian la gravedad del escenario. En la Audiencia Provincial de Madrid, las secciones civiles y mercantiles acumulan 41.061 recursos pendientes, de los que una parte muy relevante corresponde a litigios de ciudadanos y condiciones generales de la contratación. Si se toma como referencia una capacidad media de resolución en torno a 1.500 recursos anuales, la respuesta en segunda instancia puede proyectarse a horizontes cercanos a los 30 años. Es decir, miles de consumidores podrían ver cómo su pleito queda pendiente de apelación durante décadas. La situación en los juzgados especializados tampoco permite margen alguno de complacencia. En primera instancia se están admitiendo a trámite demandas presentadas en 2020, lo que significa que muchos ciudadanos esperan años únicamente para que su reclamación inicie formalmente su recorrido judicial. La retirada de refuerzos no corregirá este retraso: lo agravará. “Una Justicia que llega 20 o 30 años tarde no es Justicia. Es una denegación práctica de tutela judicial efectiva”, advierte Eugenio Ribón, decano del ICAM, en su escrito. En juego la vida de las familias El impacto afecta directamente a procedimientos de enorme trascendencia económica y social: hipotecas multidivisa, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, vencimiento anticipado, intereses abusivos y otras condiciones generales de la contratación incluidas en contratos celebrados con consumidores. No son litigios menores. En los procedimientos de hipoteca multidivisa, las cantidades discutidas pueden alcanzar los 60.000 euros, con consumidores que se enfrentan a riesgos patrimoniales severos e incluso a la pérdida de su vivienda habitual. En los asuntos de gastos hipotecarios, las reclamaciones pueden rondar los 2.000 euros, una cuantía que, aunque menor en términos absolutos, resulta relevante para miles de familias y se multiplica por el volumen masivo de procedimientos. La decisión ministerial afecta, además, a 62 órganos judiciales en toda España, según ha advertido el Consejo General del Poder Judicial, que ha solicitado al Ministerio que reconsidere la denegación de la autorización económica de las medidas de refuerzo. El propio CGPJ ha alertado de que esta situación puede obligar a paralizar o suspender actuaciones jurisdiccionales necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En Madrid, la Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial ha advertido de que la finalización de estos refuerzos afectará directamente a 13 secciones y provocará una ralentización de la actividad judicial, con incrementos de más de cuatro años sobre los tiempos de respuesta actuales. También ha señalado que la litigiosidad civil soportada por la Audiencia multiplica por 4,5 el módulo de entrada establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Para el ICAM, estos datos describen una situación incompatible con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Este derecho no se agota en la posibilidad formal de presentar una demanda: exige una respuesta judicial real, útil y dentro de un plazo razonable. Cuando un ciudadano ve cómo su demanda tarda años en ser admitida a trámite y cómo una eventual apelación puede quedar atrapada durante décadas, la tutela judicial efectiva se vacía de contenido. La Justicia tardía deja de cumplir su función reparadora y se convierte en una carga adicional para quien ya ha sufrido una posible práctica abusiva. Responsabilidad patrimonial El Colegio advierte, además, de que estos retrasos pueden generar daños económicos concretos e individualizados. La demora judicial puede mermar la capacidad financiera de los afectados, prolongar situaciones de endeudamiento, impedir la recuperación de cantidades indebidamente abonadas y agravar la incertidumbre patrimonial de miles de familias. En este contexto, el ICAM recuerda que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración, reclamable cuando se produzcan daños efectivos, evaluables e individualizados. Apoyo del ICAM a la Audiencia Provincial de Madrid La alarma por esta decisión es compartida por el conjunto de los operadores jurídicos. El CGPJ ha reclamado la reconsideración de la retirada de refuerzos en 62 órganos judiciales; las asociaciones judiciales APM, AJFV y FJI han denunciado una pendencia “sencillamente insoportable” en los órganos especializados; y la Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid ha advertido de 41.061 recursos pendientes, afectación a 13 secciones y retrasos superiores a cuatro años. El ICAM ha trasladado, además, su apoyo expreso a la Audiencia Provincial de Madrid ante el contenido de su comunicado y comparte la gravedad de una situación que compromete la tutela judicial efectiva de miles de ciudadanos. Por todo ello, el Colegio exige al Ministerio una rectificación inmediata, el mantenimiento de las medidas de refuerzo y la aprobación de un plan urgente, estructural y suficientemente dotado para reducir la pendencia, evitar nuevas demoras y garantizar que los ciudadanos obtengan una respuesta judicial en plazos compatibles con un Estado de Derecho. La protección de los ciudadanos, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva no pueden quedar subordinadas a criterios presupuestarios. Los datos son concluyentes: sin refuerzos, habrá más retrasos, apelaciones que pueden demorarse cerca de 30 años, más perjuicios para la ciudadanía y un mayor deterioro del servicio público de Justicia.El ICAM advierte, además, de que los retrasos derivados del mal funcionamiento de la Administración de Justicia pueden ocasionar daños concretos e individualizados, dando lugar a responsabilidad patrimonial del Estado.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Sede-del-Colegio-de-la-Abogacia-de-Madrid-edificio-p484577-m1511692-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-la-retirada-de-refuerzos-judiciales-puede-condenar-a-los-ciudadanos-a-esperar-hasta-30-anos-para-obtener-respuestahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Sede-del-Colegio-de-la-Abogacia-de-Madrid-edificio-p484577-m1511692-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-la-retirada-de-refuerzos-judiciales-puede-condenar-a-los-ciudadanos-a-esperar-hasta-30-anos-para-obtener-respuestahttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-la-retirada-de-refuerzos-judiciales-puede-condenar-a-los-ciudadanos-a-esperar-hasta-30-anos-para-obtener-respuestahttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-la-retirada-de-refuerzos-judiciales-puede-condenar-a-los-ciudadanos-a-esperar-hasta-30-anos-para-obtener-respuesta2026-07-03 11:30:482026-07-03 11:30:48sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484528El máximo tribunal europeo ha desestimado la apelación final de Google y Alphabet, lo que confirma que la tecnológica tendrá que afrontar la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea debido a las prácticas que abusaban del dominio de Android en el mercado móvil. Estos cargos se remontan al año 2018 cuando la Comisión Europea determinó que el gigante tecnológico abusó de su posición dominante de Android para obligar a los fabricantes de móviles a preinstalar aplicaciones como Google Search y su navegador Chrome para poder incluir la tienda Google Play Store. Este fallo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cierra un periodo de litigios judiciales que se han extendido a lo largo de ocho años. De hecho, al ser una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la decisión es definitiva e inapelable. Esto significa que el gigante tecnológico no tendrá opciones de recurso. Por tanto, se tendrá que enfrentar al pago de 4.125 millones de euros, una cifra menor que la multa inicial de 4.340 millones de euros que la Comisión Europea estableció en 2018, y que el Tribunal General de la Unión Europea rebajó en 2022 tras anular parte de las acusaciones relacionadas con acuerdos de reparto de ingresos. "Android provee más elecciones para todo el mundo y ofrece soporte a miles de negocios. Esta sentencia no reconoce nuestra inversión significativa para asegurar que Android se mantenga abierto, interoperable y gratuito", ha afirma un portavoz de Google a CNBC ante el fallo del Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, esta defensa por parte de Google sobre la apertura de Android contrasta con las críticas que está recibiendo la tecnológica por el nuevo sistema de verificación de desarrolladores que, a partir de septiembre de 2026, exigirá identidad verificada para incluso instalar aplicaciones fuera de Play Store, lo que se ha convertido en un punto de conflicto con varios desarrolladores y organizaciones de código abierto. Finalmente, las repercusiones futuras de esta sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permitirán presentar demandas civiles independientes citando el fallo como prueba de conducta anticompetitiva, sin tener que probar la infracción desde cero.Google tendrá que enfrentarse a la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por prácticas antimonopolio en el caso Android, tras confirmarse que ha perdido su apelación final.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/03/2014110529d6ab15a0d46b6711b50eeae0424368-p484528-m1511575-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/google-tendra-que-pagar-4-125-millones-de-euros-de-multa-tras-perder-su-ultima-apelacion-ante-la-ue-por-el-caso-androidhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/03/2014110529d6ab15a0d46b6711b50eeae0424368-p484528-m1511575-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/google-tendra-que-pagar-4-125-millones-de-euros-de-multa-tras-perder-su-ultima-apelacion-ante-la-ue-por-el-caso-androidhttps://elderecho.com/google-tendra-que-pagar-4-125-millones-de-euros-de-multa-tras-perder-su-ultima-apelacion-ante-la-ue-por-el-caso-androidhttps://elderecho.com/google-tendra-que-pagar-4-125-millones-de-euros-de-multa-tras-perder-su-ultima-apelacion-ante-la-ue-por-el-caso-android2026-07-03 11:13:052026-07-03 11:13:05derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico484527Así lo ponen de manifiesto los graduados sociales, a través de la Fundación Justicia Social, en el informe 'Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad', en el que se analiza la evolución reciente del absentismo laboral en España y su impacto sobre la productividad, la organización empresarial y la sostenibilidad del sistema público. Según el estudio, el porcentaje de bajas sobre trabajadores protegidos en el Régimen General pasó del 3,41% en 2019 al 5,81% en 2025, lo que supone un incremento del 70,43%. Asimismo, los procesos iniciados crecieron un 14,4%, hasta alcanzar 926.394 en 2025, mientras que los procesos activos superaron los 1,24 millones al cierre del ejercicio. La incidencia mensual media se situó en 40,89 procesos por cada mil trabajadores, una cifra que refleja la intensidad del fenómeno y su peso creciente en la organización del trabajo. Envejecimiento de la población y saturación de la atención primaria El informe identifica como uno de los factores de mayor peso el envejecimiento de la población trabajadora, con un aumento de 1,5 millones de afiliados de entre 50 y 64 años entre 2019 y 2025, y un crecimiento del 160,35% en el grupo de mayores de 64 años. También señala el impacto de los cambios normativos e institucionales, la digitalización de las bajas, la ampliación de permisos de conciliación y la saturación de la atención primaria, con esperas medias de 17,5 días. A ello se suma la generalización de complementos convencionales de incapacidad temporal que, en algunos sectores, alcanzan el 100% del salario real desde el primer día o desde la primera baja del año. El documento destaca que entre el 65% y el 70% del absentismo estructural se concentra en tres grandes grupos de patologías: osteomusculares, trastornos mentales y neoplásicas. En particular, las patologías osteomusculares representan el 45,5% del total de personas en baja, mientras que la salud mental y los riesgos psicosociales suponen el 20,3%. Costes para las empresas y las administraciones públicas El informe subraya que el absentismo genera costes directos e indirectos para las empresas, con especial impacto en las pymes, donde una o dos bajas simultáneas pueden comprometer la actividad diaria. En el ámbito público, el informe recoge que el gasto en incapacidad temporal alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024 y que la Seguridad Social arrastra un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones de euros. El estudio plantea que la respuesta no debe centrarse en recortar prestaciones, sino en mejorar el control, la reincorporación y la prevención. Entre las líneas de actuación propuestas, figuran los modelos de reincorporación progresiva tras bajas de larga duración, la coordinación entre INSS, servicios públicos de salud, mutuas y prevención empresarial, y el refuerzo de políticas de prevención con enfoque de edad. El informe de los graduados sociales concluye que el absentismo debe abordarse como un reto técnico, integral y preventivo, alejándolo de la confrontación entre fraude y recorte de derechos.El Consejo General de Graduados Sociales de España sitúa la tasa equivalente de absentismo en el 5,21% en 2025 y subraya que el fenómeno ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una tendencia estructural impulsada, principalmente, por el incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2728491441-1-p484527-m1511557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-tasa-de-absentismo-escala-al-521-en-2025-y-se-convierte-en-estructural-segun-los-graduados-socialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2728491441-1-p484527-m1511557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-tasa-de-absentismo-escala-al-521-en-2025-y-se-convierte-en-estructural-segun-los-graduados-socialeshttps://elderecho.com/la-tasa-de-absentismo-escala-al-521-en-2025-y-se-convierte-en-estructural-segun-los-graduados-socialeshttps://elderecho.com/la-tasa-de-absentismo-escala-al-521-en-2025-y-se-convierte-en-estructural-segun-los-graduados-sociales2026-07-03 10:55:132026-07-03 10:55:13socialSocial13Social484552La llegada de BDO Abogados refuerza el ecosistema de conocimiento de la patronal en un contexto en el que las empresas deben afrontar un entorno normativo cada vez más complejo, marcado por nuevos requerimientos regulatorios, fiscales y de cumplimiento normativo. En la reunión de incorporación han estado presentes, por parte de Foment del Treball, su presidente, Josep Sánchez Llibre, y el secretario general, David Tornos; y, por parte de BDO Abogados, Enrique Azorín, presidente; Adolfo Soria, socio del área legal; Àngel Serret, director del departamento de Derecho Público y Urbanismo, y Jordi Torras, socio del área de Outsourcing de la oficina de Barcelona. Josep Sánchez Llibre ha destacado que, “la incorporación de BDO Abogados aporta una visión experta sobre aspectos fundamentales para la competitividad empresarial, como la fiscalidad, la seguridad jurídica, el cumplimiento normativo y la eficiencia de las organizaciones”. Por su parte, Enrique Azorín ha subrayado la importancia de “trabajar conjuntamente con las organizaciones empresariales para contribuir a generar un entorno más favorable para la actividad económica y la toma de decisiones de las empresas”. Con una presencia consolidada en Cataluña y un reciente proceso de expansión de sus oficinas en Barcelona, BDO Abogados se ha posicionado como uno de los principales actores en el asesoramiento a empresas e instituciones. La firma participa activamente en el análisis de los retos que afectan a la competitividad empresarial, entre los que destacan los costes de cumplimiento normativo y fiscal, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica.Foment del Treball sigue incorporando organizaciones de referencia del mundo empresarial con la adhesión de BDO Abogados, una de las principales firmas internacionales de servicios profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/BDO-Foment-del-Treball_img-scaled-p484552-m1511638-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/foment-del-treball-incorpora-a-bdo-abogados-para-reforzar-el-debate-sobre-competitividad-y-regulacion-empresarialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/BDO-Foment-del-Treball_img-scaled-p484552-m1511638-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/foment-del-treball-incorpora-a-bdo-abogados-para-reforzar-el-debate-sobre-competitividad-y-regulacion-empresarialhttps://elderecho.com/foment-del-treball-incorpora-a-bdo-abogados-para-reforzar-el-debate-sobre-competitividad-y-regulacion-empresarialhttps://elderecho.com/foment-del-treball-incorpora-a-bdo-abogados-para-reforzar-el-debate-sobre-competitividad-y-regulacion-empresarial2026-07-03 10:50:092026-07-03 10:50:09sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico