https://elderecho.com/feedes484823El Real Decreto 416/2026 modifica de forma significativa el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar el regreso al mercado laboral de los pensionistas, incrementar las opciones de compatibilidad entre pensión y empleo y clarificar el tratamiento de las cotizaciones y de determinados complementos. EL gobierno tiene configura un régimen más flexible, en el que se exige una mayor atención al cumplimiento de las obligaciones de comunicación y a las limitaciones previstas para compatibilidad. En la siguiente infografía repasamos los siete cambios más relevantes de la nueva normativa. Más opciones para compatibilizar pensión y trabajo La reforma amplía los supuestos para compatibilizar la pensión con una actividad laboral. En el caso de actividad por cuenta propia, se permite compatibilizar la pensión con el trabajo autónomo en determinados supuestos en que podrá percibirse una pensión compatible del 25 %. Por otra parte, en actividad por cuenta ajena, se amplían determinados límites. Incentivos económicos para volver a trabajar El nuevo régimen incorpora un incentivo económico para quienes se reincorporen a la actividad al menos seis meses después de haberse jubilado. Nuevas reglas sobre la pensión compatible La reforma también modifica el tratamiento de determinados complementos y el momento en que se producen los efectos económicos de la compatibilidad. Entre los complementos que sí pueden mantenerse figuran el de maternidad y el de reducción de la brecha de género. Nuevas obligaciones para el pensionista La norma refuerza las obligaciones de comunicación frente a la Seguridad Social indicando en qué casos será obligatorio informar y en qué consisten las sanciones. Cambios en la relación entre jubilación flexible y jubilación demorada La reforma aclara cómo interactúan ambas modalidades de jubilación, cuando es compatible, cuáles son las limitaciones y otros casos a tener en cuenta. Las cotizaciones durante la actividad no aumentarán la pensión Esta es una de las novedades más relevantes que afecta al tratamiento de las cotizaciones efectuadas durante la jubilación flexible. La norma establece expresamente que dichas cotizaciones: no mejorarán la pensión ya reconocida; no incrementarán el complemento económico de demora. También, están previstas otro tipo de excepciones. Otros cambios relevantes Finalmente, el Real Decreto introduce dos precisiones adicionales de interés práctico relacionadas con las cotizaciones realizadas después de la jubilación y con las prestaciones de muerte y supervivencia.Lefebvre recoge en una nueva infografía los siete cambios más relevantes que introduce el Real Decreto 416/2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/FLEXIBLE_CABECERA-p484823-m1512460-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/FLEXIBLE_CABECERA-p484823-m1512460-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-2026https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-2026https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-20262026-07-07 13:24:192026-07-07 13:24:19sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social484810KPMG Abogados acaba de anunciar la incorporación de José Luis Pérez-Campoamor como nuevo socio del área de Regulatorio, Administrativo y Competencia, impulsando su posicionamiento como firma de referencia en el asesoramiento en el ámbito del derecho administrativo y sectores regulados. José Luis Pérez-Campoamor cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de 20 años, asesorando en materia de derecho administrativo, con especial foco en operaciones de M A y financiación en sectores regulados como energía, infraestructuras, defensa, transporte, telecomunicaciones y medio ambiente, entre otros. Derecho administrativo Procedente de CMS Albiñana Suárez de Lezo, donde ejercía como counsel en el departamento de Derecho Público y Sectores Regulados, ha desarrollado su carrera también en firmas internacionales como Allen Overy y Clifford Chance, combinando su experiencia en el ámbito del asesoramiento consultivo con la dirección letrada en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos. A lo largo de su carrera, ha participado en asuntos de gran complejidad, asesorando a algunos de los principales operadores del mercado en cuestiones regulatorias, contratación pública y asistiéndoles en litigios contencioso-administrativos. Asimismo, cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas en proyectos normativos, operaciones corporativas y procedimientos sancionadores, combinando una elevada capacidad técnica con un enfoque práctico orientado a negocio Es Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y ha completado formación de especialización en materia de contratación administrativa, colaboración público-privada y medio ambiente, habiendo realizado asimismo cursos de doctorado en Derecho Público. En palabras de Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados, “José Luis aporta una experiencia especialmente valiosa en entornos regulatorios de alta complejidad, donde los aspectos jurídicos y estratégicos están cada vez más interrelacionados. Su llegada refuerza nuestra capacidad para abordar este tipo de desafíos con una aproximación integral”. Con esta incorporación, KPMG Abogados continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación en áreas clave, reforzando su propuesta de valor para acompañar a sus clientes en entornos regulatorios complejos y altamente especializados.En materia docente ha colaborado en cursos de postgrado con diversas instituciones tanto públicas como privadas, como la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), la Universidad Carlos III, el Club de la Energía, la Universidad Autónoma y ESADE.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Jose-Luis-Perez-Campoamor-2-scaled-p484810-m1512426-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogadoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Jose-Luis-Perez-Campoamor-2-scaled-p484810-m1512426-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogadoshttps://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogadoshttps://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogados2026-07-07 13:14:002026-07-07 13:14:00administrativoAdministrativo1Administrativo484734El empleado publicó un video en TikTok durante su jornada laboral revelando el sistema interno de cobro e identificando a la empresa. En la grabación, divulgó los márgenes de beneficio del café (con un coste de 0,20 euros frente a los 5 euros de venta) y se quejó públicamente de recibir un salario precario de 1.400 euros. El 14 de mayo de 2024 la mercantil le comunicó la extinción de la relación laboral alegando despido disciplinario. El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la demandada. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la empresa obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la empresa señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior. Según los magistrados, el tribunal de primera instancia acertó al señalar que el daño afectó a la imagen externa y comercial de la empresa, perjudicando su prestigio y credibilidad. Ha quedado demostrado que el empleado subió un video a TikTok criticando los precios y sueldos de la compañía, mostrando además el sistema interno de ventas (TPV), lo cual ataca directamente la reputación de la entidad. Asimismo, la Sala expresa que la sentencia no ha aplicado un castigo de forma automática; al contrario, ha evaluado detalladamente el contexto, el impacto del video, la gravedad de la falta y su relación con el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Que el empleado no esté de acuerdo con el fallo no significa que la decisión no esté argumentada. En conclusión, la Sala sostiene que publicar un video despectivo en redes sociales durante el horario de trabajo y mostrando herramientas internas de la empresa rompe la confianza laboral, lo que justifica plenamente el despido. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Illes Balears. Sala de lo Social. Sentencia nº 264/2026 de 27 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha confirmado la procedencia del despido a un camarero de un hotel por subir vídeos una red social en horario de trabajo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2592941477-p484734-m1512200-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2592941477-p484734-m1512200-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-sociales2026-07-07 11:00:302026-07-07 11:00:30derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Derecho TIC,Sector jurídico,Social484795La defensa de los artículos finalistas tuvo lugar el pasado 22 de junio de 2026 y, tras la deliberación, el Jurado resolvió conceder el premio de forma compartida. El Jurado de esta XV edición ha estado presidido por María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, y ha contado como vocales con María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada del Tribunal Constitucional y anterior presidenta de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo; Ignacio García-Perrote Escartín, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho del Trabajo; y Yolanda Valdeolivas García, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, el Premio cuenta como secretario con Jesús R. Mercader Uguina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid y Counsel de Uría Menéndez, y como colaboradora académica con Rosario Cristóbal Roncero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicerrectora de Relaciones Internacionales, Cooperación y Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid. El Premio, dotado con 3.000 euros, está patrocinado por Banco Santander e incluye el correspondiente diploma acreditativo. Adicionalmente, los galardonados recibirán una suscripción anual a QMemento Social de Lefebvre. La entrega formal de los diplomas acreditativos tuvo lugar el pasado 2 de julio, durante el Afterwork de verano de FORELAB celebrado en la terraza de las oficinas de Baker McKenzie en Madrid. Los trabajos de los galardonados y finalistas estarán disponibles próximamente en la página web de FORELAB.El Foro Español de Laboralistas (FORELAB) ha otorgado el Galardón de la XV edición del Premio a Jóvenes Laboralistas ex aequo a Nerea Larrinaga Isidoro, letrada de CSIF, por su trabajo “La transposición del permiso parental de la Directiva UE 2019/1158 en España: ¿Una tarea pendiente?”, y a Adriano Fernández Graziano, graduado en Derecho en Antràs Abogados, por su trabajo “Las garantías de la vigilancia de la salud ante la monitorización predictiva y neurotecnológica: análisis crítico”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/entrega-PREMIO-JOVENES-LABORALISTAS-2026-p484795-m1512380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/entrega-PREMIO-JOVENES-LABORALISTAS-2026-p484795-m1512380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequohttps://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequohttps://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequo2026-07-07 10:50:022026-07-07 10:50:02sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484739Alerta sobre la preocupante situación que atraviesa la Justicia en la provincia, donde los retrasos estructurales han alcanzado niveles incompatibles con el derecho de la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva. En este sentido, la Corporación ha recibido en las últimas semanas quejas de varios compañeros por la fijación de juicios para el año 2029, con especial incidencia en la Jurisdicción Social. Esta circunstancia supone que trabajadores, empresas y ciudadanos deben esperar al menos tres años para obtener una resolución judicial sobre cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales que afectan directamente a su estabilidad económica y personal. Por su parte, los profesionales de la abogacía se ven obligados a explicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán afrontar esperas desproporcionadas para obtener una respuesta judicial. Una situación que genera frustración e incertidumbre en los justiciables y, en muchos casos, un inmerecido daño reputacional para el colectivo profesional. Del mismo modo, estas alarmantes dilaciones también causan perjuicios directos para los propios letrados, que no podrán cobrar sus honorarios hasta concluir los asuntos. No se trata de una incidencia puntual, sino de un problema estructural que se ha ido agravando con el paso del tiempo, la implantación de una reforma judicial sin la adecuada planificación ni los recursos necesarios y las continuas incidencias tecnológicas y que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones competentes, ha manifestado el Colegio en un comunicado. La abogacía granadina insiste en que una Justicia a tres años vista deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por ello, el Colegio de Abogados de Granada considera imprescindible la adopción inmediata de medidas que permitan revertir esta situación. En concreto, resulta necesario reforzar las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario; dotar a los órganos judiciales de los recursos materiales y técnicos adecuados; crear nuevos órganos allí donde la carga de trabajo lo exige; y establecer planes específicos de choque para reducir el volumen de procedimientos pendientes y recuperar la agilidad, la eficacia y la confianza en el sistema judicial. Asimismo, la Corporación reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y continuará denunciando cuantas situaciones comprometan el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia, sin perjuicio de colaborar lealmente en la búsqueda de soluciones al creciente colapso judicial.El Colegio de Abogados de Granada denuncia el grave deterioro del servicio público de Justicia ante los inasumibles retrasos en los señalamientos judiciales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/06/005-p484739-m1512277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/06/005-p484739-m1512277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provincia2026-07-07 10:34:402026-07-07 10:34:40sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484736En octubre de 2020, el INSS le denegó la pensión de viudedad argumentando que no reunía los requisitos establecidos para recibir tal prestación "al no haberse aportado la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español". La mujer interpuso una reclamación contra esta resolución explicando que no fue posible inscribir el matrimonio en España porque para ello tenía que aportar el certificado de nacimiento de su marido, nacido en 1938 y registrado en los 'libros cheránicos del Registro Civil del Sahara', pero que era "imposible" localizarlo porque algunos de estos documentos se habían extraviado. Ahora, la Sala Social del TSJC le ha dado la razón y ha revocado la resolución por la que el INSS consideraba la inscripción en el Registro Civil español como "única vía para tener derecho a la pensión de viudedad" y para garantizar la legalidad del vínculo matrimonial celebrado en el extranjero ante el Estado y proteger al erario de un posible fraude. El TSJC invoca la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y recuerda que la falta de inscripción en el Registro Civil no puede perjudicar al beneficiario si la validez del matrimonio celebrado en el extranjero no ha estado cuestionada "en ningún momento" y se han aportado pruebas suficientes de la celebración de la unión.El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido el derecho de una mujer casada en Marruecos en 1965 con un hombre que adquirió la nacionalidad española a recibir una pensión de viudedad después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se lo denegase, según la sentencia consultada por Europa Press.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Cataluna_EDEIMA20121001_0012_1-p484736-m1512254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Cataluna_EDEIMA20121001_0012_1-p484736-m1512254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedad2026-07-07 10:20:372026-07-07 10:20:37socialSocial13Social484735Según el relato probado de la sentencia, en septiembre de 2018, la acusada, como administradora de una empresa, ofreció a la denunciante una oportunidad de negocio que consistía en la realización de un curso para la apertura de una tienda online asegurándole que sería gratis, ya que se financiaría con una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Convencida, firmó en diciembre un contrato de servicios por 2.990 euros. Con el fin de lucrarse y sabiendo que el negocio no era viable, la convenció para pedir un préstamo bancario temporal. Tras gestionar el crédito de 3.200,34 euros con una entidad financiera, la perjudicada transfirió los 2.990 euros a la empresa de la acusada en enero de 2019. Sin embargo, la tienda online -en este caso de ropa deportiva- nunca funcionó porque la mercantil de la procesada no facilitó los proveedores prometidos. Al no ponerse en marcha el negocio, la Junta retiró en 2022 el derecho de cobro de la subvención concedida y la denunciante tuvo que pagar el préstamo íntegramente durante 48 meses sin recibir la ayuda ni recuperar su dinero. Según el tribunal, existen pruebas de cargo válidas y suficientes que respaldan todos los elementos del delito, tales como la documentación de contratos, préstamos y transferencias, los datos de la subvención, los numerosos mensajes de WhatsApp y las declaraciones de ambas partes. Por ello, los magistrados comparten plenamente la valoración de la sentencia impugnada, confirmando que el tribunal de primera instancia aplicó acertadamente el delito de estafa. Los hechos probados demuestran claramente un engaño manifiesto y una puesta en escena engañosa planificada por la acusada desde el principio. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 37/2026 de 30 de abril de 2026El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la pena de seis meses de cárcel, dictada por la Audiencia de Albacete, para una mujer que estafó a otra con un falso curso de formación para la apertura de un negocio online, a quien deberá indemnizar con 3.200,34 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2756191371-1-p484735-m1512218-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratishttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2756191371-1-p484735-m1512218-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratishttps://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratishttps://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratis2026-07-07 10:17:472026-07-07 10:17:47penalPenal9Penal484836Para su desarrollo es necesario disponer de información fiable y contrastada; de datos auténticos, precisos y verificables que circulen por redes seguras. Un requisito también indispensable para la prevención del blanqueo de capitales, de la corrupción y de otros delitos económicos, asunto igualmente prioritario para la Unión Europea. Representantes de las administraciones públicas, juristas, especialistas en transformación digital y miembros del Notariado analizarán estas cuestiones en el Curso de Verano de la Fundación Notariado, que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián bajo el título La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI. El curso será inaugurado por la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y de Fundación Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, junto al director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, y la directora académica de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, Idoia Otaegui. La clausura correrá a cargo del decano del Colegio Notarial del País Vasco, Ángel Nanclares, y de la presidenta del CGN. La conferencia inaugural, El notario como fuente auténtica, será pronunciada por el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis. La primera jornada estará dedicada al papel del dato en la prevención del blanqueo de capitales, con una conferencia del director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, Pedro Galindo, seguida de una mesa redonda en la que participarán el fiscal anticorrupción Tomás Herranz, el notario de Turín Giovanni Liotta y el jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, Mariano García Fresno, como moderador. La jornada se completará con la intervención del catedrático de Derecho Civil Lorenzo Prats, que analizará el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública desde la perspectiva de la regulación de la información. La segunda jornada estará dedicada a la construcción del futuro ecosistema europeo de identidad digital. El programa reunirá a expertos del ámbito institucional, jurídico y tecnológico para analizar el despliegue de la Cartera Digital Europea, el desarrollo de la European Business Wallet y los proyectos que permitirán a empresas y Administraciones operar de forma más segura e interoperable en la Unión Europea. Participarán, entre otros, Salvador Estevan, director de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y experto internacional en regulación digital; Marcos Ruiz, director de Negocio, Operaciones e Internacional del Centro Tecnológico del Notariado; Rob Brand, representante del consorcio europeo WE BUILD; Miguel Aguilar, representante del Registro Mercantil de Suecia y líder del grupo de trabajo sobre constitución de sucursales de WE BUILD; y Paloma Llaneza, miembro del plenario de ETSI-ESI y directora de Certicar. Con esta nueva edición de su Curso de Verano, la Fundación Notariado vuelve a convertir San Sebastián en un foro de reflexión sobre algunos de los principales desafíos jurídicos y tecnológicos de nuestro tiempo, reafirmando el compromiso del Notariado con la generación de información fiable, la innovación y la seguridad jurídica como elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad digital.La implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de Empresas (European Business Wallet) son dos de los grandes retos de la transformación digital europea.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Curso-verano-2026-Notariado_img-p484836-m1512494-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/retos-juridicos-y-tecnologicos-de-la-transformacion-digital-europeahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Curso-verano-2026-Notariado_img-p484836-m1512494-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/retos-juridicos-y-tecnologicos-de-la-transformacion-digital-europeahttps://elderecho.com/retos-juridicos-y-tecnologicos-de-la-transformacion-digital-europeahttps://elderecho.com/retos-juridicos-y-tecnologicos-de-la-transformacion-digital-europea2026-07-07 10:05:072026-07-07 10:05:07sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484676En el auto, el juez explica que solicitó la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho tras la declaración de un concurso sin masa, el cual se declara ante la ausencia de activos o cuando la realización de esos activos resultaría antieconómica. El juez, al no haberse instado por acreedores el nombramiento de administrador concursal y probarse la insuficiencia de masa activa para abrir liquidación, acordó la conclusión del concurso sin masa. Tras analizar la solicitud del deudor, el magistrado concluye que cumple los requisitos previstos en el Texto Refundido de la Ley Concursal para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, al no concurrir causas de exclusión o prohibición y no haberse formulado oposición por los acreedores. La resolución identifica expresamente los créditos que quedan exonerados -incluyendo varios créditos bancarios y comerciales- y determina el alcance concreto de la exoneración frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, aplicando los límites jurisprudenciales que permiten exonerar 5.000 euros íntegros y el 50 % hasta 10.000 euros sobre los restantes, de modo que se exoneran 8.378,17 euros de las obligaciones frente a esa entidad. Asimismo, el magistrado advierte de que los acreedores no exonerados conservan sus acciones y que los acreedores afectados deben comunicar la exoneración a los sistemas de información crediticia. La resolución es firme, pues contra ella no cabe presentar recurso. Tribunal de instancia de Pontevedra. Auto nº 228/2026 de 1 de julio de 2026.El magistrado de la plaza 1 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia Pontevedra concede a una persona natural -particular- la exoneración de deudas por importe de 6.319.742 euros. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2727655071-2-1-p484676-m1511989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2727655071-2-1-p484676-m1511989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deuda2026-07-06 12:20:562026-07-06 12:20:56mercantilMercantil8Mercantil484689La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) celebrará del 22 al 24 de octubre de 2026, en el Auditorio Ciudad de León, la vigésimo sexta edición de su Congreso Nacional, Laborium, un encuentro de referencia para el análisis de la actualidad del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El programa abordará algunas de las principales cuestiones que centran el debate jurídico-laboral, entre ellas las últimas novedades jurisprudenciales, la transparencia retributiva, la prevención de riesgos laborales, la prueba y las estrategias procesales en la jurisdicción social, la libertad de expresión de las personas trabajadoras en redes sociales, los procedimientos de información y consulta con la representación legal de los trabajadores y el impacto de la inteligencia artificial en la modificación y extinción del contrato de trabajo. Dirigido a abogados laboralistas, graduados sociales, magistrados, jueces, inspectores de Trabajo, personal académico y demás profesionales especializados en el ámbito laboral, el Congreso tiene como finalidad ofrecer un espacio de actualización técnica y de intercambio de conocimiento sobre los cambios normativos, jurisprudenciales y organizativos que afectan a las relaciones laborales. El encuentro contará con la participación de magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia, así como de catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, responsables de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otros especialistas de reconocido prestigio. La inauguración estará presidida por la presidenta de ASNALA, Ana Gómez Hernández. Consulta el programa completo  El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Laboralistas abordará la evolución jurisprudencial, la inteligencia artificial, la transparencia retributiva y otros desafíos de las relaciones laborales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Laborium-ASNALA-26_img-p484689-m1512028-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Laborium-ASNALA-26_img-p484689-m1512028-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajo2026-07-06 12:00:252026-07-06 12:00:25sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social