https://elderecho.com/feedes487044El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la red social china en agosto de 2024 por permitir la creación de cuentas de menores de 13 años sin el permiso de sus padres, así como por recopilar información personal sobre dichos menores, infringiendo los términos de la COPPA. Ahora, TikTok, ByteDance y entidades afiliadas, han aceptado pagar un total de 400 millones de dólares para cerrar esta demanda por incumplimiento de la COPPA, tal y como lo ha anunciado el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado. Como resultado, la plataforma deberá pagar inmediatamente 300 millones de dólares. Los otros 100 millones se deberán pagar "en caso de dictación de una orden que anule un decreto de consentimiento previo contra el predecesor de TikTok, Musical.ly", como ha explicado el organismo. Así, se trata de "una de las mayores recuperaciones jamás obtenidas en un caso de COPPA" y, por tanto, representa una "gran victoria" para los niños y padres estadounidenses, como ha matizado al respecto el fiscal general asociado del Departamento de Justicia estadounidense, Stanley E. Woodward Jr. También ha incidido en que este acuerdo es fruto de la prioridad del Departamento de Justicia de "garantizar que los niños estén protegidos 'online'", así como de asegurar que las empresas a las que se les confía información personal "cumplan sus obligaciones legales". Cabe destacar que el organismo también ha subrayado que, desde la demanda presentada en 2024, TikTok ha experimentado "cambios significativos" tanto en su propiedad, como en la gestión y prácticas de privacidad. Concretamente, ha implementado más medidas de seguridad para los usuarios más jóvenes, ha mejorado los controles relacionados con la edad y ha reforzado la supervisión parental, entre otras cuestiones para mejorar la experiencia en la plataforma. Con todo, el Departamento de Justicia estadounidense ha asegurado que con este acuerdo de compensación económica se garantiza que las familias sigan beneficiándose de mejores protecciones en la red social "sin el retraso ni la incertidumbre de litigios prolongados".TikTok ha acordado pagar 400 millones de dólares (alrededor de 342,6 millones de euros al cambio) para resolver un litigio relacionado con el incumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Online de los Niños (COPPA) en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las mayores compensaciones económicas en un caso relacionado con esta ley.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664349-1-p487044-m1519142-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664349-1-p487044-m1519142-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidoshttps://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidoshttps://elderecho.com/tiktok-acuerda-pagar-400-millones-de-dolares-para-resolver-una-demanda-sobre-privacidad-infantil-en-estados-unidos2026-08-24 14:35:472026-08-24 14:35:47derecho-ticDerecho TICDerecho TIC487043Según ha recogido el informe sobre la cibercriminalidad en España en 2025, consultado por Europa Press, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Andalucía aumentó esta cuota a nivel nacional un 0,31% con respecto a 2024, cuando constantó 81.526 ciberdelitos, la tasa más alta a nivel nacional y a la que llegó en 2023, con 81.315 denuncias. En los últimos diez años, la comunidad ha aumentado un 300% el registro de ciberdelitos, ya que las FCSE han constatado 77.946 más infracciones desde 2015. Así, los últimos datos indican que tras la región andaluza, Cataluña (73.400 delitos), Madrid (72.217) y la Comunidad Valenciana (55.109) fueron el año pasado las comunidades con más hechos comunicados a las FCSE. En detalle, el ránking de provincias a nivel andaluz lo lidera Sevilla, con 22.304 denuncias, un 15,5% más que en el periodo anterior; seguida de Málaga, con 19.260 hechos comunicados (+6,2%); Cádiz, con 13.539 ciberdelitos (+7,12%); Granada, con 9.864 denuncias (+4,05%) y Córdoba, que investigó 8.040 hechos cibernéticos, un 8% más que en 2024. De igual modo, Jaén y Almería cuentan con más de cinco mil denuncias al respecto, sin que existan datos concretos, mientras que Huelva es la única provincia andaluza que vuelve a situarse por debajo de los 5.000 ciberdelitos comunicados. A nivel nacional, las FCSE registraron un total de 488.426 ciberdelitos en 2025, un 5,1% más que en 2024, que suponen el 19,8% de la criminalidad total, la mayoría de ellas por estafas informáticas, 19.876 de las cuales han tenido investigación o detención de personas, un 2,9% más que en el periodo anterior. El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 11,4% y representa ya el 14,6% del total de hechos conocidos. Casi nueve de cada diez delitos (429.677) fueron fraudes informáticos (estafas), que aumentaron un 4% respecto a 2024. A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de internet (21.690 casos), que representan un 4,4% del total, lo que supone un incremento de un 11,3% frente al ejercicio anterior del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local. Igualmente, aumentaron los delitos sexuales (21%), los de acceso e interceptación ilícita (40,7%) y los de amenazas y coacciones (2,6%). Por el contrario, descienden un 36% los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y las interferencias de datos y en sistema (-8%). El informe señala también que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (70% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años (23,7%) y de nacionalidad española (75.7%). Además, el número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 383.285, un 9,3% superior a 2024. El 52% son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 51 y 65 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje, que han perjudicado a 146.737 personas.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han registrado un total de 89.124 delitos durante 2025 en Andalucía, lo que supone un aumento del 9,3% con respecto al periodo anterior y sitúa a la comunidad por tercer año consecutivo en el primer lugar en cuanto a hechos denunciados, al gestionar el 18,24% del total de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2669019039-1-p487043-m1519121-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2669019039-1-p487043-m1519121-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-2025https://elderecho.com/andalucia-lidera-por-tercer-ano-los-ciberdelitos-en-espana-con-mas-de-89-000-denuncias-en-20252026-08-24 14:30:332026-08-24 14:30:33ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC487029En la sentencia, que puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, el TSJN revoca un fallo de la plaza nº 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona. La demandante, ingeniera de software en una empresa desde 2006, solicitó en mayo de 2025 trabajar en modalidad de teletrabajo el 100% de su jornada para poder cuidar a su madre . La firma le denegó la solicitud porque no convivía con ella . Desde la pandemia de COVID-19, la recurrente y sus compañeros habían teletrabajado al 100%, pero desde mayo de 2025 la empresa exigió presencialidad al menos dos días a la semana, por requerimiento del cliente principal (Gobierno de Navarra). La empleada demandó a la empresa solicitando el derecho a teletrabajar el 100% de la jornada y una indemnización por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. El tribunal de instancia desestimó la demanda al considerar que la entidad había justificado necesidades organizativas y que la trabajadora ya disfrutaba de tres días de teletrabajo y flexibilidad horaria. El demandante recurrió ante el TSJN. Alegó que la empresa no había cumplido con el proceso de negociación exigido por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que la negativa se basó en un requisito (convivencia) no exigido legalmente. En su sentencia, la Sala de lo Social reconoce que la empresa no abrió un proceso de negociación real , como exige la ley, antes de denegar la solicitud de teletrabajo. “Así pues, no constando en el caso que nos ocupa que la empresa cumpliera con el preceptivo trámite del artículo 34.8 ET, que exige abrir una negociación (de una duración máxima de 15 días) en la que se hicieran propuestas y contrapropuestas, antes de dar una respuesta negativa, considera la Sala que la sentencia sí ha vulnerado el artículo 34.8 ET en cuanto a considerar cumplido el trámite formal, lo que va a dar lugar a la estimación del recurso en cuanto a la petición de la adaptación de jornada solicitada (en forma de teletrabajo todos los días)”, razonan los jueces. Así, los magistrados reconocen el derecho a teletrabajar el 100% de la jornada, pero desestiman la petición de indemnización tanto por daños morales como por vulneración de derechos fundamentales.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una empleada que reclamaba su derecho a teletrabajar el 100% de la jornada para poder cuidar a su madre, diagnosticada con Alzheimer y con un 65% de discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2129756339-1-p487029-m1519073-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2129756339-1-p487029-m1519073-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-teletrabajar-el-100-de-la-jornada-para-cuidar-de-su-madre-enferma2026-08-24 10:57:302026-08-24 10:57:30sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487002Cadena ingresó en la Carrera Fiscal en 1979 y desarrolló buena parte de su trayectoria en distintas fiscalías territoriales antes de incorporarse, en 2007, a la Fiscalía del Tribunal Supremo. En 2015 fue promovido a la categoría de fiscal de Sala del Alto Tribunal y, en 2021, fue nombrado fiscal de Sala jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Durante su etapa en el Tribunal Supremo, Cadena participó en algunos de los procedimientos penales de mayor relevancia jurídica y mediática de las últimas décadas. Entre ellos destaca su intervención en la causa del denominado procés catalán, en la que ejerció la acusación pública ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su llegada a Cremades Calvo-Sotelo refuerza la práctica de Derecho Penal Económico de la firma, un área que abarca tanto la defensa y acusación ante los tribunales como el asesoramiento preventivo a empresas y particulares y las cuestiones relacionadas con corporate compliance. El despacho desarrolla su práctica penal ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con la incorporación de Cadena, Cremades Calvo-Sotelo refuerza un equipo penal integrado por abogados y juristas de amplia trayectoria, especializados en litigación penal y Derecho Penal Económico. Entre sus profesionales destacan Juan Ortiz Úrculo, ex fiscal general del Estado; Antonio Valverde Estepa, director y coordinador del área; y Juan Saavedra Ruiz, magistrado emérito del Tribunal Supremo y expresidente de la Sala de lo Penal. Con su incorporación, Cremades Calvo-Sotelo suma a su estructura la experiencia de un jurista con una extensa trayectoria en el Ministerio Fiscal y un profundo conocimiento de la jurisdicción penal y del funcionamiento del Tribunal Supremo. La llegada de Cadena se enmarca en la estrategia de crecimiento y especialización de Cremades Calvo-Sotelo, que en los últimos años ha reforzado sus equipos con profesionales de amplia experiencia en distintas ramas del Derecho y ha apostado por consolidar sus capacidades en áreas de especialización jurídica.Cremades Calvo-Sotelo refuerza su equipo con la incorporación como socio de Fidel Cadena Serrano, uno de los fiscales de mayor trayectoria y reconocimiento de la Fiscalía española, que se suma a la firma tras más de cuatro décadas de experiencia vinculada al Ministerio Fiscal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Foto-de-Fidel-Cadena-p487002-m1518989-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Foto-de-Fidel-Cadena-p487002-m1518989-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelohttps://elderecho.com/fidel-cadena-se-incorpora-como-socio-de-cremades-calvo-sotelo2026-08-21 12:38:322026-08-21 12:38:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486953La procesada conoció al perjudicado en agosto de 2023 en Zaragoza, momento en el que inician una estrecha amistad llegando incluso a mantener relaciones sexuales. Aprovechando esa relación y bajo la falsa afirmación de trabajar en el consulado de Rumanía y en un despacho de abogados, le pidió determinadas cantidades de dinero para atender diversos problemas personales y familiares ficticios, con el compromiso de devolver el dinero. En este sentido, solicitó de la víctima transferencias por importes de: 6.000 euros, 2.000 euros, 2.000 euros y 1.000 para atender gastos médicos y hospitalarios generados por su madre enferma en Rumanía; y posteriormente, otros 10.000 euros para viajar urgentemente a Rumanía a causa del fallecimiento de su madre y gastos del entierro, circunstancias que no eran ciertas. Por último, valiéndose de excusas y problemas inventados, la víctima le entregó en repetidas ocasiones dinero en efectivo retirado de un cajero. La Sala de lo Civil y Penal señala que la sentencia apelada estima justificado, por una parte, el desplazamiento patrimonial de las cantidades entregadas a la acusada, como el engaño constituido sobre la falsedad de las causas por las que demandaba ayuda económica urgente estimando que, desde un principio, la encausada no tuvo intención alguna de devolver ese dinero, lo que conlleva consigo la “prueba de cargo suficiente sobre el ánimo de lucro”. Por ello, la resolución hace un análisis racional y coherente, que le permite afirmar, con el suficiente juicio de certeza, la realidad del delito y la autoría de la acusada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Aragón. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 43/2026 de 9 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado la condena de dos años de cárcel impuesta a una mujer por estafar a un amigo 34.400 euros bajo el pretexto de atender falsas necesidades personales y familiares.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2658210187-1-p486953-m1518839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2658210187-1-p486953-m1518839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personaleshttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-que-estafo-34-400-euros-a-un-amigo-alegando-falsos-problemas-personales2026-08-21 11:53:292026-08-21 11:53:29penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486952Así lo ha demandado la asociación en una nota de prensa "ante una situación que desborda la capacidad ordinaria" de la Fiscalía de Ceuta, que cuenta con "solo ocho fiscales efectivos" y que "está sometiendo a una enorme presión a sus profesionales". Tras la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, que provocó 83 muertos, UPF ha aseverado que sobre los fiscales de la ciudad autónoma "recae una carga excepcional que incluye guardias reforzadas y actuaciones relacionadas con menores, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad". "Algunos días llegan a realizarse alrededor de 200 entrevistas a personas que manifiestan ser menores de edad en el marco de los procedimientos de determinación de edad", ha apuntado la asociación. La asociación ha explicado que es por ello que el servicio de guardia ha tenido que duplicarse, aunque cree que es necesario "avanzar hacia su triplicación". Servicio permanente de interpretación en Ceuta La UPF ha reclamado al Ministerio de Justicia un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta, "sin depender de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales", ya que consideran que se trata de una de las necesidades "más urgentes". La asociación ha subrayado que este servicio de interpretación "es imprescindible" para atender "cientos de entrevistas en determinadas jornadas". "No estamos hablando de una comodidad organizativa, sino de una herramienta elemental para poder garantizar derechos", han puntualizado. Por otro lado, UPF ha denunciado "una dificultad añadida", ya que la bolsa de fiscales sustitutos "ha quedado desierta", por lo que piden que se articulen "los mecanismos jurídicos, organizativos y económicos necesarios para que fiscales de otros territorios que voluntariamente quieran colaborar puedan desplazarse temporalmente a Ceuta". "Una crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales que se encuentran destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos", ha reivindicado la asociación. La emergencia no permite rebajar las garantías de menores Además, UPF ha puesto de manifiesto "el trabajo de los fiscales y de los funcionarios y funcionarias de Ceuta, así como el esfuerzo extraordinario que se está realizando en el ámbito de Violencia sobre la Mujer". "Su compromiso nos enorgullece, pero nuestro orgullo por su entrega nunca puede convertirse en la coartada para normalizar su sobresfuerzo", han advertido, al tiempo que han pedido que, una vez superada la crisis, su actuación debería recibir un reconocimiento institucional expreso por parte de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, los fiscales han insistido en que "la dimensión de la emergencia no permite rebajar las garantías de menores, potenciales víctimas de trata o violencia sexual ni de las personas que puedan necesitar protección internacional". Y ha añadido que la emergencia puede obligar "a adaptar el funcionamiento de las instituciones", pero "nunca puede modificar el estatuto jurídico de las personas". Por ello, la asociación ha pedido a la Fiscalía General del Estado que "continúe monitorizando permanentemente las necesidades de Ceuta y mantenga la interlocución directa", y ha reclamado al Ministerio de Justicia que "atienda con la máxima celeridad las peticiones que le sean trasladadas" desde el Ministerio Fiscal. "Ante situaciones extraordinarias debemos ensanchar las costuras del Estado, no reducir los derechos. No necesitamos héroes para sostener el Estado de Derecho, necesitamos que el Estado de Derecho sostenga a quienes están en primera línea defendiéndolo", ha concluido la asociación en su comunicado.La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado refuerzos para la Fiscalía de Ceuta ante la "situación extraordinaria" derivada de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, con medidas como un intérprete permanente, triplicar el servicio de guardia o facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales del resto de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2824339805-1-p486952-m1518821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2824339805-1-p486952-m1518821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceutahttps://elderecho.com/fiscales-reclaman-mas-medios-y-efectivos-en-ceuta2026-08-21 11:27:432026-08-21 11:27:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486951España ha pasado de contar con 1.110.376 autónomos vinculados a sociedades en enero a 1.131.752 en junio, un incremento del 1,9%. De ellos, 515.144 son socios de sociedad y 616.608 son miembros de órganos de administración. Estos últimos han aumentado en 18.472 personas desde enero, mientras que los socios de sociedad lo han hecho en 2.904. En junio, los autónomos vinculados a sociedades representan aproximadamente el 32,4% del conjunto de trabajadores autónomos de España. "El crecimiento de los autónomos societarios es, sin duda, una realidad que se puede resumir en una cuestión fundamental: la fiscalidad que tienen las sociedades es mucho más laxa que la de los autónomos que tributan a través del IRPF", ha señalado el presidente de UPTA España, Eduardo Abad. Abad ha indicado que el aumento de autónomos vinculados a sociedades supone "una realidad que merece un análisis fiscal en profundidad". En este sentido, ha defendido que "la decisión de desarrollar una actividad como autónomo persona física o hacerlo a través de una sociedad debería responder fundamentalmente a las necesidades, características y dimensión del negocio, y no estar condicionada por una fiscalidad más favorable para una determinada fórmula jurídica". 3,49 millones de autónomos en junio Por otro lado, España ha alcanzado los 3.490.048 trabajadores autónomos en junio, frente a los 3.420.468 registrados en enero, lo que supone 69.580 autónomos más y un crecimiento del 2% en el primer semestre. La evolución ha sido positiva durante todos los meses analizados, pasando de los 3.420.468 autónomos de enero a los 3.432.008 de febrero, 3.448.635 de marzo, 3.463.806 de abril, 3.476.507 de mayo y 3.490.048 de junio. Para UPTA, estos datos vuelven a poner de manifiesto el peso que tiene el trabajo autónomo dentro del tejido productivo español y la necesidad de impulsar medidas que permitan no solo aumentar el número de actividades, sino favorecer su consolidación, crecimiento y sostenibilidad. Cerca de 490.000 autónomos tienen asalariados El número de autónomos con trabajadores a su cargo ha pasado de 473.555 en enero a 489.396 en junio, lo que supone 15.841 autónomos empleadores más, un incremento del 3,3%. Aunque junio registra un ligero descenso respecto a mayo, cuando se contabilizaron 490.103 autónomos con asalariados, el balance del semestre es positivo y sitúa el número de trabajadores autónomos empleadores muy próximo a las 490.000 personas. En junio, estos autónomos mantienen un total de 1.155.338 puestos de trabajo asalariado. Por dimensión, 255.960 autónomos tienen un asalariado; 98.982 tienen dos; 49.940 cuentan con tres; 28.872 tienen cuatro y 55.642 tienen cinco o más trabajadores. UPTA considera que esta dimensión empleadora debe ocupar un "lugar prioritario" en el diseño de las políticas dirigidas al colectivo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la consolidación empresarial, la contratación y el crecimiento de los pequeños negocios. La organización considera asimismo necesario que las políticas públicas dirigidas al colectivo no se midan exclusivamente por la evolución del número total de altas, sino por su capacidad para favorecer actividades económicamente viables, con mayor supervivencia, capacidad de inversión y potencial de generación de empleo. Abad defiende que hay que conseguir "que el sistema fiscal acompañe el crecimiento y la consolidación de los pequeños negocios" y "avanzar hacia una fiscalidad más equilibrada entre quienes desarrollan su actividad como personas físicas y tributan mediante IRPF y quienes lo hacen a través de sociedades".La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha reclamado una fiscalidad "más equilibrada" entre quienes desarrollan su actividad como personas físicas y tributan mediante IRPF y quienes lo hacen a través de sociedades, después de que los autónomos vinculados a sociedades aumentaran en 21.376 personas durante el primer semestre, hasta superar los 1,13 millones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2668095315-1-p486951-m1518803-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedadeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2668095315-1-p486951-m1518803-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedadeshttps://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedadeshttps://elderecho.com/upta-reclama-una-fiscalidad-mas-equilibrada-entre-autonomos-persona-fisica-y-sociedades2026-08-21 11:21:282026-08-21 11:21:28fiscalFiscal6Fiscal486899El accidente se produjo cuando el trabajador, al finalizar su jornada laboral y mientras descendía una escalera de obra transportando un capazo de herramientas, perdió el equilibrio y cayó por un hueco existente entre los peldaños y la tabiquería. La resolución declara probado que en ese punto de la escalera existía un vacío de 52 centímetros de altura “sin que exista barandilla o elementos materiales entre la escalera y el hueco, ni señalización específica sobre riesgo de posible caída”. La empresa sostenía en el recurso que el accidente obedeció a un caso fortuito o a un mal apoyo del trabajador y defendía que la obra disponía de medidas generales de protección. Sin embargo, la Sala rechaza revisar los hechos probados y concluye que las modificaciones solicitadas carecen de relevancia para alterar el sentido del fallo, ya que el riesgo se localizaba precisamente en el hueco existente en la escalera donde se produjo la caída. La sentencia destaca que la propuesta de recargo se fundamentó en la “existencia de una zona insegura en la escalera, derivada de la diferencia de anchura entre escalones, sin proteger ni señalizar frente al riesgo de caída que hizo que cayera el trabajador”, incumplimiento apreciado por la Inspección de Trabajo y posteriormente asumido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Sala recuerda que el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud lleva aparejada la obligación empresarial de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizarla. Asimismo, cita la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para subrayar que “la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Frente a la alegación de que el trabajador conocía perfectamente la escalera porque había participado en su construcción, el tribunal comparte el razonamiento de la sentencia de instancia y afirma que “el riesgo de caída por el hueco de la escalera es evidente, y la falta de toda medida de seguridad también”, añadiendo que la experiencia del trabajador “no puede servir para neutralizar el riesgo evidente”. La resolución concluye que “existe nexo causal adecuado entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para la integridad física del trabajador accidentado y la conducta del empleador al omitir aquellas medidas de seguridad”, por lo que confirma íntegramente el recargo del 30 % sobre las prestaciones derivadas del accidente de trabajo e impone a la empresa las costas del recurso, fijadas en 800 euros por los honorarios de la representación letrada de la parte recurrida. TSJ de Murcia. Sala de lo Social. Sentencia nº 358/2026 de 21 de abril de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Cartagena que mantuvo el recargo del 30% sobre las prestaciones de Seguridad Social que percibe un trabajador accidentado al apreciar que la empresa incumplió las medidas de seguridad exigibles en la obra.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2634145341-1-p486899-m1518617-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2634145341-1-p486899-m1518617-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obra2026-08-20 13:09:072026-08-20 13:09:07sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social486901Bruselas ha concluido que la operación notificada no plantea problemas de competencia, dada la posición limitada de las empresas implicadas en el mercado resultante de la transacción. La operación se ha examinado bajo el procedimiento simplificado de control de concentraciones. De este modo, la 'joint venture' de estas empresas españolas ha recibido el visto bueno de la Comisión para optar a la Iniciativa de Gigafactorías de IA del bloque comunitario, que se enmarca en la estrategia de soberanía tecnológica de la UE, orientada a reforzar y ampliar la infraestructura soberana de nube e inteligencia artificial en Europa. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 16 de junio la inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la 'SEPI Digital', en el consorcio público-privado que desarrollará esta gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Con esta operación, el Gobierno activó una inversión estratégica para movilizar un proyecto industrial de gran escala y que España participe en una de las principales infraestructuras europeas de IA. Así, la 'SEPI Digital' pasó a formar parte del accionariado de la sociedad que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría. Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.La Comisión Europea (CE) ha aprobado este jueves, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la creación de una empresa conjunta por parte ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', para optar a la gigafactoría europea de IA que el Ejecutivo comunitario construirá en algún Estado miembro.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2578648931-1-p486901-m1518653-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2578648931-1-p486901-m1518653-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europea2026-08-20 12:34:232026-08-20 12:34:23derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486900El proceso se inició en marzo de 2024, cuando la madre de un alumno de 4º de Primaria presentó una denuncia contra la docente, en la que afirmaba que había cometido malos tratos verbales repetidos hacia su hijo y mala praxis. Posteriormente, se recibió otra denuncia. La apertura del expediente disciplinario resolvió la imposición de las sanciones de suspensión, de 8 meses, 1 mes, 15 días y 5 días, por tres infracciones graves y una leve. En la resolución se detalla que la profesora no mantiene el orden en el aula ni el clima de convivencia, que no evalúa a los alumnos de forma objetiva, que no registra los seguimientos de los programas didácticos, que no aplica medidas de atención a la diversidad o que no sigue la programación didáctica. Igualmente, refleja que incurre en negligencia al expulsar a alumnos fuera del aula sin la supervisión de un adulto, al hablar en alto de forma despectiva y haciendo valoraciones de cuestiones privadas, o al desvelar a familias de alumnos datos personales de otros estudiantes. La sanción fue recurrida por la profesora, pero un juzgado de lo contencioso administrativo de Ferrol desestimó sus pretensiones, por lo que recurrió al TSXG. El alto tribunal gallego ha confirmado en una sentencia del pasado mes de junio las sanciones, aunque ha estimado parcialmente el recurso, únicamente en lo que respecta a las costas de primera instancia.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que confirma las sanciones impuestas a una profesora de primaria (y que suman casi 10 meses de suspensión), por varias infracciones graves y una leve, entre ellas, hacer valoraciones despectivas, falta de rendimiento, actuar con negligencia o divulgar cuestiones privadas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663966251-1-p486900-m1518635-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663966251-1-p486900-m1518635-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnos2026-08-20 12:00:232026-08-20 12:00:23administrativoAdministrativo1Administrativo