https://elderecho.com/feedes483752La Sala aprecia en la sentencia las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión e impone también a la penada el pago de una multa de 1.080 euros y de las costas del procedimiento. La resolución judicial, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, le otorga asimismo el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a cambio de que no vuelva a delinquir en un plazo de cuatro años. La asesora, en su calidad de abogada, prestaba servicios de asesoramiento legal para la empresa desde el año 2016 y se encargaba de elaborar los documentos en los que calculaba y comunicaba a la gerencia el importe de la nómina de cada trabajador. La suma de todos estos importes equivalía a la cantidad mensual que la mercantil debía abonar al mes en concepto de nóminas del conjunto de los trabajadores. Según considera probado la sentencia, entre los meses de abril de 2018 y febrero de 2021, la mujer usó la aplicación informática con la que elaboraba estos documentos para inflar los sueldos de algunos trabajadores en relación con los que realmente les correspondía. De este modo, valiéndose de su posición y con claro ánimo de lucro, remitió a la entidad bancaria los documentos manipulados con el nombre del trabajador, el importe de su nómina y la cuenta bancaria donde se debía ingresar la nómina. Sin embargo, en esos documentos añadía nuevas transferencias dirigidas a una cuenta bancaria de su titularidad por la diferencia del importe entre lo que correspondía realmente a cada empleado y el importe inflado que ella había comunicado a la gerencia de la empresa. El total del dinero que logró desviar con esta mecánica a su cuenta bancaria asciende a 57.757 euros, que la mercantil no reclama en este procedimiento. La mujer reconoció los hechos en junio de 2021 e hizo lo propio con posterioridad, en su declaración judicial. La sentencia es firme, por lo que no cabe recurso alguno contra ella.La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa agravada, a una asesora que llevaba las gestiones laborales de una empresa cerámica de Castellón y modificó el importe de las nóminas de varios empleados a fin de quedarse con aumentos de sueldo. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2156593147-1-p483752-m1509125-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-asesora-que-falsifico-las-nominas-de-empleados-de-una-empresa-para-apropiarse-de-aumentos-de-sueldohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2156593147-1-p483752-m1509125-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-asesora-que-falsifico-las-nominas-de-empleados-de-una-empresa-para-apropiarse-de-aumentos-de-sueldohttps://elderecho.com/prision-para-una-asesora-que-falsifico-las-nominas-de-empleados-de-una-empresa-para-apropiarse-de-aumentos-de-sueldohttps://elderecho.com/prision-para-una-asesora-que-falsifico-las-nominas-de-empleados-de-una-empresa-para-apropiarse-de-aumentos-de-sueldo2026-06-22 11:18:552026-06-22 11:18:55penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico483698La operación refuerza la apuesta de Afianza Legal por áreas de alta especialización técnica y sensibilidad humana, y sitúa a Winkels al frente de una nueva vertical dedicada a asuntos de familia, sucesiones y procedimientos transfronterizos. Junto a Isabel Winkels se incorporan ocho profesionales con experiencia en la gestión de casos que requieren un enfoque técnico y humano. Isabel Winkels ha desarrollado una trayectoria especializada en Derecho de Familia y Sucesiones, con especial atención a asuntos de alta complejidad, procedimientos internacionales y situaciones que requieren una combinación de solvencia técnica, sensibilidad personal y capacidad negociadora. Su práctica se ha centrado en la protección de menores, personas vulnerables y patrimonios familiares en contextos nacionales e internacionales. Winkels Abogados aporta, así, su especialización en áreas como divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales, modificaciones de medidas, violencia de género, filiación y jurisdicción voluntaria, herencias y sucesiones, guardas y curatelas, capitulaciones matrimoniales y regímenes económicos matrimoniales. En el ámbito internacional, el despacho está altamente especializado en áreas tan específicas como procedimientos transfronterizos, sustracciones internacionales, divorcios y sucesiones internacionales, el tratamiento de los distintos regímenes económicos matrimoniales o extranjería. Isabel Winkels, socia directora de Winkels Abogados, ha destacado que, “nuestra integración en Afianza nos permite escalar una forma de ejercer el Derecho de Familia basada en el rigor técnico, la especialización y el acompañamiento humano. Supone una oportunidad para seguir desarrollando nuestro trabajo en familia y sucesiones dentro de una estructura con mayor capacidad para ofrecer a nuestros clientes un servicio integral. Mantendremos el modelo que nos caracteriza, centrado en encontrar soluciones que protejan especialmente a los menores y a las personas más vulnerables, ahora con el respaldo de una organización más amplia”. Por su parte, Víctor Torrico, director general de Afianza ha valorado la operación y ha señalado que, “incorporar a Winkels Abogados significa sumar un equipo con conocimiento técnico muy profundo en un área tan sensible como el Derecho de Familia. Isabel Winkels representa exactamente el tipo de liderazgo jurídico que queremos incorporar: especialización, criterio técnico y una forma de acompañar al cliente especialmente valiosa. El despacho cuenta con una trayectoria consolidada en la resolución de casos complejos, tanto nacionales como internacionales, que encajan con nuestro objetivo de ampliar servicios jurídicos de alto nivel”. Winkels Abogados formará parte de la división legal de Afianza, que ha alcanzado en 2025 una facturación de 21,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 73% respecto al año anterior, con más de 220 profesionales. Con esta incorporación, Afianza Legal abre una nueva vertical dentro del departamento legal, ofreciendo a sus clientes un asesoramiento especializado y humano en una materia tan sensible como es el Derecho de Familia y Sucesiones.Afianza Legal, la división jurídica de Afianza, ha cerrado la incorporación de Winkels Abogados, despacho madrileño especializado en Derecho de Familia y Sucesiones, nacional e internacional, liderado por Isabel Winkels.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Afianza_Winkels-Abogados-3-p483698-m1509022-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Afianza_Winkels-Abogados-3-p483698-m1509022-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridicahttps://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridicahttps://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridica2026-06-22 11:05:332026-06-22 11:05:33sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483699Así lo recoge el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Departamento de datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sobre el servicio prestado en 2025 y que confirma un año más la demanda creciente de un servicio "esencial para garantizar el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva de las personas más vulnerables". Las comunidades autónomas con el mayor número de solicitudes fueron Cataluña, con 267.002, lo que supone un 23,1% del total; seguida de Andalucía, con 232.766 solicitudes, el 20,1 por ciento), Madrid (158.945 solicitudes, el 13,8 por ciento) y Comunidad Valenciana (126.233, el 10,9 por ciento). Durante la presentación del observatorio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado "el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia". González ha subrayado que el esfuerzo de miles de abogadas y abogados "constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho". En ese sentido, ha reclamado una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas. A pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio y mientras que el número total de abogados aumenta de 148.867 a 149.515 (648 profesionales más, un crecimiento del 0,4% por ciento), los adscritos al turno de oficio disminuyen. En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo, hasta los mencionados 38.871. El descenso acumulado desde 2020, cuando había 45.275 adscritos es del 14,1 por ciento. De los profesionales adscritos al turno de oficio, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento, mujeres. Las comunidades autónomas con más abogados adscritos al turno fueron Andalucía (8.279), Cataluña (5.722), Madrid (5.631), Comunidad Valenciana (4.475) y Galicia (2.614). "La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. Por ello, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, la Abogacía lleva años reclamando en primer lugar la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones", ha destacado el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Ángel Méndez. Evolución de los importes La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2 por ciento, hasta superar los 355 millones de euros. Este aumento se debe al aumento de las solicitudes y a que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, subieron sus baremos de retribución a lo largo del año. La comunidad autónoma que más invirtió en este servicio fue de nuevo Cataluña (48,4 millones), seguida de Madrid (42 millones), Valencia (36 millones) y Andalucía (30 millones). Los mayores crecimientos se encuentran en Aragón, con un 17,8 por ciento, seguida de La Rioja, con un 12,3 por ciento; Ceuta con 11,7 por ciento y Asturias, con 8,5 por ciento. La inversión media por ciudadano fue de 7,25 euros al año, cantidad que varía mucho de unas comunidades a otras. Esta cifra se ve afectada por el número de solicitudes y por del volumen de asuntos de extranjería. Las comunidades con mayor inversión fueron Ceuta (19,13 euros); Canarias, (11,41 euros) y Melilla, (11,32 euros). Méndez ha destacado la necesidad de una nueva ley: "Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro: los baremos que retribuyen a los profesionales del Turno de Oficio deben revisarse y actualizarse de forma adecuada. No es razonable exigir un servicio público esencial del siglo XXI con una financiación anclada en parámetros del pasado". Distribución de importes por concepto En turno de oficio crece un 2,2%. Los incrementos más destacados son Aragón (26,1 por ciento), seguido de Ceuta (14,1 por ciento), País Vasco (8,5 por ciento) y Galicia (6,5 por ciento). La asistencia letrada al detenido aumenta un 5,9 por ciento y es la partida que más crece entre las grandes áreas operativas. Las mayores subidas son en La Rioja (21 por ciento), Castilla y León (17,3 por ciento), Valencia (12,3 por ciento) y Castilla-La Mancha (11,3 por ciento). En violencia de género aumenta un 1,1 por ciento a nivel nacional, siendo las más grandes Galicia (18,4 por ciento), Asturias (14,7 por ciento), Cataluña (12,2 por ciento) y País Vasco (10,8 por ciento). Las designaciones de abogados subieron un 0,02 por ciento. En materia de violencia de género suben un 5,1 por ciento, mientras que en extranjería bajan un 12,6 por ciento. En relación con los procedimientos judiciales, la diferencia entre territorios resulta especialmente significativa. Por ejemplo, la compensación prevista para un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio (zona común) asciende a 291 euros, mientras que por la misma actuación se abonan 782 euros en el País Vasco, 442,21 euros en Galicia, 440 euros en la Comunidad Valenciana y 427,51 euros en Cataluña. Asimismo, en materia de violencia de género los datos del observatorio observan importantes disparidades retributivas. Mientras que en el territorio Ministerio la asistencia individualizada en un procedimiento penal se remunera con 87,63 euros, en otras comunidades autónomas los importes son sensiblemente superiores, hasta 139,65 euros; en Galicia, 128 euros en la Comunidad Valenciana; 122 euros en Canarias y 110 euros, en Cantabria. La Abogacía ha recordado que el acceso a la justicia gratuita en España se basa en la valoración conjunta de la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, para determinar si dispone de recursos suficientes para afrontar los costes de un procedimiento judicial. Esta revisión la realizan las comisiones de asistencia jurídica gratuita. Tienen derecho a la justicia gratuita las personas que acrediten carecer de medios económicos suficientes conforme a los límites establecidos por la ley. Con independencia de su nivel de ingresos, también pueden acceder a ella víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos en los procedimientos relacionados con su condición de víctimas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuando actúan en defensa de sus derechos laborales, además de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato. "La fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del turno de oficio. Si queremos preservar nuestro Estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción. En este desafío, España no puede permitirse fallar", ha concluido el presidente de la Abogacía Española.Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2025 alcanzaron los 1,15 millones, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los abogados adscritos al turno de oficio fueron 38.871, un 2,7 por ciento menos que en 2024.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2790982137-1-p483699-m1509085-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-27https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2790982137-1-p483699-m1509085-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-27https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-27https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-272026-06-22 11:02:112026-06-22 11:02:11sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483765Con más de 30 años de trayectoria, Ifedes se ha consolidado como una firma de referencia en el acompañamiento a empresas en sus procesos de crecimiento, especializándose en la orientación al mercado, la transformación de modelos de negocio y el desarrollo estratégico desde un enfoque integral. Esta integración permitirá fortalecer la división de Consultoría de Auren incorporando un equipo multidisciplinar de 15 profesionales con amplia experiencia en estrategia, marketing, ventas, internacionalización, innovación, organización y gestión del cambio. Al frente del equipo se incorpora como socio Tomás Guillén que cuenta con una amplia trayectoria en consultoría estratégica, innovación, emprendimiento e inversión, siendo director general de Grupo Ifedes desde 1992. Guillén cuenta además con una destacada vinculación al ecosistema emprendedor y de inversión. Fue presidente fundador de la red nacional de business angels BIGBAN, y, durante más de 20 años, ha participado como emprendedor e inversor en más de 50 empresas. Ha sido presidente de la Asociación de empresas de Consultoría de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Empresas Consultoras FENAC-CEOE. Así como, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana CEPYMEV – CEV. Ifedes ha desarrollado durante más de tres décadas un modelo propio orientado a acelerar la adaptación de las organizaciones al mercado, combinando el desarrollo de negocio (Market Development) con la gestión del cambio interno (Change Management). Este enfoque estratégico e integral permite acompañar a las compañías desde la definición estratégica hasta la implantación operativa de los proyectos, alineando personas, procesos y mercado. La firma tiene, además, una sólida experiencia trabajando junto a instituciones, agrupaciones sectoriales e institutos tecnológicos, contribuyendo al impulso de la competitividad empresarial y al desarrollo económico del territorio. Esta integración refuerza las capacidades que Auren ya venía desarrollando en ámbitos como logística, cadena de suministro, gestión de procesos, estrategia y analítica de negocio o la optimización de costes. A partir de esta base, Auren amplía su propuesta de valor en ámbitos como la transformación empresarial, marketing y desarrollo de mercado, dinamización comercial y experiencia de cliente, internacionalización o innovación, ofreciendo un enfoque más completo e integrado para acompañar a las empresas en sus retos de crecimiento y eficiencia. En palabras de Mario Alonso, presidente de Auren, “esta integración refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Consultoría y por la incorporación de equipos con una sólida trayectoria y una visión muy alineada con nuestro modelo de acompañamiento a clientes. Ifedes aporta experiencia, conocimiento del mercado y una cultura de creación de valor que encaja plenamente con Auren”. Por su parte, Guillermo Giménez, socio de Consultoría de Auren en Valencia, ha señalado que “la incorporación de Ifedes supone un impulso muy relevante para nuestra oficina y para el área de Estrategia y Procesos dentro de Consultoría a nivel nacional. Sumamos un equipo con gran experiencia en estrategia y desarrollo de negocio, lo que nos permitirá ampliar capacidades y reforzar nuestra propuesta de valor en el mercado valenciano y nacional”. En palabras de Tomás Guillén, “integrarnos en Auren representa una oportunidad para seguir creciendo, aportar valor a nuestros clientes desde una organización más amplia y mantener nuestro compromiso con el acompañamiento estratégico, la transformación y el desarrollo empresarial”. Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Auren, basada en la incorporación de talento y el fortalecimiento de sus capacidades en servicios de alto valor añadido, manteniendo su enfoque multidisciplinar y su cercanía al cliente.Auren ha incorporado a la firma valenciana Ifedes con el objetivo de reforzar sus capacidades en consultoría estratégica, desarrollo de mercado y transformación organizativa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Guillermo-Gimenez-y-Tomas-Guillen-socios-de-Auren-Consultoria-p483765-m1509163-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-integra-la-firma-ifedes-para-reforzar-su-division-de-consultoriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Guillermo-Gimenez-y-Tomas-Guillen-socios-de-Auren-Consultoria-p483765-m1509163-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-integra-la-firma-ifedes-para-reforzar-su-division-de-consultoriahttps://elderecho.com/auren-integra-la-firma-ifedes-para-reforzar-su-division-de-consultoriahttps://elderecho.com/auren-integra-la-firma-ifedes-para-reforzar-su-division-de-consultoria2026-06-22 10:45:562026-06-22 10:45:56sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483697La Sala de lo Social del TSJC en su sede de Las Palmas revoca parcialmente la sentencia de instancia que había desestimado la demanda de la trabajadora, declara la “nulidad radical” del acto empresarial, ordena restituir el permiso de la trabajadora y condena a la empresa a abonar 84,12 euros más 1.500 euros para la madre y 1.500 euros para el bebé en concepto de daño moral, al entender que el niño está legitimado para ser parte en el pleito por aplicación al caso de la perspectiva de infancia. La resolución aborda un conflicto derivado de la negativa de la empresa Aeromédica Canaria a conceder a una trabajadora madre de un bebé de 15 meses el permiso retribuido previsto en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia razona que el caso debe analizarse con perspectiva de género y de infancia, y considera que la denegación empresarial, basada en una lectura estricta del justificante médico, no fue conforme con la finalidad protectora del permiso. Según los hechos probados, la trabajadora venía prestando servicios para la empresa con antigüedad desde septiembre de 2020 y tenía a su cargo un hijo de 15 meses. El 7 de febrero de 2025, una facultativa del Servicio Canario de Salud emitió un informe en el que se hacía constar: “Lactante requiere de cuidado por la madre durante 3 días. A los efectos oportunos”. Con esa base, la trabajadora pidió a la empresa la concesión del permiso retribuido de cinco días por enfermedad grave y necesidad de cuidados del menor. La empresa respondió que no procedía reconocer el permiso del artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores porque la documentación aportada solo justificaba, en su criterio, la ausencia de ese mismo día o, en su caso, una situación encuadrable en otros supuestos distintos del permiso reclamado. Después, la trabajadora no acudió a su puesto los días 10 y 11 de febrero de 2025, y la empresa descontó 84,12 euros de su nómina por absentismo. El juzgado de instancia desestimó la demanda, pero el TSJ revoca ahora esa decisión en parte. La Sala sostiene que el permiso de cuidadores, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, debe interpretarse atendiendo a su finalidad de conciliación y a la necesidad efectiva de cuidados, no desde una óptica excesivamente formalista. La resolución afirma que “la trabajadora dispone de un informe o certificación pública, de especialista médico, que justifica la necesidad de cuidado importante del familiar” y que en este caso el documento no fue impugnado por la demandada. Carga probatoria desproporcionada El tribunal da relevancia a la corta edad del menor y razona que, tratándose de un bebé lactante, la exigencia de acreditar la gravedad de su dolencia, argumento de Aeromédica para denegar el permiso, no puede traducirse en una carga probatoria desproporcionada que obligue a revelar datos de salud especialmente sensibles. La sentencia subraya que “para un bebé puede ser grave, un padecimiento puntual, que sería anodino para una persona adulta” y añade que el concepto de enfermedad grave, en este contexto, “debe ser siempre interpretado de forma flexible, nunca restrictiva o excluyente, ni con una perspectiva adultocéntrica”. La Sala también aprecia un impacto de género desproporcionado en el conflicto y considera que la negativa empresarial puede constituir una discriminación por razón de género respecto de la madre, además de una discriminación por asociación respecto del menor. Por ello declara la nulidad radical del acto empresarial y fija una indemnización por daño moral, aunque en una cuantía inferior a la pedida en la demanda al entender que las vulneraciones se circunscribieron a un período breve y sin constancia de reiteración. La resolución incluye además un voto particular, en el que se sostiene que no concurre el presupuesto habilitante del permiso porque no se acredita accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo domiciliario, y que la interpretación con perspectiva de género no puede crear un régimen jurídico distinto del previsto legalmente. TSJ de Canarias. Sala de lo Social. Sentencia nº 848/2026 de 11 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declara vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación por razón de género de una mujer trabajadora y de su hijo lactante, al entender que la empresa le denegó injustificadamente un permiso de cinco días para atender al menor. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2765059077-1-p483697-m1509004-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2765059077-1-p483697-m1509004-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactante2026-06-22 10:38:412026-06-22 10:38:41socialSocial13Social483696En esta tercera edición, el Premio Sandía ha recaído en Carlos Berbell, mientras que el Premio Melón ha sido otorgado a Beatriz García. Asimismo, el jurado ha concedido la Raja de Sandía a Javier de Antonio y la Raja de Melón a Carlos Capa. Durante el acto de entrega, el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó la extraordinaria calidad de las candidaturas presentadas este año y subrayó que la elección de los premiados fue especialmente compleja debido al elevado nivel de los trabajos analizados. “Estos premios no reconocen únicamente un artículo concreto. Reconocen una forma de ejercer el periodismo, una sensibilidad especial hacia los problemas reales de ciudadanos, autónomos, pequeños negocios y familias, y una voluntad constante de explicar la realidad con rigor, independencia y valentía”, señaló. Fernando Santiago recordó que durante las deliberaciones aparecieron numerosos trabajos de gran calidad firmados por profesionales de referencia del periodismo económico, jurídico y social, destacando que “los premiados de este año son los que son porque había que tomar una decisión, pero perfectamente podrían haber sido otros compañeros cuyos trabajos también han contribuido a explicar reformas complejas, denunciar problemas, visibilizar injusticias o dar voz a quienes muchas veces no la tienen”. El presidente de los gestores administrativos quiso insistir en que estos galardones no pretenden reconocer ideologías ni posiciones políticas, sino el ejercicio de un periodismo independiente y comprometido con la sociedad. “Premiamos el trabajo bien hecho. Premiamos la independencia. Premiamos la capacidad de formular preguntas incómodas y de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor cómo les afectan las decisiones económicas, jurídicas y administrativas”, afirmó. Los Premios Sandía y Melón nacieron con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales de la información que contribuyen a acercar a la ciudadanía asuntos complejos relacionados con la economía, la fiscalidad, la actividad empresarial, la justicia, la administración pública o los derechos de los ciudadanos. Desde su creación, estos galardones se han consolidado como un espacio de encuentro entre periodistas y profesionales, con el propósito de poner en valor la importancia de una información rigurosa, independiente y útil para la sociedad. Galardonados 2026 Premio Sandía 2026 Carlos Berbell (Confilegal), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. Premio Melón 2026 Beatriz García (LibertadDigital), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. Raja de Sandía 2026 Javier de Antonio (La Razón), cuenta con una dotación económica de 500 euros. Raja de Melón 2026 Carlos Capa (CincoDías), cuenta con una dotación económica de 500 euros. El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha hecho entrega de los Premios Sandía y Melón 2026, unos galardones que reconocen el trabajo de periodistas que, desde distintos medios de comunicación, contribuyen a acercar a los ciudadanos cuestiones económicas, jurídicas y administrativas de especial relevancia social.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/III-Premio-Sandia-y-Melon-ICOGAM-p483696-m1508973-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/III-Premio-Sandia-y-Melon-ICOGAM-p483696-m1508973-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresas2026-06-22 10:15:512026-06-22 10:15:51sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483778Diferencia Legal ha incorporado a Vicente Franco como nuevo socio responsable del área de IA, Transformación Digital y Management de Despachos, en una apuesta estratégica por consolidar su posicionamiento como firma innovadora y acompañar a los despachos en procesos de evolución tecnológica, crecimiento y transformación organizativa. Con esta incorporación, la consultora amplía significativamente su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas vinculadas a inteligencia artificial, automatización, LegalTech y gestión estratégica de despachos, en un momento clave para el sector legal. Vicente Franco tiene una dilatada experiencia en innovación y transformación digital. Ingeniero informático, Vicente cuenta con un MBA y habla español, inglés e italiano. Su trayectoria combina experiencia tecnológica, visión de negocio y profundo conocimiento del ecosistema legal, lo que le convierte en uno de los perfiles más completos y diferenciales en el ámbito de la transformación digital aplicada al sector jurídico. Antes de incorporarse a Diferencia Legal, Vicente Franco fue director de Tecnología e Innovación de Ontier, donde lideró la transformación digital de la firma en España y en su red internacional. Posteriormente desempeñó el cargo de COO en Across Legal durante cinco años. Además, ha sido directivo en multinacionales como BP (British Petroleum), NCR, SAP (Business Objects) y ha asesorado como consultor de negocio e innovación a organizaciones de primer nivel como El Corte Inglés, Coca-Cola, Grifols, LinkedIn, Pluta, Sagardoy, Salesforce o Telefónica, entre muchas otras. Desde Diferencia Legal destacan que la llegada de Vicente Franco supone un paso decisivo en el crecimiento de la firma y en su capacidad para ayudar a los despachos a afrontar los retos derivados del nuevo escenario tecnológico y competitivo. David Muro, socio de Diferencia Legal, ha señalado que “la incorporación de Vicente supone un salto cualitativo muy importante para nosotros. Su perfil combina algo muy difícil de encontrar: conocimiento tecnológico profundo, visión estratégica y una capacidad extraordinaria para entender las necesidades reales de los despachos. Compartimos la misma visión sobre cómo debe evolucionar el sector legal y sobre la importancia de utilizar la tecnología y la inteligencia artificial con criterio, impacto y una orientación radicalmente práctica”. Por su parte, Alfonso Everlet, socio de Diferencia Legal, ha destacado que “Vicente encaja perfectamente con la filosofía de Diferencia Legal. No solo por su experiencia y reconocimiento profesional, sino por su manera de entender la innovación: cercana al negocio, cercana al cliente, aterrizada y enfocada en generar resultados reales y tangibles. Su incorporación nos permite reforzar nuestra propuesta de valor y ofrecer un acompañamiento aún más diferencial a nuestros clientes”. El nuevo socio liderará el desarrollo de servicios especializados en transformación digital y management de despachos. Entre ellos destacan proyectos de gobernanza y adopción sostenible de inteligencia artificial, automatización de procesos mediante IA, diagnóstico y planificación tecnológica, implantación de soluciones LegalTech y ERP jurídicos, gestión del cambio tecnológico y dirección de workflows masivos en entornos B2C. Asimismo, impulsará nuevas líneas de asesoramiento vinculadas al management y crecimiento de firmas legales, incluyendo integraciones comerciales derivadas de operaciones de M A, automatización de análisis de competidores con IA, implantación de metodologías CRM, business intelligence y reporting de KPIs, diseño organizativo, planes de carrera, políticas salariales, evaluación de desempeño y programas de fidelización y formación de talento para socios y perfiles senior. Para Vicente Franco, su incorporación a Diferencia Legal responde a una visión compartida sobre el futuro del sector jurídico. “Diferencia Legal tiene algo muy especial: ambición, cercanía y una forma distinta de entender la profesión. Estamos en un momento de transformación enorme para el sector legal y creo que los despachos necesitan acompañamiento estratégico y práctico para subirse a esta ola y aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial y la tecnología. Me ilusiona muchísimo unirme a un proyecto con tanta personalidad, tanta buena gente y tantas ganas de hacer las cosas de manera diferente”. La incorporación de Vicente Franco se enmarca en la estrategia de crecimiento de Diferencia Legal, orientada a consolidar una propuesta de asesoramiento innovadora, transversal y altamente especializada en el sector legal, ayudando a organizaciones y profesionales a adaptarse y competir con éxito en un entorno cada vez más digitalizado, competitivo y exigente.Diferencia Legal incorpora a Vicente Franco como socio responsable del área de IA, Transformación Digital y Management de Despachos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto-NdP-Alfonso-Everlet-Vicente-Franco-David-Muro-p483778-m1509207-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/vicente-franco-nuevo-socio-de-diferencia-legalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto-NdP-Alfonso-Everlet-Vicente-Franco-David-Muro-p483778-m1509207-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/vicente-franco-nuevo-socio-de-diferencia-legalhttps://elderecho.com/vicente-franco-nuevo-socio-de-diferencia-legalhttps://elderecho.com/vicente-franco-nuevo-socio-de-diferencia-legal2026-06-22 10:00:072026-06-22 10:00:07sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483538La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha confirmado la sentencia que declaró resuelto un contrato de arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 y ordenó al inquilino entregar la posesión del inmueble a su propietaria. La resolución desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el arrendatario. La controversia se centraba en determinar si concurría la causa legal que permite al arrendador denegar la prórroga forzosa de un contrato de renta antigua cuando necesita la vivienda para sí. El inquilino sostenía que, al tratarse de un arrendamiento vitalicio, la recuperación del inmueble no podía producirse mientras siguiera vivo, además de cuestionar la existencia de una necesidad real y la validez del requerimiento previo. La Sala rechaza estos argumentos y recuerda que la LAU de 1964 contempla expresamente la resolución del contrato cuando concurra alguna de las causas de denegación de la prórroga forzosa, entre ellas la necesidad del propietario de ocupar la vivienda para sí. La sentencia destaca que, aunque estas causas deben interpretarse de forma restrictiva, en el presente supuesto han quedado acreditados todos los requisitos exigidos legalmente. En relación con la necesidad alegada, el Tribunal considera acreditado que la propietaria carece de otra vivienda en propiedad y desea ocupar el inmueble para desarrollar una vida independiente. La resolución recoge doctrina jurisprudencial según la cual la necesidad no debe entenderse únicamente como una situación forzosa o ineludible, sino también como una situación que supera la mera conveniencia y constituye un medio adecuado para satisfacer un fin legítimo. En este sentido, cita resoluciones del Tribunal Supremo que admiten que la voluntad de llevar una vida independiente puede integrar el concepto legal de necesidad. La Audiencia también avala la validez del requerimiento efectuado al arrendatario. Según expone, la comunicación remitida por la propietaria identificaba claramente a la persona que necesitaba la vivienda, explicaba la causa de la necesidad y se realizó con más de un año de antelación, cumpliendo así las exigencias previstas en la legislación arrendaticia de 1964. La Sala añade que el hecho de que la propietaria hubiera obtenido una plaza profesional en otra localidad no elimina su derecho a recuperar la vivienda para utilizarla conforme a sus necesidades personales y laborales. La sentencia subraya además que el conflicto entre el interés del propietario y el del inquilino debe resolverse, en este caso, en favor del titular del dominio, como manifestación del derecho de propiedad reconocido en el artículo 348 del Código Civil, que faculta a su titular para gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites establecidos por la ley. Por último, la Audiencia rechaza la pretensión indemnizatoria formulada por el arrendatario. Razona que la LAU de 1964 reconoce determinados derechos económicos al inquilino que abandona la vivienda tras el requerimiento, pero también establece que perderá toda indemnización si deja transcurrir un año sin desalojarla y sin causa justificada. Al no haber abandonado el inmueble dentro de ese plazo, la Sala concluye que el arrendatario perdió cualquier derecho indemnizatorio derivado de la recuperación de la vivienda por necesidad de la propietaria. La resolución confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cartagena. AP de Murcia. Sección 5ª. Sentencia nº 75/2026 de 3 de marzo de 2026.La sentencia recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 permite denegar la prórroga forzosa cuando concurre una causa legal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarse2026-06-19 14:28:562026-06-19 14:28:56civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario483614La Asociación Española de Consultores de Empresa (AECEM) ha sido reconocida por la Plataforma del Tercer Sector como nueva Embajadora de la Casilla Empresa Solidaria, una iniciativa que permite a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra de su Impuesto de Sociedades a proyectos de interés social sin asumir ningún coste adicional. Asesorías y despachos profesionales La Plataforma del Tercer Sector representa a cerca de 28.000 entidades sociales. La entidad ha destacado la capacidad de AECEM para acercar esta iniciativa a miles de empresas a través de sus asociados. Con este nombramiento, AECEM pasa a formar parte de la red de entidades embajadoras. Su encargo es promover la Casilla Empresa Solidaria. También sensibilizar a las empresas sobre la importancia de incorporar la sostenibilidad y el compromiso social en su gestión diaria. Según destacó Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, la incorporación de AECEM supone un avance significativo. Reconoció que los asesores de empresas son aliados estratégicos para trasladar esta iniciativa al conjunto del tejido empresarial, especialmente a las pymes. Cultura empresarial comprometida Durante el acto de reconocimiento, Ana Mato, presidenta de AECEM puso en valor el papel que desempeñan los asesores en la evolución de las empresas hacia modelos más responsables. En este sentido, señaló que los profesionales del asesoramiento no solo acompañan a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales. «Los asesores también contribuyen a transmitir valores y cultura empresarial», aseguró. Una visión que encaja plenamente con la misión de AECEM de impulsar un asesoramiento profesional que genere valor para las empresas y para la sociedad. Casilla Empresa Solidaria La Casilla Empresa Solidaria ofrece a todas las empresas que presentan el Impuesto de Sociedades la posibilidad de destinar el 0,7% de su tributación a financiar proyectos sociales desarrollados por entidades del Tercer Sector. Se trata de una decisión voluntaria que no supone ningún coste adicional para la empresa ni incrementa la cantidad a pagar en el impuesto. Para marcarla, basta con seleccionar la opción «Otros caracteres – Fines sociales» en la: Casilla 00073 del modelo 200. Casilla 069 del modelo 220. Los fondos obtenidos se destinan a iniciativas que trabajan por la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Compromiso con la responsabilidad empresarial Como entidad de referencia del sector del asesoramiento empresarial, AECEM considera que las asesorías desempeñan un papel fundamental a la hora de informar y acompañar a las empresas en la toma de decisiones que generan impacto positivo. La incorporación a la red de Embajadores de la Casilla Empresa Solidaria supone un paso más en el compromiso de la asociación con una empresa más responsable, sostenible y comprometida con la sociedad. Desde AECEM, un año más se seguirá trabajando para que asesorías y empresas conozcan la Casilla Empresa Solidaria. Igualmente, se impulsarán acciones para su difusión. Si quieres más información visita la web: Casilla Empresa SolidariaUn año más se pone en valor la implicación de AECEM en la difusión de una herramienta que contribuye a fortalecer el compromiso social del tejido empresarial español. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AECEM-Embajadora-de-la-Casilla-Empresa-Solidaria-p483614-m1508670-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AECEM-Embajadora-de-la-Casilla-Empresa-Solidaria-p483614-m1508670-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidaria2026-06-19 14:00:312026-06-19 14:00:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483627Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 8 de junio de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra Gerente del Instituto de Microelectrónica de Sevilla. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026). - Resolución, de 5 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por la que se nombran Director y Subdirectora Adjunta de la División de Tecnologías de la Información. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026). - Acuerdo 10/2026, de 13 de junio del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. (B.O.C.Y.L. núm. 113 de 15 de junio de 2026). - Resolución, de 10 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra Consejero Técnico de Transformación Digital en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (B.O.E. núm. 148 de 18 de junio de 2026). - Resolución, de 15 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se nombran 3 Jefas de Servicio de Sistemas Informáticos y 1 Jefa de Proyectos Informáticos en el Fondo Español de Garantía Agraria. (B.O.E. núm. 149 de 19 de junio de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).  Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p483627-m1508701-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p483627-m1508701-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-0262026-06-19 13:17:342026-06-19 13:17:34derecho-ticDerecho TICDerecho TIC