https://elderecho.com/feedes491809Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria han inaugurado este lunes el I Congreso Nacional de Gestión Pública, una cita que reúne durante dos jornadas a destacados expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para abordar los principales retos normativos, organizativos y tecnológicos que afrontan las administraciones públicas. El Congreso, que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria en formato híbrido, ha contado en su inauguración con Antonio Morales Méndez, presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria; Antonio Llorens de la Cruz, viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias; Francisco Hernández Spínola, Concejal de Gobierno del Área de Presidencia, Hacienda, Modernización, RRHH y Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Esther García Cabrera, Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre, quienes han dado paso a un programa centrado en el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales del sector público y privado. Durante su intervención Antonio Llorens, ha manifestado que “es fundamental trasladar un mensaje de defensa de la democracia, de los valores democráticos y del bien común, además de poner en valor el papel de las administraciones públicas”. Por su parte, Antonio Morales recalcó que “la IA abre grandes oportunidades y plantea nuevos retos para la gestión pública, pero ninguna tecnología puede sustituir el criterio, la ética y la vocación de servicio público de las personas que trabajan en las administraciones”. Los instrumentos jurídicos de gestión pública, a debate La primera sesión se centró en los actuales retos de la gestión pública, de la mano de las directoras académicas del Congreso, Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado, e Isabel O. Gutiérrez Santana, directora insular de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, así como de Felícitas Benítez Pérez, Letrada del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. Durante la charla, se destacó la importancia de avanzar en la modernización de las administraciones a través de la innovación tecnológica, la gestión del talento público y la toma de decisiones conforme a la legalidad, con el objetivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y garantizar el interés general. En este sentido, Pilar Cuesta subrayó que “la IA, los retos de la sanidad y la ciberseguridad son cuestiones clave para la gestión pública. Debemos avanzar hacia administraciones más eficientes y seguras, sin olvidar que detrás de cada decisión hay personas y, en el ámbito sanitario, pacientes”. A continuación, María José Santiago Fernández, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y anterior directora jurídica de TRAGSA y TRAGSATEC, ha analizado la naturaleza jurídica de los encargos a medios propios, los requisitos que deben cumplir estas entidades y los mecanismos de control aplicables a esta fórmula de gestión. Gutiérrez Santana; Roberto Reyes Torres, Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Política Exterior de la Dirección General de Relaciones con África de la Presidencia del Gobierno de Canarias; Victoria González Trujillo, Jefa del Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, y Dunnia Rodríguez, Coordinadora General de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, profundizaron en las subvenciones como instrumento para la gestión de intereses generales, con especial atención a la problemática de los plazos de ejecución de las ayudas concedidas a otros entes públicos. Además, han coincidido en la necesidad de apostar por la plurianualidad de las subvenciones para adaptar su ejecución a los tiempos reales de la gestión administrativa. Posteriormente, Israel Expósito Suárez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y coordinador académico del Congreso, ha abordado los convenios como fórmula de cooperación entre administraciones, además de sus características y las herramientas que ofrecen para favorecer la colaboración en el ámbito local, puntualizando que “ambas partes, aunque no tengan el mismo ámbito territorial, deberían participar en una posición de igualdad” a la hora de definir el contenido de los convenios.  Bajo la moderación de Ángeles Ojeda Ojeda, Jefa de Servicio del Órgano de Apoyo del Gobierno Insular, los expertos Antonio Armas Romero, Interventor General del Cabildo Insular de Gran Canaria; Javier Aythami García González, Jefe de Servicio Administrativo de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, y María José Santiago Fernández, abordaron las diferencias y puntos de conexión entre subvenciones, convenios y encargos, así como los principales desafíos que plantea su aplicación práctica en la gestión pública. La IA, una oportunidad para la gestión pública A lo largo de la tarde, el Congreso continuará con nuevas sesiones centradas en el buen gobierno de los centros sanitarios, con especial atención a la gestión, la eficiencia y la sostenibilidad; la aplicación de la inteligencia artificial jurídica a la gestión pública; y la implementación de soluciones jurídicas y económicas basadas en IA en el ámbito sanitario. Asimismo, se abordará el papel de la transformación digital en la mejora de la gestión sanitaria y social, a través de las tecnologías de la información y otras herramientas, así como los principales retos de la función pública en materia de temporalidad y carrera profesional. En este contexto, Lefebvre profundizará en las oportunidades que ofrece la IA para el sector público a través de GenIA-L, su plataforma IA de confianza para el trabajo jurídico, y analizará cómo esta tecnología contribuye a agilizar los procesos de trabajo, facilitar el acceso al conocimiento jurídico especializado y reforzar la seguridad jurídica en la actividad de los profesionales de la Administración. El Congreso continuará el 10 de noviembre, con nuevas sesiones centradas en la gestión del talento público, la transformación digital y los principales retos de la función pública, como la evaluación del desempeño, la temporalidad, la estabilización y la carrera profesional. La segunda jornada también abordará los desafíos de la ciberseguridad, las oportunidades que ofrece la IA para simplificar los procedimientos administrativos y reducir cargas burocráticas, así como la importancia de promover un lenguaje claro y accesible en la Administración pública. Esta primera edición ha sido posible gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), la Federación Canaria de Islas (FECAI), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales y ANEXPAL.Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria inauguran la primera edición del encuentro, que ha reunido a expertos del ámbito jurídico y administrativo para analizar los principales desafíos del sector público.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/FO51FO_B-p491809-m1533979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/FO51FO_B-p491809-m1533979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvre2026-11-09 17:27:242026-11-09 17:27:24administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico491806El sindicato impugnó la resolución al considerar que establecía unos servicios mínimos abusivos y excesivos que hacían impracticable el ejercicio del derecho de huelga. Entonces, en primera instancia, la Audiencia Nacional anuló dicha resolución al considerar que los servicios mínimos fijados incurrían en falta de motivación por omitir fijar el número o el porcentaje de trabajadores convocados a la huelga que debían prestar esos servicios, dejando su determinación a la empresa. Posteriormente, fue confirmada en casación por el Tribunal Supremo por ser suficientemente motivada y entender que la concreción del número de trabajadores que habían de cubrir los servicios mínimos, mediante cifra o porcentaje, no correspondía a la autoridad gubernativa, según el texto. Para el Tribunal Constitucional, el alcance subjetivo (trabajadores implicados) de los servicios mínimos se lleva a cabo en la resolución sirviéndose de fórmulas "indeterminadas, faltas de concreción y objetivación". A su juicio, "no circunscriben el ámbito de actuación posterior del empresario a la complementación técnica o funcional que la doctrina constitucional ha considerado admisible delegar en aquél, sino que habilitan un grado de discrecionalidad en esa actuación que supone, en la práctica, un apoderamiento a la parte empresarial en el conflicto laboral que menoscaba el elemento de imparcialidad que es exigible en la determinación de los servicios mínimos". Mismo resultado consiguió recientemente USO también en relación a los servicios mínimos durante una huelga del tripulantes de cabina de Ryanair en 2022. Fue estimado su recurso de amparo al declarar vulnerado el derecho de huelga contra una sentencia del Tribunal Supremo que validaba una resolución del Ministerio de Transportes sobre este tema, también impugnada.El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por USO al declarar vulnerado el derecho de huelga contra una resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que fijaba los servicios mínimos de los servicios públicos esenciales a mantener en Ryanair e Ihandling Aviation durante la huelga del personal de servicios de asistencia en tierra entre octubre de 2022 y enero de 2023.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2750042331-1-p491806-m1533941-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-2022https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2750042331-1-p491806-m1533941-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-2022https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-2022https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-20222026-11-09 13:16:402026-11-09 13:16:40socialSocial13Social491807La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la sentencia que condena a nueve meses de prisión a una mujer por las lesiones causadas a una trabajadora sanitaria mientras le prestaba asistencia en la vía pública. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha confirmado la obligación de la condenada de abonar una multa e indemnización de 600 euros. En su resolución, la Sala ha tenido en cuenta la atenuante de anomalía psíquica. Los hechos ocurrieron cuando una ambulancia del Servicio de Emergencias Sanitarias acudió a auxiliar a la acusada, que se encontraba tendida en una vía pública de Zaragoza. Durante la asistencia, comenzó a insultar a los dos sanitarios y agredió a la técnico de emergencias, a quien sujetó del cuello, propinó golpes y zarandeó repetidamente hasta que su compañero intervino para frenar la agresión. Posteriormente, durante su traslado al hospital en un vehículo policial, la mujer continuó profiriendo insultos, golpeó el interior del coche y agredió a uno de los agentes. En el momento de los hechos, constaban en su historial antecedentes de consumo de tóxicos, así como cuadros de ansiedad y trastornos adaptativos y de conducta.La acusada profirió insultos y agredió a uno de los agentes cuando la trasladaban al hospital en un vehículo policial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2171093135-1-p491807-m1533959-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2171093135-1-p491807-m1533959-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publicahttps://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publicahttps://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publica2026-11-09 12:05:052026-11-09 12:05:05penalPenal9Penal491804En la sentencia, la Audiencia considera probado que, en abril de 2020, el encausado alteró un cheque recibido para pagar una factura a un proveedor por un suministro de madera. El cheque no llegó a manos de la empresa. Según recoge la resolución judicial, el inculpado se hizo con el mismo, alteró el beneficiario y lo cobró de una sucursal sin autorización. En el juicio, celebrado el 27 de octubre, la fiscalía solicitó una pena de 4 años de prisión, mientras que la defensa reclamó la absolución. El procesado se acogió en la vista oral a su derecho a no declarar. La defensa, por su parte, no cuestionó la falsificación y el cobro indebido del cheque. Su argumentación fue en la línea de refutar la participación de su cliente en los hechos. Puntualizó que toda la investigación se basaba en conjeturas y precisó que la investigación no había sido adecuada. Para el tribunal sentenciador, ha quedado acreditado que el acusado, sin poder conocerse la forma, se hizo con el cheque correctamente enviado que una empresa había emitido para abonar los servicios prestados por otra firma. Y, tras alterarlo él mismo, lo presentó al cobro en el banco, “apropiándose de los 77.670,78 euros que conformaban el pago, haciéndose pasar por apoderado de esta última mercantil”, precisa. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa de en concurso ideal con un delito de falsificación por particular de documento mercantil. “La extensión de la pena finalmente impuesta para la prisión y para la multa encuentra su fundamento en la propia gravedad de los hechos enjuiciados que aquí se manifiesta en que han sido dos los preceptos infringidos (el de estafa y la falsedad), vislumbrándose en la dinámica de la acción del acusado una actividad delictiva profesionalizada que evidencia una predisposición para cometer este tipo de hechos delictivos, lo que viene avalado por la catarata de condenas que se refleja en su hoja de antecedentes penales. Por lo expuesto se descarta una acción puntual derivada de una oportunidad que no ha sabido controlar, sino que nos hallamos ante un modo de vida delictual buscado y muy meditado”, remacha la Audiencia. El tribunal, eso sí, estima en la determinación de la pena la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. La entidad bancaria indemnizó a la empresa perjudicada, motivo por el cual, según estipula la Audiencia en su sentencia, el condenado deberá ahora resarcir al banco con la citada cantidad estafada.La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 2 años y 6 meses y una multa de 840 euros a un hombre que estafó 77.670,78 euros a una empresa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1765319327-1-p491804-m1533900-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1765319327-1-p491804-m1533900-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresahttps://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresahttps://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresa2026-11-09 11:50:022026-11-09 11:50:02penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico491805Según sendas resoluciones, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox e Iustitia Europea, que habían reclamado extender la suspensión del voto, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por "no resultar conformes y ajustadas a derecho". Los magistrados señalan que la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' se adoptó el pasado 10 de septiembre, "mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales", una decisión que ratificaron el 12 de octubre, "en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral". "Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", contraponen. A su juicio, "iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral". "Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales", concluyen. 189.678 hijos, más que los nietos Sin embargo, el alto tribunal discrepa de la alegación de la Abogacía del Estado "sobre la ausencia de incidencia material suficiente, que pretende justificarse basándose en el porcentaje de participación en las últimas elecciones generales electores incluidos en el CERA". "No sólo porque no es un criterio que pueda resultar aplicable --no es posible conocer qué participación puede haber en el próximo proceso electoral--, sino, sobre todo, porque es un colectivo mayor que aquel al que la Sala ha acordado ya la suspensión cautelar", indica. Los magistrados recuerdan que su decisión de suspender el voto a los nacionalizados por esa vía fue al entender que "había un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, lo que afecta a su regularidad jurídica y, por ende, a la pureza del proceso electoral", por lo que --abundan-- "con mayor razón esa apreciación es aplicable a una cifra mayor", que es la que representan los hijos. "Adviértase que, según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular y no les resulta aplicable la suspensión)", cuantifican. Por otro lado, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha formulado voto particular contra no suspender el voto para los hijos, indicando que "resulta evidente que la sentencia futura" que resuelva el fondo del asunto "tendrá que afrontar esa cuestión". "Si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria", apostilla, para añadir que "es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada". Persisten las razones para continuar la suspensión Lo que el Supremo sí que conserva es la suspensión ya acordada, rechazando en otro auto las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares afectados personados en el proceso. "Ahora con mayor intensidad, después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA, persisten las razones que llevaron a esta Sala a apreciar la existencia de este último requisito", considera. Y como en anteriores ocasiones, la magistrada María Alicia Millán ha formulado un voto particular contra la decisión de mantener la suspensión cautelar para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, que permite conseguir la nacionalidad española a descendientes de exiliados. "No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles incorporados al censo en virtud de actos plenamente eficaces", argumenta. En su opinión, "aun en la hipótesis" de que la 'ley de nietos' "hubiera ampliado indebidamente" su ámbito de actuación y de que "figuraran en el censo personas que no debieron adquirir la nacionalidad por esa vía, no cabría equiparar esta situación a la provocada por actuaciones fraudulentas dirigidas a alterar la composición del cuerpo electoral". Millán abunda en que "los electores afectados representan, además, una proporción reducida del cuerpo electoral", esto es, "aproximadamente el 0,42 por ciento de los 38.728.356 electores del censo aplicable a estas elecciones". Por ello, señala la magistrada que "el eventual impacto de esos sufragios sobre el resultado electoral no puede erigirse en fundamento autónomo de la medida cautelar".El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de forma que podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0009_1-p491805-m1533918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0009_1-p491805-m1533918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietos2026-11-09 11:14:022026-11-09 11:14:02administrativoAdministrativo1Administrativo491753Según se detalla en una nota de prensa el departamento liderado por Félix Bolaños, la cesión se ha regulado mediante convenios de colaboración: el primero, que se firmó con el Gobierno del Principado de Asturias en febrero de 2025, y el último, con el de Andalucía, el pasado 27 de octubre. Justicia ha precisado que esos convenios permitirán además a las comunidades "enriquecer los desarrollos tecnológicos conforme a sus necesidades organizativas" y adoptar en el futuro nuevas herramientas digitales diseñadas por el propio Ministerio. Las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias judiciales son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, 'Carpeta Justicia, LexNet y Dicireg' Entre las herramientas compartidas destaca 'Carpeta Justicia', la plataforma online que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de los expedientes judiciales, descargar certificaciones y solicitar cita previa en los registros civiles y los órganos judiciales. Asimismo, el Ministerio también ha compartido 'LexNet', la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos, y 'DICIREG', otra plataforma que permite tramitar online los expedientes del Registro Civil. Además, se ha facilitado el acceso al 'Hub de Interoperabilidad', que permite remitir expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos judiciales y comunidades de manera segura; al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), que permite la consulta automática de antecedentes penales y la gestión de la protección de las víctimas; y también al Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), para realizar comparecencias virtuales "con todas las garantías". El Ministerio detalla seis programas en el listado de herramientas cedidas de manera gratuita que recoge la nota, aunque ha asegurado poner a disposición cincuenta. Robotización e inteligencia artificial Además, según la nota, se han compartido aplicaciones para agilizar procesos gracias a la robotización o la inteligencia artificial. Justicia respalda también que cada comunidad haya podido adoptar las herramientas "en función de sus necesidades", y la transferencia, según el Ministerio, se ha realizado "con soporte técnico y total garantía de seguridad".El Ministerio de Justicia ha cedido medio centenar de soluciones tecnológicas a las doce comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia, con el objetivo de reforzar su digitalización.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p491753-m1533839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p491753-m1533839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidashttps://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidashttps://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidas2026-11-06 15:39:372026-11-06 15:39:37derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico491752El decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha recibido esta tarde la Gran Cruz al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía, la máxima distinción que otorga el Consejo General de la Abogacía Española con la que se reconocen los “servicios realmente extraordinarios prestados a la abogacía y sus instituciones” tras más de cuatro décadas de ejercicio profesional como abogado, académico y docente y casi veinte años de representación institucional a nivel provincial, autonómico y nacional. “Estar hoy aquí, recibiendo el reconocimiento de quienes son mis iguales, mis compañeros de fatigas y mis referentes, representa no solo un motivo de inmenso orgullo, sino también el momento más emotivo y relevante de toda mi carrera profesional”, ha expresado Cabrera. En este sentido, como ha añadido el presidente de Abogacía Española, Salvador González, “esta distinción es algo más, mucho más, que un simple objeto que se entrega y se recibe; es un símbolo, y lo que hoy simbolizamos aquí es lo que transmite esta distinción: respeto, afecto, orgullo y, sobre todo, agradecimiento hacia Leandro”. En este sentido, el máximo representante del colectivo profesional ha recordado que el decano granadino ha encarnado siempre una “voz necesaria, responsable, íntegra y, sobre todo, coherente”, capaz de inspirar “con su ejemplo y con su compromiso personal, profesional e institucional con la Abogacía, con sus principios, con sus valores y con su defensa”. Unos principios y valores entre los que destacan “la mesura, la serenidad, el respeto, la distinción y la excelencia” de los que hace gala este “hombre de paz”, según lo ha calificado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández. “Hoy reconocemos una cualidad extraordinaria: la de quien sabe que las diferencias no tienen por qué convertirse en enfrentamientos, que el dialogo no debilita las convicciones, sino que puede fortalecerlas, y que la concordia no consiste en pensar todos lo mismo, sino en saber convivir, respetarse y encontrar caminos comunes cuando las posiciones son distintas”, ha asegurado el también decano del Colegio de Abogados de Jerez, tras repasar los sobrados méritos profesionales e institucionales del también vicepresidente de la Abogacía española y andaluza. Y es que, como ha apuntado el homenajeado, “la Abogacía, por encima de un cuerpo de conocimientos técnicos, es una profesión humana y de trinchera” basada en “la confianza, la ética, el secreto profesional y la pasión por la justicia”. “Quienes abrazamos el Derecho lo hacemos movidos por una vocación, a veces difícil de explicar, pero imposible de acallar: la fascinación por la justicia, la defensa del indefenso y el compromiso inequívoco con el Estado de Derecho”, ha afirmado el colegiado granadino número 2.304. De ahí que, en su discurso, haya resaltado el carácter de la abogacía como servicio público esencial, con el Turno de Oficio como máxima expresión, haya recordado la función social de la profesión y haya reivindicado una justicia más ágil, moderna y eficiente para que para que, “de una vez por todas, se haga justicia con la Justicia”, además de compartir el reconocimiento con todos los funcionarios de la Administración de Justicia, sus homólogos andaluces -muchos presentes en el acto-, sus compañeros de despacho y colaboradores, el resto de miembros de Junta de Gobierno -que también han arropado a Cabrera en este señalado día-, amigos y, sobre todo, -visiblemente emocionado- con su familia, especialmente su mujer, Maite, sus hijas Rocío y Teresa, sus hermanos Menchu, Rafael, Beatriz y Nuria y sus padres, desafortunadamente ya ausentes. De hecho, aunque la concesión de la Gran Cruz coincide con el final de su mandato, Cabrera ha reafirmado su compromiso con los valores que juró defender al acceder a la profesión en 1985. “Seguiré trabajando por una Abogacía digna, independiente y comprometida; seguiré defendiendo la vigencia hoy más que nunca del Estado de Derecho, la sacrosanta separación de poderes y los derechos de los ciudadanos con la misma pasión de aquel joven que empezaba hace ya más de cuarenta años; y seguiré apoyando a las nuevas generaciones de abogados que hoy recogen el testigo en un mundo cada vez más complejo”, ha aseverado ante los numerosos asistentes presentes en el acto. En concreto, aunque la ceremonia ha estado organizada por y para la abogacía, entre las autoridades invitadas se encontraban representantes del ámbito jurídico, político y social, encabezadas por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra; el presidente de Diputación de Granada, Francis Rodríguez; el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Granados; el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Granada, Luis Recuerda; el presidente del Consejo Social de Granada, Javier de Teresa; el diputado por Granada en el Congreso Pablo Hispán; la senadora por Granada María Eva Martín; y los decanos eméritos del Colegio de Abogados de Granada, Rafael López Cantal y José María Rosales de Angulo; entre otros. Leandro Cabrera Mercado Nacido en Granada en 1959, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada desde 1982. Hizo la pasantía en el despacho de Rafael Álvarez de Morales Ruiz-Matas, ejerciendo desde 1985 como abogado con despacho propio en los ámbitos Civil y Mercantil, con especial dedicación al Derecho médico-sanitario y al Derecho de seguros. Casado, con dos hijas y tres nietos (más un cuarto en camino), el letrado número 2.304 del Colegio de Abogados de Granada ha compatibilizado su vida profesional y familiar con los cargos de Secretario (2005-2009) y Diputado Segundo (2014-2018) de la Junta de Gobierno de la Corporación, de la que es decano desde el 28 de diciembre de 2018, siendo reelegido sin oposición en octubre de 2022. Además, Cabrera es consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de Abogacía Española desde 2019, siendo elegido vicepresidente del CADECA en 2024 y del CGAE en 2026. También es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, al que se incorporó en 2020 por elección unánime de los decanos de Andalucía; académico de número -desde 2023- y vocal de Junta de Gobierno -desde 2025- de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada; y pertenece al Consejo Asesor del Granada C.F. desde octubre de 2025. También ha sido profesor colaborador de Derecho Civil en la Universidad de Granada y ostenta los cargos de presidente y profesor de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas y vicepresidente de la Fundación Concursal y Mercantil, ambas de Granada. Entre otras distinciones, le ha sido impuesta la Cruz del Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil en 2016 y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Policía Nacional en 2024.El decano del Colegio de Abogados de Granada recibe la Gran Cruz al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía de manos del presidente del Consejo general de la Abogacía Española, Salvador González.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Leandro-Cabrera-medalla_img-scaled-p491752-m1533767-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanolahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Leandro-Cabrera-medalla_img-scaled-p491752-m1533767-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanolahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanolahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanola2026-11-06 12:45:352026-11-06 12:45:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491751Esta distancia entre la evolución de la realidad familiar y las previsiones del Código Civil ha sido una de las principales disfunciones señaladas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en el balance de su II Congreso de Familia y Sucesiones, celebrado durante los días 5 y 6 de noviembre. La vicedecana del Colegio, Isabel Winkels, ha reclamado una actualización legislativa que permita corregir las deficiencias que todavía afectan a los procedimientos de familia, infancia y capacidad, especialmente cuando la falta de previsiones normativas específicas obliga a los tribunales a resolver mediante criterios jurisprudenciales situaciones cada vez más frecuentes. Uno de los ejemplos más evidentes es la custodia compartida. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 este régimen se acordó en el 50,8% de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo en los que se decidió sobre la custodia de hijos menores, frente al 49,7% del año anterior. Sin embargo, el artículo 96 del Código Civil, que regula la atribución del uso de la vivienda familiar tras la ruptura, no contempla expresamente una solución específica para los supuestos de custodia compartida. La vivienda familiar, entre la falta de regulación y el encarecimiento del mercado Winkels ha señalado que esta falta de adaptación normativa resulta especialmente problemática en una materia en la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido que ir estableciendo criterios para resolver situaciones que no encuentran una respuesta expresa en la legislación. La atribución del uso de la vivienda familiar constituye uno de los principales focos de controversia, tanto por su vinculación con los regímenes de guarda y custodia como por las consecuencias patrimoniales para los progenitores. La relevancia de esta problemática ha llevado al Congreso a dedicar una de sus sesiones a examinar, desde dos instancias judiciales y el Tribunal Supremo, las dificultades que plantea la atribución y extinción del derecho de uso de la vivienda familiar. Magistrados y especialistas han analizado las soluciones jurisprudenciales aplicables a estos conflictos mediante la resolución de un caso práctico, poniendo de manifiesto la complejidad de una cuestión en la que confluyen los derechos de los menores, las necesidades habitacionales de los progenitores y la titularidad de los inmuebles. A esta dificultad jurídica se suma una realidad económica que está agravando las consecuencias de las rupturas familiares. La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, ha advertido de que el incremento de los precios de compra y alquiler en Madrid está complicando especialmente las situaciones de custodia compartida, que requieren organizar la convivencia de los hijos entre dos hogares. "Tenemos un verdadero problema en este momento porque en Madrid han subido sustancialmente tanto los alquileres como los precios de compra de las viviendas", ha señalado Zabalgo, quien ha advertido de las dificultades que supone para muchas familias asumir el coste de dos domicilios después de una separación o divorcio. "Y eso no es sostenible ante un divorcio", ha afirmado. Según ha explicado, esta situación está trasladando a los juzgados nuevos conflictos relacionados tanto con la atribución inicial de la vivienda como con la extinción del derecho de uso. Una problemática que evidencia cómo las dificultades de acceso a la vivienda se proyectan directamente sobre los procedimientos de familia y obligan a buscar soluciones jurídicas para situaciones que afectan a la estabilidad económica y personal de los progenitores y de sus hijos. Reformas pendientes y nuevas necesidades de protección Las dificultades relacionadas con la vivienda forman parte de una problemática más amplia que, según ha señalado Winkels, exige revisar distintos aspectos de la regulación del Derecho de Familia. Entre las reformas pendientes, la vicedecana ha vuelto a situar la extensión de la especialización judicial en familia, infancia y capacidad a todo el territorio nacional. Aunque la implantación de los Tribunales de Instancia ha supuesto avances en el reconocimiento de esta especialidad, persisten diferencias territoriales que determinan que los ciudadanos puedan acceder o no a órganos judiciales especializados en función de su lugar de residencia. Otra de las cuestiones que continúan generando dificultades es la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procedimientos de familia. Winkels ha reiterado que este requisito está provocando dilaciones e inseguridad jurídica que pueden perjudicar especialmente a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha recordado el compromiso del Colegio de seguir reclamando su supresión en los procedimientos afectados, una reforma cuya tramitación parlamentaria quedó interrumpida por la convocatoria electoral. Frente a estas deficiencias, la vicedecana ha defendido la necesidad de impulsar cambios legislativos que acompasen la regulación con las necesidades reales de las familias y con los criterios que están desarrollando los tribunales. Desde el Colegio, ha afirmado, "seguiremos impulsando la modificación legislativa precisa para corregir cada una de las disfunciones que siguen operando en el derecho de familia, infancia y capacidad". Especialización y prevención: otros desafíos del Derecho de Familia El Congreso también ha puesto de relieve la importancia de anticipar determinadas situaciones jurídicas para evitar conflictos futuros, especialmente en el ámbito de la discapacidad y el envejecimiento. En este sentido, Winkels ha destacado la necesidad de promover instrumentos como los poderes preventivos y las medidas voluntarias de apoyo, que permiten a las personas establecer anticipadamente quiénes desean que les presten asistencia y cómo quieren que se articulen esos apoyos si en el futuro los necesitan. La vicedecana ha subrayado asimismo la creciente complejidad de los procedimientos familiares con elementos internacionales, que exige un conocimiento especializado de las normas de Derecho internacional privado, los convenios internacionales y los criterios para determinar la competencia judicial y la legislación aplicable en cada caso.La custodia compartida ya es mayoritaria en los divorcios con hijos en los que debe decidirse sobre su guarda, pero la legislación sigue sin ofrecer una regulación específica sobre una de las cuestiones que más conflictos genera tras una ruptura: el uso de la vivienda familiar.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Paloma-Zabalgo-scaled-p491751-m1533749-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartidahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Paloma-Zabalgo-scaled-p491751-m1533749-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartidahttps://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartidahttps://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartida2026-11-06 11:55:252026-11-06 11:55:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491749Dirigida por la historiadora del arte griega Maria Stavrinaki, profesora de Historia del Arte de la Edad Contemporánea en la Universidad de Lausana, esta edición propone un recorrido por la relación entre la creación artística y la historia del arte, analizando cómo los propios artistas han contribuido a interpretar, construir y transformar los relatos sobre el pasado artístico. En el acto de inauguración, celebrado en el auditorio del Museo del Prado, participaron Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo; Javier Arnaldo, jefe de su Centro de Estudios; y Raimundo Fortuñy, director general de Fundación Notariado. Durante su intervención, Raimundo Fortuñy estableció un paralelismo entre el artista como historiador del arte y la función notarial, destacando el valor de los protocolos notariales como testimonio de la sociedad a lo largo del tiempo. “Los protocolos son un testigo impagable de la realidad de cada tiempo”, señaló, y subrayó que constituyen “una fuente inagotable de conocimiento que permite reconstruir la historia de personas y colectivos que con frecuencia quedan fuera de los relatos oficiales”. Fortuñy recordó también que, al igual que los artistas han contribuido a escribir la historia de su disciplina, los propios notarios han participado en la evolución de su función a través de sus escritos y tratados. En este sentido, destacó que tanto las obras artísticas como los documentos notariales constituyen un legado que permite estudiar e investigar el pasado. Asimismo, agradeció al Museo del Prado la continuidad de esta colaboración, que permite a Fundación Notariado contribuir al desarrollo cultural de la sociedad. Conferencias La conferencia inaugural, celebrada ayer jueves 5 de noviembre bajo el título El artista como historiador del arte. De la norma a lo global, se centró en la evolución de los discursos sobre el pasado artístico, desde el Renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial. A través de un recorrido por figuras como Giorgio Vasari, las Academias Reales, los artistas historiadores del siglo XIX y el primer modernismo, Maria Stavrinaki abordó los antecedentes de una nueva figura surgida después de 1945: la del artista como historiador del arte, que incorpora a su práctica creativa los métodos y recursos propios de la investigación histórica. La segunda conferencia, Los posthistoriadores del arte, tendrá lugar el jueves 12 de noviembre y analizará cómo artistas como Ad Reinhardt, Sherrie Levine y Louise Lawler han utilizado distintas técnicas de apropiación para desdibujar las fronteras entre el arte y su propia historia. El 19 de noviembre, en Los inventores del arte del pasado, Stavrinaki explorará las complejas relaciones de los artistas modernos con el legado artístico, a través de figuras como Asger Jorn, Frank Stella y Sigmar Polke. El ciclo concluirá el jueves 26 de noviembre con Los museógrafos, una sesión dedicada a la relación de los artistas con el museo, entendido tanto como espacio de conservación y exhibición como instrumento de conocimiento y creación artística. La conferencia recorrerá distintas prácticas artísticas, desde Lina Bo Bardi y Marcel Broodthaers hasta Andrea Fraser, Fred Wilson y Juan Muñoz. 20 alumnos becados por Fundación Notariado Además de las conferencias, la XIV Cátedra del Prado se completa con un ciclo de seminarios exclusivos para los 20 alumnos becados por Fundación Notariado, seleccionados por el Museo Nacional del Prado tras analizar el expediente académico, el perfil formativo y el interés por el curso de todos los solicitantes. Se celebrarán durante las mañanas de los viernes del mes de noviembre y los alumnos abordarán el tema que da título a la Cátedra con ejercicios prácticos de análisis historiográfico. Esta iniciativa, en la que ya han participado 160 jóvenes investigadores, les ofrece una oportunidad única de aprendizaje en un contexto de excelencia académica y de contacto directo con el Museo. Un proyecto conjunto de arte y conocimiento La Cátedra del Prado, fruto del convenio suscrito en 2019 entre el Museo Nacional del Prado y Fundación Notariado, se ha consolidado como un espacio de prestigio para la reflexión sobre la historia del arte. Desde el inicio de esta colaboración, Fundación Notariado, con la participación del Museo Nacional del Prado, ha desarrollado también proyectos culturales con una mirada social, como Acoger es un bien para todos, La vejez como experiencia humana o Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar, que han contribuido a fomentar una mirada inclusiva hacia la cultura.El Museo Nacional del Prado inauguró ayer la XV edición de su Cátedra, patrocinada por Fundación Notariado. Una cita ya consolidada en su programación cultural que este año lleva por título El artista como historiador del arte.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2756048827-1-p491749-m1533713-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-artehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2756048827-1-p491749-m1533713-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-artehttps://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-artehttps://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-arte2026-11-06 10:39:202026-11-06 10:39:20sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491663El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la norma que regulaba la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid. Dicha sentencia estimó en marzo el recurso presentado por AEDAF y declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el TSJM rechazó la pretensión de la Asociación de que se prohibiera el mantenimiento de los actos firmes, al amparo del artículo 19.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. AEDAF recurrió ese pronunciamiento que establecía que la nulidad de la norma solo beneficiaría a quienes hubieran impugnado sus liquidaciones y ahora, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de AEDAF, ya que no constan pronunciamientos específicos sobre la motivación exigible cuando un tribunal decide no extender la nulidad a los actos firmes. Entre otras consideraciones, el Tribunal Supremo afirma que “la interpretación de ese precepto se enmarca en el debate actual entre la idea clásica de seguridad jurídica que se centra en la estabilidad de las relaciones jurídicas propugnando que las liquidaciones firmes no son revisables pese a la declaración de inconstitucionalidad de la norma de cobertura o a que sea declarada contraria al derecho de la Unión Europea o anulada la ordenanza fiscal en que se sustenta, y, una concepción más moderna que aboga por que en un Estado de Derecho no se puede exigir que el ciudadano pague tributos contrarios a la Constitución, al derecho de la Unión Europea o sustentados en ordenanzas declaradas nulas”. Según fuentes de la Asociación, “con esta actuación, AEDAF reafirma su compromiso con el interés general y con la defensa de todos los contribuyentes, para que la anulación de un tributo beneficie a quienes lo pagaron y no solo a quienes lo recurrieron”. El Tribunal ha acordado, además, su tramitación y resolución preferente. La doctrina que se fije podrá aplicarse a cualquier ordenanza fiscal que resulte anulada, en un contexto de generalización de las tasas de residuos tras la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación de AEDAF contra la sentencia del TSJ de Madrid que anuló la tasa de residuos, pero no extendió la nulidad a las liquidaciones firmes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2514845847-1-p491663-m1533448-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2514845847-1-p491663-m1533448-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucion2026-11-05 14:05:282026-11-05 14:05:28administrativoAdministrativo1fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Fiscal,Sector jurídico