https://elderecho.com/feedes489338El beneficiario inició un trámite de incapacidad permanente tras agotar su baja laboral de 545 días y la entidad gestora le concedió inicialmente una incapacidad total para ejercer su trabajo habitual de taxista. Ante su disconformidad presentó una reclamación previa que resultó desestimada, motivo por el que acudió al juzgado de instancia, que estimó sus pretensiones. El estado de salud del afectado presenta un cuadro de problemas físicos, una lumboartrosis con afectación nerviosa y consumo de alcohol. Además, sufre de depresión mayor recurrente y ansiedad generalizada de carácter crónico, por lo que recibe tratamiento psiquiátrico continuado desde 2018 con dosis elevadas de fármacos, aunque su evolución ha empeorado. Como resultado, presenta episodios de agresividad, un nivel alto de ansiedad, estado de ánimo decaído, apatía, abandono de su cuidado personal, una perspectiva muy pesimista del futuro y lentitud psicomotriz. Ha tenido varios intentos de autolesión con medicamentos, requiriendo visitas a urgencias e ingresos psiquiátricos, lo cual afecta gravemente su día a día. Los magistrados destacan que el reconocimiento judicial de la situación de incapacidad permanente absoluta se basa en un cuadro “cuya descripción en la sentencia no deja dudas de su gravedad”, que refleja la existencia de clínica intensa y la falta de mejoría. Una situación patológica descrita que, según la Sala, es incompatible con el desempeño de cualquier oficio.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado declarar la incapacidad absoluta a un taxista con problemas físicos y de salud mental. Asimismo, el tribunal ratifica su derecho a recibir una pensión mensual vitalicia de 2.152,07 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2616790069-1-p489338-m1526280-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/incapacidad-absoluta-y-pension-vitalicia-para-un-taxista-por-problemas-fisicos-y-de-salud-mentalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2616790069-1-p489338-m1526280-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/incapacidad-absoluta-y-pension-vitalicia-para-un-taxista-por-problemas-fisicos-y-de-salud-mentalhttps://elderecho.com/incapacidad-absoluta-y-pension-vitalicia-para-un-taxista-por-problemas-fisicos-y-de-salud-mentalhttps://elderecho.com/incapacidad-absoluta-y-pension-vitalicia-para-un-taxista-por-problemas-fisicos-y-de-salud-mental2026-09-29 15:18:442026-09-29 15:18:44sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social489351Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han confirmado que el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Sumar, han llegado a un acuerdo para aprobar estos dos decretos que defienden "los intereses y los derechos de la ciudadanía". Además de los puntos anteriormente mencionados, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto. Debido a la importancia de estas medidas, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos. Los últimos escollos que dificultaban el llegar a un acuerdo pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinas, que promueve la acampada de protesta en La Puerta del Sol de Madrid.El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_1768239101-1-p489351-m1526324-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-sobre-vivienda-desahucios-alquiler-y-fondos-buitre-del-gobiernohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_1768239101-1-p489351-m1526324-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-sobre-vivienda-desahucios-alquiler-y-fondos-buitre-del-gobiernohttps://elderecho.com/medidas-sobre-vivienda-desahucios-alquiler-y-fondos-buitre-del-gobiernohttps://elderecho.com/medidas-sobre-vivienda-desahucios-alquiler-y-fondos-buitre-del-gobierno2026-09-29 15:14:262026-09-29 15:14:26civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico489337En concreto, en una lámpara rústica de jardín, una silla de exterior, la puerta de una vivienda y unas contraventanas, cuyo coste de reparación se valoró en 496 euros. “De acuerdo con lo razonado por parte de nuestros tribunales, siendo el denunciante y la denunciada titulares dominicales por igual sobre los bienes que conforman su sociedad de gananciales, la destrucción o deterioro realizados por la denunciada sobre los bienes comunes lesiona el derecho de propiedad del otro en la medida en que esos bienes no son propios en exclusiva, sino compartidos”, subraya el juez. En la sentencia, indica que la versión del denunciante resultó congruente y que fue corroborada periféricamente por videograbaciones, fotografías y presupuesto de reparación. Por ello, entiende acreditado el delito leve de daños, tras analizar la doctrina sobre la ajenidad en bienes gananciales y concluir, conforme a jurisprudencia mayoritaria, que la lesión de bienes comunes por uno de los cónyuges vulnera el derecho de propiedad del otro. En consecuencia, impone a la denunciante una multa de 150, como autora de un delito leve de daños, y el pago de una indemnización a la sociedad de gananciales, formada por ella y su expareja, de 496 euros.El juez de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a una mujer por causar daños en bienes que integran la sociedad de gananciales común con su exmarido. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2598081899-1-p489337-m1526261-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condena-por-un-delito-leve-de-danos-en-bienes-ganancialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2598081899-1-p489337-m1526261-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condena-por-un-delito-leve-de-danos-en-bienes-ganancialeshttps://elderecho.com/condena-por-un-delito-leve-de-danos-en-bienes-ganancialeshttps://elderecho.com/condena-por-un-delito-leve-de-danos-en-bienes-gananciales2026-09-29 15:04:022026-09-29 15:04:02penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489310El sector jurídico atraviesa una etapa de profunda transformación. La incorporación de nuevas tecnologías está cambiando la forma de trabajar de despachos, firmas y departamentos legales, al tiempo que crece la necesidad de ganar eficiencia y adaptarse a un entorno profesional cada vez más exigente. En este contexto, LEGALTECH EXPO, la nueva feria de referencia para los profesionales del sector jurídico en España, celebrará su primera edición los próximos 18 y 19 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, con el objetivo de reunir a los profesionales procedentes de despachos, firmas y departamentos legales de empresa, y acercar al sector las tendencias y soluciones tecnológicas que están redefiniendo la práctica jurídica. En su primera edición, buena parte de las conversaciones de LEGALTECH EXPO abordarán cómo la tecnología y la inteligencia artificial están cambiando la práctica jurídica y la forma de trabajar de firmas y departamentos legales. El programa de conferencias incluirá sesiones dedicadas a la automatización de tareas y al uso de nuevas herramientas en la gestión legal. También se debatirá sobre cómo estos cambios están modificando los modelos de trabajo del sector y las implicaciones del uso de la IA en los procesos. Con más de 30 ponencias y mesas redondas, integradas por profesionales del derecho y referentes del ecosistema legaltech, la feria pondrá sobre la mesa los grandes retos a los que se enfrentan hoy en día los despachos y departamentos jurídicos de las empresas y las soluciones que están ayudando a los profesionales del derecho a responder a las nuevas exigencias del mercado. Entre los principales temas que tratará en profundidad el programa de conferencias de LEGALTECH EXPO destacan las implicaciones éticas y deontológicas del uso de la IA en la práctica jurídica, la ciberseguridad y la protección de la información, la trazabilidad de los procesos, los nuevos modelos de negocio o la necesidad de reducir costes sin comprometer la calidad. Asimismo, se reflexionará sobre cómo la tecnología está modificando la forma de prestar servicios jurídicos, lo que obliga a revisar los modelos de trabajo tradicionales de firmas y departamentos legales y a identificar nuevas formas de añadir valor por parte del profesional jurídico. Entre las sesiones más destacadas figuran: “El impacto de la IA en la abogacía”, mesa coordinada por el Consejo General de la Abogacía Española en la que varios representantes de este colectivo de referencia darán una visión general y completa sobre cómo se está gestionando el cambio que supone la irrupción de la IA en la profesión. “Impacto de la LO 1/2025 en las profesiones jurídicas: un nuevo perfil profesional”, mesa coordinada por REDFEMASC – Federación Española de Resolución Negociada del Conflicto, reflexionará sobre la necesidad de reconocer nuevos modelos en la manera de ejercer el derecho. Lefebvre reunirá a un panel de expertos que debatirá sobre “La paradoja de la IA y cómo cuanta más IA aparece, más importante se vuelve el criterio humano” y reflexionará sobre el papel del criterio, la experiencia y la confianza en un entorno cada vez más automatizado. De la mano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la mesa “Retos legaltech, innovación y abogacía” abordará desde distintos ángulos los retos a los que se enfrenta la profesión y aportará una perspectiva crítica y propositiva, con el convencimiento de que la innovación no sustituye al abogado, sino que redefine dónde reside su verdadero valor añadido. En el área expositiva, los expertos profundizarán en cómo las herramientas están entrando en el trabajo diario de despachos y departamentos legales, desde la gestión de grandes volúmenes de documentación hasta la automatización de determinadas tareas. También habrá espacio para conocer nuevas soluciones orientadas a mejorar la eficiencia de los equipos jurídicos y agilizar sus procesos. Cristina Claveria, directora ferial de LEGALTECH EXPO, asegura que “queremos que esta primera edición sea un espacio esencial para los profesionales del sector, donde puedan conocer de cerca cómo se están aplicando las nuevas soluciones tecnológicas a la práctica jurídica y compartir experiencias con otros profesionales. LEGALTECH EXPO nace con una vocación muy práctica: acercar al sector herramientas que ya están cambiando la forma de trabajar y ayudar a los profesionales a valorar cuáles pueden aportar realmente a su día a día”. Por otra parte, ya está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos profesionales del sector legal que deseen asistir a LEGALTECH EXPO de forma gratuita. También está disponible el programa de conferencias, que reúne más de 30 horas de contenidos formativos y casos prácticos. Además, LEGALTECH EXPO se celebrará de forma simultánea a ACCOUNTEX España 2026 y HR EXPO 2026, dos encuentros de referencia nacional en los ámbitos de la gestión empresarial, de despachos profesionales y de los recursos humanos. Esta celebración conjunta entre las tres citas permitirá a los asistentes conocer, durante dos jornadas y en un único recinto, todas las soluciones orientadas a las distintas áreas clave de la gestión, como la función legal, la contabilidad y la gestión del talento. LEGALTECH EXPO contará con la participación de más de 50 empresas expositoras, entre las que destacan Lefebvre, Tirant lo Blanch, vLex, Conversia, Sepin, Harvey, Iberley y Wolters Kluwer, así como con el apoyo de entidades colaboradoras como el Consejo General de la Abogacía Española, Asociación Madrileña de Mediación, REDFEMASC – Federación Española de Resolución Negociada del Conflicto, Abogacía Joven, FIDE - Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, CUMPLEN – Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, Economist Jurist – grupo editorial jurídico especializado, Inkietos - Think Tank de la abogacía de los negocios y Cámara de Comercio de Madrid. Además, está previsto que en su primera edición reúna a más de 3.000 profesionales especializados del sector jurídico.   Días: 18 y 19 de noviembre de 2026 Lugar: Recinto Ferial de IFEMA MADRID (Av. del Partenón, 6, Madrid), Pabellón 4 Consulta nuestra página web: LEGALTECH Expo 2026  El programa de LEGALTECH EXPO abordará, a través de más de 30 horas de contenidos junto a una amplia área de exposición, cómo la tecnología y la IA están redefiniendo la práctica de la abogacía, en sesiones impartidas por los principales profesionales del ecosistema jurídico.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/ACM00511-scaled-p489310-m1526169-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-adopcion-de-la-ia-la-redefinicion-del-valor-del-abogado-y-los-nuevos-modelos-de-negocio-entre-las-principales-claves-de-la-primera-edicion-de-legaltech-expohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/ACM00511-scaled-p489310-m1526169-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-adopcion-de-la-ia-la-redefinicion-del-valor-del-abogado-y-los-nuevos-modelos-de-negocio-entre-las-principales-claves-de-la-primera-edicion-de-legaltech-expohttps://elderecho.com/la-adopcion-de-la-ia-la-redefinicion-del-valor-del-abogado-y-los-nuevos-modelos-de-negocio-entre-las-principales-claves-de-la-primera-edicion-de-legaltech-expohttps://elderecho.com/la-adopcion-de-la-ia-la-redefinicion-del-valor-del-abogado-y-los-nuevos-modelos-de-negocio-entre-las-principales-claves-de-la-primera-edicion-de-legaltech-expo2026-09-29 12:32:162026-09-29 12:32:16sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489311Squire Patton Boggs ha nombrado a José Aguilar Shea, equity partner de la oficina de Madrid, miembro de su Legal Personnel Committee (LPC), el órgano global que asesora al Board de la firma en cuestiones estratégicas relacionadas con la contratación, promoción y desarrollo profesional de sus abogados. Integrado por 23 socios de distintas oficinas de todo el mundo, la incorporación de Aguilar Shea al comité supone también la entrada de la oficina de Madrid en este órgano y refleja su creciente peso dentro de la estructura internacional de Squire Patton Boggs. Entre las principales responsabilidades del LPC se encuentran el asesoramiento sobre las políticas y criterios de contratación de abogados y los procesos internos de promoción a socio, así como la supervisión y coordinación de los mecanismos de desarrollo profesional dentro de la firma. El comité desempeña, de este modo, un papel relevante en el crecimiento orgánico de Squire Patton Boggs, contribuyendo a definir los perfiles, capacidades y criterios que deben guiar tanto la incorporación de nuevos profesionales como la progresión de los abogados dentro de la organización. “Este nombramiento supone un reconocimiento tanto a la trayectoria y compromiso de José con Squire Patton Boggs como al crecimiento que ha experimentado nuestra oficina en los últimos años. Que Madrid esté representada en un órgano global como el Legal Personnel Committee nos permite participar de manera aún más directa en cuestiones esenciales para el futuro de la firma, como la atracción, el desarrollo y la promoción del talento. Es también una muestra de la creciente integración y relevancia de nuestro equipo en España dentro de la organización global”, señala Teresa Zueco, socia directora de Squire Patton Boggs en España. La pertenencia al Legal Personnel Committee está reservada a equity partners con una trayectoria consolidada dentro de Squire Patton Boggs y un profundo conocimiento de su cultura, estrategia y modelo de desarrollo profesional. Sus integrantes contribuyen a trasladar al Board una visión global y, al mismo tiempo, cercana a la realidad de las diferentes oficinas y mercados en los que opera la firma. “Formar parte del Legal Personnel Committee supone una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para contribuir a uno de los aspectos más importantes para el futuro de cualquier firma: el desarrollo de sus profesionales. Nuestro crecimiento depende en gran medida de nuestra capacidad para incorporar el mejor talento, ofrecer a nuestros abogados oportunidades reales de progresión y asegurar que quienes avanzan dentro de la firma reúnen las capacidades y valores necesarios para contribuir a su futuro. Afronto esta nueva responsabilidad con mucha ilusión y con el objetivo de aportar también la perspectiva de Madrid a un órgano de alcance global”, afirma José Aguilar Shea, equity partner de Squire Patton Boggs en Madrid. José Aguilar Shea es socio de la práctica de Tax Strategy Benefits de Squire Patton Boggs en Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento fiscal a compañías nacionales e internacionales y particulares, especialmente en la estructuración de operaciones empresariales e inmobiliarias complejas, fusiones y adquisiciones, joint ventures y procesos de reorganización empresarial. Asimismo, asesora a grandes patrimonios y family offices, y participa activamente en operaciones transfronterizas con Latinoamérica como miembro del Latam Desk y Brazil Desk de la firma. Con este nombramiento, la oficina de Madrid refuerza su participación en la estructura global de Squire Patton Boggs y su contribución a la definición de políticas relacionadas con uno de los ejes estratégicos para el crecimiento de la firma: la atracción, promoción y desarrollo de sus profesionales.El comité asesora al Board global de la firma en cuestiones estratégicas relacionadas con la contratación, promoción y desarrollo profesional de sus abogados. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Madrid_Aguilar_Jose-014_Master-p489311-m1526207-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/squire-patton-boggs-nombra-a-jose-aguilar-shea-miembro-de-su-legal-personnel-committee-globalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Madrid_Aguilar_Jose-014_Master-p489311-m1526207-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/squire-patton-boggs-nombra-a-jose-aguilar-shea-miembro-de-su-legal-personnel-committee-globalhttps://elderecho.com/squire-patton-boggs-nombra-a-jose-aguilar-shea-miembro-de-su-legal-personnel-committee-globalhttps://elderecho.com/squire-patton-boggs-nombra-a-jose-aguilar-shea-miembro-de-su-legal-personnel-committee-global2026-09-29 10:27:492026-09-29 10:27:49sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489205De este modo, la Sala ratifica su derecho a percibir 5.605,82 euros por el trabajo llevado a cabo entre el 10 de julio y el 27 de septiembre de 2023. Según refleja la sentencia, el demandante desempeña el cargo de jefe de Sistemas en la Diputación de Zaragoza, entidad que el 7 de julio de 2023 sufrió un ciberataque. Para resolver esta incidencia, intervino el departamento de Nuevas Tecnologías, contando con la participación del demandante. Durante el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 27 de septiembre de 2023, realizó un total de 166 horas extra, cuya compensación económica o administrativa formalizó mediante una reclamación presentada el 26 de noviembre de 2024. El Servicio de Personal informó que la solicitud para el abono de horas extraordinarias ha prescrito. Dado que el trabajo se realizó entre julio y diciembre de 2023, la autorización se tramitó en noviembre de 2024 y la documentación se recibió en el Servicio en 2025, ha transcurrido con creces el plazo legal de un año desde su realización. Por consiguiente, el derecho al cobro de dichas horas ha prescrito. Los magistrados exponen en sus fundamentos que no cabe albergar duda de que el tiempo extraordinario realizado por el técnico se destinaron a solventar las incidencias derivadas del ciberataque sufrido el 7 de julio de 2023 ni de que se contó con la autorización de sus superiores, que no han cuestionado el número de horas realizadas. Si bien la jurisprudencia exige que quien reclame horas extraordinarias debe precisar sus circunstancias, cuantía y acreditar su realización día a día y hora a hora, la Sala recuerda que este rigor probatorio cede ante el desarrollo de una jornada uniforme. En supuestos como este, basta con acreditar dicha uniformidad para colegir la habitualidad de la jornada extraordinaria. En el presente caso, el tribunal señala que ha quedado probada la efectiva realización de dichas horas extra, así como su autorización el 26 de noviembre de 2024. Este hecho interrumpe el plazo de prescripción anual establecido para su reclamación (artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores). Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso de suplicación. TSJ de Aragón. Sala de lo Social. Sentencia nº 581/2026 de 27 de julio de 2026.El TSJ de Aragón ha confirmado la sentencia favorable a un jefe informático que reclamaba una compensación económica por las 166 horas extraordinarias que tuvo que realizar para solucionar un problema de seguridad. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2566960755-1-p489205-m1525926-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataquehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2566960755-1-p489205-m1525926-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataquehttps://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataquehttps://elderecho.com/derecho-a-cobrar-5-600-euros-por-horas-extra-realizadas-tras-un-ciberataque2026-09-28 13:00:592026-09-28 13:00:59derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Derecho TIC,Sector jurídico,Social489206Así lo ha decidido por unanimidad el Pleno de Abogacía Española, en sesión de 18 de septiembre, en reconocimiento al letrado granadino por los “servicios realmente extraordinarios prestados a la abogacía y sus instituciones” tras más de cuatro décadas de ejercicio profesional y casi veinte años de representación institucional, los últimos ocho como decano de la Abogacía granadina, entre otros cargos. “Es un orgullo recibir esta distinción, sobre todo cuando estoy llegando al final de mi trayectoria como decano, y me hace especial ilusión porque son los propios compañeros los que reconocen la labor y el trabajo desarrollado”, manifiesta Cabrera tras conocer la concesión de la Gran Cruz, que le será impuesta por el presidente de Abogacía Española, Salvador González, en un acto público que tendrá lugar en Granada en fecha próxima. Leandro Cabrera Mercado Nacido en Granada en 1959, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada desde 1982. Hizo la pasantía en el despacho de Rafael Álvarez de Morales Ruiz-Matas, ejerciendo desde 1985 como abogado con despacho propio en los ámbitos Civil y Mercantil, con especial dedicación al Derecho médico-sanitario y al Derecho de seguros. Casado, con dos hijas y tres nietos (más un cuarto en camino), el letrado número 2.304 del Colegio de Abogados de Granada ha compatibilizado su vida profesional y familiar con los cargos de secretario (2004-2008) y diputado segundo (2008-2018) de la Junta de Gobierno de la Corporación, de la que es decano desde el 28 de diciembre de 2018, siendo reelegido sin oposición en octubre de 2022. Además, Cabrera es consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de Abogacía Española desde 2019, siendo elegido vicepresidente del CADECA en 2024 y del CGAE en 2026. También es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, al que se incorporó en 2020 por elección unánime de los decanos de Andalucía; académico de número -desde 2023- y vocal de Junta de Gobierno -desde 2025- de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada; y pertenece al Consejo Asesor del Granada C.F. desde octubre de 2025. También ha sido profesor colaborador de Derecho Civil en la Universidad de Granada y ostenta los cargos de presidente y profesor de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas y vicepresidente de la Fundación Concursal y Mercantil, ambas de Granada. Entre otras distinciones, le ha sido impuesta la Cruz del Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil en 2016 y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Policía Nacional en 2024.El Consejo General de la Abogacía Española ha acordado conceder al decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, la máxima distinción que entrega el organismo supracolegial. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Leandro-Cabrera-Gran-Cruz-Abogacia_img-p489206-m1525944-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Leandro-Cabrera-Gran-Cruz-Abogacia_img-p489206-m1525944-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-gran-cruz-al-merito-en-el-servicio-de-la-abogacia2026-09-28 12:30:062026-09-28 12:30:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489204La revisión, amplía además de tres a seis meses el periodo durante el cual una persona desempleada puede seguir cobrando la prestación de su país al trasladarse a otro para buscar trabajo. El texto aclara también qué administración debe hacerse cargo de las prestaciones familiares y de aquellas destinadas a personas que necesitan asistencia de forma prolongada cuando interviene más de un país, además de concretar el acceso a determinadas ayudas sociales de los ciudadanos de la UE que no trabajan. Otro de los cambios afecta a los trabajadores que una empresa envía temporalmente a otro Estado miembro y a aquellos que desarrollan su actividad en varios países, con nuevas disposiciones para determinar qué legislación de Seguridad Social se les aplica. En el caso de los desplazamientos laborales, las empresas deberán seguir informando con carácter general a las autoridades cuando envíen a un empleado a trabajar a otro país, aunque esta obligación no se aplicará a viajes de hasta tres días dentro de un periodo de 30. En sectores como la construcción se mantendrán controles más estrictos. La reforma contempla asimismo medidas ante posibles incumplimientos de las empresas y cambios en los criterios para determinar cuándo una persona trabaja en varios Estados miembro, además de reforzar el intercambio de información entre las administraciones nacionales. Según explica el Consejo en un comunicado, las nuevas disposiciones no modifican los sistemas nacionales de Seguridad Social ni las prestaciones que ofrece cada Estado, ya que estas cuestiones siguen siendo competencia de los gobiernos, sino la forma en que se coordinan cuando un ciudadano se desplaza dentro de la UE. Así, las autoridades nacionales seguirán decidiendo quién está cubierto por su legislación, qué prestaciones concede y qué requisitos exige para acceder a ellas, mientras que las reglas europeas determinan qué país debe hacerse cargo de estos derechos cuando interviene más de un Estado miembro. Con la aprobación de este lunes, los Veintisiete completan la adopción de una reforma pactada con la Eurocámara el pasado abril tras años de negociaciones. El reglamento entrará en vigor una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.Los Veintisiete han dado su visto bueno definitivo a la reforma de las normas que coordinan los sistemas de Seguridad Social de la UE cuando una persona vive o trabaja en más de un Estado miembro, que establece, entre otros cambios, que el país donde se haya trabajado durante al menos 22 semanas asumirá el pago del paro en determinados casos transfronterizos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Union-EuropeaEuropa_EDEIMA20150818_0028_1-p489204-m1525887-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Union-EuropeaEuropa_EDEIMA20150818_0028_1-p489204-m1525887-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizoshttps://elderecho.com/los-veintisiete-dan-luz-verde-definitiva-a-las-nuevas-reglas-sobre-el-pago-del-paro-en-casos-transfronterizos2026-09-28 12:00:572026-09-28 12:00:57socialSocial13Social489203Esta incorporación refuerza la presencia de BDO en el norte de España y amplía su capacidad de asesoramiento en el ámbito de la Auditoría y Assurance en el mercado vasco. BSK Bask Consulting cerró el último ejercicio con una facturación de 1,2 millones de euros, cifra que refleja su posición como referente de auditoría en la región. La integración suma a BDO un equipo de 13 profesionales, entre ellos dos socios, Nuria Unceta-Barrenechea e Iñaki Roteta, con una amplia trayectoria en el mercado norte. “La apertura en San Sebastián es un paso más en nuestra apuesta por el norte de España, una región estratégica para BDO donde seguimos encontrando oportunidades de crecimiento junto a equipos de gran nivel. El País Vasco tiene un ecosistema empresarial muy exigente y eso nos impulsa a ser seguir creciendo aquí”, ha declarado Carlos Sotillos, presidente de BDO Auditores en España. Por su parte, Nuria Unceta-Barrenechea, ha señalado que “BDO nos permite seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, pero con una estructura y unos recursos que abren puertas que antes teníamos cerradas. Llevamos años construyendo una firma de referencia en San Sebastián y ahora podemos ofrecerles el respaldo de una red global sin perder la cercanía que nos ha caracterizado siempre”. Esta operación refuerza la estrategia de crecimiento que BDO impulsa en la zona norte, donde BDO abrió en diciembre de 2024 su oficina en Santander tras la integración de Enrique Campos y Auditores y a finales del 2025 consolidó su presencia en Bilbao con la incorporación de Macua Auditores.BDO ha anunciado la integración de BSK Bask Consulting, firma de auditoría con una sólida trayectoria desde 1991, y la apertura de su primera oficina en San Sebastián. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-integra-BSK-Bask-Consulting-p489203-m1525855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastianhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-integra-BSK-Bask-Consulting-p489203-m1525855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastianhttps://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastianhttps://elderecho.com/bdo-integra-bsk-bask-consulting-y-abre-su-primera-oficina-en-san-sebastian2026-09-28 10:39:472026-09-28 10:39:47sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489220La vivienda se ha consolidado como uno de los ámbitos de mayor impacto social y jurídico, y el derecho inmobiliario afronta una creciente complejidad como consecuencia de los cambios normativos de los últimos años y de la aparición de nuevos escenarios en torno al alquiler, la recuperación de la posesión y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Para dar a los profesionales de la abogacía herramientas prácticas ante estos nuevos retos, Abogacía Española ha organizado un curso especializado en Derecho inmobiliario, entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, con una duración de 30 horas, en formato presencial y online. La formación, de carácter gratuito y dividida en 10 sesiones, tratará de forma práctica la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda, con el objetivo de que todos los profesionales de la abogacía puedan determinar el régimen jurídico aplicable a cada situación, identificar las obligaciones y derechos de las partes y diseñar una estrategia preventiva y procesal adecuada ante las distintos situaciones y conflictos que pueden surgir en torno a una vivienda. Visión integral de los conflictos de vivienda: arrendamientos, ocupación y vulnerabilidad El programa consta de tres bloques con los que identificar: tipos de arrendamiento, condición de gran tenedor, documentación de rentas, vía procesal y preparación de demandas y defensas en situaciones de vulnerabilidad. Los contenidos se trabajarán mediante casos prácticos y talleres orientados a la actuación profesional. El primer bloque, dedicado a los arrendamientos y a la contratación inmobiliaria, abordará el derecho a la vivienda y el marco normativo, los tipos de contratos, su duración y resolución, los incumplimientos y el subarriendo. El curso incluirá, además, dos sesiones sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El segundo módulo se centra en la propiedad horizontal, la ocupación y la litigación inmobiliaria poniendo el foco en los acuerdos de las comunidades de propietarios, la ocupación, usurpación y allanamiento de morada, así como en la recuperación de la posesión, los requisitos de admisibilidad, la intervención de los servicios sociales y el papel de los mecanismos adecuados de solución de controversias MASC. En el tercer bloque se estudiará la vulnerabilidad y la estrategia jurídica en materia de vivienda, y el urbanismo aplicado a inmuebles residenciales. Se analizarán cuestiones como las viviendas de uso turístico, la legalización y las incidencias de las situaciones urbanísticas. Expertos en vivienda y Derecho inmobiliario El curso cuenta con la participación de magistrados del Tribunal Constitucional, Laura Díez; y del Tribunal Supremo, José Luis Seoane; del magistrado José María Ortiz; las decanas de los Colegios de Barcelona, Cristina Vallejo; y Lorca, Elisa Campoy; con Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona; y Marta Gómez Llorens, registradora y directora de Vivienda y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Colegio de Registradores de España. Al finalizar el curso, se emitirá un certificado acreditativo a quienes hayan asistido a todas las sesiones y superado el examen final. El certificado será expedido por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.Abogacía Española impulsa una formación práctica en Derecho inmobiliario residencial para afrontar los cambios normativos, procesales y jurisprudenciales de los últimos años.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CursoVivienda-Abogacia-Espanola-p489220-m1525969-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CursoVivienda-Abogacia-Espanola-p489220-m1525969-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicoshttps://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicoshttps://elderecho.com/vivienda-y-derecho-inmobiliario-abogacia-espanola-aborda-los-nuevos-retos-juridicos2026-09-28 10:05:542026-09-28 10:05:54civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico