https://elderecho.com/feedes491458El foro se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe y está organizado por el Colegio de Economistas de Asturias y el REAF, órgano del Consejo General de Economistas. El programa incluirá la presentación del Informe de IRPF 2026 y del Informe sobre el Impuesto sobre Sociedades 2026. La conferencia inaugural correrá a cargo del director general de Tributos, Jorge Alberto Ferreras, que analizará los principales cambios y novedades tributarias, mientras que la clausura estará presidida por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Las sesiones técnicas tratarán, entre otros asuntos, la corrección de errores en el IVA, la tesorería empresarial y el dinero no afecto a la actividad económica, la constitución de sociedades holding mediante aportaciones no dinerarias y las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial en los despachos. También se analizarán los conflictos en las inspecciones de grupos empresariales y las operaciones vinculadas. La jornada del viernes incluirá una mesa redonda sobre facturación electrónica, el sistema VERI*FACTU y el proyecto europeo ViDA, así como una sesión dedicada al estado y los retos del Consejo para la Defensa del Contribuyente. El encuentro será presencial, aunque también ofrecerá la posibilidad de participación online.Oviedo acogerá los días 5 y 6 de noviembre las Jornadas Anuales del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un encuentro nacional que abordará cuestiones como el IVA, la fiscalidad de las empresas, la facturación electrónica y el uso de la inteligencia artificial en los despachos profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2141325639-1-p491458-m1532820-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/asesores-fiscales-de-toda-espana-se-reuniran-en-oviedo-para-analizar-novedades-tributariashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2141325639-1-p491458-m1532820-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/asesores-fiscales-de-toda-espana-se-reuniran-en-oviedo-para-analizar-novedades-tributariashttps://elderecho.com/asesores-fiscales-de-toda-espana-se-reuniran-en-oviedo-para-analizar-novedades-tributariashttps://elderecho.com/asesores-fiscales-de-toda-espana-se-reuniran-en-oviedo-para-analizar-novedades-tributarias2026-11-03 07:45:012026-11-03 07:45:01fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico491459Según ha informado ELA, la empresa aplicaba el convenio de empresa, en vez del sectorial que les correspondía y, con esta sentencia, las trabajadoras de Primark Bizkaia "cobrarán los salarios acordes al convenio colectivo sectorial del comercio textil de Bizkaia". El sindicato denunció que Primark aplicaba el convenio de empresa, "con salarios más bajos, en vez del convenio sectorial del comercio textil del territorio, que contempla salarios más altos". Según la central sindical, las trabajadoras tenían, desde el 23 de mayo de 2024, "derecho a cobrar los salarios que recoge el convenio sectorial, de acuerdo a la reforma laboral del 2021, así como doctrina precisada por el Tribunal Superior el 16 de abril de 2026". Ahora, la Justicia ha dado la razón al sindicato, por lo que Primark deberá abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde el 23 de mayo del 2024. ELA demandó a Primark y aunque la solicitud judicial fue desestimada en primera instancia por el Juzgado numero 11 de Bizkaia, el sindicato recurrió solicitando que se declarase nula dicha sentencia y se estimase su pretensión. Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso, ELA se felicita por "esta victoria judicial" y asegura que continuará trabajando "para frenar la estatalización de las condiciones laborales".El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a Primark a abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde el 23 de mayo del 2024, de forma que da la razón a ELA en su demanda para que se aplique el convenio textil del territorio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2524423583-1-p491459-m1532840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjpv-condena-a-primark-a-abonar-las-diferencias-salariales-de-las-trabajadoras-de-bizkaia-desde-mayo-del-2024https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2524423583-1-p491459-m1532840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjpv-condena-a-primark-a-abonar-las-diferencias-salariales-de-las-trabajadoras-de-bizkaia-desde-mayo-del-2024https://elderecho.com/el-tsjpv-condena-a-primark-a-abonar-las-diferencias-salariales-de-las-trabajadoras-de-bizkaia-desde-mayo-del-2024https://elderecho.com/el-tsjpv-condena-a-primark-a-abonar-las-diferencias-salariales-de-las-trabajadoras-de-bizkaia-desde-mayo-del-20242026-11-03 07:41:372026-11-03 07:41:37sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social491460La Sala de lo Penal le impone también, en una sentencia recogida por Europa Press, la prohibición de recibir subvenciones y disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante tres años. De esta forma, el alto tribunal condena por primera vez a la mujer, que había sido absuelta por la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia asturiano, una absolución que fue recurrida por la Seguridad Social, cuyo recurso estima. Según los hechos probados que se exponen en la sentencia, la abuela tenía abierta una cuenta --en la que era cotitular su hija (y madre de la condenada)-- donde se ingresaba mensualmente su pensión de viudedad. Un ingreso que continuó aún después del fallecimiento de la titular en 1988 y del de la madre en agosto de 2013, puesto que hasta diciembre de 2019 el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la entidad bancaria desconocían la defunción de la pensionista. Esta circunstancia fue aprovechada, indica, por la condenada para disponer de los fondos de la cuenta, sabiendo que se nutría exclusivamente de la pensión de su abuela que continuaba abonando la Seguridad Social y efectuó reintegros, transferencias, pagos con tarjeta y domiciliación de recibos. Durante ese período, las pensiones ingresadas en la cuenta, que no fue cancelada hasta 2021, ascendieron a 61.834,46 euros y la entidad bancaria abonó a la Tesorería General de la Seguridad Social 39.176,22 euros correspondientes al período comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2019, recoge la resolución. Ocultación consciente Los magistrados refieren que la Seguridad Social y la entidad bancaria no realizaron el control de la pervivencia de la titular de la pensión, "lo cual no hace sino añadir la falta de control con la que dicho Instituto y la entidad bancaria actuaron". "Pero no quita fuerza fáctica de cara a señalar que los ingresos de la pensión de la fallecida de los que la nieta se aprovechó eran indebidos", contraponen. Así, destacan que "el carácter indebido del recibimiento de la pensión resulta de la propia lógica de las cosas y también de las disposiciones normativas que regulan esta percepción". "En efecto, el tipo penal se rellena con la expresión del disfrute de una pensión por la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, deber de informar que surge de la normativa aplicable sobre dicha percepción", remachan. Una "percepción económica indebida", subrayan, por la que la mujer es sentenciada al pago como responsabilidad civil a la Seguridad Social de 29.658 euros. Lo es --explican-- por "el importe de las percepciones indebidas una vez restada las cantidades que fueron reintegradas, concretamente la cantidad que resulta de restar a los 61.834 euros 39.176 euros".El Tribunal Supremo ha condenado a una mujer a pagar 29.658 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a dos años de cárcel por el delito de fraude de subvenciones al haber cobrado varios años la pensión de su abuela fallecida sin avisar de que había muerto.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0019_1-p491460-m1532858-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-condena-a-una-nieta-a-pagar-casi-30-000-euros-por-cobrar-durante-anos-la-pension-de-su-abuela-fallecidahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0019_1-p491460-m1532858-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-condena-a-una-nieta-a-pagar-casi-30-000-euros-por-cobrar-durante-anos-la-pension-de-su-abuela-fallecidahttps://elderecho.com/el-supremo-condena-a-una-nieta-a-pagar-casi-30-000-euros-por-cobrar-durante-anos-la-pension-de-su-abuela-fallecidahttps://elderecho.com/el-supremo-condena-a-una-nieta-a-pagar-casi-30-000-euros-por-cobrar-durante-anos-la-pension-de-su-abuela-fallecida2026-11-03 07:33:272026-11-03 07:33:27penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico491408El juzgado considera que hubo “mala praxis” en la actuación de la genetista a la que acudió la pareja cuando decidió volver a tener un hijo tras la muerte en 2019 de un primer bebé por causas en las que no se descartó una “causa genética”. Según se recoge en la sentencia, la pareja se sometió a una reproducción asistida en 2018 y se consiguieron tres embriones. Se implantó uno y nació un bebé que falleció en 2019. A este primer bebé se le hizo un informe genético “que no identificó ninguna alteración patogénica”, pero tampoco descartó entonces la existencia de una “causa genética desconocida”. Antes de volver a ser padres de nuevo, la pareja contactó con una genetista e investigadora de un hospital público vasco porque no quería volver a pasar por lo mismo. La doctora recabó el estudio genético hecho en su día y “a su vista, tranquilizó a la pareja” e indicó que podían ser padres de nuevo con “un riesgo muy bajo” sin recomendarles “más estudios, para asegurar su consejo genético”. La pareja tuvo un segundo bebé que falleció en diciembre de 2020 a los cinco meses. A este bebé se le hizo un estudio de exoma genético, “mucho más amplio” que el hecho a su hermano que determinó que sufría una mutación del gen NFU1 que no había sido analizado en el estudio del primero. La pareja consideró que hubo mala praxis en la actuación de la doctora porque no dio relevancia a la falta de un exoma genético más amplio en el caso del primer bebé, ni consideró hacer un cribado preimplantacional a los dos embriones congelados o un estudio genético de los progenitores. Osakidetza sin embargo mantuvo que no hubo relación causal entre la asistencia prestada y el resultado lesivo porque los síntomas identificados en el primer bebé no permitían establecer un diagnóstico como el que se logró después. Mala praxis El juzgado da la razón a los demandantes y concluye a la vista de la prueba practicada que hubo “mala praxis”, “desidia y dejadez” en la actuación de la genetista porque debería haber revisado la historia clínica completa del primer bebé y haber hecho más pruebas, como haber solicitado un exoma de la muestra de ADN del primer hijo y un estudio genético de los progenitores. Con esos estudios, añade el juzgado, “hubiera aparecido la mutación de NFU1 asociada al síndrome de disfunción mitocondrial múltiple, que hubiera dado perfecta explicación al fallecimiento” del primer bebé y con este resultado la doctora hubiera “recomendado evitar la gestación natural, así como hacer exoma de los dos embriones congelados, ya dirigido de forma específica a encontrar el gen NFU1 mutado”. De este modo, se habría evitado el nacimiento del segundo bebé con su enfermedad genética congénita idéntica al primero y que los progenitores “pasaran por el hecho traumático de gestar y ver morir a un segundo bebé, de nuevo, y por la misma causa”, afirma el juzgado. Daño moral de una “gravedad excepcional” La resolución considera que el daño moral causado es de una “gravedad excepcional” y fija en 1.220.106,66 euros la cantidad que Osakidetza debe abonar a la pareja. “Al fallecimiento del segundo hijo debe añadirse el drama adicional de que la pareja hizo lo que estaba en su mano para evitar la enfermedad genética del segundo hijo y la muerte del mismo, de modo que les generó la frustración de no haber hecho lo suficiente, así como la rabia y frustración de que terceros técnicos en la materia no hicieron lo que les incumbía y podían haberlo evitado”, añade el juzgado.La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha condenado a Osakidetza a indemnizar con 1,2 millones de euros a unos progenitores por la muerte de su bebé en diciembre de 2020 con cinco meses.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2561923123-1-p491408-m1532626-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-12-millones-de-euros-a-unos-progenitores-por-la-muerte-de-su-bebehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2561923123-1-p491408-m1532626-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-12-millones-de-euros-a-unos-progenitores-por-la-muerte-de-su-bebehttps://elderecho.com/indemnizacion-de-12-millones-de-euros-a-unos-progenitores-por-la-muerte-de-su-bebehttps://elderecho.com/indemnizacion-de-12-millones-de-euros-a-unos-progenitores-por-la-muerte-de-su-bebe2026-10-30 12:33:582026-10-30 12:33:58administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico491383Este equipo está integrado por tres socios y 18 profesionales con una amplia trayectoria en auditoría de cuentas y otros servicios de asesoramiento empresarial. El equipo desarrolla su actividad principalmente en el ámbito de la auditoría, tanto para empresas privadas como para entidades del sector público, y cuenta también con experiencia en revisión de subvenciones e informes periciales, entre otros servicios especializados en el ámbito financiero. Su experiencia abarca organizaciones de sectores referentes en la Región como agroalimentario, industria, construcción, transportes y empresas de servicios, lo que aporta a Auren conocimiento del tejido empresarial murciano. Al frente del equipo se encuentran Ramón Madrid Nicolás, Francisco Javier Meseguer Espinosa y Ramón Madrid Martínez, profesionales con una sólida experiencia en auditoría. Ramón Madrid Nicolás es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y cuenta con una trayectoria de varias décadas en auditoría de cuentas. Ha sido presidente de BNFIX, y desarrolla una destacada trayectoria institucional en el ámbito de la economía y la auditoría. Desde 2008 ocupa el decanato del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y ha desempeñado otras responsabilidades en organizaciones profesionales del sector. Francisco Javier Meseguer Espinosa es licenciado en Economía por la Universidad de Murcia y es auditor de cuentas R.O.A.C. Su trayectoria profesional incluye trabajos de auditoría de grupos empresariales y consolidación contable, así como una amplia especialización en administración concursal, economía forense, elaboración de informes periciales y análisis de viabilidad económico-financiera. Además, desarrolla actividad docente como profesor asociado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Ramón Madrid Martínez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y es auditor de cuentas R.O.A.C. Desde 2012 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la auditoría de cuentas, ejerciendo como socio durante los dos últimos años. La incorporación refuerza las capacidades de Auren en Auditoría en la Región y amplía su oferta de servicios especializados. Además, permite al equipo incorporarse a una firma multidisciplinar, con profesionales de las áreas Legal, Consultoría y Corporate y compartir conocimiento y experiencia entre distintas especialidades. Esta incorporación responde a nuestra voluntad de seguir creciendo junto a equipos que comparten nuestra manera de entender los servicios profesionales. Sumamos experiencia, especialización y conocimiento del mercado murciano enriqueciendo las capacidades de nuestro equipo en la Región”, ha señalado Mario Alonso, presidente de Auren España. Por su parte, Francisco Miró, socio de Auditoría en Murcia ha señalado: “Es un orgullo incorporar a Auren un equipo con tanta experiencia y especialización, liderado por Ramón Madrid Nicolás, un referente para la profesión y con una trayectoria muy reconocida en la Región. Su conocimiento y compromiso, junto con la experiencia del resto del equipo, son un gran valor añadido para seguir reforzando nuestras capacidades”. Por su parte, Ramón Madrid Nicolás ha destacado: “La incorporación a Auren nos permite dar un nuevo paso en el desarrollo de nuestro proyecto profesional en el sector de la auditoría, dentro de una firma multidisciplinar que nos ofrece nuevas oportunidades de colaboración. Seguiremos trabajando con los mismos profesionales y manteniendo la cercanía y la confianza con nuestros clientes que siempre nos ha caracterizado. Además, esta nueva etapa nos permitirá contar con el respaldo de un equipo más amplio para responder a nuevas necesidades”. La incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Auren, orientada a reforzar sus capacidades profesionales y su presencia territorial mediante la integración de equipos con experiencia, especialización y un profundo conocimiento de sus mercados. Auren en la Región de Murcia En la Región de Murcia, Auren cuenta con oficina en Murcia y Cartagena, compuestas por un equipo de cerca de 60 profesionales que prestan servicios en las divisiones de Legal y Auditoría. Tras esta integración, la división de Auditoría en la Región estará formada cuatro socios: Francisco Miró, Ramón Madrid Nicolás, Francisco Javier Meseguer y Ramón Madrid Martínez.Auren refuerza su presencia en la Región de Murcia con la incorporación del equipo liderado por Ramón Madrid, procedente de BNFIX Auditores, donde desarrollaba su actividad hasta ahora. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Socios-Auren-Auditoria-Murcia-2-p491383-m1532570-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-impulsa-su-crecimiento-en-murcia-con-la-incorporacion-del-equipo-de-auditoria-liderado-por-ramon-madridhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Socios-Auren-Auditoria-Murcia-2-p491383-m1532570-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-impulsa-su-crecimiento-en-murcia-con-la-incorporacion-del-equipo-de-auditoria-liderado-por-ramon-madridhttps://elderecho.com/auren-impulsa-su-crecimiento-en-murcia-con-la-incorporacion-del-equipo-de-auditoria-liderado-por-ramon-madridhttps://elderecho.com/auren-impulsa-su-crecimiento-en-murcia-con-la-incorporacion-del-equipo-de-auditoria-liderado-por-ramon-madrid2026-10-30 12:01:422026-10-30 12:01:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491382De este modo, los magistrados fijan criterio al estimar en parte el recurso de casación autonómica interpuesto por varios catedráticos de la institución académica contra una sentencia emitida en 2024 por la Sección Segunda del propio TSJCV. Esa sentencia queda ahora revocada y por el contrario se confirma la dictada en primera instancia por el entonces Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia. En consecuencia, el Tribunal Superior anula el inciso añadido en junio de 2023 al artículo 10 del Reglamento de Usos Lingüísticos aprobado por el Consejo de Gobierno de la UV en 2014, que establecía que las comunicaciones y documentos internos se dirigirían a su personal exclusivamente redactados en valenciano debido el deber estatutario de conocer la lengua propia de la Universidad. “Tal texto, en la redacción dada, no respeta el principio de cooficialidad y de libertad de opción lingüística entre la lengua oficial del Estado y la propia de nuestra Comunidad Autónoma, que es el valenciano, dando supremacía y preferencia a esta última, debido a la previsión de su uso exclusivo, en detrimento del castellano, que también es lengua oficial”, argumenta la Sala Especial. La sentencia de casación cuenta con el voto particular de uno de los magistrados, partidario de revocar parcialmente la sentencia de la Sección Segunda del TSJCV y conceder a la UV un plazo para adaptar su reglamento e incorporar a él el derecho del personal a recibir en castellano las contestaciones a sus propios escritos o peticiones, cuando así lo soliciten, y la traducción de las comunicaciones y documentos, cuando así lo pidan. La mayoría de la Sala, es decir, los otros cuatro magistrados que la integran, entiende por el contrario que no cabe otra decisión que la anulación del acuerdo académico, pues se trata de “una resolución contraria a las normas de derecho autonómico que sancionan el uso paritario de las lenguas cooficiales”. De acuerdo con la sentencia, la resolución administrativa “no respeta la doctrina sentada tanto por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Sección 4ª” de la propia Sala de lo Contencioso del TSJCV “sobre la prohibición de cualquier tipo de condicionante o cortapisa al uso de la lengua oficial del Estado como consecuencia de la sacralización de la preeminencia que se otorga en favor de la lengua valenciana”. Y en esta línea, añaden los magistrados, “carece de fuste para restaurar el necesario equilibro en el uso de las lenguas que son cooficiales la cláusula de garantía o salvaguarda” que se estableció en el acuerdo recurrido y que recogía textualmente “sin perjuicio del respeto a los derechos lingüísticos reconocidos por la legislación”. La sentencia no acoge en cambio la petición de los recurrentes relativa al derecho de los estudiantes o de cualquier ciudadano que se relacione con la UV a recibir las comunicaciones o documentación que remita la institución en castellano o en versión bilingüe, ya que “excede del círculo de los afectados por el acuerdo que se anula”.La Sección Especial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha fallado en una sentencia que la Universidad de Valencia (UV) debe respetar el derecho de su personal a recibir en la lengua cooficial de su elección, sea castellano o valenciano, las comunicaciones internas de la institución, “sin condicionar el ejercicio de este derecho a ningún tipo de formalidad, carga o requisito que limite o cercene su uso”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2678171759-1-p491382-m1532549-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-establece-que-la-universidad-de-valencia-debe-remitir-sus-comunicaciones-internas-en-la-lengua-cooficial-de-eleccion-de-su-personalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2678171759-1-p491382-m1532549-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-establece-que-la-universidad-de-valencia-debe-remitir-sus-comunicaciones-internas-en-la-lengua-cooficial-de-eleccion-de-su-personalhttps://elderecho.com/el-tsjcv-establece-que-la-universidad-de-valencia-debe-remitir-sus-comunicaciones-internas-en-la-lengua-cooficial-de-eleccion-de-su-personalhttps://elderecho.com/el-tsjcv-establece-que-la-universidad-de-valencia-debe-remitir-sus-comunicaciones-internas-en-la-lengua-cooficial-de-eleccion-de-su-personal2026-10-30 11:58:032026-10-30 11:58:03administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico491356La operación marca una nueva etapa para el despacho, que cuenta con un equipo de 12 abogados y una estructura multidisciplinar especializada en el asesoramiento jurídico a empresas. La firma reúne profesionales especializados en Derecho Fiscal, Mercantil, Concursal, Penal Económico, Administrativo, Laboral y de la Seguridad Social, Responsabilidad Civil y Seguros, así como Derecho de las Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. Esta combinación de especialidades permite abordar de manera coordinada las distintas cuestiones jurídicas que surgen en la actividad de las empresas, desde su gestión cotidiana hasta operaciones societarias, procesos de reestructuración y situaciones de conflicto. ENSIS LEGAL aporta su trayectoria en el asesoramiento jurídico a empresas, con experiencia en áreas como el Derecho Mercantil, Fiscal, Concursal y Administrativo, así como en sectores como la industria, la energía y la empresa familiar. Julio García Cantó, abogado desde 2009, cuenta con experiencia en asesoramiento laboral, contratación y responsabilidad civil, y está especializado también en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. "Con esta fusión damos forma a un proyecto que busca diferenciarse en el mercado jurídico de Albacete y su provincia por la amplitud de sus especialidades. Queremos que García Carbonell sea un despacho al que las empresas puedan acudir para resolver las distintas cuestiones legales que surgen en su actividad, con un mismo equipo de profesionales", explica Julio García Cantó, socio de García Carbonell. Por su parte, García Blanca Abogados, fundado en el año 2000, aporta su trayectoria especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Su fundador, José Manuel García Blanca, cuenta con más de 36 años de experiencia en esta materia, tanto, en el ambito sindical, como, posteriormente, en el sector privado, interviniendo en multitud de procesos colectivos de regulación de empleo en el sector público y privado, litigiosidad colectiva o particular, tanto de particulares como de empresas. Su actividad se desarrolla tambien en los órdenes penales y contencioso administrativo en las materias conexas con todo el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A lo anterior se une su actividad docente y académica en varias universidades y e institutos formativos. "La unión de ambos despachos nos permite poner en común nuestra experiencia y trabajar de manera coordinada en asuntos que afectan a distintas áreas del Derecho. Las cuestiones laborales están estrechamente relacionadas con muchas de las decisiones que adoptan las empresas, y contar con profesionales de diferentes especialidades nos permitirá ofrecer un asesoramiento más completo", señala José Manuel García Blanca, socio de García Carbonell.ENSIS LEGAL y García Blanca Abogados se fusionan y desarrollarán a partir de ahora su actividad bajo la denominación histórica de García Carbonell, firma fundada en Albacete en 1947, germen de ENSIS LEGAL en el año 2022. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Nota-de-prensa-Garcia-Carbonell-30102026-p491356-m1532510-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ensis-legal-y-garcia-blanca-abogados-se-fusionan-bajo-la-marca-garcia-carbonellhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Nota-de-prensa-Garcia-Carbonell-30102026-p491356-m1532510-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ensis-legal-y-garcia-blanca-abogados-se-fusionan-bajo-la-marca-garcia-carbonellhttps://elderecho.com/ensis-legal-y-garcia-blanca-abogados-se-fusionan-bajo-la-marca-garcia-carbonellhttps://elderecho.com/ensis-legal-y-garcia-blanca-abogados-se-fusionan-bajo-la-marca-garcia-carbonell2026-10-30 11:41:092026-10-30 11:41:09sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491355El encuentro, organizado por la firma española, ha congregado a más de 70 socios de 35 despachos de diferentes países para debatir los principales desafíos de la abogacía y el papel de la colaboración internacional en el asesoramiento a empresas. Durante las jornadas, los participantes analizaron cuestiones que están transformando el mercado legal, desde la incorporación de la inteligencia artificial y las herramientas digitales hasta las nuevas expectativas de los clientes, la diferenciación de los despachos y los retos asociados al crecimiento y la gestión del talento. La elección de Barcelona y el papel de Net Craman como firma anfitriona han situado al despacho en el centro de un encuentro que trasciende el intercambio de experiencias profesionales y permite fortalecer las relaciones entre abogados que asesoran a compañías con intereses en diferentes mercados. La internacionalización empresarial impulsa nuevas formas de colaboración jurídica Uno de los principales asuntos abordados durante la conferencia fue la necesidad de reforzar la cooperación entre despachos independientes para dar respuesta a operaciones y conflictos jurídicos que involucran a varias jurisdicciones. La expansión internacional de las empresas exige contar con profesionales que, además de conocer la legislación de cada país, comprendan las particularidades de su mercado y puedan trabajar de manera coordinada con los asesores jurídicos de otras jurisdicciones. En este escenario, Net Craman apuesta por un modelo de colaboración internacional a través de su pertenencia a LawExchange International, que permite mantener la independencia de cada firma y, al mismo tiempo, establecer relaciones de trabajo con despachos especializados en otros mercados. «Hoy, las empresas necesitan abogados que comprendan su negocio y sean capaces de acompañarlas más allá de su mercado de origen. Pertenecer a una red internacional nos permite trabajar directamente con profesionales de confianza en diferentes jurisdicciones, algo especialmente importante cuando asesoramos operaciones o proyectos internacionales. Haber organizado este encuentro en Barcelona nos ha permitido fortalecer esas relaciones y compartir una visión sobre los desafíos que tenemos por delante como sector», señala Jorge Puig Jover, socio de Net Craman. La conferencia también ha permitido profundizar en uno de los principales valores de estas redes: el conocimiento directo entre los profesionales que las integran. Más allá de disponer de contactos internacionales, la colaboración efectiva requiere comprender cómo trabaja cada despacho, cuáles son sus especialidades y qué capacidades puede aportar a una operación o controversia transfronteriza. Inteligencia artificial, talento y crecimiento, entre los desafíos compartidos por los despachos El programa de la conferencia puso de manifiesto que, pese a las diferencias entre mercados y sistemas jurídicos, los despachos independientes afrontan retos similares. La incorporación de la inteligencia artificial a la práctica jurídica fue uno de los asuntos tratados, junto con la necesidad de adaptar los servicios a las expectativas de los clientes y encontrar nuevas fórmulas de diferenciación. Los participantes también intercambiaron experiencias sobre cómo impulsar el crecimiento de las firmas sin perder su identidad, preservar la cultura corporativa y alinear a los equipos con los objetivos estratégicos del despacho. Para Net Craman, la celebración de este encuentro representa una oportunidad para reforzar su participación en una comunidad jurídica internacional y contribuir al intercambio de conocimiento entre firmas que comparten desafíos empresariales y profesionales. «El verdadero valor de una red internacional no está únicamente en su presencia geográfica, sino en la capacidad de sus miembros para trabajar juntos y ofrecer respuestas coordinadas a sus clientes. El encuentro organizado por Net Craman en Barcelona ha sido una oportunidad para estrechar esa colaboración y analizar cómo debemos evolucionar los despachos independientes para seguir siendo competitivos en un mercado jurídico global», afirma Claire Holford, presidenta de LawExchange International. Barcelona, punto de encuentro de la abogacía internacional Con la organización de esta edición de la conferencia mundial, Net Craman ha ejercido como anfitrión de representantes de 35 firmas internacionales, facilitando un espacio de intercambio sobre las tendencias que están marcando la evolución del asesoramiento jurídico empresarial. El encuentro ha permitido fortalecer los vínculos entre los miembros de LawExchange International y abordar cómo las redes de despachos independientes pueden seguir desarrollando modelos de colaboración que combinen especialización local, conocimiento de los mercados y capacidad de respuesta internacional. La conferencia concluyó poniendo de manifiesto la importancia de las relaciones profesionales de confianza para afrontar los desafíos de un sector en transformación y acompañar a las empresas en sus proyectos internacionales.El despacho de abogados Net Craman ha reunido en Barcelona a más de 100 profesionales del sector jurídico internacional con motivo de la conferencia mundial de LawExchange International, una red de despachos independientes de la que forma parte. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Net-Craman-scaled-p491355-m1532475-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/net-craman-reune-en-barcelona-a-mas-de-100-profesionales-del-sector-legal-internacional-para-debatir-los-desafios-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Net-Craman-scaled-p491355-m1532475-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/net-craman-reune-en-barcelona-a-mas-de-100-profesionales-del-sector-legal-internacional-para-debatir-los-desafios-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/net-craman-reune-en-barcelona-a-mas-de-100-profesionales-del-sector-legal-internacional-para-debatir-los-desafios-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/net-craman-reune-en-barcelona-a-mas-de-100-profesionales-del-sector-legal-internacional-para-debatir-los-desafios-de-la-abogacia2026-10-30 11:33:122026-10-30 11:33:12sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491295El debate se centra en sí las mujeres víctimas de VIOGEN deben percibir su pensión de viudedad con los límites que establece el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social para todos los pensionistas de viudedad, hombres y mujeres, y que normalmente provoca reducción; o por el contrario la regla especial del artículo 220.3 establece la cuantía para las mujeres víctimas de VIOGEN sin que a la misma se le imponga limitación alguna caso de superar la pensión compensatoria que venía percibiendo tras el divorcio o separación. A la vista de la redacción de la norma, el Pleno ha entendido qué el fundamento de la pensión de viudedad para las mujeres víctimas de VIOGEN no es compensar el desequilibrio económico que se produce a la muerte de quién les venía abonando la pensión compensatoria, como ocurre con los viudos y con las viudas que no son víctimas de VIOGEN; por el contrario entiende que el fundamento de la pensión de viudedad para estas mujeres es la situación excepcional en que se encuentran por ser víctimas de VIOGEN y la obligación social de protegerlas y aliviar su situación. La sentencia realiza una interpretación literal, sistemática y en atención a la voluntad del legislador, así como una visión del problema analizado con perspectiva de género, al ser las mujeres las víctimas de esta lacra social.El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia de fecha 9 de octubre en la que se analiza la cuantía de la pensión de viudedad para una mujer víctima de violencia de género. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20101229_0017_1-p491295-m1532333-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-establece-que-no-cabe-reducir-la-cuantia-de-la-pension-de-viudedad-de-una-victima-de-violencia-de-generohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20101229_0017_1-p491295-m1532333-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-establece-que-no-cabe-reducir-la-cuantia-de-la-pension-de-viudedad-de-una-victima-de-violencia-de-generohttps://elderecho.com/el-ts-establece-que-no-cabe-reducir-la-cuantia-de-la-pension-de-viudedad-de-una-victima-de-violencia-de-generohttps://elderecho.com/el-ts-establece-que-no-cabe-reducir-la-cuantia-de-la-pension-de-viudedad-de-una-victima-de-violencia-de-genero2026-10-29 16:08:242026-10-29 16:08:24sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social491296Esperar horas a que comience un juicio. Encontrarse con una suspensión comunicada a última hora. Ver denegada una solicitud de suspensión amparada por la ley. Recibir un trato desconsiderado durante el ejercicio profesional. Son situaciones que la mayoría de abogados y abogadas conocen de primera mano y que, con demasiada frecuencia, terminan sin ser comunicadas. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) quiere poner fin a ese silencio. Bajo el lema “Por la dignidad de la profesión. Por el derecho de defensa”, el Colegio lanza una nueva herramienta digital para que sus colegiados puedan comunicar de forma rápida, sencilla y, si lo desean, anónima, las incidencias que experimentan diariamente en juzgados y tribunales. La iniciativa nace de una realidad preocupante: según los datos de la macroencuesta del ICAM “Radiografía de la profesión” (2023), realizada junto con GAD3 a partir de 2.762 encuestados, más del 70% de los profesionales sufre incidencias en su actividad judicial, pero solo una minoría (el 13%) las pone en conocimiento del Colegio. Una brecha entre lo que sucede en los tribunales y lo que llega a los canales institucionales que dificulta conocer la verdadera dimensión del problema y reclamar medidas correctoras. “No podemos normalizar lo que compromete el derecho de defensa” El decano del ICAM, Eugenio Ribón, subraya la necesidad de acabar con la resignación ante situaciones que afectan tanto a los profesionales como a los ciudadanos: “No podemos aceptar como normal que un abogado espere horas para celebrar un juicio, que se le deniegue una suspensión a la que tiene derecho o que reciba un trato desconsiderado por ejercer su profesión. Cada una de estas situaciones afecta a la dignidad de la abogacía y puede comprometer el derecho de defensa de los ciudadanos. La Junta de Gobierno del ICAM no va a mirar hacia otro lado. Queremos que nuestros colegiados y colegiadas sepan que no están solos y que su Colegio está para defenderlos”. La iniciativa persigue, además, un cambio de cultura profesional: que comunicar una incidencia deje de percibirse como un trámite extraordinario y se convierta en un gesto cotidiano de responsabilidad colectiva. Comunicar una incidencia desde el propio juzgado de manera sencilla y anónima Para facilitar el reporte de estas situaciones, el ICAM ha desarrollado, a través de su área de Comunicación Digital y Defensa de la Abogacía, una aplicación web disponible en las tablets de todas las Salas de la Abogacía del ICAM, permitiendo a los profesionales dar cuenta de lo ocurrido durante su jornada judicial de forma rápida y efectiva sin necesidad de esperar a regresar al despacho. No es obligatorio identificarse, aunque quien lo desee puede facilitar sus datos de colegiación. Además de las incidencias, el sistema permite recoger también experiencias positivas y buenas prácticas judiciales, contribuyendo a una visión más completa y equilibrada del funcionamiento de los tribunales. Retrasos de hasta seis horas y procedimientos paralizados durante más de un año Los informes del ICAM ponen cifras a un problema que trasciende las molestias puntuales. En 2025, el Colegio comunicó 187 incidencias judiciales al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relacionadas con dilaciones, retrasos, suspensiones y otras disfunciones. Según el balance anual del área de Defensa de la Abogacía, el 70% de los retrasos registrados superó los 90 minutos, con esperas que en determinados casos alcanzaron las seis horas. En materia de dilaciones, el 49 % de las incidencias documentadas superó los doce meses. A ello se suma la cuestión del trato profesional. En el II Barómetro sobre el Funcionamiento de la Justicia del ICAM, el 32,74% de los abogados encuestados afirmó haber recibido un trato desconsiderado por parte de jueces o magistrados, mientras que el 52,97% señaló situaciones similares por parte del personal de las oficinas judiciales. Son cifras que evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y seguimiento de estas situaciones y que ponen de manifiesto una consecuencia especialmente preocupante: cuando la abogacía encuentra obstáculos para desarrollar su trabajo, también puede verse perjudicado el ciudadano al que representa. El diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata, destaca el valor de la nueva herramienta para conocer con mayor precisión lo que sucede diariamente en los tribunales: “Queremos acabar con esa sensación de que no merece la pena comunicar una incidencia porque nada va a cambiar. Sí merece la pena. Necesitamos saber qué ocurre, dónde ocurre y con qué frecuencia para detectar situaciones reiteradas, documentarlas y exigir soluciones ante las instancias competentes. Lo que no se reporta, no se puede combatir. Cada incidencia que se nos comunica nos ayuda a defender mejor a toda la profesión”. El objetivo es tanto que el Colegio pueda disponer de información más completa y sistemática sobre las dificultades que afrontan sus profesionales, identificar patrones de funcionamiento y fundamentar sus actuaciones institucionales ante los órganos correspondientes, como atender las incidencias concretas de los colegiados/as cuando quieran formalizar su queja. Despliegue en dos fases por los juzgados de Madrid La aplicación se irá implementando a partir de este jueves en 15 puntos de atención del ICAM, tanto en Madrid capital como en otros partidos judiciales de la Comunidad. En esta primera fase, el sistema se desplegará en las Salas de la Abogacía de Plaza de Castilla, Poeta Joan Maragall, Princesa 3 —tanto en la primera como en la sexta planta—, Francisco Gervás, Rosario Pino, Albarracín, Julián Camarillo, la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional, Gran Vía 19, Gran Vía 52, Móstoles, Getafe y Alcobendas. En una segunda fase, la herramienta se extenderá también a Aranjuez, Fuenlabrada, Colmenar Viejo, Leganés, Parla, Majadahonda y Valdemoro, así como a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Campaña de sensibilización La puesta en marcha de la herramienta irá acompañada de una campaña de sensibilización dirigida a la abogacía madrileña, bajo el lema “Por la dignidad de la profesión. Por el derecho de defensa. No lo calles. Repórtalo”. A través de las Salas de la Abogacía y de los canales digitales del Colegio, la campaña pretende movilizar a los profesionales para que comuniquen aquellas situaciones que afectan al ejercicio de su función y a las garantías de los ciudadanos. “El mensaje del ICAM es claro: ninguna incidencia debe quedar sin voz por resignación o por falta de un canal sencillo para comunicarla”, concluye Javier Mata.El Colegio pone en marcha una aplicación web que permite comunicar, incluso de forma anónima, retrasos injustificados, suspensiones denegadas y situaciones de trato desconsiderado en los tribunales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Ribon-y-Mata-copn-la-nueva-aplicacion-web-del-ICAM-en-la-sala-Abogacia-del-ICAM-p491296-m1532354-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-lanza-una-herramienta-para-que-los-abogados-denuncien-las-incidencias-judicialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Ribon-y-Mata-copn-la-nueva-aplicacion-web-del-ICAM-en-la-sala-Abogacia-del-ICAM-p491296-m1532354-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-lanza-una-herramienta-para-que-los-abogados-denuncien-las-incidencias-judicialeshttps://elderecho.com/el-icam-lanza-una-herramienta-para-que-los-abogados-denuncien-las-incidencias-judicialeshttps://elderecho.com/el-icam-lanza-una-herramienta-para-que-los-abogados-denuncien-las-incidencias-judiciales2026-10-29 13:08:312026-10-29 13:08:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico