https://elderecho.com/feedes488367La sentencia aborda así la posibilidad de que una situación de incapacidad ya reconocida pueda revisarse posteriormente cuando se produzca un agravamiento. La normativa, explica el Tribunal, contempla expresamente que la gran invalidez pueda sobrevenir después de la jubilación por incapacidad permanente, siempre que la declaración se solicite dentro de los límites temporales establecidos legalmente. En este caso, la funcionaria había sido jubilada por incapacidad permanente con efectos desde diciembre de 2019. En mayo de 2023 solicitó a MUFACE el reconocimiento de la gran invalidez al considerar que el avance de su enfermedad había determinado que necesitara asistencia continuada para realizar actos esenciales de la vida. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) hizo constar que padecía “esclerosis múltiple en progresión, con necesidad de uso de silla de ruedas para desplazamiento, y necesidad de ayuda para algunas necesidades”, pero concluyó que no necesitaba de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria. Sobre esa valoración, MUFACE rechazó la solicitud. La Sala recuerda, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo, que los dictámenes de los órganos médicos administrativos gozan de una presunción de legalidad y acierto por las garantías derivadas de los conocimientos técnicos de sus integrantes y de su imparcialidad y objetividad. Pero precisa que esa presunción tiene carácter “eventual” y es, “en todo caso, destruible, por prueba en contrario”. En particular, la resolución señala que los informes facultativos aportados por las partes deben valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y pueden “servir como prueba suficiente, atendiendo a las circunstancias del caso, para acreditar error en que incurre el dictamen del tribunal médico”. Durante el procedimiento judicial se aportó una pericial que describía una afectación neurológica severa derivada de la enfermedad, con pérdida total de la marcha y una dependencia casi completa para las actividades de la vida diaria. Las especialistas aplicaron dos escalas de valoración que reflejaban dependencia severa y dependencia instrumental muy severa y concluyeron que necesitaba ayuda de una tercera persona para las actividades básicas e instrumentales. Tras valorar conjuntamente esa prueba y el carácter progresivo de la enfermedad, el tribunal concluye que “puede sostenerse que ha llegado a un estadio en que necesita la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria y, por tanto, pueda considerarse que se trata de un supuesto de gran invalidez, tal y como instó la recurrente”. La sentencia recuerda que la legislación define la gran invalidez como aquella situación en la que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, resulta necesaria la asistencia de otra persona para realizar los actos más elementales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer u otros análogos. Además, subraya que el Reglamento General del Mutualismo Administrativo contempla específicamente los casos en los que esa necesidad aparece después de haberse producido la jubilación por incapacidad permanente. De este modo, el agravamiento posterior puede dar lugar al reconocimiento de la nueva situación cuando concurran los requisitos establecidos. Como consecuencia, el TSJMU anula las resoluciones administrativas que habían rechazado la solicitud y reconoce a la funcionaria la gran invalidez y el correspondiente complemento, equivalente al 50 % de la pensión de jubilación que le corresponda conforme a la cantidad íntegra acreditada en nómina por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. TSJ de Murcia. Sala de lo Contencioso. Sentencia nº 325/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región de Murcia ha reconocido la gran invalidez a una funcionaria jubilada por incapacidad permanente después de constatar que la evolución de su enfermedad había provocado una pérdida de autonomía que hacía necesaria la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736159947-1-p488367-m1523258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736159947-1-p488367-m1523258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidad2026-09-15 15:55:032026-09-15 15:55:03administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Administrativo,Sector jurídico,Social488366El Ejecutivo comunitario plantea además reducir de una media de 14 meses a cuatro el reconocimiento de títulos obtenidos fuera de la UE y crear una tarjeta europea de Seguridad Social para solicitar por Internet y acreditar desde el móvil documentos como la Tarjeta Sanitaria Europea, además de reforzar la Autoridad Laboral Europea (ELA) frente al empleo ilegal y los abusos laborales, también cuando afecten a trabajadores de terceros países. Bruselas calcula que el conjunto de las medidas, que deberán ser negociadas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, generará unos beneficios de 6.000 millones de euros hasta 2040 por el ahorro derivado de acelerar el reconocimiento de cualificaciones, verificar en tiempo real los documentos de Seguridad Social y reducir el fraude, entre otros factores. "Las personas deberían poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápidamente. Las empresas deberían poder contratar el talento que necesitan con menos papeleo y menos retrasos", ha defendido la vicepresidenta de la Comisión para Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu. En el caso de médicos, enfermeros de cuidados generales, dentistas, matronas, veterinarios, farmacéuticos y arquitectos, cuyas titulaciones ya cuentan con un sistema de reconocimiento automático en la UE al existir unos requisitos mínimos comunes de formación, Bruselas propone acortar de tres meses a cinco semanas el tiempo para completar el procedimiento. La Comisión quiere extender además este sistema a otras profesiones mediante requisitos comunes de formación y ha adoptado el primer marco de este tipo para los fisioterapeutas, al tiempo que ha elaborado una lista preliminar de otras diez profesiones en las que estudiará avanzar por esta vía. Los profesionales podrán realizar todo el procedimiento por vía digital y presentar la documentación en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE, evitando así traducciones certificadas, una simplificación con la que Bruselas calcula que ciudadanos y administraciones podrán ahorrar unos 486 millones de euros en costes administrativos hasta 2040. A ello se suma la creación de un formato digital común para las cualificaciones, desde la educación secundaria hasta los doctorados, que permitirá almacenarlas en la cartera europea de identidad digital y acreditar su autenticidad, junto a una nueva herramienta de Europass para facilitar la comparación de los títulos expedidos en los distintos Estados miembro. De 14 a cuatro meses para los títulos de fuera de la UE El paquete plantea también establecer unas reglas comunes para reconocer las cualificaciones obtenidas fuera de la UE, tanto por ciudadanos comunitarios como por profesionales de terceros países, con requisitos documentales armonizados y plazos definidos que permitirán reducir de una media de 14 meses a cuatro la duración de estos procedimientos. El Ejecutivo comunitario calcula que la simplificación permitirá reducir hasta la mitad los costes administrativos que afrontan las empresas para contratar a estos profesionales y prevé además que determinados títulos extranjeros puedan beneficiarse del reconocimiento automático en las siete profesiones que ya cuentan con requisitos mínimos comunes de formación en la UE, siempre que procedan de programas previamente evaluados a nivel europeo y que cumplan los estándares comunitarios. "Con las nuevas normas, el reconocimiento de cualificaciones será más sencillo y rápido, también para los trabajadores cualificados de fuera de la UE. Además, estamos dando a la Autoridad Laboral Europea las herramientas para combatir el empleo ilegal y la explotación, también cuando afecten a nacionales de terceros países", ha señalado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. En todo caso, el reconocimiento de una cualificación obtenida fuera de la UE no dará por sí mismo derecho a entrar, residir o trabajar en territorio comunitario y los Estados miembro mantendrán sus competencias sobre la admisión de trabajadores extranjeros y los requisitos para ejercer cada profesión. Digitalización de documentos de la Seguridad Social Otra de las patas del paquete es la creación de la tarjeta europea de Seguridad Social (ESSPASS), que permitirá solicitar por Internet la Tarjeta Sanitaria Europea, el certificado A1 para trabajadores desplazados temporalmente y otros documentos necesarios para acreditar los derechos sociales y sanitarios al trasladarse a otro país del bloque. Una vez expedidos, podrán almacenarse en la cartera europea de identidad digital y presentarse directamente desde el teléfono móvil para que las autoridades comprueben en tiempo real su autenticidad y validez, aunque seguirá existiendo la posibilidad de utilizarlos en papel y, en el caso de la cobertura sanitaria, Bruselas fija un máximo de 24 horas para su emisión. La implantación será progresiva, de modo que el A1 estará disponible en formato digital un año después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, mientras que este sistema se extenderá a la Tarjeta Sanitaria Europea y al resto de documentación de Seguridad Social en un plazo de tres años. Refuerzo de la Autoridad Laboral Europea Bruselas propone por último reforzar la Autoridad Laboral Europea para mejorar la detección de irregularidades en situaciones laborales transfronterizas, con más herramientas para analizar datos e identificar riesgos que permitan orientar las inspecciones y con responsables nacionales específicos para mejorar la coordinación entre las autoridades. La reforma ampliará además su mandato para abordar abusos que afecten a trabajadores de terceros países residentes en la UE, incluidos casos de empleo ilegal o no declarado, salarios inferiores a los debidos y otras formas de explotación, aunque las inspecciones conjuntas seguirán siendo voluntarias y corresponderá a los Estados miembro decidir si participan en ellas.La Comisión Europea ha propuesto este martes reducir de cuatro meses a un máximo de once semanas los trámites para reconocer las cualificaciones necesarias para ejercer profesiones reguladas en otro Estado miembro, dentro de un paquete de medidas con el que Bruselas busca facilitar que los trabajadores puedan trasladarse a otro país de la Unión Europea y ejercer allí su profesión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2700641725-1-p488366-m1523240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-uehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2700641725-1-p488366-m1523240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-uehttps://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-uehttps://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-ue2026-09-15 15:47:372026-09-15 15:47:37socialSocial13Social488300Los hechos se refieren al impago de los honorarios de la procuradora que contrató para que le representara en un procedimiento laboral. La sentencia de la Audiencia Provincial detalla que el acusado dejó sin pagar una minuta de 309,43 euros, desatendiendo los requerimientos que se le hicieron por carta, teléfono y medios telemáticos. Ante este impago, la procuradora tuvo que iniciar un proceso judicial de Jura de Cuentas. Durante dicho proceso, el deudor presentó un escrito de alegaciones asegurando que ya había saldado la deuda con su letrado, adjuntando una factura de 2.077,60 euros, que aparentaba contar con la firma digital del abogado, donde figuraba el concepto de "minuta de honorarios profesionales". Sin embargo, el propio letrado desmintió la autenticidad de dicho documento. Sobre la alegación de la defensa de que la sentencia no detalla cómo el acusado falsificó la factura, el tribunal señala que las pruebas demuestran que él contaba con los medios necesarios, como correo electrónico y WhatsApp, y que fue él quien presentó el documento porque le beneficiaba. Su intención era general una respuesta judicial a su favor en detrimento de la procuradora, aunque no lo logró, ya que ella misma explicó que finalmente pudo cobrar todo el dinero que se le debía en el transcurso del procedimiento. Asimismo, los magistrados afirman que el acusado sabía perfectamente que tenía la obligación de pagar por separado tanto a su abogado como a la procuradora, puesto que ambos se lo habían indicado y las facturas de cada profesional eran independientes. La Sala concluye que la sentencia recurrida analiza de forma detallada las pruebas del juicio oral y justifica de manera impecable la calificación jurídica de los hechos, unos argumentos que considera totalmente acertados. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de La Rioja. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 14/2026 de 16 de julio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ratificado la condena de un año a un hombre por un delito de intento de estafa procesal, vinculado a la falsificación de un documento privado por parte de particular.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2510417643-1-p488300-m1523035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2510417643-1-p488300-m1523035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboralhttps://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboralhttps://elderecho.com/condenado-por-falsificar-una-factura-para-evitar-pagar-a-la-procuradora-que-le-representaba-en-una-demanda-laboral2026-09-14 13:24:172026-09-14 13:24:17penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico487889La presentación de la obra tendrá lugar el jueves 17 de septiembre a las 19:30h en la Librería jurídica Lex Nova (Calle del Marqués de la Ensenada, 4, 28004 Madrid), y contará con la participación del autor Óscar Fernández León, y del presidente de Lefebvre, Juan Pujol. Una metodología para la estrategia procesal Estrategia procesal del abogado en sala, que forma parte de la colección El Abogado Litigante, aborda una cuestión central en la práctica profesional, que es la necesidad de disponer de una metodología que conecte teoría del caso, negociación y preparación del juicio dentro de una estrategia coherente y planificada desde el primer contacto con el asunto. La obra parte de una idea esencial, y es que ningún escrito, reunión o intervención en sala debe improvisarse, sino responder a una planificación estratégica. A partir de esta premisa, explica paso a paso cómo construir la teoría del caso, seleccionar los hechos relevantes, elegir los fundamentos jurídicos y organizar la prueba de forma funcional y persuasiva. Este enfoque se extiende a las diferentes fases de la actuación profesional. El texto analiza cómo la estrategia procesal condiciona la negociación, la preparación de interrogatorios, la audiencia previa y el juicio oral, así como la anticipación de posibles escenarios alternativos. La obra integra además las habilidades esenciales del abogado litigante, la negociación jurídica como proceso estructurado, la persuasión y la técnica forense y la inteligencia emocional en la actuación profesional. De esta forma, reúne en un mismo enfoque aspectos relacionados con las habilidades, la negociación y la litigación. Su orientación práctica se completa con esquemas de decisión, checklist previos al juicio, un caso práctico sobre accidente de trabajo y determinación de contingencias, y una plantilla rellenable para construir la teoría del caso. También incorpora herramientas para preparar el juicio oral, analizar el perfil judicial en sala y evaluar la actuación del abogado tras el juicio. Dirigida tanto a abogados en ejercicio que quieran perfeccionar su planificación estratégica como a abogados jóvenes que busquen una guía práctica, la obra propone una metodología estructurada para abordar la estrategia procesal de forma global, desde la preparación inicial del asunto hasta la intervención en sala. Agenda • Fecha: Jueves, 17 de septiembre, 2026. • Horario: 19:30h. • Lugar: Librería jurídica Lex Nova (Calle del Marqués de la Ensenada, 4, 28004 Madrid). Para asistir es necesario inscribirse mediante email a eventos@lefebvre.es  Lefebvre presenta el próximo 17 de septiembre la obra "Claves Prácticas. Estrategia procesal del abogado en sala", de Óscar Fernández León, abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-obra-Oscar-Fernandez-Leon-p487889-m1521857-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-presentara-la-obra-c-p-estrategia-procesal-del-abogado-en-salahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-obra-Oscar-Fernandez-Leon-p487889-m1521857-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-presentara-la-obra-c-p-estrategia-procesal-del-abogado-en-salahttps://elderecho.com/lefebvre-presentara-la-obra-c-p-estrategia-procesal-del-abogado-en-salahttps://elderecho.com/lefebvre-presentara-la-obra-c-p-estrategia-procesal-del-abogado-en-sala2026-09-14 13:22:432026-09-14 13:22:43procesalProcesalsector-juridicoSector jurídicoProcesal,Sector jurídico488301Álvaro Martín se incorpora a Afianza procedente de Grupo Amara NZero, multinacional especializada en energía y logística con presencia en 10 países. A lo largo de más de dos décadas en la compañía, ha asumido distintos roles como General Counsel, Chief Compliance Officer, Data Protection Officer y Chief Sustainability Officer. A lo largo de su trayectoria ha liderado el programa corporativo de seguros, la certificación como bono verde de una emisión de 270 millones de euros conforme a Green Bond Principles y el diseño del marco global de gobierno corporativo y Compliance del grupo, entre otros hitos. Además, Álvaro Martín imparte clase en EAE Business School y ha colaborado como docente en el máster en Negocio y Derecho Energético de Cremades Calvo-Sotelo y la Universidad CEU. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un Executive MBA por Nebrija Business School. Formación en IA Governance por IE Law School y la certificación de Compliance and Ethics Professional de la SCCE. “Estoy muy ilusionado de incorporarme a una firma como Afianza, con una visión muy completa de las necesidades y que se encuentra en plena fase de crecimiento. Afronto esta nueva etapa con el compromiso de reforzar la asesoría jurídica y acompañar a la Firma ante los nuevos desafíos normativos y de gobernanza”, afirma Álvaro Martín, director de Asesoría Jurídica Corporativa de Afianza. Por su parte, Rafael Vázquez Romero, director general Corporativo de Afianza, ha señalado que “Álvaro tiene un perfil con un dominio técnico muy amplio y una experiencia en entornos empresariales de alta complejidad. Su incorporación llega en el mejor momento para Afianza y nos da una base muy sólida para seguir siendo una Firma relevante para el sector”. Este nombramiento se suma a los recientes de David Casas como director de Consultoría, Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio o Rafael Vázquez Romero como director general corporativo, entre otros. Afianza cerró 2025 con una facturación de 83,2 millones de euros, un 53% más que los 54,3 millones del año anterior, y cuenta en la actualidad con casi 1.500 profesionales en los principales ejes de la geografía española.Afianza ha fichado a Álvaro Martín como director de Asesoría Jurídica Corporativa, que asume la coordinación integral de todos los asuntos jurídicos de la Firma, desde el gobierno corporativo y compliance hasta la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales y la gobernanza en Inteligencia Artificial, entre otros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Alvaro-Martin_Afianza-p488301-m1523053-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-ficha-a-alvaro-martin-como-director-de-asesoria-juridica-corporativahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Alvaro-Martin_Afianza-p488301-m1523053-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-ficha-a-alvaro-martin-como-director-de-asesoria-juridica-corporativahttps://elderecho.com/afianza-ficha-a-alvaro-martin-como-director-de-asesoria-juridica-corporativahttps://elderecho.com/afianza-ficha-a-alvaro-martin-como-director-de-asesoria-juridica-corporativa2026-09-14 13:20:062026-09-14 13:20:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488302Abogacía Española abre hoy el plazo para presentar candidaturas a la XXVIII edición de los Premios de Derechos Humanos “Carlos Canicer”, que este año ponen el foco en uno de los principios esenciales sobre los que se construye la protección de los derechos humanos: todas las personas tienen la misma dignidad y deben poder ejercer los mismos derechos, sin discriminación alguna. Bajo el lema “No hay derechos de primera, ni personas de segunda”, esta edición reconocerá acciones, trayectorias e iniciativas que hayan contribuido de manera relevante a hacer efectiva la igualdad, combatir la discriminación y garantizar que los derechos humanos alcancen a todas las personas, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. La elección de este eje parte de los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos principios que consagran la igualdad en dignidad y derechos y la universalidad de las libertades reconocidas en la Declaración. Más de siete décadas después de su aprobación, el reto no reside únicamente en reconocer esos derechos, sino en garantizar que puedan ejercerse de manera efectiva por todas las personas. Candidaturas abiertas hasta el 16 de octubre El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2026. Podrán proponer candidaturas los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y los miembros del Consejo General de la Abogacía Española, así como personas o instituciones vinculadas con el mundo del Derecho o la Abogacía e instituciones y empresas públicas y privadas. Las propuestas deberán incluir una justificación de los motivos de la candidatura y el currículo de la persona candidata o el historial de la entidad o institución propuesta. Además, podrán incorporarse adhesiones y otros documentos que permitan acreditar y poner en valor su trayectoria o actuación. Las candidaturas pueden presentarse desde hoy a través del formulario habilitado en la web de Abogacía Española. Reconocer a quienes convierten la igualdad en derechos efectivos Los Premios de Derechos Humanos fueron creados por el Consejo General de la Abogacía Española en 1998 para reconocer públicamente a quienes se hayan distinguido por su lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos humanos. La convocatoria contempla las categorías de Persona, Institución y Comunicación, a las que se suma el Premio Especial Nacho de la Mata, creado en memoria del abogado y destinado a reconocer el trabajo en favor de los derechos de la infancia más vulnerable. En esta XXVIII edición se valorarán especialmente las actuaciones desarrolladas por profesionales de la Abogacía, despachos, colegios profesionales, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y organismos nacionales e internacionales que hayan contribuido a promover la igualdad efectiva, luchar contra la discriminación, proteger a colectivos en situación de vulnerabilidad y garantizar el acceso universal a los derechos humanos. También podrán concurrir iniciativas relacionadas con los derechos de las personas migrantes, refugiadas o apátridas; la igualdad de género; la protección de la diversidad; la lucha contra nuevas formas de discriminación estructural o tecnológica; y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Los premios están abiertos a candidaturas tanto nacionales como internacionales. Una cita con los derechos humanos el 10 de diciembre El jurado de los Premios reúne a representantes de las principales instituciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos, junto a representantes de la Abogacía y de la Fundación Abogacía. La decisión se adoptará mediante votación secreta y cada categoría reconocerá, con carácter general, a una única persona, institución o agrupación. Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía. Esta XXVIII edición parte así de una convicción que resume el compromiso de la Abogacía Española con los derechos humanos: la dignidad humana no admite excepciones. Los derechos humanos, tampoco. Consulta las bases completas de la convocatoria de los XXVIII Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer” de la Abogacía Española.Bajo el lema “No hay derechos de primera ni personas de segunda”, la XXVIII edición reconocerá a personas, instituciones y profesionales de la comunicación que trabajen por una igualdad real y efectiva.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Premios-DDHH-p488302-m1523074-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-abre-las-candidaturas-a-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Premios-DDHH-p488302-m1523074-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-abre-las-candidaturas-a-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-abre-las-candidaturas-a-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-abre-las-candidaturas-a-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanos2026-09-14 13:15:192026-09-14 13:15:19sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488303La llegada de María Cecilia es el tercer fichaje senior de la firma en las últimas semanas, tras las incorporaciones de Covadonga Garralda (socia) y María Varela (counsel). Estos movimientos responden al objetivo de concentrar en ESKARIAM a los especialistas con mayor trayectoria del mercado en reclamaciones de daños, en un momento en que la sofisticación técnica de los equipos se ha convertido en un factor diferencial para este tipo de litigios. María Cecilia Páez Montero, que se incorpora como asociada sénior de ESKARIAM, está especializada en litigación civil y mercantil, con más de quince años de experiencia en la gestión de procedimientos complejos nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a empresas en disputas contractuales, reclamaciones de daños, responsabilidad civil y litigios derivados de infracciones del derecho de la competencia. Inició su carrera profesional en Argentina y, tras su incorporación a Cuatrecasas en 2010, participó en algunos de los principales asuntos de antiturst private enforcement en distintas jurisdicciones europeas. Posteriormente, lideró el área de responsabilidad civil en Rauda, firma integrada en el grupo Cuatrecasas, coordinando equipos multidisciplinares y la gestión de litigios de gran volumen y complejidad. Colegiada en España, además de su actividad profesional, imparte docencia en el ISDE y cuenta con un LLM en International Business Law. “ESKARIAM entiende el private enforcement como lo que es: una de las disciplinas más complejas de la litigación, y la afronta con equipos verdaderamente especializados. Por eso me ilusiona especialmente incorporarme a este proyecto junto a compañeros con los que comparto la misma visión”, asegura María Cecilia Páez Montero. Para David Fernández, CEO de ESKARIAM, el talento es la pieza central del plan de crecimiento de la firma. "La experiencia de María Cecilia, con más de una década dedicada a litigios de competencia de alto valor estratégico, encaja exactamente con nuestra ambición de reunir al mejor equipo posible en reclamación de daños. Nuestro objetivo es seguir incorporando a los mejores abogados y especialistas". La firma, que actualmente está liderando en nuestro país casos de alto impacto como son el cártel de la leche o la reclamación de los hoteleros frente a Booking.com, se ha fijado como objetivo alcanzar los 3.500 millones de euros en reclamaciones bajo gestión para 2030. La incorporación de abogados y profesionales con una alta especialización y experiencia es una de las prioridades de ESKARIAM.ESKARIAM, firma española especializada en litigios complejos y reclamación de daños, ha incorporado a María Cecilia Páez Montero, abogada experta en litigación transfronteriza y antitrust private enforcement.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Cecilia-Paez-Eskariam-scaled-p488303-m1523095-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/eskariam-refuerza-su-equipo-de-litigacion-con-maria-cecilia-paez-monterohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Cecilia-Paez-Eskariam-scaled-p488303-m1523095-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/eskariam-refuerza-su-equipo-de-litigacion-con-maria-cecilia-paez-monterohttps://elderecho.com/eskariam-refuerza-su-equipo-de-litigacion-con-maria-cecilia-paez-monterohttps://elderecho.com/eskariam-refuerza-su-equipo-de-litigacion-con-maria-cecilia-paez-montero2026-09-14 12:45:352026-09-14 12:45:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488352Un documento que constituye el nacimiento jurídico e institucional del actual ICAM. La confirmación culmina varios meses de investigación del Archivo Histórico del Colegio, a partir del estudio de sus propios fondos y del contraste con documentación de finales del reinado de Felipe II conservada en instituciones como el Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico Nacional. Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, el resultado de esta investigación supone un hallazgo de extraordinaria relevancia histórica, jurídica e institucional para: “estamos ante el documento original que dio nacimiento jurídico a nuestra corporación y que estableció, hace más de cuatro siglos, la primera regulación de la abogacía madrileña”, destaca. Denominado en la propia documentación colegial de los siglos XVI a XVIII como «Constituciones fundacionales», este texto normativo representa la primera regulación corporativa de la abogacía madrileña. A través de sus disposiciones, los abogados que ejercían en la Corte y que se reunían entonces en el desaparecido Convento de San Felipe el Real se dotaron de una estructura corporativa y de personalidad jurídica. La investigación, liderada por el responsable del Archivo Histórico del ICAM, Martín Palomero, ha permitido reconstruir con plena fiabilidad técnica tanto el origen y la historia material del documento como su trayectoria de conservación, y aclarar las dudas que podían suscitar algunas de las características físicas que presenta actualmente la pieza. Una investigación hasta el soporte material Para completar el estudio, el Archivo Histórico ha contado con el testimonio directo de Mariano Caballero Almonacid, titulado en restauración de papel por la Región Toscana, en Italia, y por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, y responsable de la última intervención realizada sobre el documento. Su conocimiento directo de la pieza ha permitido explicar particularidades como la rugosidad del soporte o el aspecto traslúcido que presentan algunas zonas. Lejos de afectar a su autenticidad, estas características responden a una intervención de urgencia realizada ante el grave estado de conservación en que se encontraba el original. Durante aquel proceso se aplicó papel japonés exclusivamente sobre las áreas dañadas, con el objetivo de estabilizar el soporte y evitar nuevas pérdidas materiales. La investigación también ha acreditado que la cubierta que actualmente protege la pieza no pertenece al documento original, sino que fue incorporada durante esa misma intervención, por indicación de la entonces Gerencia del ICAM, para reforzar su protección y garantizar su conservación. El conjunto de las evidencias documentales y materiales permite concluir con plena fiabilidad que la pieza conservada por el Colegio es el original de las Constituciones fundacionales de 1596, uno de los testimonios documentales más relevantes de los más de cuatro siglos de historia del ICAM. “Esta pieza excepcional, además de ser el testimonio material de nuestros orígenes, representa la continuidad de una institución que, desde 1596, ha acompañado la evolución de la Justicia, del Derecho y de la sociedad española, manteniendo siempre su compromiso con la defensa de los derechos, las libertades y el Estado de Derecho”, subraya Ribón. Más de cuatro siglos de historia en el Museo ICAM La Real Provisión de Felipe II puede contemplarse actualmente en el Museo ICAM, el espacio dedicado a conservar y divulgar el patrimonio histórico de la abogacía madrileña y en el que se exhiben algunas de las piezas más representativas de la trayectoria del Colegio y de la profesión. “Este descubrimiento pone de relieve el valor extraordinario del Archivo Histórico del ICAM, uno de los fondos documentales más completos y singulares entre los colegios profesionales europeos. Sus más de doscientos metros lineales de documentación, conservados prácticamente de forma íntegra desde 1596, constituyen una fuente indispensable para comprender la historia de la abogacía y la evolución jurídica de España durante los últimos cinco siglos”, señala Ribón. Además de poder contemplarse físicamente en el Museo, la versión digitalizada de la Real Provisión de 1596 está disponible para consulta pública en el repositorio del Patrimonio Documental del ICAM, junto con otros fondos destacados de su Archivo Histórico. La investigación permite así al Colegio recuperar y poner en valor no solo el testimonio material de su propio nacimiento, sino también una pieza esencial para comprender los orígenes de la organización corporativa de la abogacía madrileña y su evolución durante más de cuatro siglos.El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha confirmado la autenticidad de una de las piezas más valiosas de su patrimonio histórico: el documento original de la Real Provisión otorgada por Felipe II el 15 de julio de 1596, por la que se aprobaron las ordenanzas e instituciones de la entonces Congregación de los Abogados de la Corte. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Real-Provision-otorgada-por-el-rey-Felipe-II-el-15-de-julio-de-1596-2-scaled-p488352-m1523185-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-acredita-la-autenticidad-del-documento-original-de-felipe-ii-que-dio-origen-al-colegio-en-1596https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Real-Provision-otorgada-por-el-rey-Felipe-II-el-15-de-julio-de-1596-2-scaled-p488352-m1523185-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-acredita-la-autenticidad-del-documento-original-de-felipe-ii-que-dio-origen-al-colegio-en-1596https://elderecho.com/el-icam-acredita-la-autenticidad-del-documento-original-de-felipe-ii-que-dio-origen-al-colegio-en-1596https://elderecho.com/el-icam-acredita-la-autenticidad-del-documento-original-de-felipe-ii-que-dio-origen-al-colegio-en-15962026-09-14 12:30:432026-09-14 12:30:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488288El Ejecutivo de Euskadi interpuso en febrero de 2024 un recurso ante el TC contra esta Ley estatal de Vivienda al considerar que vulneraba sus competencias. En concreto, recurrió un total de siete artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales. Según ha informado el Tribunal Constitucional este viernes, el recurso ha sido desestimado en una sentencia de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, con el voto particular de cinco magistrados. En ella, se aplica la doctrina establecida en diversas resoluciones sobre recursos de inconstitucionalidad planteados en relación con esta Ley por el derecho a la vivienda. En un comunicado, el tribunal ha explicado que el recurso vasco formulaba "impugnaciones específicas novedosas" contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que han sido desestimadas. En su resolución, el TC declara que el artículo 3 contiene "unas definiciones operativas para la propia ley y no produce efectos de norma supletoria" para las comunidades autónomas. En su opinión, el artículo 10.2 "orienta" la actuación de todas las administraciones competentes, en una materia "tan poliédrica" como la vivienda, con el objeto de "velar por el pleno ejercicio de los derechos derivados de la propiedad y favorecer el acceso a ella". Asimismo, declara que lo dispuesto en el apartado seis de la disposición final primera no implica que el índice de precios estatal vaya a prevalecer sobre el autonómico ya que, precisa, no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias. La sentencia aprecia "la pérdida sobrevenida de objeto de la impugnación" dirigida al artículo 16 de la Ley al haber sido previamente declarado inconstitucional y nulo en anteriores resoluciones. El resto de las alegaciones formuladas en el recurso contra los artículos 15.1 d), 15.1 e), 16, 17 y 18, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria segunda, apartado uno, la disposición final primera, apartados uno y tres, y la disposición final cuarta son desestimadas con remisión a la doctrina establecida en cinco sentencias anteriores de 2024, 2025 y 2026.El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p488288-m1522995-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p488288-m1522995-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-viviendahttps://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-viviendahttps://elderecho.com/el-tc-desestima-el-recurso-de-inconstitucionalidad-del-gobierno-vasco-contra-la-ley-estatal-de-vivienda2026-09-11 14:00:172026-09-11 14:00:17civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico488274Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 27 de Agosto de 2026, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que se nombra, Jefe de Unidad Provincial de Informática, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (B.O.E. núm. 223 de 9 de Septiembre de 2026). - Resolución, de 8 de Septiembre de 2026, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la que se nombra, Directora en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección General de Coordinación e Investigación  (B.O.E. núm. 225 de 11 de Septiembre de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com). [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p488274-m1522952-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p488274-m1522952-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-7-de-septiembre-de-2-0262026-09-11 13:55:282026-09-11 13:55:28derecho-ticDerecho TICDerecho TIC