https://elderecho.com/feedes486899El accidente se produjo cuando el trabajador, al finalizar su jornada laboral y mientras descendía una escalera de obra transportando un capazo de herramientas, perdió el equilibrio y cayó por un hueco existente entre los peldaños y la tabiquería. La resolución declara probado que en ese punto de la escalera existía un vacío de 52 centímetros de altura “sin que exista barandilla o elementos materiales entre la escalera y el hueco, ni señalización específica sobre riesgo de posible caída”. La empresa sostenía en el recurso que el accidente obedeció a un caso fortuito o a un mal apoyo del trabajador y defendía que la obra disponía de medidas generales de protección. Sin embargo, la Sala rechaza revisar los hechos probados y concluye que las modificaciones solicitadas carecen de relevancia para alterar el sentido del fallo, ya que el riesgo se localizaba precisamente en el hueco existente en la escalera donde se produjo la caída. La sentencia destaca que la propuesta de recargo se fundamentó en la “existencia de una zona insegura en la escalera, derivada de la diferencia de anchura entre escalones, sin proteger ni señalizar frente al riesgo de caída que hizo que cayera el trabajador”, incumplimiento apreciado por la Inspección de Trabajo y posteriormente asumido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Sala recuerda que el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud lleva aparejada la obligación empresarial de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizarla. Asimismo, cita la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para subrayar que “la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Frente a la alegación de que el trabajador conocía perfectamente la escalera porque había participado en su construcción, el tribunal comparte el razonamiento de la sentencia de instancia y afirma que “el riesgo de caída por el hueco de la escalera es evidente, y la falta de toda medida de seguridad también”, añadiendo que la experiencia del trabajador “no puede servir para neutralizar el riesgo evidente”. La resolución concluye que “existe nexo causal adecuado entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para la integridad física del trabajador accidentado y la conducta del empleador al omitir aquellas medidas de seguridad”, por lo que confirma íntegramente el recargo del 30 % sobre las prestaciones derivadas del accidente de trabajo e impone a la empresa las costas del recurso, fijadas en 800 euros por los honorarios de la representación letrada de la parte recurrida. TSJ de Murcia. Sala de lo Social. Sentencia nº 358/2026 de 21 de abril de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Cartagena que mantuvo el recargo del 30% sobre las prestaciones de Seguridad Social que percibe un trabajador accidentado al apreciar que la empresa incumplió las medidas de seguridad exigibles en la obra.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2634145341-1-p486899-m1518617-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2634145341-1-p486899-m1518617-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obrahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-el-recargo-del-30-a-una-constructora-por-un-accidente-causado-por-un-hueco-sin-proteger-en-una-escalera-de-obra2026-08-20 13:09:072026-08-20 13:09:07sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social486901Bruselas ha concluido que la operación notificada no plantea problemas de competencia, dada la posición limitada de las empresas implicadas en el mercado resultante de la transacción. La operación se ha examinado bajo el procedimiento simplificado de control de concentraciones. De este modo, la 'joint venture' de estas empresas españolas ha recibido el visto bueno de la Comisión para optar a la Iniciativa de Gigafactorías de IA del bloque comunitario, que se enmarca en la estrategia de soberanía tecnológica de la UE, orientada a reforzar y ampliar la infraestructura soberana de nube e inteligencia artificial en Europa. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 16 de junio la inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la 'SEPI Digital', en el consorcio público-privado que desarrollará esta gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA). Con esta operación, el Gobierno activó una inversión estratégica para movilizar un proyecto industrial de gran escala y que España participe en una de las principales infraestructuras europeas de IA. Así, la 'SEPI Digital' pasó a formar parte del accionariado de la sociedad que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría. Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.La Comisión Europea (CE) ha aprobado este jueves, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la creación de una empresa conjunta por parte ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', para optar a la gigafactoría europea de IA que el Ejecutivo comunitario construirá en algún Estado miembro.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2578648931-1-p486901-m1518653-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2578648931-1-p486901-m1518653-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europeahttps://elderecho.com/la-ce-aprueba-la-joint-venture-de-acs-telefonica-santander-y-gobierno-para-optar-a-la-gigafactoria-europea2026-08-20 12:34:232026-08-20 12:34:23derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486900El proceso se inició en marzo de 2024, cuando la madre de un alumno de 4º de Primaria presentó una denuncia contra la docente, en la que afirmaba que había cometido malos tratos verbales repetidos hacia su hijo y mala praxis. Posteriormente, se recibió otra denuncia. La apertura del expediente disciplinario resolvió la imposición de las sanciones de suspensión, de 8 meses, 1 mes, 15 días y 5 días, por tres infracciones graves y una leve. En la resolución se detalla que la profesora no mantiene el orden en el aula ni el clima de convivencia, que no evalúa a los alumnos de forma objetiva, que no registra los seguimientos de los programas didácticos, que no aplica medidas de atención a la diversidad o que no sigue la programación didáctica. Igualmente, refleja que incurre en negligencia al expulsar a alumnos fuera del aula sin la supervisión de un adulto, al hablar en alto de forma despectiva y haciendo valoraciones de cuestiones privadas, o al desvelar a familias de alumnos datos personales de otros estudiantes. La sanción fue recurrida por la profesora, pero un juzgado de lo contencioso administrativo de Ferrol desestimó sus pretensiones, por lo que recurrió al TSXG. El alto tribunal gallego ha confirmado en una sentencia del pasado mes de junio las sanciones, aunque ha estimado parcialmente el recurso, únicamente en lo que respecta a las costas de primera instancia.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que confirma las sanciones impuestas a una profesora de primaria (y que suman casi 10 meses de suspensión), por varias infracciones graves y una leve, entre ellas, hacer valoraciones despectivas, falta de rendimiento, actuar con negligencia o divulgar cuestiones privadas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663966251-1-p486900-m1518635-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663966251-1-p486900-m1518635-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnoshttps://elderecho.com/suspenden-a-una-docente-por-hablar-en-alto-de-forma-despectiva-y-desvelar-a-familias-datos-personales-de-otros-alumnos2026-08-20 12:00:232026-08-20 12:00:23administrativoAdministrativo1Administrativo486864La Audiencia alavesa consideró a los dos acusados autores de un delito de estafa y además de la pena de prisión les impuso una multa de 1.900 euros y la obligación de indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 72.215 euros. En los hechos declarados probados se indica que el hombre conoció a la acusada en 2021 cuando esta le pidió dos euros para comer, y que desde entonces y hasta 2023 se entabló entre ambos una “cierta relación de amistad” durante la cual el octogenario fue atendiendo las sucesivas peticiones de dinero que ella le hacía, confiando en su promesa de que se lo devolvería. La resolución de la Audiencia de Álava también declaró probado que el hombre cedió su tarjeta a la acusada y que esta realizó compras y extracciones de manera conjunta y coordinada con su pareja. Tras la sentencia ambos recurrieron ante el TSJPV alegando, entre otras cuestiones, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, manteniendo que no hubo engaño, algo que el Superior vasco rechaza sobre la base de lo probado en la sentencia de la Audiencia. Recurso del Ministerio Fiscal La Fiscalía también recurrió la sentencia y solicitó que la pena se elevara a seis años de prisión, al estimar que concurrían las agravantes de especial gravedad de los hechos, por haber dejado a la víctima en una situación económica especialmente precaria; y de abuso de confianza, dada la edad del perjudicado y la relación de confianza generada entre ambos. El TSJPV recuerda que, en el marco del recurso planteado, no procede modificar los hechos declarados probados por la Audiencia de Álava y añade que, si la Fiscalía pretendía una modificación de estos debió instar la nulidad de la sentencia. Esta resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión impuesta por la Audiencia de Álava a una pareja por estafar más de 70.000 euros a un octogenario.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2746941081-1-p486864-m1518508-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2746941081-1-p486864-m1518508-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenariohttps://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenariohttps://elderecho.com/prision-para-una-pareja-por-estafar-mas-de-70-000-euros-a-un-octogenario2026-08-19 10:40:432026-08-19 10:40:43penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486863Meta, matriz de Facebook e Instagram, afronta en un tribunal federal de Oakland (California) la demanda conjunta de 29 estados, un proceso que la Fiscalía General de California pudo sacar adelante después de que el tribunal rechazara el último recurso de la compañía para frenarlo. La propia Meta calcula que su exposición alcanzaría los 1,4 billones de dólares, aunque los estados no han revelado cuánto reclamarán. La compañía califica esta cifra, que casi alcanza su valor de mercado total, de "descabellada" y sin precedentes. Esa cifra resulta de acumular las sanciones legales previstas por las infracciones de protección al consumidor y privacidad, un método que, según Meta, cuenta a los mismos adolescentes muchas veces. Se espera que el juicio tenga una duración aproximada de siete semanas. El fallo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers (la misma que lleva el caso de Elon Musk contra OpenAI) será probablemente en octubre. La demanda acusa a Meta de diseñar a sabiendas funciones para mantener a los usuarios jóvenes haciendo 'scrolling' (desplazándose por la pantalla) de una forma infinita, ya sea a través de publicaciones o notificaciones. De hecho, sostiene que Meta recopiló datos de niños menores de 13 años, infringiendo la ley federal de privacidad, y aseguró a los padres que sus aplicaciones eran seguras mientras investigaciones propias indicaban justamente lo contrario. La defensa de Meta se basa en que la "adicción a las redes sociales" no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, lo que debilita la acusación según la tecnológica. En el juicio se espera que declaren el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Además de la amenaza que supone la cifra de 1,4 billones de dólares, a Meta le resultaría un varapalo, según el medio especializado The Next Web, que tenga que aplicar las medidas de rediseño que piden los estados, como restricciones por edad, límites de tiempo estrictos para menores, fin del scroll infinito y las notificaciones constantes, entre otras modificaciones a la experiencia propia de sus aplicaciones. Este juicio parte de una acusación similar a la que Meta ya afrontó en Nuevo México, según la CNN, y que derivó en una orden de 567 millones de dólares, aunque la diferencia ahora es que se enfrenta a 29 estados a la vez. Justamente Instagram, propiedad de Meta, lanzó el pasado abril las nuevas protecciones de contenido para cuentas de adolescentes. Cabe recordar que Meta compró Instagram en abril de 2012 por unos 1.000 millones de dólares.Meta se enfrenta a un juicio contra una coalición de 29 estados estadounidenses que la acusan de haber manipulado deliberadamente Facebook e Instagram para volver adictos a los niños.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2518209177-1-p486863-m1518489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2518209177-1-p486863-m1518489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menoreshttps://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menoreshttps://elderecho.com/juicio-a-meta-sobre-redes-sociales-y-menores2026-08-19 10:20:312026-08-19 10:20:31derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486831En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo sientan jurisprudencia a partir de una resolución por un caso de violencia de género ocurrido en abril de 2022 en Castellón, que fue recurrida por la persona que fue condenada. La sentencia recurrida ante el Supremo, que fue dictada por un juzgado de lo penal de Castellón y posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial, consideró probado que el 20 de abril de 2022, el acusado acudió a las inmediaciones del domicilio de su expareja sentimental para ejercer el derecho de visitas con la hija de 8 años que ambos tenían en común. El relato de hechos añade que, en un ambiente tenso, el hombre cogió fuertemente del brazo a su hija con la intención de hacerle daño. Seguidamente, el varón le dio a la madre un puñetazo en la cintura, así como varios golpes y arañazos en el cuello, cuando ésta acudió en auxilio de la niña. 18 meses de prisión por violencia machista y doméstica Por estos hechos, el hombre fue condenado a nueve meses de prisión por un delito de violencia de género sobre su expareja, y a la misma pena por un delito de violencia doméstica sobre su hija. En su recurso ante el Supremo contra la sentencia, el acusado, que se había cambiado de sexo en 2023, alegó que era una mujer y no un hombre, por lo que no podía ser condenado por el delito de violencia de género sobre su expareja. Ahora, los magistrados contestan que no puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por un delito de violencia de género cuando los hechos, como fue el caso, hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, ya que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos. El tribunal remarca que los hechos enjuiciados ocurrieron el 20 de abril de 2022, y el auto de cambio de sexo del Registro Civil de Castellón es del 1 de junio de 2023. En él se recoge que el expediente comienza con una comparecencia del interesado llevada a cabo el 24 de abril de 2023, según la resolución. Condenado como hombre La sentencia indica que el recurrente fue condenado como hombre y autor de un delito de violencia sobre la mujer, que era su expareja sentimental, por lo que el cambio de registro de sexo "no podría desplegar efectos retroactivos a hechos anteriores que fueron realizados, juzgados y sentenciados siendo el recurrente un hombre a todos los efectos jurídicos y legales". Por otro lado, la sentencia indica que el cambio de registro de sexo realizado con carácter previo al delito no puede servir para neutralizar una condena por violencia de género si se prueba que se llevó a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley. El tribunal indica que el mero cambio registral no implica automáticamente fraude, y que la prueba de que se ha hecho con intención de fraude de ley debe ser plena y sin lugar a duda alguna, determinación que corresponde a los tribunales y debe basarse en las circunstancias concretas del caso. El alto tribunal rechaza también que la sentencia condenatoria vulnerara la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, también desestima el recurso planteado por una mujer que le acompañaba en el momento de los hechos, que quedó probado que tiró del pelo de la expareja del acusado y que intentó coger a la hija, y que fue condenada al pago de una multa por delito leve de lesiones.El Tribunal Supremo ha dejado claro que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos que permitan anular una condena previa por violencia machista, en el supuesto de que los hechos hayan ocurrido cuando el autor del delito era hombre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0010_1-p486831-m1518413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0010_1-p486831-m1518413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machista2026-08-18 13:50:242026-08-18 13:50:24penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486782El Consejo de Ministros aprobó el 16 de mayo de 2023 un real decreto que mejora el acceso a la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45%. Para este colectivo se reducen los años de cotización exigidos de 15 a 5 desde el diagnóstico de la discapacidad. Otra novedad es que las personas que tengan más de una patología discapacitante podrán optar a la jubilación anticipada si la suma de sus dolencias supera el 45% de discapacidad. Beneficiarios de la medida Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social que acrediten: Estar de alta o en situación asimilada a la de alta. Que a lo largo de su vida laboral haya trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación estando afectado por alguna de las patologías generadoras de discapacidad y, dentro de ese período, durante al menos cinco años, con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. Acreditar la discapacidad Mediante un informe médico que indique la fecha en que se ha iniciado o se ha manifestado la patología, ya sea esta la fecha de nacimiento o una posterior. La acreditación de que la discapacidad ha sido igual o superior al 45% durante al menos cinco años tiene que efectuarse mediante un certificado del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente de cada comunidad autónoma. Debe indicar la fecha en la que se ha iniciado o manifestado la discapacidad. Valoración del grado de discapacidad del 45% Mediante certificados que acrediten estas condiciones: Que de la suma de los porcentajes de discapacidad alcanzados en las diferentes dolencias que figuren en el certificado, así como del porcentaje correspondiente a los "baremos complementarios", de ser el caso, resulte un porcentaje de discapacidad total igual o superior al 45%. .Que al menos una de las dolencias reflejadas en el certificado de discapacidad aparezca en el listado de patologías y suponga como mínimo el 33% del total del grado de discapacidad acreditado. Listado de patologías generadoras de discapacidad El listado se actualizó mediante el Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio de 2026, con nuevas patologías que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Edad mínima de jubilación de las personas con un 45% de discapacidad La edad mínima de jubilación de las personas afectadas, en un grado igual o superior al 45%, por una discapacidad de las enumeradas en el listado será, excepcionalmente, la de 56 años. Si el trabajador tiene una discapacidad igual o superior al 65% podría jubilarse a partir de los 52 años. ¿Es posible jubilarse anticipadamente con un 33% de discapacidad? No. Los trabajadores que acrediten un grado de discapacidad por debajo del 45% accederán a la jubilación en la edad ordinaria fijada para cada caso.Los trabajadores que tengan una discapacidad igual o superior al 45% y hayan cotizado cinco años con la discapacidad reconocida pueden optar a la jubilación anticipada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2765641559-1-p486782-m1518243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-45https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2765641559-1-p486782-m1518243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-45https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-45https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-452026-08-18 13:00:372026-08-18 13:00:37socialSocial13Social486830En una nota tras la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces expresa la necesidad del mencionado refuerzo y traslada que lo ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la solicitud. Asimismo, y teniendo en cuenta el contexto actual, la comisión ha acordado aplazar el cese de un juez con expectativa de cambio de lugar que se encuentra destinado como apoyo en la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer. El CGPJ ha tomado conocimiento de un informe que había solicitado el pasado 5 de agosto sobre la situación actual de la sección civil y de instrucción del tribunal ceutí "a la vista de la crisis migratoria ocurrida". La Sección Civil y de Instrucción, afectadas "El informe advierte de que lo sucedido esos días ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de justicia, especialmente a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia y, particularmente, a la prestación del servicio de guardia", señala el CGPJ. Según datos del informe recogidos por el órgano de gobierno de los jueces, entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos durante esos días. En la semana del 5 al 11 de agosto se han recibido otros 72 atestados con detenidos o citados, añade. El CGPJ indica que aunque el tribunal superior de justicia y otras autoridades ya adoptan "medidas efectivas para la continuidad del servicio", tales como la incorporación de magistrados al turno de guardia, el informe subraya que la prolongación de la crisis "requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad", tales como comisiones de servicio "con o sin relevación de funciones", en el caso de magistrados o funcionarios. El informe destaca la situación del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en materia de violencia sobre la mujer "debido al incremento de la carga de trabajo recibida como consecuencia de la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales, y ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo", según la nota. Más personal experimentado El órgano de gobierno de los jueces también traslada la "necesidad" de "incrementar" el "personal experimentado" en los juzgados de manera temporal, tanto de funcionarios como de un letrado de la administración de la justicia, "hasta la superación de la crisis". En concreto, el refuerzo sería de un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial. El CGPJ indica que ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de "incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia". Además, señala que el vocal José Antonio Montero visitará los órganos judiciales ceutíes para analizar la situación sobre el terreno.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera "necesario" que se refuerce el turno de guardia en los juzgados de instrucción de Ceuta y los juzgados de violencia sobre la mujer para la tramitación de casos por presuntos delitos sexuales, todo ello con el objetivo de "hacer frente a la crisis migratoria" que enfrenta la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos del pasado 30 y 31 de julio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/CGPJ_EDEIMA20101222_0002_1-p486830-m1518378-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/CGPJ_EDEIMA20101222_0002_1-p486830-m1518378-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoria2026-08-18 12:59:222026-08-18 12:59:22penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486783La afectada sufre secuelas a raíz de una operación, padeciendo disfagia persistente, desnutrición severa, limitación de la movilidad cervical y de miembros superiores asociada a dolor, inestabilidad en la marcha y trastorno mixto ansioso-depresivo, precisando de supervisión y ayuda para el baño, vestido, uso del baño y movilidad, así como ayuda para ir de compras, cocinar, lavado de ropa, tareas del hogar y utilización de medios de transporte. A pesar de que el 3 de noviembre de 2023 se le otorgó la incapacidad permanente absoluta con una base reguladora de 3.401,23 euros, un juzgado de lo Social le reconoció el grado de gran invalidez por enfermedad común, fijando su retribución con la misma base reguladora además de un complemento de 1.788,03 euros. El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social anunciaron recurso de suplicación. La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia anterior porque, tal como establece la ley, la demandante se encuentra en situación de gran invalidez: necesita la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida (como vestirse, desplazarse, asearse o comer) y ayuda externa para las tareas domésticas y de movilidad. Además, explica que los argumentos sobre el informe forense no pueden tenerse en cuenta en esta instancia, ya que no se solicitó la revisión de los hechos probados establecidos por el juez mediante la valoración de todas las pruebas. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Madrid. Sala de lo Social. Sentencia nº 534/2026 de 18 de junio de 2026.El TSJ de Madrid ha avalado mantener la situación de gran invalidez concedida a una higienista dental por sus graves secuelas físicas y psicológicas tras una operación que le impiden realizar las actividades básicas de la vida diaria y precisan de la ayuda de terceras personas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2476888627-1-p486783-m1518261-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vidahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2476888627-1-p486783-m1518261-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vidahttps://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vidahttps://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vida2026-08-18 10:58:522026-08-18 10:58:52sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social486781Entre los 21 países del euro, las quiebras de empresas aumentaron entre abril y junio un 6,9% respecto del primer trimestre, cuando habían bajado un 2,3%. En el caso de las empresas registradas, se observó una caída trimestral del 0,1%, después del -1,3% de los tres primeros meses de 2026. Según la oficina estadística comunitaria, entre abril y junio, las inscripciones de empresas disminuyeron en 5 de los 8 sectores de la economía. En concreto, la industria registró la mayor caída (-3,6%), seguida de los servicios de alojamiento y alimentación (-3,4%) y los servicios sociales y educativos (-3,2%). De su lado, el registro de empresas aumentó notablemente en el sector de la información y las comunicaciones (+8,8%) y también se registró un incremento en el sector de la construcción (+1%), mientras que los servicios financieros se mantuvieron estables. En cuando a las quiebras, estas aumentaron en 5 de los 8 sectores. Los mayores incrementos correspondieron a educación y actividades sociales (+21,1%), transporte (+11,4%) y servicios financieros (+6,8%), mientras que se observaron descensos en alojamiento y servicios de alimentación (-2,6%), construcción (-1,7%) y comercio (-1,2%). Entre los Veintisiete, Malta (-50%), Chipre (-41,7%) y Eslovaquia (-33,5%) registraron las mayores caídas en las quiebras de empresas, mientras que los aumentos más significativos se observaron en Estonia (+31,8%), Grecia (+31,6%) y Croacia (+20,5%). En el caso de la creación de empresas, Irlanda (+20,4%) lideró el registro de sociedades, por delante de Bélgica (+8,2%) y Suecia (+7,6%). En el extremo opuesto, Luxemburgo sufrió la mayor caída del registro de empresas en el segundo trimestre (-24,2%), así como Lituania (-12,4%) y Dinamarca (-8,2%). En el caso de España, el registro de empresas en el segundo trimestre retrocedió un 5,8%, tras caer un 6,5% en el primer trimestre de 2026. Asimismo, el número de quiebras de empresas aumentó un 2%, después de retroceder un 5,2% entre enero y marzo.El número de empresas declaradas en quiebra en la Unión Europea (UE) experimentó en el segundo trimestre un incremento del 5,7% respecto de los tres meses anteriores, cuando habían caído un 2,4%, mientras que las empresas registradas disminuyeron un 0,5% trimestral, según los datos publicados por Eurostat.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2745619155-1-p486781-m1518223-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebrashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2745619155-1-p486781-m1518223-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebrashttps://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebrashttps://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebras2026-08-18 10:40:262026-08-18 10:40:26mercantilMercantil8Mercantil