https://elderecho.com/feedes484189Este tipo de retiro permite a los trabajadores a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a ésta de forma parcial y anticipada siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo y cuando cumplan los siguientes requisitos: retirarse tres años antes de la edad de jubilación; acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%. Por tanto, el empleado personal laboral podrá reducir la jornada laboral recibiendo la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue desempeñando y por el resto recibirá proporcionalmente la pensión. El personal laboral de las administraciones públicas ya disponía de un mecanismo para optar a la jubilación parcial anticipada, pero con la entrada en vigor el 1 de abril de 2025 del Real Decreto Ley de Seguridad Social se establecieron los nuevos requisitos de la jubilación parcial para los asalariados y, por tanto, para el personal laboral de las administraciones públicas. En concreto estableció que, para poder acceder a esta modalidad, se deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo (antes eran temporales), algo difícil de cumplir en el acceso al empleo público ya que, a diferencia del sector privado, se debe cumplir siempre con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y con la propia dinámica de las ofertas de empleo público, que se realizan solo una vez al año. Con la solución adoptada se permite cierta flexibilidad en la regla de esa necesaria simultaneidad entre el jubilado parcial y el relevista. El RDL, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, consta de un artículo único que regula el régimen aplicable a los contratos de relevo y una disposición transitoria que establece un régimen transitorio hasta 2027. La solución consiste en que las administraciones cuenten con un instrumento de planificación, preferentemente las ofertas de empleo, donde establezcan la cobertura de jubilaciones parciales. La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya ha incluido 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo. La contratación del personal relevista fijo se regirá por las reglas de acceso al empleo público. En caso de que no sea posible formalizar el contrato fijo de relevo de manera simultánea con la jubilación parcial, se permite la contratación temporal de sustitución a tiempo completo, que finalizará o bien cuando se formalice el contrato fijo, o al término del segundo año posterior a la extinción de la jubilación parcial. Por tanto, el Real Decreto ley fija un sistema gradual y flexible en la Administración que establece acudir primero a la contratación de personal laboral fijo y, en caso de que no fuera posible simultanear la jubilación parcial anticipada con el relevista fijo, acudir al personal laboral temporal de sustitución. El puesto de trabajo del relevista podrá ser el mismo o diferente al del trabajador sustituido, sin perjuicio de la correspondencia entre las bases de cotización de ambos que sea exigible en la legislación en materia de Seguridad Social. El Real Decreto ley establece también un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las Administraciones al nuevo régimen. Éste permite vincular la jubilación parcial a un contrato de personal laboral fijo a tiempo completo que hubiere sido formalizado a partir del 1 de abril de 2024 como resultado de convocatorias derivadas de ofertas de empleo público ordinarias. Complementos de insularidad Junto a las medidas relativas al régimen de la jubilación parcial del personal laboral del sector público, el presente real decreto-ley incorpora una disposición adicional referida a la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En cumplimiento del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO, la disposición adicional incluida en este real decreto-ley tiene por objeto habilitar un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en las Illes Balears. El Gobierno revisará en el plazo de seis meses dichas cuantías y, previa negociación colectiva, aprobará la modificación de las cuantías vigentes para adaptarlas a la situación actual. La actualización no podrá suponer una minoración de las cantidades que actualmente se abonan por este concepto. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas que soluciona con carácter permanente esa modalidad de retiro.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757185765-1-p484189-m1510465-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757185765-1-p484189-m1510465-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicashttps://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicashttps://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicas2026-06-29 16:26:512026-06-29 16:26:51administrativoAdministrativo1socialSocial13Administrativo,Social484184La ficción narra conflictos, errores y descubrimientos de un despacho que se enfrenta a cómo las nuevas formas de gestionar la documentación, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la relación digital con el cliente están transformando el día a día de la abogacía. La serie, producida íntegramente con animación en inteligencia artificial, hace que la propia tecnología que protagoniza el relato sea también la que lo hace posible. Seis episodios de cuatro minutos, con un nuevo capítulo disponible cada semana, pensados para que cualquier profesional vea en pantalla todo lo que la formación Upro puede hacer para transformar y actualizar un despacho. La trama se desarrolla en el ficticio despacho madrileño Pedraza, Villanueva y Saura, con un formato mockumentary y con un tono que recuerda a la conocida The Office, donde conviven perfiles que cualquier profesional del sector reconoce. Contamos con distintos personajes: el socio fundador que lleva 30 años construyendo su reputación sobre la experiencia y el criterio, el escéptico que gestiona como siempre lo ha hecho, la socia experta en innovación que resuelve en silencio lo que otros debaten durante horas, y los nativos digitales, cuya forma de trabajar es ya un anticipo de los cambios que se están produciendo en la profesión. Cada episodio pone el foco en una competencia digital concreta y muestra, a través de situaciones cotidianas, qué cambia cuando un despacho decide formarse y qué se pierde cuando no lo hace. Un expediente que desaparece dos horas antes de un juicio, una due diligence de 300 contratos en 12 horas, un cliente que lleva semanas sin noticias. Situaciones reales para muchos despachos en España y que, en SeñorIAs, encuentran respuesta a través del programa Upro en Competencias Digitales. El lanzamiento de SeñorIAs llega en un momento especialmente significativo para el programa. Más de 25.300 profesionales de la abogacía están realizando el programa de Upro, con una buena parte en la recta final del recorrido y a punto de obtener su acreditación como abogad@ digital. Una cifra que habla por sí sola. Y una serie que, episodio a episodio, cuenta la historia que hay detrás de cada uno de ellos.La formación en competencias digitales tiene ahora un nuevo escenario. SeñorIAs es la miniserie de ficción que lleva a un formato más narrativo y dinámico los contenidos formativos del programa de Competencias Digitales de Upro. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p484184-m1510529-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p484184-m1510529-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogacia2026-06-29 14:36:082026-06-29 14:36:08derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico484190La CNMC ha analizado la regulación y el funcionamiento del proceso urbanístico que permite transformar suelo para construir nuevas viviendas, tanto libres como protegidas y sociales. El estudio examina todas las fases del proceso, desde el planeamiento hasta la edificación. El precio y la disponibilidad de vivienda dependen de muchos factores, pero uno de los más relevantes es la disponibilidad de suelo. El suelo puede representar hasta un 45 % del precio final de una vivienda, por lo que mejorar la eficiencia de los procesos urbanísticos puede contribuir a reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta, mejorando el acceso a la vivienda, tanto libre como social, en beneficio de los ciudadanos. Trabas burocráticas y regulatorias España cuenta con una de las regulaciones de uso del suelo más restrictivas del entorno OCDE. En particular, el proceso urbanístico tiene una complejidad excesiva, inconsistencia e inseguridad jurídica, rigidez desproporcionada o excesiva lentitud administrativa. En la fase de planeamiento, la delimitación detallada del suelo urbanizable y de sus usos puede reducir la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda de vivienda o en otras actividades económicas. Además, la nulidad de los planes y la rigidez para modificarlos pueden retrasar o bloquear nuevos desarrollos. Además, los instrumentos de planeamiento son complejos, cargados de trámites y documentos que en ocasiones pueden resultar redundantes o innecesarios. La CNMC también identifica dificultades en la fase de urbanización, donde la acumulación de trámites técnicos y administrativos puede alargar los plazos y encarecer los proyectos. En la fase de edificación, la multiplicidad de controles y exigencias administrativas puede demorar la concesión de licencias y retrasar el inicio de nuevas construcciones. Por último, el estudio advierte de que la normativa sectorial —ambiental, patrimonial, de infraestructuras u otras— tiene un peso creciente en los procesos urbanísticos. Aunque estos controles responden a objetivos legítimos, su falta de coordinación o proporcionalidad puede generar duplicidades, contradicciones y nuevos retrasos. Recomendaciones para mejorar el acceso a suelo para vivienda Para lograr un mejor funcionamiento del urbanismo en España, que permita ampliar la disponibilidad de suelo y de vivienda, la CNMC propone una serie de recomendaciones: 1. Promover una mayor racionalización y coordinación regulatoria: - Simplificar y consolidar la normativa urbanística, y mejorar su digitalización y accesibilidad. - Promover una gobernanza regulatoria más cohesionada y coordinada, y una mayor ordenación supramunicipal del territorio. 2. Flexibilizar el planeamiento urbanístico: - Revisar la clasificación del suelo no protegido. - Ampliar los posibles usos del suelo. - Reducir el impacto de los planes urbanísticos sobre la competencia en otros mercados. 3. Reconocer un régimen propio y más flexible a los instrumentos urbanísticos: - Limitar la nulidad total del planeamiento. - Agilizar la tramitación de revisiones y modificaciones puntuales. - Impulsar instrumentos de urgencia para vivienda, incluyendo en particular la vivienda protegida. 4. Reducir la complejidad de los instrumentos de planeamiento y de sus procesos de elaboración, tramitación y aprobación: - Reducir el número de instrumentos de planeamiento y la carga de contenido de los Planes Generales. - Racionalizar la elaboración y aprobación de estos instrumentos. 5. Simplificar y flexibilizar la gestión urbanística: - Permitir actuaciones más flexibles a nivel administrativo, procedimental y técnico. - Establecer un sistema reglado para la elección de sistemas de gestión y reforzar los mecanismos frente a bloqueos. 6. Facilitar la edificación: - Agilizar licencias e impulsar declaraciones responsables. - Adecuar los requisitos y cargas edificatorias. - Evitar riesgos de posibles duplicidades y de falta de coordinación entre controles. 7. Mejorar el funcionamiento de los informes sectoriales: - Clarificar el ámbito de los informes, aparte de evitar duplicidades y contradicciones. - Sustituir silencios administrativos negativos por positivos. - Justificar la necesidad de todos los informes y mejorar su proporcionalidad. - Mejorar la coordinación normativa en temas sectoriales, y la integración de las evaluaciones ambientales en el urbanismo. 8. Asegurar criterios de eficiencia en la intervención de las AAPP en el suelo, mejorando su predictibilidad y la transparencia: - Reforzar la predictibilidad y la transparencia de la intervención administrativa, así como el control y la legitimidad de los convenios urbanísticos. - Revisar los instrumentos de intervención en el ámbito del suelo. 9. Dotar adecuadamente a los organismos públicos encargados del proceso urbanístico y acudir al asesoramiento de la CNMC.El estudio plantea abreviar procesos, simplificar y coordinar la regulación y flexibilizar el planeamiento, manteniendo las garantías necesarias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2679677233-1-p484190-m1510489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2679677233-1-p484190-m1510489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-viviendahttps://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-viviendahttps://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-vivienda2026-06-29 14:05:052026-06-29 14:05:05administrativoAdministrativo1inmobiliarioInmobiliarioAdministrativo,Inmobiliario484188En concreto, el segundo paquete cuenta con medidas que ascienden a 1.825 millones de euros este año, a la que se añaden otros 2.700 millones de euros de ahorro fiscal en 2027 y 2028, por la rebaja, hasta su eliminación definitiva, del impuesto a la producción energética. Así, mantiene la misma estructura que el primer paquete del Plan Integral de respuesta al incluir dos grandes ejes: un primero de carácter coyuntural para dar continuidad a la protección, a través de la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de junio, incorporando flexibilidad alineada a la menor incertidumbre actual y ajustes técnicos recomendados por Bruselas, y un segundo de medidas estructurales orientadas al refuerzo de la soberanía energética, la menor dependencia de combustibles fósiles y la resiliencia de la economía española frente a futuras crisis externas. Medidas en el ámbito tributario En el ámbito tributario, el Real Decreto-ley aprobado supondrá adoptar nuevas rebajas y modificaciones fiscales en tributos relacionados con los carburantes y la energía. Estas medidas suponen la continuación del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo, que implicó, entre otras medidas, la rebaja de la fiscalidad energética. En concreto, el nuevo Real Decreto-ley introduce una rebaja en el Impuesto sobre Hidrocarburos, algo que beneficiará al precio del gasóleo y las gasolinas sin plomo. Esa bajada del tipo del gravamen será de 15 céntimos de euro por litro en el mes de julio, de 10 céntimos de euro por litro en agosto y de 5 céntimos de euro por litro en septiembre. No obstante, este nuevo Real Decreto-ley ha incorporado un mecanismo de salvaguarda por el que se prevén tipos más reducidos en agosto y septiembre si en junio o julio de 2026 la variación del IPC de la gasolina o del gasóleo superara en más de un 15% el IPC del mismo mes de 2025. Ello permitiría incrementar a 20 céntimos por litro la rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos en el caso de una evolución desfavorable de los precios en los carburantes. Hay que tener en cuenta que el gravamen en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya estaba en el mínimo permitido por la Comisión Europea tras la rebaja fiscal aprobada en marzo, de tal manera que la nueva bajada fiscal situará algunos de los tipos de este impuesto por debajo del umbral mínimo establecido en la Directiva comunitaria de fiscalidad de la energía, si bien en este Real Decreto-ley se hará uso de la posibilidad que ofreció la propia Comisión Europea de establecer esa fiscalidad por debajo de esos mínimos establecidos, algo que se le ha comunicado al órgano comunitario. Recuperación del IVA y del Impuesto Especial en función del IPC Asimismo, en este Real Decreto-ley se contempla la aplicación de otras dos medidas para el supuesto de una evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas, estableciendo un mecanismo de salvaguarda que permita reactivar medidas si la coyuntura así lo exigiera. Esas medidas afectan tanto al Impuesto Especial sobre la Electricidad como al IVA de productos energéticos. La recuperación de las medidas se aplicaría en agosto y septiembre y únicamente si los precios de cada uno de estos productos energéticos correspondiente al mes de junio (medida aplicable en agosto) o de julio (aplicable para el mes de septiembre), se encareciera en más de un 15% respecto del precio de los mismos meses del año anterior. De esta forma, en esos casos, se volverían a aplicar las medidas aprobadas en marzo. Es decir, en el caso del IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña, se volvería a reducir el tipo del 21 al 10%. Por su parte, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad se bajaría de nuevo del 5,1% al 0,5%. Medidas para profesionales y sectores productivos En cuanto a medidas destinadas a determinados sectores que se han visto más afectados por los efectos de la guerra, este Real Decreto-ley mantiene las medidas extraordinarias aprobadas en marzo para amortiguar el precio de determinados productos energéticos. En ese sentido, se amplía hasta finales de septiembre la ayuda extraordinaria y temporal para el gasóleo agrícola, una ayuda gestionada por la Agencia Tributaria. Asimismo, también se ampliarán hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera para compensar el precio del gasóleo de uso profesional, tanto los que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como las empresas de transporte por carretera que no se beneficien de esa devolución parcial de Hidrocarburos, como autónomos, las sociedades con licencias de transporte o los titulares de autobuses urbanos, entre otros. Esas ayudas también son gestionadas por la Agencia Tributaria. Ámbito energético Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica Asimismo, en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya en el Real Decreto-ley de 20 de marzo, se introdujeron medidas relativas al cálculo de la base imponible y de los pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 2026, de tal forma que para establecer la base imponible se minoraba el importe de las retribuciones percibidas por la producción e incorporación de energía eléctrica durante el primer trimestre en un 10%, y en su totalidad durante el segundo trimestre. Este nuevo Real Decreto-ley establece que a esas dos minoraciones del primer y segundo trimestre se añadirán una reducción del 30% en el tercer trimestre y del 40% en el cuarto trimestre de 2026. Además, se introducen modificaciones en este impuesto, toda vez que está previsto que los costes del sistema eléctrico disminuyan a la mitad en 2027 respecto de los del ejercicio 2026. De esta forma, el tipo de gravamen de este Impuesto será del 3,5% para 2027, reduciéndose a la mitad del gravamen establecido (7%). Y para 2028 y los años siguientes está previsto que no sea necesario este impuesto para financiar los costes del sistema eléctrico, de manera que el tipo del impuesto para 2028 y siguientes será del 0%. Implantación de generación renovable y la producción de biogás Además, en materia energética, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos. También se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles. Información del mercado de carburantes Y se habilita a la CNMC a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias. También se amplía la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al Regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas. Y si el Regulador aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado el pasado 20 de marzo, en línea con el proceso de desescalada del conflicto.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2498981293-1-p484188-m1510444-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2498981293-1-p484188-m1510444-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-medio2026-06-29 14:00:452026-06-29 14:00:45administrativoAdministrativo1Administrativo484193La pasarela al RETA para los profesionales integrados en mutualidades alternativas constituye una cuestión de gran relevancia jurídica, social e institucional. Afecta directamente al encaje entre la previsión social profesional y el sistema público de Seguridad Social, así como a la protección de quienes ejercieron durante años al amparo de un modelo legalmente admitido. El objeto de esta sesión es analizar, desde una perspectiva técnica y práctica, el origen del problema, el estado actual del debate y los principales retos que plantea una eventual transición al RETA, con especial atención a sus implicaciones para los mutualistas, la Mutualidad y el conjunto del sistema de previsión social. La sesión contará con la intervención de Rafael Navas, director general del Grupo Mutualidad de la Abogacía, que abordará los principales aspectos críticos de esta materia. El webinar será moderado por Pilar Menor, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB, Global Co-Chair de Laboral y Senior Partner de DLA Piper en España. Para asistir será necesaria inscripción previa. Inscripción general    El Foro Español de Laboralistas celebrará el próximo viernes 3 de julio de 2026, de 09:30 a 10:30 horas, el webinar “La pasarela al RETA y el futuro de la previsión social profesional”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Webinar-Forelab-RETA_img-p484193-m1510565-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Webinar-Forelab-RETA_img-p484193-m1510565-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-reta2026-06-29 13:15:112026-06-29 13:15:11socialSocial13Social484192Las promociones de socios de este año reflejan la continua inversión de la Firma en talento y su enfoque estratégico en desarrollar las capacidades necesarias para asesorar a clientes multinacionales en sus asuntos más complejos y transfronterizos. Junto a 44 contrataciones de socios laterales durante el año fiscal 2026, Baker McKenzie ha dado la bienvenida a un total de 91 nuevos socios a nivel mundial, fortaleciendo su capacidad para ofrecer una experiencia fluida a sus clientes en todos los mercados. La práctica transaccional del despacho registró el mayor número de promociones este año, con Resolución de Disputas, Comercial y Fiscal dando la bienvenida al segundo y tercer mayor número de socios promovidos. Las mujeres representan el 43% de las promociones de socios de este año. Sunny Mann, presidente global de Baker McKenzie, comentó: "Nuestras promociones de socios en 2026 reflejan nuestro enfoque constante en garantizar que seguimos siendo una firma de alto rendimiento e inclusiva que puede ofrecer a nuestros clientes multinacionales su trabajo más crítico. Estamos invirtiendo en talento excepcional en nuestros grupos de práctica globales — colegas que combinan experiencia local con visión global y colaboración al servicio de nuestros clientes. Nuestros nuevos socios serán fundamentales para moldear el crecimiento futuro de nuestra firma y estoy entusiasmado con las alturas a las que llevarán la firma en los próximos años. Unas enormes y sinceras felicitaciones a todos ellos." Los socios recién nombrados son: Antitrust Competition Bram Hoorelbeke (Brussels) Nina Lenhard (Vienna) Byron Tuyay (Los Angeles)* Banking Finance Monica Cubillos (Bogota)* Capital Markets Katarzyna Grodziewicz (Warsaw) Data, Technology, Privacy Cybersecurity Jarrod Bayliss-McCulloch (Melbourne) Cristina Messerschmidt (Chicago)* Johanna Moesch (Zurich) Dispute Resolution Rami Bou Raad (Riyadh) Sjef Janssen (Amsterdam) Laura Kelly (Chicago)* Ben Ko (London) Juan Pablo Labbé Arocca (Santiago) Alicja Szczęśniak (Warsaw) Pasu Na Songkhla (Bangkok) Employment Compensation Lois Caeiro (Madrid) Matthew Gorman (Washington D.C.)* Humberto Ruiz-Correa (Monterrey)* Trishelea Sandosam (Kuala Lumpur) Michael Starkey (Sydney) Energy Infrastructure Carlos Maass-Porras (Juarez)* Intellectual Property Alysha Preston (New York)* International Commercial Trade Sarah Mavula (Toronto)* Andrea Tovar (San Francisco)* Investigations, Compliance Ethics Michael Hidalgo (Los Angeles)* Mergers Acquisitions Satoshi Abe (Tokyo) Elizabeth Barber (Chicago)* Charlotte Chang (Taipei) Bryan Koorstad (Los Angeles)* Chiara Marinozzi (Milan) Patrick McGregor (Abu Dhabi) Sarah Rosales (Houston)* Ben Saraci (London) Sophie Schubert (Vienna) Jonathan Yeo (New York)* Private Equity Jens Carle (Singapore)** Real Estate Maria Batlouni (Paris) Shinn-Yih Ho (Taipei) Benjamin Pirlet (Brussels) Sarah Swain (San Francisco)* Restructuring Insolvency Artur Swierczok (Frankfurt) Tax Isabelle Bronzwaer (Amsterdam) Daniel Chou (Taipei) Pamela Floriani (Milan) Dmitrii Gabrielov (Los Angeles)* Thomas Kukanza (Brussels) Lionel Ochs (Paris) *Promociones efectivas a partir del 1 de enero de 2026 **PrincipalBaker McKenzie ha anunciado la promoción de 47 abogados a socio, con efecto a partir del 1 de julio de 2026 (con la excepción de algunas ubicaciones en América (incluida Norteamérica), donde las promociones entraron en vigor a principios de este año).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/IMAGEN-BAKER-MCKENZIE-p484192-m1510547-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/baker-mckenzie-anuncia-promociones-de-socios-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/IMAGEN-BAKER-MCKENZIE-p484192-m1510547-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/baker-mckenzie-anuncia-promociones-de-socios-2026https://elderecho.com/baker-mckenzie-anuncia-promociones-de-socios-2026https://elderecho.com/baker-mckenzie-anuncia-promociones-de-socios-20262026-06-29 12:40:062026-06-29 12:40:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484145WAIQ , comunidad de profesionales vinculadas a ecosistema deeptech, con el apoyo del Real Colegio Complutense (RCC), la Harvard Law School y PONS Escuela de Negocios ha celebrado en la Universidad de Harvard en Boston la 4º edición del Summer Course “Web3, AI and Quantum Computing (WAIQ)” , una iniciativa internacional que reúne a CEOs, directores de innovación y líderes tecnológicos de las principales empresas de España con el objetivo de analizar el impacto de las tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, computación cuántica y Web3 y avanzar en modelos de gobernanza responsable de la tecnología en la empresa. Con el respaldo de Qilimanjaro, Qcentroid, BLUZEC y PONS IP como patrocinadores, WAIQ refuerza así su posicionamiento como think tank internacional que conecta innovación, empresa y toma de decisiones estratégicas en entornos de alta complejidad tecnológica, consolidando este espacio de reflexión y networking como referente para anticipar el impacto real del deeptech en las empresas y la sociedad. Computación cuántica y procesamiento de datos. A lo largo de tres jornadas, profesionales de organizaciones globales y multinacionales tecnológicas tan relevantes como la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) , Naciones Unidas (ONU) o Globethics , junto a empresas tecnológicas como Arcelor Mittal, IBM, Santander, Amazon Web Services (AWS), IBM, NVIDIA, Qcentroid, Qilimanjaro, Quantum Motion o Telefónica, INECO, Valoriza  han abordado de forma aplicada los principales vectores de transformación, desde la inteligencia artificial y su impacto. en sectores clave , hasta la computación cuántica y sus implicaciones en ciberseguridad y procesamiento de datos , junto con el papel de la cultura de innovación y el corporativo venturing en la identificación y captura de valor tecnológico. La propiedad industrial, un año más, se ha consolidado como tema transversal del programa integrándose en el debate como una palanca crítica para transformar avances tecnológicos en activos económicos, proteger la innovación y reforzar la competitividad empresarial en un entorno global marcado por la aceleración de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Este año la coincidencia de WAIQ en Boston con la celebración de Quantum.Tech , uno de los principales eventos internacionales del sector, ha permitido ampliar el alcance del foro y reforzar su conexión con el ecosistema global de la computación cuántica. Pensamiento lunar: IA para la infancia y su impacto social positivo Como elemento diferencial, en esta edición de WAIQ 2026 se ha incorporado un ejercicio de pensamiento lunar centrado en la inteligencia artificial aplicada a la infancia, trasladando el foco del debate desde los riesgos hacia el diseño de soluciones con impacto social positivo y enfoque constructivo. Este enfoque, desarrollado con la participación activa de empresas tecnológicas, responsables de innovación corporativa y expertos en ética digital, ha permitido explorar casos de uso, tendencias globales y propuestas orientadas al desarrollo educativo y social, integrando desde el inicio criterios de gobernanza responsable, transparencia y sostenibilidad tecnológica. El objetivo es continuar el desarrollo de este proyecto en otras acciones de la iniciativa WAIQ. Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de PONS IP y uno de los fundadores de WAIQ ha destacado que "la inteligencia artificial representa una de las mayores oportunidades para impulsar un impacto positivo en la sociedad. El desafío pasa por integrar desde el diseño principios de gobernanza responsable y ética que orienta su desarrollo, especialmente en ámbitos como la infancia, donde su potencial transformador puede contribuir a construir un futuro mejor. Su conexión con nuevas tecnologías como Web 3 y cuántica permitirá potenciar ese efecto positivo. Siguiendo la filosofía WAIQ, para ello es necesario tener una visión holística que incluya las dimensiones sociales jurídicas, tecnológicas, regulatorias y de propiedad industrial”.WAIQ (Web3, Inteligencia Artificial y Tecnologías Cuánticas), el Real Colegio Complutense (RCC), Harvard Law School y PONS Escuela de Negocios celebran la 4º edición del “Web3, AI and Quantum Computing (WAIQ)” en la Universidad de Harvard (Boston).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_Waiq_PONSIP_-p484145-m1510333-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/waiq-2026-reune-en-harvard-a-lideres-globales-para-impulsar-una-ia-con-impacto-social-positivohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/2026_Waiq_PONSIP_-p484145-m1510333-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/waiq-2026-reune-en-harvard-a-lideres-globales-para-impulsar-una-ia-con-impacto-social-positivohttps://elderecho.com/waiq-2026-reune-en-harvard-a-lideres-globales-para-impulsar-una-ia-con-impacto-social-positivohttps://elderecho.com/waiq-2026-reune-en-harvard-a-lideres-globales-para-impulsar-una-ia-con-impacto-social-positivo2026-06-29 10:52:352026-06-29 10:52:35derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico484061Hay que tener en cuenta que la fecha límite que tenían los contribuyentes para presentar las declaraciones de la Renta y Patrimonio 2025 con resultado a ingresar con domiciliación bancaria ya finalizó el pasado jueves, 25 de junio. En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones. En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, con un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025. Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos'), así como el plan especial de asistencia en pequeños municipios. También los contribuyentes tienen la posibilidad de solicitar cita para la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la 'app' con una visualización para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible. Cartas para la subsanación de posibles errores En esta campaña, la Agencia Tributaria ha realizado envíos de cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria. La previsión estimada en un inicio por la Agencia Tributaria es la de terminar remitiendo en total cerca de 130.000 cartas a lo largo de la campaña. El objetivo es seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa. El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones. Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos. Más información en el Memento IRPF 2026  La campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF 2025) concluye el martes, 30 de junio, mientras que hoy será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757726603-1-p484061-m1510147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-marteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757726603-1-p484061-m1510147-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-marteshttps://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-marteshttps://elderecho.com/la-campana-de-la-renta-2025-concluye-este-martes2026-06-29 07:31:352026-06-29 07:31:35fiscalFiscal6Fiscal484062Durante las reuniones, en las que han participado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Roman Završek; el presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), Alfonso Pérez-Cuellar; y el presidente de la Ordem dos Advogados de Portugal, João Massano, se han abordado cuestiones de especial relevancia para la profesión, tanto en Europa como en Iberoamérica. Convenio del Consejo Europeo para la Protección de la Abogacía El encuentro ha tenido lugar en un momento especialmente relevante para la profesión, apenas una semana después de la firma en Estrasburgo del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, uno de los asuntos abordados durante las sesiones de trabajo. El Convenio supone un avance histórico en la protección de abogados y abogadas y en el fortalecimiento de las garantías necesarias para el ejercicio independiente de la profesión y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Los participantes han coincidido en destacar que este convenio representa el resultado de años de trabajo conjunto de la abogacía europea y constituye un ejemplo del valor de la cooperación internacional para responder a los desafíos que afectan a la profesión. Asimismo, han reafirmado la necesidad de mantener una posición común ante las amenazas que afectan al ejercicio independiente de la abogacía en distintos países, así como seguir impulsando iniciativas destinadas a proteger a los profesionales que desempeñan una función esencial para la defensa de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. El encuentro ha permitido también intercambiar experiencias sobre los retos derivados de la transformación digital de la Justicia, el impacto de la inteligencia artificial en la profesión y las oportunidades de colaboración entre las organizaciones representativas de la abogacía europea e iberoamericana para afrontar conjuntamente los desafíos presentes y futuros. Entre los asuntos abordados ha figurado también la situación de la profesión en España. En este contexto, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha informado a los representantes de la abogacía europea e iberoamericana sobre los avances de la Pasarela al RETA, una reivindicación histórica de miles de mutualistas. Tras su aprobación por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio, la proposición de ley continúa su tramitación parlamentaria, ahora en el Senado. Los asistentes han mostrado interés por esta iniciativa largamente demandada por la profesión. La reunión ha concluido con un mensaje compartido de unidad y fortaleza institucional, reafirmando el compromiso de la abogacía española, europea e iberoamericana con la defensa de la independencia profesional, el derecho de defensa y los valores democráticos que sustentan el Estado de derecho.El Consejo General de la Abogacía Española ha reunido en Madrid a los máximos representantes de la abogacía europea e iberoamericana en un encuentro institucional de tres días que ha servido para reforzar la cooperación internacional entre organizaciones profesionales y trasladar un mensaje de unidad ante los desafíos que afronta actualmente la profesión. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto_Miembros-CGAE-CCBE-UIBA-y-OAP-p484062-m1510168-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto_Miembros-CGAE-CCBE-UIBA-y-OAP-p484062-m1510168-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericanahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericanahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-refuerza-la-alianza-con-las-abogacias-europea-e-iberoamericana2026-06-26 14:48:542026-06-26 14:48:54sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484060El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la nulidad del despido disciplinario de una trabajadora de una cadena de supermercados “penalizada con la extinción contractual” por verse afectada por una “grave enfermedad” (esclerosis múltiple progresiva), y ha acordado deducir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, ante “la gravedad” de la vulneración de derechos de la trabajadora por parte de la empresa, y para que “lleven a cabo las actuaciones que consideren oportunas”. La Sala de lo Social del TSJC en su sede de Las Palmas ha ratificado tanto la readmisión en el puesto de trabajo de la afectada como la condena a la empresa al pago de 15.000 euros en concepto de daño moral derivado de vulneración de derechos fundamentales. También impone a la cadena -Mercadona S.A.- las costas del recurso, fijando su cuantía en 800 euros. La sentencia desestima íntegramente el recurso de Mercadona y avala el fallo previo de instancia, que apreció discriminación por enfermedad, intromisión ilegítima en la intimidad y uso indebido de datos de salud de la trabajadora durante su proceso de incapacidad temporal. La resolución parte del hecho probado de que la trabajadora, que prestaba servicios desde 2017 en un centro de Mercadona en Fuerteventura, había sido diagnosticada de esclerosis múltiple progresiva en 2021 y su puesto ya había tenido que ser adaptado para evitar manipulación de cargas y posturas forzadas. En junio de 2025, relata, un informe neurológico incorporado al procedimiento describía una "esclerosis múltiple primaria progresiva, enfermedad discapacitante y progresiva" y aconsejaba "evitar sobrecarga física y mantener bipedestación prolongada sin los descansos oportunos". Pese a ello, la empresa activó durante la baja un seguimiento continuado por parte de su servicio médico y, más adelante, encargó una investigación a detectives privados que culminó en el despido de la empleada en septiembre de 2025 por supuesta simulación de enfermedad y realización de actividades incompatibles con su recuperación. Límites constitucionales La Sala no acepta ese relato. Al contrario, considera que la actuación empresarial traspasó “los límites constitucionales que preserva el artículo 18 de la Constitución Españolas" y respalda la conclusión de la magistrada de instancia de que la colaboración exigible con el servicio médico de empresa se vio "exacerbada", de forma "especialmente intensa" desde el inicio de la incapacidad temporal. La sentencia subraya como hechos particularmente graves que la médica de empresa acompañara a la trabajadora a una consulta de neurología en el hospital público, sin que esa iniciativa partiera de la propia paciente, y que incluso planteara una reunión "a tres bandas" con un coordinador de la empresa "para que la conozca y comentar tu situación". Para el tribunal, "no se alcanzan a comprender las razones de tal acompañamiento personalizado" ni tampoco las de esa propuesta de reunión, y ambas actuaciones evidencian "un actuar no solo poco profesional por parte de la especialista en medicina del trabajo sino, también, contrario al principio de confidencialidad y a la obligación de protección de datos sensibles". La Sala comparte la convicción de que existió una cesión de datos médicos reservados desde el servicio de prevención hacia la empresa, al menos en lo relativo a una cita de reconocimiento celebrada el 31 de julio de 2025 en un centro distinto del habitual de trabajo de la empleada. La sentencia considera altamente significativo que el detective contratado por Mercadona se personara justo allí y a esa hora. "Se suscitan muchas dudas en torno a las razones por las que el detective privado inicia el seguimiento de la trabajadora a las 11:30 h en el lugar donde había quedado con la médica de prevención", razona la Sala, en un lugar que "no se corresponde con el centro de trabajo de la operaria". De ahí que valide la conclusión de instancia sobre "el traslado de información a la empresa por parte del servicio de prevención". A partir de ese razonamiento, el Tribunal declara correctamente expulsada del proceso la prueba de detectives. El informe, dice la resolución, fue elaborado a partir de "la transmisión de información y tratamiento de datos absolutamente confidencial que afectaba a la salud de la trabajadora", de modo que su obtención vulneró el derecho a la intimidad y a la protección de datos sensibles. La sentencia es tajante al afirmar que el detective acudió a vigilar a la empleada "a un centro de trabajo ajeno y a una hora, a la que había quedado la trabajadora privadamente con la médica del servicio de prevención", por lo que "solo puede concluirse que ha existido una filtración de datos". Esa "participación en la obtención de información ilícita" arrastra la nulidad de la prueba. Pero incluso al margen de esa ilicitud, la Sala añade, a modo de consideración adicional, que tampoco del contenido del seguimiento se desprende fraude alguno. "No toda actividad desarrollada durante la situación de incapacidad temporal puede calificarse como conducta desleal sancionable con el despido", recuerda el tribunal, que insiste en que solo lo sería aquella que perturbe la curación o revele simulación. En este caso, concluye, "no concurre actuar reprochable alguno a la trabajadora", mientras que la empresa "incurre en diversos incumplimientos legales y constitucionales ya descritos, con la única pretensión de penalizar con la extinción contractual a la trabajadora que ha tenido la mala suerte de enfermar y verse afectada por una grave enfermedad". TSJ de Canarias. Sala de lo Social. Sentencia nº 853/2026 de 16 de junio de 2026.El TSJ de Canarias anula las pruebas aportadas por detectives privados y concluye que hubo una intromisión ilegítima en la intimidad de la afectada y que sus datos médicos fueron objeto de uso indebido.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2196894991-1-p484060-m1510129-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosishttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2196894991-1-p484060-m1510129-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosishttps://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosishttps://elderecho.com/anulado-el-despido-de-una-empleada-de-supermercado-penalizada-por-sufrir-esclerosis2026-06-26 13:40:392026-06-26 13:40:39sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social