https://elderecho.com/feedes487640De esta forma, confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol que declaró extinguida la relación laboral entre la mujer y la compañía, a la cual le impuso el pago de una indemnización de 38.081 euros por el despido improcedente y de 3.750 euros por daños y perjuicios -único extremo recurrido por la empresa-. El tribunal considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético. En la sentencia, los magistrados destacan que la falta de diligencia en la gestión de la denuncia vulneró obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales y afectó a un elemento esencial de cualquier protocolo antiacoso: la urgencia en la actuación. “En primer lugar, la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”, recalca el TSXG en el fallo, en el que añade que “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante, ese incumplimiento ha generado un daño moral susceptible de ser indemnizado”. La Sala rechaza los argumentos de la compañía sobre la inexistencia de daño moral y concluye que la tardanza en la tramitación de la denuncia generó un perjuicio indemnizable, con independencia de que la trabajadora estuviese en situación de incapacidad temporal durante parte del procedimiento. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados. Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Por ello, el TSXG desestima el recurso de la empresa. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sala de lo Social. Sentencia nº 3073/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica que una empresa debe indemnizar a una trabajadora por el daño moral causado por tardar en tramitar el protocolo antiacoso. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2592472659-1-p487640-m1521197-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2592472659-1-p487640-m1521197-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacoso2026-09-02 12:57:002026-09-02 12:57:00sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487638La operación refuerza la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y amplía sus capacidades para prestar servicios a compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos, así como a los sectores de alimentación, nutrición y cosmética. El Grupo incorpora un equipo de 40 profesionales altamente especializados, reforzando su capacidad para acompañar a clientes en Europa, Estados Unidos y América Latina, donde ClarkeModet ya cuenta con presencia directa en 13 países. Fundado en Brasil en 2009, Passarini Group aporta una sólida trayectoria internacional y ante organismos como la FDA en Estados Unidos, ANVISA en Brasil, en Europa y en procedimientos vinculados al marcado CE. Presta asesoramiento a casi 300 clientes y opera en más de 20 países. Passarini Group cuenta además con GRINN, su propia CRO, para prestar servicios de investigación clínica y ensayos, con la que ClarkeModet amplía su oferta de patentes y asuntos regulatorios a otras fases clave de la entrada al mercado de medicamentos y productos sanitarios. De acuerdo con María Garaña, CEO Global de ClarkeModet «esta adquisición supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y fortalece nuestro objetivo de convertirnos en el socio global líder para gestionar la propiedad intelectual de las organizaciones innovadoras. Con Passarini Group elevamos nuestras capacidades en Regulatory Affairs y ampliamos nuestra propuesta de valor para acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo de su innovación». (Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet; Claudio Castanheira, Regional Managing Director Brazil de ClarkeModet; y María Garaña, CEO Global de ClarkeModet) Un modelo integral para las empresas innovadoras Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de ClarkeModet, enfocada en ampliar sus capacidades en servicios integrales de innovación. Con más de 145 años de trayectoria, el Grupo ofrece una gestión integral de activos intangibles y digitales, además de servicios especializados de Consultoría en Propiedad Intelectual e Industrial, Regulatory Affairs y Funding Incentives. El Grupo estudia actualmente otras operaciones para reforzar sus distintas líneas de negocio en Europa Como señala Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet, «las compañías de Life Sciences operan en un entorno regulatorio cada vez más complejo y global, en el que cada día de retraso en la comercialización de un producto o dispositivo supone pérdidas millonarias. Con esta integración, continuamos nuestra apuesta por un asesoramiento regulatorio global altamente especializado y basado en el conocimiento local. Esto facilitará a nuestros clientes la llegada al mercado, especialmente en entornos regulatorios complejos como los de Estados Unidos, Europa y Latam». Por su parte, Lucas M. Rodrigues, CEO de Passarini Group, añade que «la unión con ClarkeModet nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestro alcance internacional y ofrecer a nuestros clientes un servicio aún más completo. Compartimos una misma visión: acompañar a las organizaciones innovadoras con el máximo rigor técnico y una perspectiva verdaderamente internacional». Passarini Group se integrará en la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y en la estructura del Grupo en Brasil, liderada por Claudio Castanheira. Sus fundadores —Lucas M. Rodrigues, Paulo H. Passarini y Clarissa Rodrigues— continuarán formando parte del equipo directivo.ClarkeModet adquiere Passarini Group, consultora global especializada en asuntos regulatorios para el sector salud, con presencia directa en Brasil, Portugal y Estados Unidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Lucas-Clarissa-y-Paulo-Passarini-Group-p487638-m1521176-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Lucas-Clarissa-y-Paulo-Passarini-Group-p487638-m1521176-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-group2026-09-02 12:45:222026-09-02 12:45:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487637El despacho de abogados RCD amplía las capacidades de su Área de Derecho Fiscal con la incorporación de Francisco de Asís García como nuevo socio. Su llegada se suma a un equipo consolidado y de reconocida trayectoria en el asesoramiento y defensa de empresas y particulares en procedimientos tributarios complejos. Esta incorporación afianza un equipo de perfiles altamente especializados en un ámbito marcado por una elevada complejidad técnica y una creciente sofisticación normativa. Francisco cuenta con una amplia experiencia en procedimientos tributarios ante la Administración tributaria en defensa de los contribuyentes. A lo largo de su trayectoria, ha asumido la dirección letrada de numerosos recursos ante distintos tribunales, incluidos Tribunales Económico-Administrativos, Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, Francisco cuenta también con un Máster en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho por la misma universidad y un Máster en Asesoría Fiscal por ENAE Business School. Es doctor en Derecho, finalista del Premio Nacional de Tesis Fernando Sainz de Bujanda de Derecho Financiero y Tributario. Compagina su actividad profesional con una destacada vertiente académica e investigadora. Es miembro investigador de la Cátedra de la Hacienda Territorial y del Observatorio de la Hacienda Territorial de la Región de Murcia, así como miembro del Foro Profesional de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Asimismo, es profesor en ENAE Business School, donde imparte docencia en el Máster de Asesoría Fiscal, el Máster en Dirección Financiera y el Máster en Comercio Internacional. Ha participado, además, como ponente en cursos y congresos en diversas universidades e instituciones y es autor de numerosas publicaciones y ponencias en seminarios especializados, así como de artículos en las principales revistas jurídicas y sectoriales. Según Adolf Rousaud, socio codirector de RCD: “Francisco se incorpora a una práctica clave para RCD y aporta una experiencia especialmente valiosa en procedimientos tributarios complejos. Su perfil encaja plenamente con nuestra apuesta por ofrecer un asesoramiento especializado, técnico y orientado a las necesidades de cada cliente”. En la misma línea, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, señala que “su llegada suma capacidades a un área muy consolidada del despacho y nos permitirá seguir anticipándonos en un entorno de creciente exigencia técnica y normativa. Francisco suma conocimiento, criterio y una trayectoria alineada con nuestra manera de trabajar, nuestra cultura y nuestro compromiso con clientes y equipo”. Por su parte, Francisco destaca que “incorporarme a RCD supone unirme a un proyecto sólido con una identidad muy definida y a un equipo de fiscal con una amplia trayectoria, en el que José María Durán y Jorge Sarró son dos referentes. Afronto esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de aportar valor y prestar el mejor servicio a nuestros clientes”.Francisco de Asís García es experto en procedimientos tributarios en defensa de los contribuyentes ante la Administración tributaria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Francisco-de-Asis-Garcia_foto-prensa-p487637-m1521140-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Francisco-de-Asis-Garcia_foto-prensa-p487637-m1521140-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-socio2026-09-02 12:05:162026-09-02 12:05:16sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487636En un comunicado, ambas organizaciones subrayan que la economía ceutí, condicionada por su dimensión territorial y su situación fronteriza, depende en gran medida de los servicios y está formada principalmente por pequeñas empresas y autónomos. Este tejido productivo dispone de menos margen para absorber una caída prolongada de la actividad. "Más allá del impacto inmediato sobre el consumo, el turismo, la hostelería, el comercio y otros servicios, la prolongación de la crisis puede generar problemas de liquidez, frenar inversiones, aumentar el endeudamiento, destruir empleo o provocar el cierre de negocios viables", apuntan. Los economistas han valorado que el Gobierno haya aprobado un paquete de medidas para responder a esta situación excepcional, pero han avisado de que su eficacia dependerá de cómo se articulen las distintas actuaciones, de su rapidez y de su capacidad para responder a las necesidades reales del tejido económico y social de Ceuta. "Valoramos positivamente que haya una respuesta y entendemos este paquete de medidas como un primer paso. Ahora será fundamental comprobar cómo se articulan las distintas actuaciones, con qué rapidez se aplican y, sobre todo, si llegan de forma efectiva a las empresas, los autónomos y los servicios que realmente las necesitan. No se trata únicamente de atender los daños inmediatos provocados por esta situación excepcional, sino también de preservar la capacidad productiva y el empleo, mantener la confianza y garantizar las posibilidades de crecimiento de Ceuta a medio y largo plazo", ha defendido Miguel Ángel Vázquez, presidente del Consejo General de Economistas. El Servicio de Estudios del CGE trabaja ya, junto al Colegio de Economistas de Ceuta, en una estimación sectorial del impacto sobre la liquidez, la inversión, el empleo y la continuidad de los negocios.El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Colegio de Economistas de Ceuta han expresado su preocupación por las implicaciones económicas de la crisis migratoria vivida en Ceuta, tanto por sus efectos inmediatos como por sus posibles consecuencias sobre la inversión, el empleo, los servicios públicos y la imagen económica de la ciudad a medio y largo plazo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2751094679-1-p487636-m1521122-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2751094679-1-p487636-m1521122-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceutahttps://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceutahttps://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceuta2026-09-02 12:00:132026-09-02 12:00:13administrativoAdministrativo1Administrativo487635La Sala ha apreciado una infracción de la lex artis médica -entendida como el conjunto de reglas técnicas y criterios profesionales exigibles en cada actuación clínica- al considerar acreditado que, durante una operación programada de colecistectomía laparoscópica, practicada el 15 de junio de 2023, se produjo el atrapamiento y la posterior perforación de un asa de yeyuno en el proceso de cierre de la intervención, lo que derivó en graves complicaciones. Sin embargo, la Sala ha descartado que existiera una actuación negligente en el diagnóstico y el tratamiento de la complicación una vez aparecieron los síntomas, al entender que tanto las pruebas diagnósticas como la reintervención quirúrgica se realizaron en un plazo de tiempo adecuado y conforme a la práctica médica exigible. Como consecuencia, el Tribunal ha declarado la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y ha reconocido al paciente una indemnización de 28.000 euros, que deberá ser abonada solidariamente junto con la aseguradora codemandada. TSJ de Castilla y León. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 90/2026 de 16 de julio de 2026.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León ha estimado parcialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por un paciente tras los daños sufridos durante una intervención quirúrgica de vesícula realizada en el Complejo Hospitalario de Ávila. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2740263825-1-p487635-m1521104-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2740263825-1-p487635-m1521104-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosa2026-09-02 11:39:112026-09-02 11:39:11administrativoAdministrativo1Administrativo487581El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado, en solo 24 horas, el nuevo refuerzo tras la petición trasladada por el Consejo General de la Abogacía Española a solicitud del Colegio de la Abogacía de Ceuta, tras una nueva reunión mantenida ayer entre Abogacía, Colegio y Ministerio. Con la aprobación de estos 10 nuevos refuerzos, el Colegio de la Abogacía de Ceuta estaría preparado para atender el posible aumento de peticiones de profesionales de la abogacía que podría producirse en la ciudad con el inicio de los procedimientos. La medida se suma al primer refuerzo de cinco cuerpos de guardia adicionales autorizado al inicio de esta situación, solicitud que fue trasladada también por Abogacía Española a petición del Colegio ceutí, y responde al aumento de la carga de trabajo previsto a medida que avanza la tramitación de los expedientes. Abogacía Española continuará trabajando junto al Colegio de Ceuta y manteniendo una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para trasladarle nuevas soluciones, si fueran necesarias. En unas semanas especialmente exigentes para Ceuta y sus ciudadanos, la abogacía ha querido estar al lado de los ciudadanos, y ha respondido inmediatamente asegurando la asistencia jurídica, protegiendo los derechos y manteniendo en funcionamiento un servicio público esencial incluso ante circunstancias extraordinarias. Una labor que Abogacía Española quiere reconocer especialmente y a la que seguirá prestando todo su apoyo. En palabra de Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta: “Ceuta está viviendo semanas muy difíciles y creo que es importante reconocer no solo la respuesta de nuestra abogacía, sino la de toda la ciudad. Desde el Colegio estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para estar a la altura de lo que Ceuta necesita. Estoy enormemente orgullosa de nuestra Junta de Gobierno y de los compañeros del Turno de Oficio, que desde el primer momento se han puesto a disposición del Colegio y están respondiendo con una enorme profesionalidad y compromiso”. Desde el primer momento, el Colegio de la Abogacía de Ceuta ha realizado un seguimiento continuo de las necesidades del servicio. Su Junta de Gobierno, encabezada por la decana Isabel Valriberas, mantiene un contacto diario con los profesionales del Turno de Oficio y ha ido reorganizando los recursos y planteando nuevos refuerzos a medida que la situación lo ha requerido. Abogacía Española trabaja estrechamente con el Colegio y mantiene, a su vez, una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para agilizar trámites y analizar la evolución de la situación y las necesidades de los profesionales, un trabajo conjunto que continuará mientras sea necesario. El compromiso de la abogacía de Ceuta La respuesta del Colegio ha estado respaldada desde el principio por sus profesionales. Más de 30 abogados y abogadas se pusieron a disposición de la institución en las primeras horas para atender las necesidades que pudieran surgir. A ellos se ha sumado la solidaridad de Colegios de distintos puntos de España, que han ofrecido su apoyo e incluso la posibilidad de desplazar profesionales a Ceuta si fuera necesario, a través de sus decanos. El presidente de la Abogacía Española Salvador González ha expresado que “El trabajo que están realizando desde el Colegio de Ceuta merece todo nuestro reconocimiento. Su decana, su Junta de Gobierno y los abogados y abogadas del Turno de Oficio están demostrando una enorme capacidad de organización y de respuesta en unas circunstancias especialmente exigentes. Desde Abogacía Española vamos a seguir a su lado, apoyando a los profesionales y trabajando para que cuenten con los recursos suficientes”. Mientras tanto, el Colegio, su Junta de Gobierno y los profesionales del Turno de Oficio siguen trabajando cada día al servicio de Ceuta y de sus ciudadanos. Una labor que Abogacía Española seguirá respaldando para que, también en circunstancias excepcionales, el derecho de defensa esté plenamente garantizado.El Turno de Oficio de Ceuta contará con 10 profesionales de la abogacía más para afrontar el aumento de la carga de trabajo en materia de extranjería.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-Ilustre-Colegio-de-Abogados-de-Ceuta_img-p487581-m1520935-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-Ilustre-Colegio-de-Abogados-de-Ceuta_img-p487581-m1520935-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceuta2026-09-01 15:43:302026-09-01 15:43:30sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487621Mediante este real decreto-ley se pone en marcha un plan de choque estructurado en cuatro ejes: refuerzo de servicios esenciales (21 millones de euros), seguridad (90 millones de euros), acogida humanitaria (118 millones de euros) y empresas y trabajadores (80 millones de euros). Refuerzo de servicios esenciales: Sanidad, Educación, Justicia y agua En el ámbito de la justicia, se destina una inversión de 4,5 millones de euros para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios para la agilización de los expedientes de los migrantes, así como la financiación de la asistencia jurídica gratuita, el despliegue de apoyo informático en Ceuta y la automatización de procedimientos. También se financia el refuerzo de recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales sanitarios del INGESA, tanto para la atención primaria como hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros. En educación, se refuerza la seguridad de los centros docentes y se ponen en marcha actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, que implica una inversión de 3,2 millones de euros. Este bloque incluye también una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta, que se añade a los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora. Más fondos para seguridad El Real Decreto-ley contempla 90 millones de euros en seguridad. La norma reconoce el esfuerzo con un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y 8 millones de euros para la Guardia Civil. A ello se suma el refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, con una dotación adicional de 74 millones de euros, tras sostener el despliegue y repliegue de personal y medios, el transporte, la logística y el mantenimiento del material empleado en la ciudad autónoma. Acogida humanitaria Aumentan los recursos necesarios para el alojamiento y la atención básica de las personas migrantes (alimentación, salubridad, seguridad, acompañamiento, traducción e interpretación y atención médica), con una inversión de 53,4 millones de euros. La norma presta una atención especial a la infancia, de forma que el gobierno de la Ceuta recibirá una dotación adicional de 63,6 millones de euros para la atención para reforzar la capacidad de acogida y los recursos disponibles ante los 1.500 menores migrantes no acompañados que atiende el sistema de protección de menores, que se suman a los 25 millones de euros aprobados en el pasado Consejo de Ministros. Esta nueva partida económica permitirá financiar la atención y apoyo a la acogida de la infancia migrante no acompañada, así como su asistencia letrada y su atención psicosocial, educativa o sanitaria. Asimismo, en el ámbito de infancia y juventud, se incluye la concesión directa de subvenciones por interés público, social y humanitario a Save the Children y a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) por importe de 550.000 euros y 160.000 euros, respectivamente. Apoyo a la actividad económica En respuesta a las peticiones trasladadas por las patronales, sindicatos, la Cámara de Comercio y el Gobierno de la ciudad de Ceuta, se impulsan medidas para empresas y trabajadores por 80 millones de euros entre ayudas directas, apoyo al comercio, medidas fiscales y cotizaciones. El plan incluye ayudas directas por más de 50 millones de euros. En concreto, 36,6 millones de euros se destinan a ayudas directas a empresas y autónomos, que prevé unos 5.000 euros por cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación. Esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas y las ayudas se podrán solicitar a partir del lunes 14 de septiembre, a través de la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre, para lo que las empresas solo tendrán que indicar un número de cuenta donde recibir la ayuda, que están exentas de tributación y son inembargables. Asimismo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa moviliza 16 millones de euros para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta. De ellos, 14 millones se canalizarán a través de un convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta: 10 millones para dinamizar el comercio local, mediante bonos de consumo, campañas de atracción de compradores y acciones de dinamización de barrios comerciales y mercados; y 4 millones para apoyar al turismo y la hostelería, con bonos turísticos, promociones para visitantes y campañas de comunicación del destino, así como descuentos para reducción del coste del transporte a no residentes,. A esta cantidad se suman un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX pondrá en marcha con un acompañamiento personalizado a las empresas ceutíes con actividad exportadora, y un millón de euros para que Turespaña desarrolle una campaña extraordinaria de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Para reforzar de forma inmediata el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Real Decreto-ley pone en marcha una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO. Los avales cubrirán operaciones de financiación destinadas a atender necesidades de liquidez y capital circulante, así como inversiones para el mantenimiento, la recuperación o el relanzamiento de la actividad económica. De forma complementaria, se impulsa el desarrollo de una actividad estable de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en Ceuta, con una aportación de dos millones de euros, para ampliar de forma permanente las alternativas de financiación disponibles para las empresas y autónomos de la ciudad. En materia fiscal, se aumenta de forma permanente la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en las ciudades autónomas. Por su parte, los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, con mayor posibilidad de deducirse provisiones y gastos de difícil justificación. Ello supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad. Medidas laborales y alivio en cotizaciones Por último, en el ámbito laboral se implementan medidas de alivio del coste de las cotizaciones sociales a las empresas. Así, se beneficiarán de exenciones de hasta el 100% en cuotas a la Seguridad Social las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y que, por tanto, se vean obligadas a recurrir a ERTE. A ello se une una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos y la posibilidad de aplazamientos en los pagos a intereses mínimos del 0,5%. Además, la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social aumenta de forma permanente del 50% actual hasta el 75%, reforzando los incentivos a la actividad económica en Ceuta y Melilla mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores autónomos de determinados sectores. Esta medida, que será de aplicación a Ceuta y a Melilla, supone un ahorro previsto de unos 12,2 millones de euros para cada ciudad autónoma en los cuatro últimos meses del año (36,6 millones al año por ciudad). El apoyo laboral se completa con ayudas para una convocatoria, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, para la formación de trabajadores de empresas en Ceuta (650.000 euros). Refuerzo permanente ampliado a Melilla A las medidas estructurales de bonificaciones en cuotas y beneficios fiscales se suma la prórroga hasta 2031 de la dotación anual de más de 4,25 millones de euros al año para apoyar la actividad del puerto de Ceuta, una infraestructura estratégica para la economía local. De esta forma, el apoyo presupuestario para Ceuta y Melilla alcanza los 507,5 millones de euros hasta 2031.El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta con objeto de dar respuesta efectiva a los retos que enfrenta la ciudad por la entrada irregular de personas migrantes los días 30 y 31 de julio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2513279795-1-p487621-m1521056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2513279795-1-p487621-m1521056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceutahttps://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceutahttps://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceuta2026-09-01 15:00:262026-09-01 15:00:26administrativoAdministrativo1Administrativo487582La incorporación de especialistas de reconocido prestigio permite al Despacho seguir ampliando sus servicios en áreas estratégicas y acompañar a sus clientes en sus operaciones y asuntos más complejos. Importante fortalecimiento del equipo Fiscal en Lima y primeros nombramientos en el Perú tras la integración con Miranda Amado Pérez-Llorca en Perú fortalece y diversifica su práctica tributaria con la incorporación como socios de la Firma de Arturo Tuesta, Paola Saavedra y Ronald Vargas, hasta ahora socios de una Big Four en el Perú. Los tres se unen junto con un equipo compuesto por 13 profesionales entre abogados y especialistas en contabilidad y fiscalidad. Se trata de los primeros nombramientos de socios en Perú tras la integración de Miranda Amado y Pérez-Llorca y permiten al Despacho incrementar los servicios que ofrece a sus clientes en materia tributaria. Arturo Tuesta cuenta con 34 años de experiencia y un amplio reconocimiento por su trayectoria como asesor de las principales empresas del Perú en operaciones de M A y Wealth Management. Hasta su incorporación a Pérez-Llorca en Perú, ocupó el cargo de líder de impuestos en una Big Four en este país. La práctica de Paola Saavedra está enfocada principalmente en la atención a clientes de Wealth Management y en la asesoría en cumplimiento tributario y procedimientos de fiscalización a empresas de los sectores de infraestructura y energía. Ronald Vargas destaca por su asesoría tributaria a empresas de los sectores financiero, inmobiliario y agroindustrial, así como por su experiencia en fiscalidad internacional y en procesos de fiscalización y contencioso tributario. Tuesta, Saavedra y Vargas se suman al socio Pablo Sotomayor, quien cuenta con 25 años de trayectoria profesional, 21 de ellos en la Firma, y juntos conformarán una de las mayores prácticas fiscales del Perú. Pérez-Llorca impulsa su proyecto en Portugal, mercado clave de su plataforma iberoamericana Pérez-Llorca ha nombrado a Luís Roquette Geraldes y Martim Teixeira como nuevos socios de la oficina de Lisboa. La incorporación de Luís Roquette Geraldes consolida la práctica ibérica e iberoamericana de Emerging Companies y Venture Capital (ECVC), mientras que Martim Teixeira refuerza el área de Fiscal del Despacho en Portugal, especialmente en el ámbito contencioso tributario. Luís Roquette Geraldes se une para liderar la nueva área de Emerging Companies y Venture Capital (ECVC) del Despacho en Lisboa. Hasta su incorporación, era socio de Corporate y M A y responsable del equipo especializado en startups y Venture Capital de una destacada firma portuguesa, donde coordinaba también el área de Private Equity. Con especial enfoque en los sectores de tecnología y life sciences, la práctica de Luís se centra en Emerging Companies y Private Capital. A lo largo de su trayectoria, ha liderado cientos de rondas de financiación en más de 20 jurisdicciones y ha asesorado tanto a empresas de alto crecimiento como a fondos internacionales y locales en operaciones transfronterizas. Martim Teixeira se incorpora como socio del área Fiscal en Lisboa. Con 15 años de trayectoria, está especializado en el asesoramiento fiscal a inversores extranjeros y grupos multinacionales, tanto en operaciones de inversión nacional e internacional como en la estructuración fiscal de operaciones de M A, private equity y transacciones financieras de gran complejidad. Cuenta, además, con una sólida experiencia en contencioso tributario, representando a clientes en procedimientos ante la Autoridad Tributaria y los tribunales portugueses.Pérez-Llorca ha anunciado el nombramiento de cinco socios que refuerzan la plataforma jurídica iberoamericana del Despacho y amplían su capacidad para ofrecer un asesoramiento coordinado en Derecho español, portugués, mexicano, colombiano y peruano, conectando Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Socios-Perez-Llorca-NOMBRAMIENTO-p487582-m1520957-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Socios-Perez-Llorca-NOMBRAMIENTO-p487582-m1520957-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socioshttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socioshttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socios2026-09-01 14:57:142026-09-01 14:57:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487608Uno de los principales cambios afecta a la ordenación del tiempo de trabajo al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales de trabajo, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral. Además, la jornada de guardia no podrá superar las 17 horas, siendo materia de negociación y ordenación de los servicios de salud de las CCAA la posibilidad de reducir esta jornada a 12h e incluso estableces el trabajo por turnos. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas. El texto garantiza también que no pueda exigirse la realización de una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y los periodos de descanso anteriores y posteriores a la guardia restarán de la jornada ordinaria a realizar. A efectos administrativos, ese periodo se considerará jornada realizada y no podrá ser recuperado posteriormente. Asimismo, se introduce por primera vez el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas y preventivas cuando exista una sobrecarga continuada y exigirá el refuerzo de las plantillas a las administraciones competentes. Entre otros supuestos, se considerará que existe esta situación cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes. Los servicios de salud dispondrán de un plazo de hasta cinco años para realizar los cambios organizativos y de plantilla necesarios para aplicar las nuevas previsiones sobre jornada, evitando que esta adaptación produzca pérdidas retributivas para los profesionales y menoscabo asistencial para los ciudadanos. El proyecto establece también que aquellos servicios de salud cuya jornada ordinaria supere actualmente el equivalente a 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia su implantación, teniendo en cuenta la disponibilidad de profesionales y garantizando en todo momento la calidad de la asistencia. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral pasa a reconocerse expresamente como un derecho. Las administraciones sanitarias deberán favorecer medidas de flexibilización horaria y planificación anticipada de los turnos y se amplían los supuestos en los que podrá solicitarse la exención de guardias. Podrán solicitarla, entre otros, las profesionales durante el embarazo y la lactancia natural, las personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, quienes tengan motivos de salud que imposibiliten la realización de guardias y, en los términos que establezca cada servicio de salud, los mayores de 55 años. La reforma refuerza también las medidas contra la temporalidad estructural en el Sistema Nacional de Salud. Los procesos de selección de personal estatutario fijo deberán convocarse con carácter periódico cada dos años con carácter general, y tendrán un plazo máximo de resolución de 18 meses. El proyecto mantiene además los límites a la duración de los nombramientos temporales y la compensación económica en los casos de abuso de temporalidad. También se modifica el modelo de movilidad voluntaria. Los procedimientos se articularán mediante concurso abierto y permanente, con adjudicaciones al menos una vez al año, y estarán abiertos en igualdad de condiciones al personal estatutario fijo de los diferentes servicios de salud. Los servicios autonómicos dispondrán de un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor del Estatuto para implantar este sistema. En cuanto a la movilidad forzosa, el texto refuerza las garantías de los profesionales y establece límites a su duración. El nuevo Estatuto incorpora una regulación específica de las plazas y puestos de difícil cobertura. Cada servicio de salud determinará, previa negociación sindical, los criterios para identificarlos y podrá establecer incentivos y medidas de reconocimiento curricular, profesional y laboral que faciliten su cobertura. Los servicios prestados en estos puestos deberán ser valorados en los procesos de selección y provisión con independencia de la comunidad autónoma en la que se hayan desarrollado. El objetivo es avanzar hacia criterios comunes que permitan reconocer en todo el Sistema Nacional de Salud el esfuerzo de los profesionales que trabajan en plazas con mayores dificultades de cobertura. El proyecto amplía y actualiza el catálogo de derechos del personal estatutario. Entre ellos se incluyen el derecho a conocer con antelación la planificación anual de la jornada, a la desconexión digital, a la conciliación, al reconocimiento de la actividad docente e investigadora y a una protección eficaz de la salud física y mental. La norma refuerza igualmente la prevención frente a las agresiones y reconoce el derecho del personal a disponer de planes específicos de prevención y actuación frente a comportamientos violentos. La salud laboral se convierte en uno de los ejes centrales del nuevo Estatuto. Los servicios de prevención de riesgos laborales adquieren una participación reforzada ante jornadas prolongadas, sobrecargas o situaciones que puedan comprometer la salud de los profesionales. La reforma actualiza también la clasificación profesional para adaptarla al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y a la actual estructura de la formación sanitaria. La nueva clasificación tendrá efectos administrativos y retributivos, pero no alterará la jerarquía funcional ni las competencias de las distintas profesiones sanitarias. El Estatuto apuesta además por la profesionalización de la función directiva de los servicios de salud. Los puestos directivos estarán sometidos a procedimientos transparentes, deberán responder a perfiles y competencias previamente definidos y serán objeto de evaluaciones periódicas de su desempeño y resultados. Por primera vez se regula de manera específica la figura del personal estatutario investigador mediante categorías profesionales propias dentro de los servicios de salud. El acceso a estas categorías requerirá el título de doctor y la actividad investigadora será evaluada periódicamente, favoreciendo además su reconocimiento dentro de la carrera profesional, la movilidad y las retribuciones complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas. El proyecto mantiene la unidad del régimen estatutario como principio esencial: los derechos básicos y las garantías laborales serán comunes para los profesionales del Sistema Nacional de Salud, con independencia de su categoría, especialidad o comunidad autónoma. Al mismo tiempo, preserva las competencias autonómicas para desarrollar la normativa básica, organizar sus centros y servicios, planificar sus plantillas y determinar, entre otras cuestiones, las retribuciones complementarias. El nuevo Estatuto Marco sustituirá a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y supone una actualización integral del régimen laboral del personal estatutario para adecuarlo a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, reforzar la estabilidad del empleo y avanzar hacia unas condiciones de trabajo más saludables, seguras y compatibles con la vida personal y familiar. Con su aprobación por el Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. El texto será remitido a las Cortes Generales para su debate y, en su caso, aprobación definitiva, antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor.El Consejo de Ministros ha aprobado, para remitir a las Cortes Generales para su debate y aprobación, el proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma integral de la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y que sustituirá al Estatuto Marco vigente desde 2003.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2529762777-1-p487608-m1521014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-saludhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2529762777-1-p487608-m1521014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-saludhttps://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-saludhttps://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-salud2026-09-01 12:50:062026-09-01 12:50:06administrativoAdministrativo1Administrativo487530PONS IP, consultora global especializada en Propiedad Industrial e Intelectual con cobertura en 180 países, acaba de anunciar el nombramiento de Iván Sempere como nuevo subdirector general. En colaboración directa con la Dirección General, Sempere asume un papel estratégico con especial foco en el desarrollo de negocio y la presencia en mercados clave, la gestión comercial, la representación institucional y la coordinación de equipos multidisciplinares. Su incorporación contribuirá a reforzar la ejecución del plan estratégico corporativo y consolidar la proyección nacional e internacional de la compañía. Sempere se une a una firma de referencia en la gestión y protección de activos intangibles, con una destacada presencia nacional e internacional en el ámbito de las marcas. PONS IP dispone de uno de los mayores equipos especializados en patentes de España y capacidades crecientes en consultoría de innovación tecnológica, gobernanza de la inteligencia artificial y acompañamiento de proyectos vinculados a tecnologías emergentes y deeptech. Más de 30 años de experiencia en Propiedad Industrial e Intelectual Iván Sempere cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual. Tras su paso por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), fue socio fundador y Co-CEO de PADIMA entre 1998 y junio de 2026. Doctor en Derecho Mercantil (Universidad de Alicante), desarrolló durante más de una década actividad docente en su Facultad de Derecho y posteriormente, fue nombrado profesor honorífico de la institución. A su experiencia profesional hay que añadir una amplia trayectoria en el ámbito de la representación institucional, empresarial y universitaria. Entre otras responsabilidades, fue presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios y presidente de la Fundación Universidad-Empresa FUNDEUN. A lo largo de su carrera, Sempere ha asesorado a compañías nacionales e internacionales de diferentes sectores y geografías en la toma de decisiones estratégicas relacionadas con sus activos intangibles. Su experiencia está caracterizada por una visión estratégica y transversal de la Propiedad Industrial e Intelectual, orientada a convertir estos activos en una palanca de competitividad, diferenciación y crecimiento empresarial. Su perfil profesional se completa con una intensa actividad institucional, académica y divulgativa. Ha presidido el Comité de Diseño de la International Trademark Association (INTA) y actualmente forma parte de su Board of Directors, así como de su Consejo Asesor de Planificación y Programación. Especializado en el diseño de estrategias globales para la protección y defensa del diseño industrial, Sempere ha sido nombrado miembro del Observatorio Europeo del Diseño, gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Asimismo, es experto designado por la Unión Europea en proyectos de cooperación internacional y coordinador de ASIPI Diseño Estratégico, grupo de trabajo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual orientado a contribuir a la evolución de los marcos normativos que regulan el diseño en Latinoamérica. En España, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA). En el ámbito académico y divulgativo, participa habitualmente como ponente en congresos, universidades, escuelas de negocio y programas de máster en España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria acumula más de un centenar de intervenciones y publicaciones centradas en innovación, diseño, protección de activos intangibles y estrategia empresarial. Tras su nombramiento, Sempere destacó que “el sector de la IP está experimentando una profunda transformación que impactará, no solo en el modo en el que protegemos y defendemos la IP, sino también en la forma de asesorar y cuidar a nuestros clientes. Por eso, las firmas de IP debemos evolucionar nuestros servicios y metodologías para elevar nuestra excelencia, incorporando las tecnologías que sean necesarias para ser más eficientes. Para mi es un honor ser parte del equipo de PONS IP y estoy profundamente agradecido a su directora general, Nuria Marcos, por esta oportunidad y el ilusionante proyecto que tenemos en la compañía.” Por su parte, Nuria Marcos, directora general de PONS IP, señaló que "la incorporación de Iván supone un paso más en nuestra apuesta por seguir fortaleciendo el liderazgo de PONS IP y acelerar el desarrollo de nuestro proyecto empresarial. Su experiencia, visión estratégica y capacidad para impulsar el crecimiento de organizaciones complejas serán activos fundamentales para afrontar con éxito los retos que plantea un mercado cada vez más global, competitivo y conectado con la innovación".Iván Sempere fue socio fundador y Co-CEO de PADIMA, firma de referencia internacional en la Propiedad Industrial e Intelectual.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/IvanSempere_SubDG_PONSIP_-scaled-p487530-m1520885-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-generalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/IvanSempere_SubDG_PONSIP_-scaled-p487530-m1520885-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-generalhttps://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-generalhttps://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-general2026-09-01 11:32:122026-09-01 11:32:12sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico