La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha presentado este lunes el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), que permitirá recoger información y reclamar deudas líquidas, vencidas y exigibles de deudores que son reconocidas por una resolución judicial firme para "favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva".
Las características principales de este registro, que se dio a conocer el pasado mes de mayo en el Congreso Nacional de la Abogacía Española, han sido expuestas en una rueda de prensa junto al presidente de la consultora multinacional de negocio Everis, Eduardo Serra; el consejero delegado de la empresa líder en información de empresas Informa D&B, Juan María Sainz; el socio fundador y CEO de la startup granadina ICIRED, Enrique Rodríguez Zarza, y del tesorero del Consejo General de la Abogacía Española, Rafael Bonmatí.
Se trata de una "herramienta" que "facilitará el ejercicio" de la Abogacía y la lucha contra la morosidad, ya que se pone a disposición de 150.000 abogados una plataforma de uso gratuito en la que se introducirán los datos de identificación de los deudores y la cantidad que tiene pendiente de pago, ha explicado Ortega.
Además, para la presidenta del Consejo de la Abogacía, el RIJ "supone una innovación revolucionaria en España y en el mundo, que va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y hacer que se cumplan las sentencias firmes, además de dotar de mayor transparencia al sistema judicial y financiero".
Este fichero cumple con las normativas vigentes de la Ley General de Protección de Datos -tanto la española como la europea--, la Ley de Protección del Derecho al Honoro y el Código Deontológico de la Abogacía.
EL 80 POR CIENTO DE LAS DEUDAS NO ESTÁN REGISTRADAS
Según ha explicado Bonmatí, "la morosidad en España es como un iceberg", pues normalmente se registran los casos de morosidad relacionados con las compañías suministradoras de electricidad, telefónicas o entidades financieras, pero no aquellos que tienen que ver con pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimiento de contratos de alquiler o de compraventa de mercancías o con instituciones, que suponen el "80 por ciento" de las deudas.
El registro que se ha presentado este lunes permite a los letrados acceder al fichero a través de la Red de la Abogacía con su carnet de colegiado. Una vez cuenten con la autorización de sus clientes, podrán incluir los datos de aquella persona sobre la que recae una condena firme, cuya deuda sea superior a 50 euros y con un máximo de cinco años de antigüedad.
La información será verificada por los servicios jurídicos de la plataforma y con ello se procederá a enviar un requerimiento a dicho deudor. Si éste omite la reclamación o no justifica su oposición, se le volverá a notificar por carta certificada la inclusión de sus datos en dicho registro. Para introducir los datos en este fichero, el cliente tendrá que abonar 29 euros.
"El RIJ pretende acabar con las ejecuciones judiciales infructuosas después de largos años de litigio judicial en reclamación de una deuda", ha concluido el tesorero de la Abogacía, pues se trata de "una herramienta adicional de presión al deudor" con el que el cliente verá que se está haciendo "todo lo posible" para recuperar el dinero perdido.
MODELO DE NEGOCIO BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA
Este modelo de negocio, en el que participa Informa D&B y Everis, está basado en las ventajas que ofrece la economía colaborativa. El consejero delegado de Informa D&B, Juan María Sainz, ha destacado en la rueda de prensa que su participación en esta base de datos se debe a que es una "novedad importantísima" en la que pueden contribuir a hacer visible al sistema financiero y empresarial "gran parte de la deuda comercial".
Por su parte, el presidente de Everis, Eduardo Serra, ha resaltado que la "transformación digital es la palanca clave para la prosperidad económica y social y también para garantizar la seguridad jurídica de cualquier país". A su juicio, el RIJ "va a proporcionar un gran incremento de la seguridad jurídica" que a su vez "va a potenciar la economía española".
Por último, el CEO de ICIRED, Enrique Rodríguez Zarza, ha apostillado que la ventaja de que esta iniciativa se base en la economía colaborativa es que la introducción de datos de cualquier abogado permitirá identificar si existe algún problema por el que haya tantos impagos. Por tanto "puede servir a dirigentes políticos a tomar medidas", ha dicho.
