El real decreto que regula los planes de igualdad y modifica su registro establecía que desde el 7 de marzo de 2020 deben tener aprobados los planes de igualdad las empresas que tengan entre 151 y 250 personas trabajadoras.
A partir del 7 de marzo de este año, deberán tenerlos aprobados las empresas que tengan entre 101 y 150 personas trabajadoras, y desde el 7 de marzo del año que viene lo deberán hacer las que tengan entre 50 y 100 personas trabajadoras.
Por otro lado, el decreto señalaba que deberán tener planes de igualdad las empresas en las que se establezca tal obligación por el convenio colectivo aplicable o cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan.
La ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que los planes de igualdad "tendrán un papel fundamental", aunque cree que "el gran reto pendiente" en el mercado laboral es el de abordar el tiempo de trabajo, "que debe ser humano y corresponsable y no rígido".
"Hemos de organizar el trabajo con la vida en el centro", ha dejado claro la titular de Trabajo, tras remarcar que se debe avanzar en una organización "racional" de los tiempos de quienes tengan responsabilidades de cuidado y de quienes no.
De hecho, ha afirmado que el tiempo de la empresa moderna "ha de ser flexible", y ha apuntado que mientras que no se avance en romper con la brecha de género, "se seguirá hablando de vulneración de derechos fundamentales en el país".
Así lo ha señalado durante su intervención en un acto organizado en el Ministerio de Igualdad con motivo del día de la igualdad salarial.
Díaz ha instado a seguir trabajando por normas que den igualdad en las empresas y a abordar la precariedad laboral, que aunque mayoritariamente se da en los jóvenes, también lo hace en las mujeres. "La lucha contra la precariedad es también la lucha contra la discriminación de género", ha añadido.
La ministra de Igualdad pide medidas transformadoras
La ministra de Igualdad, Irene Montero, que también ha estado presente en el acto, ha valorado estos reglamentos como medidas "transformadoras" de un problema "estructural" y no como "un parche" para solucionar las situaciones de precariedad agravadas por la pandemia.
Con estos 'parches', se ha referido a las medidas "de contención" urgentes que se han puesto en marcha en pandemia como las relacionadas con la violencia de género, el Ingreso Mínimo Vital o el subsidio extra para las trabajadoras del hogar.
Aunque la ministra ha celebrado estas medidas, reconoce que no son suficientes para una transformación del modelo productivo y la sociedad del país.
