Los eurodiputados han respaldado con 443 votos a favor, 192 en contra y 58 abstenciones el inicio de las negociaciones con los Estados miembros para aprobar esta directiva, cuyo borrador fue planteado por la Comisión Europea en octubre de 2020.
La iniciativa no fija un salario mínimo europeo y ni siquiera obliga a los seis Estados miembros que no tienen salarios mínimos estatutarios a crearlos. En cambio, busca establecer una serie de criterios comunes que, respetando la soberanía de cada Estado miembro, sirvan para elevar la remuneración mínima de cada socio un nivel "decente".
Según los datos de Bruselas, los salarios mínimos en la UE varían desde los 312 euros de Bulgaria hasta los 2.142 euros de Luxemburgo. Además, 21 Estados miembros funcionan, como España, con un sistema de salarios mínimos estatutarios, mientras que otros seis socios (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Italia y Chipre) se basan exclusivamente en la negociación colectiva.
De hecho, otro de los objetivos es reforzar y extender la cobertura de la negociación colectiva para obligar a aquellos socios del bloque en los que menos del 80% de los trabajadores están cubiertos por estos acuerdos a tomar medidas para impulsarlos.
