En la propuesta de Recomendación del Consejo sobre una renta mínima que procure la inclusión activa, se establece la manera en la que los Estados miembros pueden modernizar sus regímenes de renta mínima para hacerlos más eficaces, de modo que saquen a las personas de la pobreza y se promueva al mismo tiempo la integración en el mercado laboral de aquellos que pueden trabajar.
La renta mínima consiste en pagos en efectivo que ayudan a los hogares que la necesitan a colmar la brecha hasta un determinado nivel de ingresos de manera que puedan abonar las facturas y vivir con dignidad. Son especialmente importantes en tiempos de recesión económica, ya que ayudan a amortiguar la caída de los ingresos de los hogares en el caso de las personas más necesitadas; así contribuyen a un crecimiento sostenible e integrador. Suelen complementarse con prestaciones en especie que dan acceso a servicios e incentivos específicos para acceder al mercado laboral. De este modo, los regímenes de renta mínima no son un instrumento pasivo, sino que sirven de trampolín para mejorar la inclusión y las perspectivas de empleo. Unos regímenes de renta mínima bien diseñados logran un equilibrio entre la reducción de la pobreza, la incentivación del trabajo y el mantenimiento de unos costes presupuestarios sostenibles.
La renta mínima y las redes de seguridad social deben incorporar incentivos y ayudas suficientes para que se reintegren en el mercado laboral los beneficiarios que puedan trabajar. Por tanto, su diseño también puede ayudar a aprovechar plenamente el potencial de las transiciones ecológica y digital al respaldar las transiciones en el mercado laboral y una participación activa de las personas desfavorecidas.
Las ventajas sociales y económicas de unas redes de seguridad social adecuadas y con unos destinatarios bien definidos adquirieron aún más importancia durante los confinamientos que provocó la pandemia de COVID-19. Disponer de una renta mínima adecuada adquiere también una importancia especial en el contexto actual de aumento de los precios de la energía y de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania, ya que las medidas sobre la renta pueden dirigirse específicamente a grupos vulnerables.
La propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos sociales de la UE para 2030 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión en al menos 15 millones de personas, tal como se establece en el Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales. También ayudará a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de que tenga empleo al menos el 78 % de la población de entre 20 y 64 años.
El vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis, ha declarado: «Los sistemas de protección social contribuyen a reducir las desigualdades y diferencias sociales. Gracias a ellos, se garantiza una vida digna a quienes no pueden trabajar y se anima a volver a la vida laboral a quienes pueden trabajar. En un momento en el que muchas personas luchan por llegar a fin de mes, este otoño será importante que los Estados miembros modernicen sus redes de seguridad social con un enfoque de inclusión activa, a fin de ayudar a los más necesitados. Así podemos luchar contra la pobreza y la exclusión social y ayudar a más personas a tener un empleo durante este período tan complicado».
En palabras del comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit: «En la actualidad, más de una de cada cinco personas en la UE se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Existen regímenes de renta mínima en todos los Estados miembros, pero el análisis muestra que no siempre son adecuados, llegan a todas las personas necesitadas o motivan a las personas a reincorporarse al mercado laboral. En un contexto de aumento del coste de la vida y de incertidumbres, debemos asegurarnos de que nuestras redes de seguridad estén a la altura de la tarea que se presenta. Además, debemos preocuparnos especialmente por que las ayudas a la renta también contribuyan a que los jóvenes vuelvan a la vida laboral, de modo que no queden atrapados en un círculo vicioso de exclusión».
Redes de seguridad social bien proyectadas para ayudar a las personas necesitadas
Si bien existe la renta mínima en todos los Estados miembros, varían considerablemente su adecuación, alcance y eficacia en el apoyo a las personas.
La propuesta de Recomendación del Consejo que se ha presentado hoy ofrece orientaciones claras a los Estados miembros sobre cómo garantizar que sus regímenes de renta mínima sean eficaces para luchar contra la pobreza y promover la inclusión activa en la sociedad y en los mercados de trabajo.
Se recomienda a los Estados miembros lo siguiente:
- Trabajar para que las ayudas a la renta sean más adecuadas:
- Determinar el nivel de ayudas a la renta a través de una metodología transparente y sólida.
- Sin descuidar los incentivos al trabajo, procurar que las ayudas a la renta reflejen progresivamente una serie de criterios de adecuación. A más tardar a finales de 2030, los Estados miembros deben alcanzar un nivel adecuado de ayudas a la renta al tiempo que salvaguardan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
- Revisar anualmente y, en caso necesario, ajustar el nivel de las ayudas a la renta.
- Mejorar la cobertura de la renta mínima y su percepción por parte de los beneficiarios potenciales:
- Los criterios de admisibilidad deben ser transparentes y no discriminatorios. Por ejemplo, para promover la igualdad de género y la independencia económica, especialmente en el caso de las mujeres y los adultos jóvenes, los Estados miembros deben facilitar la recepción de ayudas a la renta por persona, en lugar de por hogar, sin aumentar necesariamente el nivel general de prestaciones a los hogares. Además, es necesario tomar nuevas medidas para asegurar que los hogares monoparentales, que están encabezados mayoritariamente por mujeres, se beneficien de la renta mínima.
- Los procedimientos de solicitud deben ser accesibles, simplificados e ir acompañados de información que se comprenda con facilidad.
- La resolución sobre una solicitud de renta mínima debe dictarse en un plazo de 30 días a partir de su presentación, con la posibilidad de revisarla.
- Los regímenes de renta mínima deben responder a las crisis socioeconómicas, por ejemplo introduciendo una mayor flexibilidad en cuanto a la admisibilidad de los beneficiarios.
- Mejorar el acceso a mercados laborales inclusivos:
- Las medidas de activación deben ofrecer incentivos suficientes para la reinserción laboral, y debe prestarse especial atención a ayudar a los adultos jóvenes.
- Los regímenes de renta mínima deben ayudar a las personas a encontrar un empleo y mantenerlo, por ejemplo, a través de una educación y formación inclusivas, así como del apoyo a la colocación y el asesoramiento personalizado.
- Debe ser posible combinar la ayuda a la renta con los ingresos procedentes del trabajo durante períodos más cortos, por ejemplo, durante períodos de prácticas o de prueba.
- Facilitar el acceso a los servicios esenciales y de capacitación:
- Los beneficiarios deben tener un acceso efectivo a servicios de capacitación de calidad, como la asistencia (sanitaria), la formación y la educación. Deben ponerse servicios de inclusión social, como el asesoramiento y la orientación, a disposición de las personas necesitadas.
- Además, los beneficiarios deben tener un acceso efectivo y continuo a servicios esenciales, como la energía.
- Ofrecer un apoyo personalizado:
- Los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación individual y multidimensional de las necesidades para detectar los obstáculos a los que se enfrentan los beneficiarios por lo que se refiere a la inclusión social o el empleo, y el apoyo necesario para abordarlos.
- Partiendo de esta base, a más tardar tres meses después de que los beneficiarios hayan accedido a la renta mínima, deben recibir un plan de inclusión que defina unos objetivos conjuntos, un calendario y un paquete de apoyo adaptado para lograrlos.
- Aumentar la eficacia de la gobernanza de las redes de seguridad social en la UE y a escala nacional, regional y local, así como los mecanismos de seguimiento y notificación.
La UE ofrece financiación a los Estados miembros para ayudarles a mejorar sus regímenes de renta mínima y sus infraestructuras sociales mediante reformas e inversiones.
Mejorar las evaluaciones de impacto para elaborar unas políticas justas
La Comisión presenta también hoy una Comunicación sobre una mejor evaluación del impacto distributivo de las reformas de los Estados miembros. En ella, ofrece orientaciones sobre cómo dirigir mejor las políticas de manera transparente, de manera que contribuyan a luchar contra las desigualdades existentes y de manera que tengan en cuenta la repercusión en las diversas zonas geográficas y en los distintos grupos de población, como las mujeres, los niños y los hogares con bajos ingresos. La Comunicación incluye orientaciones sobre los ámbitos políticos, las herramientas, los indicadores, el calendario, los datos y la difusión de la evaluación. Las orientaciones que se presentan hoy también son de utilidad para los Estados miembros a la hora de diseñar sus regímenes de renta mínima.
Próximas etapas
Los Estados miembros debatirán la propuesta de Recomendación del Consejo sobre una renta mínima adecuada que procure la inclusión activa presentada por la Comisión con vistas a que la adopte el Consejo. Una vez que se haya adoptado, los Estados miembros deberán informar a la Comisión cada tres años sobre sus progresos en la puesta en práctica. Además, la Comisión supervisará los avances en la puesta en práctica de esta Recomendación en el contexto del Semestre Europeo. El instrumento propuesto —una recomendación del Consejo— ofrece a los Estados miembros suficiente margen de maniobra para determinar la mejor manera de alcanzar los objetivos de esta iniciativa, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares.
Contexto
En 2021, más de una de cada cinco personas, es decir, 94,5 millones de personas en total, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE. Las redes de seguridad social desempeñan un papel fundamental a la hora de apoyar a estas personas y ayudarlas a (re)incorporarse al mercado laboral si es posible. Sin embargo, se necesitan sistemas de protección social más eficaces, ya que alrededor del 20 % de las personas sin empleo y en riesgo de pobreza no pueden optar a ninguna prestación económica de renta, y se calcula que entre el 30 % y el 50 % de la población potencialmente beneficiaria no recibe prestaciones de renta mínima.
El principio 14 del pilar europeo de derechos sociales se refiere al derecho a recibir una renta mínima adecuada. Para promover la inclusión social y el empleo y procurar que nadie en la sociedad se quede atrás, la Comisión ha presentado otras muchas iniciativas que complementan la propuesta de hoy. Por ejemplo, la propuesta de Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados, con la que se pretende que el trabajo garantice una vida digna a los trabajadores; la Garantía Infantil Europea, para ofrecer a los niños un acceso libre y efectivo a servicios clave; y la Estrategia Europea de Cuidados, para mejorar la situación, especialmente de las mujeres y las personas del sector asistencial. Además, la Recomendación de la Comisión sobre un apoyo activo eficaz para el empleo (EASE) ofrece orientaciones acerca de políticas activas del mercado de trabajo, incluida la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional. La Recomendación del Consejo para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática establece orientaciones específicas para aplicar políticas dirigidas a lograr una transición justa, en la que se preste especial atención a los hogares vulnerables. Por último, la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía pretende hacer frente a los drásticos aumentos de los precios de la energía reduciendo el consumo y compartiendo los beneficios excepcionales de los productores de energía con aquellos que más ayuda necesitan.
