El Defensor del Pueblo dirigió una recomendación al respecto al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones el pasado 19 de agosto, para trasladarle las deficiencias detectadas en el servicio de citas y atención presencial, y ahora la eleva al ministro, José Luis Escrivá, para que "se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía".
Las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo reflejan las dificultades ciudadanas para obtener cita previa en cualquier provincia y conseguir atención alternativa a la comunicación telemática que ofrece la Seguridad Social. También denuncian que se ven obligados a realizar múltiples llamadas telefónicas para tratar de conseguir cita previa o tienen que recurrir a internet, sin resultado positivo.
Al respecto, la institución alerta de que supone "un incumplimiento objetivo y directo" de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución, que establece que la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia en el desempeño de su labor.
Además, recuerda que la situación afecta a la gratuidad del procedimiento administrativo, ya que los afectados tienen que recurrir a la contratación de servicios de asesoría para poder realizar con éxito sus trámites administrativos.
En el documento enviado a Escrivá, la institución reconoce los esfuerzos del Ministerio por revertir esa sensación, pero advierte de que "no resultan suficientes en orden a recibir una atención eficaz y eficiente que permita gestionar de forma directa las
necesidades ciudadanas".
El Defensor del Pueblo se refiere, en concreto, a las personas afectadas "por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad", para quienes la atención presencial "constituye una necesidad preferente".
