"La asistencia jurídica gratuita es necesaria, pero exige mayor control"
Decano del Colegio de Procuradores de Madrid
1-En primer lugar, enhorabuena por su reelección como decano del Colegio de Procuradores de Madrid, ¿qué iniciativas tiene en mente a corto y medio plazo como máximo responsable de los procuradores madrileños?
Este es el segundo mandato y lo que se suele hacer en estos casos es terminar lo iniciado. Queremos seguir con la modernización de nuestro Colegio, una institución centenaria pero que debe adaptarse a los tiempos actuales. Por lo tanto, pretendemos consolidar programas de formación continuada para todos nuestros colegiados, en consonancia con las constantes reformas legislativas, así como que el Colegio cumpla las funciones previstas en la ley para que sea más eficaz y pueda colaborar con la Administración de Justicia, prestando el mejor servicio posible a los ciudadanos.
Relacionado con este proceso, debemos mejorar el sistema de notificaciones y traslado de escritos y documentos –realizado a través de los Colegios de Procuradores, tal y como indica la ley-, implantando una forma telemática para dar un paso más en nuestra aportación al proceso ineludible y urgente de modernización de la Justicia.
Por otra parte, queremos mejorar una de las prestaciones sociales más importantes que tenemos los procuradores de cara al ciudadano económicamente más desfavorecido, como es el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Sólo en Madrid, actualmente, gestionamos más de 150.000 designaciones en este ámbito.
2-¿Cuántos procuradores hay en Madrid?
Madrid es el colegio más grande de España con una diferencia importante, tiene casi 1.600 colegiados y los colegios siguientes son Barcelona, Valencia y Málaga, que tienen del orden de 500 o 600 colegiados.
3-¿Qué valoración puede hacernos de las iniciativas legislativas puestas en marcha por el Gobierno de reforma de la Justicia? Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia, Agilización Procesal, Tribunales de Primera Instancia, etc.
Son proyectos muy distintos y de una envergadura diferente. Con el proyecto de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, los procuradores estamos totalmente de acuerdo porque creemos muy necesario que la Administración esté totalmente adaptada a los nuevos dispositivos tecnológicos. Ahora bien, cualquier ciudadano que entra en un juzgado no necesita ser un experto para darse cuenta de la cantidad de montañas de papel, de los ordenadores obsoletos, de los programas desfasados, etc. Por lo tanto, reitero que es una necesidad absoluta. Es muy positiva y apoyamos sin reservas esta ley que obliga a todos, desde el propio Ministerio, las CCAA con transferencias en materia de Justicia, hasta los profesionales, incluyendo los Colegios de Procuradores, a que estén adaptados a las tecnologías del siglo XXI como un instrumento totalmente necesario para gestionar una administración de Justicia necesitada de modernización.
En cambio, la Ley de Agilización Procesal, tiene un trasfondo más complejo. ¿De verdad se va a agilizar con esa ley los procesos? Entendemos que no, puesto que a pesar de que existen algunos aspectos de la reforma que consideramos necesarios, es cierto que la ley continúa otras reformas parciales de las leyes procesales iniciadas anteriormente que no han mejorado el funcionamiento de la Justicia. Es imprescindible una reforma global, una reforma en la que se analice y examine la Administración de Justicia desde todos los puntos de vista, es decir, desde el organizativo, el procesal y el de los recursos.
Esta ley tiene reformas positivas (reforma del recurso de casación, la supresión de los recursos de apelación en los juicios verbales), pero no va a soluciones los problemas de la Justicia. Lo que hace falta es un Gobierno y unas Comunidades Autónomas comprometidas para que la Administración de Justicia sea de verdad el servicio moderno y accesible que los ciudadanos reclaman.
4. ¿Cómo encaja la figura del procurador en este engranaje de reformas?
La realidad inmediata de una justicia ágil y accesible para el ciudadano queda algo lejana; quizás cambie a medio plazo. En este escenario, los procuradores tenemos una doble función: en primer lugar, la de representar a los ciudadanos ante la Justicia para garantizarles su tutela judicial efectiva. En segundo y no menos importante, además de la defensa de los intereses de los ciudadanos, el procurador tiene una función pública delegada, que es la de colaborar a todos los niveles posibles con la Administración de Justicia, fundamentalmente en los actos de comunicación, cumpliendo los plazos en la notificación y presentación de escritos, teniendo el deber de lealtad procesal, etc.
Podemos mencionar, a título de ejemplo, que los colegios de procuradores en España realizan 45 millones de actos de comunicación directamente de los tribunales a sus clientes y a sus letrados, de los que 8 millones corresponden a Madrid.
5. ¿Qué opina de la implantación piloto de la nueva Oficina Judicial en algunas ciudades, como Cáceres, Ciudad Real, Murcia y Burgos? No sin críticas por parte de colectivos profesionales y órganos judiciales. Incluso el ministerio de Justicia ha tenido que emitir un comunicado en el que "pese a las incidencias iniciales" se muestra "satisfecho" con la evolución.
A veces, la agilización de la Justicia simplemente es poder acortar los plazos en los procesos. Como ejemplo pongo la labor de comunicación que hacemos los procuradores, que debe realizarse en tres días en vez de en tres meses.
En cuanto a la Oficina Judicial, la propia ley -que consideramos positiva pero con una adaptación compleja, y que además, lleva gestándose desde finales de 2003-, dice que su implantación ha de ser progresiva, por lo que si ésta se completa dentro de diez años, adiós agilización de Justicia. Además, la dificultad se agudiza porque la implantación tiene varios elementos: arquitectónicos o físicos, procesal, etc., que suponen un gran engranaje judicial operando al unísono. Y no es fácil. Los proyectos pilotos de estas ciudades están desvelando desfases propios del descompás de la propia ley, algo muy natural en una implantación de este calibre, pero que ha provocado cierta ralentización en el rendimiento de la actividad judicial.
6. ¿Y es una responsabilidad que corresponde al propio Ministerio o a las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, o a ambos?
Principalmente corresponde a quien tenga las competencias, dado que no todas las Comunidades Autónomas las tienen. En nuestro caso, una Comunidad como Madrid, con la enorme dispersión de sedes judiciales que tiene, alcanzando incluso a las salas dentro de un mismo tribunal, tendrá muchas dificultades la implantación de la Nueva Oficina Judicial. ¿Y cuándo vamos a ver terminada o implantada la Oficina Judicial en la Comunidad de Madrid? Seguro que pasarán muchos años.
A lo anterior hay que añadir los problemas derivados de otras iniciativas legislativas, como la de Tribunales de Instancia, una ley que dudo que se apruebe en esta legislatura; la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, totalmente obsoleta y modificada en muchas ocasiones desde su creación, que exige el planteamiento de un nuevo modelo organizativo, y así, un largo etcétera.
7. Los retrasos y la falta de medios materiales y humanos en la Justicia protagonizan las quejas al Defensor del Pueblo, según el informe del mismo correspondiente al ejercicio 2010. ¿Cree que estas medidas mejorará la imagen que el ciudadano tiene de la Justicia, que la califica de "mala" o "muy mala"?
La Justicia es algo muy complejo, aunque no creo que el ciudadano tenga una imagen tan nefasta de la misma, al menos el que realmente conoce su funcionamiento. Es cierto que la percepción que tiene el ciudadano no es positiva porque los retrasos y las dilaciones existen y el ciudadano lo sufre. Eso lo vemos nosotros todos los días. Por ello se requiere trabajo, esfuerzo y la colaboración de todos, pero, además, la provisión de más medios materiales y humanos.
8. ¿Cómo influirá la Ley de Servicios Profesionales en el ejercicio de la procura?
Es un tema que nos preocupa globalmente porque va a afectar a todos los colegios profesionales. Éstos forman una sociedad civil absolutamente necesaria para defender los intereses de los ciudadanos, unos derechos que han de ser protegidos de muchas maneras, por ejemplo, formando a sus colegiados para proporcionar mejores servicios, así como ejerciendo sobre ellos un control deontológico para garantizar su eficacia, entre otras muchas funciones.
Esta ley acabará con la colegiación obligatoria de la mayoría de los colegios, no así con los de Procuradores, recogida por Ley Orgánica, lo que nos preocupa porque probablemente desencadenará la desaparición de muchos colegios profesionales.
Por otra parte, de la Ley de Servicios Profesionales nos preocupa la desaparición de la incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión de abogado y la de procurador, una incompatibilidad que consideramos necesaria en el sistema procesal español para un buen equilibrio y funcionamiento de la Justicia. Las Cortes Generales modificaron hace un año y medio el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil apoyando por unanimidad esa discrepancia. Por lo tanto, esta Ley modificaría una reciente decisión del Parlamento, lo cual, a mi criterio, sería una barbaridad.
9. ¿Y esa supresión de la colegiación obligatoria en algunos colegios no haría peligrar la seguridad jurídica de los ciudadanos, por ejemplo, en lo que se refiere al nombramiento de peritos? ¿A quién recurrirá el juez cuando solicite la emisión de un informe sobre un campo profesional determinado?
Lo que si es seguro es que crea una situación de incertidumbre. El colegiado es un profesional con todas las garantías porque está controlado deontológicamente, porque tiene la cualificación y titulación exigidas, y porque está formado en la materia de que trata. Por lo tanto, si hay algún problema o incidencia en el ejercicio de su profesión, sus seguros de responsabilidad amparan al ciudadano afectado, pues le permiten recurrir al colegio correspondiente y ejercer su derecho de asistencia, así como tramitar esa queja con todas las garantías jurídicas posibles.
Por lo tanto, una supresión de la colegiación obligatoria no hace otra cosa más que crear inseguridad jurídica y una merma de derechos civiles del ciudadano, que es el destinatario último de estos servicios.
10. Hace unos días, el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, señalaba cierta preocupación por los posibles recortes en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, vulnerando los derechos civiles de los ciudadanos, ¿cómo está viendo este problema el Colegio de Procuradores de Madrid?
La Justicia Gratuita nos importa mucho a los Colegios de Procuradores por su gran trascendencia social. En toda España atendemos al año más de 500.000 asuntos en esta materia, de los que al Colegio de Procuradores de Madrid, como he dicho anteriormente, corresponden 150.000.
Evidentemente, los colegios y profesionales hemos de prestar este servicio porque es necesario propiciar el acceso a la Justicia al ciudadano más desfavorecido económicamente y por lo tanto, los más necesitados de protección. Esto ha de ser así, en un Estado moderno y democrático, la libertad se caracteriza por el derecho de acceso a los tribunales, sin ningún tipo de discriminación.
Ahora bien, los baremos de remuneración a los profesionales no se revisan desde 2003, son absolutamente exiguos y han de ser actualizados si queremos tener un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de calidad. Asimismo, también debe existir un mayor control sobre los demandantes del servicio y que cumplan con los requisitos legalmente exigidos.
11. El mes pasado, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, señalaba que la CAM mantiene la inversión de 350 millones en la Administración de Justicia, en línea con los presupuestos del pasado año en esta materia a pesar de la crisis. A esto se une que Madrid es la región con la tasa de litigiosidad más elevada de España con 229,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional es de 204,7. ¿Tiene Madrid recursos suficientes para afrontar esta tasa?
Claramente no, por muchas razones, empezando por el índice de litigiosidad de la Comunidad de Madrid que supera con creces la media española. Solo en Madrid se dan casi el 25% de todos los pleitos que se tramitan en España y es la Comunidad qué tiene más designaciones de justicia gratuita.
No obstante, presenta muchas contradicciones y deficiencias, pues Madrid adolece un problema organizativo y de gestión de recursos. La dispersión judicial cuesta mucho dinero, acaparando más recursos, por ejemplo, que a la propia formación de los funcionarios, algo indispensable. Asimismo, Madrid es de las pocas Comunidades Autónomas que no dispone de un sistema de notificación telemática, algo contradictorio con el elevado índice de asuntos que se tramitan al año. No optimizar los recursos de que dispone merma su avance, modernización y agilización, por lo que Madrid todavía no está a la altura de las Comunidades españolas más desarrolladas en materia de Justicia.
12-¿Qué opina de la reciente entrada en vigor de la tasa judicial en el proceso monitorio?
La aplicación de una tasa va a desvirtuar el mismo proceso monitorio y propiciará el pago de otras tasas en todos los procedimientos –el famoso "copago" del que hablan algunas Comunidades Autónomas-. El monitorio es un proceso ágil para intentar recuperar una deuda y lo que pasará probablemente es que se desviarán a otro tipo de proceso.