Tras el fallo de 14 de septiembre de 2016 (Asunto de Diego Porras, C- 596/2014), en que el TJUE dictaminó que no se podía discriminar a los trabajadores temporales respecto a los indefinidos en las indemnizaciones por fin de contrato, varios tribunales han remitido al tribunal europeo nuevas cuestiones prejudiciales, como el TSJ Galicia, y existe un recurso de casación abierto en el Tribunal Supremo sobre esta misma cuestión.
Tras el pronunciamiento, el Gobierno designó a un grupo de expertos para diseñar una solución jurídica al problema. Mientras unos se mostraban partidarios a esperar a la resolución de cuestiones prejudiciales, otros se inclinaban por emprender una reforma del Estatuto de los Trabajadores y apostaban por resolver la desigualdad de trato con una indemnización de 20 días por año trabajado.
De esta forma, el Gobierno se posiciona con la parte del grupo de expertos que prefieren esperar a una postura definitiva. «Cualquier decisión normativa prematura podría entrar en contradicción con lo que se decida por las instancias jurisdiccionales», ha dicho Riesgo, que ha señalado que «ninguna actuación urgente serviría para solventar la inseguridad jurídica que existe».
El presidente del TJUE, Koen Lenaerts, en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, ya reconoció la posibilidad de «posibles problemas de implementación que dejarían una mayor libertad a los tribunales nacionales para fijar criterios legales que desarrollen una interpretación uniforme de la legislación europea que permita un mayor margen de apreciación a las cortes aplicándola sobre el terreno».
La oposición en bloque critica la parálisis del Gobierno
Prácticamente la totalidad de la oposición ha criticado el camino elegido por el Gobierno de aguardar a una nueva sentencia, lamentando los efectos de dilatar una decisión sobre los trabajadores temporales y animando al Ejecutivo a que legisle al respecto.
El PSOE ha criticado «la escasa y nula voluntad para acatar la sentencia», y ha dicho que, en todo caso, «las conclusiones del informe instan a limitar la contratación temporal y sancionar situaciones abusivas» (María Teresa Raya). Y han criticado que, en otras cuestiones, el Gobierno ha acatado los dictados de Europa sin rechistar (en clara referencia al asunto sobre la reforma de la estiba).
Por parte de la coalición de Unidos Podemos, Aina Vidal ha criticado la falta de disposición al diálogo por el Gobierno: «Diálogo no es cerrar una puerta y negociar con un solo grupo», ha señalado.
Sergio del Campo, portavoz de Empleo de Ciudadanos, ha celebrado la limitación de la contratación temporal anunciada recientemente por el Gobierno pero ha criticado que entre 2009 y 2015 el número de personal en la Inspección Laboral pasó de 1.798 a 1.800, dos trabajadores en seis años. Asimismo, ha cuestionado cómo abordará el Gobierno la retroactividad que pueda plantearse tras la sentencia.
Para más información, consulte nuestro Memento Social 2017.
