La Comisión de Entidades Locales del Senado ha aprobado este martes el dictamen sobre el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incorpora 25 enmiendas parciales presentadas por el PP en la Cámara Alta, así como dos del PNV y otras dos del Grupo Mixto, que persiguen garantizar, por un lado, el régimen foral, y por otro, la singularidad de las Islas Canarias.
De este modo, el texto, que ha variado ligeramente respecto al aprobado en el Congreso a raíz de la incorporación de las mencionadas enmiendas, se eleva ahora al Pleno del Senado, donde se votará previsiblemente el día 16 de diciembre. Una vez aprobado, la norma volverá al Congreso donde recibirá definitivamente luz verde.
Según ha defendido el senador del PP Antonio Sanz durante la Comisión de Entidades Locales, la tramitación parlamentaria que se ha llevado a cabo hasta el momento y el diálogo abierto por el Gobierno han hecho que el texto aprobado hoy en comisión haya mejorado sustancialmente respecto a los primeros borradores y sea "fruto del consenso".
En este sentido, Sanz ha asegurado que, al contrario de lo que opina la mayoría de la oposición, se trata de una "ley de fortalecimiento de las corporaciones locales, que garantiza el empleo y da estabilidad a los servicios públicos". "Es un claro avance y un texto claramente respetuoso con la Constitución, con los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y con la autonomía local", ha agregado.
Entre las últimas modificaciones introducidas por el PP al texto, destaca, por ejemplo, la que dará la posibilidad a los ayuntamientos de que dediquen patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera, aunque será de forma excepcional, con determinadas condiciones y deberán reponer el importe en un plazo máximo de diez años.
Los 'populares' también han introducido dos enmiendas para vincular el traspaso de las competencias de salud y servicios sociales que ahora ejercen los ayuntamientos, y que con la reforma local pasarán a ser de las comunidades, a la nueva ley de financiación autonómica y local, anunciada por el Gobierno para el año que viene.
El cuanto a las cuatro enmiendas --tres de ellas transaccionales-- presentadas por el PNV y el Grupo Mixto, que este martes han sido aceptadas por el PP, Sanz ha defendido que son la prueba definitiva de que la norma es "plenamente respetuosa" con los regimenes forales del País Vasco y Navarra, así como con la singularidad del régimen de Canarias, entre otros.
PNV: Mejora "sustancial" del texto
En concreto, las enmiendas del PNV que han sido aceptadas contemplan, por un lado, la supresión de la disposición adicional que establecía la obligación a País Vasco y Navarra de suministrar información financiera, institucional y administrativa, y por otro, el reconocimiento de que las Instituciones vascas podrán, en sus respectivos ámbitos competenciales, acrecentar el nivel de competencias propias de sus municipios.
Tal y como ha destacado el senador del PNV José María Cazalis, su formación ha conseguido llegar finalmente a "acuerdos muy importantes con el PP", lo que ha permitido que el texto haya mejorado "sustancialmente" desde su punto de vista. No obstante, ha recordado que todavía tienen muchas enmiendas que seguirán discutiendo "hasta el último minuto".
Las dos enmiendas aceptadas del Grupo Mixto, registradas respectivamente por Coalición Canaria y por Izquierda Unida, introducen por su parte el reconocimiento del régimen especial de los municipios canarios, para que los criterios de atribución de competencias a los municipios, así como los supuestos de intervención de los Cabildos Insulares, queden a lo que establezca la legislación territorial correspondiente.
Rechazo de PSOE y CIU
El resto de enmiendas parciales presentadas por la oposición en el Senado, que suman más de 400, así como los siete vetos registrados por PSOE, CiU, PSC, ICV, IU, ERC y Amaiur, han sido rechazados por el PP. En consonancia, todos los grupos de la oposición, a excepción del PNV, han vuelto a manifestar su rechazo frontal a una reforma que consideran inconstitucional, antidemocrática e invasiva con la autonomía local y autonómica.
"La ley no cumple con sus objetivos ya que ni va a ahorrar 8.000 millones de años, ni racionaliza ni hace más sostenible el mundo local. Sólo vacía de competencias a los ayuntamientos, condena a la desaparición a entidades locales menores y priva de servicios públicos esenciales a muchísimos ciudadanos. Con ella van a perder los ayuntamientos, las Comunidades Autónomas pero sobre todo los ciudadanos, el estado del bienestar y la democracia local", ha defendido el senador del PSOE Tontxu Rodríguez durando su intervención en la Comisión.
Asimismo, en declaraciones a Europa Press tras finalizar la Comisión, el senador socialista ha denunciado que una vez más el PP ha llevado a cabo "una tramitación lamentable" para llevar cuanto antes al Pleno la norma y que esta sea aprobada "con alevosía". "Es la muestra de otro rodillo de mayoría absoluta del PP que va a acabar con los ayuntamientos" ha agregado, para recordar que de aprobarse finalmente, el PSOE llevará la ley al Tribunal Constitucional.
Por su parte, la senadora de CiU Maite Rivera, ha insistido en que la norma "vulnera la autonomía local así como las competencias de las Comunidades Autónomas, particularmente las de Cataluña", y "no da respuesta a las demandas de mejora de la financiación local.
"Nos vulnera nuestra norma básica, que es el Estatut de Autonomía, y esto no es bueno para nada, ya que no ayuda a paliar el distanciamiento entre el Estado central y Cataluña", ha advertido, para añadir, por otro lado, que la norma sólo va a servir para "criminalizar" a la Administración Local.
