Así figura en una de las cuatro enmiendas que el Grupo Popular ha presentado en el Congreso al proyecto de ley de Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que serán debatidas en Ponencia el martes y pasarán a la Comisión de Hacienda el jueves 19. Posteriormente, la norma deberá volver al Pleno de la Cámara Baja antes de ser remitida al Senado.
En una de las enmiendas, que recoge Europa Press, el PP precisa que el Consejo de Ministros deberá aprobar "antes d 31 de diciembre de 2013" un real decreto por el que se apruebe el estatuto orgánico del organismo, en lugar de mantener la previsión de que este texto reciba luz verde en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley.
"La aprobación del estatuto orgánico es crucial para la puesta en funcionamiento de la Autoridad. Así, dada la necesidad de que esté operativa lo antes posible, en particular para dar cumplimiento a los requerimientos que emanan de la normativa comunitaria, se considera conveniente concretar el plazo concedido al Consejo de Ministros para la aprobación del estatuto", justifica la enmienda.
Acceso a la información
Por otra parte, los 'populares' también modifican el artículo relativo a la figura del presidente de la Autoridad Fiscal para recoger que, en caso de que sea cesado por "incumplimiento grave de sus obligaciones", la decisión del Ministerio de Hacienda deba ser conocida por las Cortes Generales antes de su ejecución.
En otras dos enmiendas, el partido mayoritario precisa algunos requisitos sobre la información a la que deberá tener acceso la nueva Autoridad Fiscal. Así, además de poder consultar toda la información económico-financiera de las diferentes administraciones públicas que le suministre el Ministerio de Hacienda, también tendrá la potestad para requerir "directamente" datos adicionales, "en concreto cuando la información obtenida a través del Ministerio no resultara suficiente, completa o requiriera de alguna aclaración".
El Ministerio de Hacienda deberá dar acceso "con carácter permanente" a los datos y documentos que, mediante orden ministerial, se haya estipulado que deben estar a disposición de la Autoridad, independientemente de las necesidades de información adicional que pueda plantear el nuevo organismo para el "correcto ejercicio de sus funciones".
Finalmente, el PP modifica el artículo relativo a la confidencialidad de la información, al considerar que "si bien es necesario velar por el correcto uso de la información confidencial, se considera que las restricciones en el uso de la misma no pueden en ningún caso limitar a la Autoridad a utilizar en sus informes exclusivamente información que ya sea pública". Por ello, proponen eliminar esa alusión y sustituirla por la obligación de tratar la información "respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial".
