![Fiscal-economia](https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/07/shutterstock_1423532666-p235001-m720581-768x334_w100.jpg)
En 2018, la posición de inversión internacional neta de España arrojó un saldo negativo de 1,06 billones de dólares (945.289 millones de euros), un 8% inferior al dato de 2017, solo por delante del saldo negativo de 9,71 billones de dólares (8,66 billones de euros) de EEUU, lo que supuso el 74,3% del PIB español en 2018, mientras que en el caso estadounidense equivalió al 47,4% de su PIB.
De este modo, el FMI juzga que la posición externa de España en 2018 "fue moderadamente más débil que consistente con los fundamentos a medio plazo y las políticas deseables", añadiendo que alcanzar una posición inversora neta internacional suficientemente fuerte y caídas adicionales del desempleo seguirá requiriendo de un superávit corriente relativamente alto y de un tipo de cambio real efectivo moderadamente más débil durante un periodo sostenido.
Como factores mitigadores de las vulnerabilidades externas de España, el Fondo apunta a la favorable estructura de vencimientos de la deuda soberana, con una media de siete años, y las medidas implementadas por el Banco Central Europeo (BCE), incluyendo el programa de compra de activos, que abarató los costes de financiación de la deuda pública.
La institución considera que la relajación de la política monetaria del BCE, las reformas domésticas y la consolidación fiscal adoptadas en respuesta a la crisis, así como la fuerte recuperación económica han contribuido a mejorar la confianza de los inversores, aunque subraya que las elevadas necesidades de financiación de los sectores público y privado hacen a España "vulnerable" ante repentinos cambios en la volatilidad del mercado.
En este sentido, los técnicos del FMI destacan que las reformas estructurales implementadas por España en respuesta a la crisis financiera, particularmente la reforma laboral, con la moderación salarial y el ajuste fiscal resultante, contribuyeron a reducir los desequilibrios.
"Mantener este progreso y reducir aún más la vulnerabilidad externa requerirá reiniciar la consolidación fiscal estructural, así como reformas adicionales para abordar la dualidad del mercado laboral", propone el FMI, señalando que impulsar la productividad y la competitividad requerirá una implementación más rápida de las reformas del mercado de productos y servicios, así como acciones para mejorar los resultados educativos, la formación de los trabajadores y la capacidad de innovación de las empresas.