CEDRO ha presentado hoy el segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, un estudio que analiza la percepción que la sociedad española tiene sobre los contenidos editoriales y su propiedad intelectual. El informe revela que los ciudadanos respaldan el trabajo de autores y editores, y apoyan la implementación de políticas públicas que refuercen al sector y sus derechos de propiedad intelectual. Además, explora las justificaciones que usan los consumidores que acceden ilícitamente a contenidos editoriales digitales y los sesgos cognitivos que la tecnología aprovecha para fomentar consumos ilícitos de las obras editoriales.
El estudio, llevado a cabo por Qbo Investigación y Estrategia a través de grupos focales y de más de 2.600 encuestas, revela que el 92 % de los consultados identifica a escritores, traductores, periodistas y editores como la garantía de calidad y credibilidad en los libros, periódicos, revistas y partituras.
De hecho, se ha señalado que, por ejemplo, en el ámbito educativo, la mayoría considera que los autores y los editores profesionales son los que deberían elaborar los contenidos educativos por una cuestión de confianza.
Asimismo, el 94 % de los encuestados reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad, considerándola una garantía de futuro que impulsa el crecimiento educativo, el progreso profesional y la mejora la reputación del sector público cuando este adopta medidas para su protección.
Propiedad intelectual y Administración
En los resultados de esta investigación también se ha evidenciado la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores, un tema de interés general que la administración pública debe liderar. Para el 87,57 % de los participantes, el sector público es responsable de garantizar el respeto a estos derechos. Más allá de una obligación legal, esta labor representa una oportunidad para mejorar la reputación institucional, reforzar valores éticos como la transparencia y la integridad, y contribuir al desarrollo cultural y tecnológico. Al liderar este proceso, la Administración asegura un futuro donde la creatividad y el conocimiento sean recompensados de manera justa y equitativa.
Durante el acto, Nuria Cabutí, directora general de Penguin Random House Grupo Editorial, ha presentado las medidas que los ciudadanos solicitan a la Administración para proteger el trabajo de autores y editores. Entre ellas destacan: impulsar el desarrollo cultural mediante el apoyo a escritores y periodistas locales y la protección de los derechos de autor; fomentar la cultura a través de bibliotecas físicas y digitales, y las ferias del libro; promover el desarrollo del pensamiento crítico, favorecer la difusión de información de calidad, y reivindicar la historia y la identidad cultural. «Es importante que quienes toman decisiones en el ámbito legislativo y ejecutivo lo tengan muy presente: la cultura escrita es nuestro patrimonio y debe ser fortalecida y protegida, pues es una garantía de futuro para cada uno de nosotros, como individuos, y para todos, como sociedad», ha subrayado Cabutí.
Radiografía de la piratería, sus motivaciones y sesgos cognitivos
El segundo Observatorio de la Sostenibilidad del Cultura Escrita también ha realizado un análisis exhaustivo del pirata digital. En esta línea, el estudio indica que el 67,5 % de los consumidores de contenidos editoriales digitales los obtiene a través de canales ilícitos y, de ellos, un 40 % desconoce que estos contenidos son piratas. Por lo que, una estrategia adecuada para acabar con este comportamiento sería el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización.
El estudio también ha investigado las razones que impulsan las acciones de los piratas conscientes, analizando sus motivaciones y los sesgos cognitivos que la tecnología explota para dirigir a los consumidores hacia esta práctica ilegal. Además, ha examinado los argumentos que utilizan para justificar estas actividades ilícitas y cómo la tecnología influye en sus actitudes. En el estudio se refleja que los consumidores justifican la piratería de contenidos editoriales, producida por la disonancia cognitiva, al minimizar el conflicto entre su acción ilegal y su ética, al creer que no tienen el conocimiento necesario para actuar de otro modo o que no existen medidas efectivas contra la piratería o que las consecuencias son mínimas.
También se han identificado los sesgos cognitivos que más influyen en este comportamiento, entre ellos, los que refuerzan la percepción de que la piratería de libros y prensa es una práctica común o aceptada y los que minimizan las consecuencias negativas de esta actividad ilícita.
En esta presentación se ha concluido que la identificación de estas justificaciones y sesgos ayudaría a desarrollar estrategias más complejas para cambiar los hábitos de los que piratean de forma consciente.
Durante esta presentación, la escritora y periodista Rosa Montero leyó una carta dirigida a un lector pirata, en la que ha reflexionado sobre el impacto que la piratería tiene en los creadores y la amenaza que supone para el futuro del sector editorial: «Lástima que, con tu comportamiento, estés empobreciendo el tejido cultural y dificultando que los creadores de contenidos puedan dedicarse a eso, a crear contenidos. Te informo de que la mayoría de los autores viven una vida bastante precaria. Sí, ya sé que ves a unos pocos en televisión y todo te parece lujo y frenesí, pero muchos, en realidad muchísimos, dependen de unos ingresos discontinuos, tardíos y mezquinos que los obligan a vivir en constante zozobra».
IA y cultura escrita
El segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita también aborda el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la protección de los derechos de autor. Sobre ello, Jorge Corrales, director general de CEDRO, ha explicado que actualmente varias empresas que desarrollan programas y bases de datos de IAG están utilizando contenidos editoriales sin la autorización adecuada y sin ofrecer la remuneración correspondiente a los autores y editores afectados. Y ha asegurado que: «Esta falta de transparencia y protección de la propiedad intelectual distorsiona el mercado digital y genera una desventaja competitiva para el sector del libro y la prensa, afectando de manera negativa su sostenibilidad».
Soluciones
Durante el acto de presentación, los autores Carlos Fortea, escritor y traductor; Dolors Udina, traductora; y Ledicia Costas, escritora, han expuesto las soluciones propuestas por CEDRO para abordar los retos planteados por el segundo Observatorio y garantizar la protección de los derechos de los creadores y la sostenibilidad de la cultura escrita en España.
Políticas públicas. En primer lugar, se ha subrayado la necesidad de definir políticas públicas con el fin de reconocer social y económicamente los contenidos editoriales de calidad y los derechos de propiedad intelectual de sus autores y editores, tanto en el ámbito educativo como en el profesional, ya sea en el mundo analógico como en el digital, incluyendo la IAG. En este sentido, Fortea ha declarado: «Desde el punto de vista de la intervención pública, corresponde a los gobiernos de todos los niveles, ya sea estatal, autonómico o local, lo que yo llamaría la servidumbre de la ejemplaridad».
Piratería. Por otra parte, se ha apuntado la importancia del desarrollo de campañas efectivas contra la piratería, que tengan en cuenta las justificaciones de los piratas y los sesgos cognitivos. Udina ha afirmado que «como traductora, debo decir que desanima mucho esforzarse en luchar por unas tarifas adecuadas, por el justo reconocimiento de un trabajo normalmente minucioso y dedicado, y ver después que son muchos los que consideran que la cultura es gratis y que pueden aprovecharse del trabajo de los demás sin consecuencias. Es importante que el público tome conciencia del valor de la cultura escrita, de la existencia del derecho de autor en obras que reflejan el trabajo de escritores y traductores, y del riesgo tanto económico como cultural que asumen las editoriales cuando promueven la publicación de un libro».
Educar y formar en propiedad intelectual. La tercera solución pasa por educar y formar en buenas prácticas sobre la propiedad intelectual con los recursos existentes a todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en la comunidad educativa.
«Es en la escuela donde empieza el cambio social. El día que un alumno levante la mano en el aula para decir: "profe, ese contenido no es lícito, no podemos trabajar con él", habremos dado un paso de gigante. Pero para eso, es necesario desarrollar e implementar programas educativos específicos, que promuevan conocimiento y respeto por la cultura escrita, ese patrimonio tan valioso», ha explicado la escritora gallega Ledicia Costas.
Por su parte, Carme Riera, presidenta de CEDRO, ha comentado que «para la salud de nuestra sociedad, es fundamental que reconozcamos y defendamos la cultura escrita como un invaluable tesoro que enriquece nuestra identidad y fomenta el pensamiento crítico. Con este informe y las soluciones que proponemos, avanzamos en esa dirección». Asimismo, ha subrayado que «debemos garantizar la sostenibilidad de quienes hacen posible la cultura, asegurando así que nuestra sociedad pueda disfrutar de este derecho esencial».
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha clausurado la sesión poniendo en valor el trabajo de autores y editores: «Hay que reconocer la propiedad intelectual, los derechos de autor y la necesidad de una retribución justa y necesaria para aquellos que crean y transmiten cultura». «La piratería es un desprecio a la labor cultural de autores y editores», ha añadido.
