El documento se abrió a la firma durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa, celebrada los días 13 y 14 de mayo en Luxemburgo. El primer día lo firmaron Andorra, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Noruega, Países Bajos, Polonia y Suecia. Bélgica, Islandia, la República de Moldavia y el Reino Unido lo hicieron el día siguiente. España ha manifestado su intención de firmarlo también lo antes posible.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, había pedido a todos los estados en la inauguración del World Law Congress 2025, celebrado la semana pasada en Santo Domingo, que ratificaran cuanto antes el convenio.
Este instrumento responde al creciente número de denuncias sobre acoso, amenazas, agresiones e injerencias sufridas por abogados en el desempeño de sus funciones. El convenio tiene como objetivo proteger tanto a los abogados como a sus asociaciones profesionales, reconociendo su papel esencial en la defensa del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Entre las disposiciones del tratado se incluyen el derecho a ejercer sin interferencias indebidas, la protección frente a cualquier forma de intimidación o violencia, la garantía de libertad de expresión y el respaldo a la autonomía de las asociaciones profesionales de abogados. También se exige a los Estados investigar de forma eficaz cuando se produzcan delitos contra abogados.
Los estados firmantes se comprometen a realizar investigaciones efectivas cuando se cometan delitos contra abogados y a tomar medidas específicas para garantizar su seguridad y el pleno respeto a su labor.
El convenio, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de marzo de 2025, entrará en vigor una vez que al menos ocho países —seis de ellos miembros del Consejo de Europa— lo ratifiquen. El seguimiento de su cumplimiento estará a cargo del Grupo de Expertos sobre la Protección de los Abogados y el Comité de las Partes.
Para Thierry Wickers, presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), su adopción constituye un logro histórico: “Es crucial que sea firmado y ratificado por el mayor número posible de países para garantizar su eficacia y la protección más amplia posible para la profesión jurídica. Una vez que entre en vigor, es igualmente importante que el mayor número posible de Estados no miembros del Consejo de Europa se adhieran, ampliando así su alcance protector y reforzando el Estado de derecho a nivel global”.
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