El tribunal determina que la aseguradora actuó de manera injustificada al negar la cobertura de un seguro de vida e invalidez después de que el cliente sufriera un ictus en 2017, a pesar de que la póliza estaba vigente y todas las primas estaban al día.
Mapfre Vida argumentaba que la invalidez debía computarse solo desde su reconocimiento oficial, pero los jueces tachan esta interpretación de "subjetiva y contraria a derecho". La resolución subraya que el contrato nunca requería una declaración formal para activar la cobertura, por lo que la existencia de la invalidez era suficiente para que surgiera el derecho a la indemnización.
Además, el tribunal impone a la aseguradora los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, con carácter sancionador, debido al retraso de más de ocho años en el pago. Abelardo Moreno, abogado del demandante y presidente de Neurolegal, señala que "las aseguradoras deben cumplir con sus compromisos contractuales y no pueden escudarse en interpretaciones subjetivas para evitar el pago de indemnizaciones legítimas". Moreno destaca que el fallo es "un avance fundamental en la defensa de los derechos de las personas con daño cerebral y sus familias".
La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, establece un precedente en la protección de los asegurados en situaciones de especial vulnerabilidad. "El reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha del siniestro refuerza la seguridad jurídica de los asegurados, al compensar el perjuicio económico por el retraso en el pago e incentivar a las aseguradoras a cumplir puntualmente sus obligaciones", concluye Moreno.
